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Informe
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INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA
PLATAFORMA Y PLAN DE ACCIÓN DE BEIJING
20 AÑOS DESPUÉS
Documento de aporte de las organizaciones participantes a la comisión regional (CEPAL) como
insumo para la evaluación destinada al 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Coalición de Instituciones promotoras del informe:
Católicas por el Derecho a Decidir (CDC)
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA)
Coordinadora de la Mujer (CM)
Fundación La Paz
Financiado por:
Conexión Fondo de Emancipación
Elaborado por:
M. Cecilia Chacón
Año:
2014
SIGLAS
BANDEPRO
Banco de Desarrollo Productivo
BCB
Banco Central de Bolivia
CAT
Convención contra la tortura (Siglas en inglés)
CDC
Católicas por el Derecho a Decidir
CEDAW
Convención para la Erradicación de las formas de Discriminación Contra la Mujer
CERD
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
CIDEM Centro Integral de la Mujer
CM
Coordinadora de la Mujer
CNPV
Censo Nacional de Población y Vivienda
CONEXIÓN
Fondo de Emancipación
CPE
Constitución Política del Estado
CPMGA
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
CSW
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer
DDHH
Derechos Humanos
DPAdB
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
ENDSA
Encuesta Nacional de Demografía y Salud
EPU
Examen Periódico Universal
FLP
Fundación La Paz
INE
Instituto Nacional de Estadística
INRA
Instituto Nacional de Reforma Agraria
MEFP
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
OACNUDH
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OEA
Organización de Estados Americanos
OIT
Organización internacional del Trabajo
ONU
Organización de Naciones Unidas
ONUMUJERES
Entidad de la ONU para el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género UN WOMEN)
ONUSIDA
Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH-SIDA
PAM
Plataforma de Acción Mundial o Plataforma de Acción de Beijing de 1995
PEA Población Económicamente Activa
PIB
Producto Interno Bruto
PIDCP
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
PIEB
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia
PMA
Programa Mundial de Alimentos
PNUD
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
REDBOL
Red de Personas Viviendo con VIH-SIDA en Bolivia
SSPAM
Seguro de Salud Para el Adulto Mayor
SEDEGES Servicio de Gestión Social
SUMI
Seguro Universal Materno Infantil
UNICEF
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
INDICE
I.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 2
II. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 3
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO................................................................................................ 5
1.
2.
1.
1.
2.
A. Antecedentes desde 1995 al 2010: ................................................................................ 5
Informes y recomendaciones sobre la Declaración y su Plataforma de Acción
5
Resumen de recomendaciones de los Comités de los tratados en el último quinquenio 6
B. La situación de las mujeres en Bolivia 2010 a 2014: Los cambios desde nuestra mirada .... 8
Sectores específicos: 37
C. Problemáticas particulares o emergentes ..................................................................... 45
Migrantes y crisis financiera internacional
45
Protección Supranacional - Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
46
IV. BALANCE DEL
PAPEL DEL ESTADO .................................................................................... 45
V. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS .................................................................. 46
VII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 50
VIII. ANEXOS ....................................................................................................................... 55
Anexo 1 Protocolo Metodológico ...................................................................................... 55
Anexo 2 Listado de Recomendaciones de los Comités a los informes examinados estos últimos
años .............................................................................................................................. 56
Anexo 3 Estado de Ratificaciones de Tratados por parte del Estado Plurinacional de Bolivia . 57
Anexo 4 Lista de leyes y decretos supremos ..................................................................... 59
Anexo 5 Organizaciones y personas participantes ............................................................. 65
I.
1
2
3
INTRODUCCIÓN
1.1
El año 2015 se conmemoran 20 años de la adopción de la Declaración y la
Plataforma de Acción Mundial (PAM), en el marco de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer, realizada en Beijing (1995).
1.2
La IV Conferencia Mundial contó con la participación de 189 Estados
miembros de la Organización de Naciones Unidas, los cuales adoptaron
unánimemente la Plataforma de Acción para garantizar avances para todas
las mujeres en 12 esferas que identifican obstáculos para el logro de la
equidad, comprometiéndose a adoptar las medidas y programas
recomendados para su implementación.
1.3
Desde entonces se realizaron tres rondas de evaluación quinquenales del
avance en su cumplimiento por parte de los Estados y otros actores. El
2015 durante el 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), se efectuará la
cuarta ronda de evaluación: Beijing+20.
1.4
Durante el segundo semestre de 2014 la Comisión Económica Para América
Latina (CEPAL) preparará un informe regional en base a los informes
oficiales presentados por los Estados1 el mismo que se examinará durante el
59 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer en marzo del próximo año.
1.5
Las evaluaciones periódicas son una valiosa oportunidad para estimar
avances e identificar desafíos, brindando una oportunidad de participar y
aportar a la sociedad civil mediante los procesos de consulta encarados
nacional y regionalmente.
1.6
En virtud a ello, surge la iniciativa de elaborar el presente informe alternativo
como ejercicio de democracia de ciudadanía2. Este documento, recoge las
percepciones de los avances y desafíos desde las organizaciones sociales
participantes 3, instituciones de promoción y defensa de los derechos
humanos de las mujeres y movimientos de mujeres en Bolivia.
Los Estados debían enviar sus informes a la CEPAL hasta el 1 de mayo.
Democracia de electores, se entiende como el ejercicio de la democracia a partir del ejercicio previo de ciudadanía (que
supone a la persona: sujeto en ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, sociales, etc.) en contrapartida a la visión
tradicional de democracia de electores. OEA-PNUD, 2009: “La democracia de ciudadanía: una agenda para la
construcción de ciudadanía en América Latina”.
El presente trabajo es coordinado por las siguientes organizaciones, promotoras de este Informe en coalición, en
cumplimiento a los compromisos de evaluación quinquenal asumidos desde la adopción de la Plataforma de Acción
de Beijing:
- Católicas por el Derecho a Decidir (CDC)
- Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA)
- Coordinadora de la Mujer (CM)
- Fundación La Paz (FLP)
Financiado por: Conexión Fondo de Emancipación
2
1.7
II.
4
5
6
El presente informe analiza la situación a partir de la adhesión de Bolivia a la
Plataforma de Acción de Beijing desde una perspectiva histórica,
multidisciplinaria y de desarrollo de diferentes ámbitos. Para la elaboración
del mismo, se apeló a talleres, entrevistas, encuestas y una exhaustiva
revisión de informes que puedan brindar información estadística y
diagnósticos complementarios en todas las esferas que aborda. Además de
los antecedentes y las problemáticas particulares abordadas, se hace énfasis
en temáticas transversales como el cambio climático y la crisis internacional.
Finalmente se presentan recomendaciones en las esferas consideradas.
ANTECEDENTES
2.1
En 1995 la República de Bolivia suscribe la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing o PAM4, que es un programa dirigido a crear condiciones
para la potenciación del papel de las mujeres en la sociedad.
2.2
El año 2009, luego de un proceso constituyente, se refunda el Estado
boliviano como Estado Plurinacional y adopta una nueva Constitución
Política del Estado (CPE)5, la misma no sólo recoge de manera enunciativa
los derechos reconocidos en distintos instrumentos internacionales, sino que
además los incorpora dentro del bloque de constitucionalidad, otorgándoles
primacía cuando reconozcan derechos más favorables que los registrados en
ella6.
2.3
Los principales tratados internacionales establecen la obligación de los
Estados adherentes, de presentar informes periódicos para evaluar los
avances y obstáculos en el cumplimiento progresivo de los compromisos
contraídos. Asimismo, facultan a organizaciones de la sociedad civil a
presentar informes alternativos , también conocidos como informes “sombra”.
2.4
El gobierno boliviano mediante el Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades (VIO) ha coordinado la elaboración y presentación del informe
oficial del Estado ante la CEPAL.
2.5
Por otra parte, el presente informe es resultado del trabajo concertado entre
varias organizaciones de la sociedad civil y mujeres feministas que
impulsaron su realización, así como de quienes participaron de este proceso
integral que comprendió:
i.
La revisión, sistematización de informes y recomendaciones internacionales presentados en el
último quinquenio, revisión del marco normativo e institucional vigente, planes, programas
oficiales y otros documentos de análisis, investigación y propuesta generados por instituciones
de la sociedad civil.
ii.
La realización de talleres en ciudades de cuatro de los nueve departamentos del país: La Paz
(El Alto), Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Asimismo, se efectúo una encuesta
electrónica a nivel nacional y entrevistas a informantes clave.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf consultado el 4 de abril de 2014
Constitución promulgada el 07 de febrero de 2009
Arts. 13, 256 y 410 de la CPE.
3
iii.
7
La presentación y validación de un informe preliminar ante un grupo de especialistas llevado a
cabo el 4 de junio 2014.
2.6
La diversidad de fuentes documentales y personales aporta insumos
cuantitativos y cualitativos para la construcción de un informe que procura
ser lo más representativo posible, dentro de las limitaciones justificadas
debido al alcance en la participación, metodologías seleccionadas y a las
miradas en el mismo. A todas las instituciones, organizaciones y personas
participantes nuestro más sincero agradecimiento por sus aportes. 7
2.7
Asimismo, el proceso de elaboración de este informe se inscribe en un
esfuerzo por alimentar la práctica de articular y dotar de continuidad a los
procesos de medición y revisión de avances tomando como eje la
universalidad e interdependencia de los Derechos Humanos (DDHH), motivo
por el cual los derechos de las mujeres y su avance o retroceso se reconoce
en el marco de estos.
2.8
Finalmente se debe aclarar que se reconocen importantes avances
existentes en Bolivia, los que seguramente serán abordados y desglosados
ampliamente en el informe oficial. El documento que tiene en sus manos, se
propone profundizar en la situación actual de las mujeres, las brechas y
desigualdades persistentes, los obstáculos y los reflujos, planteando
recomendaciones que permitan superarlos y garantizar transformaciones
sociales efectivas a favor de todas las mujeres.
Ver protocolo metodológico en Anexo 1.
4
III.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
A.
Antecedentes desde 1995 al 2010:
3.1
1.
8
Esta parte del informe ofrece una síntesis de las condiciones de éste periodo
en función de la Declaración y PAM de Beijing, así como de las
recomendaciones del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General, a la luz de los informes presentados sobre los
Tratados de Derechos humanos, sus mecanismos y otros compromisos
internacionales asumidos por el gobierno boliviano.
Informes y recomendaciones sobre la Declaración y su Plataforma de Acción
3.2
En los años 2000, 2005 y 2010, el Estado boliviano presentó sus informes
para la realización de las rondas de evaluación de avances y desafíos en la
implementación de la Plataforma. En los mismos, los mecanismos de
evaluación constatan:
3.3
Una tendencia evolutiva se manifiesta en el desarrollo normativo a favor de
las mujeres y el diseño de programas nacionales, no obstante, su elevada
dispersión y modificación continúa8.
3.4
La estructura institucional ha ido debilitándose partiendo de una
subsecretaría con alto nivel de incidencia, hasta llegar a direcciones y
unidades al interior de los viceministerios, algunas veces dispersos en más
de un ministerio, debilitando la eficacia de su accionar.
3.5
La permanente rotación funcionaria en el aparato público, ha afectado
también a viceministras y directoras, no permite contar con personal idóneo y
con claridad técnica para dar la continuidad necesaria a los planes y
programas que deben impulsarse desde esta instancia.
3.6
Las entidades territoriales autónomas, dada su reciente capacidad legislativa,
han avanzado muy poco en lo referido a derechos de las mujeres. Las
incorporaciones en esta materia son producto de la implementación de
algunas políticas impulsadas desde el nivel central de gobierno merced a la
Constitución y algunas leyes.
3.7
Se ha detectado en las mismas un alto nivel de violencia política contra las
mujeres y el ejercicio de todas las formas de violencia para desplazarlas de
los espacios públicos que ocupan con precariedad.
3.8
Salvo los procesos para la elaboración y presentación periódica de los
informes estatales y de la sociedad civil, se percibe que no se cuenta en
Bolivia con mecanismos institucionales: instancias o procedimientos, que
faciliten el seguimiento, monitoreo e incorporación de los compromisos y
recomendaciones internacionales hechas al Estado, dificultando su
implementación.
En este periodo se contaron con 17 planes y programas oficiales destinados a la prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer, la implementación de las recomendaciones de la IV Conferencia Mundial, planes de igualdad de
oportunidades y equidad de género, entre los más importantes.
5
2.
9
10
11
12
Resumen de recomendaciones de los Comités de los tratados en el último quinquenio
3.9
Las siguientes son recomendaciones frecuentes emanadas de los comités de
supervisión de los tratados, las mismas fueron extractadas de los propios
informes 9 y de la compilación elaborada por el Ministerio de Justicia (MJ)10
3.10
Pese al retraso en la presentación de varios de los informes11, los comités
coinciden en resaltar el avance normativo nacional a partir de la
promulgación de la C.P.E. de 2009, la adhesión y ratificación de nuevos
instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la
Protección contra las Desapariciones Forzadas o la Convención de Derechos
de las Personas con Discapacidad, entre otros12.
3.11
En primer lugar, las grandes materias de convergencia de las
recomendaciones emitidas por los comités son:
i.
Armonizar la normativa nacional, las normativas regionales-locales y los sistemas o
prácticas indígenas con las disposiciones de los instrumentos internacionales;
ii.
Intensificar acciones para prevenir y eliminar la discriminación;
iii.
Promover la igualdad en todas las esferas de la vida mediante acciones eficaces que
aceleren la participación de las mujeres y su acceso a la tierra, la vivienda, servicios básicos,
capacitación y planes de micro financiamiento o empleo digno con justa remuneración;
iv.
Impulsar la aplicación eficaz y cumplimiento de las normas, así como el desarrollo y
fortalecimiento de mecanismos institucionales y políticas públicas mediante entre otros: la
asignación de recursos económicos suficientes, la estabilidad del personal idóneo y
confiriendo la jerarquía suficiente al mecanismo para garantizar la coordinación de la toma
de decisiones y directrices con los niveles subnacionales (gobernaciones y municipios) en el
marco de las competencias delegadas desde el Estado central a las entidades territoriales
autónomas.
v.
Estimular el desarrollo de políticas públicas, programas y campañas de sensibilización y
educación con asignación presupuestaria contra los estereotipos y las distintas formas de
violencia y discriminación;
vi.
Ejecutar políticas y programas con enfoque de género y asignación presupuestaria, que
afronten las causas estructurales de la violencia y discriminación, en particular en las
poblaciones con mayor vulnerabilidad como ser: mujeres rurales, indígenas, adultas
mayores, con discapacidad, víctimas de trata y tráfico, población privada de libertad, etc.;
vii.
Intensificar programas educativos con asignación presupuestaria eficaces, en particular los
de alfabetización funcional y capacitación laboral;
viii.
Mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género
principalmente en el área rural, mediante la incorporación activa de la comunidad y el
Ver Anexo 2 que desglosa los informes presentados en los últimos años a los comités encargados de examinar el
cumplimiento de las convenciones y las recomendaciones emanadas de las mismas.
Compilación de Observaciones y recomendaciones sobre Derechos de las mujeres de los Mecanismos internacionales
de Protección al Estado Plurinacional de Bolivia. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y
la Coalición de Mujeres. Compilación: Comunidad de Derechos Humanos. 2011
El Comité de la CEDAW examinó los informes segundo, tercero y cuarto de Bolivia el 15 de enero de 2008, y en
Diciembre de 2013 se presentó el quinto y sexto informe de manera conjunta y se ha programado su examinación para la
sesión 61ª el 2014.
Ver Anexo 3 sobre ratificaciones del Estado Plurinacional de instrumentos en materia de Derechos Humanos
6
desarrollo de programas y servicios con presupuesto incluido para adolescentes que incluyan
educación sexual por edades en los planes educativos;
13
ix.
Promover servicios de atención de complicaciones producto de abortos inseguros y otras
medidas eficaces para reducir la mortalidad materna;
x.
Implementar programas de capacitación de servidores públicos sobre las disposiciones
internacionales en particular orientados al personal de justicia y salud, a fin de promover la
aplicación de las normas, reducir la discriminación y garantizar el acceso a la justicia;
xi.
Generar un registro unificado sobre violencia y adoptar una estrategia integral para combatir
y reducir la misma, priorizando poblaciones vulnerables.
xii.
Crear un sistema de información que permita conocer y evaluar la situación real de las
mujeres y efectuar un seguimiento apropiado de tendencias y factores determinantes, tal
como reitera la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia (ley No
348) y su plan13; sin embargo son varios años que se intenta contar con este registro sin
resultados concretos.
3.12
En las observaciones de los comités prevalece la identificación de factores
estructurales en la discriminación múltiple: género, pobreza, educación,
orientación sexual, ocupación, etc. y se exige al Estado rechazar
explícitamente toda forma de estigma social, discriminación o violencia por la
orientación sexual o identidad de género, mediante la promoción de políticas
públicas, campañas y acciones que permitan eliminar los estereotipos
especialmente de género, así como sensibilizando y previniendo a la
sociedad sobre todas las formas de violencia, la discriminación y la trata y
tráfico de personas.
3.13
Los comités expresaron su preocupación por los altos índices de violencia,
retardación de justicia e impunidad imperantes en Bolivia, por ello instan al
gobierno a brindar adecuada protección y garantizar el acceso a la justicia,
promoviendo la investigación, identificación y sanción de los responsables de
delitos de violencia sexual, violencia y acoso político contra las mujeres,
discriminación y trata y tráfico de personas. Así como velar por una justa y
adecuada reparación para las víctimas.
3.14
Los Informes de la Convención para la Erradicación de las formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) Convención contra la tortura (CAT)
y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dan particular
atención a la mortalidad materna debido a la práctica de abortos
clandestinos, recomendando que además de contar con servicios de
atención de las complicaciones derivadas de abortos inseguros, se debe
efectuar una evaluación y diagnóstico de los impactos de la legislación
vigente sobre la salud de las mujeres.
3.15
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos
Humanos (OACNUDH) brinda asistencia al Ministerio de Justicia (MJ) y el
Instituto Nacional de Estadística (INE) para generar indicadores de
evaluación de impacto de seis Derechos Humanos: salud, educación,
Ley No 348 del 9 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y su plan
denominado: Políticas públicas integrales: Vidas dignas, mujeres libres de Violencia”
7
trabajo, vivienda y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia14.
Pese a este esfuerzo iniciado el 2011, todavía el INE sólo brinda información
del proceso y aún no hay disponible información estadística actualizada15
necesaria para la toma de decisiones.
B.
14
15
16
La situación de las mujeres en Bolivia 2010 a 2014: Los cambios desde nuestra mirada
3.16
Fruto de años lucha y trabajo de mujeres junto a sectores históricamente
excluidos, en la última década se produjeron cambios fundamentales en
favor del reconocimiento de derechos y garantías para mejorar la situación
de las mujeres en el país.
3.17
Estos cambios se manifiestan en el reconocimiento e introducción formal de
derechos dentro de la construcción de un nuevo proyecto político-social de
base inclusiva con un horizonte descolonizador-despatriarcalizador en la
educación16 y en la administración pública como ejes de transformación
social. Bajo este espíritu se han producido cambios en campos formales y
simbólicos; tales como la constitucionalización de la diversidad y el
reconocimiento de derechos, la inclusión política y social, la participación
política, la visibilización de la violencia y la discriminación como dos
dimensiones de un mismo problema, imponiendo su tratamiento al ámbito
público.
3.18
Sin embargo, no todos los cambios son suficientes ni han llegado a todas las
poblaciones o han logrado el mismo nivel de resultados. Esto se debe
principalmente a la falta de información que oriente apropiadamente las
políticas y acciones públicas, falta de recursos económicos y humanos para
garantizar su aplicación y finalmente a la reducida capacidad para adoptar e
implementar medidas eficaces con perspectiva de género, en particular
aquellas que asocien ésta a otras variables de vulnerabilidad: edad,
educación, nivel socioeconómico, etc.
3.19
Si bien existe institucionalidad creada para impulsar políticas y acciones para
promover la equidad y disminuir las desigualdades existentes,
(Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y la
Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización en el
Ministerio de Culturas), los presupuestos son bajos, existe intersección de
competencias que lejos de asumirse de manera coordinada genera conflicto,
tampoco se cuenta con estabilidad del personal técnico calificado y existe
poca claridad en las directrices a seguir. Las organizaciones que participaron
en los talleres y las encuestas realizadas advierten la necesidad de contar
con un Ministerio u otra instancia con la jerarquía y poder de decisión
suficientes que concentre estas competencias y que desde allí deriven las
directrices y se transversalicen políticas y programas en el resto de entidades
territoriales autónomas.
Informe Anual de la Alta Comisionada de derechos humanos- Oficina en Bolivia. Febrero, 2013 Doc.
A/HRC/22/17/Add.2
http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/default.asp# consultado el 7 de abril de 2014
La despatriarcalización se recupera en la Ley No 070 “Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez” de 20 de
Diciembre de 2010.
8
3.20
Un estudio de percepción implementado por ONUMUJERES17 en Bolivia,
revela entre otros puntos que: en niveles socioeconómicos medios y altos las
percepciones sobre los progresos de las mujeres son más positivas, no así
en mujeres pobres urbanas y menos aún en mujeres de los ámbitos rurales,
mostrando los enormes desafíos pendientes en estos ámbitos.
3.21
Entre el 70-80% que respondieron afirmativamente a este estudio coinciden
en que los mayores logros se dieron en la esfera de la educación, en la
posibilidad de ser autoridades políticas, en tener un trabajo digno y en el
acceso a atención de salud, mientras que la violencia y la inseguridad
persisten a pesar de algunas medidas asumidas.
Gráfico III. 1 Percepción de avances en derechos de las mujeres
Fuente: ONU MUJERES (2012)
17
3.22
Por otro lado, en relación a la educación, el informe de ONU mujeres
identifica otros desafíos como las tareas reproductivas o de cuidado que
recaen sobre las mujeres seguidas del alto costo de la formación.
3.23
Este mismo informe señala que para lograr la igualdad se debe mejorar el
derecho a tener un trabajo digno (49%), iguales ingresos (11%) y sufrir
menos violencia el 25%; sin embargo muy poca importancia se le asigna a
compartir iguales tareas en el hogar, que ocupa el último puesto con 2%.
3.24
Es persistente la necesidad de dotar de base económica y condiciones
materiales reales a las medidas de promoción de la equidad, es decir, la
justicia y la equidad para las mujeres requieren tanto de medidas de
redistribución como de reconocimiento, ya que ninguna de las dos vías por sí
sola es suficiente.
Los Derechos de las mujeres: Avances y desafíos desde el punto de vista de las bolivianas. ONUMUJERES, 2012
La encuesta fue realizada a mujeres del área urbana y rural de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz. La muestra estuvo conformada por 1,200 mujeres de 18 años en adelante. La encuesta se realizó entre mayo
y junio de 2012.
9
a. Las mujeres y la pobreza
18
19
20
21
3.25
Entre 2005 y 2012 la pobreza extrema se redujo del 38,2% al 21,6% a nivel
nacional y la pobreza moderada disminuyó del 60,6% al 43,4% (MEFP,
2014). Sin embargo, no se cuenta con datos actualizados disgregados por
sexo y la última información disponible del 2006 muestra que más del 63%
de las mujeres de área rural estarían en condiciones de extrema pobreza,
mientras que en el área urbana son el 23%18.
3.26
Los últimos años se ha incrementado la inserción económica de las mujeres
quienes en 2007 eran el 54% de la PEA en relación al 74% de varones. Esto
ha acrecentado la participación de las mujeres en la provisión del ingreso
familiar, no obstante, el trabajo doméstico aun no ha sido redistribuido ni
cuantificado19. El documento referido caracteriza el contexto socioeconómico
marcado por la existencia de brechas salariales, la exclusión de la seguridad
social y la informalidad (Véase mujeres y economía).
3.27
En general, los diagnósticos de las organizaciones participantes en los
talleres y las entrevistas realizadas señalan que tanto las políticas como los
planes de desarrollo económico y productivo no toman en cuenta la situación
particular de las mujeres y se basan en criterios de clase, pertenencia
indígena, visión de desarrollo o responden a factores coyunturales, lo que
frena la eficacia de determinadas acciones.
3.28
Las mujeres, en razón de las inequidades en el ámbito laboral y la asignación
de roles domésticos, han asumido la carga de las tareas de atención,
nutrición, cuidado en salud, educación y otros orientados a la reproducción
de la fuerza de trabajo en el ámbito doméstico. Estas tareas no sólo suplen
responsabilidades básicas del Estado, sino que, en detrimento de la
situación, invisibilizan la labor productiva impuesta a la mujer por este y por
la sociedad20, lo que instituye y reproduce las desigualdades.
3.29
En 2011, Bolivia dejó de ser el país más pobre de la región sudamericana.
Uno de los factores que contribuyó al descenso de la pobreza fue la entrega
de bonos sociales condicionales, que en la gestión 2013 habrían beneficiado
al 36,5% de la población del país, es decir, a 4.021.212 personas21.
Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales: Políticas Públicas Integrales “Vidas dignas, mujeres libres de
violencia” pag.23. Diciembre de 2013.
Wanderley, Fernanda. Bolivia: Los desafíos para la inclusión del cuidado como derecho social Cuidado y Sostenibilidad
de la Vida: hacia una agenda feminista en el nuevo Estado Social La Paz, marzo 2011. Consultada en
http://es.slideshare.net/mirkorodriguez/presentacin-cuidado-fernanda-wanderley
Cobo, Rosa “Hacia una nueva política sexual”
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Boletín Economía Plural, publicación mensual. Abril 2014
10
Gráfico III. 2. Bolivia: población beneficiada con las transferencias directas
condicionadas a noviembre de 2013 (p)
(En número de beneficiarios y porcentaje)
Fuente: Ministerio de Educación, autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y Ministerio de
Salud y Deportes. Elaboración Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
3.30
De estas transferencias condicionales, los bonos Juana Azurduy y Juancito
Pinto están orientados a mujeres gestantes y niños/as de centros educativos
públicos hasta octavo de primaria, respectivamente; mientras que la renta
dignidad (de carácter no contributivo22) favorece a las personas mayores de
60 años. Si bien estos bonos han permitido la reducción de la mortalidad
materno infantil, la mejora de la permanencia estudiantil, y la disminución de
la incidencia de la pobreza extrema durante la vejez, no resuelven los
problemas de la limitación de oferta y calidad de los servicios e incluso
pueden ser contraproducentes si no van acompañados de una inversión
directa en la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios y
prestaciones sociales23 .
3.31
Los programas de transferencias condicionadas son muchas veces
preferidos por los gobiernos, pues, arrojan resultados a corto plazo en
términos de alivio a la pobreza y requieren una inversión relativamente baja
en relación a la que podrían demandar medidas más complejas de corte
estructural como la ampliación de la cobertura de la seguridad social24. La
transferencia condicionada no redistribuye beneficios.
3.32
Tomando el caso del bono Juana Azurduy, el año 2013 alcanzó a 213.409
beneficiarias, sin embargo, continúa reproduciendo la atención estatal en la
función social reproductora que se asigna a la mujer. Asimismo la estructura
22
No depende de los aportes realizados por el o la trabajadora.
23
Informe nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia: los cambios detrás del cambio desigualdades y movilidad social en
Bolivia. Pp. 277-278 PNUD. 2010
Navarro, Flavia. El bono Juancito Pinto del Estado Plurinacional de Bolivia: programas de transferencias monetarias e
infancia. En CEPAL.-Colección de Documentos de proyectos. Pag. 25
24
11
del bono establece un candado de 3 años entre embarazos, para volver a
cobrar el bono, es decir condiciona mediante el tiempo, la fecundidad de las
mujeres. La estructura del bono tampoco reconoce los partos atendidos por
parteras para la cobertura del bono, a menos que éstas estén reconocidas
por el ministerio de Salud.
3.33
No hay evidencia de la reducción de la mortalidad materna a causa del bono
puesto que la única información oficial indica que la mortalidad materna es
de 229 por cada 100 mil nacidos vivos en 2003 que proviene de la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud - ENDSA 200325 y creció a 310 el
200826según la ENDSA de ese año, dato que no fue reconocido por el
gobierno. Asimismo, es preocupante que la ENDSA 2015 no esté
incorporando la recolección de esta información.
Gráfico III. 3 Bono Juana Azurduy en Millones de Bs. y número de beneficiarias
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP. (e.) Estimado al 31 de diciembre de 2013. (p)
Programado para la gestión 2014
3.34
Es evidente que las mujeres sufren más que los hombres las distintas formas
de pobreza, puesto que ésta es efecto de haber tenido menores
oportunidades de acceso a la educación, a la salud, a los medios de
producción, recursos económicos, a la propiedad y a los puestos de
responsabilidad política, históricamente. Por todo ello, es necesario abordar
simultáneamente los factores de vulnerabilidad y las estrategias contra la
marginación en esferas como la educación y economía, inicialmente.
25
http://www.ops.org.bo/textocompleto/nendsa24506.pdf consultado el 15 de abril de 2014
26
Indicadores Nacionales 2010 (actualización 2012) Conexión.
12
b. La educación y la capacitación de las mujeres
27
28
29
3.35
La educación, sin duda, es un pilar estratégico para la descolonización y la
despatriarcalización, pues, es el principal ámbito de acción que permitiría
desmontar las raíces de la discriminación y transformar las relaciones
humanas basadas en la dominación por otras basadas en la equidad y el
respeto a la diversidad promoviendo la movilidad social. Se ha evidenciado
que existe una mejora en la educación en los niveles más bajos pero aun se
mantienen las diferencias entre hombres y mujeres. El promedio de años de
escolaridad para las hijas de padres que no fueron a la escuela es de 4 años,
mientras que para los hijos es de 7 años27.
3.36
Aunque hubieron avances, quedan pendientes las tareas de promover
procesos educativos permanentes de mujeres y niñas, en formación
profesional y para la reducción de la violencia y discriminación hacia las
mujeres, dentro de los mismos centros educativos, que involucren al
personal docente, administrativo o los mismos estudiantes.
3.37
Asimismo, están en proceso de reelaboración progresiva planes y currículas
educativas en todos los niveles de formación. Estas reformas se están
elaborando con participación de representantes de diversos sectores con el
propósito de garantizar que sean incluyentes y sean coherentes con la Ley
Avelino Siñani que establece la despatriarcalización como uno de los fines de
la educación. En materia de educación se advierte la necesidad de
incorporar contenidos específicos orientados a la despatriarcalización.
3.38
Según datos del INE, la tasa nacional de analfabetismo en 2012 (ver gráfico
III. 4) dentro de la población de 15 años o de mayor edad es de 5,54% en
total, presentando un porcentaje de 2,9% en hombres y 8,13% en mujeres.
3.39
El gobierno ha establecido una política en torno a la erradicación del
analfabetismo y ha logrado óptimos resultados a través del programa de
alfabetización “Yo sí puedo” que ha beneficiado 44% más de mujeres
indígenas que hombres (Conexión, 2014)28 y otros programas de
alfabetización y post alfabetización (jóvenes y adultos) que han alcanzado
principalmente las áreas rurales (OACNUDH, 2013)29.
Ibíd. P.181.
Fichas Estadísticas Municipales de Información. Elaborado por Aruquipa, Nelson. Conexión, La Paz-Bolivia 2014
Informe Anual de la Alta Comisionada de derechos humanos- Oficina en Bolivia. Febrero, 2013 Doc. A/HRC/22/17/Add.2
13
Gráfico III. 4. Bolivia: Tasa de analfabetismo censos 2001 y 2012
BOLIVIA: TASA DE ANALFABETISMO CENSOS 2001 Y 2012
25%
19.4%
20%
15%
12.4%
10%
8.1%
6.9%
5.2%
5%
2.9%
0%
CENSO 2001
Hombres
CENSO 2012
Mujeres
Diferencia
Fuente: INE CENSO 2012
30
31
3.40
Se ha reducido la deserción escolar del 6,5% al 2005 al 1,5% para el
201330. De la población estudiantil, más del 60% asiste a centros de
educación pública y el restante a centros privados o de convenio. La Tasa de
Asistencia Escolar masculina asciende a 83,63 por ciento y la femenina a
83,45 por ciento, existiendo apenas una brecha mínima. De acuerdo al
Estudio31 del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) las
razones por las cuales los niños y niñas no asisten a la escuela son, por
trabajo en un 36,7% de los casos, por falta de interés un 19,8% y por falta
de dinero en un 16,1%. El estudio realizado en 2010 sobre los “Incentivos a
la demanda educativa” muestra que los motivos para el acceso, permanencia
y rendimiento escolar son múltiples y no han variado, pues el bono Juancito
Pinto y otras medidas dan evidencia de “retener” a los estudiantes pero no
de haber logrado incrementar la matriculación.
3.41
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD presentado en 2010 revela que
la brecha de años de escolaridad entre hombres y mujeres se incrementó de
forma paulatina en función del género, la condición socioeconómica y el lugar
de residencia. Los hombres urbanos y no indígenas presentan un promedio
de 14,4 años de escolaridad, mientras que las mujeres que viven en zona
rural y se auto identifican indígenas apenas presenta un promedio de 2 años
de escolaridad.
Banco Central de Bolivia. Cartilla: Principales Logros económicos y sociales 2006-2013 (Actualización basada en el
informe presidencial de 22 de enero de 2014)
“Incentivos a la demanda educativa. Revisión
http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=6506
de
cuatro
experiencias
integrales”
del
PIEB
en:
14
3.42
En términos educativos el 73% de los trabajadores con estudios primarios y
el 62% de aquellos con estudios secundarios son parte del mercado informal
del trabajo, mientras que sólo un 33% de los trabajadores con estudios
superiores trabaja en la informalidad32.
3.43
Las mujeres que participaron del taller en El Alto, motivo de este informe,
indicaron que en las universidades e instituciones militares los docentes, casi
siempre varones, tienen un lenguaje inapropiado y discriminatorio contra la
mujer. Denunciaron un lenguaje “demasiado machista y sexista” (sic).
Entonces, existe un grave problema en la formación de los profesores y
docentes tanto a nivel de educación básica y superior.
3.44
Es necesario comprender que se tratan de desigualdades históricas que
oprimen a las mujeres, y se basan en relaciones de dominación producidas,
instituidas, naturalizadas y reproducidas desde las estructuras económicas y
socio- culturales, que comprometen, evidentemente, al Estado y la sociedad
en contra de la mujer.
3.45
La sociedad liberal no sólo se estructuró verticalmente en clases
diferenciadas -alta, media y baja- con sistemas de reproducción de las
desigualdades económicas, sino que también impuso la división en géneros:
masculino y femenino, diferenciados biológicamente, con un fuerte trasfondo
político pues en función de ellos se concibió un sistema de prerrogativas y
exenciones entre ellos, un modelo de educación diferenciada: una educación
pública para el hombre, la institución escolar, y una educación privada (o
privación de la educación), doméstica, para la mujer33.
3.46
El desafío actual está, más allá de incrementar la matriculación femenina, en
construir una educación despatriarcalizada, es decir que no reproduzca
estereotipos y relaciones de dominación, sino que sea realmente
emancipadora y liberadora de todas las potencialidades de las mujeres,
asegurándoles mejores condiciones de inserción económica. Naturalmente
ésta debe ir acompañada del desarrollo por parte del Estado, de otros
servicios y prestaciones complementarias como la salud, el empleo y otros.
c. Las mujeres y la salud
32
33
3.47
El Estado asigna menos del 4% del PIB al sector Salud y no existen
programas de prevención que promuevan la salud integral de las mujeres,
salvo campañas promotoras de planificación familiar, o para prevenir el VIH y
las infecciones de transmisión sexual (ITS). Tampoco existen programas de
atención y orientación sexual (información y acceso a métodos
anticonceptivos eficaces), basados en ejercicio en enfoque de derechos
sexuales y salud.
3.48
Entre los principales problemas en el sector salud se encuentra la mortalidad
materna, el embarazo adolescente y la criminalización del aborto.
3.49
En relación a la mortalidad materna, la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud (ENDSA) indica que esta llegó a 229 por cada 100 mil nacidos vivos
Informe nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia: los cambios detrás del cambio desigualdades y movilidad social en
Bolivia. Pp. 277-278 PNUD. 2010
Benso, Carmen. Ensayo: Exclusión, discriminación y resistencias: El acceso de la mujer al sistema educativo.
Universidad de Vigo. 2010
15
en 2003 y creció a 310 el 200834, De acuerdo a un informe del Ministerio de
Salud, esta cifra se redujo a 180 en 2013 (según informe presidencial de 22
de enero de 2014). Sin embargo, todavía estamos a mucha distancia de la
meta comprometida en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
que debería ser de no más de 103 en el próximo año de 2015.
3.50
Asimismo, mantener la exclusión de esa pregunta como está previsto para
la ENDSA 2015 contribuiría a la desinformación sobre la mortalidad materna
y la consecuente vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos. Se
conoce que entre las principales causas de muerte, están: hemorragia 33%,
infecciones 17%, aborto 9%, hipertensión 5%, y parto prolongado 2%, y que
las mismas pueden ser prevenidas con acciones concretas del sistema de
salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el índice en
área rural es de 64 casos de cada 100 muertes registradas en el país35.
3.51
Las mujeres asisten con frecuencia a centros de salud públicos,
incrementándose la cobertura de partos del 59% al 71% entre 2005 y 201336.
Sin embargo, como señala el estudio37 de ONUMUJERES, la mayoría de
ellas percibe una mala atención, baja calidad del servicio de salud y alto
costo de la asistencia.
Gráfico III. 5
Fuente: Fichas Estadísticas Municipales de Información (Conexión: 2014)
34
35
36
37
Indicadores Nacionales 2010 (actualización 2012) Conexión.
http://www.nu.org.bo/noticias-nacionales/bolivia-el-nivel-mas-alto-mortalidad-materno-infantil
Banco Central de Bolivia. Cartilla: Principales Logros económicos y sociales 2006-2013 (Actualización basada en el
informe presidencial de 22 de enero de 2014)
Los Derechos de las mujeres: Avances y desafíos desde el punto de vista de las bolivianas. ONUMUJERES, 2012
16
38
39
40
41
42
3.52
Mientras que la tasa de fecundidad por cada 1,000 mujeres adolescentes
descendió un 26% a nivel mundial en el periodo considerado (1970-1975 a
2005- 2010), en el continente americano el descenso fue del 5%, y en la
región de Sudamérica la tasa subió en un 10%. Esta tendencia, que se
expresa con diferentes intensidades y velocidades en los países de América
Latina, está estrechamente ligada con el nivel socioeconómico de los
hogares: es más alta la tasa de fecundidad adolescente en los sectores más
pobres38.
3.53
La alta fecundidad en los adolescentes refleja y reproduce las
vulnerabilidades socioeconómicas que enfrenta un sector importante de las
mujeres jóvenes en la región, y pueden, a su vez, aumentar los factores de
riesgo para esta población39
3.54
En Bolivia, la tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años es de 88
nacimientos por mil mujeres, registrándose 67 nacimientos por mil en el área
urbana y 132 en el área rural.
3.55
Pese a un descenso de la tasa de fecundidad en general, el 2008 en el área
urbana se tiene el dato de 2.8 hijos y en la rural de 4.9, cifra que continúa
siendo elevada40.
3.56
Por otro lado, la tasa de fecundidad adolescente ha crecido de 84 por mil en
2003 a 88 por mil en 200841, mientras que la tasa de mortalidad materna en
adolescentes de 15-19 años se ha incrementado de 23 por cien mil
nacimientos en 1998 a 25 en 2003, según la última información disponible.42
3.57
El embarazo adolescente muestra un estrecha relación con la pobreza, corta
edad, bajo nivel educativo y tiende a reproducir o profundizar tales
condiciones pues favorece que madres y padres jóvenes abandones los
estudios para trabajar (UNFPA: 2012). Según la ENDSA 2008 el 9% de las
mujeres entre 13 y 14 años estuvo embarazada y el 51% de mujeres entre
los 15 y 19 años, asumiéndolo como “embarazo deseado” el 67% del primer
grupo y apenas el 26% del segundo grupo. Esto muestra una temprana
actividad sexual entre la población adolescente y es preocupante que un
67% de las mujeres de menor edad asuman tales embarazos como
deseados.
Di Cesare , Maria Chiara. Estudio sobre patrones emergentes en la fecundidad y la salud reproductiva y sus vinculos con
la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. En Revista Notas de Población. No 84.
Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas
para América Latina. PNUD. Noviembre 2013
Según el documento Políticas públicas integrales de la ley No 348 elaborado por el MJ.
UNFPA 2012
(íbid)
17
3.58
En lo referido al aborto, según la última información disponible del INE se
estimaban aproximadamente 40.000 abortos para el quinquenio 2005-2010 y
luego se discontinúo tal información43.
Tabla III.1 Abortos estimados por año 2005-2010
43
3.59
Pese a estos datos preocupantes la sentencia del Tribunal Constitucional No
0206/2014 ha logrado la desjudicialización del aborto para casos de abuso
sexual con denuncia presentada. Empero, se espera que la implementación
no tenga obstáculos que burocraticen los procesos. En esta misma
demanda el tribunal ha ratificado la constitucionalidad del artículo 266 que
penaliza esta práctica. En este escenario, el aborto clandestino que es una
de las principales causas de mortalidad materna en Bolivia, continuará
practicándose sin regulación alguna.
3.60
Recientemente se aprobó la ley No 0475 de 30 de Diciembre de 2013, la ley
de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional que
fusiona el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) con el Seguro para
Personas Adultas Mayores (SPAM) que amplía la cobertura a otras
poblaciones no beneficiarias del seguro social obligatorio hacia personas con
Conexión 2012
18
discapacidad y mujeres en edad fértil para atención en salud sexual y
reproductiva44.
3.61
En el taller con organizaciones realizado en Chuquisaca, en el marco de la
elaboración del presente informe, las participantes manifiestan que se debe
contar con centros especializados de calidad para la atención de la salud de
las mujeres. Actualmente, los pocos lugares de atención a las mujeres
prestan esta clase de servicios integrales. Los servicios municipales no
existen en su mayoría, y si están presentes no tienen buena calidad, o no
poseen profesionales, y están ausentes en los ámbitos periurbanos.
3.62
En el ámbito de la salud, la discriminación hacia las mujeres conlleva dos
dimensiones fundamentales: sus aportes y sus necesidades. La primera
dimensión refleja la imposición de tareas de cuidado en el ámbito doméstico
para la conservación de la salud familiar, además de ello en la esfera de la
salud pública las necesidades específicas de la población femenina no son
consideradas en las políticas de salud más que desde la dimensión
reproductiva. La invisibilización de estas necesidades diferentes es
discriminatoria y pone en riesgo la vida de las mujeres cotidianamente, por
eso es que los sistemas de salud y el Estado no están cumpliendo con su
deber de protección a la población femenina.
3.63
Los factores que impiden que mejore la salud de las mujeres no son de
carácter fundamentalmente técnico o médico, son de tipo social y político
pues reproducen roles, estereotipos del sistema de dominación patriarcal45.
Desde el punto de vista feminista la autonomía sobre el cuerpo de la mujer
está en disputa con el Estado y la sociedad que buscan controlarlo y desde
ahí se enfrenta la batalla por el reconocimiento y ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos: legalización del aborto, acceso a métodos
anticonceptivos y la lucha en contra la esterilización forzada46.
d. La violencia contra las mujeres
44
45
46
47
3.64
Esta esfera es una de las más complejas de abordar por las distintas formas
de violencia existentes, por las nuevas manifestaciones que adquiere y
porque no se cuenta con medidas de tipo estructural operacionalizadas
mediante políticas públicas para la prevención y sanción de la misma.
3.65
La violencia múltiple, es una de las más recurrentes, particularmente en
casos de violencia física, sexual que van asociadas a la violencia
psicológica47.
Cabe hacer notar que la diferencia entre los datos
comparados 2003 y 2008 se debe a que la pregunta fue cambiada de haber
sufrido alguna forma de violencia en su vida a haberla sufrido (prevalencia)
en los últimos 12 meses, respectivamente.
Reglamentado por el Decreto Supremo No 1984 de 30 de abril 2014.
Organización Mundial de la Salud. Informe Las mujeres y la Salud: los datos de hoy, la agenda de mañana. Año 2009
La persistencia de la memoria. Feminismo y estado en Perú de los noventa. Maruja Barrig. En Debate Feminista:
Cuerpos sufrientes. Año 19, vol. 37. Abril 2008
Información citada en Conexión, 2012. Indicadores Nacionales actualizados 2012
19
Tabla III.2 Mujeres víctimas de violencia por tipo de violencia
3.66
La violencia se produce fundamentalmente en el entorno familiar como se
evidencia en la información proporcionada por el Centro de Integral de la
Mujer (CIDEM)48
Tabla III.3 Casos por relación de parentesco del agresor con las mujeres
3.67
48
Un feminicidio se produce cada 3 días, según reporta el observatorio
Manuela del CIDEM (sólo basándose en monitoreo de prensa), 7 de cada 10
mujeres han experimentado alguna forma de violencia, de 12 violaciones
Conexión, 2012
20
denunciadas el 62% son menores de edad49 La prevalencia según el
Viceministerio de seguridad ciudadana, de la tasa de violaciones al 2011 era
de 28,4%
Tabla III. 4 Feminicidios entre 2009 y 2013 en Bolivia
Registro por año Feminicidios
Gestión 2009
98
Gestión 2010
89
Gestión 2011
96
Gestión 2012
99
Gestión 2013*
89
TOTAL
471
*Datos de enero a octubre. Fuente: Base de datos del observatorio Manuela (CIDEM).
49
50
51
52
3.68
A pesar del sólido marco normativo existente (CPE, Leyes No 243, 348, 045,
263, etc.50) no se ha logrado alterar estas cifras, por el contrario, la
insuficiente aplicación de las mismas conlleva el riesgo de que su ineficacia
legitime la impunidad.
3.69
Según un informe de la Fiscalía General51, a un año de vigencia de la Ley
Integral para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia Ley No 348,
se han registrado a nivel nacional 10.759 causas, de las cuales tienen
sentencia apenas 30 casos y 344 se han resuelto mediante salidas
alternativas. La lucha contra la violencia debe ser considerada una inversión
pues la violencia afecta al desempeño de las mujeres en la economía y por
tanto repercute en el PIB.
3.70
El 31 de julio de 2012, se promulgó la Ley No 263: “Ley Integral Contra la
Trata y Tráfico de Personas”, que entre sus aspectos más relevantes y
positivos está la tipificación del delito de violencia sexual comercial infantil;
sin embargo según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)
el 2010 se registraron 335 casos, el 2011 los casos fueron 289, el 2012
llegaron a 421 casos y en el primer semestre de 2013 se registraron 149
casos de trata y tráfico y 281 casos de personas desaparecidas. La
investigación, procesamiento, esclarecimiento de los hechos y sanción de los
responsables es todavía uno de los pasos más difíciles. Tampoco se cuenta
con programas efectivos que promuevan la rehabilitación de las víctimas.
3.71
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 reconoce 6 amenazas
principales a la seguridad entre ellas el delito callejero y la violencia de
género52. “Mujeres y hombres viven, ejercen y perciben la violencia e
Se usaron los registros de 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales de 6 departamentos del país y El Alto
(Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer, 2008)
Ver anexo de Leyes y Decretos para mayor detalle.
Informe actualizado de casos ingresados con relación a la ley 348 FGE/DPVTMMP-FEVAP No 009/2014
Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas
para América Latina. PNUD. Noviembre 2013
21
inseguridad de manera diferente, y su impacto en uno u otro género es
diferenciado. Lo anterior se debe a que las desigualdades de género
persisten en la sociedad, exponen a mujeres y hombres a distintas
amenazas y crean riesgos específicos para las mujeres”. También se debe a
la construcción de masculinidades permeadas por la violencia53.
3.72
No existen programas integrales que incluyan participación de la sociedad
para la prevención y eliminación de la violencia, así como tampoco existe
información oficial sobre el impacto social y económico de la violencia hacia
las mujeres que orienten a nivel nacional sobre el valor de invertir en ésta
tarea.
3.73
El Estado efectúa esfuerzos aislados y discontinuos careciendo de una
estrategia integral para combatir y erradicar todas las formas de violencia
contra la mujer, castigar a quienes la perpetran y prestar servicios de
asistencia y protección a las víctimas, en particular mediante un sistema de
concientización y sensibilización de los administradores y operadores de
justicia.
3.74
En el taller realizado en Santa Cruz, durante la elaboración de este informe,
las participantes identificaron que existe mucho individualismo cuando se dan
casos de violencia de género. Las organizaciones identifican que a veces la
situación de la mujer tiene una perspectiva individual, donde ella misma “se
las arregla”, ocasionando una falta de conciencia colectiva. Esta falta de
conciencia hace que no se pueda tomar acciones y plantear objetivos como
colectivo de mujeres.
3.75
La violencia contra las mujeres es la expresión de la discriminación basada
en el discurso de inferioridad de las mujeres. Según la Declaración sobre la
eliminación contra la mujer de la Asamblea General de la ONU es “Todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la
privada”
3.76
Asimismo el secretario general de la ONU el 2006 afirma que ”… la violencia
contra la mujer es uno de los principales medios que permiten al hombre
mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de la
mujer…”en ese contexto la violencia sexual y los feminicidios dirimen el
control y la propiedad de la mujer asesinada por parte de su presunto
“propietario” y agresor54.
e. Las mujeres y los conflictos armados
3.77
53
54
El Estado Plurinacional de Bolivia no tiene conflictos armados de carácter
sostenido y en su constitución manifiesta su vocación de Paz renunciando a
la guerra de agresión reservándose solamente el derecho a la legítima
defensa.
Ibid.
Cobo, Rosa. Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal. Pp. 140-152. Catarata. Madrid.
2011
22
3.78
Los conflictos armados afectan negativamente a las mujeres y los hombres;
derivan en desventajas específicas de género que no siempre son
reconocidas o enfocadas por las percepciones comunes sobre conflicto y
reconstrucción que suelen ser ciegas al género. La inequidad de género
refleja los desequilibrios de poder en las estructuras sociales que existen en
periodos previos a los conflictos y que son exacerbados por el conflicto
armado y sus secuelas. La aceptación de los estereotipos de género es una
de las principales razones de que persista dicha ceguera.
3.79
El conflicto armado alienta la expectativa de que los hombres irán a pelear y
las mujeres los apoyarán desde el ‘frente hogareño’. La percepción popular
es que los hombres son soldados o agresores y las mujeres son esposas,
madres, enfermeras, trabajadoras sociales y trabajadoras sexuales. Es un
hecho que son primordialmente los hombres a quienes se recluta quienes
mueren en las batallas, en tanto las mujeres conforman la mayoría de las
bajas civiles.
3.80
Los impactos del conflicto armado en las relaciones de género son
significativos. El desplazamiento forzoso y la violencia basada en género
constituyen dos ejemplos de impactos que no son resultados inevitables del
conflicto armado sino estrategias de guerra deliberadas que desestabilizan a
las familias y comunidades. La violencia física y sexual, en particular contra
mujeres, niñas y niños, ocurre con mucha más regularidad durante el
conflicto armado y después de éste. Las mujeres sufren violación y
embarazos forzados, además de ser sujetas a trabajo y esclavitud sexuales
forzosos, frecuentemente a manos de los “mantenedores de la paz”, la
policía o las fuerzas de ocupación, tal como ocurrió en Bosnia55. Por ese
motivo el consejo de seguridad de la ONU emitió la resolución 1325 sobre
mujer, paz y seguridad.
f. Las mujeres y la economía
55
56
3.81
Esta es otra esfera de lento progreso, pues las políticas económicas
instauradas en el marco de la “Economía plural”56 no toman en cuenta las
necesidades específicas de las mujeres en los sistemas de producción y
reproducción de la vida individual y social ( acceso a los recursos naturales,
los medios de producción, generación de empleo, distribución equitativa de
riqueza, etc.) y tampoco incorporan sus aportes, es decir el reconocimiento
en el PIB del valor del trabajo doméstico no asalariado.
3.82
A la fecha se continúan experimentando problemas de inserción en el
mercado laboral, apenas un 42% de la población en edad de trabajar es
económicamente activa, un 85% distribuido en los sectores agropecuario,
servicios y comercio sin acceso a seguridad social.
3.83
El siguiente gráfico se elaboró con información del CENSO 2012; lo que ha
imposibilitado precisar el tipo de empleo al que acceden las mujeres (formal,
informal, subempleo, etc.) Sin embargo, un reporte del Centro de Estudios
Amani El Jack. "Género y conflictos armados. Informe general Bridge-Development Center. Londres. 2013
La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social
cooperativa.
23
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) señala que las mujeres tienen
condiciones más precarias y les cuesta más conseguir trabajo57.
3.84
La tasa de desocupación abierta de los varones bajó de 4,6% en 2001 a
2,2% en 2011 y la tasa de desocupación de las mujeres bajó de 6,4% en
2001 a 3,3% en 2011 y continúa siendo superior a la de los hombres58.
3.85
Se observa la disminución continua del empleo en el sector primario entre
2001 y 2011. De 48% de los hombres y 43% de las mujeres ocupadas en
agricultura, pecuaria, pesca y minería pasaron a 33% y 31%,
respectivamente, en el transcurso de una década. El empleo en el sector
terciario se incrementó en todo el período y pasó de 42% de la PO masculina
y 49% de la PO femenina en 2001 a 55% y 59%, respectivamente, en
201159, mientras que el sector secundario continúa manteniéndose con el
10% en la generación de empleo60.
3.86
Asimismo del total de hombres y mujeres que lograron insertarse
laboralmente, más de la mitad lo hizo generando sus propias fuentes de
empleo como trabajador independiente o trabajador familiar o aprendiz sin
remuneración, situación que es más acentuada para las mujeres61,
exponiendo la fragilidad del mismo.
Tabla III. 5
Bolivia: Población ocupada independiente de más de 25 años, por nivel de calificación y sexo
2001
2003
TOTAL
100,00
100,00
Independientes calificados
10,12
Independientes semicalificados
2005
2007
2009
2011(p)
100,00 100,00
100,00
100,00
8,42
10,68
12,07
13,62
16,65
23,80
24,18
26,35
29,13
30,25
29,91
Independientes no calificados
66,08
67,39
62,97
58,80
56,13
53,44
HOMBRES
100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
Brechas de género: un desigual acceso al mercado laboral para las jóvenes bolivianas Juneau, Caroline, Cooperante
Cuso. Julio 2013 http://cedla.org/content/41808 Consultado 20 de mayo de 2014
57
Wanderley, 2014: ¿Qué cambio en el mercado de trabajo para hombre y mujeres en Bolivia? (2001-2011). En Revista
Umbrales n. 27, CIDES-UMSA, 2014 (no publicado aún)
58
59
Íbid.
60 Nota:
Sector primario incluye a agricultura, pecuaria y minería. Sector secundario a industria manufacturera. Sector terciario
incluye servicios, construcción, comercio y transporte.
61
Ibid.
24
10,65
8,79
10,25
12,30
12,74
16,04
22,51
25,75
26,66
29,47
31,41
30,99
66,84
65,46
63,09
58,23
55,85
52,96
MUJERES
100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
9,23
7,88
11,39
11,71
15,04
17,75
25,95
21,84
25,85
28,55
28,37
27,96
64,83
70,29
62,77
59,74
56,59
54,29
Fuente: Wanderley; 2014
Nota: (p) significa que los datos son preliminares.
3.87
Pese a la tendencia al incremento de la población ocupada que cuenta con
seguridad de largo plazo, es importante enfatizar que solo el 16% de la PO
masculina y el 12% de la PO femenina estaban afiliadas a una AFP en 2009,
lo que significa que 84% de los trabajadores y 88% de las trabajadoras
estaban excluidas del sistema de jubilación62, la cobertura de la seguridad de
corto plazo (de salud) se expandió en este periodo y superó a la de
seguridad de largo plazo (jubilación) en 2009, con la inclusión del 32% de la
población ocupada masculina y 36% de la población ocupada femenina; pero
aún es insuficiente.
Tabla III. 6 Bolivia: Población ocupada de más de 10 años con seguro de salud, por sexo
62
CATEGORÍA
OCUPACIONAL
2007
2009
TOTAL
13,2
33,7
Patrón
4,2
22,4
Cuenta propia
0,4
0,0
Asalariado
36,7
36,5
No remunerado
0,0
0,0
Trabajador del hogar
2,2
1,2
HOMBRES
15,2
32,2
Patrón
3,9
24,5
Íbid.
25
Cuenta propia
0,5
0,0
Asalariado
33,5
32,7
No remunerado
0,1
0,0
Trabajador del hogar
0,0
0,0
MUJERES
10,8
36,1
Patrón
5,0
11,4
Cuenta propia
0,3
0,0
Asalariado
44,3
43,9
No remunerado
0,0
0,0
Trabajadora del hogar
2,2
1,3
Fuente: Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. En: Wanderley; 2014
Nota: Para el año 2001 no se cuenta con información sobre seguro de salud
63
3.88
Esta situación reviste preocupación pues con un desempleo de 9,9%, las
mujeres de Bolivia han sido en los comienzos del siglo XXI las primeras en
sufrir el despido en tiempos de crisis y las últimas en conseguir empleo
cuando hay bonanza económica, según el CEDLA63.
3.89
Setenta por ciento de las mujeres que pierden su trabajo tardan entre seis
meses y un año en conseguir otro, indica el “Dossier de empleo y
condiciones laborales 2008-2010”, que compila y analiza los datos de la
Encuesta Urbana de Empleo (CEDLA) durante tres años.
3.90
En 2010, el salario femenino equivalía a 73% del de los hombres que
realizaban la misma tarea.
Op. Cit.
26
Gráfico III. 6. Mujeres en la Población Económicamente Activa según pertenencia a alguna
nación
Fuente: Fichas Estadísticas Municipales de Información Conexión Fondo de Emancipación (2014)
3.91
Adicionalmente a estas dificultades el ingreso de las mujeres es 46% inferior
al de los hombres en el área urbana y en el área rural el ingreso de los
varones supera 3,02 veces al de las mujeres.
3.92
En relación a las niñas y adolescentes trabajadoras, si bien no hay
información oficial disgregadas por sexo, investigaciones particulares revelan
que el número de niñas, niños y adolescentes trabajadores (NNATs) se ha
venido incrementado, debido principalmente a la pobreza, inmigración y la
necesidad de generar sustento para sus familias.64 Lo que resulta paradójico
frente a los excelentes indicadores macroeconómicos.
3.93
En la región, según la CEPAL (2010), existe una brecha de género de
desempleo pro-cíclica, es decir que el desempleo femenino aumenta más
rápido en periodos de crisis que el desempleo masculino. Debido a que son
discriminadas y por tanto se concentran en los sectores de actividad
económica más vulnerables a los ciclos económicos (por ejemplo en
sectores productivos orientados a la exportación), están sobrerrepresentadas
en el sector informal y carecen de servicios que les permitan conciliar la vida
laboral, el estudio y la vida familiar. La brecha a nivel regional se representa
perfectamente en el siguiente gráfico.
64
Niñas/niños y adolescentes trabajadores de la calle en Cochabamba (Bolivia) En: Una mirada a las
condiciones de trabajo de algunos colectivos especialmente vulnerables: Programa de la Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el trabajo (2010-2013). Organización Iberoamericana de Seguridad
Social.
27
Gráfico III. 7. Brechas de tasas de desempleo entre mujeres y hombres (2000-2012)
Fuente: Observatorio para la igualdad de género en América Latina y el Caribe: Notas de igualdad (2014)
3.94
Añadiéndose pesadamente sobre la brecha de desempleo está la brecha en
el ingreso promedio mensual, cuya media es, según el INE, de
aproximadamente menos 724 bolivianos.
Gráfico. III. 8 Brecha de género en ingreso medio mensual (urbano-rural en Bolivianos)
Fuente: INE
3.95
Finalmente el trabajo de cuidado de la familia que desarrollan las mujeres sin
remuneración continúa invisibilizado. Pese a que la CPE reconoce el trabajo
doméstico como fuente de riqueza, socialmente prevalece el
28
desconocimiento de los aportes de las mujeres en los diversos ámbitos de la
vida social, política, económica, cultural, ambiental del país.
3.96
Asimismo, las mujeres continúan tropezando con barreras que se oponen a
su potenciación económica y a sus actividades empresariales pues persiste
la discriminación y exclusión, por esta razón también quienes han logrado
insertarse en el mercado laboral se ven particularmente afectadas durante
los períodos de contracción económica en que son mucho más vulnerables
al desempleo y suelen verse forzadas a soportar una carga aún mayor de
trabajo no remunerado.
3.97
Por ello las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad
frente a políticas económicas de corte capitalista que promueven la libre
circulación de mercancías y dinero, el recorte de las prestaciones sociales, la
eliminación de las redes estatales de bienestar social y la privatización de los
servicios del sector público65. Sobre la base de este eje estratégico, resulta
fundamental desarrollar cualquier programa a favor de las mujeres.
g. La participación de las mujeres en el poder y la adopción de decisiones
3.98
En esta dimensión, hay importantes cambios a nivel nacional y local, en la
participación y
representación formal de las mujeres: 23% de
representantes en la Cámara de Diputados y el 44% en el Senado, 43% a
nivel de concejos municipales, sin embargo todavía son desplazadas a las
suplencias66.
Tabla III. Composición por sexo de titulares en la Asamblea Legislativa Plurinacional
65
66
Íbid.
Conexión, 2012.
29
Gráfico III.9 Composición de la suplencia en la Cámara de Diputados
67
3.99
Este avance ha sido facilitado por las leyes del Régimen electoral transitorio,
Órgano Electoral Plurinacional, Ley de Régimen Electoral o la Ley No 243
Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Estas normas
permitieron la incorporación de criterios de paridad y, más importante, de
alternancia en la elección de cargos públicos en todas las entidades
territoriales autónomas (niveles central, departamental, municipal, regional)
y en los órganos Legislativo, Judicial y Electoral. El ejercicio cotidiano de la
gestión pública se ve obstaculizado por diversas formas de violencia que
reviste la persecución desde la descalificación en razón de género, al acoso
mediático y escarnio en redes sociales (sin ningún tipo de límite), hasta las
agresiones físicas y el feminicidio. Los casos de fallecimiento irresueltos de
las concejalas Juana Quispe Apaza (Ancoraimes-La Paz) y Daguimar
Rivera (Guayaremerín-Beni), son todavía los más emblemáticos y continúan
siendo un nefasto precedente de impunidad67.
3.100
Por otro lado, ha sido un avance positivo la reposición en su cargo de la
concejala Magdha Hassen víctima de acoso y violencia política, en el
municipio de Tarvita-Chuquisaca, aunque no se puede dejar de denunciar la
retardación de justicia en este caso, pues ella estuvo alejada injustamente
de su cargo por más de 3 años.
3.101
El taller realizado en Cochabamba durante la etapa de elaboración de este
informe señala, gracias a la metodología prospectiva, que se estima que en
2025 habrá una mayor participación de las mujeres a nivel cualitativo
(empoderadas) en cargos y espacios de toma de decisión impulsando los
derechos de las mujeres. Esto porque ahora se tiene alta participación de las
mujeres, sin embargo ellas se encuentran apoyando la agenda de los
hombres, cuando deberían estar enfocadas a eliminar la discriminación y
promover y ejerciendo la equidad de género. También existe demasiada
La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) registró 283 denuncias entre 2000 y 2011
30
influencia político partidaria, lo que frenó muchas de las aspiraciones de las
mujeres.
3.102
La Agenda Política desde las Mujeres, un documento elaborado en 2014 a
raíz de las elecciones nacionales del año en curso, indica que hay una serie
de ejes en los que se debe avanzar para democratizar y despatriarcalizar las
relaciones en el interior de las organizaciones políticas. El trabajo es
producto de una articulación de organizaciones sociales de Bolivia.
3.103
Esta Agenda para despatriarcalizar plantea como ejes: Democratizar el poder
y participación política de las mujeres; el desmontaje cultural y simbólico del
patriarcado; generar garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a
vivir una vida libre de violencia; la autonomía y autodeterminación de los
cuerpos de las mujeres y la autonomía económica de las mujeres, con
acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades,
reconocimiento, etc68.
3.104
Los talleres en Chuquisaca y Santa Cruz realizados con mujeres de
organizaciones sociales, durante la elaboración de este informe, apuntaron el
surgimiento de una tendencia “autocrática” que pretende hegemonizar un
proyecto político entre las federaciones y sindicatos, donde existe baja
influencia de parte de los integrantes de los movimientos sociales y otros
actores de la sociedad.
3.105
De manera sincrónica, con el balance social de las participantes, la Agenda
Política para las Mujeres de 2014 propone la necesidad de democratizar a
las organizaciones sociales mixtas y de mujeres. Donde además, las
diferentes representaciones de la sociedad civil deben desarrollar sus
actividades en el marco de la autonomía.
3.106
La Agenda Política desde las Mujeres, elaborada por organizaciones de
Bolivia en 2014, fundamenta que la participación política de las mujeres es
una conquista que deviene de un largo proceso histórico de luchas, con
aportes fundamentales a la ampliación democrática, con el reconocimiento y
constitucionalización de los principios de equidad, no discriminación,
igualdad de condiciones para la participación política, de una progresista
legislación que incluye los derechos específicos de las mujeres y establece la
paridad y alternancia.
3.107
La presencia y participación política de las mujeres ha contribuido a un
proceso complejo de construcción de la subjetividad y la identidad genérica
que no es unitaria ni homogénea; por diferentes cauces y desde distintas
posiciones, se resignifica la condición de ser mujer como sujeto político y se
permite su actoría política en múltiples formas de acción común, tomando en
cuenta las formas en que aquellas viven las múltiples opresiones.
h. Los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
3.108
68
Estamos aún en un escenario de nuevas políticas, en medio de la
coexistencia entre lo viejo y lo nuevo. Interpelando la descolonización y
despatriarcalización del Estado visto en su potencialidad de desmantelar
estructuras patrimonialistas pre modernas de prerrogativas y privilegios
Varias organizaciones. “Agenda Política desde las Mujeres: Elecciones Nacionales 2014”. La Paz. 2014.
31
asentadas en relaciones coloniales y patriarcales69; pero también
desmitificándolo como horizonte último o definitivo de cambio, haciéndose
necesario construir estrategias y espacios alternativos. En la fragua entre lo
individual y lo colectivo se delimitan derechos al mismo tiempo que se
demanda la construcción de espacios nuevos y tangibles para las mujeres
en lo departamental y municipal desde las cartas orgánicas municipales y los
Estatutos Autonómicos.
3.109
La distribución del gasto y la ejecución del mismo evidencian no solo la
incongruencia manifiesta entre las normas, sino además exponen la
debilidad institucional para ejecutar los mismos por asuntos que van desde la
burocracia, la ausencia de voluntad política o el desconocimiento de lo
estipulado en los marcos normativos. Esta situación se hace evidente el año
2012 en el presupuesto del ministerio de Justicia que asciende a Bs. 17
millones de los cuales el 90% se asigna a la administración central y el 5%
para Viceministerio de igualdad de Oportunidades(VIO) de los cuales se le
asignan apenas Bs. 328.200 anual70.
3.110
Este fenómeno se reproduce en los niveles autonómicos, pues los
presupuestos asignados a los Servicios Departamentales de Gestión Social
(SEDEGES) no alcanzan el 1,2% del presupuesto global departamental.
Además la mitad de este presupuesto se destina a insumos y luego en
personal. Entre el 45 y 99% se destina a la atención y entre el 1% y el 16%
del total nacional se invierte en prevención71.
3.111
Es necesario que los gobiernos autonómicos adopten como política una
mayor inversión social pues repercute directamente en el desarrollo humano
y la preservación de la productividad y su incremento. Pese a que no está
disgregado en rubros (e incluye al sector Defensa y Gobierno), el siguiente
gráfico evidencia la poca importancia que se le asigna en relación al gasto
productivo a pesar de los innegables incrementos que se han hecho en el
rubro.
69
Chávez, Patricia et al. 2009. Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
70
Estudio sobre violencia de género y generacional en Bolivia. Gerenssa Consultores SRL.
En el taller de socialización del informe con expertas, realizado el 4 de junio de 2014 se planteó que el gasto público global
aproximado es de 2.5% en la atención a la violencia, representando un total de 0.2% del PIB destinados a la atención y
prevención de la misma mientras que el Deporte recibe el 0.3% del mismo. Estas cifras son aproximaciones y no se han
podido confirmar.
71
32
Gráfico III. 9. Ejecución del gasto productivo en relación al gasto social periodo 2005-2012
3.112
En los últimos cuatro años se han aprobado al menos ocho leyes
relacionadas con las esferas de preocupación de la PAM y algunos planes
nacionales: Ley contra el racismo, Ley de educación Avelino Siñani, Ley de
deslinde jurisdiccional, Ley contra el acoso y violencia política, Ley de
ministerio público, Ley contra la trata y tráfico de personas, Ley de seguridad
ciudadana, Ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. También están el Plan Nacional de Derechos Humanos, Plan de
igualdad de oportunidades del Viceministerio de Igualdad de oportunidades,
Políticas Públicas integrales "Vidas dignas, mujeres libres de violencia" para
implementar la Ley 348 y otros instrumentos.
3.113
Se constata la dispersión de las estrategias y planes elaborados,
dificultándose para un viceministerio transversalizar tales planes en las
políticas sectoriales de otros ministerios. A nivel departamental y municipal,
tampoco existen lineamientos de política desde el poder central hacia los
niveles subnacionales. Las bajas asignaciones presupuestarias, ausencia de
personal cualificado, alta rotación y clara asignación de roles también son
obstáculos que impiden la aplicación de enfoques de género y
despatriarcalización de modo eficiente en el ámbito público. En tanto no se
cuente con una decisión política expresada en recursos financieros y una
institucionalidad fortalecida, el Estado continuará siendo el principal agente
reproductor de la violencia bajo su forma institucional.
3.114
Las reflexiones de Rosa Cobo, plantean que el movimiento social no
garantiza el éxito político si no se crean paralelamente canales políticos e
instituciones que implementen las políticas de igualdad, es decir un marco
institucional, procedimental y mecanismos de poder fáctico que permitan
materializar condiciones para reducir la desigualdad.
3.115
Este conjunto de medidas y mecanismos se conciben como derechos que
empoderan a las personas como protagonistas de las políticas públicas y
facilitan su empoderamiento.
33
i. Los derechos humanos de la mujer
72
3.116
El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es una esfera
transversal, tal inclusión es apenas formal pues existe poca difusión y escaso
conocimiento de parte de la población; por lo tanto la casi nula aplicación por
parte de los administradores y operadores de justicia.
3.117
En las esferas precedentes se puede evidenciar que las normas, los
programas y acciones dirigidos a promover, proteger y garantizar el ejercicio
de los de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son menos que
aquellos orientados al ejercicio y protección de los derechos Civiles y
Políticos.
3.118
Existe alto riesgo de vulneración de estos derechos en la jurisdicción
indígena; habiéndose registrado en comunidades indígena originario y
campesinas denuncias por hechos de violencia que amenazan restringir el
acceso a la educación, los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo, la
propiedad de la tierra y otros. “No es la mujer la persona electa como
autoridad comunal, son los varones los elegidos por eso cuando en las
organizaciones de mujeres indígenas se discuten temas como la violencia en
la familia, los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la salud, los
derechos a la educación, a heredar la tierra estas mujeres no dudan en
asumir una posición única, junto a las demás, respecto a la demanda de
respeto a sus derechos individuales, sienten la ausencia de garantías y
protección, y reconocen la discriminación que se ejerce hacia ellas, también
en sus comunidades” 72.
3.119
El Estado debe precautelar el reconocimiento, respeto y plena vigencia de
los Derechos Humanos de las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres de la
población adulta mayor, mujeres privadas de libertad, las mujeres con algún
tipo de discapacidad, trabajadoras y otros en el marco de sus obligaciones
nacionales e internacionales.
3.120
Al margen de los servicios municipales y departamentales (SLIMs,
Defensorías, etc.), no existen políticas ni programas nacionales de
información y sensibilización a la población femenina y a la sociedad en
general sobre los derechos humanos de las mujeres. Si, se han evidenciado
algunos esfuerzos en campañas contra la violencia de género en medios de
comunicación.
3.121
El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos: Bolivia para Vivir Bien
2009-2013, elaborado por el ministerio de justicia contempla un capítulo
orientado a “establecer políticas para garantizar la igualdad de oportunidades
y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en los espacios
de poder nacional, departamental”. No obstante no se cuenta a la fecha con
una evaluación de resultados e impacto de la implementación del Plan
Nacional de Igualdad de Oportunidades.
3.122
Los derechos humanos son dinámicos y se van construyendo y ampliando a
partir de la emergencia de nuevas problemáticas y de las reivindicaciones de
distintos grupos sociales. Así, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
Rosario Baptista Canedo, citada en “Muy lejos de los derechos cósmicos, más cerca de la dignidad. ¿Justicia comunitaria
para mujeres?”. Serie Investigaciones No 3. UNIFEM. Abril. 2009
34
realizada en Viena en 1993 supuso un avance importante al reconocer el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y dio lugar a la creación
de leyes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en muchos
países de la región.
j. La mujer y los medios de comunicación
3.123
Se ha incrementado el acceso y la participación de la mujer en diversos
medios de comunicación tradicionales y en redes sociales hoy en día, pese a
que predomina el lenguaje sexista y en muchos medios se continúan
reproduciendo y difundiendo imágenes estereotipadas de las mujeres y roles
de género.
3.124
Los medios han contribuido significativamente a la visibilización de hechos
de violencia contra las mujeres (feminicidio por ejemplo); sin embargo la
ausencia de análisis y contextualización de los mismos, los transforma en
hechos aislados y facilita la naturalización de muchas otras expresiones de
violencia por no ser noticiables, como la violencia patrimonial o la violencia
psicológica.
3.125
La mayor parte de los medios está dando cumplimiento a la Ley No 045
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; pero todavía hay mucho
prejuicio y estereotipo que se camufla bajo la libertad de opinión y se difunde
de manera explícita en diarios, canales de televisión y radios. Para ello el
Estado ha desarrollado mecanismos de regulación y sanción en el ámbito
administrativo (bajo la ley 045); que han resultado más efectivos que las
sanciones penales, no obstante se evidencia la ausencia de medidas
regulatorias y programas preventivos para trabajar en coalición con los
medios revalorizando su papel en la de-construcción del imaginario social
3.126
Asimismo existe un vacío normativo en torno al funcionamiento de medios
pertenecientes a organizaciones religiosas u otras que difunden estereotipos
y preceptos sobre las mujeres altamente discriminatorios.
3.127
Las tecnologías de Información y Comunicación Social (TICs) no han llegado
a todos los sectores, principalmente a las mujeres de área rural y se requiere
el impulso del Estado para mejorar el acceso a las mismas y para sancionar
la circulación de mensajes sexistas y discriminatorios en las redes sociales.
k. La mujer y el medio ambiente
3.128
Ésta también es una esfera insuficientemente desarrollada desde las
políticas y programas estatales, pero que se ha presentado fuertemente
asociada a la discusión del modelo de desarrollo y la demanda de los
pueblos indígenas respecto al derecho a la consulta previa, libre e informada.
3.129
La CPE reconoce el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y
equilibrado, en el marco del desarrollo sustentable, así como el derecho de la
población a participar en la gestión ambiental, además de ser consultada e
informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar la calidad del
medio ambiente (Art. 343 CPE).
3.130
La Participación de la mujer en decisiones en torno al medio ambiente, no
está incorporada expresamente sino de manera implícita en esos
35
mecanismos y en la Ley No 343 de participación y control social, tampoco se
refleja en los procesos de Consulta Pública (Ley No 1333 de Medio Ambiente
y reglamentos) y consulta Previa e informada (Art. 30 num. 15 CPE) en
coherencia con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos
Indígenas.
3.131
El cambio climático tiene dos dimensiones de particular atención: la
relacionada a la adaptación, vinculada al incremento de desastres naturales
y fenómenos climáticos extremos, que tienen impacto especial en las
mujeres y la mitigación que está relacionada con las políticas, tecnologías y
medidas que permitan, por un lado, limitar y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero; pero que deben incluir un componente que no afecte
el derecho al desarrollo bajo una concepción de género. A nivel nacional los
programas de adaptación al cambio climático, particularmente de prevención
y gestión de riesgos y desastres, carecen de enfoque de género73.
3.132
Existen estrechas conexiones entre feminismo, ecología y desarrollo
sustentable74, superando la visión de las mujeres como “administradoras
domésticas de la crisis ambiental” que se han ido planteando desde la
Comisión Brundtland en 1987 hasta la agenda 21 y que se reflejan en la
agenda de Beijing en cuanto a la situacion de pobreza que afecta a muchas
mujeres, la necesidad que participen activamente en la adopción de
decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles, y la integración
de la perspectiva de genero en las políticas y programas para un desarrollo
sostenible75.
3.133
Desde el cruce del feminismo y la ecología se destaca las conexiones
históricas, biológicas y sociales entre la naturaleza y las mujeres y se
considera que la explotación y opresión de ambas es consecuencia de un
mismo sistema de dominio del hombre y del orden patriarcal.
3.134
La situación de las niñas en Bolivia es otra esfera que no ha sido abordada
específicamente por las políticas públicas, sino en el marco de la situación de
la niñez en general. En razón de su edad y por su género este sector de la
población sufre diversas violaciones a sus derechos humanos, como la
explotación laboral infantil, explotación laboral con fines sexuales, trata de
personas, maltrato físico, emocional y sicológico; abuso sexual, falta de
acceso a la salud sexual y reproductiva, embarazos tempranos negación o
restricción de su derecho a la educación,
l. La niña
73
74
75
No obstante se ha propuesto desde el Viceinisterio de Defensa Civil la implementación de un programa para prevenir y
reducir la violencia hacia las mujeres entre refugiados por desastres.
Existen distintas orientaciones conceptuales y metodológicas sobre cómo abordar la interrelación mujeres-genero-medio
ambiente, que genéricamente se denominan: i) eco feminismo, ii) mujeres y medio ambiente, iii) genero, medio ambiente
y desarrollo sustentable
CEPAL. Nives, María. Género, Medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo. Serie mujer y desarrollo. Cuaderno No
25. Unidad Mujer y Desarrollo. 1998
36
1.
3.135
Las formas de violencia que más afectan a esta población se dan en el
ámbito educativo, laboral y en la salud, según cifras de la defensoría del
pueblo el 58% de la población menor de 18 años es pobre y esto les obliga a
buscar ingresos para su subsistencia trabajando.
3.136
Se estima que alrededor de 850.000 niños, niñas y adolescentes, que
representan el 28 por ciento de la población de entre 5 y 17 años, realizan
diferentes actividades económicas: 397 mil en las ciudades y 452 mil en el
campo. De ese total, unos 491 mil tienen entre 5 y 13 años, aunque la edad
mínima para trabajar en Bolivia es de 14 años. En este grupo, 437 mil niños y
niñas realizan trabajos peligrosos: 134 mil en el área urbana y 302,70 en el
área rural76.
3.137
No existe una política específica del Estado para promover la erradicación de
las causas del trabajo infantil y tampoco se brinda la protección necesaria a
quienes se ven en la necesidad de trabajar para evitar la explotación y
garantizar condiciones seguras de trabajo. La normativa debe establecer y
regular con mayor claridad las diferencias entre trabajo, empleo y explotación
y peores formas de trabajo. Se necesita una política pública para la
reinserción social orientada menores infractores o en conflicto con la ley.
3.138
Durante la gestión 2011, las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia
reportaron 15.517 casos de violencia, de los cuales 2.291 corresponde a
violencia sexual, 8.590 a violencia psicológica y 4.636 a violencia física.
3.139
La violencia sexual hacia niñas y adolescentes es una de las causas
relacionadas al embarazo adolescente, razón por la cual el aborto inseguro
las afecta particularmente por su mayor dificultad de acceder a información,
métodos y servicios de aborto seguro.
3.140
La erradicación del castigo corporal en las familias, centros educativos y
otros, es una asignatura pendiente, observada en 2013 por el Comité de
Derechos del niño y el Comité contra la Tortura como un tema que debe ser
priorizado en los programas gubernamentales nacionales.
3.141
La niña suele ser objeto de la discriminación desde las primeras etapas de su
vida, a lo largo de la infancia hasta cuando llega a la edad adulta77.En
reconocimiento de ello y del potencial que ellas tienen en la transformación
de las relaciones sociales desde una visión despatriarcalizadora, se requiere
atención directa del Estado.
Sectores específicos:
a. Mujeres afrobolivianas
76
77
3.142
La población afroboliviana, según el último censo, es de 23.275 a nivel
nacional, de los cuales 12.397 son hombres y 10.878 son mujeres. De éstos,
el 92,3% de las mujeres y el 95,1% de los hombres saben leer y escribir.
3.143
Dentro de este sector, la PEA son 12.648 personas, repartida entre el 98,4%
correspondiente a las mujeres y el 98,7% de los hombres trabajan.
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20120610/en-bolivia-hay-850-mil-ninos-ninas-yadolescentes_174457_367557.html
ONUMUJERES nota informativa no 12. http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs12.htm Consultada el 19 de
mayo de 2014 deb
37
3.144
El Programa Mundial de Alimentos PMA (2011), efectuó un estudio sobre
alimentación en la zona de los yungas de La Paz -región que concentra gran
parte de la población afroboliviana- que reveló su situación: la estructura
familiar tiene un promedio de 3,6 miembros y las condiciones de vivienda son
sumamente precarias y con escaso acceso a servicios básicos.
3.145
UNIFEM impulsó un estudio denominado la “condición de las mujeres
afrobolivianas” el año 2009. El estudio evidencia la falta de información sobre
la situación de la población indicada y señala que “las mujeres afro
bolivianas, al igual que las mujeres indígenas, son afectadas también por ser
mujeres, por ser negras y por ser pobres. Además de la discriminación racial
que limita las posibilidades de empleo, las condiciones de pobreza hacen
que realicen trabajos de menor remuneración”
3.146
Nuevamente –a excepción de la participación en la elaboración de la
currícula educativa y de formar parte del Comité Nacional de lucha contra el
racismo (como pueblo, no en tanto que mujeres afrobolivianas)- no existen
políticas públicas específicas dirigidas a promover la participación política,
económica y la equidad para la población específica de mujeres.
b. Mujeres indígenas
3.147
Según información del CENSO 2012, la población femenina que se autoidentifica como perteneciente a una nación o pueblo indígena originario
(NPIOC) alcanza a: 2.241.666 de quienes 1.926.050 sabe leer y escribir (ver
gráfico III. 10). Al respecto, las instancias públicas no realizan estudios
pertinentes sobre la situación particular de las mujeres indígenas.
Gráfico III. 10 Mujeres que saben leer según pertenencia a alguna NPIOC
Fuente: elaboración propia en base a las Fichas Estadísticas Municipales de Información 78
3.148
78
La asistencia de un 65,8% de las mujeres indígenas a centros de salud
pública muestra un evidente avance, empero, las prestaciones todavía son
http://www.conexion.org.bo/noticia/Fichas-Estadsticas-Municipales-de-Informacin-con-base-al-Censo-2012-
38
deficientes especialmente en relación a los DDSS y DDRR, de acuerdo a lo
advertido por las organizaciones que participaron en los talleres.
c. Mujeres en área rural
3.149
Las mujeres en el área rural comprenden un grupo heterogéneo dividido en
razón de atributos étnico-culturales y según la función económica asignada
desde el Estado, bajo la diferencia entre la población indígena y campesina.
Las mujeres se dedican principalmente al desarrollo de las tareas de cuidado
y al trabajo agrícola, ambas actividades no remuneradas.
3.150
Si bien la diferencia entre los centros urbanos y las regiones rurales son
persistentes, datos estadísticos demuestran que la pobreza extrema en el
área rural disminuyó de 62,9% a 40,9% y la pobreza moderada del 77,6% al
61,1%, según el Banco Central de Bolivia79.
3.151
En relación a la educación, pese a los programas de la materia
implementados, la población de mujeres presenta todavía una tasa de
analfabetismo del 18,24% en relación al 6,11% de varones80, según el INE
en 2012.
d. Mujeres con discapacidad
79
80
3.152
Existe información limitada sobre este sector y la Defensoría del Pueblo
realizó un estudio del estado de situación de los derechos de las mujeres con
discapacidad (Defensoría del Pueblo, 2011), que, entre sus principales
hallazgos, resalta la ausencia de información oficial y confiable sobre
número, grado y tipo de discapacidad, una desagregación por sexo,
asimismo, la Defensoría señala la necesidad de efectuar un estudio de las
consecuencias específicamente para las mujeres.
3.153
La información del INE en 2012 revela datos generales sobre la población
con discapacidad e indica un total de 388.119 personas con algún tipo de
dificultad permanente, de las cuales 189.686 (48.87%) son hombres y
198.433 (51.13%) mujeres.
3.154
Pese a ello, según información generada por el mismo estudio, el 59% de las
mujeres con discapacidad (McD) presentan discapacidad adquirida y el 41%
congénita. Reafirmando la importancia de desarrollar políticas oportunas de
prevención, más aun si se toma conciencia del número global de personas
con discapacidad, las mujeres son el 51.13%. Entre las causas identificadas
de la discapacidad adquirida, en orden de importancia, están las
enfermedades discapacitantes, accidentes domésticos, mala atención del
parto, negligencia médica, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar.
3.155
Las mujeres con discapacidad sufren discriminación laboral y son
particularmente vulnerables en relación al ejercicio de sus derechos sexuales
y reproductivos. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades - además
del Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades "Mujeres Construyendo
la Nueva Bolivia Para Vivir Bien"- ha desarrollado el Plan Nacional de
Información dada a conocer por el `presidente Evo Morales el 22 de enero de 2014.
No incluye personas que residen habitualmente en el exterior y personas que no especifican la pregunta si sabe leer
y escribir.
39
Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad;
ello supone una mejora que debería extenderse a otros sectores.
e. Mujeres y niñas viviendo con VIH-SIDA
81
82
83
84
3.156
La epidemia del VIH inició en Bolivia en 1984, desde entonces y hasta
octubre de 2013 se han diagnosticado 10.580 casos (80% en zonas urbanas)
y se estima una cifra sombra de 16.000 81personas, según el programa
nacional de VIH-SIDA de 2013. Actualmente 2.916 personas reciben el
Tratamiento Antirretroviral y se desconoce oficialmente la situación del resto.
La relación de la epidemia varón-mujer es de 17-10
3.157
En relación a las mujeres, de cada 100 mujeres diagnosticadas82, 25 están
embarazadas y se ha registrado un incremento de la población femenina
diagnosticada en la tercera edad. Asimismo el 62% de casos en la población
de mujeres de 15 a 34 años y la mitad de casos nuevos son menores de 31
años.
3.158
Los principales problemas que afectan a este sector son: el maltrato y la
negligencia médica, la inestabilidad laboral y económica, el estigma y la
discriminación en la familia y el trabajo83.
3.159
Ante el retiro de la cooperación internacional en VIH, se pueden prever
nuevos problemas de financiamiento - según la REDBOL por la dificultad de
Gobernaciones y municipios para garantizar la asignación presupuestaria
correspondiente a - que afectarían directamente al diagnóstico, atención
multidisciplinaria integral, además los tratamientos tanto antirretroviral como
de enfermedades oportunistas según establecen las Leyes No 3729 y No
031.
3.160
En el ámbito laboral el 48.43% de la población de este sector declaró tener
un trabajo informal, siendo ésta su única fuente laboral; un 23.32% se dedica
a las labores de casa, el 19.73% tiene un trabajo formal, el 10.76% estaba
estudiando y 6.73% estaba desocupado en el momento de la encuesta. Un
total de 8 personas viviendo con VIH-SIDA- PVVS declararon que tuvieron
que dejar de trabajar indefinidamente debido a su estado de salud84.
3.161
Asimismo, el 35.87% de las personas encuestadas declara que ellos/as son
la fuente principal de ingresos de la familia.
3.162
Las mujeres son las principales afectadas, pues, en la mayoría de los casos,
son el sustento de su hogar y tienen al menos 2 personas dependientes a su
cargo, lo que supone un endurecimiento de las condiciones de pobreza
sumadas, evidentemente, a la salud afectada de la persona.
3.163
La política para el sector parte de una mirada netamente salubrista, no
cuenta con la participación plena de las personas viviendo con VIH-SIDA
El Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH-SIDA ( ONUSIDA) hace esta estimación, según el Informe: “
Situación actual de la epidemia del VIH/SIDA en Bolivia: Información estadística” del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA
del Ministerio de Salud 1984-2013 (junio)
Esto se debe a que la prueba es voluntaria, salvo en mujeres embarazadas que se practica de manera obligatoria según
la ley No 3729. No necesariamente refleja mayor incidencia sino mayor alcance del diagnóstico.
El estudio se hizo con 223 Personas Viviendo con VIH, voluntarias.
Contexto social, económico y político de las personas viviendo con VIH en siete ciudad de Bolivia. Vivo en Positivo.
Inédito.
40
como sujetos sino en tanto enfermos, pese a la existencia de la ley del
Consejo Nacional del VIH/SIDA y los consejos departamentales aún se
ejerce una política tutelar y asistencial desde el Programa Nacional.
3.164
No existen programas específicos de protección del derecho al trabajo y
otros derechos humanos aparte del derecho a la salud (parcialmente
atendido) apoyo e (re) inserción laboral de PVVS para personas con estado
de salud crítica o episódica (su capacidad de trabajar se ve limitada
temporalmente), en cumplimiento de la recomendación 200 de la OIT.
f. Mujeres trabajadoras sexuales
3.165
El trabajo sexual en Bolivia no está penalizado ni legislado, pero prácticas
como el proxenetismo, la violencia sexual comercial y la trata y tráfico, la
explotación sexual comercial, sí están tipificados dentro de los códigos
nacionales. El informe de sociedad civil Cairo+20 de 2013 señala que las
mujeres dedicadas al trabajo sexual son más de 35.000.-
3.166
Los principales peligros para esta población emergen de las condiciones de
ocultamiento social (estigma, discriminación y abuso policial), lo que las hace
vulnerables a múltiples formas de violencia física, sexual, consecuentemente
traducidas en feminicidios, discriminación y una de las más frecuentes la
explotación por parte de terceras personas (proxenetas y redes de trata).
3.167
El trabajo sexual está estigmatizado y criminalizado en el imaginario social,
razón por la que las mujeres son frecuente y adicionalmente víctimas de
violencia institucional, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, malos
tratos y otros principalmente de agentes policiales y también en los centros
de salud.
3.168
Las políticas orientadas a esta población son sectoriales: salud pública y
seguridad ciudadana. La atención en los servicios de salud es discriminatoria
y el estado no garantiza la atención integral en salud para las trabajadoras
sexuales concentrándose solamente en el control de las ITS y VIH.
3.169
Las reivindicaciones actuales postulan la diferenciación del trabajo sexual85
de la trata y tráfico, la legislación del trabajo sexual desde una política
pública social orientada a proteger a las mujeres de la explotación y
garantizarles condiciones dignas de vida, así como la lucha contra las
distintas formas de violencia y discriminación, principalmente la proveniente
de las instituciones estatales.
g. Mujeres lesbianas, transgénero y transexuales
85
3.170
Lamentablemente no se encuentra disponible información desagregada por
sexo, orientación sexual o identidad de género, sin embargo los datos
generales del sector brindan un panorama aproximado de la realidad .
3.171
El informe presentado por una coalición de organizaciones (Manodiversa et
al., 2014) establece que el “…87% de la población de lesbianas, gays,
bisexuales y trans (LGBT) reporta discriminación respecto a la obtención de
empleo, un 44% de la población LGBT ha sido discriminada alguna vez en su
Trabajo voluntario a partir de los 18 años.
41
empleo, un 50% de la población LGBT no conoce ninguna normativa
nacional e internacional que garantice el derecho a un trabajo...”86
3.172
El mismo documento señala que el 94% de la población LGBT que conoce
alguna normativa existente cree que éstas son insuficientes para garantizar
sus derechos humanos por ello, solo una de cada siete personas, denuncia
los actos de violencia de las que son víctimas. Unos afirman que no hay
respuesta positiva y que las autoridades no hacen nada. Otros no denuncian
por temor a que su condición de persona LGBT quede al descubierto.
3.173
La población ha sido víctima de discriminación, violencia psicológica, física,
sexual y crímenes de odio87 que continúan sin sanción a las personas
responsables. Destaca el caso de Virginia Huanca (lesbiana), quien fue
torturada y agredida en varias ocasiones hasta que murió producto de las
lesiones el 2009, también está el caso más reciente de Luisa Durán (mujer
trans) quien fue brutalmente apuñalada en su domicilio.
3.174
Pese a la existencia de la Ley 045, existe una reticencia de parte de la policía
y el ministerio público a registrar las denuncias como discriminación y
prefieren tipificarlas como riñas y peleas o bajo otras figuras que no reflejan
la verdadera causa de la agresión.
3.175
El Índice de Discriminación Percibida General (IDPG), indica que 24 %, han
percibido en su vida alguna forma de discriminación, particularmente la
población trans con un índice de 49,1% (Conexión, 2010)
3.176
Las instituciones de justicia y la policía resultan ser las que peor servicio
brindan a las personas LGBT. Estas discriminan selectivamente a las
poblaciones trans en un 71,4%, y a Lesbianas 22%. La población LGBT
manifiesta que un 18% ha sido detenido/a arbitrariamente o han sido
agredidos verbal, física o psicológicamente por la Policía Boliviana, y que por
ello no confían ni realizan las respectivas denuncias en esa instancia. Por
ello la población LGBT identifica a la policía boliviana como el principal
violador de los derechos humanos. Ratificando una vez más que la mayor
violencia proviene de las instancias estatales que supuestamente deben
brindar mayor protección. Todo ello pone de manifiesto la deficiente
implementación por parte del estado de los Principios de Yogyakarta
plasmados en el Plan Nacional de Derechos Humanos, y de los estándares
de aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a las
cuestiones de orientación sexual e identidad de género, entre otras.
h. Adultas mayores
3.177
86
87
La población de 65 a más años, significa el 6,12%, del total de la población
según el INE y el 9,3% es mayor de 60 años. Los mayores de 60 años
continúan trabajando, muchos de ellos sin remuneración apoyando en el
cuidado de niños, niñas, discapacitados/as y otros adultos. El 61% pertenece
a la población económicamente activa.
Línea de base y Guía de herramientas jurídicas legales internacionales y nacionales de protección de los Derechos
Humanos de la población de diversa orientación sexual e identidad de género, 2001, Capacitación, Derechos y
Ciudadanía
http://www.la-razon.com/sociedad/ano-registran-asesinatos-homofobia-transfobia_0_1832816735.html
42
3.178
Según el Informe de la sociedad civil sobre los capítulos II, VI, VII y VIII de la
encuesta mundial planteada por la CEPAL, en el proceso de Cairo+20, el
43% de la población adulta mayor es analfabeta correspondiendo dos tercios
a mujeres. Apenas un 20% cuenta con jubilación y sólo 1 de cada 5 es mujer.
3.179
Los programas específicos existentes son la Renta Dignidad que favorece a
1.023.612 (9,3%) de la población, el Seguro de Salud para Personas Adultas
Mayores (SSPAM), acciones de descuento en algunos servicios y protocolos
de tratamiento preferencial. El SSPAM ha sido abrogado el 30 de diciembre
de 2014 mediante la Ley N° 475, Ley de prestaciones de servicios de salud
integral del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo objeto es dar atención
integral y protección financiera en salud, se empezará a implementar según
el Decreto Supremo No 1984.
3.180
Si bien existe como en la mayoría de los casos un marco normativo
garantista de derechos (CPE, la Ley general de las personas adultas
mayores No 369, Renta universal de vejez y gastos funerarios, Ley del
SSPAM No 3323), no existen políticas ni programas generales ni específicos
con enfoque de género dirigidos a: informar y preparar a la población para el
ingreso a esta etapa, promover y difundir sus derechos y generar políticas de
integración activa en la comunidad en el marco del respeto. En diciembre de
2013 el Ministerio de Justicia ha publicado una propuesta base de Política
Pública para las Personas Adultas Mayores que establece 5 ejes de
intervención: Salud; Seguridad de ingresos y ocupación social;
Fortalecimiento institucional; Personas adultas mayores en situación de
vulnerabilidad; Educación. Este documento se refiere de manera general a la
población adulta mayor, no hace referencia al tema de género.
3.181
La población es frecuentemente maltratada en el entorno familiar (despojo
patrimonial, violencia verbal, maltrato y abuso físico, abandono), desprecio e
indiferencia en lo comunitario y sobretodo la violencia institucional en los
centros de salud públicos y otras dependencias privadas y estatales.
También existe maltrato en los ámbitos sindicales, al exigirles trabajos
comunales que no pueden realizar y sancionarles con el despojo de tierra.
3.182
Muchas mujeres adultas mayores se quedan a cargo de la crianza de los
nietos y otras tareas de cuidado, representando un apoyo para la familia, en
especial para mujeres jóvenes, lo que facilita que pueden acceder a la
educación o insertarse en el mercado laboral, gracias a que sus madres
cuidan a sus hijos. Lamentablemente no hay mayores datos sobre este y
otros temas específicos de esta población. 88
i. Mujeres Privadas de Libertad
88
3.183
En Bolivia existen tres causas principales de vulneración de derechos en
población privada de libertad: retardación de justicia, las condiciones
infrahumanas de las cárceles y la discriminación.
3.184
Según un estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) a fines
del 2012, las cárceles de Bolivia presentaban una sobrepoblación de 202%,
apenas después del Salvador con 300% y Haití 218%.
Entrevista con la Abogada Lorena Godoy, experta en Gerontología y Responsable de la Universidad del Adulto Mayor de
la Pastoral Universitaria Normalista Arquidiocesana.
43
3.185
El Informe Bolivia: situación de los derechos de las mujeres privadas de
libertad (MPL) 89establece entre otros que:
3.186
El año 2011 la población carcelaria era en total de 11.516 personas de las
cuales 1344 (12%) eran mujeres y 10.172 hombres. Aproximadamente 565
de las mujeres al 2010 estaban detenidas por delitos de narcotráfico (micro
tráfico), un 14% por delitos contra la vida90.
3.187
El 57% de ellas no cuenta con recursos y tiene un abogado/a de defensa
pública y el 41% tiene abogados particulares. El 8% son adolescentes y el
2% adultas mayores
3.188
Al 2012 por 927 mujeres privadas de libertad habían 226 menores de 0 a 12
años con ellas.
3.189
Tan sólo el 16,7% tiene sentencia y el 83,3 % restante está bajo detención
preventiva.
Fuente: La Razón 02/01/2014
89
90
3.190
El pre diario o estipendio que entrega el Estado para la cobertura de la
alimentación básica es Bs. 8 y el gobierno acaba de transferir la obligación a
los gobiernos departamentales. Este monto no cubre las necesidades
mínimas de las MPL y que, en muchos casos, (28%) es compartido con los
menores que las acompañan en los recintos penitenciarios. El 36% califica la
calidad de los alimentos como mala y 37% como regular.
3.191
Por otro lado, la población femenina detenida ha denunciado ser víctima de
malos tratos por parte de personal de seguridad y adicionalmente ha
reportado la discriminación y maltrato por parte de otras detenidas ya sea por
su edad, su pertenencia indígena, procedencia urbana o rural, nacionalidad y
otros.
3.192
La infraestructura de los recintos es mala y no cuenta con servicios básicos
adecuados, sólo existen tres cárceles femeninas y la atención médica es
Informe Defensorial presentado el 2013
Vale la pena resaltar que entre las mujeres que mataron a sus parejas ninguna estaba imputada de “homicidio por
emoción violenta” lo que muestra el sesgo de género prevalente en el sistema jurídico.
44
general, requiriéndose tramitar permisos especiales para atención ginecoobstétrica.
3.193
Se han registrado contradicciones entre los informes defensoriales y de
régimen penitenciario en torno a la recepción y atención de denuncias de
torturas y malos tratos, por ello se recomienda la creación de una instancia
imparcial que reciba, investigue y esclarezca las mismas, velando por el
bienestar de la población carcelaria.
j. Mujeres trabajadoras del Hogar
3.194
Se ratificó el Convenio 189 “Trabajo Decente para las trabajadoras y los
trabajadores domésticos” que reconoce los derechos de miles de mujeres
que realizan este trabajo en condiciones laborales muchas veces precarias y
que se constituye en un marco normativo internacional favorable para este
sector, defendiendo un trato digno, la libertad de asociarse en sindicatos y el
reconocimiento a la negociación colectiva; así como la eliminación de todas
las formas de trabajo forzoso u obligatorio, el trabajo infantil y de todas las
formas de discriminación, promoviendo entornos laborales seguros y
saludables, la seguridad social, respeto a la privacidad y libertad en
momentos de descanso; así como protección contra el abuso y el acoso.
3.195
Existen dispositivos legales vigentes que no se implementan a cabalidad por
falta de reglamentos y capacidad de alcance de las instituciones
responsables para su cumplimiento; así como por su baja afiliación gremial,
el desconocimiento de la normativa laboral por las mismas trabajadoras y de
sus empleadores91,
3.196
Frecuentemente se vulneran el derecho a la maternidad, a la seguridad
laboral y el principal problema en caso de las adolescentes es la explotación
por su condición92.
C.
Problemáticas particulares o emergentes
1.
Migrantes y crisis financiera internacional
3.197
La crisis financiera ha afectado principalmente a los países europeos
receptores tradicionales de migrantes bolivianos como es el caso de España,
Italia y Argentina en Sudamérica. Según el censo 2012 de un total 562.461
emigrantes disgregados por sexo tenemos 276.158 hombres y 286.303
mujeres, el rango etario más fuerte está entre los 15 y 29 años.
3.198
El cierre de empresas, los recortes de gasto social y otras medidas
ocasionaron oleadas de retorno de migrantes, poniendo a prueba la
capacidad del país para facilitar la reinserción productiva-laboral de esta
población que a través de las remesas constituyó un aporte importante a la
economía nacional.
3.199
El 2008 las remesas fueron de 821 millones de dólares y cayeron durante el
2009 y 2010 a 755 y 675 millones respectivamente, recién el 2013
91
CIDES-UMSA 2013 Estado de situación del trabajo asalariado del hogar en Bolivia. Por F. Wanderley
92
Ibid.
45
empezaron a recuperarse y el monto subió nuevamente a 814 millones de
dólares.
2.
3.200
En Bolivia, un cuarto de la población ha migrado al exterior y la migración
interna es creciente. En este sentido, la Ley No 370 de Migración,
promulgada el 08 de mayo de 2013 es un avance en cuanto al enfoque de
género que posee y los derechos que reconoce a favor de las mujeres93,
principalmente debido a que las mujeres representan el 70% de las/os
migrantes bolivianos/as,
3.201
La implementación plena de esta Ley y el diseño de políticas públicas
efectivas de protección, que permitan enfrentar la vulnerabilidad a la cual se
encuentran expuestas por condiciones de trabajo precarias, inseguridad
social y violencia94, acompañadas de programas de inversión productiva de
las remesas y reinserción laboral contribuirían a mejorar las condiciones de
vida de ellas y sus familias de manera sostenible.
Protección Supranacional - Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
3.202
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha permitido
a la sociedad encaminar denuncias contra el Estado por la acción u omisión
de su obligación de respetar, proteger y promover la vigencia plena de los
Derechos Humanos en el marco de los compromisos internacionales
contraídos.
3.203
El año 2001 organizaciones de mujeres de Bolivia y América Latina
presentaron ante esa instancia el caso de MZ, mismo que fue admitido por la
Corte y el 2008 se firmó un acuerdo de solución amistosa en el cual el
Estado reconoció su responsabilidad por los hechos denunciados
comprometiéndose a adoptar una serie de medidas y políticas en relación a
la prevención, atención y sanción adecuada de los casos de violencia en el
sistema judicial, pese a ello, aún no se ha dado cumplimiento y se continua
evaluando su implementación.
3.204
Este año, en audiencia sobre la situación del derecho a la vida de las
mujeres en Bolivia, se informó que las tasas de asesinatos de mujeres están
entre las más altas en la región, y representan una causa de muerte mayor
que la violencia generada por la delincuencia común. Pese a que en los
últimos años el Estado habría tomado medidas legislativas dirigidas a
remediar esta situación, las mismas aún no se aplicarían por falta de
presupuesto y personal especializado en el manejo de la violencia de género.
Esto se agravaría debido a una administración de justicia cargada de
estereotipos de género que le resta importancia a este tipo de casos, que
generalmente terminan en la impunidad. Asimismo, se informó que Bolivia
tiene tasas muy altas de mortalidad materna, generadas en gran parte por la
criminalización del aborto, que obliga a las mujeres a recurrir a métodos
inseguros y clandestinos. La Comisión por su parte manifestó su
Balance del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer en torno los principales avances y desafíos en torno
a la Ley No 370 y su aplicación.
94 Ibid.
93
46
preocupación por la falta de aplicación de la normatividad y su consecuente
inefectividad en revertir los fenómenos de violencia contra la mujer95.
3.205
95
Si bien el recurso no es plenamente eficaz porque carece de mecanismos de
coerción sobre los estados, su existencia por sí misma, garantiza a la
victimas el derecho a la defensa, la posibilidad de una investigación imparcial
y a un control supranacional. Es preocupante que, la politización de su
jurisdicción junto con la amenaza de retiro de algunos gobiernos de la
Convención Americana de Derechos Humanos, ha provocado un profundo
debilitamiento del sistema internacional de protección de los Derechos
Humanos, ante ello es necesario fortalecer éste y otros mecanismos
vinculantes demandando a los Estados mayor adhesión en materia de
compromisos con los Derechos Humanos.
Informe sobre el 150 periodo de sesiones de la CIDH del 20 de marzo al 4 de abril de 2014.
www.oas.org/es/cidh/actividades/sesiones.asp consultado el 3 de mayo de 2014
47
IV.
96
BALANCE DEL PAPEL DEL ESTADO
4.1
La implementación de los obligaciones para el avance de las mujeres se ha
caracterizado - salvo el intenso trabajo de construcción de propuesta y
cabildeo de las organizaciones de mujeres que ha tenido influencia
constante,- por el voluntarismo político, la parcialidad, dispersión y
desarticulación de la institucionalidad en género, la ausencia de políticas
públicas de Estado, por lo cual no se ha logrado la construcción de una
memoria institucional que permita implementar programas de evolución
progresiva basados en evidencia y experiencia.
4.2
La persistencia de las condiciones actuales en el abordaje de género
advierte la precariedad del Estado, tal falencia estructural constituye una
fuente principal de violencia institucional96 y reproducción del sistema
patriarcal.
4.3
Uno de los principales problemas de la administración pública es la escasa
capacidad de coordinación interinstitucional que impide el desarrollo de
iniciativas, su coordinación e implementación intergubernamental o con
instancias departamentales o municipales. Esta falta de coordinación se
agrava cuando la instancia es de menor jerarquía como en este caso:
viceministerio o dirección.
4.4
Es perceptible la falta de personal cualificado, que conozca y aplique la
normativa principalmente con enfoque de derechos humanos y de género. El
conocimiento especializado en la materia permitiría subsanar los problemas
emergentes de la falta de normativa o procedimientos expresos que son
frecuentemente aludidos como impedimento para la ejecución de programas
4.5
La implementación de programas y planes se miden por número de
capacitaciones o personal capacitado y se descuida la visibilización del
impacto y los resultados (cualitativo). Por ejemplo, personal capacitado que
aplica convenciones internacionales a favor de las mujeres en el órgano
ejecutivo o judicial. La carencia de indicadores cualitativos, o peor aún, con
enfoque de Derechos Humanos no permiten dar el salto entre la cantidad y la
calidad de los resultados, es decir, entre discurso y realidad.
4.6
Otro problema es la carencia de enfoque de largo plazo en la gestión. Éste
se caracteriza por ser reactivo frente a problemas inmediatos y no es capaz
de prever y anticiparse a las circunstancias futuras con programas y acciones
adecuadas. Nuevamente el enfoque de derechos humanos otorga el carácter
de progresividad a los resultados alcanzados y alienta la superación
constante de los Estados.
De acuerdo a la Ley 348, violencia institucional es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de
personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que
retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.
V.
RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
GENERALES
5.1
Crear mecanismos institucionales de máxima jerarquía, con personal idóneo
y presupuestos suficientes a las políticas y normas orientadas a reducir la
desigualdad de género.
5.2
Recomendar al Estado ponerse al corriente de los informes pendientes a
diferentes mecanismos multilaterales y efectuar los mismos con un enfoque
de género.
5.3
Impulsar la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas
junto a variables tales como: pertenencia étnica, orientación sexual, edad,
condición social, condición de salud crónica: discapacidad, VIH, otras.
5.4
Incorporar variables transversales de discriminación a las mujeres tales como
raza, edad, idioma, pertenencia étnica, religión, distinto grado de
discapacidad, etc. en las políticas y programas públicos de igualdad
mediante acciones afirmativas positivas focalizadas.
5.5
Articular las distintas instancias del Estado para la implementación de planes
y programas con enfoque de género en el área económica, social y cultural.
5.6
Promover políticas públicas de rehabilitación e inserción laboral de todas las
formas y grados de discapacidad, con enfoque de género y conducir estudios
e investigaciones que permitan contar con información más precisa sobre
esta población.
5.7
Fortalecer mecanismos nacionales para el avance de la mujer y lucha contra
todas las formas de violencia y discriminación, articulados con los niveles
subnacionales de gobierno.
5.8
Impulsar la equidad, el fin de la violencia y la discriminación por motivos de
género, y el pleno acceso femenino a la educación, la salud, el empleo y los
derechos sexuales y reproductivos en la agenda de objetivos de desarrollo
sostenible según señala el documento de conclusiones del 58 periodo de
sesiones de la comisión de la condición social y jurídica de la mujer.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
5.9
Incorporar, transversalizar y visibilizar que los programas y presupuestos
incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter
estructural de las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las
mujeres, en particular las que viven en el área rural, las mujeres indígenas,
las mujeres niñas o adultas mayores entre otras.
5.10
Invertir en el alcance y calidad de los servicios para mejorar el impacto de las
transferencias condicionadas y evitar la disminución de acumulación de
capital humano implícito en las transferencias.
5.11
Generar desde el estado condiciones materiales como establecimientos de
cuidado infantil, campañas orientadas a involucrar a los hombres en las
tareas de cuidado para que las mujeres puedan acceder realmente a mejores
oportunidades de acceso a educación y empleo.
97
5.12
Establecer políticas y programas específicos de educación que abarquen el
tema de la educación y orientación sexual sin prejuicios religiosos ni
moralizantes, cumpliendo el artículo 14 de la CPE, así como protocolos de
atención específicos, que provengan de un serio enfoque en la salud de
todas las personas que acuden a la atención médica, sea con fines de
prevención de enfermedades o tratamiento de ellas.
5.13
Promover la aplicación de la disposiciones 106 J ) y 106 k) de la PAM
relativas a la repercusión sobre la salud de los abortos realizados sin
condiciones de seguridad y la necesidad de reducir el número de abortos,
según las recomendaciones A/RES/S-23/3
5.14
Intensificar la lucha contra la violencia y la discriminación, principalmente en
el ámbito institucional97, mediante capacitación al personal involucrado en el
tratamiento de la violencia hacia las mujeres, evaluación del personal por
resultados y la investigación y sanción de los casos de maltrato o
discriminación.
5.15
Promover una reforma estructural del sistema judicial, generando
condiciones de detención acordes a estándares de DDHH en particular para
las mujeres privadas de libertad. El Estado debe promover el acceso a la
justicia, protección frente a toda forma de violencia, servicios de salud
adecuada, servicios básicos, infraestructuras adecuadas. La prolongación de
la retardación de justicia y la detención preventiva en las condiciones
actuales constituyen una violación sistemática de los derechos humanos
perpetrada desde las instancias del Estado.
5.16
Fortalecer el sistema internacional de promoción y defensa de los Derechos
Humanos, instando a los Estados a reafirmar y profundizar su compromiso
con los mecanismos supranacionales (mecanismos de los tratados,
relatorías, informes especiales, etc. )
5.17
Reformar el sistema fiscal e incrementar el gasto orientado a garantizar la
ampliación y mejora del acceso a los servicios públicos como educación,
salud, justicia (entendida como servicio) y otros. Los servicios públicos
gratuitos son un instrumento imprescindible en la lucha contra la desigualdad
económica, al mitigar la distribución sesgada de renta.
5.18
Impulsar el ejercicio de los derechos y la participación efectiva de la mujer en
la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, desarrollo sustentable
en todos los niveles nacionales y locales.
5.19
Establecer mecanismos vinculantes de participación (autoridades, personas
expertas, academia y sociedad civil), y monitoreo social a la implementación
de las recomendaciones de organismos internacionales y a su vez promueva
evaluaciones participativas y públicas periódicas que permitan detectar
oportunamente las amenazas y debilidades de las políticas públicas, de los
marcos normativos e institucionales, a fin de adoptar las acciones correctivas
o enmiendas y viabilizar su eficaz desempeño.
Según la definición de la ley No 348 es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de
instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde,
obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.
5.20
Identificar y sancionar a los responsables de acoso político a fin de garantizar
la apertura y acceso pleno a todos los espacios de poder y de toma de
decisiones por parte de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.
Asimismo se plantea la necesidad de la democratización con enfoque de
género de las organizaciones sociales y políticas.
5.21
Profundizar y precautelar la participación política de las mujeres en equidad
en instancias públicas, organizaciones políticas y de la sociedad civil.
5.22
Promover la construcción y/o aplicación de indicadores cuali-cuantitivos de
nivel internacional basados en el enfoque progresivo del ejercicio de los
Derechos Humanos de las mujeres que permitan realizar comparaciones
entre países en periodos distintos.
5.23
Orientar las políticas públicas y las acciones a partir del reconocimiento de la
universalidad de los derechos humanos concebidos como derechos
absolutos, así las acciones específicas a favor de poblaciones
particularmente vulnerables deben extenderse paulatinamente al resto de la
sociedad bajo el criterio de progresividad. Por ejemplo un seguro integral de
salud que brinde cobertura inicial a las poblaciones más vulnerables.
5.24
Crear y establecer un sistema integrado de información pública sobre la
situación de las mujeres, sostenible y alimentado por los distintos órganos de
gobierno, como por instituciones académicas y de la sociedad civil, para
contribuir a la toma de decisiones y la evaluación periódica de resultados.
5.25
Desarrollar sistemas de información pública para la planificación y evaluación
de resultados que incluyan datos desglosados por sexo y edad en todas las
esferas. Además es necesario generar vínculos de manera amplia con las
diferentes organizaciones de la sociedad civil.
VII. BIBLIOGRAFÍA
Amani El Jack.
"Género y conflictos armados. Informe general". Bridge-Development
Center. Londres. 2013
Amanda Alexanian.
Género y medios de comunicación. Indera, consultoría de género. Madrid.
2012.
Benso, Carmen.
Ensayo: Exclusión, discriminación y resistencias: El acceso de la mujer al
sistema educativo. Universidad de Vigo. 2010
BOLIVIA, GACETA OFICIAL
Ley No 475 de 30 de diciembre de 2013
Ley de prestaciones de servicios de salud integral del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Ley No 348 del 9 de marzo de 2013
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
Ley No 300 de 08 de marzo de 2013
Ley de Migraciones
Ley No 341 de 05 de febrero de 2013.
Ley de participación y control social
Ley No 263 de 31 de julio de 2012
Ley Integral contra la trata y tráfico de personas
Ley No 243 del 28 de Mayo de 2012
Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres
LEY No 045 del 08 de Octubre de 2010
Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
LEY No 018 del 16 Junio 2010
50
Ley del Órgano Electoral Plurinacional
Ley del Órgano Judicial
Ley del Régimen Electoral
LEY No 027 del 06 Julio 2010
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional
LEY No 031 del 19 Julio 2010
Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.
Decreto Supremo No 1984 de 30 de abril de 2014
Reglamento a la ley no 475.
Decreto Supremo No 0762 del 5 de enero de 2011
Reglamento a la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
Decreto Supremo No 29894 del 07 Febrero 2009
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional
Decreto Supremo No 29850 del 10 Diciembre 2008
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "MUJERES
CONSTRUYENDO LA NUEVA BOLIVIA PARA VIVIR BIEN".
Católicas por el Derecho a Decidir
Línea de base y Guía de herramientas jurídicas legales internacionales y
nacionales de protección de los Derechos Humanos de la población de
diversa orientación sexual e identidad de género, 2001, Capacitación,
Derechos y Ciudadanía.
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
Brechas de género: un desigual acceso al mercado laboral para las
jóvenes bolivianas Juneau, Caroline, Cooperante Cuso. Julio 2013
http://cedla.org/content/41808 Consultado 20 de mayo de 2014
51
CEPAL
Observatorio para la igualdad de género en América Latina y el Caribe:
Notas de igualdad (2014)
CEPAL
Nives, María. Género, Medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo.
Serie mujer y desarrollo. Cuaderno No 25. Unidad Mujer y Desarrollo.
1998
CIDES-UMSA
Estado de situación del trabajo asalariado del hogar en Bolivia. Por F.
Wanderley
Cobo, Rosa.
Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal.
Catarata. Madrid. 2011
Coordinadora de la Mujer
Compilación de instrumentos legales de protección de los derechos de las
mujeres: Argentina Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. 1ª edición. Bolivia.
2011
CONEXIÓN
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Discriminación y Derechos de
la población TLGB, Conexión Fondo de Emancipación, 2011.
http://www.conexion.org.bo/uploads/EncuestaNacional2010.pdf
CONEXIÓN, 2014
Fichas Estadísticas Municipales de Información. Elaborado por Aruquipa,
Nelson. Conexión, La Paz-Bolivia 2014.
CONEXIÓN-UNFPA
Informe de la Sociedad Civil sobre los Capítulos II, VI, VII Y VIII de la
Encuesta Mundial planteada por la CEPAL, en el proceso de Cairo+20. La
Paz, Bolivia. Julio 2013.
Debate Feminista
Revista cuerpos sufrientes. Año 19, vol. 37. México. Abril 2008
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Estado de situación de los derechos de las mujeres con discapacidad:
recomendaciones defensoriales. La Paz, Bolivia. UNFPA, 2011
Bolivia: situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Informe Defensorial (nacional). La Paz, Bolivia, 2013
Violencia sexual contra las mujeres. Informe Defensorial (nacional). La
Paz, Bolivia. 2012
Feminicidio en Bolivia. Informe Defensorial (nacional). La Paz, Bolivia. La
Paz, Bolivia. 2012
52
Di Cesare , Mariachiara.
Revista Notas de Población. No 84Estudio sobre patrones emergentes en
la fecundidad y la salud reproductiva y sus vínculos con la reducción de la
pobreza en América Latina y el Caribe.
Wanderley, Fernanda
¿Qué cambio en el mercado de trabajo para hombre y mujeres en
Bolivia? (2001-2011). En Revista Umbrales n. 27, CIDES-UMSA, 2014
(inédito)
Gerenssa.
Estudio sobre violencia de género y generacional en Bolivia. Gerenssa
Consultores
SRL.
2013.
Consultado
en:
http://www.bivica.org/upload/violencia-genero-generacional.pdf
MANODIVERSA et al.
Informe presentado como aporte de la sociedad civil a la 2ª ronda de
Examen Periódico Universal (EPU). Marzo 2014
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
Economía Plural. Boletín mensual del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas. Abril 2014
MINISTERIO DE JUSTICIA et al.
Compilación de Observaciones y recomendaciones sobre Derechos de
las mujeres de los Mecanismos internacionales de Protección al Estado
Plurinacional de Bolivia. Compilación: Comunidad de Derechos Humanos.
2011
MINISTERIO DE SALUD
“Situación actual de la epidemia del VIH/SIDA en Bolivia: Información
estadística” Programa Nacional ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud
1984-2013 (junio)
NAVARRO, Flavia.
El bono Juancito Pinto del Estado Plurinacional de Bolivia: programas de
transferencias monetarias e infancia. En CEPAL.-Colección de
Documentos de proyectos.
REDLB BOL et al.
Informe anual derechos humanos: personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero del Estado Plurinacional de Bolivia. Santa
Cruz, Bolivia 2014
OEA-PNUD
“La democracia de ciudadanía: una agenda para la construcción de
ciudadanía en América Latina”. 96 p. 2009
OEA-Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Informe sobre el 150 periodo de sesiones de la CIDH del 20 de marzo al
4 de abril de 2014. www.oas.org/es/cidh/actividades/sesiones.asp
consultado el 3 de mayo de 2014
53
OACNUDH
Informe Anual de la Alta Comisionada de derechos humanos- Oficina en
Bolivia. Febrero, 2013 Doc. A/HRC/22/17/Add.2
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
Una mirada a las condiciones de trabajo de algunos colectivos
especialmente vulnerables: Programa de la Estrategia Iberoamericana de
Seguridad y Salud en el trabajo (2010-2013).
ONUMUJERES
Los Derechos de las mujeres: Avances y desafíos desde el punto de vista
de las bolivianas. ONUMUJERES, 2012
OXFAM
Gobernar para la mayoría: servicios públicos contra la desigualdad .
www.oxfam.org consultado el 20 de abril de 2014.
PNUD
Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.Seguridad ciudadana
con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina.
PNUD. Noviembre 2013
PNUD
Informe nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia: los cambios detrás
del cambio desigualdades y movilidad social en Bolivia. PNUD. 2010
Varias organizaciones.
“Agenda Política desde las Mujeres: Elecciones Nacionales 2014”. La
Paz. 2014.
Vicepresidencia del Estado Plurinacional
Chávez, Patricia et al. 2009. Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
UNIFEM
“Muy lejos de los derechos cósmicos más cerca de la dignidad”
investigaciones hacia la acción del programa de equidad de género de
UNIFEM. Serie Investigaciones 3. Año 2009
UNFPA
Plan de Acción del Programa de País entre el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia y El Fondo de Población de las Naciones UnidasUNFPA 2013-2017. Noviembre 2012
54
VIII.
ANEXOS
Anexo 1 Protocolo Metodológico
Para la ejecución de los talleres se escogieron técnicas de metodología prospectiva, orientadas a establecer
un diagnóstico de la situación actual que además facilite el análisis y planificación estratégica de políticas
públicas orientadas a construir un futuro deseado.
El resultado de este ejercicio exploratorio permite contar con una visión del escenario boliviano y de los
factores más influyentes en los próximos 10 años.
La metodología prospectiva permite registrar y analizar ese proceso planteando la apertura de nuevos
desafíos y compromisos para profundizar la PAM tomando en cuenta las especificidades nacionales.
Se diseñaron 3 herramientas: Café latino, Matriz de Impacto Cruzado para análisis de variables (MICMAC) y
Matriz de análisis de Actores (MACTOR)
La técnica denominada “café latino”, construye una visión al 2025 a partir de la cual se diagnostica el
presente, desde la brecha que lo separa del futuro deseado. Mirar al futuro permite posicionarse y encontrar
elementos comunes que muchas veces desde nuestras particularidades no podemos ver, nos permite
superar las diferencias circunstanciales y eso facilita el trabajo.
Posteriormente se construyen escenarios prospectivos de manera participativa sobre la base de un par de
variables o hipótesis seleccionadas por las participantes en función de la importancia que asignan a estos
factores o eventos.
Los escenarios resultantes y sus características nos permiten hacer una lectura de la realidad y análisis del
futuro, comprendiendo las variables (tecnológicas, sociales, culturales, ambientales, políticas, económicas) y
eventos determinantes que eventualmente pueden presentarse. Así es como la metodología permite explorar
el futuro para así poder comprenderlo e influir en él anticipándonos. El ejercicio se combinó con una matriz
de análisis de impacto cruzado, que verifica y ordena las variables por su capacidad de influencia y una
matriz de análisis de actores en función de su afinidad o rechazo frente a los objetivos estratégicos de la
PAM.
Adicionalmente, se aplicó una encuesta de dos fases a un grupo de expertas, sus opiniones (juicios de valor
basados en conocimiento, experiencia, imaginación, sentido común o intuición), acerca de su percepción
entorno a avances y desafíos en la implementación de la PAM, los resultados fueron sistematizados en una
matriz sobre la base de consensos y disensos, misma que fue validada con el mismo grupo en la segunda
fase.
55
Anexo 2 Listado de Recomendaciones de los Comités a los informes examinados estos últimos años
i.
Observaciones finales del Comité sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional
de Bolivia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), presentado el 14 y
16 de octubre de 201398.
ii.
Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre el segundo informe periódico del
Estado Plurinacional de Bolivia, presentado del 16 al 17 de mayo de 201399.
iii.
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, presentado
del 15 al 16 de febrero de 2011100.
iv.
Informe Final del Consejo de Derechos Humanos al Examen Periódico Universal (EPU) 101 presentado el 14 de febrero de 2010.
v.
Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño (CDN)102 presentado el 17 de
septiembre de 2009.
vi.
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) presentado el 15 de enero de 2008103.
vii.
Observaciones finales del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)104. Presentado del 6 a 7 de mayo de 2008.
Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BOL&Lang=EN consultada el 10 de
abril de 2014
98
99
100
101
102
103
104
El Comité de Derechos Humanos examinó el tercer informe periódico presentado por Bolivia en sus sesiones 3010ª y
3011ª. En su 3030ª sesión celebrada el 29 de octubre de 2013, el Comité aprobó las observaciones finales
El Comité contra la Tortura examinó el segundo informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia en sus sesiones
1148ª y 1151ª, y aprobó en sus sesiones 1165ª y 1166ª los días 29 y 30 de mayo de 2013, las observaciones finales.
El Comité examinó los informes periódicos 17º a 20º del Estado Plurinacional de Bolivia, presentados en un único
documento, en sus sesiones 2053ª y 2054ª. En su 2078ª sesión, celebrada el 4 de marzo de 2011, aprobó las
observaciones finales
El informe final fue adoptado en su 14o sesión, realizada el 9 de junio de 2010
El Comité examinó el cuarto informe periódico de Bolivia en sus sesiones 1430a y 1431a, y aprobó las
observaciones finales en su 1452a sesión, celebrada el 2 de octubre de 2009.
El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Bolivia en sus sesiones 811a y 812a, celebradas
el 15 de enero de 2008.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe periódico de Bolivia sobre la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus 11°, 12° y 13° sesiones, y en
su 25° sesión, celebrada el 16 de mayo de 2008, aprobó sus observaciones finales.
56
Anexo 3 Estado de Ratificaciones de Tratados por parte del Estado Plurinacional de Bolivia
Tratado
Firma Fecha
Ratificación Fecha, adhesión (a),
la sucesión (d) Fecha
CAT - Convención contra la Tortura y Otros Tratos
Crueles Inhumanos o Degradantes o Castigos
04 de febrero
1985
12 de abril 1999
CAT-OP - Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura
22 de mayo
2006
23 de mayo 2006
CCPR - Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
12 de agosto 1982 (a)
CCPR-OP2-DP - Segundo Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte
12 de julio 2013 (a)
CED - Convenio para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas
06 de febrero
2007
17 de diciembre 2008
CEDAW - Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
30 de mayo
1980
08 de junio 1990
CERD - Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial
07 de junio 1966
22 de septiembre 1970
CESCR - Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
12 de agosto 1982 (a)
CMW - Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares
16 de octubre 2000 (a)
CDN - Convención sobre los Derechos del Niño
08 de marzo
1990
CRC-OP-AC - Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación
de niños en los conflictos armados
26 de junio 1990
22 de diciembre 2004 (a)
CRC-OP-SC - Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños la prostitución infantil y la pornografía infantil
10 de noviembre 03 de junio 2003
2001
CDPD - Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
13 de agosto
2007
16 de noviembre 2009
57
La aceptación de los procedimientos individuales de denuncia por parte del Estado Plurinacional de
Bolivia
Tratado
La aceptación de los
procedimientos de
quejas individuales
Fecha de aceptación / no
aceptación
CAT, Art.22 - procedimiento de denuncias individuales
en virtud de la Convención contra la Tortura
SÍ
14 de febrero 2006
CCPR-OP1 - Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
SÍ
12 de agosto 1982
CED, Art.31 - procedimiento de denuncias individuales
en virtud de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas
N/A
CEDAW-OP - Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
SÍ
27 de septiembre 2000
CERD, Art.14 - procedimiento de denuncias
individuales en virtud de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial
SÍ
14 de febrero 2006
CESCR-OP - Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
SÍ
13 de enero 2012
CMW, Art.77 - procedimiento de denuncias
individuales en virtud de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
N/A
CRC-OP-IC - Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño
SÍ
02 de abril 2013
CDPD-OP - Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
SÍ
16 de noviembre 2009
Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=21&Lang=EN consultada el 17 de mayo de 2014
58
Anexo 4 Lista de leyes y decretos supremos
Ley No 475 de 30 de diciembre de 2013
Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia
Ley No 348 del 9 de marzo de 2013
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
Ley No 341 de 05 de febrero de 2013.
Ley de participación y control social
Ley No 263 de 31 de julio de 2012
Ley Integral contra la trata y tráfico de personas
Ley No 243 del 28 de Mayo de 2012
Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres
Ley No 070 del 20 de Diciembre de 2010
Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Perez
Ley No 045 del 08 de Octubre de 2010
Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
Ley No 031 del 19 Julio 2010
Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.
Ley No 027 del 06 Julio 2010
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional
Ley No 026 del 30 Junio 2010
Ley del Régimen Electoral
Ley del Órgano Judicial
Ley del Órgano Electoral Plurinacional
59
Ley No 4021 de 14 de abril de 2009
Ley de Régimen electoral transitorio
Ley No 370 de 08 de mayo de 2013
Ley de Migraciones
Ley No 369de 03 de mayo de 2013
Ley General del Adulto Mayor
Ley No 342 de 21 de febrero de 2013
Ley de la Juventud
Ley No 054 de 08 de noviembre de 2010
Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley No 223
Ley General para las personas con discapacidad.
Ley No 2426 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)
Ley No 975 de 2 de marzo de 1988, de estabilidad laboral de la
trabajadora embarazada
Ley No 1674 contra la violencia en la familia o violencia doméstica
Decreto Supremo No 0762 del 5 de enero de 2011
Reglamento a la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
Decreto Supremo No 29894 del 07 Febrero 2009
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional
Decreto Supremo No 29850 del 10 Diciembre 2008
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "MUJERES
CONSTRUYENDO LA NUEVA BOLIVIA PARA VIVIR BIEN".
Decreto supremo No 25087
Reglamento de la Ley contra la violencia en la familia o doméstica
60
LEYES Y DECRETOS SUPREMOS CON INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
2009-2013
Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio (abril 2009)
Incluye los criterios de paridad y alternancia en la presentación de candidaturas
plurinominales en los procesos electorales nacionales, departamentales y
municipales de 2009 y 2010 (diputados/as, senadores/as, concejales/as,
alcaldesas, asambleístas departamentales, gobernadores/as).
Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal (mayo 2010)
Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal.
Ley 025 del Órgano Judicial (junio 2010)
Incluye criterios de paridad y alternancia en el proceso de preselección de
candidatos/as para la elección de altas magistraturas del Órgano Judicial.
Ley 01 de Órgano Electoral Plurinacional (junio 2010)
Incluye criterios de paridad y alternancia en el proceso de preselección de
candidatos para la elección de vocales de los Tribunales Supremo Electoral y
Tribunales Electorales Departamentales del Órgano Electoral.
Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional (julio 2010)
Incluye criterios de paridad y alternancia en la conformación del Tribunal
Constitucional Plurinacional.
Ley 026 de Régimen Electoral (julio 2010)
Incluye los criterios de paridad y alternancia en la presentación de candidaturas
plurinominales y uninominales en los procesos electorales nacionales,
departamentales y municipales (diputados/as, senadores/as, concejales/as,
alcaldesas, asambleístas departamentales, gobernadores/as).
Ley 031de Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andres Ibanez” (julio
2010)
Incluye la equidad de género e igualdad de oportunidades entre sus principios y la
finalidad, además, en las formas de gobiernos de las entidades territoriales
autónomas. Plantea la necesidad de incluir la equidad de genero en Estatutos
Departamentales y Cartas Municipales, en la planificación y distribución de
recursos.
Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (octubre 2010)
Creación de la política pública de prevención y lucha contra toda forma de
61
discriminación, con perspectiva de genero. Incluye definiciones sobre equidad de
genero, misoginia, homofobia y transfería. Se sanciona el racismo y la
discriminación. Incluye mecanismos para denuncia, e incorpora medidas de acción
afirmativa contra la discriminación.
Ley 054 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes (noviembre de
2010)
Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley 065 de Pensiones (diciembre 2010)
Incorpora criterios diferenciados para que las mujeres accedan a las pensiones
(edad, reconocimiento de un ano por hijo/a hasta el/la tercero/a).
Ley 070 Educación “Avelino Sinani-Elizardo Perez” (diciembre 2010)
Incluye la despatriarcalizacion como principio y finalidad de la educacion.
Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional (diciembre 2010)
Incluye entre sus principios la igualdad de genero. Reconoce el acceso de las
mujeres a la justicia y a cargos de decisión. Además, el respeto a los derechos
fundamentales de las mujeres y ninas/os a una vida libre de violencia,
sancionando ante la justicia ordinaria los delitos de trata y tráfico, violación,
asesinato y violencia contra los/as ninas/os.
Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida
segura” (julio 2012)
Incorpora la equidad de genero y derechos humanos como marco de la politica
nacional de seguridad ciudadana. Incluye la violencia en el ambito publico y
privado. Plantea incluir el enfoque de genero en planes, programas y proyectos.
Ley 263 Integral Contra la Trata y Trafico de Personas (julio 2012)
Define los delitos de trata y trafico e incluye la consideración de la perspectiva de
genero y no discriminación. Sanciona el proxenetismo, la pornografía. Prioriza a
las víctimas. Incluye medidas de prevención con enfoque de genero
Ley 260 Orgánica del Ministerio Público (julio 2012)
Establece la creación de las fiscalías especializadas. Incluye Mecanismos de
protección en casos de mujeres y niñas victimas de trata y tráfico. Prohíbe la
conciliación en casos de violencia. Considera la capacitación de personal de las
fiscalías con enfoque de género. Sanciones para funcionarios/as que no cumplan
sus deberes de protección a víctimas.
62
Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Politica en Razon de
Genero (mayo 2012)
Incluye como delitos la figura del acoso y la violencia política, considera sanciones
y el procedimiento a traves de la vía penal.
Ley 309 de Ratificacion del Convenio 189 (noviembre
Se ratifica el Convenio 189 de la Organizacion Internacional del Trabajo, sobre el
trabajo decente para las Trabajadoras Asalariadas del Hogar.
Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
(marzo 2013)
Reconoce como delitos al feminicidio, el acoso sexual y establece sanciones y un
procedimiento para el tratamiento de diferentes formas de violencia contras las
mujeres. Establece la elaboracion de una política nacional para luchar contra la
violencia, en prevencion, atencion, persecucion, rehabilitacion.
DS 0012 (febrero 2009)
Decreta la inamovilidad de las mujeres en situacion de embarazo.
DS 0115 (febrero 2009)
Tiene como objetivo garantizar que todas las mujeres, durante el periodo de
lactancia, tengan tiempos de descanso en el dia, no inferiores a una hora, para
que puedan dar de lactar a sus hijos/as menores de seis meses, y prolongada, por
lo menos hasta dos anos.
DS 1302 y 1320 para la “Erradicacion de la Violencia Sexual en las Unidades
Educativas” (agosto 2012)
Establece mecanismos que coadyuven a la erradicacion de la violencia, maltrato y
abuso que atente contra la vida e integridad fisica, psicologica y/o sexual de ninas,
ninos y adolescentes estudiantes. En el ambito educativo, plantea el desafio de
transformar las relaciones de poder y el ejercicio autoritario desde el cual se
vulneran los derechos de ninos/os y adolescentes en las escuelas y la impunidad
de quienes cometen estos actos
DS 1363 (septiembre 2012)
Se declara de prioridad y necesidad en todo el territorio del Estado Plurinacional la
difusion y la realizacion de una campana de sensibilizacion y concientizacion
dirigida a la poblacion en general, con el objetivo de prevenir, luchar y erradicar
toda forma de violencia hacia las mujeres, autorizando al Ministerio de Economia y
63
Finanzas la otorgacion de recursos economicos para este fin. Se crea el “Comite
de Lucha Contra Toda Forma de Violencia Hacia las Mujeres”.
DS 1486 (febrero de 2013)
Reglamenta la Ley No 265 Integral contra la trata y trafico de personas.
Fuente: Informe de la Sociedad Civil sobre los Capítulos II, VI, VII Y VIII de la Encuesta Mundial planteada por la CEPAL, en el
proceso de Cairo+20. La Paz, Bolivia. Julio 2013.
64
Anexo 5 Organizaciones y personas participantes
Nuestro sincero agradecimiento a todas las organizaciones impulsoras de este informe, a aquellas que
colaboraron en la ejecución de los talleres y a quienes participaron en los grupos focales, encuestas y
entrevistas. Finalmente a quienes hicieron aportes, observaciones y correcciones a las versiones
preliminares.
LISTADO DE PARTICIPANTES, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS
Ximena Machicao
Consultora especialista en Género
Betti Pinto
Defensoría del Pueblo
Mirela Armand Ugon
Especialista en Género y Planificación (IFFI)
Gracia Violeta Ross Quiroga
Red de Personas Viviendo con VIH-SIDA en Bolivia (REDBOL)
Miriam Suárez Vargas
Casa de la Mujer Santa Cruz
Yolanda Herrera
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia APDHB
Elizabeth Salguero
Embajadora del Estado Plurinacional en Viena
María Lourdes Borja Gutierrez
Activista
Magali Chavez Vega
Ana Maria Rojas Lozano
María Isabel Caero
65
Concejo Municipal de Cochabamba
Jenny Ybarnegaray Ortiz
Mariel Paz Ramírez
Equipo de Comunicación Alternativa para la Mujer -Tarija
Peky Rubín de Celis
Equipo de Comunicación alternativa para la Mujer - Tarija
Patricia Flores Palacios
Keiko Chisaka
Especialista en Desarrollo Territorial
Celia Taborga
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
Cecilia Enriquez
ENTREVISTAS YA APORTES
Elizabeth Peredo
Fundación Solon
Katia Uriona
IDEA
Iris Baptista
RED UNITAS
Mary Marca
Centro Integral de la Mujer-CIDEM
Alfonso Hinojosa
Investigador migraciones
66
Lorena Godoy
Ex coordinadora Universidad del Adulto Mayor- UDAM de la PUNA
Susana Rico
Investigadora
Albanella Chávez
LGB BOL
Carolina Otonello
Mujeres Creando
LISTA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES
EL ALTO
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

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Cortez Lily
Guzman Isabel
Fernandez Yobanca
Condori Petrona
Monje Mabel
Espejo Lucy
García de Catari Maclovia
SANTA CRUZ
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
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

Machicao Ximena
Viscarra Pasten Ximena
Ayala Wilma
Quintela Elvia
Suarez Vargas Miriam
Vargas Uzcamayta Greta
Catala Elva
Karz Verena
Cedeño Leslie
Banzer Martha
Perez Guadalupe
Chacón Magaly
67
COCHABAMBA
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de la Fuente Ana María
Vega Padilla Silvia
Salazar Pinto Sandy
Mostajo Vargas Roxana
Cossio Iporre Guido
Caero Herbas Marlene
Taborga María Antonieta
Barrientos M. Eva
Flores Eva
Otero Alonso Esther
Cossio Romero Cecilia
Montaño Julieta
Cabrera Quispe Marisol
Zabala María Lourdes
Galarza Mendoza Willmer
Alcázar Julieta
CHUQUISACA
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


Campos Evelin
Avendaño Lourdes
Absi Pascale
Balderrama García Nelson
Prieto Lourdes
Lambertin Gretel
Abrego Tahí
Pereira Chacón Esther
Arancibia Martha Elena
Pérez Echalar Julieta
Cuellar Vargas Rosa
Miranda Paco Maritza
Huallpa Donoso Demetria
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Cochabamba
-
Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad
Instituto de Formación Femenina Integral
Centro Integral de Educación Sexual (CIES)
Organización Nacional por la Emancipación de la Mujer
Organización Nacional para la Autonomía y Emancipación de las Mujeres ONAEM
Comunidad afroboliviana Mauchi
Oficina Jurídica para la Mujer
Universidad Mayor de San Simón
Capitulo Boliviano de Derechos Humanos
ICW Bolivia
Santa Cruz
-
Plataforma LCV
Plan 3000
Casa de la Mujer
Mujeres Creando
Red de Personas Viviendo con VIH-SIDA en Bolivia (REDBOL)
Colectivo REBELDIA
-
Colectivo de Mujeres Alteñas
Organización de Trabajadoras Nocturnas
Jacha Kamasa
El Alto
68
-
Asociacion Mujeres Alteñas
Junta Vecinal 16 de Julio
-
Correo del Sur
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Red de Personas Viviendo con VIH-SIDA en Bolivia
Centro Juana Azurduy
REALIDADES
Junta Vecinal
Red contra la Violencia en razón de Género- Generacional
Centro de Estudios Técnicos Humanísticos Agropecuarios
Sindicato Trabajadoras del Hogar Bolivia (SITRAHOB)
Sucre
PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NACIONAL 4 DE JUNIO 2014
-
Cecilia Enríquez
Maritza Jiménez
Mónica Novillo
Teresa Lanza
Cecilia Chacón
Alexia Escóbar
V. Beatriz Pérez
Anelise Solares León
Silvia Fernández
Katia Palacios
Paola Carballo
Carmen Avila
Silvia Salinas
69

Descarga Informe de la sociedad civil sobre el cumplimiento de la

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