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0406HBRA
01.04.04
Brasil: Campesinas y campesinos de Aliança luchan por justicia y tierra.
Más de 600 familias campesinas que viven en las tierras improductivas de la Usina Aliança, en
Pernambuco, están sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, en especial el
derecho a la vida y la alimentación. Los trabajadores reivindican desde hace siete años la
expropiación de 7.300 ha de tierras, consideradas improductivas por el INCRA y por la Justicia
Federal en Pernambuco. El Poder Judicial está bloqueando el proceso de expropiación. Eso está
incentivando a los propietarios de la fábrica Aliança a perseguir a los trabajadores por medio de
grupos armados, con el objetivo de expulsarlos de las tierras. En 2003, fueron asesinados dos líderes
de las familias campesinas y, en razón de las amenazas, muchas familias tuvieron que abandonar las
tierras donde viven desde hace muchos años. Los asesinos y sus mandantes permanecen impunes.
Frente a esta grave situación, es muy importante presionar a las autoridades brasileñas para
que tomen medidas inmediatas para expropiar las tierras y entregarlas a las familias
campesinas, e identificar y castigar a los responsables por la violencia contra las familias. Por
favor escriba cartas al Presidente del Tribunal Regional Federal y al Gobernador de
Pernambuco. Envíe también copias a la Comisión Pastoral de la Tierra.
Antecedentes
El conflicto acerca de las tierras de la Usina Aliança tiene lugar en la región conocida como Mata, en el Estado
de Pernambuco, nordeste de Brasil. Esta región se caracteriza desde hace siglos por la economia de la caña de
azúcar. El monocultivo de la caña es concentrador de tierra, de ingresos y de poder. La caña - utilizada para la
producción de azúcar y alcohol- es dominada por una élite poderosa, que controla sectores del Estado,
sobreexplota a los trabajadores y no respeta las leyes laborales. Con la crisis de la caña en los años 90, muchos
se endeudaron y despidieron a sus trabajadores. Actualmente estas oligarquias han recobrado influencia en el
gobierno brasileño que depende de la exportación de productos agrícolas para generar divisas. El fortalecimiento
de los barones del azúcar crea nuevas dificultades para los campesinos que luchan por la tierra y el apoyo del
Estado a la agricultura de subsistencia.
Las familias campesinas de Usina Aliança han sido despedidas en 1996. La fábrica no indemnizó a los
campesinos y/o pactó acuerdos fraudulentos con los trabajadores que preveían el registro de parcelas de tierra
más pequeñas que las estipuladas por la ley. Frente a esta situación, las familias decidieron intensificar su lucha
por los derechos laborales y por la expropiación de las tierras. La Usina (unidad industrial) tiene 23 ingenios.
Hoy en 21 áreas hay familias acampadas. Muchas de ellas viven allí desde hace varios años.
A pesar de la presión sobre las autoridades brasileñas, hasta el momento no se ha avanzado en el proceso de
protección y garantía de los derechos de las familias. En algunos casos, la situación se está agravando de manera
preocupante. Las familias de uno de los ingenios, el ingenio Agua Branca fueron atacadas a finales de 2003 y
los señores Ivanildo Ferreira de Lima y Severino José da Silva fueron asesinados por paramilitares. Debido a los
asesinatos y las amenazas, las familias que viven y producen en las tierras del ingenio tuvieron que abandonar
sus casas y ya no pueden cultivar la tierra.
El Estado brasileño, por medio del INCRA - instituto encargado de la implementación de la reforma agraria - y
de la Justicia Federal, confirmó que las tierras son improductivas. El INCRA empezó un proceso de
expropiación, según la ley brasileña. Sin embargo, los propietarios bloquearon el proceso a nivel judicial. Un
juez federal (de la 7a. Cámara) emitió una sentencia contra el recurso. El Tribunal Regional Federal de
Pernambuco, de forma inexplicable, pospuso la decisión, profundizando la situación de inseguridad de las
familias y estimulando acciones de violencia de grupos armados contra los campesinos y campesinas.
El mandato de FIAN
Brasil ratificó el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, por lo tanto, está obligado a proteger y garantizar el derecho a
alimentarse de las familias campesinas que viven en las tierras de la Usina Aliança. El acceso y control de la
tierra es de vital importancia para que las familias campesinas de Aliança tengan un acceso garantizado a los
alimentos. El Estado brasileño tiene los recursos (tierras) disponibles para garantizar este derecho y es
inaceptable que se mantenga inmóvil, violando el derecho humano a alimentarse de las familias y aceptando la
acción criminal de los grupos paramilitares.
Fin de la acción:
01.06.2004
Direcciones:
Governador Jarbas Vasconcelos
Praça da República, s/n
Recife, PE - Brasil
CEP.: 50010-050
Fax: 0055 81 3224 8826
Copias:
Des. Federal Margarida Cantarelli
Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Edifício Ministro Djaci Falcão - Cais do Apolo, s/nº
Recife - PE - Brasil
CEP: 50030-908
Fax: 00 55 81 34259095
Comissão Pastoral da Terra
Rua Esperanto, 490 - Ilha do Leite
50070 - 390 - Recife – Pernambuco
Brasil
Fax.: 00 55 81 3222 2943
Email: [email protected]
Traducción de la carta modelo:
Excelentísimos Señores (as),
Estoy recibiendo informaciones preocupantes sobre las violaciones de los derechos humanos en contra de las
familias campesinas que viven en las tierras de la ‘’Usina Aliança”, en los municipios de Aliança, Timbaúba,
Itambé e Nazaré da Mata, en el Estado de Pernambuco. Las familias reivindican la expropiación de 7.300 ha de
tierras que han sido consideradas improductivas por el INCRA y la Justicia Federal. Estoy informado que la
tramitación del proceso de expropiación se encuentra bloqueada en el Tribunal Regional Federal, en
Pernambuco, por motivo de un recurso del propietario (Grupo Pessoa de Melo). Nos preocupa que el retraso en
las decisiones judiciales estén manteniendo una situación de violación de los derechos sociales y económicos y
haya estimulado la acción de grupos armados contra las familias. En 2003, las familias de la comunidad de
Água Branca fueron desplazadas de sus tierras y dos campesinos fueron asesinados: el Señor Ivanildo Ferreira
de Lima y el Señor Severino José da Silva. Varios campesinos se encuentran amenazados de muerte. La acción
impune de esos grupos incluye también secuestros, torturas y robos.
Brasil es Estado parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y de esta forma está obligado por el derecho internacional a respetar los derechos a alimentación,
a la tierra y a la vida de las familias campesinas. Es obligación del Estado garantizar el derecho de acceso a la
tierra y demás recursos productivos necesarios para que esas comunidades rurales realicen con dignidad sus
derechos humanos sociales y económicos, entre ellos el derecho a alimentarse.
Les solicito a vuestras Excelencias que tomen las medidas procedentes para garantizar esos derechos de las
familias campesinas de la Usina Aliança por medio de
- la desestimación del recurso presentado por la Usina Aliança (Grupo Pessoa de Melo), manteniendo la
sentencia pronunciada por el juez de la 7a. Cámara Federal;
- la agilización del fallo de los juicios relativos a la expropiación de las tierras de la Usina Aliança;
- la protección efectiva de la vida y de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras de la Usina
Aliança, asegurando el retorno de las familias a sus tierras, así como su permanencia en ellas con toda
seguridad;
- la rápida aclaración de los asesinatos de Ivanildo Ferreira de Lima y Severino José da Silva, así como de los
secuestros, torturas y robos, y el castigo de los responsables;
Por favor, manténgame informado de las medidas que fueran tomadas.
Respetuosamente,
Sírvase informar al secretariado internacional de FIAN de cada respuesta de Sus cartas
Des. Federal Margarida Cantarelli
Presidente do Tribunal Regional Federal - 5ª Região
Edifício Ministro Djaci Falcão - Cais do Apolo, s/nº
Recife - PE - Brasil
CEP: 50030-908
Governador Jarbas Vasconcelos
Palácio do Campo das Princesas
Praça da República, s/n
Recife, PE - Brasil
CEP.: 50010-050
Excelentíssimos Senhores (as),
Estou recebendo informações preocupantes sobre violações dos direitos humanos das famílias
camponesas que vivem nas terras da Usina Aliança, municípios de Aliança, Timbaúba, Itambé e
Nazaré da Mata, em Pernambuco. As famílias reivindicam a desapropriação dos 7.300 hectares de
terras, cuja improdutividade foi confirmada pelo INCRA e pela Justiça Federal. Estou informado que a
tramitação do processo de desapropriação se encontra bloqueada no Tribunal Regional Federal, em
Pernambuco, em razão de um recurso do proprietário (Grupo Pessoa de Melo). Preocupa-nos que o
retardamento das decisões judiciais estão mantendo a situação de violação dos direitos sociais e
econômicos e indiretamente tem estimulado à ação violenta de grupos armados contra as famílias. Em
2003, as famílias da comunidade de Água Branca foram expulsas de suas terras e dois camponeses
foram assassinados: o Sr. Ivanildo Ferreira de Lima e o Sr. Severino José da Silva. Vários moradores
se encontram ameaçados de morte. A ação impune destes grupos inclui também sequestros, torturas e
roubos.
O Brasil é Estado Parte dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas (ONU) e, desta forma, está obrigado pelo direito internacional a proteger e garantir os direitos
à alimentação, à terra e à vida das famílias camponesas que vivem nas terras da Usina Aliança. É
obrigação do Estado a garantia do direito de acesso à terra e demais recursos produtivos necessários
para que estas comunidades rurais realizem em dignidade seus direitos humanos sociais e econômicos,
entre eles o direito a se alimentar.
Solicito que Vossas Excelências tomem as medidas cabíveis para assegurar estes direitos às famílias
camponesas de Aliança mediante
-
o indeferimento do recurso apresentado pela Usina Aliança (Grupo Pessoa de Melo), mantendo a
sentença proferida pelo juiz da 7a. Vara Federal;
a agilização do julgamento dos processos envolvendo a desapropriação das terras da Usina
Aliança;
a efetiva proteção à vida e aos direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras da Usina
Aliança, assegurando o retorno das famílias às suas terras, bem como a sua permanência nelas em
condições de segurança;
a apuração ágil dos assassinatos de Ivanildo Ferreira de Lima e Severino José da Silva, como
também dos sequestros, torturas e roubos, e a punição criminal dos autores;
Por favor, mantenha-me informado das medidas que forem tomadas.
Respeitosamente,