Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos

Informe CODHES 2010
(C) Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES
ISBN 978-958-99715-2-9
Jorge Enrique Rojas Rodríguez
Presidente
Marco Alberto Romero Silva
Director
Este informe es resultado de un proceso colectivo de investigación que contó con la
participación de las siguientes personas del equipo de CODHES:
Luz Amparo Salinas Abdala
Coordinadora del Sistema de Información SISDHES
Carlos Núñez
Fabio Lozano
Edwin Tapia
Katya Mériau
Zully Laverde
Karina Ríos Cano
Sol Alejandra Gaitán
Santiago Gómez
María Angélica Gómez
Bibiana Ortiz
Andrés López Ávila
María José Romero
Álvaro Córdoba
Constanza Vieira
Mapas
John Rátiva
Investigadores pasantes del SISDHES
Gustavo López
Juan David Jaramillo
Diagramación e Impresión
GRUPO NATIVO
Contacto: [email protected]
Impreso en Colombia
Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento CODHES
Cra 6 No. 34-62, oficina 302
Bogotá, Colombia
Conmutador: (+571) 232 5666
www.codhes.org
Agradecimientos
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, las personas que coordinan y operan el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, así como el equipo de investigación de CODHES, expresan su agradecimiento a las organizaciones
de población desplazada, ONG de derechos humanos, a las diferentes jurisdicciones de la Iglesia Católica y otras congregaciones religiosas, servidores públicos, entidades del estado e instituciones gubernamentales que
apoyaron la labor de CODHES en terreno. Es invaluable el aporte y apoyo
de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
Forzado y del equipo nacional de verificación. Especial reconocimiento a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), al Consejo Noruego para Refugiados, a la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y a la Organización
Internacional para las Migraciones a la Consejería de Proyectos PCS que,
desde diversos proyectos específicos, aportaron a la construcción de este
informe número 77 que sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y
derechos humanos correspondiente a 2010, que coincide con el coienzo de la
conmemoración del XX aniversario de CODHES.
Las opiniones y el contenido total de esta publicación es de exclusiva responsabilidad de CODHES y no comprometen a las agencias de cooperación ni a
las organizaciones y personas que contribuyeron con sus datos a la construcción del informe.
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La agenda del desarrollo y su
impacto sobre los derechos
humanos y la crisis humanitaria
El conflicto armado y la crisis humanitaria y de derechos humanos
mueven buena parte de la agenda interna y de la comunidad internacional que tiene presencia en Colombia. Bien sea en términos de búsqueda
de soluciones no militares al conflicto, de políticas públicas que aseguren la vigencia y realización de los derechos humanos o acciones
concretas para atender a poblaciones afectadas por la degradación del
conflicto. Los gobiernos deciden la agenda de acuerdo a sus criterios
pero en su formulación inciden los partidos políticos, las organizaciones de sociedad civil, la comunidad internacional y, por supuesto, las
comunidades afectadas, en este caso, las víctimas.
Ahora se propone el concepto de “agenda positiva” desde la cancillería,
por medio de la cual se intenta priorizar el desarrollo, la inversión, el
turismo, el medio ambiente y se relegan temas como la paz, el desplazamiento forzado e, incluso, las víctimas, no obstante el proyecto de ley
que reivindica sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así
como garantías de no repetición.
Es posible que todo se circunscriba a la idea de un país en postconflicto
y que se mantenga la tesis del anterior gobierno según la cual el “fin
del fin” es una realidad, el paramilitarismo es un asunto del pasado y el
desplazamiento, por supuesto, es mínimo y las personas afectadas están
debidamente atendidas.
Así, la agenda de la cooperación internacional varía de acuerdo a las
políticas de cada gobierno. Entre 2000 y 2003, por ejemplo, los derechos
humanos fueron tema central. Las acciones se encaminaron a procesos
importantes como el denominado Londres-Cartagena-Bogotá, en el
cual jugó un papel muy importante la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OCNUDH. Posteriormente, entre 2003-2005, el eje se movió hacia la crisis humanitaria,
como consecuencia del conflicto armado interno. El PNUD, en cabeza
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Introducción
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del Coordinador Humanitario, el ACNUR y OCHA, jugaron un rol
fundamental en esta etapa, liderando procesos como el Plan de Acción
Humanitaria fases I y II. Su labor, finalmente, no logró concretarse,
pues paralelamente el gobierno comenzó a negar la existencia del conflicto armado y de la crisis humanitaria. A partir de 2005, y con mayor
énfasis en 2006, se empezó a hablar de los Objetivos Desarrollo del
Milenio (ODM), un programa promovido por Naciones Unidas para
superar la pobreza. Aparentemente el tema tomó impulso en Colombia
y se convirtió en la manivela central de las acciones del gobierno, tanto,
que éste formuló el Plan Visión 2019. Ahora se habla del Plan 2032, que
contempla la explotación ilimitada de los recursos naturales de Colombia y la inserción del país entre naciones de renta media. El supuesto
del cual se parte es un escenario de postconflicto a partir de la derrota
militar sobre las guerrillas.
La idea se sustenta en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) con grupos paramilitares y el control territorial alcanzado en el marco de la política de seguridad democrática. En estas
circunstancias, todo se reduce a situaciones de violencia generalizada
asociada al narcotráfico o al crimen organizado.
Es lamentable pero la realidad del país es otra. La desmovilización
paramilitar presenta cada vez más inconsistencias, el rearme de estos
grupos y su expansión territorial es un hecho reconocido por las propias autoridades, alarmadas por su acción criminal, sus vínculos con
la institucionalidad y su capacidad desestabilizadora (no importa si se
les denomina “bandas criminales”, neo-paramilitares o paramilitares
de nuevo tipo).
Otro tanto ocurre con los grupos guerrilleros que siguen operando en
buena parte del territorio nacional, no obstante los golpes contundentes
de que han sido objeto por parte de la Fuerza Pública y la percepción
generalizada de que es posible una derrota militar, antes de una eventual negociación.
Por supuesto que una situación como la que se describe en este informe
pone en cuestionamiento los resultados de la política de seguridad
democrática y el consiguiente plan de consolidación del territorio. Justamente las zonas en las que se implementa el plan de consolidación,
objeto de intensa militarización y presencia policial, coinciden hoy
con las zonas de mayor presencia paramilitar y guerrillera, con plantaciones de cultivos ilícitos, con regiones de explotación y explotación
minera energética y de intensificación de cultivos de palma aceitera y
con las áreas de donde provienen la tercera parte del total de personas
desplazadas en 2010.
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Este informe se refiere al desplazamiento forzado y al refugio que
siguen ocurriendo en medio del conflicto armado interno y que alcanza
dimensiones graves por su magnitud, la persistencia de las causas que
lo provocan y por las circunstancias dramáticas que viven las personas afectadas, sometidas al empobrecimiento, la exclusión, la estigmatización y el desconocimiento de sus derechos fundamentales.
La respuesta del nuevo gobierno aún es contradictoria. De un lado, presenta un proyecto de Ley que reconoce los derechos de las víctimas y
ordena la restitución de tierras, expresa la voluntad de acatar la sentencia 025 de la Corte Constitucional y formula propuestas en torno a una
plan de derechos humanos que motiva al diálogo y no a la confrontación
con las ONG; y de otro lado, la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional niega, minimiza o ignora el desplazamiento forzado y funcionarios de la cancillería envían mensajes
equívocos sobre la agenda de la cooperación internacional.
¿Estamos en postconflicto? ¿Prosigue el conflicto armado interno, hubo
una desmovilización efectiva de los grupos paramilitares? ¿Existen en
Colombia zonas verdes ó zonas de postconflicto? ¿Es posible la restitución de tierras en medio del conflicto armado? ¿En verdad vivimos
una situación de violencia generalizada o de crimen organizado asociada al narcotráfico, o existen intereses adicionales? ¿Es Colombia un
país de renta media, comparable a la India o la China?
También el informe incluye un análisis de la política pública en el que
se destacan cambios positivos de la actual administración, pero también
se plantean interrogantes respecto a su desarrollo y ejecución en medio
del conflicto armado.
En el Anexo se recuenta y describe el contexto general político y
social de Colombia en 2010. Se muestran los principales indicadores
económicos que permiten confirmar si realmente Colombia ya cuenta
con las condiciones que implica ser un país de economía emergente,
similar a China, India o Turquía. Se compararon el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 y el documento Visión Colombia 2019, con el objeto de destacar los elementos comunes de esta visión de mediano plazo
con la cual está comprometido, sin lugar a dudas, el gobierno actual.
Para efectos de determinar si hay una línea de continuidad entre el gobierno Uribe y el gobierno Santos, el informe compara el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos con el documento
formulado en 2005 por el anterior gobierno titulado Visión Colombia
en 2019. La base de los dos documentos se fundamenta en la introducción de Colombia en el grupo de economías emergentes, privilegiando
la inserción en el mercado internacional. Es evidente que hay una línea
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de continuidad que privilegia el mercado sobre los recursos naturales y territorios protegidos: bosques, páramos, resguardos y territorios
colectivos. Lo mismo ocurre con el plan de las “cinco locomotoras”:
innovación, sector agropecuario, vivienda, sector minero-energético e
infraestructura-transporte. CODHES llama la atención en este informe
sobre un hecho contundente: mientras el gobierno se comprometió a
restituir 2,000.000 de hectáreas a campesinos víctimas de despojo, se
han titulado 8,5 millones de hectáreas para explotación minero-energética .
Por último, el informe aborda los temas cruciales de tierras, despojo y
restitución, el mapa del refugio de colombianos en el mundo, las políticas públicas alrededor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y resalta algunos casos regionales que muestran la intensidad del conflicto, la violencia y el desplazamiento forzado en el país.
CAPITULO I
Informe CODHES 2010
¿Consolidación de qué?
Informe sobre desplazamiento,
conflicto armado y derechos
humanos en Colombia en 2010
A Tendencia del desplazamiento y de las violencias asociadas en zonas CCAI- zonas verdes: ¿postconflicto?
A partir de la desmovilización parcial de los paramilitares, desde finales de 2005
el gobierno de Álvaro Uribe comenzó a hablar de una situación de postconflicto
y de la derrota militar de las guerrillas. Incluso formuló un documento de planeación de mediano plazo (2005-2019) llamado “Visión 2019” (Ver anexo 5). Esta
posición fue adoptada por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien informó a
la comunidad internacional que Colombia tiene actualmente zonas verdes o de
postconflicto y que la violencia generalizada que vive el país está asociada al narcotráfico. Esta afirmación fue ratificada por algunos funcionarios del gobierno
como Diego Molano, director de la Agencia Presidencial para la Acción Social,
funcionario que señaló el narcotráfico como el único causante del desplazamiento
forzado que aún se presenta en Colombia. Fenómeno que, según él, ha disminuido
en un 50%.
Para Molano, "la disputa de los corredores del narcotráfico y el control del negocio está ocasionado desplazamiento. Los enfrentamientos entre bandas criminales
como Los Rastrojos, Los Paisas o Las Águilas Negras generan violencia y afectan
directamente a las familias más pobres y vulnerables del país"1 . Esta afirmación
fue acogida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) António Guterres, quien en su visita a Altos de Cazucá, en el municipio
de Soacha aledaño a Bogotá, declaró el 17 de diciembre que “Existe conciencia en
este nuevo gobierno, de que el fenómeno persiste y de que no basta tener sitios que
ya viven el postconflicto, si no se garantiza el desarrollo ”2.
A continuación se expone un análisis de cada una de las llamadas zonas CCAI3.
Estas fueron adoptadas en el segundo trimestre de 2004 bajo el liderazgo de la
1- Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos
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1-http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/VDUX8BFTFZ?OpenDocument
2 -Acnur buscará retorno al país de refugiados. El Tiempo,
sábado 18 de diciembre de 2010
3- “14 zonas de intervención de 86 municipios que abarcan
los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca,
Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta,
Caquetá, Putumayo y Tolima”. “Estas zonas están ubicadas
en las regiones de Nudo de Paramillo, Catatumbo, Montes
de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Central
y la Zona de la Amazonia”. Reporte Ejecutivo del Plan
Nacional de Consolidación. Presidencia de la República y
CCAI- 2010.
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Presidencia de la República con el Centro de Coordinación de Atención Integral,
tomando como regiones piloto las zonas CCAI Montes de María y Sierra Nevada
de Santa Marta, con 39 municipios4 .Se describe el comportamiento del conflicto armado interno, las violencias asociadas y la crisis humanitaria, con el fin de
conocer si en estos territorios realmente ha habido consolidación5 y qué tanto se
puede hablar de zonas verdes o de postconflicto, como las denomina el gobierno.
Además, se evalúa si efectivamente es posible ejecutar los megaproyectos que
el Ejecutivo tiene presupuestado poner en marcha en las zonas CCAI Cordillera
Central, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta. El gobierno busca erradicar
totalmente los cultivos ilícitos de las zonas CCAI de Macarena, Bajo Cauca y Sur
de Córdoba, conseguir el retorno de desplazados en Montes de María y desarrollar la estrategia de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos en la Zona CCAI
Nariño, entre otras.
Son 14 zonas6 que integran siete regiones naturales y comprenden 86 municipios
de 17 departamentos7 , en los cuales se concentra una acción integrada del Estado
que hace énfasis en “la superación del desplazamiento forzado, la protección de
los derechos humanos y (la) reconciliación, la superación de la pobreza extrema y
la consolidación de condiciones regionales de desarrollo y paz”8.
Perfiles CCAI
4- “El Plan Nacional de Consolidación Sostenible es un
proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio
del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos
estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente
de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de
las instituciones democráticas, en beneficio del libre
ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de
condiciones para su desarrollo humano”. Reporte Ejecutivo
del Plan Nacional de Consolidación. Presidencia de la
República y CCAI-2010.
5- El Plan Nacional de Consolidación se desarrolla,
dependiendo de la dinámica de las zonas, en cuatro fases
distintas: 1) Fase de alistamiento, 2) Fase de recuperación,
3) Fase de transición y 4) Fase de estabilización. Reporte
Ejecutivo del Plan Nacional de Consolidación. Presidencia
de la República y CCAI-2010.
6 - Las zonas de consolidación también se conocen
como zonas CCAI (Centros de Coordinación y Atención
Integral). Son las siguientes: Nariño (Pacífico), Cauca
(Pacífico), Valle del Cauca (Pacífico), Sur del Chocó
(Pacífico), Río Caguán, Macarena, Cordillera Central, Bajo
Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María, Sierra Nevada de
Santa Marta, Putumayo, Arauca y Catatumbo.
7 -Los 86 municipios de las zonas CCAI abarcan 188.194
km2 (16.48% de la extensión territorial de Colombia,
de 1,141.748 km2). En ellos habitan (según proyección
DANE 2010) 4,076.778 personas, que equivalen al 9% del
total de la población en Colombia (45,508.205).
8 -Plan Nacional de Consolidación Territorial. 2010.
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Después de analizar individualmente las zonas CCAI se puede concluir que el hecho más
notorio es que al menos 91.499 personas o 18.300 hogares, el 32.7% del total de población
desplazada en 2010, que ascendió a 280.041 personas, proviene de las zonas en donde se
desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Este programa bandera del gobierno
fue concebido desde 2007 “con el propósito de cumplir con los objetivos de Consolidación
de la política de Seguridad Democrática, mantener la confianza inversionista y avanzar en la
política social efectiva”9.
lo es que, detrás de las acciones armadas y la intimidación que ejercen los grupos armados
contra la población, y la incapacidad del Estado para protegerla, se mueven poderosos intereses económicos sobre los territorios objeto de la política de consolidación. El hecho de que
persista el desplazamiento forzado cuestiona el concepto de cohesión social y pone en duda
el componente democrático de la seguridad, aun cuando asegura la confianza inversionista.
De los 100 municipios que presentaron mayor tasa de desplazamiento forzado en Colombia el
año pasado, 44 están en zonas CCAI, las mismas en las que se presentaron seis desplazamientos masivos que afectaron a más de 2.684 personas. La Gráfica 1 muestra el desplazamiento
histórico en las actuales zonas CCAI.
De acuerdo con un informe sobre seguridad ciudadana de la Policía Nacional, durante 2010
se cometieron en todo el país un total de 15.238 homicidios, 3,6% (579) menos que los presentados durante 2009. Esta cifra representa una tasa de 32 por cada 100.000 habitantes. El
gobierno colombiano responsabilizó a las Bacrim10 del 47% de estos homicidios, mientras el
director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, señaló que “son hoy la peor amenaza
para el país”. El 25 de enero de 2011, el ministro de Defensa declaró que ésta sería la mejor
“cifra” obtenida en los últimos 24 años. Además, anunció que en la actualidad están destinados 1.000 millones de pesos en recompensas, por la captura de los jefes de los grupos
postdesmovilizados Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos que tienen presencia en Córdoba. Adicionalmente, dijo que incrementará el pie de fuerza y dotaciones en más de 10.000
hombres para ese departamento, en el cual se ha presentado cerca de 900 capturas.
Si bien el Plan Nacional de Consolidación se concibe como “un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos
estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita
el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio de los derechos ciudadanos
y de la generación de condiciones para su desarrollo humano”(el subrayado es del documento
original), en sus primeros tres años de ejecución hay muchas dudas sobre su efectividad.
Durante 2010, en 62 de los 86 municipios de las zonas CCAI seguían operando por lo menos
ocho grupos paramilitares (entre antiguos, rearmados y nuevas estructuras), mientras que
las Farc mantuvieron o reactivaron su presencia en 30 municipios y el Eln siguió actuando
en otros cuatro.
Por otra parte, se presentaron bloqueos y/o confinamientos de población en las zonas CCAI
de Arauca, Cauca, Chocó y Río Caguán. En la Zona Bajo Cauca, 293 familias del municipio de
Nechí permanecen en riesgo de desplazamiento. En la misma zona, municipio de Zaragoza,
35 personas dedicadas a actividades mineras huyeron por amenazas atribuidas a grupos de
postdesmovilizados.
9 -Directiva Presidencial 01 sobre Coordinación del
gobierno nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de
Consolidación Territorial, expedida20 de marzo de 2009.
Es evidente que la violencia es la primera causa del desplazamiento, pero también
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Cifras de conflicto y violencias asociadas
Esto pese a que, en septiembre de 2010, el mismo ministro declaró que las Bacrim
eran grupos “sin poder local, fácilmente manejables”. Esta posición oficial es también
la de otros funcionarios que siguen insistiendo en que los crímenes están relacionados
únicamente con el negocio del narcotráfico. Pero, la realidad muestra que estas bandas atentan contra líderes sociales y amenazan e imponen normas en las regiones que
controlan11 . Como señaló Human Rights Watch (HRW), las 20 masacres cometidas durante 2011 representan un incremento del 41%. La organización de derechos humanos
estadounidense agregó que los defensores de derechos humanos, los asesinatos de
sindicalistas y las amenazas a los líderes sociales que se atreven a reclamar sus tierras
siguen siendo su principal objetivo.
El optimismo del ministro de Defensa contrasta con la visión del general Manuel Gerardo Guzmán, Comandante de las Brigadas IV, XI, XIV, XV y XVII y de la Fuerza de
Tarea Conjunta del Nudo de Paramillo, quien señaló que “solo se sale del conflicto
con una estrategia integral, en la cual estén comprometidos cada ciudadano y la empresa privada”12 . Guzmán declaró que en la actualidad no existen herramientas jurídicas eficientes contra las “bandas criminales”. Informó que en este territorio también
tienen presencia fuerte y con “muchas familias simpatizantes” los frentes 5, 18, 36,
58 y la Columna Móvil Mario Vélez de las Farc. En la región han muerto más de mil
hombres de la fuerza pública por causa de las minas antipersonal, combates o tomas
guerrilleras. Opinó que el plan de desmovilización es “bueno” para los dos primeros
años de vida civil de la persona. Después, el desmovilizado no encuentra posibilidades
y su única salida es volver a delinquir, que es lo que ha pasado con los paramilitares. Indicó que en la región del sur de Córdoba y el Bajo Cauca están presentes seis
brigadas móviles del ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo de Paramillo y la
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10 -Bacrim, abreviatura de bandas criminales, es como la
Policía Nacional comenzó a llamar a los grupos surgidos
después de la desmovilización paramilitar.
11 - HRW. Los Herederos de los Paramilitares. HRW. Informe
Sobre Colombia 2011.
12 -Ana Mercedes Gómez Martínez y Jorge Iván Posada
Duque, El Colombiano, 23 de enero de 2011 Solo se sale del
conflicto con una estrategia integral: Guzmán. Apartes de una
entrevista con el brigadier general Manuel Gerardo Guzmán,
comandante de la VII División del Ejército. Habló sobre la
situación del conflicto armado e hizo énfasis sobre lo que pasa
en el Nudo de Paramillo.
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Fuerza de Tarea Conjunta de Acción Decisiva. Por esta razón, las Farc han tenido que
recurrir a alianzas con los grupos postdesmovilizados, con los cuales intercambian
hombres armados, equipados y entrenados, por pasta básica de coca. Adicionalmente,
señaló que “ahora con esa cultura de la ilegalidad, las Farc y las bandas criminales
están manejando la minería. En el Bajo Cauca ellos controlan la minería legal e ilegal.
Tienen una cuota mensual de cuatro millones de pesos por draga. Y si la van a sacar
o la llevan a hacer mantenimiento, la gente les tiene que pagar 16 millones, porque
piensan que no van a volver a traerla. Es una cosa bárbara”13. El alto oficial también
alertó sobre el incremento del conflicto en los municipios de Anorí, Tarazá e Ituango,
de la Zona CCAI Bajo Cauca.
En la Tabla 1 se puede ver en cuáles departamentos se incrementaron los casos y las
víctimas del conflicto, con el fin de comparar si corresponden a departamentos en
donde actualmente se están llevando a cabo el Plan Nacional de Consolidación.
El 13 de enero de 2011, la Fiscalía General de la Nación reveló que tenía documentados, con corte al 31 de diciembre, 174.618homicidios, 1.614 masacres y 34.740 casos
de desaparición forzada. Adicionalmente, 3.611 casos de secuestro, 3.555 de extorsión,
693 de violencia de género, 72 de narcotráfico y 28.671 de otras conductas delictivas
sin precisar. El ente acusador registra el desplazamiento forzado masivo de 77.180
comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad.
Las investigaciones y confesiones permitieron establecer la presunta vinculación de
429 políticos, 395 miembros de las Fuerzas Armadas, 155 servidores públicos y 7.101
referenciados como “otros casos”. El reporte precisa que “Los casos documentados
son atribuibles a grupos de subversión y autodefensas. Los casos documentados atribuibles a las autodefensas ocurrieron antes de la desmovilización colectiva de los
respectivos bloques. Los casos documentados atribuibles a la subversión ocurrieron
antes de la desmovilización individual de sus miembros”14 .
13- Ibíd.
14 -http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm
Se refiere a minas de carbón, oro, plata, platino,
ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción,
caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien
sea con importante inversión nacional o extranjera o de
manera artesanal. En muchos casos esta explotación se hace
Los datos de homicidio de la Policía Nacional y las cifras del Observatorio de Derechos
Humanos de la Vicepresidencia de la República muestran que este delito se redujo en
un 2%. Pero en la Tabla 1 se pueden apreciar varias cosas. Primero, que las masacres
aumentaron en 2010, con respecto al 2009, en 10 casos (34%) y las víctimas en 36
(24%). También llama la atención el aumento de homicidios de docentes no sindicalizados (175%) así como el de docentes sindicalizados (40%) y el de sindicalistas de
otros sectores (23%).
La cifra de secuestros también se incrementó en 19%. Adicionalmente, se mantuvieron, aunque con reducciones, los homicidios de alcaldes y exalcaldes (cuatro víctimas), el de periodistas (un caso) y el de concejales, que se redujo en 2 víctimas con
respecto al año anterior. Por último, pero no menos importante, a pesar de que el
homicidio de indígenas se redujo en 30%, es necesario recordar el gran impacto que
estos hechos causan contra su cultura. Según la ONIC, 122 indígenas fueron asesinados y 10 desaparecidos durante 2010. Ante estos datos, y teniendo en cuenta que
las estadísticas sobre violaciones y vulneraciones a los derechos humanos tienen que
leerse, entenderse e interpretarse de manera integral, cabe inquirir si el optimismo
del ministro de Defensa se justifica.
de manera ilegal.
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Después analizar detalladamente cada departamento y caso por caso y tipo
de víctimas, se puede concluir que el incremento de homicidios, masacres,
víctimas de masacres y homicidios selectivos se presentaron en los departamentos donde actualmente hay zonas CCAI (Antioquia, Córdoba, Putumayo, Caquetá, Cesar, Guaviare y Valle del Cauca) y donde tienen presencia consolidada los grupos postdesmovilizados y las Farc. En el caso del
Departamento del Meta, si bien es cierto que el Observatorio no registra
ningún caso de masacre, el SISDHES (con una base de datos en constante
actualización) reportó una masacre en el municipio de Vistahermosa (zona
CCAI) que dejó cuatro víctimas.
En 2010 ocurrieron 19 masacres en los 86 municipios de las zonas CCAI,
con un saldo trágico de 92 personas asesinadas. 176 más fueron víctimas de
asesinatos selectivos, entre los que se cuentan 11 indígenas, siete servidores
públicos, cuatro líderes comunales, un defensor de derechos humanos, un
líder afrocolombiano y un periodista. Todos fueron ultimados por sicarios.
87 civiles fueron heridos o perdieron la vida en el marco de acciones bélicas.
Otros 81 civiles resultaron heridos, mutilados o muertos en accidentes por
minas. 15 personas fueron secuestradas. Se perpetraron cinco atentados.
Grupos clandestinos profirieron al menos seis amenazas de muerte contra
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. (Ver Tabla 2).
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Zonas CCAI- Zonas estratégicas para la consolidación
de los intereses económicos, negocios ilícitos
e inversión extranjera
A este panorama de conflicto armado, violencia y despojo se agrega el interés de la inversión nacional e internacional por la actividad minera15 , que
se desarrolla en por lo menos 21 municipios de las zonas CCAI: casi la tercera parte del territorio en proceso de consolidación (26%). (Ver Tabla 3).
Son regiones en las que se adelanta explotación, exploración o exportación
minera y donde en forma paralela persisten múltiples formas de violencia
política y social y graves violaciones a los derechos humanos: Montelíbano
(Zona CCAI Sur de Córdoba), Santa Marta (Sierra Nevada de Santa Marta),
Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza (Bajo Cauca
Antioqueño), San Jacinto (Montes de María), El Tambo, Santander de Quilichao, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Balboa y El Tambo (Cauca), Istmina y Sipí (Chocó), Barbacoas y Samaniego (Nariño), Tibú (Catatumbo),
Chaparral (Cordillera Central) y Buenaventura (Zona CCAI Buenaventura).
La fiebre por acelerar la “locomotora” de la minería en territorios de violencia y pobreza empieza a subir en medio de la ambición desbordada de
grandes empresas.
“Dentro de algunos años la palabra ‘oro’ podría reemplazar a la palabra
‘coca’ en la vida y azares de los colombianos”, advirtió el periodista Daniel Samper Pizano acerca de los efectos del alza en el precio de ese metal:
“caen sobre ríos y montañas de nuestra geografía toda clase de ansiosos
explotadores. Pululan desde mineros artesanales hasta las multinacionales
poderosas y, atraídos por la riqueza presente y futura, medran guerrillas,
paramilitares, bandas criminales, funcionarios corruptos y otras yerbas. Todos quieren una parte de la bonanza aurífera”16 .
Están en juego cientos de títulos mineros en las zonas de consolidación y
crece la preocupación en varios sectores de la sociedad colombiana. “¿Cómo
va el gobierno actual a tramitar los miles de títulos mineros que el anterior
otorgó a diestra y siniestra?”, pregunta el sociólogo Alfredo Molano Bravo17
.
Entre 2002 y 2009, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13
millones a 8,53 millones, incluyendo las concesiones en los páramos, que
cubrían 70 mil hectáreas al iniciar el mandato del presidente Uribe. Hoy,
108.972 hectáreas de 22 de los 34 páramos que tiene Colombia están en
riesgo por la concesión de 391 títulos mineros. El 80% de estas concesiones
se entregaron durante el lapso que Uribe dejó transcurrir entre la aprobación
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15 - Se refiere a minas de carbón, oro, plata, platino,
ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción,
caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien
sea con importante inversión nacional o extranjera o de
manera artesanal. En muchos casos esta explotación se hace
de manera ilegal.
16-“El rico, el oro y la bomba de tiempo”, El Tiempo, 6
febrero
2001http://m.eltiempo.com/opinion/columnistas/
danielsamperpizano/el-rico-el-oro-y-la-bomba-detiempo/8829781/1/home
17- “A toda máquina”, El Espectador, 30 enero 2001 http://
www.elespectador.com/impreso/columna-247787-todamaquina
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
del Código Minero en el Congreso y la correspondiente sanción presidencial18.
La inseguridad no es sólo por razones de orden público. La Defensoría del
Pueblo reportó 23 accidentes en minas auríferas y carboneras, que han dejado 216 personas muertas en los últimos tres años19 . En cambio sí opera la
seguridad del negocio y la confianza inversionista para las grandes empresas beneficiadas con las concesiones. Entre tanto, se ilegaliza y estigmatiza
a los pequeños mineros, acusados de tener nexos con las guerrillas y se
presiona su desplazamiento forzado. “Lo que hay es una estrategia oficial
para que los pequeños mineros les dejen el campo libre a las grandes compañías”20.
Las zonas mineras están militarizadas y paramilitarizadas: la fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta
social y presionan el desplazamiento. Las afirmaciones del alto gobierno
según las cuales las Farc y el Eln “están acudiendo a la explotación minera
ilegal como una forma de financiar sus actividades”21 ponen en riesgo a
miles de personas dedicadas a la minería artesanal, incentivan la violencia
y presionan el desplazamiento. Los casos denunciados por el primer mandatario deben ser conocidos por las autoridades y los responsables deben ser
juzgados de acuerdo a la Ley. El deber del Estado es combatir toda forma
de ilegalidad y preservar el medio ambiente, pero no sembrando la idea de
un Estado que protege a los poderosos, es permisivo con los paramilitares
e implacable con los más vulnerables, a los que asocia con las guerrillas.
Adicionalmente, en 14 de los 86 municipios CCAI (el 16% del total de las
zonas de consolidación) se registran procesos de siembra intensiva de palma
aceitera que coinciden con el mapa de expulsión de población. (Ver Tabla 3).
En seis de las 14 zonas CCAI hay cultivos importantes de palma, que genera preocupación por las formas de acceso a la tierra en regiones de despojo
o usurpación. En algunos territorios también se cambió el uso de la tierra,
que pasó de producir alimentos a cultivos destinados a agrocombustibles,
especialmente de palma. Es el caso de los municipios de San Onofre (ZonaMontes de María), Tibú (Zona Catatumbo), El Copey, Valledupar, Dibulla, Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta (Zona Sierra Nevada de
Santa Marta), Tumaco (Zona Nariño), Puerto Rico, San Juan de Arama y
18- “El legado minero de Uribe”, La Silla Vacía, 14 octubre
Vistahermosa (Zona Macarena) y Guapi (Zona Cauca), en los que persisten
2010 http://www.lasillavacia.com/historia/18648
19- “Defensor señala que en tres años han muerto 216 el desplazamiento forzado, la presencia de grupos armados y el modelo de
personas por accidentes en minas”, Defensoría del Pueblo,
desarrollo sustentado en grandes cultivos de palma. (Ver Tabla 3).
en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó (territorios colectivos
de comunidades afrodescendientes) y a la invasión de tierras en esa zona del
Bajo Atrato (Chocó) entre 1997 y 2001, ordenó la captura de 24 empresarios
de palma por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, e
invasión de áreas de especial importancia ecológica”.
En la orden judicial, la Fiscalía General de la Nación afirma que “en su
afán de explotar económicamente los terrenos de propiedad colectiva (...) las
empresas fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza
celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delinquir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano”. Según el
ente acusador, los empresarios “trazaron múltiples estrategias jurídicas para
‘legalizar’ la adquisición y posesión de tierras, a lo cual combinaron una
febril ofensiva paramilitar que resultó muy útil a la hora de contrarrestar
la reticencia de los vendedores, así como la enjundia de los opositores a la
expansión de los cultivos de palma”.
Si bien los territorios colectivos objeto de esta medida judicial no están incluidos en la zona de consolidación llamada Sur del Chocó, sí hacen parte
de un departamento en el que persisten la expansión de cultivos de palma y
la acción de los grupos paramilitares que provocaron el éxodo de población
en el Bajo Atrato.
En las zonas CCAI también es relevante la presencia de cultivos destinados
a la producción de drogas prohibidas. Según el Sistema de Información de
Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI, en 62 de los 86 municipios en zonas
CCAI (es decir, en el 72,1% del total de las zonas de consolidación) fueron
encontradas 32.445 hectáreas de cultivos ilícitos.
Uno de los objetivos estratégicos del plan de consolidación es la “eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia”. Las revelaciones del
SIMCI indican que en 2010 las zonas CCAI concentraban el 48% del total
nacional de cultivos ilícitos de todo el país, calculado en 68 mil hectáreas
según la misma fuente.
Boletín de prensa, 27 enero 2011
20- “A toda máquina”
21- Declaraciones del presidente Juan Manuel Santos ver
http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/
saii/features/society/2010/10/19/feature-02
En mayo de 2010, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario a cargo de una investigación en torno a la usurpación de tierras
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C
Además de desplazamiento, el despojo
El despojo de tierras es un complemento de la estrategia del desplazamiento
forzado. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado23 , entre 1980 y julio de 2010 se produjo el despojo de,
por lo menos, 6,638.195 de hectáreas en Colombia, por acciones violentas
atribuidas a grupos armados ilegales.
Los departamentos en los que se produjo este despojo coinciden con las
regiones en las que están localizadas las zonas CCAI. Para la Comisión de
Seguimiento, los departamentos de Antioquia y Chocó (en los que están
ubicadas dos zonas CCAI: Bajo Cauca antioqueño y sur del Chocó) fueron
epicentro del despojo de 1,852.561 hectáreas.
Otra región afectada por tierras abandonadas, vendidas o entregadas forzosamente a terceros abarca los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el municipio de Buenaventura en el Departamento del
Valle del Cauca, donde la Comisión de Seguimiento estima el despojo en
1,491.892 de hectáreas. Aquí, el despojo de tierras coincide con cinco zonas
CCAI: Nariño, Cauca, Buenaventura, Río Caguán y Putumayo.
A su vez, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía,
Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, con 1,043.939 hectáreas de tierras afectadas, coinciden las zonas CCAI de Macarena y Arauca.
En los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y Norte de Santander,
el destierro y el despojo afectaron 866.535 hectáreas. En esa región están localizadas las zonas de consolidación Sierra Nevada de Santa Marta y Catatumbo.
Los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba fueron escenario
del despojo de 749.968 hectáreas. En esta región del Caribe están establecidas las zonas CCAI de Montes de María y Sur de Córdoba.
23- La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado surgió a partir de la Sentencia
Por último, los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila,
Quindío, Risaralda, Tolima, Santander y Valle del Cauca (exceptuando Buenaventura) fueron objeto del despojo de 633.299 hectáreas. En esta región
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T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, con el fin de
fortalecer el seguimiento que ese Alto Tribunal hace de sus
órdenes que buscan el cumplimiento de los derechos de la
población desplazada.
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está ubicada las zonas CCAI Cordillera Central.
Por otra parte, para el RUPD y RUPTA (Registro Único de Protección de
Territorios Abandonados)24 a partir de los registros oficiales (1995-2010)
reportan un valor de 6,556.978 hectáreas abandonadas por 256.480 jefes de
hogar, que afirman haber abandonado forzadamente 270.680 predios. Por
otra parte, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población
(PPTP) Desplazada estimó por lo menos 1,500.000 hectáreas adicionales
que fueron abandonadas por la población en situación de desplazamiento,
con base en las declaraciones realizadas entre 1995-2004. Se puede concluir
que el área total abandonada asciende a más de 8,000.000 millones de hectáreas y que el número de personas desplazadas supera los 3,6 millones de
personas25 . (Ver Tabla 4).
El estudio concluyó que “el 8% de la población colombiana, que representa el 35% de la población rural, ha sido desplazada de manera forzada en
medio de la violencia cuyos agentes directos han sido actores armados al
servicio de intereses de apropiación de riquezas y en particular de tierras y
control de territorios”. Agregó que “cerca del 45% de los municipios del país
han sido gravemente violentados durante los últimos 20 años, por la expulsión de familias y por las consecuencias del abandono forzado de bienes y
unidades productivas ”26.
El ejercicio de cálculo de tierras abandonadas por la violencia elaborado por
el PPTP permite identificar los municipios más afectados, bien sea por el
número de predios, por su extensión, por el número de personas relacionadas con los predios o por la proporción del área del municipio abandonada,
entre otros27 . De los 150 municipios con mayor afectación por abandono
forzado de predios, 51 (34%) están ubicados en las zonas CCAI (Ver Tabla
5). Esto representa por otra parte el 59.30% de los 86 municipios que hacen
parte de las CCAI. Es importante anotar que la encuesta no tiene en cuenta
la información sobre territorios étnicos. Tampoco la relacionada con predios
con extensión mayor a 98 hectáreas, que representan el 5%, de acuerdo con
el PPTP.
24- Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono
forzado de tierras en Colombia. Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional- Proyecto de
Protección de Tierras y Patrimonio. Bogotá D.C., diciembre
de 2010.
26- Ibid. Págs 127-128.
25- Ibíd. Capítulo 7. Análisis del Consolidado Nacional de
27- Ibíd. (Consultar los 150 municipios con mayor
Tierras por Desplazamiento Forzado. Autor Camilo González
afectación por abandono forzado de predios- Compendio
Posso.
Estadístico. Págs 149-153)
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Reclamando tierras sin garantías de protección
Exigir restitución o adjudicación de tierras es una acción intrépida que se
puede pagar con la vida. Entre marzo de 2002 al 31 de enero de 2011, en
Colombia fueron sido asesinados 44 líderes de población desplazada y que
tenían algún vínculo con procesos de restitución de tierras (Ver Tabla 6).
Los grupos paramilitares en proceso de desmovilización o de rearme usan
la intimidación para consolidar el despojo de tierras y evitar cualquier reclamación de restitución o adjudicación en sus zonas de influencia y control.
Carmen de Bolívar es uno de los municipios que hacen parte de la zona
CCAI Montes de María. Años atrás padeció el conflicto debido a la presencia de las Farc, el Eln y los paramilitares. Miles de campesinos fueron
desplazados a punta de masacres en las que perecieron 115 personas entre
1997-2003, de acuerdo con cifras oficiales28 . 100.000 se vieron obligadas
a dejar sus tierras. Con el operativo militar de octubre de 2007 que dio de
baja a Martín Caballero, jefe de las Farc en esta zona, muchos habitantes del
municipio pensaron que al fin llegaría la paz. Pero la realidad fue otra. Las
personas desplazadas que quisieron retornar a sus tierras se encontraron con
que estas habían sido “compradas”, en gran parte empresarios antioqueños,
vinculados con la clase política de este departamento. Ahora los despojados
de Carmen de Bolívar esperan que la Seguridad Democrática les permita,
a ellos también, retornar a su territorio, objeto de una verdadera contrarreforma agraria.
Otros dos procesos emblemáticos de restitución de tierras que provocaron
asesinatos y atentados ocurren en Córdoba, y en Urabá han sido asesinados
ocho líderes sociales que estuvieron activos en estos procesos de restitución.
El primero se llevó a cabo en junio de 2008 en la vereda Costa de Oro,
Montería, donde se restituyeron 1.854 hectáreas a 58 familias. La respuesta
paramilitar ha costado la vida de Guillermo Ramos, John Jairo Martínez,
Ana Isabel Gómez, Yolanda Izquierdo y Alberto Pastrana. También se atentó contra la vida del presidente del Comité Civil de Víctimas, abogado
Mario Montes.
El otro proceso de restitución de tierras al que se han opuesto los grupos
paramilitares y los responsables del despojo se desarrolla en la región de
Urabá y ha cobrado tres víctimas: Alberto Valdéz (mayo de 2010), Hernando
Pérez (septiembre de 2010) y Oscar Maussa (noviembre de 2010). También
se atentó contra la vida de Fernando Enamorado el mismo mes de noviembre.
28- Tomado de www.lasillavacia.com: Las tierras de la
posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María. 23
de noviembre de 2009.
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Proteger las organizaciones de población desplazada y su liderazgo en las
zonas de presencia paramilitar es, además de una obligación del gobierno,
un desafío para asegurar la aplicación de la Ley de restitución de tierras. Y
no es sólo protección policial y adjudicación de celulares y chalecos antibalas. Es necesario el desmantelamiento de las estructuras criminales del
nuevo paramilitarismo, que son agentes oficiosos de poderosos intereses
asociados a la tenencia inequitativa de la tierra y al narcotráfico. Es necesario romper los tentáculos de estos grupos y su posible influencia en administraciones locales, en entidades como la Fiscalía General de la Nación,
organismos de seguridad, unidades de las Fuerzas Militares y de Policía y
en las instituciones encargadas de realizar el proceso de restitución de tierras, especialmente el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
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A
CAPITULO II
II. Tendencia general del
desplazamiento forzado en
Colombia
Crisis humanitaria sostenida y prolongada
El desplazamiento forzado sigue siendo una constante de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia, que afecta casi todo el
territorio nacional. Las 280.041 personas desplazadas en 2010 llegaron
a 1.014 municipios1 de 31 departamentos del país en busca de protección
y apoyo. En promedio, 778 personas se desplazaron cada día de 2010 en
Colombia. (Ver gráfico 2).
Gráfico 2
Datos comparativos Acción Social - CODHES
Fuente: SIPOD - Acción Social, a diciembre 2010 /
SISDHES - CODHES, a diciembre 2010
El Gráfico 3 muestra que en los últimos 25 años (1985-2010) por lo menos
5,195.620 personas (1,039.124 hogares) han sido desplazadas en Colombia
por razones de violencia. Esto significa que, en promedio, cada año del
último cuarto de siglo unas 208.000 personas padecieron desplazamiento
forzado. Es decir, el 11.42% del total de la población colombiana (casi 12
de cada 100 colombianos) fue obligada a cambiar de lugar de residencia
porque su vida, su integridad física o su libertad fueron vulneradas o
seriamente amenazadas.
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El dato incluye corregimientos departamentales de
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los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.
En Colombia hay 32 departamentos y un total de
1.141 municipios.
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Gráfico 3
Tendencia del desplazamiento forzado en 25 años
El énfasis en que han sido desplazadas, y no en que son desplazadas, tiene
que ver con la situación de estas personas después del desplazamiento. Algunas fallecieron, otras se reintegraron a sociedades locales por sus propios
medios y no se reconocen como desplazadas, otras se fueron del país.
Como lo advierte la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado, la mayoría sobrevive entre la indigencia y la pobreza. El 97.6% de los hogares inscritos en el RUPD2 están por debajo de la
línea de pobreza, mientras que entre los no inscritos esa proporción es del
96%. Por otra parte, los niveles de indigencia también se mantienen altos.
El 78.8% de los hogares inscritos en el RUPD tienen niveles inferiores a la
línea de indigencia.
2-Registro Único de Población Desplazada
del Sistema de Información de Población
Desplazada, a cargo de Acción Social
La cifra acumulada de 5,195.620 personas entre 1985-2010 da cuenta de la
crisis crónica, sostenida y prolongada del desplazamiento forzado en los
últimos 25 años de conflicto armado en Colombia. Como se sabe, el registro
gubernamental alcanzó la cifra de 3,527.835 personas oficialmente reconocidas como desplazadas entre 1997-2010. Este registro oficial no incluye
desplazados entre 1985 y 1996, un decenio en el que se produjeron innumerables masacres (como las de Mejor Esquina y El Tomate en Córdoba,
Pueblo Bello en Cesar y los recurrentes asesinatos en masa en la región de
Urabá), igual que los más grandes desplazamientos masivos, como el ocurrido en Pavarandó, Departamento del Chocó, que afectó a más de 15.000
personas. El desplazamiento acumulado entre 1999-2010, según el RUPD,
es de 3,598.373 personas. (Ver Gráfico 4).
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El gobierno no tenía un sistema de registro de población desplazada
hasta 1997, cuando se inició un incipiente proceso de registro en el Ministerio del Interior. Como lo advierte la Corte Constitucional, el hecho
de que los desplazados no fueran registrados conforme a la Ley 387 de
1997 no quiere decir que no existieran personas afectadas y su negación es una forma de desconocimiento de sus derechos. En el mismo
pronunciamiento, el Auto 011 de 2009, la Corte resalta tres áreas en las
que constató los problemas más importantes: I) el registro de población
desplazada II) el intercambio de información entre el sistema de registro
manejado por Acción Social y otras bases de datos administradas por
entidades responsables de ayudar a la población desplazada y, III) la
simultaneidad de varios sistemas de registro de personas desplazadas3.
Es importante tener en cuenta el subregistro (29.31%) y los altos niveles
de rechazo de inscripción y reconocimiento de población desplazada
(48%).La intención de minimizar el número de personas desplazadas
resulta evidente, bajo la premisa falsa del anterior gobierno (que parece
tener continuidad en Acción Social en la administración del presidente
Santos) según la cual en Colombia “no hay conflicto armado”, “no hay
desplazados sino migrantes”, “el paramilitarismo es cosa del pasado” y
la guerrilla está en el “fin del fin4”.
3- Para superar el subregistro de población
desplazada, la Corte ordena a Acción Social
realizar, en un plazo perentorio, una campaña de
divulgación, si lo estima pertinente en coordinación
con el Ministerio Público, sobre las nuevas políticas
respecto del registro de la población desplazada. De
manera coordinada debe capacitar a los funcionarios
Además, en 2010 el ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio formuló irresponsables declaraciones según las cuales el 30% del
total de personas que buscan ingresar al RUPD serían suplantadores, dejando un manto de duda y una acusación generalizada y sin fundamento
contra las personas desplazadas.
Según el entonces funcionario, “hay personas que hacen uso de la
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encargados de recibir y valorar las declaraciones
y de registrar a la población desplazada, con el
fin de que éstos estén al corriente de los avances
mencionados y se abstengan a aplicar restricciones
que ya no existen y cuya exigencia vulnera los
derechos fundamentales de los desplazados.
4- Definiciones expresadas por distintos altos
funcionarios o porun asesor privado del presidente
Álvaro Uribe, o por él mismo, en distintos
momentos.
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condición de desplazados para acceder a beneficios y subsidios entregados
por Acción Social”. Aseguró Valencia Cossio que “aquí hay una defraudación al Estado porque ya hay una profesión que se denomina desplazado y
muchas personas engañan a las administraciones, a Acción Social y a todas
las entidades del Estado y tienen beneficios que no deberían tener y que le
están quitando los recursos a quienes si se les deben aplicar”. Agregó: “aquí
lo que hay es una rapiña sobre los puestos municipales, departamentales y
nacionales de gente inescrupulosa y de delincuentes que se dedicaron a traficar con las necesidades de los pueblos5” .
Para CODHES, decir que en el registro oficial hay “muchos desplazados”que
no lo son, equivale a una confesión de incompetencia del gobierno,que es el
encargado de incluir o rechazar a los solicitantes. O, más grave aún, existe
corrupción y clientelismo que conduce a fraudes. Pero insinuar que se trata
de un fenómeno significativo, sin allegar pruebas, es lanzar una cortina de
humo sobre las carencias de la política pública, denunciadas reiteradamente
ante la Corte por diversas organizaciones e instituciones territoriales.
Acción Social se apresuró entonces a reportar que, durante 2010, en Colombia fueron desplazadas 86.312 personas: en todo caso una cifra considerable
en tiempos de seguridad democrática.
No obstante, esta cifra, sujeta a modificación a la espera de nuevos datos de
desplazados que apelan la negación, así como de informes consolidados de
todo el país, excluye a desplazados por paramilitarismo, desplazamientos
intraurbanos y algunos desplazamientos por operaciones militares y policiales de fumigación de cultivos ilícitos.
Además, miles de desplazados provenientes de zonas estigmatizadas como
zonas rojas o de influencia de la guerrilla prefieren abstenerse de acudir al
registro estatal, desestimulados por la constante negativa de inclusión en el
registro del gobierno.
Aun así, la cifra oficial reconoce que las personas desplazadas en 2010 llegaron a 719 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital. Además
muestra que, de los 100 municipios con mayor expulsión durante año pasado, 42 hacen parte de los 86 contemplados en las zonas CCAI. Es decir,
36.817 personas que representan el 42.65% del total de desplazados que reconoce el gobierno para 2010 fueron expulsados de las zonas de consolidación de la política de seguridad democrática.
5-El entonces ministro hizo este pronunciamiento
en la Audiencia de seguimiento a la política de
atención a los desplazados, realizada en la Corte
Constitucional el 20 de mayo de 2010 en Bogotá.
Narcotráfico, ¿única causa del
desplamiento forzado y de la
violencia asociada en las ciudades?
El desplazamiento intraurbano sigue sin ser reconocido. El gobierno nacional y las autoridades locales lo encasillan como un asunto relacionado
con delincuencia común y bandas criminales asociadas al narcotráfico.
Como resultado, la población desplazada que declara es rechazada en el
Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y no se le reconocen
sus derechos como víctimas del conflicto armado.
De acuerdo al SISDHES, en 2010 fueron víctimas de desplazamiento intraurbano 742 familias (2.599 personas), principalmente en 10 ciudades:
Bogotá, Medellín, Tumaco, Cali, Buenaventura, Valledupar, Caucasia,
Bello, Apartadó e Ibagué (ver Tabla 7).
El Gráfico 5 muestra que según cifras oficiales, durante los ocho años del
gobierno de Álvaro Uribe el desplazamiento forzado interno alcanzó una
cifra de 2,650.628 personas: el 51% del total de población desplazada que
reconoce el gobierno entre 1997-2010 se vio obligada a abandonar sus regiones durante el mandato del presidente Uribe porque no tuvieron seguridad
para sus vidas, ni protección para sus tierras.
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Desplazamiento intraurbano
en Medellín: un caso especial
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A partir de 2006 se maneja con cada vez mayor fuerza la hipótesis de
que Colombia ya no vive un conflicto armado interno, sino una situación
de violencia generalizada por causa del narcotráfico. CODHES no pretende desconocer la realidad del tráfico de drogas. Pero, considera importante llamar a la reflexión sobre la necesidad de aclarar el escenario,
tanto dentro del país como entre la comunidad internacional. El objetivo
es lograr una incidencia y un apoyo más efectivosen la formulación de
políticas públicas realmente encaminadas a solucionar las necesidades
de las víctimas de un conflicto armado interno que es uno solo, aunque
día a día registra transformaciones hacia otros tipos de conflictos. Persisten los grupos guerrilleros (Farc, Eln). Aun cuando algunos sectores
paramilitares únicamente se dedican al negocio del narcotráfico, en la
realidad el paramilitarismo no se desmovilizó, sino que se fraccionó en
múltiples bandas que persiguen los mismos intereses de otrora. A la par,
algunos sectores de la fuerza pública siguenevidenciando su colaboración con el ala paramilitar del conflicto armado interno.
El conflicto, sus transformaciones y nuevas manifestaciones suponenproblemáticas y retos nuevos en cuanto a la protección de los derechos
de los civiles en medio de la confrontación. En este marco, el desplazamiento ─una de las afectaciones más fuertes del conflicto─ también
presenta nuevas formas que desbordan la capacidad de respuesta del Estado. Tal es el caso del fenómeno del desplazamiento intraurbano, que es
producto de la penetración del conflicto y de diversos tipos de violencia
en las ciudades. Admitido legalmente desde 20026 , se lo identificacomo
un fenómeno recurrente y en ascenso.
Las víctimas del desplazamiento intraurbano son, en su gran mayoría,
población vulnerable asentada en las zonas más pobres y conflictivas de
las ciudades, al tiempo que personas que han sido desplazadas de otros
lugares del país y que se ven abocadas a sufrir nuevos desplazamientos
en los centros urbanos.
Para CODHES es importante llamar la atenciónacerca de lo que está sucediendo en las grandes ciudades colombianas, especialmente Medellín.
El fenómeno se asocia a la existencia de grupos postdesmovilizados que
se enfrentan por el control de actividades ilegales, como el narcotráfico
6- La Defensoría del Pueblo de Medellín interpuso
ese año una acción popular, dentro de su labor de
mediación en el caso de 22 familias desplazadas
forzosamente del barrio El Salado, en la Comuna 13
de esa ciudad.
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a gran y mediana escalas y el microtráfico. La presencia y enfrentamiento entre pandillas, las amenazas, los intentos de homicidio, la posibilidad de reclutamiento forzado, la extorsión, el control social violento y la
acción urbana de grupos armados, entre otras, se constituyen también
en razonespara que la población se decida a desplazarse dentro de la
ciudad.
Estos grupos postdemovilizados,a los queen sus zonas de influencia las
comunidades siguen reconociendo como paramilitares,siguen ejerciendo las mismas formas de control: limitación a la movilización, amenazas al orden social, asesinatos selectivos y masacres, estas últimas incrementadas de manera notable en Córdoba y Antioquia. Adicionalmente,
la evidente relación de algunos miembros de la fuerza pública con estos
grupos conlleva desconfianza y sentimientos de desolación. Si el gobierno no pone freno de manera pronta a este fenómeno se le saldrá de
las manos y, sin duda alguna, marcará el derrotero del conflicto armado
interno colombiano en 2011.
En Medellín continúan presentándose altos índices deviolencia y violaciones a los derechos humanos, al tiempo que persiste el enfrentamiento
de grupos armados ilegales. A octubre de 2010, la Personería de la capital antioqueña había registrado al menos 14 casos de desaparición forzada, varios de ellos acompañados de torturas y otros tratos degradantes.
A octubre de 2010 se habían registrado 1.736 homicidios, en comparación con1.717presentados en el mismo periodo de 2009. Las más afectadas son las comunas 13, 10, 3, 4, 6, 1 y 57, y los principales blancos, los
comerciantes, transportadores, líderes y menores de edad.
7- Véase. Personería de Medellín. Informe Situación
de los Derechos Humanos en Medellín 2010. Pág. 6
8- Véase. Instituto Popular de Capacitación IPC.
InformeDerechos Humanos de Medellín. Enero –
octubre de 2010. Diciembre 2010. Pág. 2
9- Ibíd.
Esto muestra que no ha sido posible una mejoraen este tema, a pesar
de que en febrero “se hizo pública la suscripción de una tregua entre
las facciones de Maximiliano Bonilla alias ‘Valenciano’ y Erick Vargas alias ‘Sebastián’ (Oficina de Envigado), cuya disputa territorial por
Medellín aportó cerca del 70% de las muertes violentas durante el año
2009”8 . Esa tregua fue rota en el mes de abril.Además de esto, “los
golpes que la Policía dio a estructuras como las de La Cañada y La Sierra en la Comuna 8 de Medellín, contradictoriamente, dejaron espacios
propicios para el copamiento del territorio por estructuras provenientes
de Urabá9” .
a dichos grupos. Por esta razón, según la Personería, cerca de 1.355 niños se desplazaron entre 2009 y mayo de 2010 en la ciudad10.
10- Véase. Por miedo y amenazas se desplazaron
1.355 estudiantes en Medellín. Mayo 12 de 2010.
Codhes. Recuperado el 20 de diciembre de 2010 de
www.codhes.org
jóvenes, la desescolarización de algunos niños, niñas y adolescentes y su
vinculación y utilización en el conflicto armado interno, el desplazamiento
forzado de familias, miedo y zozobra, debido a los ataques indiscriminados
en medio de sus lugares de convivencia ubicados en los límites territoriales
impuestos por estos grupos.
Con el recrudecimiento de la violencia, Medellín se posiciona en los años
2009 y 2010 como la ciudad más afectada del país por el desplazamiento
intraurbano, como lo menciona la Alcaldía.
En efecto, la Personería de la capital antioqueña documentó 4.469 casos de desplazamiento intraurbano durante 2010, un incremento de 72%
respecto a 200911 . En 2010 la entidad registró seis desplazamientos forzados masivos en los barrios Popular, en el sectorLa Veredita; La Sierra;
Moscú No. 1, en el sector Los Balsos; Aures No. 2 y Santa Inés. En total,
se vieron afectadas 366 personas. Esta población fue desplazada como
consecuencia de la derrota del grupo ilegal que operaba en su territorio
en la ciudad12 , además de las constantes amenazas, las cuales se configuran como la principal causa del desplazamiento intraurbano. En total,
a octubre del 2010,habían sufrido desplazamiento intraurbano un total
de 5.098 personas, que corresponden al 30% de las declaraciones recibidas en la Personería13 .
Ke. Enero 9 de 2011. Recuperadoel 19 de enero
de
2011de
http://www.kienyke.com/2011/01/09/
desplazamiento-intraurbano/
12- Véase. Personería de Medellín alerta por
aumento de desplazamiento intraurbano. Noviembre
Los sectores con mayor nivel de expulsiónfueron las comunas“13, principal expulsora con el 24%, seguida por la Comuna 1 con el 16%, la Comuna 3 con el 12%, la Comuna 7 con el 9% y la Comuna 8 con el 8%14” .
Por ejemplo, en la Comuna 6, de acuerdo con la Personería,el enfrentamiento entre “bandas” y “combos” ha ocasionado la muerte de muchos
� 64 �
11-Véase. Desplazamiento intraurbano. Kien &
8 de 2010. El Colombiano. Recuperado de www.
elcolombiano.com.co el18 de enero de 2011
13- Véase. Personería de Medellín. Informe
Situación de los Derechos Humanos en Medellín
2010.Pág. 10
14-Véase. Personería de Medellín. Informe Situación
de los Derechos Humanos en Medellín 2010.Pág. 11
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Ahora bien, debido a la negación del conflicto armado colombiano y a la
naturaleza de los agentes expulsores, la mayoría de estos hechos sonasociados a la delincuencia común, razón por la cual las autoridades locales
reconocen el fenómeno como un asunto policial.
En 2010 se registraron 14 desplazamientos masivos de pueblos indígenas
que afectaron alrededor de 4.061 personas pertenecientes a los pueblos Nasa,
Embera, Eperara Siapidara y Jiw. Estos desplazamientos ocurrieron, en su
mayoría, por combates entre la fuerza pública y la guerrilla de las Farc.
Esta mirada de la problemática supone varios inconvenientes, sobretodo en
el sistema de registro, debido al alto nivel de rechazo de declaraciones por
parte de Acción Social.
Todos estos pueblos han sido declarados por la Corte Constitucional en alto
riesgo de extinción, aun cuando es muy grave el caso del pueblo nómada
Nukak Makú, que sigue enfrentando el drama de su desaparición como comunidad étnica como consecuencia del conflicto armado que persiste en sus
territorios. En 2010, otros 29 indígenas Nukak Makú se desplazaron hacia
cabeceras municipales del Departamento del Guaviare.
En el caso de Bogotá, de acuerdo a autoridades locales, el subregistro llega
al 52% porque “no existe una posición oficial de la Alcaldía” frente a esta
problemática y se trabaja de manera conjunta y sobre la base de la posición
de la Policía Nacional.
Es por esto que se hace necesario que la política públicaevolucione al ritmo cambiante de las dinámicas del conflicto, de manera que se pueda dar
atención integral a las víctimasdel mismo.Igualmente, es imperioso que el
Estado reconozca el conflicto armado colombiano y las consecuencias que
éste trae en términos de vulneración de derechos de la población civil.
B
La población vulnerable sigue sufriendo el mayor impacto humanitario por cuenta del
desplazamiento forzado
La extinción de pueblos indígenas no se detiene
Por lo menos 7.925 personas pertenecientes a diferente pueblos indígenas
fueron desplazadas en 2010, principalmente de zonas rurales de los departamentos de Putumayo, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y
Guaviare.
Cabe anotar que el registro de Acción Social de 2010 sólo reconoce el desplazamiento de 3.731 indígenas y no incluye algunos casos de desplazamiento masivo ocurridos el año pasado. No obstante, el mismo registro gubernamental reconoce un acumulado de 83.464 indígenas desplazados entre
1997 y junio de 2010.
El desplazamiento indígena se efectúa desde zonas rurales hacia las cabeceras municipales más cercanas. En muchos casos hay eventos anteriores de
amenazas a líderes de las comunidades, combates entre grupos armados,
restricciones en la movilidad, confinamiento e incremento en la inseguridad
alimentaria.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en 2010 fueron asesinados 122 indígenas y durante los primeros seis meses del actual gobierno
se presentaron, por lo menos, 82 casos de violaciones a derechos humanos
de pueblos indígenas que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, amenazas, desaparición forzada y secuestro.
La Corte Constitucional promulgóen diciembre de 2010 el Auto 38215, para
proteger y atender al pueblo Hitnu de Arauca por precarias condiciones de
salud y alimentación agravadas por el conflicto armado, que ponen en peligro su existencia.En esta providencia,la Alta Corte advierte sobre el incumplimiento del gobierno nacional del Auto 004 y de las órdenes específicas
que se refieren a la protección de pueblos indígenas contenidas en los autos
092/2008, 251/2008, 006/2009 y008/2009.
El gobierno nacional y las autoridades indígenas acordaroniniciar un proceso de consulta extraordinario en torno al proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras que cursa en el Congreso y la adopción del Plan Nacional
de Desarrollo.
1 5 - h t t p : / / w w w. c o r t e c o n s t i t u c i o n a l . g o v. c o /
RELATORIA/Autos/2010/A382-10.htm
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Ahora bien, debido a la negación del conflicto armado colombiano y a la naturaleza de los agentes expulsores, la mayoría de estos hechos sonasociados
a la delincuencia común, razón por la cual las autoridades locales reconocen
el fenómeno como un asunto policial.
Esta mirada de la problemática supone varios inconvenientes, sobretodo en
el sistema de registro, debido al alto nivel de rechazo de declaraciones por
parte de Acción Social.
En el caso de Bogotá, de acuerdo a autoridades locales, el subregistro llega
al 52% porque “no existe una posición oficial de la Alcaldía” frente a esta
problemática y se trabaja de manera conjunta y sobre la base de la posición
de la Policía Nacional.
Es por esto que se hace necesario que la política públicaevolucione al ritmo cambiante de las dinámicas del conflicto, de manera que se pueda dar
atención integral a las víctimasdel mismo.Igualmente, es imperioso que el
Estado reconozca el conflicto armado colombiano y las consecuencias que
éste trae en términos de vulneración de derechos de la población civil.
Durante dos años se han dado cientos de reuniones del Ejecutivo nacional
con las autoridades indígenas, y a su vez con cada uno de los pueblos favorecidos por el Plan de Salvaguarda Étnica en diferentes zonas del país, mesas
interinstitucionales, comisiones, planes de trabajo, etc.
La fase de diseño, con garantías, del derecho a la participación de los pueblos
indígenas a través de la consulta previa, libre e informada, ha sido extensa.
No solo porque ha requerido un proceso simultáneo con los diferentes pueblos, sino primordialmente porque, a pesar de tener toda una jurisprudencia
internacional y nacional sobre la materia, no hay aún protocolos claros de
actuación, ni mecanismos de solución. No hay consenso en las medidas requeridas, lo que no permite llegar a ninguna decisión.
El cambio de gobierno ha requerido los necesarios ajustes de tiempo mientras toma la decisiónde actuar. Sin embargo, la sensaciónes de paso muy
lento mientras no llegan las urgentes medidas de protección. La obligación
del gobierno nacional de salvaguardar a las etnias en sus territorios sigue
siendo una tarea pendiente. Reiteradamente, las comunidades permanecen
en sus territorios en medio de las confrontaciones y son objeto de sitio, confinamiento y de todo tipo de restricciones en su vida diaria por parte de los
actores armados legales o ilegales, asociados o no al narcotráfico.
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También continúa evidenciándose un vacío en la corresponsabilidad de los
entes territoriales en el cumplimiento del mencionado Auto. Las administraciones departamentales y municipales poco intervienen en la solución de los
problemas relacionados con los sectores deSalud, Educación y prevención.
El desplazamiento de comunidades afrocolombianas
sigue en aumento
El desplazamiento sigue afectando de manera sistemática y desproporcionada a las comunidades afrodescendientes. Tomando como base la III Encuesta Nacional de Verificación y el consolidado de población desplazada
en Colombia en 2010, se estima que alrededor de 70.010 afrocolombianos
fueron desplazados en 2010 por acciones de violencia en el marco delconflicto armado interno.
En Antioquia, 706 personas que se reconocen integrantes de comunidades
afrocolombianas fueron desplazadas el año anterior. Amenazas yasesinatos
de miembros de las comunidades, reclutamiento forzado infantil,combates
entre el Ejército Nacional y diversos grupos armados al margen de la ley,
extorsiones, agresiones físicas y miedo generalizado son algunas de las causas de este desarraigo. Entre los presuntos actores armados responsables de
los desplazamientos están las AUC, las Convivir, Águilas Negras y otros
nuevos grupos de miembros reinsertados y desmovilizados, así como las
Farc.
Al menos 1.252 miembros de las comunidades negras fueron desplazados
en el Departamento del Chocó durante 2010. Las principales causas del desplazamiento fueron los combates entre grupos armados ilegales, entre ellos
Águilas Negras y Rastrojos. Grupos armados sin identificar se establecieron
por dos días en la comunidad Indio de Dipurdú Pie, la sitiaron y obligaron
a la comunidad a permanecer incomunicada y sin alimentos. El desplazamiento en Alto Baudó se debió al temor de la comunidad ante el repliegue
de la Infantería de Marina hacia la vereda de Chachajo.
En el municipio Litoral de San Juan, la población se desplazó debido a acciones del grupo Águilas Negras, entre ellas el asesinato de dos hombres.
Al momento de los hechos, Acción Social y la Defensoría Comunitaria del
Pueblo identificaron una situación de confinamiento en la zona y alertas en
las comunidades cercanas de Malaguita, en el Valle del Cauca, y Quícharo,
en Chocó. Según Acción Social, el riesgo inminente de aproximadamente
522 personas afrocolombianas en este municipio se mantuvo durante el
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
segundo periodo del 2010, debido a la disputa territorial entre Rastrojos y
Águilas Negras y la presencia adicional del Frente 30 de las Farc16 .
En Medio Baudó, el desplazamiento se produjo por la desaparición de tres
adultos (dos hombres y una mujer) ocurrida en agosto, en medio de la presencia de grupos armados ilegales en el territorio. Los combates entre Rastrojos y Águilas Negras generaron terror entre los pobladores. Las personas
que llegaron a la cabecera municipal señalaron que desde hacía varios meses se hallaban confinadas, sin poder salir de la comunidad por la presión
de dichos grupos armados.
Por último, según información de Acción Social el riesgo de la población
afrocolombiana se mantuvo durante el segundo semestre del 2010 en el Departamento del Chocó debido al proceso de expansión de las Águilas Negras, Urabeños y los Frentes 34 y 57 de las Farc17.
CODHES y Acción Social coinciden en que, entre 1999 y 2009, el Departamento de Nariño se ubicó en cuarto lugar según las cifras de expulsión
y recepción de personas en condición de desplazamiento forzado. Dicha
tendencia se mantiene. A diciembre de 2010, en ese departamento se habían
tenido que desplazar 4.981 personas.Las principales causas del desplazamiento son la presencia de las Farc y de diversos grupos armados ilegales
que controlan la zona.
En el municipio de Roberto Payán se registraron cinco hechos violentos
que generaron el desplazamiento de 949 habitantes de territorios colectivos
de comunidades negras. En este municipio, la afectación a los menores de
edad ha sido mayor que en otros departamentos. Las principales causas de
desplazamiento fueron los combates entre las Farc y el ejército, las incursionesde las Águilas Negras y el asesinato de un miembro de la comunidad
negra de la vereda Paisapi, en septiembre de 2010.
16- Acción Social. Observatorio Nacional de
Desplazamiento Forzado. Boletín de Prevención.
“El desplazamiento ¿En qué vamos? Expulsión
de personas enero – agosto 2010”. Agosto 2010,
Volumen 2, No. 08
17- Ibíd. “El desplazamiento ¿En qué vamos?
Expulsión de personas enero-septiembre 2010”.
Septiembre 2010, Volumen 2, No. 09.
En El Charco, tres episodios violentos generaron el desplazamiento forzado
de 1.909 personas. En este municipio, caracterizado territorio colectivo donde el 94.7% de la población se identifica como afrocolombiana, el porcentaje
de afectación a esta etnia es alto. Las principales causas de desplazamiento
fueron los constantes hostigamientos de las Farc y los enfrentamientos entre
la Infantería de Marina y esa guerrilla, así como combates entre diversos
grupos armados ilegales.
En el municipio de Olaya Herrera fueron desplazadas 511 personas de sus
territorios colectivos. Aquí, el 94,8% de la población que se identifica como
afrocolombiana. Las principales causas fueron las incursiones de grupos
armados ilegales y combates entre las Farc y la Infantería de Marina, según
fuentes de CODHES.
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Santa Bárbara de Iscuandé, territorio colectivo con 94,2% de población
afrocolombiana, sufrió un desplazamiento de 270 personas debido al temor
de la población por la llegada de aproximadamente 300 miembros de grupos armados ilegales. Según reporta Acción Social, la crisis humanitaria se
debió a la masacre perpetrada por el grupo El Porvenir18 .
Por último, en el municipio de Tumaco, con 88,8% de población afro, fueron
desplazadas de sus territorios 1.244 personas.
En el Departamento de Nariño, las principales causas del desplazamiento se
deben a la presencia de las Farc y de diversos grupos armados ilegales que
controlan la zona.
La presencia de estos nuevos grupos postdesmovilizados se intensificó durante 2009 y se consolidó en Nariño en 2010. Los grupos de mayor crecimiento son Los Rastrojos, seguidos por Los Urabeños y Los Paisas. Estas
nuevas formaciones armadas no solo tienen nexos con el narcotráfico y las
demás ilegalidades en la región, sino también con actividades legalesy con
grupos de control político con incidencia directa en la reorganización violenta de la propiedad, especialmente en el litoral del Pacífico19 . De este
modo, el accionar de los neoparamilitares en estos territorios cuenta con la
complicidad de agentes estatales, que permiten que se infiltren en los organismos de seguridad.
Las principales causas del desplazamiento de 255 personas de comunidades
negras en el municipio de Guapi en 2010 fueron amenazas contra la población, reclutamiento forzado y combates entre diversos grupos armados y el
Ejército Nacional. Los principales responsables de los desplazamientos, las
Farc y el Eln.
La presencia de nuevos grupos armados y la crisis humanitaria por la que
atraviesan las comunidades afrocolombianas de Guapi constituyen un escenario crítico. El gobierno nacional, mediante la Directiva Presidencial 01
del 20 de marzo de 2009, declaró a este municipio como zona de interés
principal para iniciar la denominada consolidación.
Entre tanto, en Bogotá y Soacha se desplazaron forzadamente 90 personas
pertenecientes a comunidades negras. Las principales causas, según fuentes
del SISDHES, fueron amenazas, asesinatos, masacres, detenciones arbitrarias registradas en Soacha, reclutamientos forzados, secuestros, atentados
contra la vida y la integridad personal.
18-Ibíd. “El desplazamiento ¿En qué vamos?
Expulsión de personas enero-septiembre 2010”.
Octubre 2010, Volumen 2, No. 10.
19-Cfr. INDEPAZ. Narcoparas o Neoparamilitares
Modelo 2010. Camilo González.
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Seguimos sin saber cuántas personas desplazadas tienen
algún tipo de discapacidad
La expedición del Auto 006 de 2009por parte de la Corte Constitucional,
sobre la protección especial de las personas en situación de desplazamiento
y con discapacidad, puso de presente la extrema vulnerabilidad 20 e invisibilidad de esa población. La Corte impartió cuatro órdenes a Acción Social,
como coordinador del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada (SNAIPD) y al Ministerio de Protección Social, como organismo rector del Sistema Nacional de Discapacidad y de la respectiva política
pública:
1. Suplir falencias de información sobre la población desplazada con discapacidad y establecer criterios unificados para la recolección de la misma.
2. Diseño e implementación de un programa nuevo para la protección diferencial de las personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado.
3. Diseño y ejecución de cinco pilotos de prevención y atención a las personas con discapacidad y sus familias en situación de desplazamiento forzado.
4. Protección concreta para 15 casos de personas desplazadas con discapacidad y de cuidadoras y cuidadores, individualizados ante la Corte.
20-Como riesgos especiales la Corte identificó: 1. Que
se incrementa la discapacidad por hechos asociados
al conflicto, o se adquiera una nueva discapacidad.
2. Que las personas con discapacidad por su falta
de independencia personal pueden ser abandonadas
antes, durante o después el desplazamiento. 3. La
imposibilidad de algunas personas desplazadas con
discapacidad para poder huir ante las amenazas
contra su vida o su integridad personal en el marco
del conflicto armando. 4. El riesgo de que por su
extrema vulnerabilidad, puedan ser objetos de
ejecuciones extrajudiciales para ser presentados
como bajas de actores de grupos armados ilegales.
5. Los riesgos agravados y desproporcionados que
enfrentan las personas desplazadas con discapacidad
por efectos destructivos del desplazamiento forzado
sobre las estructuras y capacidades familiares.
Un año y medio después de la expedición del Auto 006, la Mesa de Seguimiento consideró que solamente se ha cumplido con una parte de las
órdenes. El gobierno avanzó levemente en la identificación de esa porción
de población desplazada, pero aún quedan acciones pendientes para dar pleno cumplimiento a la primera orden de la Corte: conocer con precisión las
características en cuanto a edad, etnia, tipo de discapacidad y grado de realización de sus derechos. Además, la Mesa de Seguimiento consideró inadecuada la metodología de los pilotajes, sin ningún enfoque participativo ni
nacional ni localmente. Los pilotos se plantearon sin contar con estadísticas
reales sobre población con la doble condición de desplazada y discapacitada
y, por ende, los resultados son precarios. Hasta ahora no existe un diseño
preliminar de un programa que integre la metodología desarrollada con la
Mesa y con las organizaciones regionales durante el primer semestre de
2010.
Sin embargo, uno de los más grande desafíos es el desconocimiento sobre
las personas de doble vulnerabilidad: no se sabe exactamente cuántas personas hay, donde están, qué tipos de discapacidad tienen y cuáles son sus
necesidades.
Acción Social incrementó de 0,5% en marzo de 2008 a 1,03% en marzo de
2010 el reconocimiento de la proporción de la discapacidad en el conjunto
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de la población desplazada. Mientras, los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Verificación (ENV) de la Comisión de Seguimiento
indican que el 5% tiene algún tipo de discapacidad o limitación. Ese
guarismo se acerca más al cálculo de la Organización Mundial de la Salud, de que alrededor de un 10% de la población mundial vive con algún
tipo de discapacidad.
La cuarta parte de las personas entrevistadas por la Comisión atribuye
la causa de su discapacidad al conflicto armado21 . No es sorprendente,
ante la presencia de minas terrestres y restos explosivos en 31 de 32
departamentos de Colombia tras decenios de conflicto armado y que
representan una grave vulneración de un conjunto de derechos.
Sin embargo, el alcance del problema no es claro. Aunque no existen
registros ni estimaciones confiables sobre la cantidad y ubicación de las
minas, sí hay una fuerte asociación entre la presencia de minas antipersonal y la aparición de discapacidades. Los accidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar (MAP/MUSE) producen la muerte
de la víctima en 25% de los casos. Además de graves heridas, también
generan afectaciones que pueden manifestarse posteriormente como casos de discapacidad secundaria.
Existe un marco legal para la atención a las víctimas de accidentes de
MAP/MUSE, pero la mayoría de los sobrevivientes desconoce sus derechos y el acceso a los servicios en las áreas rurales donde se encuentra la
mayoría de las víctimas es difícil. Otro problema es que muchos de los
servicios no están cubiertos por el sistema de salud y los procedimientos
de aplicación son difíciles.
Otro aspecto importante es el hecho de que las experiencias violentas y
traumáticas antes, durante y después el desplazamiento forzado pueden
tener efectos graves en la salud mental que están ampliamente reconocidos en términos de salud pública y en la práctica humanitaria. Estas
manifestaciones pueden ser pasajeras y también convertirse en una patología individual de duración prolongada, es decir, en una discapacidad
mental. Los procesos de registro y atención a la población desplazada
deben ser sensibles al tema de los impactos psicosociales por la violencia para evitar que los impactos en la salud mental pasen sin ser reconocidos y no tratados.
En ese sentido, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-045
de 2010, decidió amparar el derecho a la salud de las personas desplazadas que también sufren discapacidad. Consideró que a estas víctimas
del conflicto armado debe dárseles un amparo especial, dadas sus condiciones de extrema vulnerabilidad, que contemple los impactos y las
secuelas físicas y psicosociales de la violencia.
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21- En el primer informe de verificación de la
Comisión presentado a la Corte Constitucional el
año 2008 un 17,5% de los hogares en situación de
desplazamiento incluidos en el RUPD presentó
algún tipo de discapacidad física o mental. Dentro
de ese grupo el 18,3% aduce la discapacidad a
causas relacionados con el conflicto armado.
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Protección de los derechos de las personas con
discapacidad
Precaución con la invisibilidad de la población desplazada
Las personas en situación de desplazamiento y con discapacidad enfrentan
riesgos especiales y ven vulnerados un amplio conjunto de sus derechos.
Aunque representan un grupo de especial protección, todavía no existen
indicadores técnicos para medir la realización efectiva de sus derechos y, a
su vez, evaluar la respuesta gubernamental relativa al enfoque diferencial
de discapacidad.
Es importante resaltar que, sumados los damnificados por el vigente Fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (específicamente su fase de La Niña) y
el desplazamiento forzado interno, un total aproximado de 6,539.751 personas, equivalentes al 14,37% de la población total de Colombia (45,508.205
personas según proyección DANE 2010) han sido desplazadas de sus hogares. Se estima que el 40% del total de población afectada por las lluvias,
896.087 personas, están en condición de doble afectación, es decir son desplazados afectados por la tragedia invernal.
Una primera caracterización surgida de la ENV indica que solamente un
29,7% de las personas en situación de desplazamiento recibieron algún
tipo de tratamiento o rehabilitación por afectaciones que les impiden, entre
otros, desarrollar capacidades necesarias para llevar a cabo las actividades
diarias. Un 25,1% de las personas con discapacidad indican que no pueden
realizar las actividades cotidianas, 64,3% lo hacen con dificultades y solo
un 10,6% puede desarrollar sus actividades cotidianas sin dificultad. Finalmente, solo un 13,6% está inscrito en el registro de discapacidad de la
secretaría de salud del lugar de residencia actual, lo que dificulta la atención
integral de las personas con discapacidad.
Por esta razón, CODHES sugiere la mejor coordinación posible entre el
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (SNAPD)
y Colombia Humanitaria. CODHES llama la atención para que el tipo de
respuestade emergencia que reciban no sea clasificada como una medida
de reparación, que en el futuro pueda ser descontada del derecho de los
desplazados a reparación y restitución. De acuerdo con la ENV, reparar integralmente a la población víctima de desplazamiento forzado cuesta cerca
de $80 billones de pesos.
Sin embargo, para asegurar una atención adecuada de estas personas que
garantice el goce efectivo de sus derechos más allá de la situación de desplazamiento, al Sistema Nacional de Discapacidad le falta articular con efectividad sus instancias e implementar plenamente su extensa normatividad.
Existen aún barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en igualdad de condiciones respecto a las demás personas en la vida
familiar, social y comunitaria. En ese sentido, la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratado internacional más importante en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, busca generar profundos cambios en la forma como
el Estado y la sociedad en general debe abordar la discapacidad, es decir,
orientarlos a enfocarse en abolir las barreras y obstáculos sociales (arquitectónicas, de comunicación o de actitud) que impiden a las personas con
discapacidad desarrollarse en igualdad de condiciones.
22-La Convención se firmó en mayo de 2007,
fue aprobada por el Congreso de la República
Hasta este momento, el gobierno colombiano no ha ratificado esa Convención22 . Aún falta depositar el instrumento ante Naciones Unidas, para que
la Convención entre a regir en el país.
en 2009 y en abril de 2010 la Corte declaró su
Adicionalmente CODHES recuerda que, a pesar de que esta emergencia
humanitaria no tiene antecedentes, para la Corte Constitucional, para la comunidad internacional y para la sociedad civil en general, sigue existiendo
un estado de cosas inconstitucional aún por resolver para la población desplazada, tal y como lo recuerda la Corte en su Sentencia T 025/2004 y sus
autos siguientes. Es así como CODHES recomienda que los desplazados por
causas violentas no deben resultar invisibilizados en esta coyuntura. Deben
formularse políticas públicas encaminadas a la búsqueda de soluciones, comenzando, tan pronto lo permita la temporada invernal, por un censo que
establezca con la mejor exactitud posible la dimensión de la población que
ha sido doblemente afectada por causa del conflicto y de las lluvias.
Además, al ser 2011un año electoral en el que gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles serán reemplazados, CODHES hace un llamado
para que los recursos destinados a atender la tragedia por las inundaciones
y derrumbes sean ejecutados de la manera más transparente y eficiente23.
El ministro del Interior y de Justicia mencionó al diario El Tiempo el 8 de
enero de 2011 que los municipios de Bello (Antioquia) y San Zenón (Magdalena), así como el Departamento del Atlántico, están siendo investigados24
por ese concepto.
constitucionalidad. Sin embargo, para que esta
se incorpore a la normativa nacional, aún falta el
depósito del instrumento ante la ONU.
� 74 �
� 75 �
23-En elecciones anteriores hubo
numerosas denuncias en todo el país
sobre la supuesta malversación de
subsidios de Agro Ingreso Seguro y de
Acción Social con fines electorales.
24-Tomado de http://www.eltiempo.
com/politica/gobernadores-en-la-mira_8764247-4 visitado el 14 de enero
de 2011 a las 10:31 am
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
En Santander se denunció el mal estado del albergue de Miraflores, caracterizado por el hacinamiento (solo hay un baño para 17 familias), la entrega
de colchonetas en mal estado y elementos que no se requieren y donde, en
algunos casos, se venden y cambian alimentos26 . Para monitorear los recursos de la emergencia se cuenta con la ayuda de Procuraduría, Contraloría,
veedurías ciudadanas, Transparencia Internacional, KPMG, Kroll, la Red
Global de Firmas de Auditoría y Seguimiento y la Cámara de Comercio de
Bogotá.
CAPITULO III
Esa misma semana, el presidente Santos dio a conocer que en el municipio
de Soplaviento, Bolívar, el alcalde mantenía bajo su custodia 400 mercados
que debía haber entregado a los damnificados del invierno25 .
¿Conflicto armado interno,
violencia generalizada o crimen
organizado?
A
¿Paramilitares, Bacrim, grupos delincuenciales o pandillas?
Durante 2010 se registraron acciones de una serie de estructuras derivadas
de los grupos paramilitares desmovilizados y en proceso de reorganización.
Su denominación ha generado polémica1 . Estos grupos revelan capacidad
de adaptación al nuevo contexto de la guerra. En terreno, desarrollan asociaciones incluso con las guerrillas.
El 24 de diciembre de 2010, más de un centenar de hombres al mando del
director general de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, atacaron a Pedro
Olivero Guerrero, alias “Cuchillo”, jefe del grupo postdesmovilizado Erpac. Según versión oficial, este murió ahogado en el caño Siare, cuando
intentaba escapar a la Operación Diamante, que se llevó a cabo justo a las
12:00 pm, cuando el paramilitar celebraba la Nochebuena. A Cuchillo y
los 1.500 hombres de su ejército se le atribuyen más de 3.000 asesinatos.
Mientras, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años de prisión
al exgobernador del Guaviare, Óscar de Jesús López Cadavid, por asociarse con Cuchillo y con uno de sus comandantes, Diego Fernando Rendón
Laverde, alias “Pipe”, en una finca y una empresa petrolera.
Adicionalmente, los fuertes nexos de Cuchillo con la fuerza pública obligaron a que la Operación Diamante fuera realizada exclusivamente por la
Policía Nacional. Según la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) y el DAS,
Cuchillo se alió con el Frente 1 de las Farc y adelantaba negociaciones con
el Frente 39 para sacar cocaína hacia Brasil.
25-Tomado de http://www.eltiempo.com/politica/
gobernadores-en-la-mira_8764247-4 visitado el 14
El asesinato de dos estudiantes de la Universidad de los Andes en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba, cometido por Los Urabe-
de enero de 2011 a las 10:48 am
26-Tomado
de
http://www.caracol.com.co/nota.
aspx?id=1409650&rel=1409949 visitado el 14 de
Enero de 2011 a las 11:39 am
� 76 �
� 77 �
1 - El Estado colombiano las denomina “bandas
criminales”
(Bacrim).Grupos
de
la
sociedad
organizada los siguen llamando grupos paramilitares.
civil
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
ños, alertó al país sobre la actuación de los grupos postdesmovilización.
De hecho, el director de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Christian Salazar, mencionó que “mucha de la violencia que se está viviendo contra los defensores
de derechos humanos tiene que ver con los grupos que surgieron después
del proceso de desmovilización de las Auc”.
Las acciones documentadas de los grupos postdesmovilizados revelan una
organización jerárquica con estructuras financiera y militar, por lo cual son
capaces de sostener dominio territorial a la manera de los antiguos bloques
de las Auc. Como advirtió Human RightsWatch, estos grupos exhiben actualmente los niveles de segmentación que tenían los paramilitares antes de
unificarse en las Auc como estrategia contrainsurgente.
El origen y operación de los grupos postdesmovilizados, así como su
dinámica de capturar el Estado en algunas regiones del país, fueron mencionados por algunos exparamilitares en sus confesiones de los procesos de
Justicia y Paz. También son estudiados por organizaciones de la sociedad
civil, que revelaron sus relaciones con agentes políticos y administrativos de
todos los órdenes.
La actual presencia de estas fuerzas ilegales en el territorio ha sido documentada2 en cerca de 321 municipios de 28 departamentos, sobre todo en
Antioquia, Córdoba, Nariño, Cesar, Cauca y Chocó. Cabe resaltar que los
grupos postdesmovilizados existen en la mayoría de los municipios que hacen parte de las zonas CCAI. A pesar de la fuerte presencia militar estatal
en dichas zonas, los postdesmovilizados siguen amenazando, reclutando y
desplazando de manera forzada a miles de personas.
Ello evidencia que estos grupos postdesmovilizados siguen buscando control político y del Estado en los escenarios locales, al tiempo que intentan
neutralizar la protesta social. Su amplia capacidad financiera sigue sostenida en la economía ilegal, sobre todo recursos provenientes de narcotráfico.
En su momento, el Estado fue alertado sobre cómo el proceso de paz con las
Auc no estaba desarticulando de manera efectiva esas estructuras y quelas
dinámicas de control territorial de estos grupos permanecían intactas. El
hecho es que las operaciones de los grupos postdesmovilzados siguen concentrándose en las zonas donde las Auc dijeron haberse desmovilizado. A
su semejanza, alimentan el temor de las comunidades, generan reclutamiento forzoso, despojo de bienes, violencia sexual y desplazamiento forzado.
2 - Corporación Nuevo Arco Iris, Indepaz, DNPDocumento base del Plan Nacional de Desarrollo.
Aunque el Estado acepta que hay presencia y acciones de control de estos
grupos sobre ciertos territorios, ha optado por desconocer su incidencia en
� 78 �
la violación y vulneración de derechos, lo que tiene consecuencias en el
reconocimiento del estatus de sus víctimas. Si se desconocen las acciones
de uno de los actores y se desconoce también a las víctimas de estos postdesmovilizados, los fenómenos de violencia tienden a hacerse invisibles y
las cifras de violación de derechos humanos se reducen drásticamente.
A ello se suma que se desestiman las evidentes relaciones de los grupos
postdesmovilizados con sectores de la fuerza pública. En algunas zonas, la
presencia del ejército y la Policía no es vista como factor de protección, sino
de complicidad con estos grupos. Esto resulta aún más cuestionable cuando
se presenta dentro de una zona CCAI, tal como ocurre en Córdoba o el Bajo
Cauca antioqueño.
B
Las guerrillas: diezmadas pero no derrotadas
Según Carlos Medina Gallego, y cifras del Ministerio de Defensa, hoy se
considera que, después de los planes Colombia, Patriota y Consolidación,
y luego de todas las operaciones que esos planes comprometieron (Fénix,
Jaque, Camaleón, etc.), las fuerzas guerrilleras de las Farc y el Eln han sido
mermadas en un 50% 3.
B. 1
¿ Están la Farc en su etapa final
2010 fue un año duro para las Farc. La ofensiva militar del Estado fue contundente, con hitos como la Operación Camaleón en el sureste de Calamar,
una zona selvática donde nace el río Inírida en plena selva del Departamento de Guaviare. Camaleón arrancó de manos de las Farc al general Luis
Herlindo Mendieta, a los coroneles Enrique Murillo y William Donatoy al
sargento Arbey Delgado. Posteriormente, en un golpe simbólico demoledor
en la Serranía de la Macarena, vereda La Escalera del municipio de La
Julia, Departamento del Meta, la Operación Sodoma dio de baja a Jorge
Briceño conocido con el alias “Mono Jojoy”, comandante del Bloque Oriental y máximo líder del ala militar. Sus intenciones de alcanzar Bogotá
por el Sumapaz se esfumaron, debido a que durante el gobierno de Álvaro
Uribe esta guerrilla tuvo que replegarse a otras zonas del país. La muerte del
Mono Jojoy es uno de los golpes más duros pr4opinados a las Farc. Además,
para el gobierno tiene una especial importancia, por su importancia militar
dentro de la organización. Según el gobierno, Jojoy era la gran cabeza de la
inteligencia y del accionar bélico y estratégico de este grupo.
La cúpula de mando de las Farc quedó integrada, tras la muerte de Jojoy, por
Guillermo Sáenz (alias “Alfonso Cano”, comandante),Luciano Marín (“Iván
Márquez”), Timoleón Jiménez (“Timochenko”), Jorge Torres (“Pablo Catatumbo”), Milton Toncel (“Joaquín Gómez”), “Pastor Alape” y “Mauricio
Jaramillo” o “El Médico”.
� 79 �
3
-Ver
http://www.camega.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=388:las-estadisticas-de-la-guerra
&catid=40:articuloscarlos&Itemid=72
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
En la actualidad, la fuerza pública se concentra en la búsqueda de Cano
atacando frontalmente la estructura bajo su mando, el CCO, Comando Conjunto de Occidente.
En el primer semestre de 2010, los combates de la fuerza pública se concentraron contra el Bloque Oriental en Meta, Guaviare, Caquetá, Arauca
y Norte de Santander. A su vez, las Farc condujeron sus ataques y hostigamientos a municipios, cabeceras y estaciones de Policía en las regiones
delHuila, Nariño, Putumayo y Cauca, es decir, el territorio del CCO. Esta
situación sugiere que las Farc se defendían en el oriente y atacaban en el
occidente. Para 2011, el Estado pretende consolidar militarmente los territorios del Sumapaz, aledaño a Bogotá, y La Macarena.
Según el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, esta guerrilla tiene hoy unos
7.000 combatientes, de 28.000 que se le calcula al finalizar la zona de distensión en 2002. A octubre de 2010 había realizado 1.598 acciones ofensivas
que al finalizar el año pueden haber llegado a 1.800, incluyendo más de 400
combates. Las Farc le produjeron entre enero y octubre a la fuerza pública
1.855 bajas, entre heridos y muertos.
Las Farc hacen presencia hoy en 15 de los 32 departamentos, especialmente
en Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Arauca y Nariño. Las principales
acciones militares de esta guerrilla se presentaron en el Catatumbo (Norte
de Santander), aunque actuó con mayor intensidad y en acciones ofensivas
en el suroccidente de Nariño, suroccidente y nororiente del Cauca, y en acciones defensivas en Sumapaz y La Macarena.
el presidente Juan Manuel Santos condiciona la negociación con las Farc a
la liberación de todos los secuestrados, el fin del secuestro y el fin del uso
de minas antipersonal, al tiempo que subraya su intención de desarticular
a esta guerrilla mediante la confrontación directa y la búsqueda, captura o
muerte de Cano. Esto se traduce en la intensificación de acciones militares
y en la agudización de la crisis humanitaria, sobre todo en las cordilleras Central y Occidental y en los departamentos de Nariño, Huila, Tolima,
Cauca, Putumayo, Valle y Chocó. Al tiempo, se intensifican las acciones de
la fuerza pública en La Macarena, Catatumbo y Sumapaz y donde, tras el
debilitamiento del Bloque Oriental (ahora llamado Bloque Jorge Briceño),
se pretende consolidar la seguridad democrática, a pesar de la agudización
de la crisis humanitaria.
Es claro, entonces, que la muerte del Mono Jojoy no implicó que las Farc
tuvieran cerca su derrota. Aunque su presencia ha mermado en algunas
regiones, es fuerte en otras. Mantiene capacidad de combate, así como un
pie de fuerza nada despreciable. Además, demostró que es una organización
con una clara dirección, y que la nueva configuración de su cúpula supone
cambios y nuevas estrategias armadas y políticas para 2011.
B . 2 ¿Cuál es el futuro del Eln?
A pesar de que el Eln ha reducido sus acciones en el territorio nacional,
sigue siendo una guerrilla con presencia en varios departamentos y municipios del país. Se le calculan 2.500 combatientes. Arauca es su región dominante y también tiene tropas en Cauca, Bolívar, Chocó, parte de Risaralda y
Antioquia, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander.
El arma más usada por las Farc son las minas antipersonal, no solo de
carácter defensivo sino ofensivo, con la variación de minas ahora usadas
en árboles. También recurre a numerosos hostigamientos a municipios y
especialmente a estaciones de Policía. Llama la atención el alto número de
combates y la especialización en explosivos de una parte de sus integrantes:
las Farc incluso tienen unidades completas de explosivistas.
En 2010, este grupo hizo uso intensivo de campos minados y realizó hostigamientos y ametrallamientos en emboscadas, ataques a infraestructura
petrolera y energética (en disminución). Mantuvo acuerdos regionales de no
agresión no solamente con las Farc sino también con grupos postdesmovilizados, privilegiando la construcción de redes de apoyo y el trabajo de masas
por encima de la confrontación con los demás actores armados.
Entre enero y septiembre de 2010, según CNAI, de los 1.924 desmovilizados correspondieron a las Farc 1.554, menos que el año 2.009. Además 1.252
de sus combatientes fueron capturados (cifra también inferior respecto a
otros años) y sufrió un total de 429 bajas.
El Eln realizó en 2010 acciones militares en Nariño, Cauca, Santander, Arauca, Chocó y Antioquia, como el ataque a una estación de la Policía Nacional en Tres Bocas, Tibú, el mismo día en que fue elegido el presidente
Juan Manuel Santos. En el episodio fueron dados de baja siete policías. En
la zona rural de El Bagre, Antioquia, en septiembre, dio de baja a cinco
soldados e hirió a otros17 tras atacar el corregimiento de Puerto López, a 25
kilómetros de la cabecera municipal5 . Ese mismo mes atacó los caseríos de
Teorama y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander6 .
Como ha sucedido en los últimos años, las Farc liberaron a cinco personas
secuestradas y aprovecharon para medir la intención del gobierno de un
posible proceso de paz, lo que también fue planteado desde agosto en un
4- http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz/modules.ph
video neviado por el líder de las Farc Alfonso Cano4 . Ante esta propuesta,
p?name=News&file=article&sid=3770
� 80 �
5-Ver http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/
cinco-soldados-muertos-y-17-mas-heridos-tras-ataquede-eln
6- Ver http://www.colmundoradio.com.co/index.
php?view=article&id=743%3A-ataques-de-las-farc-y-eleln-contra-puestos-de-la-policia-y-el-ejercito-dejan-unherido&option=com_content&Itemid=64
� 81 �
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Por otra parte, de los 1.924 guerrilleros que según el Ministerio de Defensa
se desmovilizaron durante 2010, correspondieron al Eln 359. Según el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), solo en diciembre se desmovilizaron 17 guerrilleros del Eln7 .
Actualmente, la jefatura de esta organización está integrada por Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda(alias “Pablo Beltrán”), Pedro Cañas Serrano (alias “Oscar Santos”) yRafael Sierra Granados
(alias “Ramiro Vargas”).
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, prevé que en
2011 “la tendencia de los terroristas va a ser utilizar más explosivos, lanzar
granadas, sembrar minas, porque eso les permite hacer más daño pero con
menos daño para ellos”8 .
Con todo, en un vídeo publicado en su sitio web, el Eln no descarta acercamientos con el gobierno para abrir una negociación política del conflicto
mediante su opción, que denomina Acuerdo Nacional por la Paz9 .
Es claro que para 2011 el Eln seguirá siendo noticia. Sus ataques y hostigamientos se mantendrán, aún más con el anuncio gubernamental de que
intensificará acciones militares en Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de
Santander. Los pactos entre las Farc y el Eln y entre el Eln y grupos postdesmovilización se mantendrán en algunas zonas, principalmente en aquellas
en las que la fuerza pública pretenda recuperar el control.
C. Influencia del conflicto armado en las elecciones locales y
regionales de 2011
2011 es un año electoral. Debido al interés de los grupos armados, tanto
guerrillas como postdesmovilizados, de incidir y permear las elecciones locales, cabe prever el incremento del conflicto.
7-Ver http://www.eluniversal.com.co/cartagena/
nacional/2381-guerrilleros-se-entregaron-en-2010-3890
8- Ver http://www.semana.com/noticias-nacion/farc-elnestarian-detras-del-atentado-pasto-segun-policia/144234.
La Misión de Observación Electoral (MOE)10 destacó, en las elecciones de
Congreso de 2010, la influencia de la parapolítica. Mencionó que el hecho de
que existan investigaciones al respecto en 25 de los 32 departamentos, demuestra “que el esfuerzo sigue siendo incompleto y que la presencia de los
paramilitares no solo sigue, sino que podría ser renovada en las elecciones
presidenciales a través del Partido de Integración Nacional PIN, situación
que se reafirmó al ubicarse en el cuarto lugar con 906.312 votos (8,13%)”11 .
aspx
9- Ver http://www.eln-voces.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=814&Itemid=71
10- Informe de la MOE. Mapa de Riesgo Electoral
Elecciones al Congreso de la República. Febrero de 2010.
Bogotá.
11- Ver http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
CMS-7404570
Estos resultados se atribuyeron a tres razones: 1) no existen mecanismos
eficaces contra los herederos de los parapolíticos. 2) los electores no suelen
castigar este tipo de comportamiento, lo que tiene que ver con la falta de
educación política en el país y 3) las presiones directas sobre el voto y falta
de información y difusión.
� 82 �
Para las elecciones a Congreso, la MOE identificó riesgo electoral por violencia en 420 municipios y riesgo extremo de violencia en por lo menos 111
municipios. Los departamentos en donde el riesgo se incrementó fueron
Córdoba y La Guajira.
La MOE identificó 173 municipios en riesgo por la presencia de grupos
postdesmovilizados, de ellos 100 en riesgo extremo, 16 en riesgo alto y 57
en riesgo medio. La Misión recibió información sobre presencia de grupos
paramilitares en cuatro regiones visitadas, especialmente de las Águilas
Negras, Los Rastrojos y Los Machos. Esta presencia fue evidente en Buenaventura, donde estos grupos operan sin ninguna intervención por parte
de la fuerza pública. “A pesar de que estos nuevos grupos ilegales hayan
sido plenamente identificados por varias organizaciones internacionales y
nacionales de derechos humanos, la violencia e intimidación que ejercen
en ciertas zonas no es un factor que se toma suficientemente en cuenta en
la evaluación de riesgos electorales, porque su existencia de alguna manera
desmiente la versión oficial de que este tipo de grupos no existen después de
la desmovilización”12. También resaltaron su poder en regiones de población
vulnerable como las minorías étnicas, ocupando tierras que tienen un valor
estratégico para sus intereses.
Las Farc, por su parte, siguen operando en 17 departamentos y 268 municipios. En por lo menos 144 municipios su presencia implica algún tipo de
riesgo. En los demás, según la MOE, no les interesa alterar el orden público
o no tienen la suficiente capacidad bélica para hacerlo.
En cuanto al Eln, se identificaron cinco zonas de riesgo en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y en la región del Sur de Bolívar.
Los delitos electorales más comunes son: 1) Compra y venta de votos y corrupción al sufragante, prohibidas por ley bajo la categoría de “voto fraudulento”. 2) Mal manejo de la identificación de los votantes.3) Coacción al
votante: constreñimiento al sufragante, también cuando las fuerzas armadas
impiden el voto libre. 4) Fraude por jurados en las urnas. 5) Impedimento al
derecho de votar.
La MOE también recibió información sobre prácticas ilegales de financiamiento de las campañas electorales que resultan complejas y difíciles de
comprobar. Algunas de las más frecuentes son: 1) Uso de dinero público
para favorecer a determinados candidatos. 2) Uso de dineros provenientes
de fuentes ilegales, especialmente del narcotráfico, para financiar campañas
electorales. 3) Pactos entre candidatos, funcionarios públicos y empresas
para la concesión de contratos postelectorales. 4) Superación de los topes
� 83 �
12- Mapas de Riesgo Electoral por Factores de Violencia
ELECCIONES CONGRESO 2010
Informe CODHES 2010
de financiación. 5) La cultura de la impunidad y el miedo dificultan las
denuncias de financiación ilegal y otras irregularidades en el proceso electoral. 6) Los propios partidos políticos auditan sus cuentas solo después de
las elecciones. 7) El Consejo Nacional Electoral carece de recursos, capacidad logística e independencia para investigar todas las presuntas irregularidades. 8) Manipulación de programas sociales con fines partidistas, como
el programa “Familias en Acción”. Funcionarios públicos amenazan a los
beneficiarios con que perderán los subsidios si no ganan los candidatos oficialistas. En este sentido, CODHES manifiesta su preocupación, para que
especialmente esta última práctica no se presente con los recursos destinados a atender la emergencia por el desastre causado por las lluvias.
CAPITULO IV
Informe CODHES 2010
El refugio de colombianos:
“La realidad del conflicto más allá
de las fronteras”
Colombia se ha convertido en el principal país de origen de refugiados en el
hemisferio occidental. Las constantes violaciones a los derechos humanos
por el conflicto armado en Colombia no solo ha tenido consecuencias humanitarias dentro de las fronteras nacionales: también el refugio de miles de
colombianos que han buscado protección internacional fuera de Colombia
es una muestra de ello. En los últimos 10 años las estadísticas sobre solicitantes de asilo de origen colombiano han aumentado de manera significativa y hoy, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados ACNUR1 , 389.753 colombianos refugiados (reconocidos
115.8052) y en condiciones similares al refugio (no reconocidos 273.948)
viven en diferentes países del mundo.
A pesar de su invisibilización y el poco conocimiento de sus condiciones,
los colombianos refugiados en el mundo representan el 11.7% del total estimado de colombianos en el exterior (3,331.107 según el Censo 2005). Es
decir, que por cada 10 colombianos en el exterior por lo menos uno es refugiado o se encuentra en condiciones similares al refugio. Sin embargo,
solamente el 29% (aprox. 115.000) colombianos cuentan hoy con el reconocimiento como refugiados.
El 46% de los refugiados colombianos reconocidos está en Ecuador (53.342).
El 54% restante se encuentra principalmente en países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Argentina, Panamá y Venezuela. Estos Estados
reciben desde hace varios años solicitudes de refugio de colombianos. Solo
recientemente, vía procesos de reasentamiento o por solicitudes directas,
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Nueva Zelanda abrieron sus
puertas a colombianos en situación de refugio.
A
La tendencia mundial del refugio
1- ACNUR Global Trends 2009.
2- Se refiere al reconocimiento en los principales países de
acogida: Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica,
Panamá, Venezuela y Brasil, de acuerdo al monitoreo realizado por CODHES a enero de 2011 en consultas con las
oficinas de ACNUR en estos países y a datos del Global
Trends 2009. Para Brasil se utilizan datos del Ministerio
de Justicia del Brasil y para Estados Unidos, de la Secretaría de Justicia, del Citizenship and Inmigration Services
(USCIS) y del Executive Office for Inmigration Review
(EOIR). No se incluyen datos de España, Argentina y
Chile por falta de actualización de los mismos. Cada uno
A finales de 2009, según ACNUR, 43,3 millones de personas alrededor del
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� 85 �
de estos países podría llegar a tener en promedio 1.000
refugiados colombianos reconocidos.
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
mundo se habían visto forzadas a desplazarse por conflictos y persecución.
Fue la cifra más alta desde mediados de los 90s. Equivale a 15,2 millones de
refugiados, aproximadamente un millón de solicitudes de asilo pendientes
y 27,1 millones de personas desplazadas internas. Mientras en el desplazamiento interno la tendencia creciente en muchos lugares es el retorno y 2,2
millones de personas desplazadas internas pudieron regresar a sus hogares
en 2009, tan solo 251.000 refugiados pudieron ser repatriados voluntariamente para el mismo año.
B
El desplazamiento interno y el refugio de colombianos:
la realidad de la crisis del desarraigo
De acuerdo con las cifras de 2009 de ACNUR3 , los datos que se presentan a
continuación de las personas refugiadas reconocidas y en condiciones similares al refugio; y los datos del Internal Displacement Monitoring Centre
(IDMC4) para los desplazados internos, Colombia es el país del mundo con
mayor número de personas que han tenido que huir forzadamente de sus
hogares sea dentro de sus fronteras o fuera de ellas, e igualó a Sudán en
desplazamiento interno. Colombia y Sudán, Iraq, Afganistán y Somalia son,
en ese orden, los cinco países con mayor desplazamiento forzado interno.
Es necesario tener en cuenta que, para 2010, el desplazamiento interno estimado por el IDMC para Sudán está en un rango de 4,9 – 5,2 millones y el de
Colombia, según CODHES, alcanza un acumulado de 5,195.620.
Las personas refugiadas de origen colombiano ocupan el sexto lugar en el
mundo, después de Afganistán, Iraq, Somalia, República Democrática del
Congo y Myanmar5 .
Ecuador
Según ACNUR y la Dirección General de Refugiados de Ecuador, 53.342
colombianos recibieron el estatus de refugiados en ese país durante 2009 y
2010.Mediante el proceso de registro ampliado que se inició en 2009, Ecuador concedió el refugio a más de 28.000 colombianos, convirtiéndose así
en el país con mayor número de refugiados colombianos reconocidos en el
mundo. Aunque el gobierno ecuatoriano ha realizado importantes esfuerzos para otorgar la condición de refugiados a muchas personas de origen
colombiano en las zonas de frontera y en el resto de su territorio, se estima
3- Op. Cit. ACNUR, Global Trends 2009.
4- IDMC-NRC, Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2009
5 - Se refiere al consolidado de personas internas y refugiados (por país de origen), sin contar a los solicitantes
de refugio y casos pendientes al finalizar el año 2009,
para interés del ACNUR.
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
que aproximadamente 135.000 colombianos se encuentran en Ecuador en
necesidad de protección internacional.
Las solicitudes de refugio se han incrementado de manera importante en los
últimos años en Ecuador. En la actualidad, ese país recibe al mes aproximadamente 1.500 solicitudes de colombianos para obtener el estatus de refugiado. Durante 2010 se presentaron 25.312 solicitudes de asilo de colombianos6 .
DGR Ecuador, enero 2011
7- FLACSO, Sede Ecuador-ACNUR Ecuador. “Estudio sobre refugiados colombianos en entornos urbanos,
el caso de Quito y Guayaquil” (Resumen Ejecutivo,
enero 2011)
8- Quantum-Informe (2008) Citado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia
(ODNA) Niñez y Migración Forzada (2010)
9- Ibíd. FLACSO-ACNUR (2010)
Condiciones de vida en Ecuador
En 73% de la población colombiana refugiada en Ecuador son mujeres y niñas. Sus condiciones de vulnerabilidad no disminuyen después del refugio
y muchas veces la vulneración de sus derechos continúa. En general, los
asuntos relacionados con la integración representan un desafío constante
para toda la población refugiada. Se hace más evidente entre niños, niñas y
adolescentes a la hora de ingresar a instituciones académicas, así como en
la búsqueda de oportunidades laborales entre los adultos.
Respecto a los ingresos de los hogares refugiados, la misma encuesta entre
niños y niñas reflejaba en 2009 que el ingreso promedio de estas familias
era de 248 dólares, lo que las ubica junto a los estratos ecuatorianos de
ingreso inferior. Los datos no son más alentadores en Educación: los hogares con niños y niñas colombianos en situación de refugio están entre los
grupos con mayor rezago en el ejercicio de este derecho. Según datos del
ODNA (2008), uno de cada cinco niños colombianos en situación de refugio
no había podido iniciar sus estudios, mientras que entre sus pares ecuatorianos uno de cada 10 no lo hacía.
El refugio en Ecuador: algunos aspectos relevantes
La repatriación: ¿una alternativa posible?
Se estima que los mayores flujos de población colombiana en condición de
refugio han llegado a ese país desde el año 2000. En ciudades como Quito
y Guayaquil, el arribo de población refugiada de origen colombiano es reciente y está asociado fundamentalmente a la búsqueda de seguridad. Según
un estudio realizado por FLACSO-ACNUR (2010), los principales departamentos de origen de la población refugiada en Quito y Guayaquil son Valle
del Cauca, Nariño, Cundinamarca, Antioquia, Putumayo, Tolima, Quindío,
Huila, Risaralda y Caldas7 .
Frente al retorno o repatriación voluntaria, el 84% de la población colombiana refugiada en centros urbanos no tiene la intención de retornar a Colombia (FLACSO Ecuador-ACNUR Ecuador 2010). La decisión se explica
porque perduran los factores de expulsión, como la intensificación del conflicto armado y las condiciones de inseguridad y violencia.
Las dificultades para la integración de la población colombiana tienen que
ver, en su mayoría, con la descontextualización del conflicto armado y sus
consecuencias, por parte de la población ecuatoriana. Esto exacerba sentimientos xenófobos y deteriora la imagen positiva de Colombia entre los
ecuatorianos. Si en 2003 uno de cada cuatro quiteños tenía una opinión
negativa sobre Colombia, en 2008 esta cifra ascendía a cuatro de cada 108 ,
es decir que aproximadamente el 40% de los capitalinos tiene un mal concepto de los colombianos.
6- Fuente: ACNUR y Dirección General de Refugiados
5% “siempre”. La discriminación es mayor en los centros urbanos grandes
que en los de menor población. El 37% de los niños y niñas colombianos que
residen en Quito han sufrido discriminación, en tanto que en Lago Agrio
(Provincia fronteriza de Sucumbíos) la ha experimentado el 10%10 .
La discriminación es un fenómeno que afecta al 52% de los refugiados.
Estos perciben que los motivos principales son la nacionalidad colombiana,
seguido por la situación de refugiado y, en tercer lugar, por la condición de
ser mujer y por la situación económica9 .
En una encuesta realizada por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia de Ecuador, el 17% de los niños y niñas en situación de refugio habían vivido situaciones de discriminación en “algunas ocasiones” y el
� 88 �
Los gobiernos de Colombia y Ecuador han retomado las reuniones binacionales para tratar asuntos de “agenda positiva” y, en menor medida, temas
que no figuran en ella como el refugio. Cabe entonces, en esta coyuntura,
estudiar a fondo las condiciones de una eventual repatriación de colombianos refugiados en Ecuador, teniendo en cuenta que la repatriación voluntaria ha sido una de las alternativas expresada por el gobierno colombiano.
Dado que lo esencial es garantizar la seguridad de esta población, es imperativo estudiar de qué departamentos colombianos proviene la mayoría
de los refugiados que están en Ecuador y analizar la situación del conflicto
armado en ellos.
Estados Unidos
Para 2009, aproximadamente 280.000 personas habían sido reconocidas
como refugiadas en Estados Unidos (Global Trends ACNUR, 2009). Se estima que el 50% de las solicitudes de asilo de personas de todos los países
del mundo que aplican en ese país, son negadas por el gobierno estadounidense11 .
Entre 1990 y 2009, el gobierno de Estados Unidos reconoció el estatus de
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10- Observatorio de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia (ODNA) Niñez y Migración Forzada
(2010) Pp. 113.
11 - Estimaciones del Servicio Jesuita para Refugiados (Estados Unidos)
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
refugiado a 33.455 colombianos. Cerca del 12% del total de los refugiados
en Estados Unidos son de origen colombiano.
Teniendo en cuenta los bajos porcentajes de aceptación de las solicitudes
de asilo en esa nación, vale la pena señalar que las mayores dificultades
que enfrentan los solicitantes de origen colombiano se relacionan con el
desconocimiento sobre la situación actual del conflicto armado en Colombia
por parte de los oficiales a cargo de los casos.
Canadá
Para finales del 2009, Canadá había reconocido aproximadamente a 14.300
colombianos12 . Colombia representa el segundo lugar (9%) después de
México (31%) del total de las solicitudes de refugio presentadas en Canadá13
. La tasa de aceptación (número de solicitudes presentadas frente al número
de solicitudes resueltas de manera positiva) de las solicitudes colombianas
fue del 79% para el año 2008 y en los años anteriores presentaba porcentajes
similares. Sin embargo, en 2008 se habían pospuesto 131 casos de refugio,
lo que significa una postergación de audiencias programadas.
Según información del Consejo de Inmigración y Refugio de Canadá (por
sus siglas en inglés IRB), desde 2008 se advierte una tendencia a la baja en
la tasa de aceptación de solicitudes de refugio en general (es decir de los
diferentes países que pidieron refugio en Canadá). En 2006 se observaba
una tasa de aceptación del 47% y en 2008 del 42%. Esto puede explicarse
por la acumulación de casos que, desde hace unos años, tiene el IRB, en
cuanto a citación a audiencias para decisiones finales; también porque los
solicitantes en espera de la decisión abandonan los casos (15%) porque encuentran otras formas para regularizar su condición migratoria, aun cuando
son personas que precisan de protección internacional.
Recientes pronunciamientos del gobierno de Canadá afirman que se endurecerán las leyes migratorias y se modificarán los procedimientos de acceso
al refugio, mediante un proyecto de ley presentado durante el mes de enero
del presente año al Parlamento.
Costa Rica
12 -Datos para finales del 2009. Global Trends 2009.
Hasta la fecha, Costa Rica ha concedido el refugio a 12.371 personas de 40
nacionalidades. De ellas, el 82,5% es decir 10.214, son de origen colombiano14 . Durante 2010, de las 991 solicitudes de refugio que recibió, el 53,9%
(535) fueron de colombianos15 .
13- Consejo de Inmigración y Refugio de Canadá (IRB)
Costa Rica es considerado en América Latina un país de tradición de asilo,
15 - Unidad de Refugiados del Departamento General de
que desde hace muchos años recibe población en necesidad de protección
Migración y Extranjería del Gobierno de Costa Rica.
14- Oficina de ACNUR Costa Rica.
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internacional. Son indiscutibles los esfuerzos del gobierno y de organismos internacionales por apoyar programas de atención a refugiados. Sin
embargo, las dificultades latentes que enfrentan los colombianos en este
país, relacionadas con xenofobia y discriminación, evidencian una realidad
compleja frente a la integración.
“Otra de las dificultades que tienen las y los menores, sobre todo adolescentes, es enfrentar las actitudes de intolerancia que expresan sus mismos
pares, e incluso, el personal docente de algunas instituciones educativas.
Haber sido víctima de estos comportamientos fue reportado por un 37 por
ciento de las y los niños y un 43 por ciento de las y los adolescentes”16 .
Panamá
De acuerdo al Consejo Noruego para Refugiados, en Panamá aproximadamente 1.328 colombianos son reconocidos como refugiados17 . Hay unas 400
solicitudes pendientes18 y 892 personas (incluyendo sus dependientes panameños) están bajo el estatus de Protección Temporal Humanitaria PTH19 .
Además, entre 12.000 y 15.000 personas se encuentran en situación PNPI
(personas en necesidad de protección internacional), es decir en situación
similar al refugio pero “invisibles”, al no ser cuantificadas ni reconocidas20 .
La situación de las personas colombianas que buscan protección internacional en Panamá es vista por el gobierno panameño y la opinión pública
como un asunto de inmigración económica y de seguridad nacional21 .En
los últimos años, la tasa de aceptación de solicitudes de refugio refleja bajos
porcentajes, a la vez que se imponen condiciones no necesarias para acceder
al estatus de refugiado, como demostrar la muerte de familiares cercanos,
violaciones y afectaciones personales directas y, en algunos casos, discapacidad física.
Una vez reconocidos, gran parte de los refugiados en Panamá no tienen
acceso pleno a sus derechos. Su inserción laboral es muy difícil. Primero deben tramitar los permisos de trabajo, ya que el reconocimiento de la
condición de refugiado no brinda este permiso de manera pronta. Esto hace
que algunos refugiados se demoren varios años en tramitarlo, quedando
en una alta vulnerabilidad laboral. A esto se suma la discriminación por
la nacionalidad, especialmente debida al desconocimiento del conflicto colombiano, lo que genera estereotipos respecto las personas en necesidad
de protección internacional. Esta es una falencia común en los principales
países de acogida, que lleva a que relacionar la imagen del colombiano con
delincuencia, guerrilla, paramilitarismo y prostitución, especialmente respecto a las mujeres, así como narcotráfico. Estos estereotipos han generalizado una opinión negativa en el conjunto de la población panameña y se
extienden a las aulas, donde los menores solicitantes de refugio o refugiados
son constantemente discriminados.
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16 - ACAI-Instituto de Investigaciones PsicológicasACNUR. Investigación: “Construyendo una Comunidad: la integración de niños, niñas y adolescentes
refugiados en Costa Rica” 2009.
17 - Global Trends 2009. Anexo Estadístico tabla 5
18- Consejo Noruego para Refugiados Oficina Panamá, sept. 2010.
19- Las personas con estatus de Protección Temporal
Humanitaria, se encuentran en la zona fronteriza con
Colombia, principalmente en Jaqué (320), Darién Centro (389) y Puerto Obaldía (120).
20- Panamá reconoce esta categoría de PTH con base
en el Decreto Ejecutivo No. 23 de 1998, como una
categoría subsidiaria al refugio, para aplicarse en
situaciones de protección temporales. Sin embargo, la
mayoría de las personas que han sido reconocidas en
esta categoría llevan más de 10 años esperando salir de
la “situación temporal”.
21- SJR Panamá. Migración y Refugio en Panamá.
2008
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Al ser considerado el refugio como un tema de seguridad nacional, las personas solicitantes a las que se les niega ese estatus han sido deportadas por
el gobierno panameño inmediatamente a Colombia22 , situación que evidencia la desprotección en la que se encuentra esta población23 . Esta situación, sumada a las grandes dificultades que enfrentan los refugiados en
Panamá, se contradice con la concesión del asilo en noviembre a María del
Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) de Colombia, entidad involucrada en el conocido escándalo de las
interceptaciones y seguimientos ilegales realizadas durante el gobierno del
presidente Uribe. Miles de colombianos, especialmente de la frontera con
Panamá, han expresado fundados temores en sus solicitudes de refugio ante
el gobierno panameño, pero no cuentan con soluciones de protección. En
muchos casos han sido deportados a Colombia, desconociendo el principio
de no devolución (non-refoulement), que incluye el no rechazo en frontera.
Venezuela
22- Ibíd. SJRM 2008
23 - Uno de los casos más recordados ocurrió cuando 109
colombianos, incluyendo 63 niños que desde 2001 vivían
en la frontera del lado panameño como refugiados y huyendo del conflicto colombiano, retornaron forzadamente
Se estima que en Venezuela están unas 200.000 personas colombianas en necesidad de protección internacional24 . Sin embargo solo 1.30025
están reconocidas (con estatus de refugiados). La tasa de reconocimiento de
solicitudes de asilo de colombianos en Venezuela es notablemente baja en
comparación con otros países, como Ecuador y Costa Rica. Según el presidente CONARE, de la Comisión Nacional de Refugiados de la República
Bolivariana de Venezuela, el 98% de las solicitudes de refugio que recibe
ese país son de colombianos. Solo en 2004, el Estado regularizó la situación
de 400.000indocumentados de nacionalidad colombiana. Se estima que el
20% de esa cifra corresponde a personas afectadas directamente por el conflicto26 .
en abril de 2003, cuando autoridades migratorias de Panamá y la Guardia Nacional Panameña llegaron a la localidad de Punusa y los obligaron a abordar helicópteros
que los llevaron a la frontera del lado colombiano, en
el departamento del Chocó. Muchos declararon que
las autoridades panameñas les había hecho firmar una
carta que certificaba su retorno voluntario de Panamá.
En su momento, ACNUR y diferentes organizaciones
de derechos humanos se pronunciaron sobre el caso,
advirtiendo preocupación por la protección de estas personas, pero no obtuvieron respuesta por parte de ninguno
de los dos gobiernos.
24- Para 2007, un estudio avalado por el INE estimó esta
población 187.000. Cálculos de ACNUR para este país
La ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia
durante cerca de dos años y medio también generó impactos en los derechos
de los colombianos en busca de protección internacional. En especial,
quienes se encuentran en las zonas fronterizas enfrentaron dificultades en
el acceso a servicios públicos básicos, por las limitantes que generaba la
falta de documentación. En un informe del Servicio Jesuita a Refugiados se
resalta el hecho de que los hospitales ambulatorios más cercanos al límite
fronterizo remitían sin previa atención los casos de colombianos residentes
en Venezuela a los centros hospitalarios de Colombia, violando el derecho a
la salud de las personas por causa de su nacionalidad27 .
en 2009.
25- Estadísticas Year Book ACNUR (2010). Global
Trends 2009.
26 - Palabras pronunciadas en Ginebra por Yldefonso
Finol, presidente de la CONARE. EXCOM, Octubre de
2010.
27-
Servicio Jesuita para Refugiados. Informe 2009
Se presentan también obstáculos a la educación de los niños, niñas y
adolescentes en situación de refugio, debido mayormente a que carecen de
certificación de sus estudios anteriores y no existen mecanismos inmediatos
para realizar una nivelación.
sobre la frontera colombo-venezolana.
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España
En el informe 2009 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
titulado “El asilo en tiempos de crisis”, se afirma que en los últimos años las
solicitudes de asilo han disminuido en este país. El descenso no corresponde
a las cifras mundiales ni al entorno europeo que, en general, ha mantenido
sus estadísticas sobre demandas de protección internacional.
En 2009 hubo 247 solicitudes de asilo de colombianos: menos de la mitad
de las presentadas en el año anterior (752)28 . Entre enero y noviembre de
2010 hubo 10929 solicitudes, una disminución notable respecto al promedio
del decenio último, de 500 por año. Se calcula que a la fecha pueden existir
entre 1.000 y 1.500 refugiados colombianos reconocidos en España.
Según datos de Eurostat30 sobre las principales nacionalidades de aplicación
de asilo en el primer trimestre de 2010 en los países de la Unión Europea,
Colombia es el cuarto país de solicitantes de asilo en España, después de
Nigeria, Argelia y Guinea. En el segundo trimestre de 2010 ocupó el quinto
lugar. Exceptuando a España, en el resto de países de la Unión Europea los
principales solicitantes de asilo provienen de África y Medio Oriente, sin
que esto signifique que otros países europeos no reciban solicitantes de asilo
colombianos.
Brasil
En Brasil viven 4.294 personas refugiadas de 76 nacionalidades del mundo.
Colombia es el segundo país, después de Angola, en número de refugiados.
Para mediados de 2010, Brasil había reconocido el estatus de refugiado a
589 colombianos31 , es decir el 13.7% de los refugiados reconocidos en esa
nación. En octubre de 2009, Brasil recibió a 298 refugiados por reasentamiento, de los cuales la mayoría eran colombianos.
El reasentamiento solidario: algunos avances
El reasentamiento es un instrumento que implica la posibilidad de
que algunas personas refugiadas puedan buscar protección en un tercer Estado. En el Plan de Acción de México32 , instrumento de protección firmado
en 2004, se resaltó como una de las soluciones duraderas y se incentivó
su desarrollo bajo un programa regional, enmarcado en los principios de
solidaridad internacional y responsabilidad compartida. La iniciativa abrió
la posibilidad para que cualquier país de América Latina se asocie, en el
momento en que lo considere oportuno, ofreciendo recibir refugiados que
se encuentren en otros países del continente.
28- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Informe 2010
29- Datos de Boletines Mensuales de la oficina de Asilo y
Refugio de España
30 - EUROSTAT, Population and social conditions
32/2010
31 - Ministerio de Justicia de Brasil. http://portal.mj.gov.
br/data/Pages/MJ7605B707ITEMIDE5FFE0F98F5B4D22AFE703E02BE2D8EAPTBRIE.htm. Consultado el
24 de enero de 2011
32- El Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina
es el marco regional para brindar protección a las perso-
En este contexto, países de la región como Chile, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Argentina, y países tradicionales de reasentamiento en el mundo
� 93 �
nas víctimas del desplazamiento forzado, fortaleciendo la
protección internacional para los refugiados y utilizando
un enfoque integral para alcanzar soluciones duraderas.
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, reciben un mayor número
de casos de refugiados colombianos para reasentamiento, provenientes de
Ecuador.
La Conferencia Regional Humanitaria, seguimiento al Plan
de Acción de México: un referente de seguimiento por parte
de la sociedad civil
El alto número de colombianos refugiados actualmente en Ecuador, las
condiciones de vulnerabilidad en que se hallan muchas familias en este país,
las perspectivas de integración, o la cercanía al país de origen son algunos
aspectos que se tienen en cuenta para acceder al reasentamiento en un tercer
país. Se estima que en 2010 Ecuador presentó 270 casos (aprox. 1.000 personas) para reasentamiento hacia terceros países. El estudio de estos casos
puede tomar entre 3-4 meses, en algunos casos especiales 6-8 meses de
tiempo. En 2003, Ecuador presentó 380 personas para reasentamiento en
otros países33 .
La Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de las Personas
Refugiadas y Desplazadas (CRH), seguimiento al Plan de Acción de México, se llevó a cabo el 8 y 9 de noviembre en Quito34 . Participaron unas 150
personas de la sociedad civil, organizaciones de refugiados/desplazados,
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, defensorías
del pueblo, iglesias y delegados de 15 gobiernos: Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Noruega y España.
Las personas refugiadas y sus principales desafíos
Las limitaciones y dificultades para los colombianos solicitantes de refugio
y de aquellos que ya tienen el estatus presentan rasgos comunes en los diferentes países de acogida:
33- Información suministrada por la Oficina de ACNUR
• Desconocimiento de los procedimientos de refugio. Poca información
sobre las instituciones a las cuales deben acudir para solicitar orientación o información.
• Procesos burocráticos y lentos.
• Limitaciones en las oportunidades de trabajo. Los solicitantes y en espera de una decisión no tienen permiso laboral, lo que los lleva a emplearse de manera irregular, con salarios por debajo de lo legalmente
establecido y, en muchas ocasiones, en condiciones de explotación.
• Discriminación por causas múltiple: por la nacionalidad colombiana;
por la condición de refugiado; y, en muchos casos, por ser mujeres cabeza de familia, personas afrodescendientes o con discapacidad.
• Limitado y, en muchos casos, inexistente acceso a atención sicológica en
el momento de la llegada al país de acogida.
• Dificultad de acceso a la educación pública gratuita; discriminación y
falta de programas de integración en zonas receptoras, lo cual impide la
adecuada adaptación de los escolares a su nuevo entorno.
• En las zonas de frontera, falencias en materia de compromisos y acuerdos binacionales sobre regularización y situación de los PTH (frontera
con Panamá).
• Desconocimiento por parte de las autoridades y oficiales de las Comisiones de Elegibilidad, Secretaría, Oficinas de Refugio y sus pares en los
diferentes países, sobre la situación actual del conflicto colombiano, tendencias, dinámicas recientes, presencia de los grupos armados ilegales
en el territorio colombiano.
La Conferencia Regional se convirtió en un importante referente en el seguimiento al Plan de Acción de México. Se han alcanzado muchos de los
objetivos planteados: principalmente, promover el diálogo regional sobre la
situación de las personas internamente desplazadas y refugiadas, visibilizar
la situación de desplazamiento y refugio de colombianos en la región e incentivar propuestas de soluciones humanitarias para estas personas.
Se hace necesario promover propuestas de seguimiento que promuevan el
diálogo entre los distintos actores que en el ámbito regional intervienen en
los temas de desplazamiento y refugio, en los cuales se evidencien buenas
prácticas y se generen acciones orientadas a la protección de estas poblaciones, en una perspectiva regional.
34- Esta Conferencia fue convocada por diferentes
organizaciones de Sociedad Civil entre ellas Refugees
International, la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento CODHES, Servicio Jesuita para
Refugiados SJR, Pastoral de Movilidad Humana, Consejo
Noruego para Refugiados y Consejería en Proyectos PCS,
y contó con el apoyo del ACNUR, el gobierno ecuatoriano, y las Embajadas en Colombia de Noruega y Suecia
Ecuador. Enero 2011
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Informe CODHES 2010
Políticas públicas,
estado de cosas inconstitucional y
el rol de la Corte
A continuación se presenta un balance de los principales aspectos que
caracterizaron durante 2010 a la política pública frente al desplazamiento
forzado.
Corresponsabilidad territorial entre la Nación y las entidades territoriales
En 2010 se llevaron a cabo siete sesiones técnicas regionales convocadas por
la Corte Constitucional a través del Auto 314 de 2009. Seis de ellas tuvieron
lugar en el primer semestre. El objetivo principal de esta serie de encuentros
era que tanto las autoridades locales como las nacionales concurrieran para
exponer un informe detallado y pormenorizado acerca del cumplimiento de
las órdenes impartidas por esta corporación en el Auto 007 de 2009. Adicionalmente, que presentaran una propuesta concreta para solucionar las falencias y obstáculos de orden institucional, estructural, presupuestal y técnico
que dificultan la corresponsabilidad entre la Nación y los entes territoriales,
así como la realización del goce efectivo de los derechos de la población en
situación de desplazamiento.
CAPITULO V
Informe CODHES 2010
A la serie de audiencias también fueron citados el Procurador General de
la Nación, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo.
Así mismo, intervinieron representantes de las Mesas departamentales de
fortalecimiento a organizaciones de población desplazada, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, la Comisión de Seguimiento a la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado1 , el Consejo Noruego para
Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, ACNUR.
Uno de los aspectos más relevantes evidenciados durante las siete sesiones técnicas regionales fue el bajo nivel de éxito, en algunas regiones, de
la política de Seguridad Democrática impulsada por la administración de
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1- CODHES ejerce la Secretaría Técnica de esta Comisión
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Álvaro Uribe Vélez. Si bien es cierto que esta política contribuyó al debilitamiento y repliegue estratégico de las Farc, también lo es que fue ineficaz
para impedir el rearme y resurgimiento de nuevos grupos paramilitares al
servicio de poderes mafiosos, que han sido política y discursivamente ocultados bajo la designación de “bandas criminales” o Bacrim.
El común denominador en las intervenciones de los voceros de las Mesas departamentales de fortalecimiento a organizaciones de población
desplazada fueron las denuncias de amenazas a líderes de la población en
situación de desplazamiento por parte de nuevas estructuras paramilitares,
especialmente en Córdoba, Urabá, Sucre, Magdalena, Sur de Bolívar, Arauca, Chocó, Cauca y Nariño. Por otra parte, durante el desarrollo de la
tercera sesión técnica regional se pudo constatar que en Nariño, Tumaco y
Buenaventura se incrementó la presencia de grupos armados ilegales, así
como las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.
Un segundo aspecto que quedó en evidencia en las sesiones técnicas fue
la asimetría que se registra en las condiciones de acceso a los programas
de atención y las redes de servicios que presta el Estado, dependiendo del
lugar en que estén asentadas las víctimas de desplazamiento forzado. Durante las siete sesiones se pudo conocer con mayor precisión la precariedad
institucional y presupuestal que caracteriza a los municipios más pobres del
país2 , lo que obstaculiza aún más la obligación de garantizar y restituir los
derechos de esta población.
2- Según la Ley 617 de 2000, en desarrollo del artículo
302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su
capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre
destinación, establécese la siguiente categorización
para los departamentos: Quinta categoría. Todos
aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y
hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales
Al respecto, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado propuso, durante la primera sesión técnica, que la corresponsabilidad entre la Nación y los territorios recayera principalmente en
el gobierno central, debido a que el desplazamiento forzado es un problema
nacional que desborda la capacidad de respuesta de las administraciones
locales. Al mismo tiempo, el nivel central concentra la mayor cantidad de
recursos provenientes del presupuesto nacional. El organismo recomendó
además que se definan criterios concretos para la formulación del modo, la
proporción y el sector en que deben aplicarse los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad entre los niveles de gobierno, con
el fin de superar las desigualdades territoriales frente a la atención de la
población desplazada.
tierras arrebatadas a sangre y fuego.
El proyecto de Ley de Víctimas que se tramita en el Congreso de la República, aún con sus limitaciones y los interrogantes que suscita en torno a la
institucionalidad encargada de asegurar los derechos de las víctimas, es un
avance en el reconocimiento de esos derechos y un cambio de rumbo con
relación a lo ocurrido en los ocho años de gobierno del presidente Uribe.
No obstante, siguen preocupando temas como: desconocimiento del daño
patrimonial sufrido por parte de las víctimas al momento de restituir tierras; los topes de la indemnización judicial son equivalentes a los montos
establecidos por el programa administrativo de reparación; ausencia de una
comisión que contribuya al esclarecimiento de la verdad; un universo de
víctimas restrictivo, que excluye a las víctimas de los familiares de grupos
armados ilegales; no avanza en torno a dotar a las víctimas de un auténtico
programa de representación judicial, como tampoco con relación al diseño
del programa de protección de testigos; sigue confundiendo las políticas
sociales del Estado con una política de reparación integral. Adicionalmente,
en todo el texto del proyecto de Ley hay expresiones que son confusas y
ambiguas, que pueden generar problemas en su interpretación y que podrían
conducir a una aplicación restrictiva y en contravía de avances que se han
logrado a nivel jurisprudencial.
El reto principal es asegurar la aplicación de la Ley de víctimas y
restitución de tierras en los territorios del conflicto armado y allí donde
campean la violencia, el testaferrato y la captura de la institucionalidad y
del poder político local por parte de verdaderas mafias asociadas al narcotráfico y el crimen organizado. Se levantan voces que promueven y auspician un escenario de terror, para evitar a sangre y fuego que se les arrebate
el botín de la guerra librada en los últimos años.
Por otra parte, la Ley de Víctimas debería estar acompañada de una nueva
Ley de Justicia y Paz que supere el fracaso de la Ley 975 de 2005. Esta fue
concebida para los victimarios, muchos de los cuales se aprestan a salir de
las cárceles por pena cumplida, en medio de la impunidad por crímenes de
guerra y de lesa humanidad.
Medidas efectivas y oportunas para restitución
mensuales. Sexta categoría. Todos aquellos distritos o
municipios con población igual o inferior a diez mil
(10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre
destinación anuales no superiores a quince mil (15.000)
salarios mínimos legales mensuales. http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/
ley_0617_2000.html
Ley de víctimas y restitución de tierras
La crisis del desplazamiento persiste mientras se abre el nuevo escenario de
reconocimiento legal de las víctimas del conflicto armado y de sus derechos
a la verdad, la justicia y la reparación, incluida la restitución de parte de las
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El tema de bienes y tierras ha sido analizado técnicamente por parte de la
Comisión de Seguimiento a la Sentencia T – 025/2004.
A pesar de la crisis humanitaria de la población desplazada, es realmente
vergonzoso reconocer que Colombia no cuenta con una política sólida en
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
materia de vivienda para atender tan compleja realidad. Lo que existe son
simples auxilios. La gran mayoría de estas víctimas aplicaría a los procesos
de Justicia y Paz, ya que han padecido el delito de desplazamiento forzado
pero, además, han sido despojados de sus bienes. Propiedades que no han
podido recuperar y que ni siquiera les han sido entregadas en calidad de
tenedores, tal como prevé el artículo 14 del Decreto 4760 de 2005.
Se requieren, pues, medidas ágiles y efectivas, implementadas mediante
procedimientos sumarios y con clara determinación de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Cabe recordar que al inicio del debate legislativo se sugería que el asunto tierras fuera tratado en una legislación específica y especializada, y no
unificado en un mismo proyecto de Ley. Finalmente, el procedimiento legislativo definió unificar el trámite de ambos proyectos y buscar una Ley
que aborde todos los temas relacionados con víctimas. Con relación a la
restitución de bienes y tierras, en el actual proyecto de Ley unificado hay
avances importantes, como la mayor rigurosidad técnica y un desarrollo
normativo más específico que no se daba antes.
Urge legislación regional y local a favor de las víctimas
La responsabilidad de desarrollar e implementar medidas y políticas públicas a favor de los derechos de las víctimas de graves crímenes, violaciones
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario no recae únicamente en las autoridades y entidades del orden nacional. También es indispensable que en el ámbito territorial ─gobernaciones y
alcaldías─ se aprueben normas y se apliquen políticas que ofrezcan condiciones favorables para la efectiva garantía de los derechos de las víctimas,
y se implementen programas de atención integral a las víctimas en materia
jurídica, psicosocial, planes de vivienda, ayuda humanitaria, etc.
Institucionalidad para la atención y reparación integral de
las víctimas: Propuestas y recomendaciones
Si bien la coordinación entre las entidades e instituciones que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas está
plasmada a lo largo del articulado del proyecto de Ley, no hay claridad
en cuanto a la forma en que operativamente deben actuar. Las funciones
asignadas a cada institución pueden generar conflictos de competencia en
el momento de su aplicación. En esa medida, con el fin de adelantar una
propuesta y un estudio adecuados sobre cómo hacer posible la estructura
planteada en la ley, teniendo en cuenta la ya existente, se recomienda tener
en cuenta los siguientes puntos:
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Tal como lo ha sugerido el Vicepresidente de la República, es necesario
contar con una nueva entidad o estructura institucional, conformada con
subdirecciones, direcciones, dependencias y/o unidades ligadas a una dirección general que centralice y coordine las actividades a desarrollar por
quienes integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas.
Esta nueva entidad no puede concentrar la ejecución de la totalidad de los
servicios y las responsabilidades que atañen a la atención y la reparación
de las víctimas. Esto resultaría material y legalmente imposible. Podría, sí,
concentrar la dirección efectiva de este Sistema Nacional, con una cabeza
de nivel ministerial y los recursos económicos y logísticos necesarios. Así
mismo podría tener entre sus funciones algunas ejecuciones directas, tal
como las reparaciones administrativas, el control sobre las medidas a cargo
de otras instituciones, la elaboración de informes, la formulación de recomendaciones y propuestas de reparación colectiva. También, muchas otras
tareas que no requieran la participación de entidades y a las cuales la Constitución y la Ley les asigna su tratamiento y regulación de manera específica, tal como ocurre en el campo de la salud, la educación, la vivienda, la
seguridad y la justicia, entre otros.
El diseño, creación y adecuación de una entidad como la que se propone
exigen mayor rigurosidad técnica y una especificidad en la materia. Esto
significa que todo lo relacionado con la institucionalidad para la aplicación
de esta nueva ley se debe adelantar dentro de un proceso posterior a la aprobación de la misma. Para el efecto, se recomienda la inclusión de un artículo
transitorio mediante el cual, y con base en lo estipulado por el artículo 150
numeral 10 de la Constitución Política, se revista al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses
contados a partir de la expedición de la ley para que, mediante decretos con
fuerza de ley, proceda a crear y estructurar esa nueva institucionalidad.
Dotar de mayores facultades al órgano ejecutivo un régimen presidencialista como el colombiano no es recomendable, por las negativas consecuencias
que implica esa concentración de poder. Para el caso, sin embargo, resultaría oportuno, con el fin de que la Presidencia de la República organice y
unifique todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.
El Sistema debe incluir a las víctimas del desplazamiento forzado en particular y a la población en situación de desplazamiento en general, con el
fin de mitigar el efecto negativo de la dispersión institucional actual sobre
una atención digna, oportuna y eficaz a las víctimas y la garantía efectiva
de sus derechos.
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Informe CODHES 2010
CAPITULO VI
Informe CODHES 2010
ANEXOS
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
Anexo 1
Contexto Político - Social
A
Primer semestre 2010
El año 2010 tuvo distintos momentos de interés en muchos ámbitos. En
agosto terminó el único gobierno elegido por reelección inmediata desde la
Constitución de 1991. En los campos judicial y político, la administración
Álvaro Uribe dejó grandes escándalos. Una clara manifestación de la alarmante violación de derechos humanos son las ejecuciones extrajudiciales en
la modalidad de falsos positivos, que configuran crímenes de Estado y que
podrían ser tipificados internacionalmente como delito de lesa humanidad.
Al respecto, el CINEP actualizó su registro de casos y víctimas de falsos
positivos entre 2001 y 2009 y reportó a comienzos de año: “Se han encontrado 31 nuevos casos y 61 víctimas en el periodo 2001 – 2008, y al mirar
el acumulado de víctimas en los años de 2001 a 2009, se han registrado 501
casos y 1.013 víctimas que en su mayoría habían sido presentados como
resultado de acciones en combate”1.
Por otro lado, el caso de la ex congresista Yidis Medina, conocido como
Yidispolítica, siguió su curso. Fueron llamados a indagatoria los exministros del Interior y Justicia Sabas Pretelt de la Vega y de Protección Social,
Diego Palacio Betancourt, por el delito de cohecho por supuestamente haber
ofrecido dinero, cargos y notaría a la entonces representante a la Cámara,
a cambio de su voto decisorio para aprobar el proyecto de reelección que
permitiría el segundo período presidencial de Uribe (2006-2010). A esto se
sumó el escándalo sobre la financiación ilegal del referendo para conseguir
esa reelección consecutiva, que tiene ad portas de un juicio al excongresista
Luis Guillermo Giraldo y a otros nueve integrantes del comité promotor,
incluido Juan David Ángel Botero, amigo personal del extraditado y presunto lavador de activos David Murcia Guzmán.
Adicionalmente, durante un año la Corte Suprema de Justicia no se puso de
acuerdo para elegir Fiscal General de la Nación de la terna presentada por
el presidente Uribe. La interinidad del Fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago.
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1- CINEP, Informe Especial, ‘Falsos positivos’, amenazas
colectivas e intolerancia social: balance del segundo
semestre de 2009. http://www.cinep.org.co/node/957
Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
terminó cuando Santos propuso una nueva terna, a raíz de lo cual resultó
elegida la exsenadora Viviane Morales.
referendo reeleccionista y dispuso que ningún presidente en ejercicio podrá
postularse para su reelección consecutiva.
En el campo internacional también hubo turbulencias. Con Ecuador las relaciones se mantuvieron tensas e indefinidas hasta el final del gobierno Uribe.
Con Venezuela, en cambio, alcanzaron un nuevo pico de tensión 20 días
antes de la salida de Uribe, por cuenta de la supuesta presencia de cabecillas
guerrilleros y campamentos en territorio venezolano. Una Asamblea Extraordinaria de la OEA, en la cual el embajador de Colombia Luis Alfonso
Hoyos (saliente Alto Consejero para la Acción Social) intentó demostrarlo, terminó con resultados negativos para el país: el presidente venezolano
Hugo Chávez, rompió relaciones con el gobierno Uribe.
Las elecciones para Congreso, en marzo, conformaron nuevamente un
parlamento de mayoría uribista y continuador de la política de Seguridad
Democrática, no ajeno del todo a las relaciones con grupos armados ilegales, especialmente paramilitares.
Las denuncias sobre negocios turbios de los hijos del presidente saliente ya
habían asegurado más problemas. La compra de predios, por parte de los
Uribe, que poco tiempo después fueron convertidos por el gobierno de su
padre en Zona Franca disparó el precio comercial del terreno. Esto habría
sido posible por el supuesto tráfico de influencias y el acceso a información
privilegiada. El mismo patrón se habría dado en Cali con el negocio del
reciclaje:
“Con la entrada al negocio de la empresa Residuos Ecoeficiencia S.A., de
Tomás y Jerónimo Uribe, el negocio de reciclaje ha dado un vuelco, pues
cada vez más industrias le entregan a los Uribe el monopolio de sus residuos.
Ecoeficiencia nació cuando Jerónimo y Tomás aún estaban en la universidad, pero ya cuentan con más de doscientos empleados y tienen entre sus
clientes grandes empresas como Coca-Cola, Bavaria y otras de las zonas
francas, que antes entregaban su basura a los recicladores y ahora prefieren
que Ecoeficiencia haga un manejo integral de todos sus residuos: reciclaje
de las basuras, tratamiento de aguas negras y mediciones de ruido”2.
En junio fue condenado a 30 años de prisión el coronel (r) Alfonso Plazas
Vega por la desaparición forzada de 11 personas durante la retoma militar
del Palacio de Justicia en 1985. El fallo fue mal recibido por el gobierno
y las FF.MM. y la juez del caso, María Stella Jara, tuvo que asilarse por
amenazas.
2- “Los recicladores encuentran un competidor ines-
Ese mismo mes en Calamar, Guaviare, la fuerza pública, mediante la Operación Camaleón, irrumpió en el campamento guerrillero del Frente Séptimo
de las FARC y rescató al general de la Policía Luis Mendieta, a los coroneles
Enrique Murillo y William Donato y al sargento Arbey Delgado3 .
perado en el negocio de la basura: los hijos de Uribe”, La
Silla Vacía, 20 abril 2009 http://www.lasillavacia.com/
historia/1137
3- Operación Camaleón, Ejército Nacional http://www.
ejercito.mil.co/?idcategoria=255925
En el campo electoral se creyó, hasta el 26 de febrero, que Álvaro Uribe se
haría elegir por tercera vez. El panorama cambió ese viernes, cuando hacia
las 6:45 de la tarde la Corte Constitucional anunció su fallo negativo sobre el
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El país uribista dio sus votos a Juan Manuel Santos como heredero del gobierno saliente. Este se enfrentó en segunda vuelta en junio con un Partido
Verde en ascenso con la candidatura de Antanas Mockus, en un acontecimiento político sin precedentes en el país para un partido naciente. Fueron
los ganadores de la primera vuelta, donde además compitieron con Germán
Vargas Lleras, quien ya estaba distanciado de Uribe; Gustavo Petro, candidato del Polo Democrático Alternativo; Noemí Sanín, candidata de un
partido conservador dividido por la fracción del exministro de Agricultura
de Uribe, Andrés Felipe Arias, visto como corrupto tras el escándalo por la
entrega de subsidios de Agro Ingreso Seguro a ricas familias y financiadores de su propia campaña; y Rafael Pardo, candidato del debilitado partido
liberal.
La segunda vuelta le dio a Santos una votación histórica en el marco de su
convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Adhirieron así al partido
de Uribe, conocido como La U, los partidos liberal, conservador y Cambo
Radical. Este último había resultado en la primera vuelta como tercera fuerza política.
B
Segundo semestre 2010
El segundo semestre comenzó con la despedida de ocho años del mandato Uribe, con su herencia de la Seguridad Democrática. Santos la retomó,
con la promesa de reforzarla en el campo, y comenzó una clara estrategia
para implementarla en las ciudades. También actuó rápido para recomponer
las relaciones internacionales, especialmente con los vecinos, y fortalecer
alianzas. Esto llevó a Santos a su primera visita como jefe de Estado al
vecino Brasil, la cual se desarrolló en un ambiente esperanzador y pareció
contagiar al resto del país y a Suramérica. Los efectos en los indicadores
económicos y una aparente calma en el país produjo un interés inusitado
de los inversionistas. Sin embargo, a los pocos días de su posesión, el panorama ya no era tan claro. El 11 de agosto, apenas terminada la cumbre
Santos-Chávez en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, explotó un carrobomba frente al edificio de oficinas donde funciona Caracol
Radio en Bogotá. No hubo víctimas fatales, pero el acto terrorista prendió
las alarmas. Días después, el atentado fue atribuido a las Farc.
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
El martes 17 de agosto de 2010, la Corte Constitucional, declaró inconstitucional el acuerdo sobre bases militares estadounidenses, dejando sin efecto
un pacto suscrito en 2009, que autorizaba el uso de bases colombianas por
parte de Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno anunció las prioridades en su agenda legislativa:
los proyectos de Ley de Primer Empleo, Ley de Víctimas y de Restitución
de Tierras, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y de Justicia;
el Ministerio de Agricultura dirigido por Juan Camilo Restrepo, adelantaría
el proyecto de Ley Integral de Tierras.
El conflicto armado continuó, con golpes importantes por parte de las Farc,
especialmente en el sur de Colombia. Se agudizó la violencia en Medellín, con énfasis en la Comuna 13, lo cual evidenció el creciente problema
estructural de la criminalidad y la delincuencia organizada en esa ciudad y
en el país.
El 9 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. certificó ante el
Congreso de ese país al gobierno de Colombia en derechos humanos, argumentando que su fuerza pública estaría cumpliendo con criterios legales humanitarios. El hecho fue presentado como un resultado de la política de Seguridad Democrática del anterior gobierno y de la continuidad dada por el
actual. A lo anterior se sumó la clara intención por parte del gobierno Santos
de atacar con todas las fuerzas a la guerrilla de las Farc, lo que por supuesto
incidió en el recrudecimiento del conflicto y de la crisis humanitaria.
La muerte de uno los principales jefes de esta organización guerrillera y
máximo líder de su ala militar, Víctor Julio Suárez Rojas, alias "Mono Jojoy", pareció reforzar la idea de que la derrota de la guerrilla era un hecho,
así como la consolidación de la Seguridad Democrática. El mismo día, ante
la Asamblea General de la ONU, el presidente Santos presentaba ante el
mundo a Colombia como una economía emergente, adelantando agendas y
conversaciones con los países BRIC4 . En la misma gira sostuvo su primer
encuentro oficial con el presidente estadounidense Barack Obama, evidenciando las buenas relaciones de los dos países. Todo ello parecía poner en la
mente de los colombianos la agenda de que el conflicto armado agonizaba
y que sus rezagos se superarían en poco tiempo, por el camino del tránsito
hacia el desarrollo.
4- Acrónimo de los países con mayor proyección
económica y política, Brasil, Rusia, India y China.
A fines de septiembre ─en un acto sin precedentes─ se presentó formalmente ante el Congreso, por parte del propio Presidente de la República, el
proyecto de Ley de Víctimas, que abre caminos para la restitución de la victimas en Colombia. Las semanas siguientes fueron de debate intenso sobre
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el contenido y financiación de la propuesta.
A finales de septiembre se encendió de nuevo el escándalo por los computadores incautados durante la operación que dio muerte a “Raúl Reyes”
en marzo de 2008 en Ecuador. En un proceso disciplinario, el Procurador
General de la Nación Alejandro Ordoñez destituyó y sancionó por 18 años
sin cargos públicos a la senadora liberal Piedad Córdoba, al señalarla de
tener nexos con ese grupo guerrillero.
Mientras, se hizo cada vez más intenso el proceso judicial por las interceptaciones ilegales, persecución y sabotaje desde la agencia de inteligencia DAS
contra Córdoba y otras personalidades políticas, académicas, judiciales y
periodísticas. El caso compromete a los directores del DAS en la administración Uribe, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, mientras se señala
de manera creciente al propio Uribe de conocer y avalar las actividades ilegales del DAS. El asunto se agravó aún más tras el asilo concedido por el gobierno panameño a Hurtado, que produjo un fuerte rechazo en la ciudadanía
de ambos países. No pasó desapercibida la influencia que ejerce Uribe sobre
el mandatario actual de Panamá. En esa misma línea, el exministro Sabas
Pretelt de la Vega solicitó asilo político en Costa Rica, el cual le fue negado.
El año finalizó con la revelación de al menos 72 cables diplomáticos estadounidenses referidos a Colombia por parte del portal Wikileaks. Estos
comprometen a algunos generales de la república y a funcionarios del alto
gobierno de Uribe, puesto que en las misivas al Departamento de Estado el
entonces embajador William Brownfield reseña que trató con ellos temas
de gran relevancia nacional, como las actividades ilegales del DAS contra
magistrados y disidentes; planes bélicos de Colombia en Venezuela y planes
militares de Estados Unidos en Colombia; la liberación de secuestrados, en
especial de Ingrid Betancourt; el asunto de la senadora Piedad Córdoba; y,
los falsos positivos, lo cual puso nuevamente bajo escrutinio la actuación
del gobierno anterior en cabeza de Uribe Vélez.
La noticia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales
entre los gobiernos de Ecuador y Colombia resultó positiva para el país. La
visita del presidente Rafael Correa a Colombia, con motivo de la fuerte crisis humanitaria por la que atraviesa el país por el impacto del Fenómeno de
La Niña, confirma el buen momento por el que pasan las relaciones, rotas
tras el ataque contra “Reyes” en territorio ecuatoriano.
El segundo semestre de 2010 deja, pues, aspectos positivos en muchos temas
de interés nacional y que seguro serán de gran relevancia en 2011.
Sin embargo, el año terminó con más de dos millones de personas afectadas
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por el desastre de origen climático y centenares de muertos. La situación
de emergencia impactó a buena parte del territorio nacional, causando derrumbes y bloqueo de vías. La iniciativa de Colombia Humanitaria y la atención y solución de esta problemática es hoy la prioridad del gobierno, y
todos los esfuerzos se concentran en ese sentido. Ya se piensa en la reconstrucción de cientos de municipios como solución para atender a miles de
afectados. El escenario de fin de año fue de una fuerte solidaridad nacional,
lo que despertó esperanzas para un mejor 2011.
C
Contexto socio-económico
De acuerdo con la proyección censal del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), para 2010 Colombia tenía 45,508.205 de
habitantes. De ellos, 34,387.230 viven en centros urbanos y 11,120.975 en
zonas rurales. Para junio de 2010 se estimó un total de 27.78% de personas
con NBI5 , de éste, el 53.51% están ubicadas en las zonas rurales y el 19.64%
en las cabeceras municipales. (Tabla 1). De los 45.505.205 personas el 51.0%
son mujeres y el 49.0%, hombres.
Por otra parte, el 37.2% de la población ha alcanzado el nivel básico primaria, el 31.8% la secundaria y el 11.9% el nivel superior y postgrado. El
10.2% de la población colombiana no tuvo acceso a ningún nivel educativo.
(Tabla 3)
El 6.3% de las mujeres y el 6.6% de los hombres presentan algún tipo de
limitación permanente, según el DANE. En la zona rural el guarismo de
discapacidad es mayor, del 8%, mientras en las cabeceras municipales es
del 6%.
El 66.7% de los hogares en Colombia están conformados por cuatro personas. El 10.5% de los habitantes se ven a si mismos como negros, mulatos,
afrocolombianos o afrodescendientes. Mientras, el 3.4% se considera indígena. La tasa de analfabetismo es del 8.9% para la población mayor de
cinco años y del 8.4% para la población mayor de 15. El analfabetismo en el
campo es del 18%, mientras que en los centros urbanos es del 6%. El 66.7%
de la población en las cabeceras municipales entre los tres y los 24 años
asiste a un establecimiento educativo formal. La cifra baja a 52.6% para las
zonas rurales. (Tabla 2)
Por último, del total de hogares el 2.8% tiene experiencia emigratoria internacional. El 34.6% del total de personas de estos hogares residen en Estados
Unidos, el 23.0% en España y el 20% en Venezuela.
De acuerdo con el DANE, para el tercer trimestre de 2010 el PIB creció en
3.6% frente al 0.8% obtenido en el mismo trimestre del año anterior. Sin
embargo el crecimiento del primer y segundo trimestres de 2010 fueron de
4,5% y 4,4% respectivamente.
5- NBI: Necesidades básicas insatisfechas
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Informe CODHES 2010
Informe CODHES 2010
CODHES llama la atención sobre la alta participación del gasto militar y
de la deuda pública en el presupuesto nacional, y sobre la efectividad de los
resultados respecto a los objetivos de la política de Seguridad Democrática,
ejecutados a través del Centro de Coordinación de Atención Integral y las
zonas CCAI.
A pesar de presentarse alguna mejoría en los indicadores de pobreza e indigencia en la zona rural, en el caso de los indicadores de calidad de vida no
ocurre lo mismo. Estos exhiben el mayor valor en el campo, demostrando
la gran brecha que existe entre la calidad de vida de los habitantes de las
cabeceras municipales frente a los habitantes de la zona rural.
Según la MESEP (Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad, “Resultados Cifras de pobreza, indigencia y desigualdad 2009- DANE-DNP”, el ingreso per cápita real de los hogares fue de
$560.309 pesos presentando una disminución de 2% frente a 2008, cuando
fue de $570.258. El indicador se mantiene constante en las principales 13 ciudades, donde el ingreso per cápita se redujo en 4% al pasar $684.187 pesos
en el 2008 a $668.938 pesos en 2009. La pobreza en 2009 afectó al 45.5% de
los habitantes y se redujo apenas en 0.5% frente al 46% de 2008. (Tabla 4).
De acuerdo con el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 Colombia ocupó el puesto 79 de 169 países, de
acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el año 2008. Con
respecto al 2007, el país perdió dos posiciones al pasar del 77 al 79. Al comparar con los demás países de América Latina, Colombia está por debajo de
Chile (45), Argentina (46), Uruguay (52), Panamá (54), México (56), Costa
Rica (62), Perú (63), Brasil (73), Venezuela (75) y Ecuador (77). Le siguen
en su orden Bolivia (95), Paraguay (96), Honduras (106), Guatemala (116)
y Haití (145). El informe indica que “en América Latina y el Caribe, la elevada desigualdad histórica ha estado vinculada a una desigual distribución
de la tierra y la educación, e ingresos más altos para los trabajadores calificados, altas tasas de fecundidad en los hogares más pobres y gasto público
regresivo. Sin embargo, algunos países como Brasil, Ecuador y Paraguay
han comenzado a poner freno a la desigualdad con buenos resultados”6 . El
informe resalta que la “desigualdad” se puede transmitir de generación en
generación familiar, debido entre otras razones al deterioro de los ingresos
y a la necesidad y obligación de restringir gastos como la educación, lo que
hace ampliar la brecha aún más.
Las ciudades que presentaron el nivel de pobreza mayor fueron: (Manizales
45.4%, Pereira 42.8%, Barranquilla 40.7%, Pasto 39.8%, Medellín 38.4%.
La tasa de pobreza para Bogotá fue de 22%.
También describe la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres y
comunidades étnicas. De las mujeres en cuanto a generación de ingresos
especialmente, debido a que siguen recibiendo menor remuneración a pesar
de ocupar los mismos cargos de los hombres. Otras veces se dedican a empleos informales, lo que hace que no tengan acceso a la seguridad social.
En cuanto a los grupos étnicos, resalta que es una población extendida que
generalmente vive en zonas apartadas o aisladas, lo que dificulta el acceso
a los servicios, especialmente de educación. Esto los obliga a dedicarse a
actividades de menor remuneración, lo cual amplía la brecha frente a otros
grupos de población.
La tasa de pobreza extrema alcanzó en 2009 el 16.4%, se redujo en 1.4%
frente al 17.8% que obtuvo en 2008. En conclusión, para 2009 el 61.9% de la
población de Colombia se encontraba en situación de indigencia (7,159.172
personas) y de pobreza (19,899.144 personas). Esto a pesar del cambio de
metodología y de la mejoría leve en algunos indicadores en la zona rural. El
índice Gini se ubicó en 0.578%, disminuyendo en un punto frente al 0.589%
obtenido en 2008.
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Igualmente les otorga responsabilidad a las políticas públicas, como se resaltó anteriormente. Para superar este tema, el informe propone un enfoque
de política pública llamado Enfoque A, que contiene los conceptos de Alcance, Amplitud y Apropiación. Alcance significa llegar a los destinatarios
para quienes fueron diseñadas las políticas e incluye la cobertura universal
efectiva de un conjunto básico de servicios públicos y protección social.
Amplias o integrales implica considerar que las restricciones que enfrentan
los hogares son múltiples y en ocasiones se refuerzan entre sí. Y, Apro-
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6- Resumen ejecutivo Informe Regional sobre Desarrollo
Humano para América Latina y el Caribe 2010.
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piación se refiere a que los beneficiarios hagan suyos los objetivos de la
política pública. No sobra recordar los puestos que Colombia ocupó en los
años anteriores: 2002 (64), 2003 (73), 2004 (69), 2005 (70), 2006 (75), 2007
(77). Es decir, que entre 2002 y 2008, es decir durante el gobierno de Uribe,
Colombia perdió 15 posiciones en el Índice de Desarrollo Humano, al pasar
del puesto 64 en 2002 al puesto 79 en 2008. Sólo se notó una recuperación
entre los años 2003 y 2004, cuando pasó del puesto 73 al 69 respectivamente. Pero, a partir de 2005 ha sido constante la pérdida en el escalafón.
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Anexo 6
¿Microtráfico, narcomenudeo y/o crimen organizado?
Si bien es cierto que el negocio del narcotráfico sigue dejando valiosos dividendos en el país, aproximadamente de $500.000 millones de pesos7 , es
importante analizar otros tipos de variables como consumo, incautaciones,
el precio y el tipo de consumo, con el fin de poder contar con un panorama
más completo de la realidad que permita determinar qué tipo de intereses
realmente se están moviendo detrás de las teorías de microtráfico o narcomenudeo, en Medellín y Bogotá principalmente.
El informe concluyó que alrededor de 448.730 personas (2,3% de la población) consumieron marihuana durante el año previo a la encuesta. Las
regiones que mayor tasa de consumo presentaron, en su orden, fueron: Medellín y su área metropolitana (5,26), Cali y Yumbo (3,85), Bogotá D.C.
(2,51), Orinoquia y Amazonia (1,84) y San Andrés y Providencia (1,79%).
Por su parte, de acuerdo con las estimaciones, cerca de 142.000 personas
(0,72%) consumieron cocaína durante el año previo a la encuesta: 118.000
hombres y 24.000 mujeres.
De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoativas en Colombia en 2008, consumieron algún tipo de sustancia psicoativa8
(marihuana, cocaína y bazuco) un total de 297.940 personas.
7- Artículo “Violencia urbana, narcotráfico y conflicto:
algunas anotaciones para el debate”, de Angélica Durán*
Martínez, Candidata a Doctorado en Ciencia Política
en Brown University, EE.UU., Becaria del Jennings
Randolph Peace Scholarship del Instituto de Paz de
EE.UU. (USIP), Becaria del Consejo de Investigaciones
de Ciencias Sociales de Estados Unidos (SSRC).
El artículo es parte del proyecto de investigación
doctoral financiado por USIP Jennings Randolph Peace
Scholar y por el International Dissertation Research
Fellowship de SSRC, sin embargo no expresa ninguna
opinión institucional. Todos los errores y opiniones son
estrictamente personales.
8- Tabaco, alcohol etílico, anfetaminas, tranquilizantes,
*1 Diazepam, Lorazepam, Alprazolam, Bromazepam, Brotizolam, Clonazepan, Clobazam, Flunitrazepam, Midazolam, Triazolam, Clordiazepoxido.
2 Metilfenidato, Metanfetamina.
3 Prevalencia de vida incluye las siguientes sustancias: Marihuana, cocaína,
bazuco, éxtasis, metanfetamina, morfina, heroína, opio, LSD, hongos, barbitúricos, ketamina, GHB, inhalables.
Prevalencias e incidencias de último año y último mes incluyen las siguientes sustancias: Marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, inhalables, heroína.
4 Prevalencia de vida incluye las siguientes sustancias: Marihuana, cocaína,
bazuco, éxtasis, metanfetamina, morfina, heroína, opio, LSD, hongos, ketamina, GHB.
marihuana, cocaína, bazuco, LSD, heroína, éxtasis,
inhalables y otras
9- Este estudio fue realizado por el Gobierno Nacional
de la República de Colombia, a través del Ministerio de
la Protección Social (MPS) y la Dirección Nacional de
Estupefacientes (DNE), con el apoyo de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y la Embajada de los Estados Unidos
en Colombia. Para obtener esta información, pueden
consultar los siguientes sitios web: http://odc.dne.gov.co
www.descentralizadrogas.gov.co
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Prevalencias e incidencias de último año y último mes incluyen las siguientes sustancias: Marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, heroína.
* En el cuestionario no se incluyeron preguntas para evaluar prevalencias de
último año y último mes de hongos y LSD.
Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoativas en Colombia-2008
La Tabla Número 4 indica claramente que, a pesar de que exista un alto
consumo de cualquier sustancia ilícita en las ciudades principales como
Bogotá y Medellín, la cocaína efectivamente está lejos de ser la sustancia
psicoativa con mayor demanda y preferencia (2,48) puesto que este lugar lo
ocupa la marihuana, con un 7,99%. Si se juntan los porcentajes de cualquier
sustancia ilícita éstos suman un 18,09%, sustancias que necesariamente son
importadas, al hacer parte de insumos para medicamentos. Por último, el
tabaco y el alcohol son las sustancias más consumidas por los colombianos,
con un porcentaje del 44,49% y el 86,09% respectivamente.
Por otra parte, las incautaciones generalmente ocurren en aeropuertos, puertos y carreteras, lo que indica que el énfasis de este negocio sigue
siendo el mercado internacional y el consumo externo. Es el caso de las
incautaciones presentadas durante las primeras semanas de enero en los
puertos de Buenaventura y Barranquilla, donde se han recaudado cerca de
ocho toneladas, con un valor promedio por kilo de $7.200,000 pesos puesta
la droga en su destino, sin calcular el precio para el consumidor final. Esto
a pesar de la fumigación de cultivos ilícitos la reducción de los mismos,
según el SIMCI de 100.000 ha. durante los 10 años del Plan Colombia. La
realidad demuestra que este precio no se ha incrementado, tal y como tendría que suceder de acuerdo con las leyes del mercado, al reducirse la oferta,
puesto que ésta ha sido sustituida en algunos casos por países como México
y Brasil.
CODHES considera importante tener en cuenta que, si bien es cierto que
este negocio es altamente llamativo para algunos grupos delincuenciales
claramente dedicados a esta actividad, otros grupos, en especial aquellos
surgidos después de la desmovilización, siguen teniendo otros intereses. El
principal es afectar el orden social, atacar procesos de liderazgo comunales
como la de restitución de tierras, proseguir con el negocio de compra y venta
de armas, la trata de personas, etc. Pero, sobre todo, su objetivo es sembrar
el terror, para controlar a la población vulnerable tanto en las ciudades como
en las regiones. Su fin último: obtener territorio, en el cual pueden ejecutar
todas sus actividades legales e ilegales.
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