Trabajo y empleo femenino en Chile 1880

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N° Proyecto Fondecyt Regular 10 60057
Trabajo y empleo femenino en Chile 1880-2000.
Su aporte al desarrollo del país desde al economía doméstica,
el trabajo voluntario y el trabajo remunerado
Informe Final
Investigadora responsable:
Co-investigadoras:
Amalia Mauro Cardarelli
Lorena Godoy Catalán
Ximena Díaz Berr
Santiago de Chile, 16 de marzo de 2009
230
Índice
Parte I
Introducción ..………………………………………………………………………… p. 4 - 7
Capitulo 1. El estudio del trabajo de las mujeres …………………………...……... p. 8 - 18
1.
2.
3.
El estudio del trabajo de las mujeres en la investigación historiográfica
El estudio del trabajo de las mujeres desde las ciencias sociales
La presente investigación
Parte II
Las mujeres en el trabajo productivo y el trabajo reproductivo
Capítulo 1. El periodo 1880-1920 ………………………………………………… p. 20 - 65
1. Panorama General
1.1. Los rasgos económicos más sobresalientes del periodo
2. Panorama general de los fabricantes de riqueza: los trabajos de hombres y mujeres en los
censos de población
3. La regulación de las relaciones laborales. Los inicios de la discusión sobre la regulación del
trabajo
3.1. Primera etapa 1901-1918
3.2. Segunda etapa: 1919 a 1921
3.3. Tercera etapa: 1924 a 1938
4. Representaciones sobre el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres
4.1. La posición de las organizaciones obreras
4.2.La reacción del catolicismo social
4.3.La experiencia internacional en el discurso a favor de la legislación del trabajo femenino
Capitulo 2. El periodo 1930-1973 .....……………………………..……………… p. 66 - 137
Panorama General
1. El periodo de 1920 a 1952
3. Panorama general de los fabricantes de riqueza: los trabajos de hombres y mujeres en los
censos de población
Capítulo 3. El periodo 1973-2000 .....……………………………….…………… p. 138 - 180
Panorama General
1. El gobierno de la Unidad Popular
1.1. Principales rasgos del desarrollo económico del gobierno de la Unidad Popular
2. El régimen militar 1973-1989
2.1. Principales rasgos del desarrollo económico del régimen militar: la estrategia neoliberal
231
3. El retorno de la democracia: los gobiernos de la Concertación para la Democracia 19892000
4. Panorama general de los fabricantes de riqueza: los trabajos de hombres y mujeres
Parte III
El trabajo voluntario de las mujeres
Capítulo 1. El trabajo voluntario femenino entre 1880-1929. Las “Buenas Señoras” y su
aporte a la reproducción social ……...………………………………………...… p. 181- 193
1. Características del trabajo voluntario. El paso de la caridad a la beneficencia
2. Sobre las instituciones de trabajo voluntario femenino y a quiénes dirigían su labor
3. Perfil de las personas que realizan el trabajo voluntario
Capitulo 2. El trabajo voluntario femenino entre 1930 y 1973. Consolidación de una política
asistencial de Estado y los nuevos actores en el trabajo social ………. p. 194 - 202
1. Características del trabajo voluntario. De la beneficencia a la asistencia pública, la
profesionalización del servicio
2. Sobre las instituciones de trabajo voluntario femenino y a quienes dirigían su labor
Capítulo 3. El trabajo voluntario femenino entre 1973 y 2000. De las voluntarias pro régimen
y el voluntariado de resistencia hacia la pluralidad
de la democracia ……..……………………………………………………………. p. 203-212
1. Características del trabajo voluntario. La coexistencia de dos tipos de ayuda y la
especialización del voluntariado tras el retorno de la democracia.
Conclusiones ...……………………………………………………………………. p. 213 - 227
Referencias ..……………………………………………………………………… p. 228 - 235
Anexos ………………………………...………………………………..………… p. 236 – 281
Anexo 1. Clasificación por Ramas de Actividad. Censos de Población de 1885, 1895, 1907 y
1920
Anexo 2. Homologación Grupos Ocupacionales y Ramas de Actividad. Censos 1930 y 1940
Anexo 3. Cifras censales de empleo en Chile, 1885-2002
Anexo 4. Gráficos
232
Parte I
Introducción
El estudio desarrollado por diversas disciplinas respecto del trabajo femenino incorporando una
perspectiva de género, ha traído consigo una serie de consecuencias. Ha supuesto una ampliación de
los espacios sociales en los cuales hasta hace unas décadas se situó y estudió preferentemente a las
mujeres, y ha permitido entender la participación laboral femenina como un fenómeno de larga
duración, estrechamente relacionado con los distintos modelos de desarrollo implementados en el
país. Por otra parte, también ha sido expresión de un fuerte cuestionamiento de los marcos
conceptuales desde los cuales tradicionalmente se entendió y estudió el trabajo, lo que ha
significado una ampliación del concepto incluyendo formas de trabajo socialmente necesario, no
reconocidas como tales y desarrolladas mayoritariamente por mujeres.
Esta manera de comprender el trabajo, ha permitido visualizar el modo como su organización no
remite solo a lo que sucede en el mercado, sino comprende también la organización del trabajo
reproductivo, la organización familiar y las relaciones de género. Es decir, entender cómo la
organización de la producción supone determinadas formas de organizar la reproducción social, lo
cual implica una distribución del trabajo socialmente necesario entre hombres y mujeres.
En Chile, y especialmente en las últimas décadas del siglo XX, han existido estudios sobre el
trabajo remunerado femenino en diferentes momentos de la historia nacional, los que han puesto en
evidencia la histórica participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Sin embargo, gran parte
de estos estudios se refieren a periodos acotados de la historia nacional, lo que ha significado que
mientras algunos periodos han sido ampliamente documentados, otros lo han sido mucho menos; y
que no se cuente con un relato continuo que permita el análisis más integrado del trabajo femenino
en una perspectiva de larga duración.
Lo señalado ha contribuido indirectamente a reproducir ciertos discursos que sostienen que la
presencia de mujeres en el mercado laboral sería un fenómeno reciente, vinculado
fundamentalmente a las transformaciones ocurridas en este mercado a partir de los años setenta. Sin
duda que estas transformaciones impulsaron una inserción más numerosa, más permanente y más
diversificada de las mujeres al mercado de trabajo, pero en ningún caso constituyen el punto de
partida del trabajo femenino remunerado en Chile.
A partir de lo señalado, y asumiendo el desafío de hacer un estudio desde un concepto amplio del
trabajo, un equipo del Centro de Estudios de la Mujer se planteó reconstruir la trayectoria del
trabajo femenino en Chile desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, incluyendo el
trabajo productivo realizado por mujeres, el trabajo reproductivo que se realiza en el ámbito
familiar (doméstico y de cuidado) y el trabajo voluntario, analizando su aporte al desarrollo
nacional*.
De este modo, se buscó enriquecer el conocimiento respecto de la historia del trabajo en Chile no
sólo por la inclusión de otros grupos sociales habitualmente ausentes de los relatos historiográficos
-en este caso mujeres-, sino porque dicha inclusión permite evidenciar el modo como los modelos
*
Se trata del proyecto titulado “Trabajo y empleo femenino en Chile 1880-2000. Su aporte al desarrollo del país desde al economía
doméstica, el trabajo voluntario y el trabajo remunerado”, realizado entre los años 2006 y 2008
233
de desarrollo económico suponen modelos de organización de la sociedad en un sentido más
amplio, suponen la promoción de determinados modelos de familia y de relaciones entre hombres y
mujeres.
–
El estudio realizado
Para reconstruir la trayectoria del trabajo desarrollado por las mujeres en el ámbito productivo y
reproductivo, y el trabajo voluntario, durante el siglo XX, se recurrió a una diversidad de fuentes de
información. Como se planteó inicialmente, se privilegió la revisión de bibliografía y para aquellos
periodos en los cuales se contaba con menos información, se hizo una revisión selectiva de fuentes
originales. Si bien en cada uno de los periodos estudiados se incluyeron ambos tipos de
información, cabe destacar la revisión de fuentes originales para el periodo que va desde 1930 a
1973, para el cual se contaba con menos investigaciones disponibles sobre el trabajo realizado por
mujeres. Así, además de la revisión de las cifras de empleo que presentan los censos de Población
realizados en el periodo, se incluyó la revisión de tesis de Servicio Social para conocer las imágenes
y discursos sobre el trabajo realizado por las mujeres, sobre su papel en la familia, sus
responsabilidades familiares y domésticas, y su participación en el mercado de trabajo. En el caso
del trabajo voluntario femenino, además de bibliografía especializada en el tema, se consultaron
memorias, cuentas públicas, actas de congresos sobre Beneficencia, se amplió el catastro de
organizaciones de beneficencia que se comenzó a construir durante el primer año de la
investigación y que se completó en el tercer año, y se realizaron entrevistas a informantes clave y a
mujeres que realizan trabajo voluntario en la actualidad para completar la información sobre la
historia de las organizaciones voluntarias, sus actividades y destinatarios así como sus opiniones
sobre la alta presencia femenina en este tipo de actividades.
Además se realizó una revisión de material iconográfico (objetivo específico 7) que permitió la
recopilación de unas 250 imágenes que muestran a mujeres en diversas actividades laborales,
educacionales y de vida cotidiana. Dos fueron las principales fuentes para recopilar material
iconográfico. En primer lugar, la revisión de Revistas y Libros de cada uno de los periodos
analizados, y la revisión de Archivos fotográficos públicos y privados.
Durante este tercer y último año del proyecto, y siguiendo los objetivos específicos planteados
inicialmente, se reconstruyó la evolución del trabajo productivo y reproductivo, y el trabajo
voluntario desarrollado por las mujeres a lo largo del último periodo, que comprende el año 1973
hasta el año 2000; y posteriormente se integró esta información con aquella recopilada para los dos
periodos anteriores estudiados durante el primer y segundo año del proyecto. El presente
documento da cuenta de esta integración y constituye una primera versión para futuras
publicaciones.
De acuerdo con ello, el documento se estructura del siguiente modo. En la Parte Uno, en el Capítulo
1, se presenta la aproximación desde la cual se planteó el estudio del trabajo de las mujeres en Chile
incorporando una perspectiva de género. En primer lugar se señalan los aportes del tránsito desde
una historia de mujeres a una historia de género, junto con la evolución seguida por la temática del
trabajo de las mujeres en la producción historiográfica nacional. A continuación se presenta el
cuestionamiento al concepto de trabajo planteado desde la economía feminista así como el lugar
234
ocupado por los estudios sobre el trabajo femenino en los estudios del trabajo. El estudio realizado
se basó fundamentalmente en la producción de estos dos ámbitos disciplinarios para desarrollar este
relato integrado del aporte de las mujeres al desarrollo del país.
En la Parte Dos, se aborda la participación de las mujeres en el trabajo productivo y en el trabajo
reproductivo. Manteniendo la estructura seguida en los años anteriores, se destina un Capítulo a
cada uno de los periodos estudiados, en cada uno de los cuales se presenta una contextualización
histórica del periodo, que incluyó una presentación de rasgos característicos en materia de
desarrollo político, social, cultural y especialmente, económico. Posteriormente, se presenta un
panorama general de la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, identificando
aquellos rasgos más característicos de cada periodo: evolución de la participación de mujeres y
hombres en la fuerza de trabajo, ramas y ocupaciones más importantes en términos de su aporte al
crecimiento económico y de la generación de empleos, distribución de la población en ramas y
ocupaciones -y para periodos más recientes, en grupos y categorías ocupacionales-; características
de la fuerza de trabajo en general y de la fuerza de trabajo femenina en particular (objetivos
específicos 1, 2 y 3). La principal fuente utilizada fueron las cifras de empleo de los Censos de
Población, especialmente para los dos primeros periodos (1880-1930 y 1930-1973). Para el tercer
periodo (1973-2000), junto con los Censos se incluyen cifras de otras fuentes de información
surgidas en la época. Considerando la centralidad que adquieren los censos de población como
fuente para el registro del empleo, se discuten las ventajas y las limitaciones que ello implica
considerando los cambios experimentados en las formas de entender y, en consecuencia, de
registrar el trabajo de mujeres y hombres.
A continuación, para cada etapa se presenta un registro y discusión de las representaciones sociales
sobre el trabajo desarrollado por las mujeres, como una forma de aproximarse a las imágenes y
creencias que existían en distintos momentos de la historia nacional respecto del trabajo
desarrollado por las mujeres, tanto en el ámbito productivo como reproductivo. Analizando las
opiniones y creencias expresadas por actores de distintos ámbitos de la sociedad, se hizo un registro
de las principales ideas que circularon en relación al empleo femenino y en estrecha relación con
ello, en relación a las responsabilidades asignadas a las mujeres en el ámbito familiar, las labores
domésticas y de cuidado. De esta manera fue posible enriquecer el análisis sobre la participación
laboral de las mujeres así como aproximarse al trabajo reproductivo desarrollado por ellas, el cual
solo en décadas recientes ha comenzado a ser analizado y contabilizado como una expresión más
del trabajo socialmente necesario. Por ello, para el periodo correspondiente a 1973-2000, además de
dar cuenta de algunas de las representaciones sobre el trabajo femenino, se incluye un análisis de
las encuestas de uso del tiempo que ha sido una de las formas de registrar y estudiar el trabajo
reproductivo (objetivo específico 5).
Es preciso señalar que el estudio entendió por representación social un sistema de creencias de
sentido común, opiniones, imágenes y actitudes que circulan en el mundo social, en torno a objetos
relevantes o de gran significación social para una comunidad, y que son construidas en los procesos
de interacción y comunicación social, circulan en los medios de comunicación, en las
conversaciones de las personas, en las instituciones. Este conocimiento de sentido común que se
constituye a partir de las experiencias de los sujetos así como de las informaciones y modelos de
pensamiento que reciben de la tradición, la educación, la comunicación social, les permite organizar
el mundo material y social, comunicarse entre ellos al proveerlos de un código común y orientar sus
comportamientos y relaciones sociales. Se trata de un concepto que evidencia las relaciones
235
existentes entre las dimensiones individuales y socioculturales, que condensa las construcciones y
significados que los individuos hacen de la realidad y las construcciones colectivas de carácter
cultural (Ibáñez, 1988; Jodelet, 2001; Krause y Torche, 2001; León, 2002). Desde esta perspectiva
fue posible identificar las ideas y creencias presentes en distintos ámbitos de la sociedad sobre el
trabajo de las mujeres, de las cuales se desprende una serie de atributos asociados a las mujeres que
constituyeron parte fundamental de sus identidades de género, de las relaciones de género y de los
modelos de familia.
En la Parte Tres del documento, se presenta la evolución de la participación de las mujeres en el
trabajo voluntario desde fines de siglo XIX y durante todo el siglo XX, distinguiendo en cada uno
de los periodos abordados aquellos rasgos que caracterizaron esta participación femenina. La
reconstrucción y caracterización de esta trayectoria se basó en la revisión de fuentes originales y de
algunos estudios sobre el tema. De acuerdo a esta revisión es importante destacar que previo a lo
realizado por esta investigación, no se contaba con este tipo de registro que permitiera reconstruir
en el largo plazo el trabajo voluntario femenino, lo que constituye no solo un aporte al
conocimiento del trabajo de las mujeres sino también a la historia del trabajo voluntario en Chile
(objetivo específico 4).
A continuación se presentan las Conclusiones, en las cuales se recogen los principales resultados de
la investigación en relación al aporte de las mujeres en tres ámbitos del trabajo socialmente
necesario: productivo, reproductivo y voluntario. Le siguen las Referencias y en la sección de
Anexos, se incluye información referida a las cifras de empleo. En el Anexo 1 y 2 se presentan las
clasificaciones y homologaciones realizadas a efectos de poder hacer comparable las cifras de
empleo entregadas por los Censos de Población en el largo periodo de tiempo abordado por el
estudio. Y en el Anexo 3 se presentan las cifras de empleo ya procesadas para este estudio, que
comprenden desde el Censo realizado en 1885 hasta el Censo realizado en 2002.
236
Capitulo 1
El estudio del trabajo de las mujeres
El trabajo de las mujeres en Chile fue hasta los años ochenta una temática escasamente estudiada.
Desde los primeros antecedentes de la historia laboral en la década del treinta hasta los años setenta,
el interés se centró fundamentalmente en la figura de algunos trabajadores hombres ocupados en
sectores emblemáticos del capitalismo industrial. A pesar de ello, es posible encontrar algunos
importantes estudios que ya desde las primeras décadas del siglo registraban el trabajo realizado por
las mujeres. El realizado por Elena Caffarena sobre el trabajo a domicilio en los años veinte
constituye uno de los primeros estudios referidos al trabajo de las mujeres. Y si bien con
posterioridad han existido algunos estudios que permiten documentar y analizar la presencia de
mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos el trabajo, no será sino hasta la década de
los ochenta cuando aparezcan una serie de trabajos referidos a esta temática.
Lo sucedido en estos años se inscribe dentro de un notable aumento de las investigaciones
desarrolladas desde diferentes disciplinas, que buscan describir y analizar la situación de las
mujeres en distintos ámbitos del quehacer nacional. Ello tiene estrecha relación con el desarrollo a
nivel internacional y nacional de nuevas categorías de análisis que cuestionaron las concepciones
más tradicionales respecto de las temáticas y, en algunos casos, los métodos para estudiar la
realidad social. Especial relevancia adquiere para el estudio de las mujeres el desarrollo de la
categoría de género en la década de los setenta, que ha tenido un impacto teórico y metodológico
que se traducido en el planteamiento de otros problemas, otras preguntas de investigación, de otras
fuentes de información (especialmente en el caso de la historiografía), y en la revisión de algunos
conceptos clave en los estudios de ciertos fenómenos sociales. Dentro de esta proliferación de
estudios sobre mujeres, los referidos al trabajo cobraron especial relevancia. Desde las ciencias
sociales muchos de estos estudios se centraron en el análisis del incremento de la participación
laboral en las últimas décadas del siglo XX, en el contexto de la implementación de un capitalismo
flexible; en tanto estudios historiográficos se abocaron a documentar esta participación desde fines
del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Estas investigaciones ampliaron los ámbitos en los
cuales tradicionalmente se situaba a las mujeres (familia), cuestionaron el carácter eminentemente
masculino que se atribuía a las actividades remuneradas, y paulatinamente contribuyeron a
visibilizar las estrechas relaciones existentes entre la organización del trabajo productivo y del
trabajo reproductivo, entre los modelos de desarrollo y modelos de género. En este sentido, los
estudios sobre el trabajo de las mujeres significaron, por un lado, un incremento de las fuentes y de
la información disponible para periodos pasados de la historia de Chile, la inclusión de otros actores
sociales, y por otro lado, un desarrollo conceptual y metodológico que ha tenido importantes
consecuencias en la forma de conceptualizar y estudiar el trabajo de las mujeres y el trabajo en un
sentido más general.
A continuación se revisa brevemente la evolución seguida por los estudios sobre el trabajo
femenino en la historiografía y en las ciencias sociales. Esta revisión se basa en el documento
elaborado por María Soledad Zárate y Lorena Godoy (2005) titulado Análisis crítico de los estudios
históricos del trabajo femenino en Chile.
1.
El estudio del trabajo de las mujeres en la investigación historiográfica
237
El registro de la historia de las mujeres en Chile, y más específicamente del trabajo femenino, ha
tenido un estatuto secundario en los grandes relatos históricos nacionales. En varios ensayos,
manuales historiográficos e investigaciones sociales, las mujeres o han estado ausentes, o han sido
incluidas de maneras anecdóticas y esporádicas, o en apartados especiales que registran la vida de
mujeres “destacadas” o de mujeres de sectores populares. Ello ha sido expresión de la posición
subordinada que las mujeres han ocupado en los relatos históricos nacionales, los que si bien han
asumido una supuesta neutralidad, de hecho se han centrado fundamentalmente en la experiencia de
los hombres.
Ello no ha impedido el desarrollo de algunos estudios. Por ejemplo, desde mediados de la década
del veinte es posible encontrar algunas tesis de grado, registros o crónicas referidas a la presencia de
mujeres en distintos ámbitos de la vida nacional, o la vida de mujeres destacadas; y en los años
cincuenta y sesenta, surgen otros trabajos informativos e interesantes ensayos.
Parte importante de esa producción referida a las mujeres asumió un carácter compensatorio, es
decir, a través de historias de las mujeres célebres, buscó reparar” o “compensar” el silencio sobre
las mujeres en los grandes relatos nacionales. Como lo indica Asunción Lavrin (1985), se intentó
“redimir el anonimato de muchas mediante el brillo de unas cuantas”, lo que la autora llama el
“síndrome de la gran mujer”.
Sin embargo, es preciso reconocer que, en conjunto, esta producción constituye una provechosa
fuente para el estudio de las mujeres en Chile, y aunque el trabajo femenino no haya sido un tema
central en el conjunto de esta producción, sí es posible encontrar ya en ese tiempo algunas
publicaciones, como la tesis de grado de Elena Caffarena del año 1924, referida específicamente al
trabajo a domicilio -realizado mayoritariamente por mujeres-, que representa uno de los primeros
estudios sobre el trabajo femenino en Chile1.
–
El trabajo de las mujeres en la historiografía laboral nacional: la historia de los hombres
proletarios
El desarrollo de la historia laboral en Chile está estrechamente relacionado con el surgimiento del
proletariado industrial y minero, con su creciente protagonismo en el plano político y su
incorporación dentro de la institucionalidad laboral, proceso que en el país tuvo lugar entre los años
30 y 70. Aunque es posible distinguir diferentes corrientes historiográficas que han estudiado la
historia de los trabajadores —marxista, social-económica, neo marxista—, algo que caracteriza de
manera general a esta producción es el protagonismo que le ha concedido a los trabajadores
hombres, y más específicamente a aquellos insertos en el sector industrial y en el minero. El
marcado compromiso político de muchos de los historiadores dedicados al estudio del trabajo,
explica en medida importante la centralidad otorgada a este acotado sector de los trabajadores,
concebido como la vanguardia organizada de la clase trabajadora. Sin embargo, expresa, además,
una concepción del trabajo y de los trabajadores como un ámbito eminentemente masculino. Todo
ello ha contribuido a dejar fuera de la gran mayoría de estos estudios a las mujeres trabajadoras. A
continuación veremos las distintas corrientes historiográficas que convergen en la historia laboral,
1
“El trabajo a domicilio”, en Boletín de la Oficina del Trabajo Nº 22, (Santiago: 1924) pp. 95-125. Memoria para optar al grado de
bachiller en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Chile
238
sus principales exponentes y líneas temáticas, así como algunas de sus interpretaciones más
relevantes.
En la década del treinta, una serie de abogados e incluso funcionarios estatales publicaron diversos
estudios relativos fundamentalmente a la organización obrera y a la regulación laboral. Si bien
Jorge Rojas (2000) distingue a estos autores como precursores de la historia de los trabajadores, sin
duda la corriente más emblemática de la historia laboral es la tradición clásica marxista. Esta
tradición se desarrolla principalmente en la década del 50 y 60 y aunque sus exponentes más
conocidos pertenecían a diferentes generaciones y presentaban muchas diferencias internas,
tuvieron en común un interés político explícito por aportar al protagonismo de los trabajadores y a
la proyección de un proyecto socialista. En este sentido, el interés académico estaba estrechamente
vinculado a un compromiso político militante de izquierda. El objeto prioritario de sus estudios fue
el proletariado industrial y minero, mayoritariamente compuesto por hombres y, específicamente,
aquel sector de estos trabajadores que estaba organizado en sindicatos de izquierda. Fueron estos
sujetos a quienes se les concibió como “los grandes protagonistas de la historia de la salvación y
redención de la humanidad” (Rojas 2000: 51); y aunque algunos autores mencionaron también a
otros sujetos (campesinos asalariados y empleados), fue la clase obrera, el núcleo central del
movimiento de los trabajadores, la protagonista de estos estudios. La historia laboral fue así, en
gran medida, sinónimo de historia sindical, y más aún, el concepto de trabajador pasó a ser
sinónimo de obrero industrial y minero, ambos hombres. En síntesis, como lo indica Rojas, algo que
caracterizó a esta producción fue la “mirada triunfalista, clasista y vanguardista de la historia de los
trabajadores”.
Simultáneamente al desarrollo de la corriente marxista, otro acercamiento a la historia laboral es el
de la historiografía social y económica cuyo origen estuvo marcado por la crítica a los historiadores
tradicionales, por un mayor interés y sensibilidad ante las temáticas sociales y económicas, y por la
influencia académica que comienza a ejercer Europa, en especial la Escuela de los Annales, y los
EE.UU. Los autores que se inscriben en esta corriente en la década del cuarenta comienzan a
abordar líneas temáticas poco estudiadas hasta el momento: trabajo esclavo, indígenas, campesinosinquilinaje, y en menor medida, la peonización forzada de mano de obra en asientos mineros y
vagabundos. De este modo, estudian a otros sujetos sociales además de los obreros, lo cual amplía
los estrechos límites de la producción marxista (centrada en los obreros y mineros organizados),
dando cuenta de mejor manera de la heterogeneidad de los trabajadores por la gama más diversa de
actividades productivas que aborda, tanto en las áreas rurales como urbanas. No obstante, a pesar de
la ampliación y diversificación de los sujetos de estudio de esta producción, ellos siguen siendo,
principalmente, hombres. En la década de los sesenta, sociólogos y cientistas políticos, entre los que
se encuentran varios extranjeros, realizan investigaciones acerca del sindicalismo y, en especial, del
estrecho vínculo entre la acción sindical y la acción política.
Entre las investigaciones históricas que comienzan a desarrollarse en la década de los ochenta,
denominada por algunos como la nueva historiografía, aparecen títulos que revelan un creciente
escepticismo respecto del esencialismo revolucionario atribuido a la clase trabajadora, y una
desconfianza del carácter mismo del cambio revolucionario. Hay una fuerte crítica a los
reductivismos ideológicos de algunas corrientes historiográficas, en especial de la corriente
marxista. Sin embargo, esta crítica no ha supuesto un alejamiento total del marxismo por parte de
los historiadores laborales contemporáneos, sino más bien una re-elaboración de muchas de sus
239
concepciones y planteamientos, con una importante influencia de escuelas historiográficas
europeas.
Esta historiografía introdujo nuevos enfoques que inauguraron una diversidad de líneas temáticas,
lo que ha contribuido a una ampliación, complejización y diversificación del sujeto de estudio
tradicional de la historia laboral. Muchos de estos nuevos enfoques, basados en una crítica a la
corriente marxista clásica y a ciertas concepciones historiográficas tradicionales centradas en las
estructuras, en los discursos abstractos, en las organizaciones; critican la concepción de los actores
como reflejo de procesos globales, es decir, al tipo de historia planteada “desde arriba”. Por el
contrario, se plantea el retorno al sujeto, es decir, al hacer historia “desde abajo”, desde las
experiencias concretas de los trabajadores. Muy relacionado con lo anterior, algunos historiadores
han privilegiado el uso del concepto de identidades populares por sobre el de conciencia de clase,
lo que expresa el énfasis en una dimensión menos dependiente de las relaciones sociales de
producción y de los discursos de los partidos políticos, y más centrada en las experiencias de los
sujetos en cuanto a sus relaciones de subordinación y a sus condiciones de pobreza. Desde esta
perspectiva, la construcción de relaciones de solidaridad, los esfuerzos de organización de los
sectores populares o del “bajo pueblo”2 por lograr autonomía y asegurar la subsistencia, no
requerirían de una ideología para realizarse. Estos enfoques y nuevos conceptos han permitido
abordar otros sujetos sociales y otros procesos poco estudiados por la historia laboral. Es durante las
últimas décadas que surgen investigaciones que tienen como protagonistas a trabajadores
independientes (no asalariados) y trabajadoras mujeres, tanto proletarias como independientes
(lavanderas, prostitutas, comerciantes ambulantes). Además, diversos autores han estudiado otros
procesos, tales como la resistencia a la proletarización, planteando con ello una crítica tanto a la
exaltación por parte del marxismo clásico de la proletarización como contexto de la progresiva
toma de conciencia, como de la rebeldía o bandidaje social (tema que ya había sido planteado por la
historiografía social y económica). El tema de los sindicatos -central en la historiografía clásica
marxista- ha sido abordado desde una perspectiva crítica a la visión mesiánica y redentora de la
clase obrera, lo que ha permitido evidenciar el carácter acomodaticio e integracionista de muchas
prácticas sindicales sometidas a negociaciones reivindicativas, así como la cooptación por parte del
sistema político hacia el sindicalismo entre los años 1924 y 1973 (periodo en el que se establece una
institucionalidad laboral que será profundamente modificada después del golpe de estado).
Aunque esta historiografía laboral contemporánea evidentemente se alejó en muchos aspectos de la
tradición marxista clásica de los años cincuenta, a juicio de Rojas mantiene una tendencia por la
búsqueda de “rebeldía, autonomía y verdadero espíritu revolucionario” entre los trabajadores (Ibíd.:
88). A pesar de las críticas a la producción marxista, ella ha ejercido una poderosa influencia en el
sentido político que ha asumido la historia laboral (una historia “militante” aunque sin partidos, dice
Rojas), y de una determinada concepción del trabajo. Y eso, como lo demuestra la historiografía
laboral revisada, ha contribuido notoriamente a una invisibilización de las mujeres en el mundo del
trabajo productivo. Es preciso reparar en que no sólo las mujeres han quedado “fuera” de esta
producción, muchos hombres no proletarios también han sido excluidos; no obstante, la ausencia de
las mujeres expresa, al mismo tiempo, esta restringida visión de los trabajadores y el carácter
eminentemente masculino del trabajo en un sentido más general. De hecho, aunque los sujetos
2
Aunque son varios los autores que han desarrollado investigaciones sobre este sector social, Gabriel Salazar elabora una particular
interpretación al otorgar un carácter “proyectivo” a las experiencias del bajo pueblo. El autor sostiene que sus conductas cotidianas
expresan un proyecto de sociedad que se manifiesta en las construcciones de tejidos económicos (proyecto productivista del
empresariado popular), sociales y culturales alternativos a los del sistema dominante.
240
abordados por la historiografía de las últimas décadas se han diversificado y las interpretaciones se
han complejizado, subsiste cierto protagonismo del obrero industrial y el minero, lo que expresa la
permanencia de una concepción de trabajador que remite a los hombres que se desempeñan en
sectores productivos emblemáticos del capitalismo industrial.
–
La historia de género
Durante los años ochenta surge una numerosa producción de estudios sobre mujeres en la
historiografía y especialmente en distintas especialidades de las ciencias sociales. Aunque muchas
de estas publicaciones mantienen un notorio “carácter compensatorio”, la generación y acumulación
de una gran cantidad de información sobre la presencia de mujeres en la historia nacional, así como
la incipiente introducción de la categoría de género, contribuyen a superar paulatinamente esta
tendencia y a evidenciar que la ausencia de mujeres en los relatos históricos “oficiales” no obedece
a una supuesta falta de protagonismo en los procesos históricos nacionales o a la inexistencia de
fuentes históricas, sino a las concepciones masculinas que han primado en la generación de
conocimientos.
En el ámbito historiográfico, el surgimiento de lo que se ha llamado la nueva historiografía
introduce nuevos enfoques que inauguran una diversidad de líneas temáticas, contribuyendo de
este modo a una ampliación, complejización y diversificación de los sujetos y los procesos
tradicionalmente estudiados por la historia, y especialmente por la historia laboral. Se aprecia una
valorización del estudio de dimensiones más culturales, tales como actividades artísticas, literarias
y la vida cotidiana, en tanto espacios donde es posible observar las prácticas, los valores e
identidades de los sectores populares, entendiéndolos no únicamente como productos de las
estructuras y las ideologías. Ello tuvo repercusiones importantes en los estudios sobre la historia de
las mujeres. Y es que efectivamente, desde la nueva historiografía las mujeres podían ser vistas como
uno de los sujetos sociales más postergados e invisibilizados de la producción historiográfica, y el
género como una nueva categoría analítica que contribuía a ampliar perspectivas. Así, comienzan a
aparecer estudios referidos a las “mujeres populares” o del “bajo pueblo”, las “obreras urbanas” y
de las organizaciones de trabajadoras. Estos estudios se inscriben, por una parte, en una línea
interpretativa que se propone dar cuenta del papel que ocuparon las mujeres en el movimiento
obrero; por otra parte, algunos de ellos asumen un enfoque de género crítico a las bases que
sustentan la producción historiográfica sobre el trabajo en Chile, que evidencia, por ejemplo, las
conflictivas relaciones que los obreros y el movimiento obrero en general mantuvieron con las
trabajadoras.
·
El aporte de la historiografía de género
A nivel internacional los estudios historiográficos han recogido amplia información que ha
evidenciado las limitaciones de los modelos interpretativos predominantes sobre la evolución del
trabajo remunerado de las mujeres.
Las investigaciones de la historiadora Joan W. Scott sobre el trabajo de las mujeres en Europa y en
Estados Unidos, han sido especialmente fructíferas para cuestionar las ideas que han prevalecido
sobre la historia del trabajo remunerado de las mujeres, especialmente, los efectos atribuidos a la
industrialización en el trabajo femenino.
241
Como lo indica Scott (2000), los debates sobre el trabajo de las mujeres durante el siglo XIX,
plantearon una historia causal implícita en torno a la revolución industrial, que muchas historias
posteriores de mujeres trabajadoras asumieron como un supuesto. Se afirmaba que la sustitución de
la producción doméstica por la producción fabril, que tuvo lugar durante el proceso de
industrialización, habría producido una disminución de la participación laboral femenina. Como lo
señalaban algunas interpretaciones marxistas, las mujeres habrían sido desplazadas a medida que se
mecanizaba a producción industrial y disminuía la producción artesanal.
Este planteamiento implicaba asumir que en el mundo pre industrial el trabajo de las mujeres era
informal, a menudo no remunerado, realizado en el hogar y en que la prioridad correspondía
siempre a la familia. El desarrollo de la industrialización habría transferido la producción de la
granja a la fábrica, la producción industrial domiciliada a la manufactura, de las actividades
artesanales y comerciales a pequeña escala, a empresas capitalistas a gran escala. Este cambio
producido en el mundo industrializado de la fábrica, que obligaba a ganarse la vida íntegramente
fuera de la casa, habría producido una disminución de la participación de las mujeres en actividades
remuneradas.
Desde este modelo interpretativo, se planteaba que mientras durante el periodo preindustrial la
producción y la reproducción eran actividades complementarias, ya durante la revolución industrial
ellas aparecieron como estructuralmente irreconciliables, como fuente de problemas insolubles para
mujeres que deseaban o necesitaban trabajar.
Estas ideas no consideraban una serie de hechos que ponían en duda lo planteado. En primer lugar,
el hecho que en el periodo previo a la industrialización, las mujeres ya trabajaban regularmente
fuera de sus casas. Mujeres solteras pero también casadas se ganaban su dinero como pequeñas
comerciantes, se empleaban fuera de la casa como trabajadoras eventuales, niñeras o lavanderas, y
trabajaban en talleres de alfarería, de seda, de encaje, de confección de ropa, de productos de metal.
Esto desmentía la idea de que las mujeres en la época pre industrial solo trabajaban en el hogar y
que con la industrialización se haya trasladado la producción a talleres y fábricas.
En segundo lugar, y en un plano diferente, Scott (2000) señala que la separación entre hogar y
trabajo que se le atribuyó a la industrialización, “más que un reflejo de un proceso objetivo de
desarrollo histórico, fue una contribución a este desarrollo. En efecto, suministró los términos de
legitimación y las explicaciones que constituyeron el “problema” de la mujer trabajadora al
minimizar las continuidades, dar por supuesto la homogeneidad de experiencia de todas las mujeres
y acentuar las diferencias entre mujeres y hombres. En efecto –explica la autora- la historia de la
separación de hogar y trabajo selecciona y organiza la información de tal modo que ésta logra cierto
efecto: el de subrayar con tanto énfasis las diferencias funcionales y biológicas entre mujeres y
hombres que se termina por legitimar e institucionalizar estas diferencias como base de la
organización social” (p. 2).
Esta particular interpretación de la historia del trabajo de las mujeres contribuyó a difundir una
opinión desde distintos sectores sociales, políticos, médicos, científicos, religiosos denominada
“ideología de la domesticidad” o “doctrina de las esferas separadas”, la que Scott (2000) describe
como “el discurso que en el siglo XIX concebía la división sexual del trabajo como una división
“natural” del mismo (...) que debe leerse en el marco del contexto de la retórica del capitalismo
242
industrial sobre divisiones más generales del trabajo. La división de tareas se juzgaba como el modo
más eficiente, racional y productivo de organizar el trabajo, los negocios y la vida social: la línea
divisoria entre lo útil y lo “natural” se borró cuado el objeto en cuestión fue el “género” ” (p. 3)
Esta ideología de la domesticidad y la naturalización de la división sexual del trabajo que planteaba
no son el fruto de “desarrollos históricos inevitables, o a la naturaleza”, sino de procesos discursivos
que tuvieron lugar durante el siglo XIX. Con ello, la autora no sugiere que las distinciones relativas
al sexo fueran nuevas en el siglo XIX, de hecho estudios referidos a periodos anteriores dan cuenta,
por ejemplo, de la expulsión de las mujeres de los gremios en la mayoría de las ciudades europeas
durante el siglo XIX. Esto lleva a algunos autores a plantear que la división sexual del trabajo tanto
en la familia como en la manufactura rural constituyó un elemento esencial del siglo XVII y XVIII,
que se trasladó a la industria fabril del siglo XIX3. No obstante, durante el siglo XIX, las
distinciones relativas al sexo se articularon de manera nueva con nuevas consecuencias sociales,
económicas y políticas” (Scott, 2000, p. 4).
Desde esta ideología de la domesticidad, se asumió que en el periodo preindustrial las mujeres
compaginaban con éxito la actividad productiva y el cuidado de los hijos, el trabajo y la vida
doméstica. Pero con el traslado en la localización del trabajo a consecuencia de la industrialización,
hacía muy difícil tal compaginación. Por ello, se sostuvo que las mujeres solo podrían trabajar por
períodos cortos de su vida para retirarse del empleo remunerado después de casarse o de haber
tenido hijos, y volver a trabajar luego únicamente en el caso de que el marido no pudiera mantener a
la familia. Scott (2000) afirma que ello explica la concentración de mujeres en ciertos empleos mal
pagados, no cualificados, “que constituían el reflejo de la prioridad de su misión maternal y de su
misión doméstica respecto de cualquier identificación ocupacional a largo plazo” (p.2).
El predominio de estas concepciones sobre el trabajo de mujeres, y de discursos que naturalizaban
la distribución del trabajo entre hombres y mujeres como esferas complementarias pero claramente
separadas, contribuyó a la emergencia de la mujer trabajadora. Scott (2000) explica que la mujer
trabajadora alcanzó una notable preeminencia durante el siglo XIX no porque su existencia se deba
al advenimiento del capitalismo industrial, sino porque en este siglo “se la observa, se la describe y
se la documenta con una atención sin precedentes”, y se discute la conveniencia, la moralidad e
incluso la licitud de sus actividades asalariadas. La mujer trabajadora fue producto de la revolución
industrial, no tanto porque la mecanización creara trabajo para ella allí donde antes no había habido
(aunque sin duda este fuera el caso en ciertas regiones), como porque en el transcurso de la misma
se convirtió en una figura problemática y visible”. (p.1) Y el “problema” de la mujer trabajadora
derivaba en que ella constituyó una anomalía en un mundo en que el trabajo asalariado y las
responsabilidades familiares se habían convertido en empleos a tiempo completo y espacialmente
diferenciados” (p. 2). En este sentido, la visibilidad de la mujer trabajadora fue una consecuencia
del hecho de que se la percibiera como problema que se presentaba como nuevo y que había que
resolver sin dilación.
Ello explica que durante el siglo XIX se haya construido un discurso que convirtió a la mujer
trabajadora en un tema de la historia, en un objeto de investigación.
3
La discusión bibliográfica desarrollada por Borderías, Borell & Solà (2007) en el marco de un curso de Historia del Trabajo de las
Mujeres on-line, ilustra con claridad este punto.
243
2.
El estudio del trabajo de las mujeres desde las ciencias sociales
Desde la sociología del trabajo y la ciencia política durante la década del sesenta se desarrollaron
varias investigaciones sobre el proletariado en Chile4 que se plantearon críticamente respecto de
algunas de las interpretaciones desde el marxismo, como el “ser revolucionario” atribuido al
proletariado. Lejos de sostener la inclinación casi inevitable hacia el cambio social del proletariado,
estos estudios aportaron una visión más problematizada, matizada y heterogénea del movimiento
sindical y de los trabajadores. En general, el interés de estos estudios se centraba en “la
construcción de modelos interpretativos que lograran descifrar la relación existente entre las
estrategias de acción y las estructuras económicas, políticas y sociales” (Rojas 2000: 63). A pesar
de las críticas a la producción historiográfica marxista, y de las escasas conexiones entre estos
estudios del trabajo con los desarrollados desde la historia, ellos comparten, con gran parte de la
producción historiográfica anterior referida al tema, el concebir como protagonistas de la historia
laboral a los trabajadores hombres organizados que se desempeñaban en la industria y la minería,
aun cuando ahora se los estudiara desde una perspectiva más crítica.
–
Rupturas conceptuales: el aporte de la economía feminista
Por esos mismos años, el desarrollo de una economía feminista planteó una fuerte crítica
metodológica y epistemológica al paradigma neoclásico y al paradigma marxista por sus
interpretaciones respecto de la situación de las mujeres, y más específicamente, del trabajo
femenino.
Desde una perspectiva marxistas dos eran las hipótesis principales planteadas en el estudio de la
fuerza de trabajo femenina. Una de ellas, denominada hipótesis pesimista (MacEwen Scott, 1984,
citado en Muñoz, 1988) sostenía que el modo de producción capitalista sometía a esta fuerza de
trabajo a una creciente marginalización. El proceso de industrialización y las fases históricas
sucesivas a través de las cuales transcurre, habría tendido a una progresiva disminución de las
mujeres en el mercado de trabajo. Ello se debería al debilitamiento de las actividades agrícolas y de
tipo artesanal-doméstica, y fundamentalmente a la conformación de una economía dual en los
países de capitalismo dependiente. La presencia de empresas monopólicas de gran capacidad
tecnológica y competitiva, y de empresas de producción de pequeña escala, generan una expulsión
de la fuerza de trabajo femenina del sector monopólico (sector formal) desplazándola hacia el sector
informal de la economía. Desde esta perspectiva, la posición de las mujeres en el conjunto de la
fuerza de trabajo es más bien residual (Muñoz, 1988, p. 188).
La otra hipótesis desarrollada desde este modelo interpretativo planteaba que la fuerza de trabajo
femenina era parte del ejército industrial de reserva y como tal un grupo movilizable o
desmovilizable de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la industria capitalista. Como la
hipótesis anterior, se establecía una estrecha relación entre el desarrollo capitalista y la fuerza de
4
Los principales exponentes de esta producción, varios de los cuales recibieron la influencia de la escuela francesa (accionalista) y
norteamericana (sociología industrial), son Torcuato S. Di Tella, Henry Landsberger, James O. Morris, Fernando Canitrot y Manuel
Barrera. Muchos de los estudios desarrollados por estos autores fueron publicados por el CEREN de la Universidad Católica y el
INSORA de la Universidad de Chile. Un libro clásico es Huachipato et Lota. Etude sur la conscience ouvrière dans deux entreprises
chiliennes, de Torcuato S. Di Tella, Lucien Brams, Jean-Daniel Reynaud y Alain Touraine (París: CNRS, 1966).
244
trabajo femenina, planteando que los cambios tecnológicos e industriales redefinían la composición
de esta fuerza de trabajo y generaban un excedente de población económicamente activa femenina.
Otro modelo de análisis que ha estado presente en los estudios sobre el trabajo femenino ha
establecido una estrecha relación entre este fenómeno y los procesos de modernización económica y
social resultante de la industrialización. Dichos procesos han permitido una expansión del sistema
educativo, una ampliación de los beneficios sociales del Estado, la reducción de las tasas de
fecundidad y la simplificación de las tareas domésticas, todo lo cual ha ampliado las posibilidades
de acceso de las mujeres al trabajo remunerado. Este planteamiento optimista de la fuerza de trabajo
femenina, enfatizaba la capacidad del desarrollo económico para alterar las condiciones
tradicionales de la oferta de trabajo de las mujeres.
Estos modelos comenzaron a ser ampliamente discutidos. Economistas feministas provenientes de
la tradición marxista, con el propósito de identificar “una base material para la opresión de las
mujeres”, abrieron un debate más amplio sobre la desigual participación de los sexos no solo en el
trabajo asalariado, sino también en el trabajo doméstico y la familia. La reflexión que inician
impulsó un proceso de replanteamiento de algunos de los conceptos clave de la sociología del
trabajo. En las diversas investigaciones llevadas a cabo, se realizó una verdadera deconstrucción y
reconstrucción del concepto de trabajo y de las relaciones entre producción y reproducción social
(Cristina Borderías 2003), lo cual implicó un cuestionamiento simultáneo de distintos niveles
conceptuales (Nicky Le Feuvre, 1991).
Por una parte, las economistas feministas definieron las actividades no remuneradas a las que las
mujeres se dedicaban en el marco privado de la esfera doméstica como una dimensión del trabajo
necesario para la reproducción social. De esta forma, el concepto de trabajo pasó a incluir tanto el
trabajo productivo como el reproductivo, es decir, el trabajo remunerado y el no remunerado. El
rechazo a la referencia exclusiva al ámbito mercantil del trabajo obedece a la convicción de que ello
“desdibuja la realidad, negando la existencia de otros tipos de trabajos, fundamentalmente el trabajo
doméstico realizado mayoritariamente por las mujeres, lo cual imposibilita el desarrollo de
enfoques más globales que consideren la sociedad como un todo y analicen las estrechas
interrelaciones entre la actividad familiar y el trabajo de mercado en el proceso de reproducción
social” (Cristina Carrasco 1999: 29).
Lo anterior trajo consigo otras rupturas conceptuales. Primero, un reconocimiento de la función
productiva de muchas de las actividades domésticas realizadas mayoritariamente por mujeres. En
segundo lugar, la visualización de fenómenos de “transferencia” existentes entre el “no trabajo”
doméstico y el trabajo productivo. Uno de estos fenómenos es que muchos de los puestos
asalariados ocupados por mujeres compartían características fundamentales con las tareas
domésticas, a saber, tareas repetitivas, secuencias de trabajo cortas, minuciosidad y destreza. Dichos
puestos se encontraban, además, en las ramas económicas más parecidas a las prácticas domésticas,
por ejemplo, en el sector textil y de confecciones, en el sector agroalimentario y el sector terciario
(servicios). Esta estrecha asociación entre habilidades o cualidades laborales femeninas y la
socialización familiar y doméstica, otorgan a esas habilidades un carácter de innato y no se
transforman en calificación profesional a la hora de remunerar el trabajo u ofrecer posibilidades de
promoción. En tercer lugar, se identificó también un reparto vertical del trabajo entre hombres y
mujeres, inclusive en sectores o ramas de la producción más feminizadas. Eso significa que la
mayoría de las mujeres ocupan puestos de menor jerarquía, menos calificados o no calificados, y
245
que en general reciben menores remuneraciones, aun en aquellos puestos con el mismo nivel de
calificación que los hombres.
Este replanteamiento del concepto del trabajo y las rupturas conceptuales que plantea, se basa en el
reconocimiento de una distribución sexual del trabajo, fenómeno socialmente construido y sobre el
cual se funda la organización social, y que, por lo tanto, afecta las estructuras de la sociedad en su
conjunto, no sólo a las mujeres. La pertenencia a uno u otro sexo incide, entonces, en la ubicación
diferenciada y desigual de los individuos en distintos ámbitos sociales. Esta distribución sexual del
trabajo ha asignado a los hombres el trabajo productivo y a las mujeres el trabajo reproductivo,
distribución que se ha constituido en el modelo “hombre proveedor-mujer dueña de casa”. Este
modelo ha asumido un carácter normativo en la medida en que constituye la base sobre la cual se
diseñó la legislación laboral en el capitalismo industrial.
La distribución sexual del trabajo como un factor que estructura la sociedad, permite evidenciar la
estrecha relación que existe entre trabajo productivo y reproductivo, es decir, el hecho que la
organización del trabajo remunerado se sustenta necesariamente sobre una determinada
organización del trabajo no remunerado. En este sentido, el contrato laboral, más específicamente,
la forma como se ha organizado el trabajo productivo en el capitalismo industrial, ha funcionado
sobre la base de un determinado contrato de género, es decir —y siguiendo el planteamiento de
Yvonne Hirdmann5-, en un consenso sociocultural, que cada sociedad construye respecto a las
normas de interacción entre los sexos. El concepto de contrato de género ha sido especialmente
fructífero en términos epistemológicos, como lo demuestran algunas investigaciones que lo han
utilizado para analizar el trabajo de las mujeres. Una de estas investigaciones es la desarrollada por
Birgit Pfau-Effinger sobre las distintas modalidades que asume la participación de las mujeres en el
mercado laboral en dos países europeos. Según la autora, en cada contexto nacional es posible
identificar y analizar el contrato género, el cual alude a l”os campos sociales que constituyen las
esferas principales de integración social de los hombres y las mujeres; el grado de
institucionalización de la igualdad, de la desigualdad o de la complementariedad entre los sexos; el
campo social al cual se asigna el cuidado y la educación de los niños de manera prioritaria (esfera
privada/esfera pública); la importancia relativa de la vida en pareja en comparación con otros tipos
de modo de vida (familias monoparentales, celibato, vida de tipo comunitaria, etc.)6
La conceptualización del trabajo, considerando tanto aquel que se realiza para el mercado como
para el ámbito familiar, ha inspirado una importante producción en el campo de los estudios del
trabajo. Aunque en los estudios historiográficos sobre el trabajo femenino ha sucedido en
proporción mucho menor, el presente estudio ha hecho un esfuerzo por introducir dicha
conceptualización en un análisis del trabajo femenino en una perspectiva de larga duración. De allí
que se haya planteado documentar y analizar, a partir de la revisión de investigaciones previas y de
algunas fuentes, la presencia de mujeres en labores domésticas, en la beneficencia, caridad y
asistencia social (voluntariado), y en actividades remuneradas realizadas para el mercado,
evidenciando, por un lado, la estrecha vinculación entre cada una de ellas en tanto actividades
socialmente necesarias, y por otro, la relación de estas actividades con modelos de género.
5
6
Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 1989, citado en Le Feuvre.
Modernisation, Culture and Part-Time Employment, 193, citado en Le Feuvre
246
Parte Dos
› Las mujeres en el trabajo productivo š
y el trabajo reproductivo
247
Capitulo I
El periodo 1880-1920
1. Panorama general
Durante este periodo de la historia nacional, tuvieron lugar importantes transformaciones, en el
plano económico, demográfico y social, que tuvieron fuertes repercusiones en los modos de vida de
la población así como en las actividades económicas desarrolladas por hombres y mujeres.
En términos políticos, el rasgo que indiscutiblemente domina el período que va entre 1880 y 1920
es el dominio político y económico de la oligarquía nacional. El Estado se configura en base a un
proyecto autoritario de la oligarquía que se sostiene sobre un bloque fuertemente hegemónico
compuesto por “los terratenientes del valle central, los grandes propietarios mineros del norte y los
comerciantes adinerados de Santiago y Valparaíso (…)” (Arrate y Rojas 2003: 23), que excluye a la
mayoría social, y que se impone unilateralmente haciendo uso de la fuerza.
En el plano económico, se vive una expansión sin precedentes de la economía chilena cuya
producción se triplicó en menos de 40 años, facilitada por la normalización del comercio mundial y
el término de las guerras de Independencia de América. Las ganancias. “El descubrimiento de
Chañarcillo abrió la ruta al auge de la minería. La producción y exportación de plata se elevaron
vertiginosamente, se descubren yacimientos de otros minerales, aparecen las fundiciones de cobre
y, en Lota, la explotación del carbón” (Cademártori 1968: 58). Pero fundamentalmente las riquezas
de las exportaciones del salitre permitieron el crecimiento industrial, la urbanización y el desarrollo
del Estado.
La integración de la nación a la economía mundial a mediados del siglo XIX, hizo posible este
crecimiento económico, no obstante, hacerla más vulnerable a los vaivenes económicos
internacionales. De hecho, la economía nacional comenzó a sentir las secuelas de las crisis
internacionales que aparecieron una y otra vez desde los años 50 con sus dramáticos efectos:
desocupación en masa, disminución de salarios, hambre y miseria en los sectores más pobres, que
constituían la mayor parte de la población (Cademártori 1968).
A pesar de que las crisis tuvieron repercusiones importantes en la Hacienda Pública, especialmente
en los años del auge del salitre en que el 97 por ciento de sus ingresos provenían de las
exportaciones, se impulsó en el país un proceso de desarrollo capitalista tendiente a extender y
unificar el territorio nacional a través de guerras externas e internas, y de la construcción de
infraestructura de transporte terrestre, en especial de ferrocarriles y caminos. Señala De Ramón
(2003: 80) que el “primer objetivo de los gobiernos que sucedieron la era portaliana, y quizás su
mayor mérito fue extender las fronteras del país, lo cual significaba, en parte, tomar posesión de
terrenos a los que tenían derecho según sus títulos coloniales (…)”. Esto implicó la construcción de
vías férreas, la habilitación de puertos, la colonización de los territorios de Valdivia, Osorno y
Llanquihue, la ocupación de territorios indígenas en el extremo sur del país, y el sometimiento
forzoso de los mapuches que habitaban las provincias de Malleco, Arauco y Cautín. La segunda
248
“guerra del salitre” permitió a Chile apoderarse de la provincia salitrera del Perú, del territorio
marítimo de Antofagasta que pertenecía a Bolivia, y temporalmente, de Tacna y Arica. Todo esto le
proporcionó una gran riqueza que permitió iniciar un desarrollo acelerado. La minería recién
anexada generó inmensos ingresos al Estado por concepto de impuestos.
Es importante tener en consideración, sin embargo, que la incorporación de la riqueza salitrera al
territorio nacional tuvo lugar simultáneamente con el paso de la industria al control de capitales
británicos, quienes con las ganancias, realizaron inversiones que se extendieron al negocio bancario,
a ferrocarriles, a la instalación de plantas de agua potable, al abastecimiento de todo tipo a las
oficinas salitreras y a la adquisición de acciones y propiedades. Cardemártori (1968) señala que
“Más del 70% de la producción y exportación quedaron controladas desde Londres”, y que “Junto
con el capital británico, comienzan a operar en Chile los capitales alemán, francés y
norteamericano” (pp. 63, 64).
El desarrollo de la economía del salitre estimuló también la expansión y reorganización de la mano
de obra industrial. Elizabeth Hutchison (2006) señala que “Si bien el sector del salitre chileno se
ajusta en algún grado al modelo de un enclave exportador extranjero, también esa economía del
salitre estimuló de modo esencial la temprana industrialización de Chile... De hecho, los principales
ingredientes del desarrollo industrial estuvieron íntimamente ligados al desarrollo del enclave del
nitrato, lo cual facilitó la integración económica nacional, la disponibilidad de capital para la
inversión en la industria, y los cambios demográficos que aumentaron los mercados domésticos
para bienes manufacturados” (p. 34).
Como consecuencia, se levantan en el período pocas pero grandes fortunas en el país provenientes
fundamentalmente de la minería –del cobre, carbón y salitre-, de los negocios ferroviarios,
marítimos y del comercio exterior. No obstante, la generación de tanta riqueza fue paralela al
desarrollo de una sociedad extremadamente desigual, otro de los rasgos más relevantes del período
que dramáticamente acompaña la evolución económica del país hasta avanzado el siglo veinte y que
dará lugar a lo que se llamó “la cuestión social”.
–
La cuestión social
El siglo XIX vio suntuosidades de vivida prosopopeya, pero contempló y
dejo en largo y abundante olvido la miseria y el abandono inverosímil de la
gente humilde…” Domingo Melfi 1954:34, citado en Castedo 1984:10.
En la ciudad (…) el trabajador no hacía vida en común con los dueños de
las industrias o con los señores de la aristocracia política o social. Vivía en los
barrios apartados, en conventillos pestilentes, sin luz, con toda su prole
metida en dos metros cuadrados. Ganaba un jornal misérrimo y sus hijos
morían pequeños, víctimas de las malas condiciones higiénicas (…)”
(Leopoldo Castedo 1984: 482). A la inversa, la oligarquía se caracterizaba por
el despilfarro y el consumo de lujo.
El abismo histórico en la estructura social chilena se había acentuado en vez
de paliarse (…)”. Castedo 1984:302.
En el otro extremo de la escala social se encontraba la lepra inmensa de los
barrios pobres (…)”. Albert Malsh, viajero francés citado en De Ramón 2003:111.
Una característica fundamental de este modelo de desarrollo fue la desigual distribución de las
riquezas. Los beneficios de este desarrollo se concentraron en manos de pequeña elite latifundista
en tanto la gran mayoría de la población vivía en pésimas condiciones. Así, a fines del siglo XIX,
249
mientras la oligarquía chilena vivía una existencia de despilfarro y decadencia moral, que fue
destacada por personalidades y escritores de la época, la miseria de las clases trabajadores crecía y
comenzaba a hacerse cada vez más visible. Esta miseria representa la explotación brutal de la fuerza
de trabajo en un período de grandes transformaciones económicas, de movimientos migratorios
internos de gran magnitud, de un fuerte proceso de urbanización, y de un Estado que no asume
como propios problemas que comienzan a configurar la “cuestión social”. Hombres y mujeres viven
las consecuencias de estos procesos en forma diferenciada pero igualmente dramática. “En 1872
Vicuña Mackenna describe los arrabales de Santiago como una suerte de Cairo infectado y en 1884
Orrego Luco inmortaliza aquello que llamaba el ‘misterio insondable del rancho’ donde palpita la
cuestión social (…)” (Arrate y Rojas 2003: 25).
–
Migración y urbanización
La migración y la urbanización son fenómenos en estrecha relación con el modelo de desarrollo
económico. A lo largo del siglo XIX, hombres y mujeres campesinos habían comenzado a
abandonar los campos. Atraídos por las promesas de trabajos que surgían de nuevas actividades
como la construcción de ferrocarriles, la naciente industria nacional, el trabajo en los puertos, y la
economía salitrera, se comienza a generar “el peón vagabundo de la República que engrosará la
marcha de los grupos transhumantes mestizos de la Colonia que desde hacía dos siglos recorrían,
como parias, el suelo de una tierra ajena” (Angélica Illanes, 1993: 30). Las crisis cíclicas de la
minería o la agricultura, que expulsaban a muchos hombres del “bajo pueblo”, acrecentaba este
deambular por el territorio.
La migración masiva de persona desde las áreas rurales a las urbanas provocó una expansión de los
centros urbanos, de 34 a 49 por ciento, y Santiago alcanzó un crecimiento de casi el 5 por ciento
anual entre 1885 y 1895 (Hutchison 2006). Artesanos y trabajadores hombres encontraron en la
ciudad un incremento en las oportunidades de empleo, en la medida en que la producción se
diversificaba para dotar al doméstico de bienes esenciales y de lujo (…). Las mujeres también
formaron parte integral de estos cambios y también se dirigieron a la ciudad en busca de empleo.
Desde la década de 1860, las mujeres comenzaron a abandonar las mermadas economías familiares
campesinas, radicándose en los ranchos que circundaban Santiago y en los conventillos ubicados en
el centro de la ciudad, para trabajar como sirvientas domésticas, en la venta de alimentos en sur
propias casas o en las calles de la ciudad.
Mientras el destino predominante de las mujeres migrantes fue la ciudad, el de los hombres
migrantes fue más diverso e inestable: producción del salitre, construcción de ferrocarriles,
expansión del sistema portuario y la industria manufacturera. Salazar y Pinto (2002) indican que
después de 1830 “la hombría popular se reconstituyó en los caminos”: “Durante la segunda mitad
del siglo XIX, más de 250.000 rotos abandonaron el Núcleo Central de Chile, lo que era equivalente
al 16% de la población total y al 40% de la juventud.” (p. 50).
Así, el desarrollo del país en el período se caracteriza por un extremo contraste, por una parte trajo
prosperidad económica a un puñado de familias y, por otra, una pobreza fundamentalmente urbana
que afectaba a un creciente número de hombres y mujeres. “Es decir, que la migración y la
urbanización vinculada a la particular forma de desarrollo económico de Chile, combinada con la
continua desigualdad en la distribución de la riqueza, incrementaron los niveles de pobreza urbana y
dislocación social que contrastaron dramáticamente con las nuevas mansiones citadinas de las ricas
250
elites del salitre” (Hutchison 2006: 36). Las extremas desigualdades, generaron en el país un clima
de agitación política que se prolongó hasta las primeras décadas del siglo veinte y durante el cual la
población se manifestó de muy diversas formas.
–
Las respuestas del Estado chileno
Hasta muy avanzado el siglo XIX, la clase gobernante atribuyó los problemas de la “cuestión
social” a la crisis moral “que afectaba a los sectores populares llevándolos a un nivel de
degradación social” (Brito 2005:88). Y aunque existía consenso en que las condiciones materiales
de vida de los pobres eran absolutamente precarias, gran parte del discurso se centró en
explicaciones de orden moral, lo cual reflejaba la forma en que eran percibidos los pobres, los
‘rotos’ por quienes detentaban algún poder sobre ellos. (Brito 2005:90). Los pobres eran, en suma,
responsables de sus propias desgracias. Las discusiones en la Cámara sobre la miseria y la
mortandad aluden a diversas razones como la “raza”, el “clima” y las “costumbres”. La forma
predominante durante el siglo XIX de abordar los problemas de la cuestión social fue mediante la
acción filantrópica de ayuda a los pobres, emprendida por la Iglesia y por mujeres de la elite con
fortunas, a través de instituciones de beneficencias destinadas a paliar las extremas condiciones de
vida y salud de la población mediante la caridad organizada, a moralizar a la población y a
establecer lazos con el pueblo. A medida que avanza el siglo, los problemas sociales derivados de
una industrialización que descansa en la sobre explotación de hombres, mujeres y niños, de la
insalubridad y hacinamiento en los conventillos, de la desnutrición y el hambre, de la falta de
asistencia médica, se agudizan de tal manera que la beneficencia es desbordada y se comienza a
hablar de la responsabilidad y deber social del Estado.
Se reconoce como clave del problema la insalubridad habitacional. Muchas de las poblaciones
recién llegadas a la ciudad de Santiago se encontraban con una ciudad pobremente equipada para
recibirlos. Muchos se asientan en los conventillos, donde “los trabajadores pagaban mucho a
cambio de muy poco” (Hutchison 2006: 46). Víctimas de la insalubridad de sus viviendas y de la
usura de sus propietarios, organizaciones de la clase obrera se unieron en el esfuerzo por regular los
precios de arrendamientos.
El tema de los salarios, jornadas de trabajo y todo lo relativo a relaciones de producción habría de
esperar aún mucho antes de llegar a ser propuestas legislativas. En esta materia lo que caracterizó al
estado oligárquico fue la exclusión y la represión de los sectores populares.
No obstante, también es cierto que ya sea “como un mecanismo de “contención social”,
integración” o “cooptación” de los sectores populares (Rojas 2007: 3), algunos grupos de la elite y
los grupos profesionales se mostraron cada vez más sensibles, desde fines del siglo XIX, ante los
efectos de la cuestión social”.
Desde el cuerpo médico nace un caudal de denuncias e insisten en las deficiencias sanitarias de las
ciudades de finales de siglo. “Cobró vuelo la corriente higienista, incidiendo de manera significativa
en la opinión pública de la época. Esta postulaba que la única manera de hacer frente al deterioro
sanitario y a sus consecuencias, eran la prevención mediante políticas estatales que intervinieran y
reglamentaran los problemas de mayor envergadura, tales como la extensión del alcantarillado y el
agua potable, la calidad de los alimentos, la limpieza de las calles y los chiqueros, la salubridad en
los conventillos, la vacunación masiva o el control sobre los lenocinio” (Correa y otros 2001:56).
251
La influencia que ejercen médicos e higienistas conducen a la creación del Consejo Superior de
Higiene Pública en 1892, y más tarde a la fundación de la Escuela de Enfermeras y de la Escuela de
Servicio Social.
Si bien esta influencia de parte de estos profesionales así como algunas organizaciones de
trabajadores, logra que a partir de 1906 se dicte un conjunto de leyes sociales de distinto carácter y
nivel de importancia -la Ley de Habitación Obrera y se decreta también la formación de Cajas de
Ahorro para Obreros con el objeto de formar un fondo para la construcción habitacional7; en 1907
la Ley de Descanso Dominical y la creación de una Oficina del Trabajo; en 1915 la Ley de la Silla;
en 1916 la Ley de Accidentes y Enfermedades Laborales; y en 1917 la Ley de Salas Cunas-, lo
cierto es que estas leyes, en la mayor parte de los casos, no fueron más que letra muerta. Como lo
explica Illanes (1993), “Las pocas leyes sociales que se habían logrado dictar ya entrado el siglo
XX en Chile, reinaban en el incumplimiento histórico. El gran bombo que se había dado a la ley de
Habitaciones Obreras, por ejemplo, había resultado ser una enorme pompa de jabón para lavar las
conciencias (…). Todo había continuado igual en la miseria del conventillo y el rancho” (p. 184).
1.1. Los rasgos económicos más sobresalientes del período
–
Una economía que se sustenta en la exportación minera
“España… estimuló la explotación de las minas por todos los medios
que tuvo a su alcance: dio a este ramo de producción todas las
franquicias imaginables, y las leyes de minería fueron las únicas
instituciones liberales que nos legó. Mientras tanto, no tan sólo no trató
de impulsar la industria en América, sino que la restringió, a fin de que
siempre dependiera del comercio español para su abastecimiento.”
Morel, 1870.
En 1880 comenzaba la “etapa inicial de la economía chilena moderna” (Meller 1996:73),
caracterizada por un fuerte crecimiento económico y urbano. Se observa un avance en la
organización capitalista de la producción, visible en los procesos de proletarización y salarización,
acumulación de capital, desarrollo de los bancos, del comercio y acumulación de nuevas fortunas.
Los recursos nacionales y la población cambiaron. Entre 1880 y 1930 aumentó la proporción de
población en centros urbanos a la vez que se ampliaban las fronteras internas y externas de Chile.
Se incorporaban a la economía los territorios de la Araucanía y como resultado de la “Guerra del
Pacífico” con Perú y Bolivia (1879-1883) se sumaron por el norte las provincias de Tarapacá y
Antofagasta, incluidas en el censo de 1880 por primera vez.
7
El Consejo debía supervisar la construcción de nuevas habitaciones pero fundamentalmente se abocó a la destrucción de
habitaciones inhabitables. La mayor cantidad de habitaciones populares fueron construidas por empresas privadas que las arrendaban
a los pobres de la ciudad, aumentando con ello enormemente el valor de la tierra.
252
El comercio exterior constituye la actividad principal mediante la cual una economía
incorporándose al mundo occidental puede abastecerse de lo que no produce. La administración
colonial en Chile fomentó la actividad extractiva minera y la agricultura para la alimentación de la
población. Al comienzo de la vida independiente la economía chilena estaba inserta en el comercio
internacional a través de las exportaciones de plata, cobre y trigo, en un mundo que sufría grandes
cambios en la producción manufacturera, el transporte y las comunicaciones terrestres y marítimas,
lo que hacía más accesibles los productos del lejano Chile.
Los mercados del trigo fueron los tradicionales de Perú, más California, Australia e Inglaterra. De
allí se deriva el impacto que tuvo en Chile la crisis económica mundial que precede el inicio del
período en estudio, alrededor de 1873. Partió cuando terminaba la guerra franco prusiana con una
“baja de precios de los productos de exportación, agropecuarios, cobre y plata. La reducción de los
ingresos de exportación desniveló la balanza comercial y provocó una fuga de dinero metálico.
Sobrevino la crisis bancaria y en 1878 hubo de decretarse la inconvertibilidad del papel moneda”.
(Cademartori 1968, p. 66). La disminución de los precios del trigo, el cobre y la plata fue una
tendencia sostenida a largo plazo debido a la incorporación de nuevas áreas productoras, oferentes
de productos a precios menores que los de Chile. Australia y Argentina compitieron en el mercado
del trigo y EEUU en el del cobre, por lo que los efectos de esta crisis debieron superarse con otras
exportaciones (Cariola y Sunkel 1982).
El punto de partida de este período, a sólo 70 años de vida independiente, encontraba la economía
chilena con un alto componente de exportaciones mineras, una agricultura exportadora y escaso
desarrollo industrial, saliendo de una guerra y de una crisis económica, según algunos autores,
gracias a la reactivación producida por los gastos de guerra, y con la perspectiva de la expansión de
la producción de salitre.
La producción de cobre tuvo una trayectoria fluctuante. Se explotaba en Chile desde antes de 1850,
en pequeñas minas y dejó de ser rentable por la baja ley de los yacimientos. A fines del siglo XIX y
comienzos del XX aumenta la demanda mundial de cobre, aparece nueva tecnología intensiva en
capital y se vuelcan a Chile capitales norteamericanos, abriendo en 1904 El Teniente y en 1911
Chuquicamata. Así, el cobre resurge como gran producción en grandes compañías (Cademártori
1968:71).
En los años intermedios de baja producción de cobre, el salitre lo reemplazó exitosamente, de
manera que, en términos de valor, las exportaciones mineras siguieron creciendo hasta que en el
decenio 1920-1930 sólo las exportaciones de salitre representaron alrededor de un 30 por ciento del
PGB (Meller 1996:41). Es tan grande la importancia del salitre en el período, mostrada por
diferentes indicadores, que gran parte de la interpretación de esta etapa se hace a través del auge de
esta actividad. A modo de ejemplo, el empleo aumentó de 2,8 miles de personas en 1880 a 59,9
miles en 1928 y la producción (prácticamente toda para la exportación) de 224 mil a 3.280 mil
toneladas en los mismos años. Las oficinas salitreras llegaron a ser 129 en 1917 y las Compañías
que exportaban salitre en 1910 eran 76. El salitre, que constituía el 26% del valor de las
exportaciones totales de Chile en 1880, entre 1895 y 1920 alcanzó a representar entre el 70% y el
79%. En 1880 la industria salitrera contribuía con el 4,7% de las rentas de la nación, proporción que
era 28,2% cinco años más tarde y alcanzó un máximo de 60% en 1915 y 1916 (Cariola y Sunkel
1982:126, 127, 138, 139).
253
En el período hubo varias crisis: en 1882, 1890, 1900, 1907, 1920 y la gran crisis de 1929, las que
tuvieron mayores efectos en estos años de auge del salitre, porque la economía y la Hacienda
Pública dependían más fuertemente de los ingresos de las exportaciones. Tanto los beneficios como
los costos de la especialización minera se propagaban a la población en general.
–
Las fronteras externa e interna y el desarrollo del mercado
Además de los beneficios logrados con la expansión de la frontera territorial del norte de Chile
hacia Bolivia y Perú, también la economía chilena se benefició de la expansión interna de los
territorios productivos hacia el sur. En la medida en que el ferrocarril se extendía al sur y se
avanzaba en la colonización y la explotación económica de la Araucanía, se incorporaron sus tierras
al cultivo del trigo, se instalaron molinos, aserraderos y hasta bancos. En estos años también se
desarrolló la ganadería en Magallanes.
Chile seguía siendo un país con mucha población rural que debía su subsistencia a la agricultura.
Por otra parte, se amplió el mercado interno agropecuario y maderero debido a la incorporación de
Tarapacá y Antofagasta a Chile. Productos como trigo, harina, vinos, licores, productos de
chacarería, papas, carbón y maderas debían ser enviados a esas provincias desde el resto del país. El
aumento del cabotaje hacia el norte demuestra la existencia de estos crecientes flujos de
mercaderías.
Sin embargo, el sector minero sobrepasaba al sector agrícola en crecimiento e importancia en
valores. Un cálculo del valor de la producción agropecuaria y minera, comparada con el gasto fiscal
(Wagner 1993) muestra que aunque los tres componentes crecieron en el período, la participación
relativa de la producción agropecuaria disminuyó, en tanto el gasto fiscal creció casi tanto como el
valor de la producción minera (Cuadro 1).
Cuadro 1. Composición del Valor de la Producción Agropecuaria,
Minera y Gasto Fiscal en 1880 y en 1928
Sector
1880
1928
Agropecuario
48.2
23.7
Minero
25.2
39.1
Gasto Fiscal
26.6
37.2
Total
100.0
100.0
Fuente: Wagner, 1993. Calculado con precios promedio 1908-1909-1910
Los grandes capitales se desarrollaron ligados a la explotación minera y a las necesidades del
comercio exterior: financiamiento, transportes y comunicaciones. La oligarquía agraria vio surgir
otros grupos con mayor poder económico, fundados en la minería, las actividades comerciales y
financieras y la industria.
El desarrollo del sistema bancario se organizaba en torno al comercio exterior. Valparaíso fue la
cuna del comercio y del financiamiento bancario: en 1885 había dos grandes bancos con sede en
Valparaíso, seis en Santiago, uno en Concepción y cinco en otras ciudades. En 1894 se había creado
el Banco de Chile por la fusión de dos grandes bancos de Santiago y uno de Valparaíso, con el
monto de capital más importante del país. Para 1905 quedaba un solo Banco en Valparaíso, cuatro
en Santiago, uno en Concepción, dos en Tacna, ocho en otras ciudades, y además la red bancaria
254
contaba con cinco bancos de carácter nacional. No sólo el número de bancos, sino sobre todo su
capital aumentó considerablemente en el período (Cariola y Sunkel 1982:122).
El transporte marítimo estaba ligado al transporte interno de productos de exportación e
importados. El norte minero sacaba del interior sus materiales hacia los puertos de Iquique,
Antofagasta, Mejillones, Tal Tal y Tocopilla y fue pionero en la construcción de ferrocarriles
privados que aumentaron el volumen y rapidez de lo transportado. La navegación por Valparaíso
fue en crecimiento hasta 1914, año en que se abrió el Canal de Panamá disminuyendo notablemente
el paso de naves por Valparaíso.
La red ferroviaria fue avanzando según las necesidades de la producción. En 1884 se creó la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado que unificó los ferrocarriles de Santiago a Valparaíso y los
del Sur. En 1890 había 2.747 Km. que aumentaron a 8.211 Km. en 1920. La participación de los
ferrocarriles estatales aumentó del 40 por ciento al 56 por ciento del total del kilometraje y se
ampliaron notablemente durante la administración de Balmaceda (1886-1891). En 1915 el Estado
tenía el 62 por ciento de la red total (Cariola y Sunkel 1982: 43 y 142).
El crecimiento de la población y sus necesidades de subsistencia llevaban a mujeres y hombres
hacia las ciudades y, dentro de éstas, hacia las calles para ofrecer sus productos. Los vendedores
aparecen transportándose en burros y carretas, y hasta mucho más tarde amplias zonas del país
fueron abastecidas por estos medios.
Pero también crecía el transporte urbano de pasajeros. En Valparaíso, la primera línea de tranvías
aparece en 1861 y era de sangre, es decir, tirada por caballos. Esta Compañía de Ferrocarril urbano
tenía 45 vehículos que transportaban 24 pasajeros sentados en 1ª clase y 30 en imperial. En 1903 se
reemplazaron por tranvías eléctricos y en 1922 llegaron modelos de dos pisos.
En el período de Balmaceda se impulsó la iniciativa estatal en servicios que facilitaban la
integración y comunicación del país como puentes y caminos, líneas telefónicas, alumbrado público
eléctrico.
–
La inexplorada producción manufacturera
Lo más difícil de evaluar en el periodo es el desarrollo de la industria manufacturera. Como en la
minería y en la agricultura, el capitalismo traía cambios tecnológicos y de organización que
aumentaban y mejoraban la producción, pero por la diversidad de este sector son mucho más
difíciles de apreciar en conjunto, y no hay abundancia de estudios sobre la materia (Sagredo 1995).
Algunos cálculos indican que entre 1895 y 1899, el crecimiento industrial tuvo un promedio de
7.5% anual durante 1910, otros autores estiman un promedio inferior (3%) (Hutchison, 2006), y
cálculos posteriores estiman que entre 1908 y 1925 la industria manufacturera creció a una tasa
promedio de 3,5 por ciento anual, mientras el PGB lo habría hecho al 2,6por ciento8.
8
Cálculos de Ballesteros y Davies (1965), citados en Meller, 1996:52.
255
Un cálculo parcial, porque se trata solamente del valor agregado por el trabajo en sectores de la
economía (Wagner 1993), permite comparar los crecimientos sectoriales entre 1880 y 1929. Revela
un alza en la participación de la minería, el comercio y el transporte y una disminución en la
agricultura y manufacturas (Cuadro 2).
Cuadro 2. Composición porcentual del Valor Agregado
del trabajo por rama. 1860-1935
Rama
1880
1929
Agricultura y Pesca
30.0
24.7
Minería
5.6
7.8
Manufacturas
25.6
15.6
Construcción
3.4
4.6
Comercio
9.8
21.8
Transporte
1.3
5.9
Servicios
24.1
19.2
Otros
0.2
0.4
Total
100
100
Fuente: Wagner, 1992. Calculado en base a datos presentados en Anexo Cuadros.
En términos de valor agregado por el trabajo, la industria manufacturera era el segundo sector en
importancia, después de la agricultura. La industria tuvo un desarrollo orientado al mercado interno,
mayoritariamente de bienes de consumo, pero también de insumos para sí misma y otras ramas y de
algunos bienes de inversión. Hay que tener en cuenta que durante el período que se analiza el país
tuvo una gran disponibilidad de divisas para importaciones, lo que ameritaba, para algunos, que el
desarrollo de la industria nacional se impulsara con políticas proteccionistas. Los escritos del
período conservan una agitada discusión al respecto.
La SOFOFA consigna que “hacia 1872 había, sólo en Santiago, ciento
cuarenta (140) fábricas, que producían: aceite (4), aguardiente (2), almidón
(19), carruajes (12), carretas y carretones (13), fideos (4), cerveza (12), sacos
(2), tejas y ladrillos (52), velas y jabones (15), calzado (1), perfumería (1),
cerería (1), cigarros (1) y paños de sedas (1). En esa misma fecha existían
sesenta (60) fábricas en Valparaíso y las había también, por diferentes
ventajas que se presentaban, en Copiapó, La Serena, Talca, Constitución,
Tomé, Coronel, Lota, Valdivia, Chiloé y Punta Arenas.
S. Valenzuela
Además de estos recuentos, hay opiniones que relevan el importante desarrollo de la industria
moderna, como señala Marshall (1988): "En el ciclo primario exportador del siglo XIX nos
encontramos con que una de las características más notables de la industrialización chilena es la
enorme importancia del sector metalmecánico". Una de las primeras estadísticas con que cuenta
Chile hacia 1878 sobre establecimientos industriales modernos (utilización de maquinaria a vapor,
empleo de diez o más trabajadores y contratos laborales que estipulan salarios en dinero), totaliza
ciento veinticuatro industrias, de las cuales una categoría "agroindustrial amplia" (alimentos,
bebidas, tabaco, calzado, madera y muebles, papel, productos de cuero, etc.) aporta setenta y cinco
establecimientos (un 60%) y un empleo de 2.596 personas (un 43%). Del resto, el sector
256
metalmecánico cuenta con treinta y cinco establecimientos (un 25%), pero también emplea un 43%
del trabajo industrial. Algunos analistas proporcionan antecedentes sobre la actividad productiva
específica de las industrias nacientes, sorprendiendo a cualquier lector la capacidad que demuestra
la industria chilena de esa época en la construcción de bienes de capital (locomotoras, puentes
metálicos, etc.).
Posteriormente, el Censo Industrial de 1895 contabilizó 2.449 fábricas desde Petorca a Ancud, sin
incluir talleres artesanales como zapaterías y carpinterías. Más tarde, según las estadísticas
industriales, el empleo en la gran y mediana industria manufacturera pasó de 52,9 miles de personas
en 1915 a 78,4 miles en 1926, con una tasa de crecimiento anual de 3,7 por ciento. Los mayores
volúmenes de empleo se encontraban en la industria de alimentos y luego en Vestuario y en
Productos de cuero (calzado y otros). Todo ello da cuenta de la existencia y magnitud de una
industria organizada como producción “moderna” (Cariola y Sunkel 1982: 145- 146).
La creación de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y del Ministerio de Industrias y Obras
Públicas, en la década de los ochenta, significaron un importante apoyo al desarrollo del sector
manufacturero. Ambas instituciones abogaron por el desarrollo y protección de la industria
nacional, la formación de obreros y obreras y la contratación de técnicos extranjeros. La Sofofa,
institución fue creada en 1883 por iniciativa de un grupo de industriales que desde 1875 propiciaban
la adopción de políticas proteccionistas que fomentaran el desarrollo industrial del país. La
importancia de estas políticas se había hecho evidente con la crisis de los años setenta y, años más
tarde, la Guerra del Pacífico, acontecimientos que habían demostrado la necesidad de contar con
una industria manufacturera que supliera la adquisición de bienes de consumo en mercados
extranjeros cuando se carecía de divisas para efectuarlas (Guarachi 1983, citado en Godoy 1995).
La industria fue concebida así como un medio privilegiado para alcanzar "el progreso y civilización
de un pueblo". Chile, como lo expresó la Sofofa, "puede y debe ser industrial", por tanto, uno de los
objetivos centrales que se propuso dicha institución fue "Probar esta idea hasta la evidencia,
establecerla como máxima de todos, pueblo i gobierno, pobres i ricos, llegar a hacer de ella el punto
de mira i el solo objetivo racional de los hombres laboriosos i de los acaudalados capitalistas..."
(BSFF 1883, no. 1: 3, citado en Godoy, 1995). Hacer de Chile un país industrial no sólo era posible
por las condiciones de su raza, "inteligente y fuerte", sino que se volvía un deber, pues era "el
estado a que lo lleva su natural evolución de pueblo democrático" (BSFF 1883, no. 1: 4, citado en
Godoy 1995, p.76).
En este contexto de promoción de un modelo de desarrollo industrial para el país, en repetidas
oportunidades se señaló la urgencia de preparar la mano de obra nacional para el trabajo industrial.
La Sofofa y el Ministerio de Industria y Obras Públicas afirmaron que la carencia de trabajadores
calificados era uno de los obstáculos más serios que enfrentaba el sector industrial, convirtiéndose
en un problema crónico hasta las primeras décadas del siglo XX. La Sofofa afirmaba por esos años
que si se deseaba fomentar el desarrollo de una industria nacional, era necesario remediar el escaso
rendimiento del trabajo del obrero, y el "remedio" era la instrucción del obrero. Entonces, se volvía
indispensable proporcionar al pueblo todos aquellos conocimientos que lo hicieran apto para
desempeñar el papel que se le asignaba en las labores industriales, por medio de una educación que
inculcara un verdadero espíritu fabril y amor a la industria (Godoy 1995).
Es por ello que contar con trabajadores preparados para insertarse en las fábricas (capaces de
manejar maquinarias, de adecuarse a los horarios y reglas del régimen de trabajo industrial, etc.) fue
257
la principal motivación del Estado al momento de organizar los diferentes establecimientos de
educación industrial. Sin embargo, como lo advertía la Sofofa, hasta 1887 esta labor educacional
estatal se había dirigido exclusivamente a la formación de los hombres, dejando de lado al gran
número de mujeres que se incorporaban a los talleres y fábricas, y que no contaban con los medios
para obtener conocimientos prácticos. Por ello, ese año, la institución presenta al Ministerio de
Industria y Obras Públicas el proyecto de creación de una Escuela de Artes y Oficios para mujeres,
afirmando que era imprescindible incorporar en dicha obra a las mujeres, "esa hermosa parte de la
humanidad tan inteligente como el hombre, aun cuando más débil, y tan descuidada en nuestro
país" (BSFF 1887, no. 5: 197, citado en Godoy 1995, p. 79). Ya era hora de educar a las mujeres
para que, como obreras, gozaran de mejores remuneraciones, de un trabajo más inteligente, de una
posición honorable y del aprecio de todas las personas honradas.
En 1888 se creó la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres en Santiago, cuyo nombre prontamente
fue reemplazado por Escuela Profesional de Niñas, establecimiento que se proponía hacer
productivo el trabajo del "valioso elemento femenino", perdido hasta ese momento por la falta de
medios necesarios para "adquirir sin sacrificios conocimientos industriales que le permitieran
acceder a un trabajo remunerativo y propio de su naturaleza" (BSFF 1888, no. 1: 42.). La base para
la organización de la Escuela y para la elaboración del currículum, fueron las industrias domésticas,
es decir, todos aquellos trabajos que le eran "peculiares a la mujer y en los que se perfecciona
fácilmente", y que "no precisaban máquinas costosas, pudiendo desarrollarse en el hogar sin
necesidad de acudir a talleres" (BSFF 1892, no. 12). Así, el currículo inicial contempló Moda,
Lencería, Bordado, Guantería, Cartonaje y Marroquinería, Cocinería, Lavado y Aplanchado, Dibujo
y la enseñanza comercial, con la cual se esperaba abrir nuevos campos laborales para la mano de
obra femenina9.
Estos cambios en materia de educación para el trabajo dirigida a mujeres, impulsada desde el sector
industrial, expresan la importancia que desde dichos sectores y también desde el Estado se otorgó a
la incorporación de mujeres en los nacientes establecimientos industriales. Así, junto con la
concepción negativa del empleo femenino, por los riesgos morales y sanitarios a los que se
exponían las mujeres al ingresar a las fábricas, coexistían otras posiciones que veían en ellas una
mano de obra numerosa, de menor costo, y especialmente adecuada para cierto tipo de industrias, a
la que era preciso educar para asegurar el desarrollo industrial del país.
Un censo industrial realizado por la Sofofa en 1895 revelaba que el 80 por ciento de los
establecimientos industriales habían sido fundados después de 1880. Junto con ello, otras cifras
permiten advertir dos fenómenos: la expansión y concentración de los establecimientos industriales
en las provincias de Santiago y Valparaíso, y el crecimiento del tamaño de estos establecimientos
industriales. Hacia 1918, la mayoría de los trabajadores industriales faenaba no en talleres
artesanales sino en establecimientos industriales y aunque ellos siguieron siendo mayoritariamente
pequeños, se estima para ese mismo año que el 43 por ciento de los trabajadores industriales en el
país estaba empleado en fábricas de cien o más trabajadores (Hutchison, 2006). Cifras
correspondientes a Santiago indican que entre 1895 y 1925 el número de establecimientos creció
(con fluctuaciones) de 1052 a 1147 y que el número de obreros por establecimiento también creció
9 Luego de la creación de la primera Escuela Profesional en Santiago (1888), en 1897 y en 1900 lo hicieron las de Valparaíso y
Concepción respectivamente, y entre 1901 y 1906 cerca de 25 nuevos establecimientos se fundaron en distintas ciudades del país. De
aquí en adelante, por lo menos hasta el año 1912, no se registran nuevas escuelas.
258
de 17 a 30 (Hutchison, 2006). El aumento del número de trabajadores obedeció a la formación de
monopolios, algunas pocas casas comerciales controlaban casi la totalidad de la producción de
distintos productos.
Hacia mediados del siglo XIX en Santiago la producción manufacturera se concentró en talleres de
sastrería, zapaterías, cervecerías y carruajes. Ya en las últimas décadas la guerra incentivó esta
producción, en especial los sectores textiles, de cervezas y cueros. Y si bien no fue el sector más
lucrativo, la producción de alimentos y de ropa para el mercado doméstico creció, llegando a ser
para el año 1917 los sectores industriales más importantes en términos de empleo e inversión de
capital. Entre 1917 y 1927 las industrias más productivas eran las de de alimentos, confecciones,
vestuarios, maderas, alcoholes y bebidas, tabacos, cueros y pieles y materiales textiles (Hutchison,
2006).
Los censos de población son una buena fuente para conocer el desarrollo industrial a través de los
oficios ejercidos por la población. Esto, y el empleo contabilizado en los establecimientos revelan
también una industria en su mayor parte alimenticia y de vestuario y calzado, principales consumos
de origen nacional de la población.
Pero el mercado era más amplio que la producción nacional y la disponibilidad de divisas
provenientes de la minería permitía abastecerlo también con importaciones las que estuvieron
orientadas fundamentalmente a bienes de consumo -vinos, joyas, vestuario y perfumes- que casi
doblaron las importaciones de maquinaria industrial y agrícola por varios años (Meller, citando a
Aníbal Pinto, 1996).
El desarrollo industrial está fuertemente ligado a la expansión de las ciudades. Era en estas zonas
donde se instalaban las fábricas y era precisamente el poblamiento de las ciudades, oficinas y
campamentos en desmedro de las áreas rurales, el que permitía incrementar los mercados para la
industria. Por las formas de producción en el campo -inquilinaje, medierías y afuerinos
(asalariados)- el mercado rural no era muy amplio en términos monetarios y gran parte de los
alimentos y el vestuario era autoabastecido, generalmente por medio de producción doméstica con
alta participación de mujeres. Si el campo no podía proporcionar otros medios de vida a la
población, y si las ciudades aumentaban su riqueza por otras vías ofreciendo oportunidades a la
población de desarrollar otras actividades económicas, en especial en los sectores manufactureros y
de servicios, la opción de muchos hombres y especialmente mujeres campesinas fue migrar a las
ciudades, lo que incrementó el mercado urbano y la monetarización del consumo (Brito, 1995;
Salazar 1985).
–
Creciente irrupción de los servicios
Junto con las actividades descritas, la vida económica comprendió todas aquellas actividades que
hacían posible satisfacer una serie de necesidades a la población, vivienda, alimento, educación,
recreación. Se trata de actividades como el comercio interno, los servicios a las personas y la
actividad estatal, que se vieron incrementadas con el modelo de desarrollo económico y los cambios
demográficos que trajo consigo.
La creciente urbanización que se experimenta desde fines del siglo XIX produjo un aumento del
comercio y más que los registros, las imágenes de la época, las casas comerciales, los anuncios en
259
la prensa, indican las proporciones de dicha actividad. Dentro de los servicios a las personas, existe
una enorme masa de trabajo que atendía a las actividades domésticas, tanto dentro de los hogares
como fuera de éstos. La preparación de alimentos, el lavado de ropa, el amamantamiento,
alojamiento y cuidado de niños, fueron actividades económicas que proporcionaron sustento a una
buena parte de la población, y que eran realizadas fundamentalmente por mujeres tanto en los
hogares como en el comercio callejero o en fondas de comidas y bebidas.
La actividad del estado también fue creciente en el período: la mayor disponibilidad de fondos
fiscales permitió financiarla. El gasto fiscal subió desde 21 millones de dólares en 1885 hasta 163,8
millones en 1930. Los funcionarios públicos aumentaros de 3.048 contabilizados en 1880 a 13.119
en 1900; 27.469 en 1919 y 47.193 en 1930 (Cariola y Sunkel 1982:141-142. Cálculos de Humus).
Los ministerios con mayor número de funcionarios en 1930 son el Ministerio del Interior que
incluye Correos y Telégrafos, intendencias y gobernaciones, carabineros y policía, y el Ministerio
de Justicia, Culto e Instrucción, en el cual se incluye la educación pública en todos sus niveles.
El sector público hace un gran esfuerzo educacional, también acompañado por el sector privado en
ello. La educación primaria fiscal contaba con 1.253 establecimientos y 140.000 alumnos en 1895,
además de 411 establecimientos particulares. En 1928 el fisco había aumentado a 3.265
establecimientos con 519.000 alumnos, en tanto los establecimientos particulares llegaban a 495
(Cariola y Sunkel 1982:143). Ese mismo año 1928 había 168 establecimientos fiscales y 112
particulares de educación secundaria y 15 fiscales y 13 particulares en la educación superior.
La educación era una preocupación en todo el país. En las salitreras se desarrollaban algunos
servicios, a medida que el nivel de vida y las comunicaciones aumentaban, y la presión de los
obreros salitreros se hacía sentir. “Paros y huelgas para conseguir atención médica, mejores
salarios, libertades. Se hicieron mejores casas, se contó con medicamentos y doctores, escuelas
públicas fiscales y correos y telégrafos”. Más adelante, refiriéndose a las reacciones de las oficinas
relata: “Para la cultura, en todas las oficinas funcionaban escuelas a cargo de profesores pagados
por los industriales” (Cobo 1971: 56 y 67).
–
Una mirada a las provincias: diferentes ejes de desarrollo
Una mirada a las provincias, permite distinguir diferentes ejes de desarrollo. En el norte,
simbolizado en la provincia de Tarapacá recién incorporada, se distingue una clara especialización
en la minería y el desarrollo de actividades en gran parte sustentadas por esta actividad económica.
En el sur, en Concepción se aprecia una apertura de fronteras agrícolas y madereras, así como el
desarrollo de una importante actividad de servicios (comercio urbano); la costa con Valparaíso,
centro comercial, de transporte y finanzas, y Santiago, sede del centro administrativo del país,
disputando primacías con Valparaíso para el desarrollo industrial.
Cuando Tarapacá pasó a la administración chilena, después de la guerra, contaba con población
chilena, que trabajaba allí desde antes, boliviana y peruana. Desde el punto de vista productivo, el
norte salitrero fue convulsionado por la llegada de nuevos métodos productivos, grandes
contingentes de obreros, la formación de pueblos y campamentos, el desarrollo del transporte
cambiando de mulas e incluso fuerza humana hasta los Ferrocarriles, el gran movimiento de naves
en los puertos de salida y la necesidad de comunicaciones. Actividad dominante que genera
emigración desde otras zonas de Chile y estilos de vida y consumo singulares, presididos por las
260
reglas impuestas por la Compañías. A pesar de su importancia en el comercio exterior y de generar
mucho empleo, comparada con la población activa de ambos sexos, su absorción de población
ocupada era mínima: un 3,2% en 1906-1907; un 3,9 por ciento en 1930 aproximadamente.
El norte vivió la odisea de alimentar una creciente población trabajadora, en un medio ambiente
desértico y con escasez de agua. Trabajos duros, pocas mujeres. La creciente población del norte
debía recibir su sustento en alimentos desde el resto del país. ¿De qué debía aprovisionarse el norte
minero? Entre los principales insumos de la producción salitrera se encontraba la tracción animal,
proporcionada por mulas, que venían casi exclusivamente de Argentina, pero debían ser
alimentadas con pasto seco y cebada traída del centro y sur de Chile. Otras materias importantes
eran el carbón como combustible para los FFCC salitreros y la madera para construcción. El
consumo de las personas se satisfacía con envíos por cabotaje de calzado, frejoles, trigo, harina y
papas, vino tinto, cerveza y aguardiente, entre otros productos. Es conocida la política de las
salitreras de proveer mediante sus pulperías el consumo de sus obreros, cuestión que suscitó
persecuciones a los vendedores y reclamos de los obreros. Refiriéndose a un campamento al interior
de Tarapacá, Cobo relata: “La fonda tenía mesa de juego y vendía licores y vino con las comidas.
La pulpería entregaba al fondero los víveres y todo el licor. El fondero era algo así como un
intermediario. Vestuario y otros artículos los vendía la tienda de la pulpería, también la fruta, la
verdura, el pan, la leña y el carbón se vendían en diferentes dependencias, incluyendo la carne.”
(Cobo 1971)
Del resto contamos con menos descripciones, pero es posible caracterizar la zona de Concepción
como la puerta hacia el sur en colonización, basada en actividades agrosilvícolas, y Valparaíso
como el gran puerto y ciudad que compitió con Santiago en cuanto a industria y servicios y fue sede
de los movimientos del comercio exterior y sus servicios complementarios.
–
La institucionalización económica
Con el avance de la producción capitalista se impone la regularización de las relaciones entre y al
interior de los nuevos grupos y protagonistas de la economía: empresarios y obreros de diversos
sectores y el estado.
Se suman a la Sociedad Nacional de Agricultura, fundada tempranamente en 1838, los nuevos
gremios empresariales de la industria asociados en la Sociedad de Fomento Fabril creada en 1883;
los empresarios mineros en la Sociedad Nacional de Minería creada en 1884 y los asalariados ya
organizados en diversos sindicatos se unen en la Federación Obrera de Chile en 1909. Las mujeres
obreras se unen al mutualismo en la primera Sociedad de Obreras N 1, fundada en Valparaíso en
1887 (Hutchison 2006).
Por su parte el Estado crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas en 1887 y promulga el
primer Código Laboral en 1924. Más adelante, y después de un convulsionado acontecer político, se
reorganiza el sector público en el área económica: Durante la primera presidencia de Carlos Ibáñez
del Campo, se tomaron una serie de medidas tendientes a otorgar un “tinte modernizador” a la labor
económica del Estado, que se expresa en una reorganización de la administración pública, y el
surgimiento de una serie de organismos crediticios y técnicos que apoyaban a diversos sectores de
la producción nacional: el Servicio de Minas del Estado (1925), la Caja de Crédito Agrario (1926),
la Caja de Crédito Minero (1927), la Caja de Crédito Carbonífero y el Instituto de Crédito Industrial
(1928). “En resumen, bajo el gobierno de Ibáñez comienza a operar toda una modificación del
Estado, el que tendrá un rol más activo en el proceso de desarrollo económico nacional.”
(http://www.corfo.cl/)
261
2.
Panorama general de los fabricantes de riqueza: los trabajos de hombres
y de mujeres en los censos de población
¿Quiénes fueron los protagonistas visibles e invisibles de la historia económica de fines del siglo
XIX y principios del XX; qué actividades desarrollaron? No hablaremos de los capitales
extranjeros, ni los antiguos y nuevos dueños de fortunas. El propósito es recoger los rastros del
trabajo de las mujeres, en relación con el trabajo de ambos sexos. Bajo qué formas de producción se
desempeñaron, fueron asalariadas industriales, empleadas públicas, pequeñas productoras,
trabajadoras a domicilio, trabajadoras domésticas en los hogares o quizás propietarias. En el
desarrollo capitalista de la economía, estuvieron en los sectores más capitalizados o en los más
atrasados y cómo las afectó el inicio de la producción fabril. Cómo afectó a las mujeres los cambios
de la producción principal y las grandes migraciones masculinas a las zonas de producción? ¿Cómo
sostuvieron sus hogares las que quedaron solas por la migración masculina? ¿Cómo migraron ellas
a las ciudades?
Junto con la migración que recibía la ciudad de Santiago, que pasaba con el destino económico de
las chilenas en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, qué hicieron las peruanas y bolivianas y
qué nuevos usos y producciones aportaron a Chile. Qué mujeres, si las hubo, acompañaron a los
nuevos obreros de la minería y fueron a poblar los campamentos y pueblos, qué comidas prepararon
y cómo se aprovisionaron. Si es significativa la prostitución femenina que se desarrolló en la
minería y cómo resolvían los solteros el lavado de su ropa, dónde comían y quiénes los alojaban.
Qué pasaba con las mujeres de la frontera del sur, incorporadas a la agricultura y a los servicios,
cómo se reorganizaron sus familias y sus creencias, además de su trabajo.
–
Los censos como base para el estudio de la evolución del empleo: ventajas y
limitaciones
Las actividades económicas realizadas por la población fueron registradas por los censos de
población, los cuales desde mediados del siglo XIX presentan el registro de las profesiones
desagregadas por sexo.
Es necesario señalar que si bien con posterioridad fueron surgiendo otras fuentes de registro del
empleo además de los Censos (Anuario Estadístico a comienzos de siglo, y ya en la segunda mitad
del siglo XX Encuesta de Ocupación y Desocupación Gran Santiago (1957), Encuestas de Empleo,
entre otras fuentes), el análisis del empleo que presentamos, tanto para este primer período como
para el resto del siglo XX, se basa en las cifras censales.
Ello obedece a dos importantes características que muestra esta fuente: su continuidad, lo que
permite reconstruir la trayectoria del empleo de hombres y mujeres desde 1854 hasta el año 2002 en
forma ininterrumpida; y el carácter nacional de la información que entregan, y su desagregación
según la división político administrativa vigente. Sin embargo, no se puede desconocer una serie de
desventajas. Entre ellas, la más importante son los cambios en la forma de registrar la actividad
económica. Al respecto, los censos del siglo XIX se caracterizaron por ser más simples y “más
generosos en su definición de ocupación” (Hutchison, 2006, p. 56) incluyendo a quienes estaban
desocupados y quienes trabajaban en negocios familiares. Ello facilitó el registro más detallado de
262
las actividades económicas en general, lo que favoreció la declaración de una profesión por parte de
la población sin importar donde ni cuan a menudo la realizaran. Era una “especie de inventario de
habilidades aportadas por hombres y mujeres” (Gálvez y Bravo, 1992, p.11).
Pero desde temprano existía un interés de introducir clasificaciones de las profesiones, más allá del
orden alfabético. En 1865 se agruparon profesiones “que por su naturaleza son idénticas o
análogas” (Censo de 1865, citado en Gálvez y Bravo, 1992, p.11), y en 1895 las 200 profesiones
registradas se agruparon en 26 grupos de profesiones afines. Un cambio significativo sucedió en el
censo de 1907, el cual al introducir el criterio de la especialización como requisito para que una
ocupación fuera incluida, redujo el listado de profesiones de 191 que habían sido registradas en el
censo de 1885, a 49 profesiones. Esta tendencia a introducir categorías para clasificar las
profesiones, reduciendo su número, dejó fuera muchas actividades lo que afectó especialmente el
registro de los trabajos desempeñadas por mujeres, por las características de los trabajos
desempeñados por ellas. Por ejemplo, en 1907 desaparecieron una serie de oficios femeninos como
las tejedoras, nodrizas y bordadoras, lo que consecuentemente produjo un aumento del número de
mujeres empleadas en “oficios varios” (de 5 mil que fueron consignadas en el censo de 1895, a 45
mil mujeres en el de 1907). El censo de 1920, siguiendo el esfuerzo por abreviar la nómina de
profesiones, registró las actividades y no empleos de la población. Así, todas aquellas personas que
realizaban labores agrícolas (actividad), ya sea como peones, regadores o sirvientes (empleo) se les
clasificó como Agricultores. De esa manera, el censo distinguió quince grupos o actividades, e
introdujo los criterios de tiempo e ingreso para clasificar la ocupación de las personas.
Además de los cambios en la forma de definir trabajo, y en los propósitos perseguidos por los
censos –desde el registro de la capacidad productiva aproximada de la población a la medición de la
productividad de la población en un momento dado (Hutchison, 2000), algunas de las características
de las actividades económicas desarrolladas por las mujeres, parecen haber contribuido a su
invisibilización en los censos. El carácter ilegal de ciertas actividades desempeñadas por mujeres,
como la prostitución, que no eran registradas como tales en el censo, pudiendo abultar la
declaración de ciertas ocupaciones como costureras y lavanderas. La fluidez con que las mujeres se
movían de un empleo en función de la temporalidad de ciertas ocupaciones y en la búsqueda de
mejores salarios (de costurera a prostituta, de sirvienta doméstica a obrera de fábrica), también
puede haber dificultado el registro de las ocupaciones en el censo. Diversos trabajos desempeñados
por mujeres se realizaban desde el domicilio a medio tiempo o en forma esporádica (costuras,
lavado, preparación y venta de alimentos), pueden fácilmente haber sido confundidos con
actividades domésticas no remuneradas. Hutchison (2000) señala también que varias
investigaciones han revelado que mujeres ocupadas en forma permanente en el ámbito industrial
afirmaban su identidad de madre o esposa a cargo de las actividades reproductivas familiares, antes
de hablar de su empleo remunerado. Como lo señala Scott, el ser trabajadoras resultaba una suerte
de identidad no duradera, un recurso a corto plazo, visión alimentada además por organizaciones de
trabajadores hombres y algunos legisladores de la época. Este conjunto de factores que tienen
relación tanto con las características de las actividades económicas de las mujeres, así como con la
percepción subjetiva de dichas actividades tanto de parte de las propias mujeres como de quienes
estaban a cargo de la elaboración de los censos, contribuyeron a que el empleo femenino estuviera
menos representados en las estadísticas censales.
Teniendo en consideración lo señalado, las cifras de empleo correspondientes al periodo 1885-1920
se basan en la revisión de los cuatro censos realizados en el periodo. Las profesiones de hombres y
263
mujeres fueron clasificadas en base a la clasificación de Gálvez y Bravo (1992), quienes tomando
los grupos de actividades que distinguió el Censo de 1920, además de la consulta a otras fuentes de
la época, agruparon los oficios en Ramas de Actividades Económicas. A esta clasificación se le han
introducido algunas modificaciones. En primer lugar estas modificaciones se deben a que en el
trabajo de estas autoras, que abarca los censos de 1854 a 1920, se confeccionaron dos listados de
Ramas de Actividad. La primera, para los censos del año 1854 hasta el año 1895, y un segundo
listado para los censos de 1907 y 1920. Ambos listados no son iguales pues hay profesiones que
aparecen y otras que desaparecen, y hay profesiones que son clasificadas en una rama en el primer
listado (1854 a 1895) y que luego aparecen clasificadas en otra rama en el segundo listado (19071920). En segundo lugar, hay profesiones que aparecen en la base de datos elaborada para este
proyecto (que incluye los censos de 1885 al del año 1920) que no aparecen en la codificación de
Gálvez y Bravo (1992); ello muy probablemente debido a la agrupación de algunas profesiones (por
ejemplo, las Parteras fueron contabilizadas junto con las Matronas aunque en los listados aparezcan
solo Matronas)10.
–
La población censada con oficios aumenta y se masculiniza.
Los censos realizados durante el periodo que se extiende entre 1880 a 1920, consigna con
importantes variaciones, las profesiones -como se llamó en la época- de hombres y mujeres, cuyo
crecimiento y distribución es la mejor forma de ver el panorama económico global.
Entre 1854 y 1895, se aprecia un aumento de la población que declara un oficio de un poco más de
medio millón de personas, a un millón de personas ocupadas. A partir de 1907, este aumento se
hace más notorio, sumando la población que declara un oficio a casi un millón trescientas mil
personas y en 1920 alcanzar un poco más de un millón trescientas cincuenta mil personas. Respecto
de la composición por sexo, a partir de 1895 se observa un aumento de la participación masculina y
una disminución de la participación femenina. Las mujeres que representaron más de un 30 por
ciento de la población que declaraba una profesión desde mediados de siglo XIX (1854), a partir de
1895 mostraron un descenso para llegar al 26.5 por ciento en 1920 (Cuadro 3).
Esta disminución de la participación laboral de las mujeres ha sido materia de discusión. Hutchison
(2006) plantea que el cambio entre los censos respectos de la forma como se mide la ocupación, por
una parte, y el desarrollo cada vez mayor de los empleos asalariados de tiempo completo y
actividad única, más fáciles de medir que muchos de los trabajos desarrollados por mujeres en sus
propios hogares (costuras, preparación y venta de alimentos, etc.), pueden exagerar la verdadera
caída en la tasa de actividad de las mujeres.
10
Las modificaciones introducidas al registro del empleo entre 1885 y 1920, buscaron ser lo más inclusiva posible. Se elaboró en
base al primer listado confeccionado por las autoras para los censos de los años 1854-1895. A este listado se le agregaron aquellas
profesiones del listado de 1907-1920 que no aparecían en el primero; y además se incluyó todas las profesiones que se encontraron
en la base de datos construida para este estudio (Censos 1885-1920) que no aparecían en ninguno de los listados anteriores.
Junto con ello, para aquellas profesiones cuya clasificación por Rama cambia de un listado a otro (del listado de 1854-1895, al de
1907-1920), se optó por mantener la ultima clasificación, es decir, la más reciente. Por ejemplo, los Dibujantes fueron clasificados en
el primer listado de Gálvez y Bravo (1992) (1854-1895) como IV Industria, 12 Industrias de las Artes. Y en el segundo listado (19071920) como IX Bellas Artes. Para este estudio, se mantuvo esta última clasificación. Ver Anexo 1. Las cifras en base a las cuales se
realizó el análisis que se presenta a continuación, se presentan en extenso en Anexo 3.
264
Cuadro 3. Población con oficios según los Censos 1885-1920. Total nacional
Año y sexo
1885
hombres
mujeres
1895
hombres
mujeres
1907
hombres
mujeres
1920
hombres
mujeres
Total Nacional
1,086,485
707,158
379,327
1,071,890
737,408
334,482
1,287,819
894,798
393,021
1,355,331
995,878
359,453
Composición
por sexo
65.1
34.9
68.8
31.2
69.5
30.5
73.5
26.5
Fuente: Base de Datos por Ramas de Actividad, elaborada en base a Censos de los años correspondientes. Las
cifras incluyen a rentistas y excluyen a “estudiantes” y “sin profesión”
–
Las actividades desarrolladas por hombres y mujeres no se distribuían a la par de
la producción de la riqueza
La agrupación de las profesiones consignadas en los censos11 en las ramas de actividad económica
según clasificaciones actuales -lo que permite hacer comparables los resultados de los cuatro
censos-, hace posible advertir que las actividades desarrolladas por hombres y mujeres no se
distribuían a la par de la producción de la riqueza12. Así, aunque era la minería la actividad que
producía la mayor parte del valor de la producción, no era la que generaba el mayor volumen de
empleo. A pesar de que alrededor de la minería se crearon actividades que permitían su desarrollo,
transporte, comunicaciones y finanzas, y se abrieron mercados para algunas industrias productoras
de insumos, solo el 5 por ciento de su población estaba en las labores extractivas. La actividad
económica más importante en términos de generación de empleos es la que produce alimentos y
materias primas agrícolas, que concentra casi el 40 por ciento de su población trabajadora. Le sigue
el sector de las manufacturas y construcción, que concentra un cuarto de la población ocupada descendiendo en el tiempo- y el comercio y los servicios ocupan al abundante resto, incluyendo en
dicho grupo el servicio doméstico (Cuadro 4).
11
Para conocer mejor la validez de estas fuentes ver Gálvez y Bravo (1992) y Hutchison (2000).
En base al trabajo realizado por Gálvez y Bravo (1992), se realizó una codificación de las profesiones declaradas por la población,
en ramas de actividad. Ver esta codificación en Anexo 1
12
265
Cuadro 4. Distribución porcentual por Ramas de Actividad de los trabajadores
y rentistas de ambos sexos. Totales Nacionales
Rama de actividad y
Rentistas
I Caza y Pesca
II Agricultura
III Minería
IV Industrias y Construcción
V Transportes
VI Comercio
VII a XVI Subtotal Servicios
XVII Rentistas
Total
1885
1895
1907
1920
0.2
39.2
3.8
25.3
2
5.2
23.4
0.9
100
0.2
40
3.1
23.6
1.7
6.2
24.7
0.5
100
0.3
36.5
5.1
14.2
2.3
6.6
34.2
0.8
100
0.3
35.4
4.2
19.6
5.3
8.8
25.1
1.3
100
Fuente: Base de datos por Ramas de Actividad, elaborada en base a Censos de los años correspondientes.
Las cifras incluyen a rentistas y excluyen a “estudiantes” y “sin profesión”
El trabajo en la agricultura, tanto para la subsistencia nacional como productos de exportación,
concentró casi al 40 por ciento de la población. Y si bien a medida que se desarrollan y crecen otras
actividades, la agricultura pierde importancia relativa en el empleo, sigue siendo durante el período
la fuente de ingresos más frecuente en la población.
La producción industrial, incluida la construcción, es la segunda actividad según importancia
numérica de los ocupados en 1885, y va declinando fuertemente durante el período. No hay estudios
que permitan zanjar el asunto de si se trata de un cambio en las condiciones de producción que hace
necesario menos trabajadores, o si hay efectivamente un crecimiento lento del sector, tal vez debido
a la facilidad de abastecimientos importados. Se encuentran frecuentes polémicas sobre la necesidad
y conveniencia de industrializar el país, que es percibido como un país rico en recursos. Incluso los
obreros salitreros, en pleno auge minero, plantean la idea de destinar las ganancias a inversiones
productivas, hablando de nacionalizar la industria (posiblemente recordando a Balmaceda), de crear
industrias para explotar todo lo que el salitre contiene, de planes de regadío que hicieran posible la
agricultura en el norte. Eduardo Tolosa decía en Tocopilla: “Las entradas del salitre, compañeros, se
deben emplear en crear industrias para que estas provincias tengan entradas propias; se deben
emplear en la pesquería y en organizar la agricultura para que no dependamos de los agricultores
sureños, que nos mandan puras porquerías. Tiene que hacerse, compañeros, porque el salitre se
terminará y esto nos perjudicará tremendamente. Chile y los trabajadores serán los primeros
perjudicados” (Cobo 1971: 48-49).
El sector servicios si bien concentra una proporción similar de trabajadores que la industria y
construcción en las primeras décadas del periodo, a diferencia de este último no muestra una
disminución hacia finales del periodo: por el contrario se mantiene. En tanto el comercio, si bien
concentra un porcentaje reducido de la población, muestra una tendencia al alza que se hace más
evidente hacia 1920 y se mantendrá en las décadas posteriores.
–
División por sexo de las actividades económicas
Las actividades extractivas -minería, agricultura, caza y pesca– y los transportes son
predominantemente masculinas. En la agricultura, por ejemplo tal como se apreciaba desde
mediados de siglo XIX, los censos de 1885 y 1895 muestran que los hombres eran un noventa por
266
ciento de los ocupados en el sector, porcentaje que aumenta levemente en las primeras décadas del
siglo XX alcanzando para 1920 un 95.4 por ciento. También se aprecia un predominio de los
hombres en las ramas de Fuerza Pública, Servicio Público y Profesiones Liberales. En tanto la
manufactura es predominantemente femenina hasta 1907, y en 1920 todavía las mujeres son el 40
por ciento de los trabajadores. Los servicios, que incluyen el servicio doméstico, son actividades
que concentran un alto porcentaje de mujeres, y en tercer lugar, se ubica el sector comercio donde
cerca de un 20 por ciento son mujeres (Cuadro 5).
Cuadro 5. Porcentaje de mujeres sobre el total de cada rama 1885-1920. Total nacional
Rama de actividad y
1885
1895
1907
1920
Rentistas
I Caza y Pesca
7.6
7.1
3.7
4.75
II Agricultura
5.8
4.7
4.7
10.0
III Minería
0.4
0.0
48.6
0.8
IV Industrias
68.2
61.8
73.8
39.0
V Transportes
0.5
1.4
2.1
3.6
VI Comercio
23.5
15.9
15.6
19.0
VII a XVI Subtotal Servicios
57.7
54.4
41.8
50.6
XVII Rentistas
64.9
62.2
61.2
55.6
34.9
31.2
30.5
26.5
Total
Fuente: Base de Datos por Ramas de Actividad, elaborada en base a Censos de los años correspondientes.
Entre aquellas ramas más feminizadas (con mayor porcentaje de mujeres sobre el total de ocupados
en la rama), en dos de ellas se concentra además la mayor cantidad de trabajadoras sobre el total de
mujeres ocupadas. Es el caso de la Industria, donde se puede advertir una tendencia a la
disminución de las mujeres que absorve (sobre el total de mujeres ocupadas); y el caso de Servicios,
más específicamente el servicio doméstico, sub rama donde se observan importantes fluctuaciones
que se deben en parte importante a los cambios introducidos en la forma de registrar este tipo de
actividades (Cuadro 6).
Cuadro 6. Ramas que concentran mayor porcentaje de mujeres
Industria
Servicio Doméstico
Total mujeres ocupadas
1885
49.5
36.6
100
1895
46.7
40.1
100
1907
34.4
33.2
100
1920
28.8
41.1
100
Fuente: Base de Datos por Ramas de Actividad, elaborada en base a Censos de los años correspondientes.
Las mujeres en las fábricas
Las mujeres ingresaron fundamentalmente a aquellos establecimientos industriales destinados a la
producción de vestuario y tocado y textiles, actividades que ellas desarrollaban desde sus casas, y
en los cuales representaron más del 80 por ciento de los ocupados. Ellas también participan en
algún grado en la fabricación de alfarería y locería y en la industria de alimentos, y están
prácticamente excluidas de las maderas, la metalurgia, la edificación, rubros todos que aumentan
significativamente su empleo hacia 1920.
267
En las cuatro provincias del país que concentran más del treinta por ciento de la población que
declara una profesión, Tarapacá, Santiago, Valparaíso y Concepción13, se observa que en promedio
un tercio de las mujeres ocupadas en el periodo 1885-1920 trabajaban en la industria de vestuario y
tocado.
Las fábricas ofrecían salarios más altos a las mujeres que los pagados en otros sectores. Por
ejemplo, una sirvienta doméstica ganaba 50 pesos al mes el año 1918, en tanto una obrera en las
fábricas podía ganar 60 u 80 pesos al mes en 1919 (Hutchison, 2006, p. 74). Por ello, a pesar de que
en promedio los salarios de las mujeres en las fábricas eran aproximadamente la mitad de los
salarios de los hombres, y ello sucedía tanto en Santiago como en otros lugares del país, el trabajo
en las fábricas ofreció un ingreso más atractivo a las mujeres que el trabajo en otros sectores.
El gran número de personas que trabaja en la confección de vestuario y los textiles disminuyó a
medida que se diversificaba la producción manufacturera y la construcción, hacia 1920. Con
distintas denominaciones en los censos, a las profesiones de costureras, modistas y sastres,
mayoritariamente femeninas dentro de confección, se sumaron las de sombrereras, zapateras y
aparadoras. El primer grupo disminuyó considerablemente de 133.504 en 1885 a 75.237 en 1920,
probablemente en parte producto de las diferencias en las formas de medición censal (Hutchison
2000). Son las mujeres las que reciben este impacto, ya sea verdadero por el avance de la
confección no artesanal, o ilusorio debido al ocultamiento de este tipo de trabajo. Por su parte,
producto de un cambio tecnológico que hace disminuir antiguos oficios casi domésticos como el de
hilanderas y tejedoras, el sector textil expulsó más de 60 mil personas, la mayoría de ellas mujeres.
Esta cantidad de mujeres expulsadas fue equivalente a la absorción de mujeres por la Agricultura y
el Comercio 14.
Junto con el cambio en el registro censal a comienzos de siglo y al cambio tecnológico, Hutchison
(2006) indica que esta disminución de las mujeres en el sector industrial puede obedecer a que las
cifras de costureras en los primeros censos podrían haber incluido a aquellas mujeres que ejercían la
prostitución que se declararon como costureras (oficio que muy posiblemente ejercían junto con la
prostitución), a una disminución de los talleres domésticos femeninos, una leve masculinización de
la producción textil y una creciente dependencia de los fabricantes en el trabajo doméstico.
El desarrollo de la industrialización siempre contempló el trabajo a domicilio de hombres pero
fundamentalmente de mujeres, como una fuente de trabajo muy importante para la producción
fabril. Ello se habría visto incentivado aún más con la ley de 1917 sobre guarderías infantiles para
todas aquellas fábricas que ocuparan un mínimo de 20 mujeres, que llevó a los dueños de las
fábricas a trasladar a mujeres a trabajar desde sus casas.
A pesar de que en este régimen también trabajaban hombres (zapateros y sastres), el trabajador a
domicilio fue construido en los múltiples debates como un sujeto femenino. De hecho fue
considerada una modalidad especialmente adecuada para las mujeres en la medida que les permitía
no desatender sus obligaciones domésticas que ofrecía importantes ventajas a los empresarios
(bajos costos). En la década del veinte, el trabajo a domicilio fue objeto de muchas críticas en el
13
En 1885, las cuatro provincias concentraban el 32.3% de la población que declaraba una profesión, en 1895 alcanzaba un 37.3%,
en 1907 se elevó a 39.7% y en 1920 35.4%. Las cifras se basan en los Censos de población correspondientes a los años señalados, y
excluyen a los “estudiantes” y a los “sin profesión”.
14
En 1885 43.276 mujeres trabajan en el sector textil, en 1895 la cifra baja a 29.452 y en 1920 a 19.275.
268
contexto de la discusión por una legislación que regulara las relaciones laborales. Se denunciaron
las pésimas condiciones en las que se desarrollaba este tipo de trabajo: bajos salarios, en jornadas de
trabajo excesivamente largas y en condiciones de insalubridad. Además, se trataba de trabajos con
una fuerte inestabilidad, con un “periodo muerto” en los meses de verano que llevaba a que muchas
obreras se dedicaran durante ese tiempo a la prostitución (Hutchison, 2006, p. 70). Algunas de estas
características del trabajo a domicilio, no solamente generaron fuertes resistencias frente a los
intentos de regular este régimen de trabajo –por las ventajas que ofrecía a los empresarios de
reducir costos- sino también dificultaban su registro censal, lo cual también puede haber
contribuido a reducir las cifras de mujeres ocupadas en esta rama de la industria.
Las mujeres en los servicios
La rama servicios incluye una variedad de actividades (Cuadro 7), con un fuerte predominio del
servicio doméstico, actividad decididamente femenina. Las profesiones incluidas dentro del servicio
doméstico presentan evoluciones diferentes: mientras aquellas denominadas en diferentes censos
como criados, sirvientes, cocineros o domésticos constituyen la mayoría del grupo y aumentan
desde 76.753 mujeres en 1885 hasta 102.166 en 1920, la tendencia es opuesta para el conjunto de
las lavanderas, que disminuyen desde 60.406 en 1885 a 45.215 en 1920.
Cuadro 7. Población censada en ramas de servicios, ordenada por volumen en 1920
Ramas de Servicios
1885
175,579
37,364
21,557
3,838
3,715
3,280
3,136
Ambos sexos
1985
1907
155,348 149,677
69,275 228,365
23,166
31,497
3,756
5,848
44
6,266
3,657
6,947
3,196
5,964
1920
178,297
78,953
27,612
10,488
10,942
12,426
5,605
1885
% de mujeres
1985
1907
1920
Servicio doméstico
79,1
86,3
87,3
82,8
Profesiones varias
5,4
7,7
19,6
10,0
Fuerza pública
0,0
0,0
0,0
0,0
Profesiones liberales
11,9
0,3
0,2
4,8
Servicio público
2,7
0,0
0,9
7,4
Enseñanza
52,0
51,3
57,3
65,0
Cultos
53,9
47,3
44,5
56,3
Bellas
artes
y
espectác.
3,130
2,433
2,752
3,984
35,8
19,4
11,6
11,6
Profesiones médicas
2,358
2,792
2,397
7,047
37,6
31,0
45,8
52,4
Servicios
680
956
5,194
0,6
0,0
2,5
Total Servicios
254,637 264,623 439,713 340,548
Fuente: Base de Datos por Ramas de Actividad, elaborada en base a Censos de los años correspondientes. Las cifras
incluyen a rentistas y excluyen a “estudiantes” y “sin profesión”
A nivel provincial, en Tarapacá, Valparaíso y Santiago, un promedio superior al cuarenta por ciento
mujeres ocupadas durante el periodo, trabajaba como sirvientas, cocineras, lavanderas. Solo en
Concepción este porcentaje alcanzaba al tercio de mujeres trabajadoras.
Un segundo sector interesante por su volumen es el de las profesiones varias, un grupo muy
heterogéneo que incluye nuevas ocupaciones administrativas que van surgiendo, por ejemplo,
diversos tipos de empleados, dactilógrafos, escribientes y taquígrafos, algunos llamados
empresarios, fabricantes e industriales, oficios generales como jornaleros, etc., y entre las cuales las
mujeres están apenas incorporadas. Este sector es difícil de comparar en el tiempo por el cambio en
las denominaciones de las ocupaciones que van introduciendo los distintos censos que recogen los
nuevos aspectos del trabajo inclasificables en términos de oficios tradicionales. En este sentido,
269
representan la nueva división del trabajo, del asalariado, de la propiedad y gerencia de la
producción, división más clara para los hombres y con muy poca presencia de mujeres trabajadoras
en sus comienzos. Dentro de este heterogéneo sector, los censos registran un aumento de mujeres
empleadas, y en 1920 comienzan a registrar a mujeres dactilógrafas y taquígrafas.
El tercer sector importante en términos de volumen y donde las mujeres están totalmente excluidas
es la fuerza pública. En tanto el sector servicio público comienza a tener alguna importancia para
las mujeres hacia 1920. Mientras en 1885 el censo contabilizaba 101 mujeres en el servicio público
(de un total de 3715 ocupados), en 1920 este número había subido a 813, de las cuales solo
Santiago concentraba 470 funcionarias.
Dos sectores dentro de la rama de servicios que si bien son menos importantes en términos de
volumen de ocupados son muy relevantes por la alta proporción de mujeres que concentran y por el
aumento sostenido de esta participación en el periodo, son la enseñanza y las profesiones médicas.
Cabe señalar que en estas sub ramas, junto con Culto, existe una distribución un poco más
equiparada entre hombres y mujeres.
De las casi dos mil mujeres censadas en la enseñanza en 1885, se aumenta a ocho mil en 1920,
todas ellas con oficios de profesoras; y la proporción de mujeres aumenta de la mitad de los
ocupados en el sector, de 51% en 1885 a 65% en 1920.
En las cuatro provincias señaladas el número de profesoras y preceptoras muestra un notorio
aumento. En Tarapacá, de las 35 mujeres que desempeñaban esta ocupación en 1885, se pasa a 177
en el censo de 1920. En Concepción este aumento va de 118 en 1885 a 477 en 1920, y en Santiago,
de 416 en 1885, a 2120 para 1920.
Este fuerte aumento de las profesoras obedece al gran esfuerzo educativo nacional, impulsado en
este período que permitió que los niveles de alfabetización de la población fueran aumentando
sostenidamente. De acuerdo a las cifras censales, los niveles de alfabetización entre 1885 y 1920 a
nivel nacional, aumenta de casi un 30% a un 50%, como lo muestra la Cuadro 8.
Cuadro 8. Alfabetización, 1885-1920. Total Nacional
Censos
1885
1895
1907
1920
Población que sabe leer
Relación con la población de 5 años
y más (%)
Total Nacional
Hombres
400.515
457.658
682.548
955.681
Mujeres
330.748
397.837
615.670
936.099
Total
731.263
855.495
1.298.218
1.891.780
Hombres
31.7
34.3
42.0
51.2
Mujeres
26.2
29.2
37.9
49.5
Total
28.9
31.8
40.0
50.3
Fuente: Censos de los años correspondientes.
Nota: Hasta 1907 los censos distinguían entre población que sabe leer y que sabe escribir, desde ese año en adelante, solo se
consideró a la población que sabe leer para definir a la población alfabetizada. Para poder hacer comparativas las cifras en todo
el período analizado, sólo se han considerado los datos correspondientes a la población que sabe leer.
Se advierte también un aumento de los alumnos egresados de establecimientos educacionales
estatales y particulares, incremento que se constata, entre 1896 y 1920, tanto en establecimientos
de instrucción primaria, secundaria y especial y superior, y en hombres como en mujeres. En cada
270
uno de los niveles de instrucción, este aumento se hace más sostenido en los primeros años del siglo
XX. (Censo 1920). Por otra parte, aunque la población de hombres que sabe leer supera a la
población de mujeres que sabe leer, con el tiempo estas diferencias disminuyen.
Crece también el número de establecimientos educacionales. Por ejemplo, en el caso de la
enseñanza secundaria, hasta fines del siglo XIX existían 4 Liceos de Niñas. En las primeras décadas
del siglo XX se crean 47 nuevos establecimientos (Actividades Femeninas, 1927).
Este sostenido avance en los niveles de alfabetización de la población requería de profesores que
pudieran impartir educación en establecimientos públicos y privados. Ello hizo necesario fortalecer
la formación de profesores, que hasta mediados de la década del ochenta solo contaba con dos
Escuelas normalista en Santiago, una para hombres y posteriormente una de mujeres. En 1885 se
crea una Escuela Normal para Maestras en Concepción, cinco años más tarde una en La Serena, y
durante la primera década del siglo XX surgen seis escuelas de este tipo, dos en Santiago, una en
Limache, Talca, Puerto Montt y Angol.
Junto con las escuelas normalistas para profesoras, en 1889 se fundó el Instituto Pedagógico para
formar profesores secundarios, institución en la cual las mujeres representaban el 40% de los
titulados hasta 1919, para posteriormente y hasta 1927, alcanzar el 58% de los titulados.
˜ Profesoras de Estado hasta el año 1927 —
· 644 Profesoras de Estado tituladas del Instituto
Pedagógico
· 133 Profesoras de Estado tituladas del Instituto de
Educación Física entre 1920-1927
Actividades Femeninas, 1927
En el sector salud, con fluctuaciones, durante el periodo la proporción de mujeres en las profesiones
médicas aumenta sostenidamente hasta alcanzar la mitad de los ocupados en el sector en 1920. La
profesión más numerosa y más femenina es la de matronas. El censo de 1854 registra 334 matronas,
865 en 1885, y en 1920 las parteras (como se llamó a las matronas) ascienden a 1.643. A partir de
1887 se gradúan las primeras mujeres médicas en Chile y en 1907 el censo registra 7 mujeres, en
tanto en el de 1920, suman 34 de un total de 883 médicos. Ese mismo año aparecen 991 enfermeras,
probablemente por la institucionalización de la salud y de esta profesión, que empieza con la
presencia de hombres en proporción no despreciable. La tercera profesión feminizada que se
registra recién en 1920 es la de practicante, en la que se contabiliza un total de 794 mujeres.
˜ Mujeres en Profesiones Médicas hasta el año 1927 —
Las primeras mujeres tituladas como médico cirujano en 1887
fueron Eloísa Díaz y Ernestina Pérez.
Tituladas en distintas profesiones médicas:
· 49 mujeres médicas
· 476 farmacéuticas
· 115 dentistas
Las mujeres representaban
· 58% de los matriculados en la Escuela de Farmacia
· 26% en la Escuela Dental
· 8% en la Escuela de Medicina.
271
En Santiago, las mujeres representaban el 3% de los Médicos que
ejercían la profesión, el 11% de las Dentistas y el 55% de las
Farmacéuticas. Para la ciudad de Valparaíso los porcentajes
corresponden al 4%, 9% y 31%, respectivamente.
A nivel provincial se puede apreciar esta presencia de mujeres en las profesiones médicas. En
Santiago, de 156 mujeres que se desempeñaban en este sector en 1885, la cifra aumenta a 1916 en
1920. Entre ellas, la ocupación más importante era la de matronas. En Concepción si bien solo dos
censos del periodo entregan datos sobre mujeres en estas ocupaciones, de todos modos se puede
advertir un aumento: de 57 en 1895 a 186 en 1920. Y en Tarapacá el aumento es de 13 a 63 mujeres
entre 1885 y 1920.
El registro de las mujeres en las profesiones liberales muestra notorias fluctuaciones las que se
pueden explicar por los cambios en la forma como los censos hacen el registro de estas ocupaciones
así como por la diversidad de ellas que esta sub rama incluye, desde abogados, agrónomos,
arquitectos, contadores, escritores, ingenieros, notarios, periodistas, procuradores y receptores, entre
otros.
A pesar de esto, la evolución de las profesiones liberales, y la presencia de mujeres, expresa los
mayores niveles de educación que está alcanzando la población, una incipiente profesionalización
acorde con el desarrollo de nuevas actividades económicas y ocupaciones que exigían otra
preparación de la fuerza de trabajo. A modo de ejemplo, en 1920 por primera vez el censo registra
282 contadoras en Santiago, 45 en Valparaíso y 9 en Tarapacá. Otras profesiones que también se
cuentan en este sector, aunque su número es más reducido, son la de abogada y periodista.
˜ Mujeres en Profesiones Liberales hasta el año 1927 —
· 18 abogadas mujeres
· 1 ingeniera
· 1 ingeniera agrónoma.
Las mujeres en el comercio
La tercera rama en importancia que mayor número de mujeres concentra es comercio, cuya
participación en la fuerza de trabajo total crece hasta el 8,8 por ciento en 1920. La mayor parte de la
población ocupada en el sector desempeña “comercios varios”, actividad que aumenta al doble en el
periodo.
Como se señaló, si bien esta rama concentra un porcentaje menor de mujeres en relación a lo que
sucede en Industria y Servicio Doméstico es interesante pues muestra una tendencia al alza hacia el
final del periodo que se mantendrá en el periodo siguiente; y porque las mujeres que allí laboran
representan casi un quinto de los ocupados en el sector.
272
Aunque las cifras para las mujeres son algo erráticas, de todos modos se puede apreciar un aumento
de ellas en el sector: hasta 1907 el sector concentra un 3% del total de mujeres ocupadas, cifra que
en 1920 aumenta al 6.3%. Además, del total de ocupados en el sector las mujeres representan –con
marcadas fluctuaciones- el 23.5% en 1885, bajan a 15.6% en 1907 para subir hacia finales del
periodo a 18.9% en 1920, 22.650 mujeres de un total de 119.327 personas dedicadas a estas
actividades en el país.
A nivel provincial, entre 1885 y 1920 las mujeres en esta rama, con fluctuaciones, representaron en
Tarapacá casi un 7 por ciento del total de trabajadoras; en Santiago, casi el 6 por ciento de las
trabajadoras, en tanto en Concepción y Valparaíso este promedió alcanzó un 4 por ciento. Respecto
de la proporción de mujeres del total de ocupados en el sector, las provincias muestran marcadas
diferencias, siendo Santiago y especialmente Concepción donde las mujeres representan más del
20% de los ocupados.
Al interior de esta rama casi el 90% de las mujeres se concentran en comercios varios,
desarrollando profesiones como las de comerciantes, vendedores ambulantes y buhoneras. En
menor medida desempeñaron ocupaciones en hotelería (bodegoneros, fondista, posaderos): por
ejemplo, en 1920, las comerciantes sumaban un total de 20.864 mujeres en tanto las que trabajaban
en hotelería, alcanzaban 212 mujeres. Es interesante mencionar que el censo de ese mismo año
registra 93 mujeres como “banqueros” en Santiago, Valparaíso y Tarapacá, y 53 como
suplementeras15.
Además de los censos, diversos archivos corroboran el carácter predominantemente femenino del
comercio callejero. En diversas ciudades del país, la venta de verduras, frutas, carne, leche y
comida preparada en baratillos, puestos en los mercados o en el comercio ambulante, fue una
actividad realizada por mujeres en las calles más populosas de las diversas ciudades del país.
En Concepción, por ejemplo, entre 1897 y 1902, donde el porcentaje de mujeres entre los ocupados
del sector durante todo el periodo siempre fue superior al 20%, cien mujeres arrendaban un puesto
en el mercado de la ciudad, y en 1903, un 55 por ciento de los baratillos, pequeños negocios de
venta al menudeo, pertenecían a mujeres (Tapia e Inostroza, 1997). En Santiago, Brito (1995)
señala que hacia fines de siglo XIX abundaban las peticiones de mujeres comerciantes a la
municipalidad para solicitar concesiones, argumentando precisamente su condición de pobreza y de
mujer. Las dimensiones que adquirió este tipo de actividades, especialmente el comercio que se
realizaba fuera de los mercados municipales en la capital, fue materia de preocupación ya en 1870.
Se señalaban las malas condiciones de higiene de la ciudad, y en especial las situaciones y
conductas supuestamente licenciosas a que este tipo de actividades desarrolladas por mujeres se
prestaba, en especial cuando se trataba de un negocio establecido, lo que llevó a ejercer una
constante vigilancia y represión por parte de las autoridades hacia mujeres comerciantes de quienes
se sospechaba de prostitución, de ser aposentadoras de delincuentes y de venta ilegal de alcohol.
Brito (1995) explica que hasta fines del siglo XIX, la vigilancia tuvo un “carácter moral”, para
cambiar ya en el siglo XX a una persecución por la vía tributaria y por infracción a la ley de
alcoholes, que muchas veces se tradujo en la clausura de los negocios. A ello se sumó la creciente
15
Este último gremio ya hacía intentos de organización que se consolidaron hacia 1918 y en 1923, cuando se había formado un
sindicato al amparo de la Federación Obrera de Chile. Revista Asociación Nacional de la Prensa, Editorial, 4 de marzo de 2007.
Disponible en: www.anp.cl.
273
preocupación por las condiciones de salubridad en la que se realizaba esta actividad, que llevaron a
expulsar al comercio ambulante a lugares más apartados y a solicitar su prohibición.
Mujeres en transportes y comunicaciones
Es notable el aumento en el empleo en transportes y comercio, así como en minería. Se diría que
hay diversificación de las actividades y que el aumento de las producciones físicas y de la
movilidad de las personas ocasionaría el incremento de servicios de transporte, comunicaciones,
comercio. Es interesante constatar que el efecto de la minería en la cantidad de personas que viven
de ella crece, y aunque no es tan alto, se equipara al comercio y los transportes.
En la actividad de transporte y comunicaciones la mayor parte de las personas se dedican al
transporte terrestre. En el período aumentan fuertemente los ocupados en el ferrocarril, el transporte
marítimo y las comunicaciones de correos y telégrafos, siendo mucho más importantes hacia 1920
(Cuadro 9).
Cuadro 9. Población censada en ocupaciones de Transporte y Comunicaciones
Ramas de Transporte y Personas de ambos sexos
Comunicaciones
1885
1895
1907
1920
Terrestre
17.902
14.503
18.523
36.403
Marítimo
2.678
2.464
12.228
Ferrocarril
734
1,066
9.409
18.273
Correos, Telégrafos
382
686
2.146
4.743
Aviadores
13
Total
21.696
18.719
30.078
71.660
Fuente: Base de Datos por Ramas de Actividad, elaborada en base a Censos de los años correspondientes. Las
cifras incluyen a rentistas y excluyen a “estudiantes” y “sin profesión”
El transporte terrestre dobla los ocupados entre 1907 y 1920, lo mismo que el ferrocarril, que llega a
ocupar a 18.000 personas. Las mujeres tienen un lugar visible en las comunicaciones, especialmente
en el correo y el telégrafo, donde el volumen de empleo es más pequeño, pero creciente y
feminizado. El 30% de los 382 empleados de correos y telégrafos censados en 1885 eran mujeres,
en tanto en 1920 los son el 40% de los 4.743 empleados censados.
El Correo es un edificio distribuido al estilo norteamericano, servido
por atentas señoritas y por empleados que aquí como en los demás
países de Hispanoamérica se empecinan en disputar a la mujer
puestos indicados para ella.
Desde la guerra con el Perú, según parece, las mujeres son empleadas
como cobradoras en los tranvías. …Este es el único país del mundo
en que he visto a las mujeres en semejante ocupación.
Teodoro Chile, Santiago en 1890., en: Ricardo A. Latcham, Estampas del Nuevo
Extremo, Antología de Santiago, 1541 – 1941.
A nivel provincial se aprecia un notorio aumento de las mujeres telegrafistas y de telefonistas al
final del periodo. En Tarapacá, Concepción y Valparaíso la mayoría de las mujeres que trabajaban
en esta rama lo hacía en comunicaciones (96%, 90% y 70%, respectivamente). En todas estas
274
provincias se aprecia un aumento de las telegrafistas: de 8 en 1895 a 23 en 1920 en Tarapacá, de 3 a
104 en Concepción, y de 11 a 123 en Valparaíso. Y el censo del año 1920 registra 24 telefonistas en
Tarapacá, 59 en Concepción y 82 en Valparaíso.
En Santiago, la situación es diferente puesto que las mujeres se distribuyen de manera más
homogénea entre los distintos sectores: en 1920 el 40 por ciento trabaja como telegrafistas y
telefonistas, y más de la mitad trabaja como tranviaria.
Al igual que en las otras provincias, el número de telegrafistas aumenta de 22 en 1885 a 235 en
1920, y se registran 177 telefonistas este mismo año. Pero es aquí donde las tranviarias son más
significativas: en 1920, 482 mujeres ejercían esta ocupación. No obstante, es interesante mencionar
también que en Valparaíso, un 27% de mujeres trabajaba como tranviarias, ferroviarias y choferes
en 1920.
3.
La regulación de las relaciones laborales. Los inicios de la discusión
sobre la regulación del trabajo
En este escenario, con una fuerza de trabajo que crece, que se concentra principalmente en algunos
sectores económicos, y que muestra una marcada división sexual del trabajo, la regulación de las
relaciones laborales fue materia de debate durante todo el periodo.
Durante el régimen parlamentario, el Estado funcionaba bajo principios liberales suponiendo que la
causa principal de la pobreza estaba en la irresponsabilidad, inmoralidad la ignorancia y el uso
inadecuado de la libertad por parte del pueblo (Rojas, 2007). Durante estos primeros años del siglo
XX, las sociedades filantrópicas y algunos profesionales iniciaron acciones en pos del bienestar de
las clases más pobres. Pero las soluciones se restringían predominantemente a la moralización del
pueblo, la contención de las enfermedades y las obras filantrópicas. Muy paulatinamente y con
momentos de avance y retroceso, la necesidad de que el Estado interviniera en materia social, y en
materia laboral más específicamente, fue cobrando mayor fuerza.
El propósito de este apartado es describir la evolución de las políticas laborales en Chile, y muy
especialmente, analizar el lugar que en dicha trayectoria ocupó el trabajo de las mujeres. En qué
medida la visión predominantemente negativa del trabajo remunerado de las mujeres, simbolizado
en la figura de la obrera industrial vista como “los peores excesos del capitalismo industrial”
contribuyó a legitimar una mayor intervención estatal (Hutchison 2006, p. 247).
Distintas posiciones pueden distinguir en relación al papel que el Estado en materia social.
Hutchison (2006) indica que en las primeras décadas del siglo XX existirían tres posiciones
principales. La escuela no intervencionista de políticos conservadores, que asumía que el rol activo
de los industriales en preservar el bienestar de los obreros. La posición socialista prointervencionista que defendía la necesidad de una vasta regulación de las relaciones laborales. Y el
catolicismo social originado en la Encíclica Rerum Novarum (1891), que abogaba por un limitado
rol del Estado para defender a los trabajadores.
275
De estas tres posiciones, la que predominó en el período fue la no intervencionista, pues la mayoría
de los legisladores fue contraria al establecimiento de controles y regulaciones al desarrollo de la
industria, convencidos que era necesario “libertad de trabajo” para crecer. Argumentando además
que la industrialización ofrecía grandes beneficios a la clase trabajadora y a las mujeres en
particular ya que representaba una fuente de recursos indispensables para la supervivencia de las
familias obreras, políticos e industriales promovieron el crecimiento de industrias, la formación de
la mano de obra femenina por medio de la creación de establecimientos que entregaran educación
práctica o industrial a las mujeres, e hicieron suya la idea defendida por industriales y empleadores
de que no era deseable la intervención estatal en las relaciones industriales porque de ese modo se
restringiría la libertad de contrato entre patrones y obreros.
A pesar de esta posición dominante, desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX,
existió un debate en torno a la necesidad de crear una regulación laboral. Hutchison (2006)
distingue tres etapas en este debate en el período que va desde 1900 a 1930 que si bien se refieren
fundamentalmente al empleo femenino, permiten ordenar la discusión sobre esta materia en un
sentido más general.
3.1. Primera etapa 1901-1918
Durante este periodo se asiste al desarrollo fluctuante de posiciones a favor de una mayor
intervención estatal en materia laboral. En 1901 se presenta el primer proyecto sobre materia laboral
elaborado por Malaquías Concha del Partido Demócrata, que incluía leyes que regulaban el trabajo
en diversas materias: salario mínimo, límite de horas laborales, descanso dominical, contratación de
mujeres y niños. La propuesta, considerada radical para la época, fue estudiada por varios años en el
congreso y desmantelada en años sucesivos quedando solamente las provisiones de descanso
dominical y la compensación por accidentes.
Ese mismo año se presentó un proyecto de Código de Minas que, a diferencia del Código vigente de
1888, incorporó regulaciones sobre condiciones de trabajo y la contratación de mujeres y niños en
la actividad minera (Rojas, 2007). Cinco años más tarde, la Cámara de Diputados crea una comisión
especial de legislación laboral, que en 1912 pasó a ser permanente.
La incorporación de la enseñanza del derecho del trabajo en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chile (1902) promovió la realización de estudios sobre materias laborales que se
venían desarrollando desde 1898 y que hasta el año 1924 produjo unos setenta estudios de tesis
sobre variados temas laborales (Rojas 2007). Profesores y alumnos tuvieron una destacada
participación en el debate sobre la cuestión social (Moisés Poblete Troncoso, por ejemplo, que
posteriormente fue Director de la Oficina del Trabajo).
Desde los industriales, los debates en torno a la necesidad de regular las relaciones laborales fueron
vistos como amenazas a la libertad de trabajo que tanto defendían. Sin embargo, no se mostraron
del todo reticentes a la intervención estatal. Por ejemplo, en 1903, la Sofofa presentó una propuesta
para legislar respecto de la situación de las mujeres en las industrias en la que se incluía la
prohibición del empleo de las mujeres y los niños en actividades mineras, el trabajo nocturno y el
trabajo con máquinas peligrosas; y la prevención del empleo femenino cuatro semanas antes y
después del parto. Además, se pedía al Estado la implementación de reglamentaciones para las
276
condiciones de sanidad de las fábricas y talleres, incluyendo prohibiciones sobre el trabajo de
mujeres y niños en industrias particularmente peligrosas.
Además de estas iniciativas, desde el Estado se crea el año 1907 la Oficina del Trabajo, dependiente
del Ministerio de Industria y Obras Públicas. Originalmente la institución tuvo como función
estudiar proyectos de ley y recopilar información estadística en materia de salarios, precios, costos
de vida vivienda, etc. Posteriormente se le otorgaron atribuciones de vigilancia del cumplimiento de
las leyes sociales, colocación de cesantes y coordinación de la acción de los mecanismos
voluntarios de conciliación y arbitraje que buscaban mediar en la resolución de conflictos laborales.
Aunque la labor de la Oficina en la resolución de conflictos laborales era limitada pues no tenía
cobertura nacional, los informes emitidos por los inspectores otorgaron una base objetiva a las
denuncias de los trabajadores y contribuyeron a crear una opinión a favor de la necesidad de legislar
en materia laboral.
Las diversas iniciativas mencionadas, expresan el paulatino surgimiento de ideas proclives a la
regulación del Estado en materia social, y en materia laboral en particular, que desplazarían
lentamente y con muchas dificultades los principios liberales. Así, junto con la incipiente
legislación social que surgía muchas veces como reacción a las huelgas de los trabajadores, el
Estado oligárquico recurriera frecuentemente a la represión policial de dichas manifestaciones con
el fin de mantener el orden establecido y las condiciones favorables para el enriquecimiento de las
clases oligárquicas; en tanto las condiciones sociales empeoraban, la lucha social se agudizaba y el
desprestigio de la clase política aumentaba.
Por eso durante este período la legislación social que de manera irregular y con grandes deficiencias
en su aplicación comienza a surgir, tiene alcances muy limitados. Los resultados del debate
legislativo fue la aprobación de un conjunto de leyes sociales que se orientaron principalmente a la
regulación de las condiciones de trabajo, y no al establecimiento de un sistema de relaciones
laborales (Rojas, 2007, ¶ 2).
- 1906. Ley de Habitación Obrera (N°1838).
Esta ley fue una de las primeras iniciativas legales relacionadas directamente con el acuciante
problema de la vivienda. Aunque habían existido anteriores acciones, ellas abordaban el tema de
manera indirecta o surgían de municipalidades que buscaban “despejar de pobres las áreas
centrales” (Espinoza, 1988, p.)16 . El proyecto que sirvió de base para esta ley fue presentado en
1900 y se tramitó hasta 1903 como respuesta a los desórdenes de Valparaíso, señalada por varios
autores como la primera manifestación amenazante de la cuestión social. “Aunque no se trató de la
primera huelga, fue la que tuvo mayor impacto por su masividad (involucró a unos diez mil
trabajadores). Durante los meses de abril y mayo de ese año, un alzamiento de los trabajadores
portuarios mantuvo a la ciudad en tensión, en demanda de reglamentaciones de sus faenas y de
mejoras salariales.
16 Las primeras acciones en esta materia se remontan a las ordenanzas de 1843 referidas a la construcción de cuartos redondo”. En
1883, la Municipalidad de Santiago estableció diversas concesiones a los constructores de habitaciones para los obreros y en 1888
dictó un reglamento para la construcción de conventillos. “Todas esta disposiciones dispersas recibieron consagración legal al
dictarse la ley municipal en 1892 que estableció como atribución de los municipios la fiscalización a la construcción de ranchos”
(Espinoza 1988)
277
Luego de su tramitación, el proyecto pasó a una comisión especial, donde se mantuvo hasta el año
1905, momento en que a lo largo del país se vivió una profunda agitación en torno a la cesantía, el
encarecimiento de la vida, la escasez de trigo y carne y una epidemia de viruela que se extendía por
todo el país. Esta agitación culminó en lo que se conoció como la “semana roja” (octubre) en la que
Santiago fue tomada por los sectores populares. En este contexto, algunos diputados reclamaron el
rápido despacho de la ley, la que fue aprobada en enero de 1906.
Calificada como la primera ley social de Chile, la Ley de Habitación Obrera tuvo por objetivo
mejorar las condiciones de vivienda de la clase proletaria a través de la protección y fomento de la
construcción. La ley creó un Consejo de Habitación que amplias facultades fiscalizadoras para
favorecer la construcción de habitaciones obreras, tomar medidas de saneamiento de las
habitaciones existentes y fijar pautas de construcción para las viviendas futuras (distribución de
piezas, luz, ventilación, etc.).
Desde la dictación de la ley hasta el año 1925, en que se dicta un nuevo decreto ley destinado al
fomento de la construcción popular, esta ley resultó ineficaz, con mecanismos poco idóneos tanto
para la protección de la habitación obrera como para el fomento de la construcción. Así, “sus
resultados fueron nulos y contribuyeron a agravar el problema que se suponía debían solucionar”
(Espinoza 1988).
- 1907. Ley de Descanso Dominical (Nº 1990).
Promulgada el mismo año en que se produjo la matanza de Santa María, esta ley desató un
interesante debate que permite una vez más aproximarse a la visión de legisladores tenían sobre el
empleo femenino. Las discusiones se centraron en la aplicación de la ley en el caso de los hombres
adultos, estableciéndose la condicionalidad del descanso en este caso. En cambio, en el caso de
mujeres y niños, el descanso dominical fue concebido como obligatorio e irrenunciable. Es decir,
una vez más esta discusión expresa una visión de las mujeres y los niños trabajadores (menores de
16 años) como “víctimas indefensas de los empleadores industriales” (Hutchison, 2006, p. 251).
En la práctica, como sucedió con muchas leyes en esta época, la fiscalización de esta ley fue
impracticable pues los patrones aprovecharon una variedad de argumentos para hacer que los
empleados trabajaran los domingos y para despedir a quienes se negaban a hacerlo.
Ese mismo año, conservadores y demócratas presentaron un proyecto de ley para proteger el trabajo
de mujeres y niños. Malaquías Concha y Juan Enrique Concha Subercaseaux presentaron un
proyecto que establecía la prohibición del desempeño de ciertos trabajos para mujeres jóvenes (16 –
20 años), tales como trabajo nocturno, trabajo los días domingo, jornadas de más de ocho horas y
labores en minas y canteras). En el caso de las mujeres mayores de 20 años, se propuso prohibir su
trabajo en faenas peligrosas (motores en movimiento, máquinas peligrosas) así como su exclusión
en trabajos “contrarios a las buenas costumbres o inductivos a la inmoralidad” (Hutchison, 2006, p.
252). Aunque el proyecto no logró ser aprobado, lo bien recibido que fue en la Cámara de
Diputados fue un preludio del consenso que se generó ya en la década de 1910 en torno a la
protección de la madre trabajadora.
- 1915. Ley de la Silla (Nº 2951)
278
Esta ley obligaba a disponer asientos para los empleados de establecimientos comerciales, así como
recreos para el almuerzo de los empleados. Es importante recordar que en estos establecimientos
había un alto número de mujeres.
- 1916. Ley de Accidentes y Enfermedades laborales (Nº 3170)
Esta ley tuvo bastantes dificultades que impidieron su aplicación efectiva. Por ejemplo, la
indemnización se hacía efectiva si el accidente se producía por causas ajenas al trabajador. Pero en
la mayoría de los casos, se atribuyó la responsabilidad del accidente al trabajador por lo que la ley
no se aplicó.
- 1917. Ley sobre guarderías infantiles (Nº 3185).
Se estableció que aquellos empleadores que tuvieran más de 50 mujeres empleadas (mayores de 18
años de edad), debían instalar en sus fábricas salas cunas y permitir a las mujeres amamantar a sus
hijos una hora al día.
En esta década, la atención a la salud maternal proveniente de círculos médicos y políticos,
contribuyó a la buena recepción de este proyecto que velaba por el cuidado de los niños de mujeres
trabajadoras. Los debates que generó esta ley dan cuenta que los legisladores consideraban que
algunas madres siempre tendrían que trabajar, por lo tanto era preciso protegerlas. Sin embargo,
también les preocupaba que estas regulaciones desalentaran la contratación de mujeres por parte de
los empleadores, lo cual las dejaría sin los medios para mantener a sus familias. Lo interesante es
que más allá de las dificultades que se reconocían para la aplicabilidad de la ley, la defensa por las
madres obreras fue disputada por liberales y conservadores, lo que generó un consenso pocas veces
alcanzado.
- 1917. Nueva ley de Descanso Dominical (Nº 3321)
Debido a las reconocidas deficiencias de la ley de 1907, y al hecho que en la práctica era muy
difícil su fiscalización, en 1917 se modifica la ley en un intento de hacer el descanso dominical
universal y obligatorio. Sin embargo, la nueva ley estableció tan numerosa cantidad de ocupaciones
que quedaban eximidas de la normativa, que en la práctica el descanso dominical no fue efectivo.
Por ejemplo, varias ocupaciones del sector servicios fueron eximidas del descanso por considerar
que debían tener horas de trabajo continuadas. Ello afectó de manera importante a una cantidad de
profesiones que concentraban a mujeres: empleadas en agencias de teléfonos y telégrafos, mercado,
teatros y otro tipo de espectáculos públicos y recreación, hospitales y asilos, y fábricas de
alimentos, cigarros, jabones, fósforos y papel. También se eximió del descanso dominical a las
sirvientas domésticas, a menos que trabajaran en establecimientos industriales y comerciales
(Hutchison, 2006, p. 255).
Así, los avances en materia legal no se materializaron. En la práctica, una mayoría de los
trabajadores siguió laborando sin mediar regulaciones por parte del Estado, ya sea por la
inoperancia e ineficiencia de muchas de las regulaciones, así como de la exclusión de ellas de un
buen número de trabajadores. En el caso del empleo femenino, el consenso alcanzado para
establecer una legislación protectora no fue efectivo pues en la práctica muchas de las ocupaciones
desempeñadas por mujeres quedaron excluidas de la cobertura de las regulaciones laborales, y por
las dificultades para poner en marcha dichas regulaciones. Un ejemplo es la ley de salas cunas. En
1926, casi una década después de dictada la ley, una inspección realizada por la Oficina del Trabajo
en fábricas en la ciudad de Santiago, arrojó que el 75% no habían establecido salas cunas gratuitas
para su empleadas (Hutchison, 2006).
279
3.2. Segunda etapa: 1919 a 1921
En esta segunda etapa, los partidos liberales y conservadores desarrollaron propuestas para un
código laboral que regulara de manera sistemática las relaciones laborales, y ambas propuestas
otorgaron gran atención a la cuestión de la maternidad y el trabajo industrial a domicilio.
La propuesta conservadora, presentada por Juan Enrique Concha el año 1919 incluía reformas tales
como la semana laboral de 48 horas, el pago de sobre tiempo, el salario mínimo y la regulación de
la forma y lugar de los pagos, mantenía las protecciones existentes al trabajo de mujeres y niños, e
incluía una licencia maternal de cuarenta días sin sueldo.
La propuesta liberal, presentada el año 1921, incluía regulaciones sobre contratos laborales, salario
mínimo, beneficios de salud, jornada de ocho horas, descanso dominical, seguridad e higiene en el
trabajo, asociaciones profesionales, huelgas, cooperativas y viviendas, e incluía una importante
atención a la regulación del trabajo de mujeres y niños. Ello se explica por la influencia en la
elaboración del proyecto de uno de los especialistas en materia de legislación social, Moisés
Pobrete Troncoso, quien había demostrado una continua preocupación por el trabajo de la mujer y
los niños.
En este sentido, el proyecto liberal incorporó las propuestas más innovadoras en materia de
protección a las madres trabajadoras. Se delimitaba un periodo de licencia maternal de seis semanas
antes y después del parto, seguridad laboral para las obreras embarazadas, fondo de seguro maternal
mantenido en conjunto por los trabajadores y empleadores, ordenaba el establecimiento de
guarderías y salas cunas en las fábricas que empleaban más de 20 mujeres y establecía períodos de
descanso para que las obreras dieran amamantaran a sus hijos. Estas medidas fueron entendidas
como expresión de una legislación humana, moderna, de las más avanzadas en la materia, que
asegurarían el rol de las mujeres en la familia.
A diferencia del proyecto conservador, la propuesta liberal se hizo cargo de lo que se consideró
como uno de los excesos más notorios del desarrollo de la industria: el trabajo a domicilio.
Numerosas noticias en la prensa, tesis de grado y los informes de la Oficina del Trabajo,
contribuyeron a que hacia los años veinte el trabajo a domicilio se posicionara como un importante
tema de debate en relación a la legislación laboral. Estas noticias, estudios y debates denunciaron
las malas condiciones en que se realizaba este trabajo, las pésimas remuneraciones y su aislamiento,
lo cual hacía extremadamente difícil la fiscalización. Si bien la regulación se planteó para ser
aplicada a obreros sin distinción de sexo, implícitamente se ponía el énfasis en las mujeres
trabajadoras que constituían un número importante de los trabajadores a domicilio.
La propuesta además fijo un procedimiento para establecer el salario mínimo: comités formados por
empleadores y trabajadores que atenderían a una serie de criterios definidos por la ley17. Se
estableció además que el salario mínimo era aquel que necesitaba un obrero adulto para vivir y
proveer el bienestar suyo y de su familia” (Hutchison, 2006, p. 260) Se entendía también que el
17 Se establecieron los siguientes: naturaleza del trabajo, precio corriente de la pieza del artículo confeccionado, salario mínimo
percibido por los obreros en las fábricas o talleres del departamento, consumares locales y los precios de las habitaciones y de los
artículos de primera necesidad en la región o ciudad donde funcione la industria o comercio, cotizaciones que deben pagar los
obreros a fin de cubrir los seguros sociales, valor de las mercaderías y los instrumentos de labor necesarios al obrero para la
ejecución de su trabajo. Hutchison, 2006.
280
salario mínimo era aquel que necesitaba el adulto casado, incluyendo a hombres y mujeres, en tanto
los hombres solteros debían recibir 20 por ciento menos que el mínimo y los hombres menores de
18 años, treinta por ciento menos.
A pesar de los esfuerzos de algunos políticos por elaborar propuestas que sistemáticamente
pudieran regular y proteger las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, ambos proyectos
no prosperaron. Ello porque junto con estos esfuerzos, muchos legisladores seguían oponiéndose a
la regulación de las relaciones laborales y recurriendo a la represión de las manifestaciones y
protestas de los trabajadores. MacIver, por ejemplo, en 1921 se oponía a la regulación de la jornada
laboral a 8 horas diarias pues consideraba que de esa forma se estimularía el ocio y la flojera innata
de los mestizos chilenos. Así, se prolongaban las discusiones parlamentarias de leyes cruciales para
enfrentar los agudos problemas sociales, se mantenía la falta o ineficaz regulación por parte del
Estado, todo lo cual contribuyó a mantener un alto nivel de conflictividad social que muchos
legisladores no dudaban en enfrentar con represión policial. En 1919 se produjo la matanza de
Puerto Natales, el 1920 el asalto a la Federación Obrera de Magallanes, el mismo año, la huelga del
carbón, en 1921, los sucesos de la oficina salitrera San Gregorio.
Entre las iniciativas surgidas en estos años dirigidas a regular las condiciones y relaciones laborales,
se cuenta la creación de mecanismos más formales de conciliación y arbitraje de conflictos
laborales. Desde comienzos de siglo personajes públicos, políticos, funcionarios estatales, etc.,
actuaron como mediadores que buscaban acercar a las partes en conflicto, sólo en 1917 se creó un
procedimiento de arbitraje voluntario que obligaba a las partes en caso de acogerse a él. Este
procedimiento representó un avance, sin embargo, el hecho que la Oficina del Trabajo no haya
tenido atribuciones administrativas, hizo que la aplicación de los acuerdos alcanzados pocas veces
se hiciera efectiva (Rojas, 2007).
Junto con ello, en 1919 la Oficina del Trabajo experimenta un cambio importante. Creada en 1907,
en el curso de los años el organismo fue ampliando sus funciones: en 1910 se contratan a
funcionarios para la recolección de estadísticas laborales, en 1914 comenzó a entregar servicios
para los desempleados, en 1916 comenzó a implementar la Ley de Accidentes, y en 1919 se creó la
Inspección General del Trabajo para revisar e implementar la legislación laboral existente y se
comienzan a incorporar a mujeres como inspectoras.
La labor realizada por inspectores/as no solo se orientó a hacer cumplir la legislación sino también
–y de manera significativa- a documentar los intentos de los industriales de burlar la legislación
vigente y entregar evidencia respecto de la necesidad de implementar nuevas reformas.
Los informes de la Oficina reunieron contundente evidencia respecto de los bajos salarios recibidos
por las mujeres en las industrias y señalaron su preocupación por establecer un salario mínimo para
ellas y por asegurar la equidad de pago por el mismo trabajo. Sin embargo, los inspectores se
enfrentaban al problema de la falta de regulaciones que permitieran la implementación de las leyes
aprobadas. Así por ejemplo, las regulaciones de la ley de 1917 sobre guarderías infantiles, se
emitieron recién en 1921. En estos casos, la labor de los inspectores se limitaba a anotar las
infracciones a la ley, dar cuenta de las condiciones en que laboraban los trabajadores en las fábricas,
e instigar a los industriales a cumplir voluntariamente con la legislación. (Hutchison, 2006).
281
En el caso particular de las mujeres trabajadoras, un informe de 1923 señalaba que la ley de salas
cunas solo regía en el papel “pues donde las han instalado permanecen desocupadas debido a que
las obreras no pueden llevar a sus niños para evitar que les suspendan el trabajo” (Boletín de la
Oficina del Trabajo 13: 21 1923, citado en Hutchison, 2006, p. 267). En 1925, algunas trabajadoras
se quejaban frente a la Oficina del Trabajo señalando que la ley de salas cunas las perjudicaba pues
las mujeres con hijos estaban siendo despedidas. Y ese mismo año, un informe de la Oficina
señalaba que de las 97 fábricas que empleaban más de veinte mujeres, solo 27 tenían salas cuna, y
algunas funcionaban deficientemente (Hutchison, 2006).
En cuanto al trabajo a domicilio, los inspectores fueron activos en promover la necesidad de regular
este trabajo. A los informes elaborados por conocidos inspectores de la Oficina como Alberto
Hurtado y Elena Caffarena, se sumaban los de otros inspectores que abogaban por la necesidad de
regular este tipo de trabajo. Como lo señalaba un inspector el año 1925, “esta clase de trabajo se
está ampliando paulatinamente, por acarrear al elemento patronal, conveniencias explotadoras,
dando con ella marjen a la burla que le pueden hacer a las leyes que amparan al obrero, cuando el
trabajo se efectúa dentro de un establecimiento” (Dirección General del Trabajo. Varios, 1925, Vol
111, 19 de noviembre de 1925, citado en Hutchison, 2006).
Esta labor de denuncia de las condiciones en las que se encontraban los trabajadores a domicilio se
vio reforzado por la creación en 1926 de una “Inspección Femenina” formado por las mujeres que
se habían integrado a la Oficina como inspectoras. Esta inspección tuvo la tarea de supervisar
aquellas fábricas que empleaban a mujeres y niños, y elaborar informes y cursar las multas por el
incumplimiento de la legislación. Las inspectoras indicaban las dificultades serias con que se
topaban para revisar contratos, hacer cumplir horas de trabajo y velar por condiciones de sanidad de
las fábricas. Su labor no solo contribuyó a velar por el cumplimiento de las leyes referidas al trabajo
de las mujeres sino que hicieron grandes esfuerzos por inspeccionar el cumplimiento de toda la
legislación laboral. En 1925, por ejemplo, Elena Caffarena y Elvira Santa Cruz inspeccionaron un
total de 672 fábricas, comprobando la lentitud por parte de los empleadores para cumplir con la
legislación (Hutchison, 2006).
Sin duda que esta lentitud y la inoperancia de la legislación misma afectaba tanto a hombres como
mujeres trabajadoras. Sin embargo, las fábricas más pequeñas que empleaban a mujeres tenían muy
malas condiciones.
3.3. Tercera etapa: la regulación del conflicto laboral: 1924 a 1938
En el convulsionado ambiente político de mediados de los veinte, fue la irrupción de los militares al
Congreso el hecho que permitió la aprobación de leyes laborales que combinaron los proyectos
liberal y conservador elaborados con anterioridad. Para la aplicación de las leyes laborales
aprobadas por la Junta Militar en 1924 -que posteriormente en 1931 serían fusionadas en el primer
Código del Trabajo- se creó ese mismo año el Ministerio de Higiene, Asistencia, Trabajo y
Previsión Social, el que sumado a la creación del Ministerio de Fomento y de Agricultura, ampliaba
las funciones del Estado. Las leyes aprobadas fueron las siguientes:
-
Cooperativas
282
-
-
-
-
-
Contratos de trabajo. Se establecieron las obligaciones de empleados y empleadores,
incluyendo la duración de la jornada y los mecanismos de despido, igual salario por igual
trabajo.
Sindicalización legal. Se crearon sindicatos industriales (por establecimiento o empresa) y
los sindicatos profesionales (por oficio). Los primeros tenían derecho a negociar contratos
colectivos.
Tribunales de conciliación y arbitraje. Se crearon mecanismo de negociación colectiva,
primero se trató de Juntas de Conciliación y Arbitraje (organismo colectivo) y luego se
establecieron los Tribunales del Trabajo (unipersonales)
Indemnización por accidentes de trabajo
Previsión social. Se crearon instituciones de previsión para la vejez: Caja de empleados
particulares, Caja de Seguro Obligatorio
Protección de accidentes y enfermedades profesionales. Establecía procedimientos para
prevenir riesgos laborales y compensar los daños producidos por accidentes u enfermedades
laborales.
Derecho a huelga
La concepción ideológica que sustentó esta legislación estuvo fuertemente influida por la “función
biologista” del Estado, de acuerdo con la cual a éste “le correspondía defender la armonía del
cuerpo social, y para ello, en materia de conflictos laborales, debía crear las condiciones para un
efectivo equilibrio entre trabajadores y patrones” conteniendo la lucha de clases y tratando de
armonizar intereses. Esta fue la orientación de la institucionalidad creada entre 1924 hasta antes de
la crisis económica y política de 1930/1931 (Rojas, 2007, ¶ 7).
En términos políticos, la regulación estatal respondía a la creciente legitimidad de la necesidad de
que el Estado interviniera en materia laboral y en otras materias sociales como una forma de
enfrentar las demandas sociales, las que corrían el riesgo de convertirse en amenaza para la
institucionalidad, el avance comunista y la lucha de clase. Junto con ello, el desarrollo del
capitalismo demandaba un cierto nivel de institucionalización de las relaciones laborales. Esto
implicaba un nuevo sistema legal que se pusiera al día con la transformación que se habían
producido a raíz de la expansión de las formas capitalistas de producción. (Rojas, 2007, ¶ 7).
Sin embargo, a pesar de la gravitación de estos factores de orden político y económico, fue la
intervención militar de 1924 lo que hizo posible la promulgación de esta legislación. Y como lo
afirma Rojas (2007), fueron estos factores y la mencionada intervención militar, las que explican el
carácter que tuvo dicha legislación, que promovió la formación de una estructura sindical
controlada por el Estado y alejada de orientaciones revolucionarias, de estructuras paralelas entre
empleados y obreros, y que impuso restricciones a la formación de organizaciones ínter gremiales o
nacionales.
Así lo evidencia la creación de los primeros sindicatos legales. Promovidos por el gobierno de
Ibáñez, se difundió, por medio de los inspectores del trabajo, la orientación apolítica que estas
organizaciones debían tener, la armonía social que debía presidir las relaciones entre capital y
trabajo y el control estatal (Rojas, 2007). La persecución a dirigentes comunistas y anarquistas
permitió previo a la constitución de sindicatos legales, permitió al gobierno evitar dicha influencia
política en el proceso.
283
En relación a la protección a la maternidad y el trabajo a domicilio, en los años siguientes se
introdujeron algunas modificaciones.
-
Protección a la maternidad. Respecto de la maternidad obrera, la Ley de Seguro Obligatorio
estipulaba dos meses de licencia maternal para las trabajadoras, incluyendo a las empleadas
domésticas, y gastos médicos por parto y por los primeros icho meses de vida del infante.
En relación al salario, la ley estableció que las mujeres embarazadas tenían derecho solo al
50% de su salario las dos semanas que precedían el nacimiento y al 25% hasta que el niño
fuese destetado. En 1925, se aumentó el subsidio maternal a 50% en los cuarenta días
precedentes al parto y en los veinte días siguientes. Se extendía además el alcance de las ley
de sala cuna en las fábricas incluyendo a todas las fábricas que emplearan a más de veinte
trabajadoras (Hutchison, 2006).
-
El trabajo a domicilio. Esta modalidad de trabajo no parece haber sido incluida en las leyes
dictadas por los militares. Cuatro años más tarde (1928), y a petición de los inspectores de la
Oficina del Trabajo, se incorporó a los trabajadores a domicilio en la Ley de Contrato
Laboral. Ese mismo año, se estableció un salario mínimo para estos trabajadores que
establecía “como línea de base la “tarifa” de a lo menos 18 pesos por una semana de 48
horas” (Hutchison, 2006, p. 263). A nivel regional, los inspectores de la Oficina del Trabajo
eran los responsables de fijar los niveles de salarios mínimos en la región. Esta ley
estableció que el trabajo a domicilio era una extensión de las operaciones de la fábrica, por
lo tanto, podían ser reguladas por el Estado y los hogares de los obreros sometidos a
inspección y regulación sanitaria.
No obstante, Hutchison (2006) explica que a pesar de la promulgación de estas leyes, la concepción
predominantemente femenina del trabajador a domicilio fue un obstáculo para construir una
legislación adecuada. Ello porque mujeres y niños fueron considerados como sujetos incapaces de
defenderse a sí mismos, lo que funcionaba como un argumento poderoso para legitimar la necesidad
de que el Estado interviniera para protegerlos. Pero por otro lado, al considerar el trabajo a
domicilio como una labor “sin especialidad”, se temía que si se forzaba a los industriales a pagar
más a estos trabajadores, se desalentaría la contratación de mujeres y de esa forma se quedarían sin
esta crucial fuente de ingresos. De allí entonces las resistencias de regular una modalidad de trabajo
que ofrecía particulares ventajas a los industriales.
4. Representaciones sobre el trabajo productivo y reproductivo de las
mujeres
El predominio de una visión pro “libertad de trabajo” reforzaba un Estado que permanecía “como
un observador distante” (Hutchison, 2006, p. 238) no solo de los problemas sociales de las clases
más pobres, enfrentados por la beneficencia la quien supervisaba “los servicios caritativos del
Estado y la administración de hospitales, orfanatos, asilos de orates, cementerios, salas de
maternidad y dispensarios médicos” (Hutchison, 2006, p. 238)-, si no también en materia laboral.
Ello se tradujo en que las relaciones laborales permanecieran hasta 1924 sujetas solamente a una
serie de regulaciones deficientemente sancionadas sobre las condiciones de trabajo y las
compensaciones por accidentes.
284
Sin embargo, el caso de las mujeres trabajadoras generó particulares reacciones que propiciaron una
actitud diferente frente a las funciones del Estado. Ya desde 1880 había una preocupación por sus
condiciones de trabajo y se habían emitido algunas ordenanzas locales en 1891 y 1892 para regular
el empleo de las mujeres y los niños. Pero ya en las primeras décadas del siglo XX, la creciente
migración de las mujeres a las ciudades y su ingreso a la producción fabril, ya sea ingresando a
establecimientos industriales o desempeñando trabajo a domicilio, hizo más evidente las
deplorables condiciones en que laboraban. La obrera pasó a ser la figura que evidenciaba el riesgo
“en la salud y en la productividad de la “raza”, la expresión de la amenaza a las capacidades
reproductivas y productivas de las clases trabajadoras que podían generar las malas condiciones de
trabajo. Y en torno a esta amenaza, ejemplificada en el empleo industrial femenino, conservadores,
liberales, socialistas y demócratas, la iglesia católica y algunos profesionales de la salud, estuvieron
de acuerdo en apoyar una actitud más intervencionista del Estado, propiciando una legislación
protectora hacia las mujeres que fue diferente a aquella que se concibió para los hombres
trabajadores adultos.
Ello ocurrió porque el trabajo manufacturero fue visto como una amenaza a la salud de los niños y
las mujeres, estas últimas en calidad de madres reales o potenciales. Políticos de tendencias
opuestas mostraron en el período una creciente inquietud por la mortalidad infantil y salud
maternal, vistos como algunos de los efectos negativos más importantes del empleo femenino. En
este sentido, la madre trabajadora simbolizó los peores excesos del capitalismo industrial.
Se enfatizó la vulnerabilidad física y moral de todas las mujeres que ingresaban al mercado laboral,
en especial las que lo hacían en establecimientos industriales, así como su capacidad de ser madres.
Vistas fundamentalmente como madres trabajadoras, las propuestas parlamentarias se dirigieron a
proteger a la mujer embarazada, parturientas o madres amamantando, y buscaron asegurar el
empleo continuado de las mujeres bajo condiciones más seguras para la crianza de los niños. Es
decir, en medio de fuertes desacuerdos políticos, el empleo femenino industrial generó una suerte
de “consenso moral” entre los legisladores que se impuso por sobre la postura generalizada por la
“libertad de trabajo” y la reticencia por la intervención estatal en materias sociales y laborales. Así,
socialistas, liberales y conservadores, estuvieron de acuerdo en que las mujeres obreras requerían de
una legislación protectora que asegurara no solo el bienestar de las propias mujeres sino muy
fundamentalmente, el bienestar de la nación, y en este propósito siguieron la dirección de la
legislación francesa orientada a acoger a las madres obreras y no promover su retiro total del
mercado laboral.
En síntesis, ver el ingreso de mujeres y niños a las fábricas como una expresión de los excesos del
capitalismo, constituyó un argumento poderoso para legitimar la necesidad de que el estado
interviniera en materia laboral. Apoyados en una visión paternalista de las mujeres y del trabajo
femenino, concebidas fundamentalmente como madres y como seres que, al igual que los niños,
eran menos capaces de defender por si mismos sus intereses, su ingreso a las fábricas fue para
autoridades, políticos e incluso dirigentes de organizaciones de trabajadores, una necesidad a la que
se veían obligadas a recurrir las mujeres del pueblo que no contaban con la protección masculina.
Necesidad que las exponía a una serie de peligros, no solo relacionados con su salud física ya que
representaba una amenazaba a la raza, por la relación que se estableció entre empleo femenino y
mortalidad infantil; sino también, y muy sentidamente, morales
285
Sin embargo, también había opiniones que consideraban que las mujeres eran un importante
elemento a incorporar a la producción industrial, ya sea por medio de su incorporación en
establecimientos industriales o desde sus hogares bajo la modalidad del trabajo a domicilio. Se
trataba de una mano de obra numerosa, más barata que los trabajadores hombres y que resultaba
especialmente adecuada para desempeñarse en las industrias de confección, vestuario y otras
consideradas apropiadas a su sexo. Desde esta perspectiva, no solo se incentivaba el ingreso de ellas
al mercado de trabajo sino que también se propuso entregarles una educación para el trabajo que las
capacitara para el trabajo.
Ya sea que se enfatizara una visión del empleo femenino como una necesidad de mujeres pobres o
como un aporte al desarrollo de la industria nacional, las discusiones sobre el ingreso de las mujeres
a las industrias no buscaron alejarlas del mercado sino regular su participación. Y estas discusiones
prepararon el camino para legitimar cada vez más la intervención del Estado en materia social y en
materia laboral. En este sentido, el debate en torno a la regulación del trabajo de las mujeres en las
fábricas contribuyó en el largo plazo a construir los argumentos para regular el empleo de hombres
y mujeres.
Sin embargo, en este período los resultados de estos esfuerzos por regular y proteger el empleo de
mujeres y también el de hombres, resultaron ineficientes, inoperantes y ambivalentes.
Por una parte, la mayoría de las mujeres y muchos hombres trabajaban en empleos a los que la
naciente regulación laboral no lograba proteger por la inoperancia de las regulaciones y porque
muchos de ellos estaban excluidos de esas protecciones: trabajadores agrícolas, empleados
domésticos, artistas, entre otros. La exclusión del servicio doméstico resulta especialmente
importante para las mujeres pues un tercio de las ocupadas trabajaba en el servicio doméstico sin
contrato y sin salario mínimo. Aunque situaciones similares afectaban a los hombres, los
argumentos que se esgrimían para explicar la situación de exclusión de este empleo evidencian
como la gravitación de los ordenamientos de género. Hutchison indica que este tipo de trabajo fue
concebido como tareas “naturales” desempeñadas por las mujeres a las que no había que regular
para reducir la explotación como sí era el caso de las obreras y niños que trabajaban en la industria.
Incluso las organizaciones de trabajadores y las Inspectoras de la Oficina del Trabajo “tendían
considerar a las empleadas domésticas (y a las prostitutas) fuera del alcance de la regulación laboral
del Estado” (p. 274).
Por otra parte, la misma autora plantea los efectos contraproducentes que tuvo la legislación surgida
en la década del veinte, y cita el caso particular de la legislación sobre maternidad obrera. “No solo
la legislación sobre la maternidad obrera desalentó efectivamente a algunas empleadores a contratar
mujeres con niños en edad de crianza, sino que también los requisitos para las guarderías
incentivaron a los empleadores a volcar las faenas de producción hacia los hogares de las mujeres”
(Hutchison, 2006, p. 272). La autora va más allá y sostiene que el aumento del trabajo
manufacturero fuera de las fábricas experimentado en la década del veinte, es decir el trabajo a
domicilio, puede haber contribuido a la reducción del número de mujeres trabajadoras registradas
en el censo poblacional (p. 265).
286
4.1.
La posición de las organizaciones obreras
Trabajadores y trabajadoras comenzaron a generar sus propias organizaciones desde mediados del
siglo XIX. Hasta 1880, el tipo de organización más importante fue la Sociedad de Socorros Mutuos
que luchaba por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y permitieran enfrentar
colectivamente las enfermedades, fallecimiento, educación de sus socios “en base a la creación de
un sistema de seguridad social fundado sobre el ahorro de sus asociados” (Angélica Illanes 1993:
36).
Aunque en un principio las sociedades de socorros mutuos eran formadas solo por hombres que
compartían un mismo oficio o lugar de trabajo, hacia fines de la década de los ochenta comienzan a
surgir sociedades de mujeres en Valparaíso y en Santiago, y para el año 1912, en la capital las
sociedades de trabajadoras era 12 de un total de 66 existente, agrupando unas 2000 mujeres sobre
un total de 12 mil asociados. Diez años más tarde a nivel nacional las sociedades de mujeres eran 80
sobre un total de 735, la que reunían a 18 mil trabajadoras (Hutchison, 2006).
En los últimos años del siglo XIX y a comienzos del siglo XX emergieron otros tipos de
organizaciones obreras: las Mancomunales y las Sociedades de Resistencia. Las primeras agruparon
a trabajadores que desarrollaban diferentes actividades laborales; en tanto las sociedades de
resistencia mostraron una mayor radicalidad en sus postulados oponiéndose permanente a cualquier
tipo de negociación en los conflictos. Ambas organizaciones, en comparación con el mutualismo de
la primera época, mostraron posiciones más ‘revolucionarias’, lo que se expresa en el tránsito desde
“un asociacionismo con demandas exclusivamente sociales y con ambiciones de cooperación
mutua, a entidades imbuidas de una orientación y discurso político” estimulados por los postulados
socialistas y anarquistas de creciente gravitación durante el cambio de siglo (Correa y otros
2001:59).
Hutchison (2006) destaca la organización particularmente tolerante del mutualismo, lo cual facilitó
y resultaba más adecuada a la movilización espontánea y local de los trabajadores que caracterizó
este período. Las sociedades de socorros mutuos también colaboraron con otros sindicatos a través
del Congreso Social Obrero (fundado en 1903), la Gran Federación Obrera de Chile (fundada en
1909) y con la Asamblea de Alimentación Nacional (1918). Después de 1900, el mutualismo
proporcionó el apuntalamiento sistemático para las organizaciones laborales más radicales y
permaneció de ahí en adelante como refugio las veces en que la represión del Estado o de los
patrones hizo impracticable la movilización anticapitalista” (Hutchison 2006: 81).
Según Salazar y Pinto (2002: 155), el mutualismo masculino y femenino creó espacios de
“dignificación y autogestión”, en otras palabras, “un archipiélago soterrado de microdemocracias… Sobre esta red se forman distintas agrupaciones (como la FOCH, la IWW –
International Word Workers-, el Congreso Social Obrero, o las Ligas de Arrendatarios de piezas de
conventillo) y surgen sucesivos movimientos sociales (como las inmensas ‘marchas del hambre’
promovidas entre 1928 y 1919 por la Asociación Obrera de Alimentación Nacional). Sin embargo,
este extenso movimiento fue reprimido judicial, policial, política y militarmente” (Salazar y Pinto
2002: 155). En 1905, la famosa huelga de la carne para protestar por los precios especulativos que
los productores de carne nacional impusieron a ésta -amparándose en un alto impuesto aduanero a
la importación de carne argentina- terminó con una violenta represión.
287
Las mujeres populares, desde muy temprano se agrupan en torno a organizaciones femeninas que
adhirieron muchas veces como organizaciones independientes a los organismos que iban creando
los trabajadores hombres. Señala Hutchison (2006:79) que “(…) cuando la presencia de las mujeres
trabajadoras en la fuerza laboral manufacturera se hizo una realidad, las organizaciones obreras
animaron a las mujeres a organizarse por sí mismas y a presionar por salarios más altos, para
atenuar la baja de los salarios industriales masculinos (…)”. Por otra parte, entre 1890 y 1930 las
mutuales femeninas tuvieron una estrecha conexión con el proletariado femenino de la industria de
Vestuario y Confección. “Pues, de una parte, el desarrollo del mutualismo femenino coincidió con
el auge de esta industria y, de otra, la lista de socias de algunas de las sociedades revela que el 46,2
por ciento de las inscritas eran costureras” (Salazar y Pinto 2002: 153).
Un rasgo que caracterizó las sociedades de socorros mutuos de las mujeres fue que a diferencia de
las mutuales masculinas ellas “organizaron a trabajadoras de diversas ocupaciones asalariadas así
como a mujeres “sin profesión” en una sola organización. El mutualismo femenino no estaba
centrado alrededor de la identidad ocupacional de las mujeres o de su empleo actual, sino más bien
en su identidad común como respetables mujeres de la clase obrera (…)” (Hutchison 2006:82).
.
˜ Organizaciones de mujeres —
1890.“La Fraternidad de Ambos Sexos”
1890. “La Estrella del Mar”. Reúne a mujeres de los navegantes “para
auxiliarse y protegerse mutuamente de las vicisitudes y peligros de
la vida del marino”.
1894. Sociedad de Obreras, Instrucción y Socorros Mutuos N°1”,
Antofagasta
1901. Sociedad de Obreras de Ovalle
1901. Sociedad “Emancipación de la Mujer”, Iquique.
1903. Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia, Valparaíso.
Reúne a costureras y aparadoras de calzado
1906 Combinación de Señoras “Instrucción y Socorro Mutuo”,
Tocopilla
1906. Mancomunal de Obreras de Chañaral
1906. Sociedad de Señoras de Temuco
1906. Sociedad El Triunfo Ilustrado Femenino, Valdivia
1907. Sociedad Protección de la Mujer, Coronel
s/f Sociedad La Aurora, Linares
Fuente: Salinas, 1987
˜ Sociedades Obreras de mujeres y de ambos sexos, Santiago —
1888. Sociedad de Socorros Mutuos “Emancipación de la Mujer”; en
1890 cambió su nombre por el de “Protección de la Mujer”. 1897.
Asociación de Señoritas “Unión y Ahorro”. Reúne a empleadas
de comercio y modistas
1901 Sociedad de Ahorro y Socorros Mutuos “Unión Victoria”.
Compuesta por empleados y obreros de la Fábrica de Tejidos de
Puntos de Puente Alto, 110 socios entre los cuales se contaban 80
mujeres.
Fuente: Salinas, 1987
288
1906-1908
Asociación de Costureras “Protección, Ahorro y Defensa” (1906).
Participan costureras, modistas, sastres, ropa blanca, camiseras, tapiceras,
corseteras, sombrereras, etc.
Ateneo de Obreras (1906)
Asociación Cosmopolita de Resistencia de Obreras en Tejidos i Ramos
Similares (1906)
Centro Ilustrativo Ambos Sexos Eusebio Lillo
Centro Social Obrero de Ambos Sexos el Arte
Consejo Federal Femenino de Empleados de Cocina
Federación de Resistencia de Zapateros i Aparadoras
Gremio de Sombrereras “Resistencia de Sombrereras”
Sociedad Protección de la Mujer
Sociedad de Abstinencia i Protección Mutua de Ambos Sexos por la
Humanidad
Sociedad de Ambos Sexos por la Fraternidad
Sociedad de Ambos Sexos La Patria
Sociedad Estrella Chilena de Señoras
Sociedad periodística La Alborada
Sociedad de Resistencia Daniel Pinilla de Cigarreros y Cigarreras
Sociedad de Resistencia de Lavanderas i Aplanchadoras
Sociedad de Resistencia Obreros de Fábricas de Ambos Sexos La Ideal
Sociedad de Resistencia de Obreros Sastres
Sociedad de Resistencia de Operarias de la Camisería Casa Matas y Cía.
(1907)
Sociedad de Resistencia Tracción Eléctrica
Sociedad de Socorros Mutuos La Aurora
Unión de Resistencia de Aparadoras (1906)
Fuente: Hutchison, 2006, p. 92
Las diversas organizaciones de trabajadores adoptaron también diversas posturas frente a los
intentos de establecer una legislación que regulara las relaciones de trabajo. Las sociedades de
socorros mutuos, si bien abogaban por una reforma gradual de las condiciones de trabajo y se
caracterizaron por un discurso más moderado, a comienzos del siglo se sumaron cada vez más a
huelgas y protestas en la calle.
En el Partido Demócrata había incredulidad respecto de que las reformas legislativas conducirían a
un cambio efectivo en las condiciones de la clase trabajadora, de hecho aún en la década del veinte
muchas de las leyes que habían sido dictadas eran inoperantes. La lucha social parecía entonces
mucho más efectiva que las conquistas legales (Rojas, 2007).
A través de la prensa laboral, el movimiento de tendencia marxista, en la década de 1910 promovió
temas legislativos tales como la campaña por la jornada de trabajo de ocho horas, y aunque sus
líderes nunca creyeron que la legislación social reemplazaría la necesidad de organizaciones
revolucionarias obreros, sí intervinieron regularmente a favor de leyes específicas (Hutchison,
2006, p. 241). Entre estos sectores de trabajadores organizados en torno a partidos marxistas,
aunque el Estado seguía siendo un instrumento de dominación de clase, en la práctica fueron menos
radicales. Reconocían que la institucionalidad laboral y política cumplía un papel de árbitro, e
289
incluso en algunos casos de aliado. Y en este sentido, fueron partidarios de una mayor intervención
y proteccionismo estatal.
Dentro de la FOCH había posiciones opuestas, mientras algunos se mostraban contrarios a la
legislación laboral por temor a que el movimiento sindical terminara “domesticado” por las leyes
(Rojas, 2007, p, 8), otros dieron su apoyo a las leyes sociales e incluso algunos renunciaron a la
noción de lucha de clase. En esta situación, frente a la constitución de sindicatos, la FOCH
promovió la estrategia de acogerse a la ley como un modo de asegurar que ellas siguieran
orientaciones clasistas y no colaboracionistas, como esperaba el Estado.
Los anarquistas fueron los sectores más reacios a aceptar las leyes laborales resistiendo cualquier
intervención estatal, pues ello significaría una prolongación de la dominación capitalista. Los
anarquistas fueron los principales opositores a la ley que creaba la Caja de Seguro Obligatorio y se
resistieron al descuento de parte del salario para efecto de las cotizaciones y en 1926, la IWW
defendía la idea de abolir todas las leyes laborales. Sin embargo, en esta postura no encontraron el
apoyo de los trabajadores quienes si consideraron que las reformas legales contribuirían a mejorar
su situación. Incluso dentro de los anarquistas, hubo quienes se sumaron a la corriente a favor de la
legislación laboral. Dirigentes marítimos, panificadores y gráficos apoyaron la formación de
sindicatos legales.
El hecho que el gobierno de Ibáñez, a diferencia de Alessandri pareciera ofrecer más acciones y no
solo promesas, permitió el apoyo de sectores de trabajadores a un “cambio social por una vía no
revolucionaria” (Rojas, 2007, ¶ 9)
Cómo reaccionaron estas distintas organizaciones frente al trabajo femenino. Desde el movimiento
obrero los dirigentes señalaron los dañinos efectos del trabajo femenino en la salud física y moral
de las mujeres, y como consecuencia, en el bienestar de la familia; y los efectos dañinos en el
trabajo de los hombres, por la devaluación de sus salarios que provocaba el menor salario femenino.
Estas organizaciones sabían de las extensas jornadas y exiguos salarios que caracterizaban el trabajo
femenino, y en los congresos socialistas y mutualistas antes de la Primera Guerra Mundial se pidió
protección desde el Estado para las mujeres trabajadoras, limitar las horas de trabajo, el seguro por
accidentes y beneficios para todos los trabajadores. No obstante, enfatizaron las consecuencias
morales del trabajo femenino, los riesgos que representaba a la virtud femenina. Desde una visión
victimizadora de las mujeres, que “explotaba de forma significativa nociones de virtud y
vulnerabilidad femenina”, se “comparaba la dominación capitalista con el control patriarcal de las
mujeres” (Hutchison, 1995, p. 263).
A este movimiento se sumaron las voces de trabajadoras que especialmente en la primera década
del siglo, en Santiago y en otras ciudades del país, comenzaron a crear sus propias organizaciones o
se integraban a algunas formadas por trabajadores hombres. Asociaciones de costureras, aparadoras,
tejedoras, sombrereras, modistas y empleadas de comercio, criticaron la condición de subordinación
de las mujeres en la sociedad, al interior de la familia y de las fábricas, y plantearon la necesidad de
trabajar por la emancipación, organización e instrucción de las mujeres populares. En el ámbito
laboral, más que abogar por el retiro de las mujeres de actividades remuneradas, buscaron
reglamentar el trabajo de mujeres y hombres. Así, se sumaron a la sentida demanda de la época por
la reducción de las jornadas de trabajo, y algunas organizaciones plantearon además la necesidad de
abolir el trabajo nocturno, la remuneración justa, el descanso dominical, la prohibición del trabajo
290
de menores de 12 años, creación de cajas de ahorro y de retiro con aporte de obreros y patrones
(Salinas, 1996).
Sin embargo, Hutchison explica que más allá de la meta inmediata de organizar a las mujeres en el
trabajo para que se sumaran al movimiento obrero, “los objetivos de largo plazo (…) seguían siendo
cómo devolver a las mujeres a sus lugares “naturales” en la sociedad, los de las protectoras
principales de la esfera doméstica” (1992: 27). Este ‘feminismo obrero’, como se le llamó, aunque
se sumó a demandas comunes con los compañeros hombres y logró evidenciar formas de
dominación masculina, aceptó la idea de que el empleo femenino tenía negativas consecuencias
para el trabajo de los hombres, para el mismo movimiento obrero, e incluso para lo que debía ser la
principal misión de las mujeres, los hijos y el hogar. Es decir, no cuestionaron el “ideal de
domesticidad femenina en la clase trabajadora” (Hutchison, 1995, p. 276). En consecuencia, el
trabajo productivo remunerado fue concebido por muchos actores, como una “condición provisoria”
(Hutchison, 1992: 28) para aquellas mujeres que no contaban con la protección de un hombre
(padre, esposo), o como lo señala Scott (2000), como “un recurso a corto plazo, y no como una
identidad duradera” (p. 24).
4.2. La reacción del catolicismo social
La “escuela de democracia cristiana” (como lo denominó Morris 1966, citado en Hutchison, 2006),
expresaba el discurso progresista católico de la época que hacía suyo el análisis de las relaciones
industriales bosquejado en la Rerum Novarum, el que señalaba que los conflictos laborales y la
miseria de las clases trabajadoras eran atribuidos a la conjunción de fracasos morales de
trabajadores y empleadores.
Entre quienes sostenían este discurso se encontraban organizaciones como la Liga de Damas
Chilenas o la Juventud Católica Femenina y otras personalidades, siendo una de las más
renombradas Juan Enrique Concha Subercaseaux, autor de la primera tesis de derecho sobre trabajo
en Chile, y diputado conservador que apoyo el primer proyecto de ley sobre materias laborales
presentado en 1901 por Malaquías Concha.
Quienes sostenía este discurso indicaban los efectos deshumanizadores de la mecanización y de la
producción masiva “los cuales transformaban a los trabajadores en una mera máquina para el
beneficio de los industriales (…) el trabajo industrial de las mujeres amenazaba la salud y la
moralidad femenina “sobre todo en el tiempo que es madre”” (Hutchison, 2006, p. 242). Esta
posición justificaba una mayor participación del Estado en materia de regulación entre capital y
trabajo. Se trataba de apoyar una “legislación revisora” que conciliara y arbitrara en la relación
capital y trabajo para procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los obreros. Desde
esta posición se entiende el apoyo de Concha Subercaseaux al proyecto demócrata aunque se debe
tener en cuenta que dicho apoyo no fue extensivo, se limitó a ciertas regulaciones como el descanso
dominical, el seguro contra accidentes y las protecciones a mujeres y niños.
Haciendo suya una visión del trabajo femenino como un mal necesario al que se veían en la
necesidad de recurrir las mujeres del pueblo; y una visión de la mujer trabajadora como una víctima
de los dueños de fábricas en tanto mano de obra laboriosa, responsable y más barata que los
hombres, algunas instituciones católicas ofrecieron formación a aquellas hijas del pueblo que
debían trabajar, apoyaron la generación de ingresos y promovieron la organización de las
291
trabajadoras en sindicatos católicos que frenaran el avance de las ideas socialistas. La Liga de
Damas por ejemplo, creó en 1914 el Sindicato de Señoritas de Empleadas de Comercio y Oficinas,
formado por 535 mujeres; al año siguiente fundaron el Sindicato de la Aguja, Costura y Modas, que
contaba con 350 socias; y en 1923 la Liga creó el Sindicato de Empleadas de Fábrica de las
Hermanas de la Caridad, con 220 afiliadas. Además surgieron otras organizaciones que ofrecieron a
las mujeres formación para el ejercicio de labores apropiadas al sexo femenino que les permitieran
ganarse la vida. Es el caso de la Asociación de Damas protectoras del Obrero, la Legión Protectora
de la Mujer y los Talleres Protectores de Obreras (De Elgueta, 1928).
Si bien la labor de estas organizaciones se dirigió fundamentalmente a las obreras, también
existieron algunas iniciativas que se dirigieron a apoyar a mujeres de otros sectores sociales que se
veían en la necesidad de generar sus propios ingresos. Es el caso de los talleres Protectores de la
Mujer creados también por la Liga en 1912 que vendía las prendas de vestuario confeccionadas por
“mujeres respetables” en sus propios hogares a fin de aumentar los ingresos familiares y evitar que
fueran ellas mismas quienes hicieran la venta al publico.
4.3.
La experiencia internacional en el discurso a favor de la legislación del trabajo
femenino
Desde fines de siglo XIX, a nivel internacional se había debatido respecto de la necesidad de una
legislación protectora del trabajo de las mujeres. Desde 1880 varias reuniones en Europa habían
establecido el descanso obligatorio y remuneraciones parciales para las mujeres antes y después del
parto. En 1906, el acuerdo de Berna había prohibido el trabajo nocturno para las mujeres. Una
asamblea en Zurich (1912) discutió el problema del trabajo industrial a domicilio, y en las primeras
asambleas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Washington D.C. en 1919 y
Ginebra (1920), se formularon acuerdos para regular el trabajo de mujeres y niños.
Esta experiencia internacional era citada frecuentemente por los parlamentarios a favor de las leyes
sociales, apelando a los principios científicos en los que se basaba esta legislación así como a la
muestra de modernidad y civilización que ella representaba.
De parte de los detractores de legislar en materia social, la apelación a la experiencia internacional
era vista como una muestra del desconocimiento de la realidad nacional, la cual difería
notoriamente de las naciones civilizadas. El Senador radical Enrique MacIver señalaba en 1920
respecto de las discusiones sobre el límite de la jornada de trabajo, que esta ley nacía
exclusivamente “del espíritu de imitación”. Para él, la “cuestión obrera” no era más que el resultado
de la flojera innata de los mestizos chilenos y su quejumbre no debía ser premiada con la caridad
del Estado” (p. 245). Otros políticos conservadores señalaban que las condiciones de miseria en las
que vivían los obreros a causa de la explotación por parte de los industriales, eran “meras
fabricaciones de sus “honorables” colegas socialistas” (p. 245). Incluso la prensa que desde
comienzos de siglo mostraba una creciente preocupación por la cuestión social, se mostraba
renuente a establecer un salario mínimo y un límite de las horas laborales.
Sin embargo, aun quienes se oponían a legislar en materia laboral, frente al trabajo de las mujeres
consideraban que era preciso que el Estado legislara. En tanto madre, la figura de la trabajadora
generó un consenso entre conservadores y socialistas pocas veces visto en materia de legislación
laboral. Como lo evidenciaron numerosas editoriales de El Mercurio en las primeras décadas del
siglo, la legislación protectora hacia el trabajo de las mujeres era vital para la organización y la
292
moralidad de las familias de clase obrera. La necesidad de contar con mano de obra femenina no
debía pasar por alto “sus sagrados deberes de madre”. Era entonces “un deber social amparar la vida
de la mujer obrera, la vida de su prole y la felicidad de su hogar, amenazadas por las ausencias de
larga duración” (El Mercurio, 15 de octubre de 1911, citado en Hutchison, 2006, p. 247).
–
Estudios científicos sobre los efectos en la salud del empleo femenino su incidencia en el
discurso a favor de la legislación del trabajo femenino
La preocupación de políticos, autoridades y medios de comunicación por el empleo femenino
también se alimentó de la creciente evidencia científica respecto de la conexión entre empleo
femenino y elevadas tasas de mortalidad infantil. Entre 1906 y 1910, las tasas de mortalidad infantil
nacionales ubicaron a Chile por sobre las peores cifras de países europeos: 304.9 por 1000
nacimientos hasta un año de edad (Hutchison, 2006)18.
Desde la medicina, se señalaba que el trabajo en las grandes ciudades y en establecimientos
industriales que ocupaban a un número creciente de mujeres, era el principal obstáculo para la
crianza materna y uno de los factores que explicaba las elevadas cifras de mortalidad infantil. En
1912 la celebración del Primer Congreso Nacional para la Protección de la Infancia, fue ocasión
para relevar una vez más la necesidad de establecer una legislación para niños, madres y mujeres
embarazadas como medio para disminuir la mortalidad infantil. Un representante de la iglesia
católica, el padre Rafael Edwards, indicaba que el trabajo femenino era un problema social frente al
cual el Estado debía intervenir a favor de proteger los derechos de los más débiles, y formuló para
ello una serie de recomendaciones al Congreso. Como lo sostiene Hutchison (2006), estas
recomendaciones reflejaron las creencias de la doctrina social católica respecto que el problema
más serio de trabajo industrial de las mujeres era la amenaza que representaba a la moralidad y
salud del niño, y que frente a este problema el Estado debía regular los esfuerzos privados para
mejorar la pobreza y resolver los conflictos industriales, evitando, eso si, abolir la libertad de
trabajo (p. 249). En este sentido, las recomendaciones de Edwards adelantaron lo que sería las
propuestas conservadoras de 1919.
En síntesis, la visión de las mujeres y de los niños como personas más débiles que no podían
representar por si mismas sus intereses, y en el caso de las mujeres una concepción de ellas
fundamentalmente como madres trabajadoras, sirvieron de base para argumentar a favor de la
intervención del Estado y del establecimiento de una legislación protectora. Así, en torno a mujeres
y niños fue posible generar consenso sobre la necesidad de establecer salario mínimo y legislar el
máximo de horas de trabajo. En el caso de los hombres adultos trabajadores, se consideró que estas
protecciones no tenían sentido puesto que ellos no estaban impedidos por la maternidad ni por la
debilidad física, por tanto, se esperaba que trabajaran a tiempo completo y que negociaran con los
empleadores por un salario justo de acuerdo a sus necesidades (solteros, casados, etc.)”(Hutchison,
2006, p. 250)
Por ello, Hutchison (2006) afirma que la discusión sobre la obligación del Estado de proteger a las
mujeres trabajadoras “anticipó y preparó a la elite política para la eventual transición a un sistema
de relaciones laborales paternalistas e intervencionistas hacia 1931” (p. 238).
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18
Por esos años, Suecia presentaba las mejores tasas: 73.5 por 1000 nacimientos (Croizet, 1912, citado en Hutchison, 2006).
293
Capítulo II
El periodo 1930 - 1970
Panorama general
El periodo que se extiende desde 1920 a 1970 se caracteriza por una serie de fuertes
transformaciones políticas, sociales y económicas. Se asiste al fin del régimen parlamentario y el
inicio y desarrollo del Chile mesocrático, en el que los sectores medios emergen como un activo
actor político y social. El modelo de desarrollo hacia fuera que había caracterizado a la economía
nacional desde mediados del siglo XIX, da paso al surgimiento de un modelo de desarrollo hacia
adentro, que tiene como pilar la industrialización, y posteriormente la implementación de grandes
reformas estructurales y planificaciones globales, como la reorganización de la minería y del agro
hacia finales del periodo estudiado. En materia social, gracias a los cambios en materia económica,
el desarrollo del Estado y el avance en materia educacional, los sectores medios comienzan a cobrar
un mayor desarrollo y visibilidad en el escenario político. Se desarrollan una serie de movimientos
de mujeres, trabajadores, jóvenes, estudiantes, que presionan por inclusión política, social y
económica de amplios sectores sociales excluidos de los estrechos límites de la república
oligárquica. En todo este extenso periodo se asiste a una transformación del Estado, que pasa de ser
un actor más bien pasivo en materia social y económica, a un activo ente regulador y promotor del
desarrollo económico nacional, un organismo regulador de las relaciones laborales, y un actor clave
en el diseño e implementación de políticas sociales que buscan responder a problemas que
comienzan a visibilizarse desde fines del siglo pasado.
–
El fin del régimen parlamentario: el tránsito del Chile oligárquico al Chile mesocrático
El período comprendido entre 1920 y 1938 constituye un periodo de “transición entre el Chile
oligárquico y el Chile mesocrático” (De Ramón 2003), en el que se inicia un proceso de
rectificación de las condiciones políticas, sociales y económicas que precipitaron cambios
importantes en la historia de Chile. Se amplían las bases sociales del Estado con la participación de
grupos medios y con la tibia adquisición de la conciencia de sus derechos por parte de las clases
bajas. Este cambio daría origen al período mesocrático, que se caracterizó por su apertura
democrática a través de la incorporación de nuevos sectores sociales, la modificación de la
Constitución política del país, la aprobación de una legislación social, y los cambios en materia
económica.
El triunfo de Alessandri (1920-1924), generó grandes expectativas y la esperanza de parte de los
sectores sociales más postergados de cambios. La represión, que había sido la forma de enfrentar
los conflictos sociales, no solo era reprobable sino que además había demostrado ser absolutamente
inoperante en el largo plazo. Alessandri veía entonces la aprobación de las leyes sociales la apertura
de un cauce legal para la resolución de los problemas sociales y el creciente conflicto social. Sin
embargo, el Parlamento seguía actuando como verdadero controlador del poder dando por hecho
294
que los presidentes debían someterse a su autoridad. En este escenario, el Congreso se opuso a las
reformas propuestas del Gobierno para enfrentar esta crisis y para legislar en materia social. A
cuatro años de su gobierno, el malestar social se incrementaba, junto con el desprestigio del sistema
político (Aylwin, Bascuñan, Correa, Gazmuri, Serrano & Tagle, 1990).
Fue producto de la presencia de oficiales del ejército en el Congreso quienes se presentaron para
expresar su molestia frente a la tramitación de leyes sobre las remuneraciones de empleados fiscales
y militares -“el ruido de sables”, hecho que “ponía fin a una larga historia de subordinación política
de los militares, la que había hecho de Chile una excepción en el concierto de naciones de América
Latina” (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle & Vicuña,, 2001, p. 94)- lo que logró, en acuerdo
con el presidente, la aprobación de la ley de Presupuesto, leyes relacionadas con los militares, y la
legislación social. Con posterioridad a la salida de Alessandri y la formación de una Junta de
Gobierno y el retorno de Alessandri, se promulga una nueva constitución en 1925 que puso fin al
régimen parlamentario, reforzó el poder el Ejecutivo, estableció su separación de la Iglesia, y lo
independizó del Congreso, organismo que vio limitada sus facultades fiscalizadoras.
La Constitución de 1925 estableció el sistema de votación
directa para las elecciones presidenciales, sustituyendo el
sistema de electores. Sin embargo, se mantuvo la exclusión
de las mujeres de este derecho. Cabe recordar lo reducido
del electorado, quienes además de ser solo hombres debían
tener más de 21 años, saber leer y escribir. En 1920, los
electores potenciales eran menos de 620.000 hombres, de
entre los cuales ejercía su derecho a voto solo aquellos que
voluntariamente se inscribían en los registros electorales. En
las elecciones de 1915 el número de inscritos fue menos del
50% de los potenciales electores. Ello explica que la relación
entre los electores y la población total variara entre un 4% y
un 5% en las elecciones parlamentarias que se llevaron a
cabo entre los años 1915 y 1924
Correa et al., 2001, p. 91.
La Constitución de 1925 estableció como tarea del Estado “velar por la protección del trabajo, la
industria y la previsión social, reconociendo a cada chileno un bienestar mínimo en cuanto a
habitación sana y condiciones económicas que permitieran la satisfacción de necesidades personales
y familiares” (Alywin et al., 1990, p. 105). Ello orientó las políticas públicas hasta el año 1973 bajo
los principios de universalización de los derechos individuales y colectivos, por supuesto, “al grado
de desarrollo que había alcanzado el pensamiento más avanzado de la época” (Vega, 2007, p, 237).
La principal consecuencia derivada de la aprobación de esta constitución fue la de otorgarles
responsabilidades y facultades al Estado para intervenir en la protección y promoción de las
condiciones de vida y trabajo de los grupos más desprotegidos y marginados de la sociedad. De allí
que este sea el periodo en que surgen políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades de
los más pobres, generar empleos y redistribuir el ingreso.
Una vez aprobada la constitución, las elecciones presidenciales de 1925 dieron por ganador a
Emiliano Figueroa, que representó la reacción de la oligarquía que luchaba por recuperar el poder
295
frente al creciente liderazgo del coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien dos años más tarde resultó
electo para la presidencia.
El coronel Ibáñez no admitió oposición ni critica, y en aras del “orden y el progreso” se deportó y
exilió a importantes figuras públicas, presidentes y parlamentarios de distintos partidos políticos,
miembros del Poder Judicial, dirigentes sindicales, militares críticos, se limitaron las libertades,
entre ellas la de prensa.
Se configuró así un gobierno dictatorial y “quizás el primer Estado policial en Chile, el cual
disponía de un cuerpo capaz de montar operaciones de vigilancia y de aplicar apremios para recabar
información” (Correa et al. 2001, p. 103). Esta dictadura fue parte del proceso de transición entre el
Chile oligárquico y el Chile mesocrático, proceso dentro del cual Ibáñez representa “una respuesta
autoritaria a la problemática de la incorporación a la vida política de nuevos sectores sociales, así
como las condiciones en que dicha incorporación había de materializarse” (Alcázar y Cáceres,
citado en De Ramón, 2003, p. 120).
Con la totalidad del poder en sus manos, Ibáñez se abocó a la tarea de transformar la organización
del Estado. Puso en marcha un vasto programa de políticas de fomento y de obras públicas, y por
primera vez el Estado comenzó un proceso de industrialización. Estas reformas no tenían “no sólo
una fundamentación sino una ideología que ponía el acento en virtudes como la capacidad y la
eficacia para referirse a las obras que ese gobierno pensaba realizar. Se trataba de una especie de
antiteoricismo que ponía el acento en una política pragmática que buscaba la eficiencia por sobre
todas las cosas” (De Ramón, 2003, p. 128).
La grave crisis económica del treinta gatilló la caída de Ibáñez, quien en las elecciones de 1931 es
sucedido por Juan Esteban Montero. Sin embargo la turbulencia económica, producto de la crisis, la
agitación política, y una intensa deliberación política de las Fuerzas Armadas, llevó a Montero a
renunciar frente a un nuevo movimiento de militares, ahora encabezados por Marmaduque Grove
que en 1932 formó una Junta de Gobierno y proclamó la República Socialista de Chile.
La pérdida de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, terminó con la República Socialista y con el
llamado a elecciones presidenciales en 1932, en las que resulta elegido, por segunda vez, Arturo
Alessandri.
En estas elecciones se hizo evidente la nueva composición que en adelante presentaría la
organización del cuadro político que se venía gestando desde la década del veinte. El cuadro
político se organiza en dos campos, izquierdas y derechas, que si bien en su interior albergan
diferentes grupos, constituyen dos campos contrapuestos y definidos.
Por otra pare, la crisis económica de 1929 propicio una reformulación de las doctrinas políticas. La
vulnerabilidad de toda la economía mundial frente a la especulación financiera, puso en tela de
juicio al régimen capitalista y el liberalismo. Los modelos que surgieron como alternativas fueron el
socialismo y el corporativismo, que tenían la común convicción de la necesidad de una mayor
participación del Estado en la sociedad.
Contando con un amplio respaldo de todos los sectores políticos, y con el apoyo de las milicias
republicanas, Alessandri inicia la reorganización del país y la estabilización de las nuevas
296
instituciones. Su segunda administración se caracterizó por una serie de acertadas medidas en
materia económica que permitieron enfrentar la crisis y reactivar la economía, así como por el uso
frecuente de las facultades extraordinarias que autorizaban al ejecutivo a someter a las personas a la
vigilancia, suspensión o restricción de derecho a reunión y la libertad de prensa, imponer censura
previa y realizar allanamientos. Dos sucesos expresan, en el ámbito de las reivindicaciones sociales,
la política adoptada: los sucesos de Ranquil, en 1934, que constituyen un hito en la lucha del
campesinado por sus tierras, y la matanza de estudiantes nazis en el edificio de la Caja del Seguro
Obrero, en 1938, en pleno centro de la capital.
–
Los gobiernos radicales
Dentro del proceso de transición de un Chile oligárquico a un Chile mesocrático, la formación del
Frente Popular y los tres gobiernos a los que esta alianza de radicales con partidos de izquierda dio
origen, constituyeron un momento fundamental. Esta alianza se gestó durante el segundo gobierno
de Alessandri, en un contexto de represión y hostilidad hacia las organizaciones de trabajadores, y
de importantes acontecimientos internacionales
El Frente Popular, más que una alianza ofensiva fue una “respuesta defensiva” de parte de
comunistas y socialistas y radicales para enfrentar con mayores posibilidades de éxito las elecciones
parlamentarias de 1937 y las presidenciales de 1938.
El Frente Popular gana las elecciones de 1938 con su candidato Pedro Aguirre Cerda (1938-1941),
con lo cual se abre un período de catorce años caracterizados por el predominio del Partido Radical
y por la estabilidad del sistema político. Y aunque debido a las constantes desavenencias entre
socialistas y comunistas el Frente Popular como alianza dejo de existir formalmente en 1941, dicho
término se usa para referirse a las diversas coaliciones formadas por combinaciones de radicales,
socialistas y comunistas, que apoyaron las candidaturas tanto de Aguirre Cerda, como sus
sucesores, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. También se les ha denominado Estado de
Compromiso, término que da cuenta de la composición plural en lo político e ideológico y de la
capacidad para articular intereses en pugna mediante la negociación.
·
Las políticas sociales: el Estado proveedor
El Frente Popular planteó que por medio de la acción del Estado sería posible superar la débil
estructura productiva del país, la dependencia de las economías extranjeras y la sujeción absoluta a
la tecnología producida en el extranjero, y de esa forma mejorar las condiciones de vida de la
población. Se asiste entonces a una progresiva expansión y diversificación del rol económico del
Estado.
Esta creciente injerencia del Estado en materia económica fue acompañada de una mayor
intervención en la esfera social. Frente a la insuficiencia de las políticas de protección a las clases
más pobres, aprobadas a comienzos de siglo XX, se elaboraron disposiciones de carácter más global
que incluyeron políticas en materia de salud, vivienda, educación y previsión que pudieran
responder a las crecientes demandas sociales. Se buscó fortalecer el aparato institucional en la
atención a las necesidades más apremiantes de la población, principalmente sectores populares
urbanos pero también de una creciente clase media, a fin de evitar estallidos sociales.
297
Ello condujo a lo que se ha denominado Estado proveedor, “que se distinguía por priorizar la
protección y los cuidados básicos de la población mediante la inversión de altos porcentajes del
presupuesto fiscal en todo tipo de materias de beneficio social, lo que devino en un fuerte
asistencialismo estatal. Entre la década de 1930 y 1950, el Estado chileno más que triplicó la
inversión del gasto fiscal en los programas sociales, cuya puesta en marcha supuso también un
notable incremento del personal burocrático ocupado en tales actividades. (…) si en 1925 el Estado
destinaba solo el 2.1% del Producto Geográfico Bruto al gasto público social, en 1945 este
porcentaje se había elevado a un 8.0%, y a un 14.9% en 1955” (Correa 2001 et al., pp. 149-150).
Otro indicador de este proceso en el aumento de la proporción de empleados del sector social sobre
el total del empleo fiscal: de 1.3% en 1925, 13.5% en 1935, y 31.7% en 1955.
Las políticas sociales si bien asumieron un carácter más general, estuvieron dirigidas
preferentemente hacia aquellos sectores de trabajadores organizados en sindicatos o gremios con
capacidad de presión política.
El mayor gasto social se verificó en materia de previsión social. Mientras en 1935 el porcentaje del
gasto fiscal social destinado a esta materia alcanzaba un 10%, en 1945 llegó a un 26.9% y en 1955
alcanzó un 28.5%. Este aumento se tradujo en asignaciones familiares y subsidios de cesantía,
pensiones por antigüedad, invalidez y muerte para los empleados particulares, subsidios de
maternidad otorgados a los hijos legítimos y eventualmente a los naturales reconocidos, pero nunca
a los ilegítimos. Esto con el propósito de fortalecer por medio de las políticas públicas, a la familia
legalmente constituida como pilar del orden social.
El sector salud experimentó un alto incremento. En 1938 se organizaron los servicios destinados a
ofrecer cuidado médico preventivo a los trabajadores, extendiendo este beneficio en el caso de los
obreros, a la atención curativa de la madre y el niño. En 1952 se crea el Servicio Nacional de Salud
(SNS) a través del cual se otorgaba atención médica a todas las familias de los trabajadores (obreros
y empleados), lo que aumentó el gasto del sector en un ciento por ciento. El financiamiento de este
sistema de salud así como del previsional se basó en los aportes obligatorios de empleadores y
trabajadores, además de las contribuciones estatales en el caso de los obreros.
En materia educacional, continúa el aumento del número de matriculados en la educación primaria,
secundaria y universitaria. La gratuidad de la educación en todos sus niveles sin duda que favoreció
en este incremento. En 1953 se crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar que asistía con alimentos
y útiles a los estudiantes de los sectores más pobres. En respuesta a las necesidades que emergían
del impulso industrializador, en1947 se crea la Universidad Técnica del Estado de la fusión de
diferentes entidades19.
Otra área importante a la que se dirigió la acción estatal fue la construcción de viviendas, cuya
escasez representaba uno de los principales problemas sociales denunciados desde comienzos de
siglo XX. Un estudio de la Asociación de Arquitectos realizado en 1934 indica que “1° Que la
tercera parte de la población en Santiago y asimismo de todo el país vive en viviendas malsanas. 2°
Que un millón quinientos mil chilenos carecen de viviendas; y 3° Que hay necesidad de construir
300.000 viviendas higiénicas” (citado en Veneros, 126). Otros estudios indicaban que en la época
19
La Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Ingenieros Industriales, las Escuelas de Minas de Copiapó y La Serena, las Escuelas
Industriales de Concepción, Valdivia y Temuco, y el Instituto Pedagógico Técnico (Correa et al., 2001, p. 151).
298
más de la mitad de las viviendas concentraba a 5 y 6 personas por piezas, y más de dos individuos
por cama. En general, conventillos, ranchos y mediaguas carecían de servicios básicos, lo que
creaba un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades epidémicas y la tuberculosis.
En 1936 se creó la Caja de Habitación Popular, la creación en 1939 a raíz del terremoto de la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio, y en 1949 el Comité (luego Fundación) de Viviendas de
Emergencia. Los programas habitacionales de gobierno –como sucedió con el resto de programas
sociales estatales- favoreció a los segmentos más organizados de los trabajadores, y entre ello. Se
construyeron numerosas viviendas para empleados particulares y obreros, cuyos diseños
arquitectónicos “ponían de manifiesto un sentido culturalmente democratizador, apreciable en la
homogeneización y simplificación de las mismas” (Correa et al. 2001, p. 152). A pesar de estos
importantes esfuerzos, aún en el gobierno de González Videla se evidencia un serio problema
habitacional
·
Las políticas familiares del Frente Popular: ideales y conductas de género como
políticas de Estado20
Los gobiernos radicales desarrollaron políticas de familia en base a una determinada concepción de
familia, un modelo de vida doméstica y de identidades y relaciones de género. Si bien estos
modelos no fueron creados por los gobiernos radicales, ellos se tradujeron en políticas de estado,
programas, instituciones y campañas educativas que buscaban convencer y educar, más que
reprimir, a hombres y mujeres en relación a la formación de familias y la distribución sexual del
trabajo.
Las diversas iniciativas emprendidas por los gobiernos radicales, fomentaron la formación de
familias legales, el matrimonio civil monógamo e indisoluble, asegurando de ese modo una
descendencia legítima, la presencia de padre proveedor familiar, de una mujer madre y dueña de
casa.
Ser un buen proveedor, confiable y responsable, era central en las normas dirigidas a los hombres
establecidas por los aparatos estatales. Ello suponía no abandonar a las familias, y actuar como
padres responsables que no despilfarraban los salarios en juegos y “tomateras”, lo que les permitiría
al mismo tiempo “ser trabajadores laboriosos y buenos ciudadanos” (Rosemblatt, 1995, p. 92). En
el caso de las mujeres, ellas debían tener como tarea más importante la crianza de los hijos, futuros
ciudadanos y trabajadores.
Este modelo familiar impulsado por las instituciones estatales incrementó el apoyo ciudadano al
gobierno. El movimiento obrero apoyó el discurso dirigido a los hombres que reforzaba su papel
como principal proveedor familiar, con lo cual podía pedir salarios familiares más altos. Por su
parte, las mujeres buscaron la intervención de las visitadoras sociales para ayudarlas a enfrentar la
irresponsabilidad de sus maridos. Y los empresarios vieron en estas iniciativas una manera de tener
trabajadores más estables y responsables.
20
Esta sección sobre las políticas del Frente Popular está basad en el trabajo de Karin Rosemblatt (1995) “Por un hogar bien
constituido. El Estado y su política familiar en los Frentes Populares”, en Godoy, Hutchison, Rosemblatt, Zárate coords. Disciplina y
Desacato. SUR-CEDEM: Santiago de Chile.
299
El sistema legal y el sistema de seguridad social incentivaban la estabilidad familiar y la
legalización de los vínculos familiares en la medida que el acceso a servicios de salud o vivienda,
estaban sujetos a la conformación legal de las familias.
La ley de medicina preventiva de 1938 establecía que los trabajadores casados y viudos, hombres y
mujeres, tenían derecho a un subsidio equivalente al 75 por ciento de su salario si se ausentaban del
trabajo por enfermedad, en tanto para los solteros, solo al 50 por ciento. Y aunque el pago
obligatorio de asignaciones familiares solo se hizo efectivo en 1952, desde 1934 diferentes políticos
plantearon la necesidad del pago de subsidios a los trabajadores por sus hijos legalmente
reconocidos, sus esposas y sus esposos discapacitados. Incluso profesionales del área de bienestar
del Estado y de fuera de él, abogaron por el pago de salarios familiares.
Respecto del sistema de seguridad social, la Caja de Seguro Obligatorio (CSO) daba atención
médica a los hijos menores de dos años de los asegurados y cuidados prenatales a sus esposas.
Además, se otorgaban pensiones a las viudas y los huérfanos de los asegurados. Pero para tener
acceso a todas estas prestaciones “se exigía a los asegurados formalizar sus lazos de parentesco”
(Rosemblatt, 1995, p. 95). Y aunque los sectores populares organizados lucharon por extender los
beneficios a los parientes no legítimos, en el corto plazo la formalización legal de los lazos
familiares era el medio más expedito para lograr el acceso a esos recursos” (Rosemblatt, 1995, p.
95).
En materia de vivienda, la Caja de Habitación Popular tendía a premiar “a aquellas familias ideales,
“decentes”, legalmente constituidas, libre de enfermedades infecto-contagiosas y receptoras de
ingreso estable” (Veneros, 199, p. 127).
o Profesionales del área de bienestar
El trabajo de las visitadoras sociales resultó ser clave para la implementación de estas medidas.
Considerada como una de las profesiones más atractivas para las mujeres en la década del cuarenta,
(a comienzo de 1950 existían cuatro escuelas, la de la Beneficencia; la escuela “Elvira Matte de
Cruchaga”, de la Universidad Católica; la Escuela del Ministerio de Educación: y la escuela “Lucio
Córdova” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativas de la Universidad e Chile), se
definió como “la profesión de la mujer moderna”, la que sin disputar con los ámbitos masculinos,
“aspiraba a dotar a sus agentes de una formación científica conforme a los imperativos de la
modernidad” (Veneros, 1998, p. 130).
Creado el Departamento de visitadoras sociales del Servicio Social del Trabajo, dependiente de la
Presidencia de la República, que atendían los talleres de capacitación para el trabajo y hacían visitas
en terreno (Veneros, 1998).
Las visitadoras y otros profesionales de las distintas agencias de bienestar, ofrecían incentivos
materiales a quienes cumplían con las normas de vida familiar y legalizaban sus lazos de
parentesco. Por su parte, hombres y mujeres tenían sus razones para colaborar con estos
profesionales. Las visitadoras eran quienes podían orientarlos en las complejas operaciones
burocráticas que tenían que realizar para acceder a las prestaciones; muchas mujeres vieron en las
visitadoras y otros profesionales del Estado una ayuda para hacer de los hombres padres, esposos y
proveedores responsables, en especial considerando los menores ingresos que ellas percibían.
300
De este modo, “el Estado ofrecía servicios y asistencia material de proporciones nada modestas,
pero utilizaba esa ayuda material para estimular determinados comportamientos sexuales y ciertos
tipos de relaciones familiares, y desincentivar otros” (Rosemblatt, 1995, p. 95)
o Formar padres trabajadores y madres modelo
El Estado hizo grandes esfuerzos por definir la masculinidad en términos de las obligaciones
familiares, del deber de los hombres de proveer y cuidar de su esposa e hijos. Sin embargo, este
proyecto de vida familiar fue fuertemente resistido por los hombres, quienes estaban habituados a
migrar en busca de mejores oportunidades de empleo, a establecer relaciones afectivas “con
frecuencia fugaces” (Rosemblatt, 1995, p. 96). La autonomía era para ellos más importante que la
estabilidad laboral o sus responsabilidades familiares.
Uno de estos esfuerzos fueron las agresivas campañas desarrolladas por el Estado para erradicar el
consumo excesivo de alcohol, campañas que alcanzaron alta popularidad entre empresarios,
dirigentes políticos y sindicales, profesionales y grupos de mujeres (Rosemblatt, 1995).
El Estado, también promovió actividades recreativas sanas. En 1947 se creó el Departamento de
Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres para fomentar actividades sanas que
podían ser realizadas en familia. La CSO creó la Defensa de la Raza, y ambos organismos
contribuyeron a la creación de centros cívicos en Santiago y Valparaíso, los cuales disponían de
salas de juego, auspiciaban la formación de grupos deportivos, restoranes populares, bares lácteos,
grupos de teatro, enseñaban artesanías, alfabetizaban y daban charlas.
En el caso de las mujeres, las profesionales del área de bienestar promovieron “una identidad
femenina cuyo centro era la maternidad” (Rosemblatt, 1995, p.100) fomentando que esta fuera la
principal actividad de las mujeres y de paso desincentivaban su ingreso al mercado laboral. La
principal actividad de las mujeres debía ser el cuidado de los hijos, el trabajo doméstico y la
mantención de las relaciones armoniosas dentro del hogar que aumentarían su estabilidad y
tranquilidad. Los cursos de economía doméstica ofrecidos por la Asociación de Dueñas de Casa
ayudaban a este propósito, estimulaban la formación de buenas esposas y dueñas de casa, y a través
de las clases de economía doméstica, sugería que en vez de participar en marchas contra la carestía
de la vida o demandar aumento de sueldos para ellas o sus maridos, lo que tenían que hacer las
mujeres era “aprender a distribuir el ingreso familiar de mejor forma” (Rosemblatt, 1995, p. 102)
Además de estas clases, el Estado emprendió campañas de higiene y puericultura que buscaban
mejorar las condiciones de vida de los niños, la salud de la clase trabajadora y, de paso, delinear por
medio de esta educación sanitaria, comportamientos adecuados para las madres. Para ello se crearon
centros de madres en los consultorios de la CSO y Escuelas de Madres en los más grandes de
Santiago que ofrecían cursos que entregaban nociones científicas a las mujeres de higiene y
puericultura, y cuya asistencia era condición para acceder a las prestaciones médicas y algunas
ayudas materiales.
–
La emergencia y consolidación de las clases medias
301
Durante la década de 1920 se evidenció una importante transformación social caracterizada por la
pérdida de prestigio y poder de la oligarquía y la consolidación de la clase media.
Diversos factores explican esta importante transformación: el proceso de urbanización, la expansión
del aparato estatal, el avance en materia de educación y la progresiva terciarización de las
actividades económicas. Hasta fines de siglo XIX, en una sociedad rural, los sectores medios
estaban constituidos por los descendientes empobrecidos de los antiguos conquistadores, mestizos
privilegiados, funcionarios y artesanos radicados en las ciudades, y posteriormente inmigrantes y
colonos extranjeros y funcionarios estatales. Se trataba de un muy variado grupo de profesionales,
profesores, burócratas, militares, pequeños comerciantes y empresarios, técnicos, artistas; que
habían accedido a la educación, que vivía de un salario
La ampliación de la función proveedora del Estado durante las décadas intermedias del siglo,
permitieron un considerable mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los grupos
medios; la legislación laboral, por ejemplo, tendió a favorecer más a los empleados que a los
obreros: los empleados de oficinas generalmente recibían beneficios familiares y por desempleo
más altos que los obreros. El crecimiento de la burocracia pública y privada producto del desarrollo
económico y el progresivo aumento de las competencias del estado, y la expansión del sistema
público de enseñanza, fueron otros factores. La creación de la CORFO, al privilegiar las
competencias técnicas elevó el prestigio de los profesionales, especialmente ingenieros,
“habilitados para constituirse en agentes de modernización” (Correa, et al., 2003, p. 160). La
creación de gremios y de agrupaciones de profesionales “hablan de la creciente capacidad para
organizarse que tuvieron los sectores más ilustrados de los estratos medios, y de sus consiguientes
avances a la hora de incidir en la opinión pública, interactuar provechosamente con los agentes del
Estado, y aunar intereses con los representantes del Estado (…)” (Ibíd.).
Respecto de las clases populares, el impulso a la industrialización y la declinación de la actividad
salitrera como motor de la economía, incidieron directamente en la conformación de dichos
sectores. El proletariado industrial, aquel sector que pudo incorporarse a un empleo estable en las
áreas fabriles y en la construcción, experimentó un notable crecimiento: de 84.991 en 1926, a
287.872 en 1940, y a 389.700 en 1949 (Correa et al. 2001, p. 162). Estos sectores, a diferencia de lo
sucedido con artesanos y trabajadores en empleos informales, comerciantes minoristas y obreros de
pequeñas industrias y bajas remuneraciones, accedieron a grados de seguridad social, a través de la
promulgación del Código del Trabajo (1931), la creación de la Caja de Habitación Popular (1936) y
la organización de servicios de atención médica preventiva en 1938. Además, tuvieron una activa
participación política a través de organizaciones y sindicatos. De este modo, el acceso a la vivienda,
educación, salud, previsión, “quedaba supeditada a la participación estructurada y orgánica de los
trabajadores” (Correa, 2001, p. 162). Fueron estos sectores los que establecieron una tácita alianza
con el Frente Popular a través de la Confederación de Trabajadores de Chile.
Los sectores populares de las zonas rurales fueron excluidos de las políticas dirigidas a los obreros
urbanos e impedidos prácticamente de formar sindicatos. A ello se suma la reducción de las masas
de peones que transitaban entre el campo y la ciudad producto del proceso de inquilinización
desarrollado en la primera mitad del siglo XX, el cual al mismo tiempo que aumentó el arraigo a la
tierra del campesinado, redujo la población inquilina producto de la inmigración.
302
– La expansión de la enseñanza —
En 1920 se hizo obligatoria la educación primaria (cuatro
años). En 1927 se extendió la educación primaria (de 4 a 6
años), la tuición de la educación secundaria pasó al
Ministerio de Educación. La educación superior, por su
parte, se reorganizó. La enseñanza de las universidades
particulares (4) reconocidas legalmente debían seguir los
programas de la Universidad de Chile y sus alumnos debían
rendir exámenes ante comisiones nombradas por ésta para
que sus títulos y grados tuvieran el mismo valor que los de
dicha universidad.
Sin acceso a grupos de decisión, y sin haber logrado crear expresiones políticas efectivas, este
heterogéneo sector a partir de 1920 comienza a adquirir conciencia de clase lo que reorientaría su
accionar hacia una transformación radical de la estructura social (Alywin et al., 1990).
Algunos rasgos que caracterizaron su acción política fueron el sentido nacionalista e igualitario, el
anticlericalismo, estatismo y desarrollismo, y la solidaridad en diversas ocasiones con los sectores
populares. Profesaban el socialismo de Estado y hacían suya la causa de los marginados del sistema.
En sus centros se reunía la avanzada anarquista obrera, militantes socialistas, sindicalistas,
profesionales y estudiantes, artistas e intelectuales.
–
El movimiento de mujeres
La mayor complejidad de la sociedad a la que se asiste desde la década del veinte, tiene como una
de sus expresiones más distintivas la mayor presencia de mujeres en el ámbito público. Desde fines
de siglo XIX, las mujeres chilenas habían comenzado a ingresar a la universidad, y entre 1910 y
1950 se habían graduado en la Universidad de Chile 8.377 mujeres (Correa et al., 2001). De ellas un
93% correspondió a carreras vinculadas al área de educación, salud y bienestar social.
La década del veinte se caracteriza por la creación de las organizaciones más importantes del
movimiento feminista en Chile: el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH)
y la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), que en conjunto con otras
organizaciones desarrollaron una creciente movilización femenina en torno a sus derechos políticos
y a una serie de problemas nacionales.
La asociatividad de mujeres y la incipiente conciencia de los problemas compartidos que se advierte
desde fines del siglo XIX y primeros años del XX, desde mediados de la década del veinte y hasta
mediados de los cuarenta se consolida y da origen a una serie de organizaciones que adquieren
carácter nacional. Gaviola, Jiles, Lopresti y Rojas (1986) distinguen principalmente tres tipos de
organizaciones que si bien tenían objetivos distintos, distinguieron metas comunes y contribuyeron
a elevar la participación de las mujeres: las organizaciones de beneficencia que venían
desarrollándose desde las últimas décadas del siglo XIX, las de tipo religioso, deportivas, culturales
303
y sociales; las organizaciones político-reivindicativas que persiguieron la plenitud de derechos
civiles y políticos de las mujeres; y las secciones femeninas de los partidos políticos.
Junto con la creación de diversas organizaciones, otra característica del período fueron las
movilizaciones masivas de las mujeres, marcando su inicio la concentración de mujeres en las calles
y teatros para apoyar la candidatura de Juan Esteban Montero, en 1931. Desde estas movilizaciones
y hasta 1935, las acciones son breves y responden a motivaciones más bien coyunturales. Sin
embargo, tuvieron como uno de sus principales logros, la obtención del derecho a voto en las
elecciones municipales en 193521. Gaviola et al. (1986) indica que lo incierto del comportamiento
electoral de las mujeres, hizo que los partidos políticos prefirieran concederles el sufragio municipal
como una suerte de ensayo que permitiría observar hacia quienes se inclinaba la votación femenina.
Junto con ello, la concepción de la administración municipal como un ámbito más afín a los roles
tradicionalmente desempeñados por mujeres, en el cual las preocupaciones versaban sobre el aseo,
salubridad, jardines, abaratamiento de la subsistencia, etc., lo hacía más propicio como primera
experiencia de las mujeres en el mundo político.
El carácter más coyuntural de estas movilizaciones cambia con la creación del MEMCH (1935) y
posteriormente de la FECHIF (1944), bajo cuyas direcciones, el movimiento alcanzó una
orientación clara, una línea de acción definida y alto nivel de articulación.
·
El Movimiento de Pro- Emancipación de la Mujer Chilena
El MEMCH es sin duda una de las organizaciones más importantes del movimiento de mujeres del
siglo XX. Surgida en el contexto de la crisis de los años treinta, se propuso la “liberación social,
económica y legal de la mujer” (Antezana-Pernet, 1997, p. 53). Muchos de sus elementos
característicos diferencian a las organizaciones femeninas anteriores y contemporáneas a él. El
término “emancipación”, que suscitó una discusión entre las fundadoras, aludía a la necesidad de
rechazar ciertas normas tradicionales asociadas a la feminidad. El término “feminismo” había
perdido combatividad a mediados de los años treinta y con frecuencia significaba
fundamentalmente la defensa de los derechos de la mujer para asegurar su participación en la vida
pública. Para mujeres conservadoras como Adela Edwards de Salas, el feminismo significaba “el
activismo de las mujeres de clase alta para presionar por mejores condiciones morales y sociales
para las mujeres de la clase obrera dentro del marco de la familia patriarcal” (Antezana-Pernet,
1997, p. 90). De allí que se haya optado por el término emancipación. Y aunque en las diversas
campañas, las memchistas apelaron a la identidad femenina en torno a la familia y la maternidad,
trataron de problematizarlas y darles un nuevo significado y presentar identidades alternativas.
21
Los datos entregados por Gaviola et al. (1986) respecto de la participación de mujeres en estas elecciones es el siguiente. En las
elecciones municipales de 1935, votó un 9% del total de los potenciales nuevos votantes, que además de las mujeres incluía a los
extranjeros que por primera vez pueden votar. Se presentaron 98 mujeres como candidatas, de las cuales 25 salieron electas (16 del
partido Conservador, 5 liberales, 2 radicales, 1 demócrata y 1 independiente). En las elecciones municipales de 1938, votó el mismo
número de mujeres que en 1935 (74.759, frente a un total de 410 mil hombres). Se presentaron 40 candidaturas de mujeres, de ellas
16 correspondían a Santiago, abarcando a conservadores, liberales, radicales, demócratas, socialistas y comunistas. No hay datos
respecto a quienes resultaron elegidas. La elección de 1941 se presentaron candidatas de los sectores conservadores, falangistas y de
izquierda, de hecho se presentó a la representante del MEMCH Graciela Mandujano. Por Santiago solo resultó electa la candidata
conservadora. En la elección de 1944 el número de mujeres inscritas en los registros electorales no supera el 8% del total de votantes
potenciales. En las elecciones municipales de 1947, las militantes comunistas sobresalieron por las campañas realizadas. Se
presentaron cuatro candidatas por Santiago y otras por distintas localidades del país. Julieta Campusano resulto electa por Santiago.
304
Otra de las características del MEMCH es su carácter multiclasista. Como lo señalaba en su
declaración de principios, aspiraba a convertirse en una “amplia organización de carácter nacional
que agrupara a mujeres de todas las tendencias ideológicas que estén dispuestas a luchar por la
liberación biológica, social, económica y jurídica de la mujer” (Estatutos del MEMCH, 1938, citado
en Gaviola, et al. 1986). La membresía de base estaba formada principalmente por obreras, una
minoría eran mujeres de clases medias, muchas profesionales y empleadas, y la directiva nacional,
mayoritariamente por mujeres profesionales. Entonces, la mayoría de las adherentes eran mujeres
trabajadoras de distintas clases sociales, siendo muy escasa la presencia de mujeres amas de casa, a
pesar de los esfuerzos desplegados por la organización para integrarlas.
Junto con ello, constituyó la primera organización de mujeres político-reivindicativa que logró
masividad, continuidad y representación a nivel nacional. Se articuló en comités locales (mínimo 10
personas) en cualquier comuna, ciudad o departamento, los que hacia 1940 sumaban 42 desde Arica
a Valdivia (Gaviola, et al., 1986).
Las campañas desarrolladas por el MEMCH inauguraron un método de acción política que le sería
característico: la concentración de mujeres en grandes teatros. Estas campañas se dirigieron a temas
de importancia nacional, de interés de mujeres trabajadoras y dueñas de casa. El trabajo remunerado
de las mujeres fue uno de estos temas. Muchas dirigentes consideraron que la independencia
económica de las mujeres era condición sine qua non para la emancipación de las mujeres. En este
sentido, y desde un enfoque radicalmente opuesto a las tradicionales formas de concebir los roles
femeninos, apelaron por la igualdad de salarios para hombres y mujeres, salarios mínimos
establecidos de acuerdo al tipo de trabajo y no según el sexo del trabajador (solo tenían acceso a
ellos los hombres), y el derecho de las mujer a ingresar al mercado laboral.
La escasez y altos precios de los alimentos, constituía un serio problema nacional. Por ello, el ato
costo de la vida fue motivo de diversas campañas que permitía al MEMCH movilizar a mujeres
populares o de clases medias que no necesariamente estaban interesadas en los derechos políticos o
laborales de las mujeres. Aunque en estas campañas el MEMCH apelaba a la tradicional función
materna, lo hacía también para problematizarla, cuestionando su carácter de destino natural para las
mujeres. En especial, mostraba la crítica situación de las madres de la clase obrera, proponiendo
como caminos para su mejoramiento, mejores salarios y menos hijos. Para ello era imperativo,
además de las campañas por los derechos laborales, que se les diese la posibilidad a las mujeres de
controlar su fertilidad. De este modo, el MEMCH buscaba “liberar a las mujeres de la maternidad
obligada por medio de la divulgación de métodos anticonceptivos y una regulación científica y legal
del aborto” (Programa del Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena 1935, citado en
Antezana-Pernet, 1997, p. 118). Junto con ello, se sugirió la necesidad de entregar educación sexual
“científica y sin falsa moralidad a los niños y niñas en la escuela” (MEMCH Antología, citado en
Antezana-Pernet, 1997, p. 119).
Entre 1936 y 1939, la Guerra Civil Española y la amenaza de una guerra de grandes proporciones,
motivó la movilización del MEMCH y de otras organizaciones de mujeres que hacían suyas la
defensa de la paz y la democracia. Por eso, fueron frecuentes los actos de solidaridad con las
mujeres españolas y se realizaron enormes campañas para ayudar con vestuario y alimentos a los
niños de la República Española.
305
Aunque en sus primeras manifestaciones públicas, el tema de los derechos políticos de las mujeres
no fue tan importante, paulatinamente fue cobrando centralidad. En 1941, se realiza el primer acto
que tuvo como motivo exclusivo el voto político de las mujeres, patrocinado por el Comité Pro
Derechos de la Mujer y en el que participó el MEMCH, la Falange Nacional, el Partido Radical y
algunas representaciones obreras. Dicho acto marcó el comienzo del impulso final en la larga lucha
por los derechos políticos de las mujeres.
En 1944, el MEMCH convocó a una segunda concentración que tenía por propósito abogar por el
derecho a voto de las mujeres, y ese mismo año se organizó el Primer Congreso Nacional de
Mujeres que reunió cerca de 400 delegadas de todo el país y de distintas afiliaciones políticas y
religiosas. El evento dio origen a la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF) que
agrupó a todas las organizaciones de mujeres y que jugaría un rol central en la obtención del
derecho a voto de las mujeres. A partir de 1946, las diversas organizaciones femeninas articuladas a
través de la FECHIF comienzan una campaña masiva, concentraciones y actos en las distintas
localidades del país, gracias a la creación de filiales de la FECHIF en distintos puntos del país,
organizadas en su mayoría por el MEMCH; así como el envío de notas a los respectivos
parlamentarios, con el fin de obtener la aprobación del proyecto de derecho a voto político para las
mujeres que se estaba discutiendo.
El año 1946 marca el inicio de una intensa discusión en el Senado, del proyecto de ley que otorgaba
derechos políticos a las mujeres y el movimiento feminista chileno alcanza “su plena madurez”
(Gaviola et al., 1986). Ese año se incorpora al movimiento el Partido Femenino Chileno, que como
otras organizaciones de mujeres expresaba una visión purificadora del ingreso de las mujeres a la
política; y al año siguiente se constituye el Comité Unido Pro-Voto Femenino con el objeto de
iniciar una campaña a nivel nacional para apresurar la aprobación de la ley de derechos a voto
femenino.
En septiembre de 1947 la FECHIF convoca al II Congreso Nacional de Mujeres, presidido por
Amanda Labarca y que contó con la participación de 270 delegadas de todo el país. En sus
conclusiones, el Congreso se pronunció en contra de una serie de asuntos: en contra de las
facultades extraordinarias del presidente, a favor de un salario sin distinción de sexo, de la
protección del trabajo a domicilio y de la jubilación al cabo de 15 años de servicio, se postuló
contra la carestía de la vida y la inflación. Pero uno de los acuerdos más importante fue el impulso a
la campaña a favor del despacho de la ley de voto político.
Finalmente, en diciembre de 1948 se despacha el proyecto de ley para su último trámite en el
Senado. Esto ocurre en el contexto de un deteriorado gobierno de Videla, especialmente por la
ilegalización del Partido Comunista ocurrida ese mismo año. Promulgar la ley no solo le permitiría
cumplir con los compromisos adquiridos con las mujeres, organismos internacionales, “implicaba
también, y fundamentalmente, buscar una vía de solución a las acusaciones sobre el deterioro de la
democracia, abriendo paso a una nueva fuerza política que se suponía pura, no contaminada,
renovada” (Gaviola et al., 1986, p. 127).
La celebración de la conquista obtenida fue seguida en lo inmediato de la realización de una serie
de actividades por parte de las organizaciones de mujeres, dirigidas a lograr la inscripción de
mujeres en los registros electorales: afiches en tranvías y autobuses que llamaban a las mujeres a
cumplir con su deber cívico, comisiones que explicaron en sindicatos la forma de hacer efectivo el
306
nuevo derecho obtenido, la radio fue una medio para llamar a las mujeres a inscribirse, se solicitó al
Gabinete de Identificación que las cédulas de identidad necesarias para la inscripción, pudieran
obtenerse fácilmente y a bajos costos en especial, para las mujeres obreras. Las secciones femeninas
de los partidos liberal y radical, así como el Partido Femenino Chileno, llamaron a las mujeres a
inscribirse en los registros.
Sin embargo, luego de todo el trabajo realizado, y de la enorme movilización y articulación
alcanzada por las organizaciones de mujeres, la actividad declina y posteriormente el movimiento
desaparece. Gaviola et al. (1986) plantean tres factores que ayudan a entender en parte su
desaparición. La proscripción del Partido Comunista, que afectó a las simpatizantes y militantes
comunistas que eran parte de la FECHIF y que se retiraron por la actitud indiferente de la
federación ante esta medida; la migración de muchas de sus integrantes a los partidos políticos; y
las disputas internas en relación a convertir la organización en el principal referente de las mujeres
obreras o mantener la amplitud social, política y religiosa que había caracterizado a la institución.
Así, las numerosas manifestaciones llevadas a cabo por mujeres desde fines de la década del veinte,
que dieron origen a un movimiento cada vez más articulado en torno a los derechos políticos de las
mujeres, parecen haber llegado al fin de una etapa luego de la elección presidencial de 1952, la
primera en la cual las mujeres votan. En ella, si bien aumentó el número de mujeres votantes en
relación a lo sucedido en las elecciones municipales, su participación aún mostraba una distancia
respecto a la participación de los hombres: de los votantes un 68% era hombre y un 32% mujeres.
·
Los problemas sociales
El estancamiento económico de la industria y especialmente del agro, la persistente inflación, que
constituyeron los problemas económicos más serios del período, fueron acompañados de una
explosión demográfica, una acelerada urbanización y del surgimiento de problemas habitacionales.
Los avances de la medicina y las prestaciones estatales en salud, permitieron mejorar los niveles de
salud y produjeron una disminución de las tasas de mortalidad, que fue acompañada de la
mantención de altos índices de natalidad. La creación del Servicio Nacional de Salud (1952) y la
ampliación de los beneficios del sistema de seguridad social, así como la labor de organizaciones
preocupadas del cuidado de la infancia, permitieron mejorar el cuidado prenatal, introducir
antibióticos, implementar programas para eliminar la tuberculosis (la mayor causa aislada de
muerte). Ello produjo un aumento de la población de 5.9 millones de habitantes en 1950, a 7.4
millones en 1960, y un aumento de las expectativas de vida (las mujeres de 37,7 a 53.8 años, y los
hombres de 35,4 a 49.8 años).
A ello se suma el proceso de creciente urbanización que venía ocurriendo en el país desde la
década del treinta, momento en el cual las ciudades grandes y pequeñas fueron los lugares donde
pasaron a residir la mayor parte de la población. En esos años, la capital donde se concentraba una
amplia gama de actividades y servicios, experimentó un acelerado crecimiento de su población y de
su extensión, como lo muestra el Cuadro 1.
307
Cuadro 1. Crecimiento de la ciudad de Santiago
Población
Extensión
Año
Nº
Año
Hectáreas área
urbana
1930
952.075
1930
6.500
1952
1.350.409
1960
20.900
1960
1.907.378
Fuente: Correa et al. 2001.
Sin duda que la migración interna fue una de las principales causas de este acelerado crecimiento:
entre 1930 y 1950 ella aportó la mitad de los nuevos habitantes de Santiago, y en 1940 más de 20
mil migrantes llegaban a la ciudad al año. Junto con ello, el progreso de los transportes públicos
desde mediados de los cuarenta y el paulatino aumento de los automóviles, permitió el desarrollo de
barrios residenciales nuevos. Por ello ya en 1960 se implementa un Plan Intercomunal que
permitieran enfrentar las necesidades de la formación del “Gran Santiago” (Correa et al., 2001).
Esta expansión de las ciudades, acentuó las distancias con el mundo rural; eran las ciudades, y no el
campo, el escenario de los cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos. Pero al ocurrir en
un momento de estancamiento económico, esta migración acentuó la pobreza de las ciudades.
Como se ha señalado, los migrantes que arribaban a Santiago en busca de oportunidades laborales,
se encontraban con una ciudad que no estaba preparada para recibirlos. Y es que ni el empleo ni la
vivienda podían responder al ritmo de la migración rural. Por ello, en sitios desocupados, fiscales o
privados, comienzan a aparecer ‘de la noche a la mañana’, las denominadas poblaciones callampas,
formadas por viviendas construidas con materiales de desecho, en terrenos no urbanizados, sin
servicios básicos (agua, electricidad, servicios de salud), que albergaba a una heterogénea población
formada de migrantes rurales, obreros de pequeñas industrias no sindicalizados y de todos quienes
no podían arrendar una vivienda digna, cada vez más escasas (Correa et al. 2001).
De acuerdo a lo indicado por el Primer Censo Nacional de Vivienda realizado en 1952, un 11% de
los obreros vivía en conventillo (aún sin demoler), y un 13% (casi 11 mil obreros) en poblaciones
callampas, las que para ese mismo año sumaban 41 en Santiago (Correa et al., 2001).
La situación descrita explica el parte el desarrollo urbanístico y arquitectónico que experimenta el
país entre 1930 y 1950, período en el que la construcción experimenta un fuerte impulso, como
medio para reactivar la economía pero también por la necesidad de enfrentar los serios problemas
habitacionales que el crecimiento acelerado de las ciudades había generado.
Los problemas sociales, unidos al estancamiento económico, la inflación, la desigual distribución de
los ingresos, y al desprestigio de las políticas de alianzas, generaron hacia fines de los años cuarenta
un fuerte descontento ciudadano que trajo consigo el surgimiento de gobiernos populistas, tanto en
Chile como en otros países de América Latina.
308
1.1.
Los rasgos económicos más sobresalientes del período
–
Los inicios de un modelo de desarrollo hacia adentro: las crisis económicas y la mayor
injerencia del Estado
Luego del término de la primera guerra mundial, la economía chilena debió enfrentar un grave
problema: la pérdida del monopolio mundial del salitre por la aparición del salitre sintético. Ello
condujo a una nueva crisis del salitre de 1921, que disminuyó drásticamente los ingresos percibidos
por el Fisco, semi paralizó la industria al bajar sus ventas y produjo despidos masivos de
trabajadores. La disminución de los ingresos fiscales afectó a empleados públicos y militares; el
cierre de oficinas salitreras generó cesantía y la migración de miles de trabajadores desde la Pampa.
En el norte, en Santiago y en Valparaíso, el gobierno se vio en la necesidad de abrir albergues que
acogieran a los cesantes, y solo en Santiago llegaron a sumar 15 a 20 mil personas “que vagaban y
mendigaban en las calles, impactando la conciencia de una ciudadanía que había vivido por largo
tiempo ajena a los avatares sociales del mundo del salitre” (Correa et al., 2001, p. 93).
Junto con esta crisis salitrera, la crisis del año 1929 afectó seriamente la economía nacional, en
especial, por la dependencia de créditos extranjeros, especialmente norteamericanos, así como la
importancia que seguía teniendo la exportación minera para la economía nacional. Mientras en
promedio el volumen del comercio mundial cayó en un 26.5% entre 1929 y 1932, en Chile, la caída
fue del 70%; el valor total de la producción salitrera y de las exportaciones, cayeron en un 95% y en
un 91%, respectivamente (Alywin et al., 1990), y las importaciones lo hicieron en un 88% (De
Ramón, 2003).
Se produjo una disminución de los créditos externos, todo lo cual condujo a un fuerte déficit fiscal.
Los precios bajaron drásticamente, disminuyó la actividad productiva y se produjo una fuerte
cesantía (entre 150 mil y 300 mil trabajadores; De Ramón, 2003) que afectó de manera especial a
los obreros y empleados. En la minería el empleo bajó de 91.000 ocupaciones en diciembre de
1929, a 31.000 en diciembre de 1931 (Alywin et al., 1990). Los cesantes emigraron al centro del
país, al campo, y muchos se dirigieron a la capital, la cual no tenía la infraestructura mínima para
recibirlos. Ello generó enfermedades y hambre. Esta fue la etapa deflacionaria de la crisis
económica (1930-31).
A mediados del año 1931, debido a la imposibilidad de pagar el servicio de la deuda externa el país
deja impagos sus compromisos internacionales y se toman una serie de medidas que dan inicio a la
etapa inflacionaria de la crisis. Se introdujo el control de cambios para detener la salida de reservas
de oro, debido a la deficitaria balanza comercial, y se fijó un valor depreciado del peso a fin de
asegurar la adquisición de las importaciones esenciales. Estas medidas favorecieron a la industria
manufacturera local iniciando prontamente su recuperación. De hecho, las manufacturas habían
alcanzado en 1934 los niveles de 1929, superando la reactivación de sectores como la minería y la
agricultura.
La crisis mundial produjo el descrédito del liberalismo económico y propició el abandono de los
principios que hasta ese momento habían inspirado el régimen de libre mercado. “El modelo basado
en la especialización y del crecimiento concentrado, en medio de un mundo en crisis y con el
309
principal producto de exportación afectado por una irreversible obsolescencia tecnológica, no tenían
factibilidad económica, social ni política” (Vega, 2007).
Frente a la inestabilidad de las economías abiertas, la opción fue fortalecer la interdependencia
económica, la complementación productiva entre sectores orientados al mercado nacional y el
crecimiento equilibrado en base al fomento del sector industrial” (Vega, 2007, p. 234).
El actor que podía iniciar esta reorientación de la economía era el Estado. Se planteó la
planificación e intervención estatal directa en las variables económicas y en las relaciones sociales,
como el mecanismo que haría posible el saneamiento de la economía y la estabilidad social. Desde
el Estado se controlarían las variables financieras, del comercio internacional y también del
mercado laboral, lo que permitiría dinamizar la economía y vigorizar el consumo. Para ello era
necesario aprobar una legislación que favoreciera la recuperación de la producción industrial y
agrícola, y la creación de modernos sistemas de seguridad social que permitieran mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores: situación laboral en fábricas, desocupación, jornales y
jornadas de trabajo. Estos serían los orígenes de lo que una década más tarde se conocería como
“Estado de Bienestar” y los inicios de un modelo de desarrollo hacia adentro.
El instrumento fundamental del nuevo paradigma fue la industrialización basada en la sustitución de
importaciones. “Así pues, la adopción de este modelo económico respondió en buena medida a la
necesidad de insertarse en las nuevas condiciones de la economía mundial que se extendieron hasta
bien avanzada la segunda posguerra” (Correa et al. 2001, p. 140).
Este radical cambio en la orientación económica fue inspirado en los planteamientos de Keynes,
quien sostenía el intervencionismo estatal con miras a garantizar el pleno empleo, el cual generaría
un aumento de la demanda interna que activaría la producción y neutralizaría estallidos sociales
derivados de la desocupación (Correa et al., 2001).
Aunque estos cambios en el modelo de desarrollo hacia fuera, basado en la exportación de recursos
naturales en el contexto de las políticas de libre mercado, fue en gran medida reactivo en respuesta
a la crisis de 1929, es importante señalar que la injerencia estatal en materia social y económica no
fue inaugurada con la crisis de los treinta. La crisis del salitre de principios de la década del veinte
había obligado a Alessandri a tomar una serie de medidas en las que el Estado jugó un rol
protagónico. Se crearon nuevos impuestos (impuestos a la renta proporcionales y progresivos en
1924 y 1925); se racionalizó la producción del salitre mediante la creación de la COSACH; se creó
el Banco Central (1925) que tuvo en sus manos el monopolio de la emisión de billetes. En tanto
durante la administración de Ibáñez el Estado había comenzado a asumir por primera vez una
participación mucho más activa en el enfrentamiento de problemas económicos y sociales. El
aumento de la inversión fiscal, de la construcción de obras públicas y la expansión de la burocracia
reflejan una importante racionalización y organización y dinamismo de la acción estatal para dar
solución a los problemas económicos y sociales. En este contexto de ampliación de las atribuciones
sociales y económicas del Estado, por primera vez éste comenzó un proceso de industrialización
que se manifiesta en la preocupación por fomentar la producción nacional. Se crearon una serie de
instituciones como cajas de crédito en el sector de la minería, la industria y la agricultura y nuevos
ministerios (de Agricultura y de Desarrollo), para proteger la producción nacional se alzaron las
310
tarifas aduaneras22, y el Estado comenzó a actuar como empresario en sociedades mixtas o creando
empresas estatales (FAMAE, LAN).
El vasto plan de obras públicas desarrollado por Ibáñez, sus políticas de fomento así como la
expansión estatal, fueron posible gracias a la disposición desde 1920 de cuantiosos créditos
norteamericanos, así como las inversiones norteamericanas en la minería del cobre y el salitre. Esto
permitió que el país experimentara un período de bonanza económica, que coincidía con la
prosperidad y optimismo que vivía el mundo entero. Todo ello llegó a su fin con la crisis de 1929,
el día en que colapsó la Bolsa de Nueva York.
Entre las medidas adoptadas para enfrentar esta crisis, uno de los hechos más innovadores y de
mayor relevancia en relación a la gestión de políticas económicas fue la incorporación de un
importante grupo de ingenieros en puestos claves dentro del aparato estatal durante la
administración de Ibáñez, que encarnaron “el primer intento sistemático de fomento de la
producción” y “la estructuración de un concepto de estado moderno, centrado en la gestión
administrativa y tecnocrática, en oposición a las prácticas partidistas sustentadas en el clientelismo
político hasta entonces predominantes” (Correa et al., 2001, p. 141). El trabajo de este grupo de
profesionales, se materializó con la formación en 1931 del Consejo de Economía Nacional,
organismo encargado de propiciar el incremento de la producción agropecuaria, industrial y minera,
cuyos lineamientos (centralidad a una política de desarrollo de la electrificación nacional y medidas
de protección estatal a la industria nacional) resultaron ser decisivos para las decisiones adoptadas
posteriormente.
Las medidas adoptadas permitieron hacia fines de la década del veinte una expansión de la industria
nacional, el desarrollo de planes estatales de obras públicas y el equilibro de una balanza de pagos.
Como en el resto del mundo, la respuesta del país a la crisis fue reducir la dependencia de los
mercados externos, para lo cual se aplicaron tarifas aduaneras proteccionistas, establecimiento de
cuotas y licencias de importación, y elaboración de listas de importaciones permitidas y prohibidas;
control cambiario con fijación de valores diferenciados para las divisas según se tratase de
importaciones o exportaciones, y dependiendo de qué importaciones se tratase; prohibiciones de
exportación decretadas para casos como el trigo, la harina y las papas, a fin de asegurar el
abastecimiento interno, asegurar la importación de materias primas para la industria nacional, de
artículos de primera necesidad y de medicamentos (Correa et al., 2001, p. 139), legislación
destinada a establecer control estatal sobre la producción industrial y la creación del Comisariato
General de Subsistencias y Precios que controlaba con amplios poderes la calidad y los precios de
los artículos de primera necesidad, lo cual resultaba especialmente importante considerando la
inflación especialmente aguda durante ese año: entre junio y septiembre de 1932 los precios
subieron de 75.8% a 146.3% (enero 1927=100) (Alywin et al., 1990).
Las medidas adoptadas inicialmente para enfrentar la crisis del treinta, más que obedecer a una
estrategia industrializadora, tuvieron un carácter eminentemente reactivo que favorecieron una
rápida reactivación de la actividad industrial. Esto “ayudó a arraigar la idea que asignaba a la
industrialización la función de eje central del desarrollo económico” (Correa et al., 2001, p. 140).
22
Entre “1928 y 1931 los impuestos aduaneros aumentaron en un 71% afectando a un 73% del comercio de exportación” (Alywin et
al., 1990, p. 113).
311
Así, la industrialización y la injerencia estatal en los asuntos económicos y sociales, ambos
elementos no del todo novedosos en la historia del país, fueron las líneas básicas sobre las cuales
descansó el nuevo paradigma de desarrollo. Y en torno a ellos no solo estuvieron de acuerdo
sectores afines a la administración estatal, sino también la Confederación de la Producción y el
Comercio, agrupación que desde inicios de los treinta aglutinaba a las principales asociaciones
empresariales.
Esta intensificación de la acción intervencionista del Estado culminó con la elección el gobierno del
Frente Popular que consagró el papel rector del Estado en la conducción del desarrollo económico y
de la industrialización (Ffrench-Davis & Muñoz, 1990)
–
Modelo económico de crecimiento hacia adentro y el Estado empresario
El triunfo del Frente Popular fue decisivo para la implementación de un modelo de desarrollo que
redefiniría el papel que tradicionalmente había tenido el Estado en materia económica.
El año 1939 marca el inicio de una etapa en que la industrialización se constituye en el camino para
el desarrollo del país, la transformación de las estructuras económicas y la incorporación de los
sectores medios y populares a los beneficios de estas transformaciones. En este proceso, un agente
central fue el denominado Estado desarrollista y empresario, activo agente en materia económica,
que debía cumplir el papel de promotor y gestor de un proceso de industrialización considerado
clave en la implementación de un modelo de crecimiento hacia adentro, que se extiende hasta 1973.
La ampliación de la esfera de responsabilidades del Estado al campo del fomento de la producción
se materializó en la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939,
organismo que tuvo por objeto el desarrollo de todos los rubros productivos en todo el país a fin de
elevar los niveles de vida y alcanzar el desarrollo estable del país a futuro. El eje del
desenvolvimiento económico fue la industrialización dirigida a la sustitución de importaciones, lo
que la diferencia del impulso manufacturero de mediados del siglo XIX.
Aunque el sector privado tuvo reservas en relación a algunos aspectos del funcionamiento de la
CORFO23, de todos modos se logró un amplio consenso en torno a los propósitos de este
organismo. En una primera fase experimental (1939-1943), se elaboraron Planes de Acción
Inmediata de cada sector productivo, para en una segunda fase elaborar estrategias a largo plazo de
industrialización y fomento de la producción. Los planes definieron cinco áreas de operación que
lejos de restringirse a impulsar la actividad industrial, vertebraron el desarrollo del conjunto de la
economía: desarrollo de la energía y los combustibles; expansión de algunas ramas industriales
orientadas a sustituir importaciones y aumentar fuentes de empleo; impulso al desarrollo minero;
23 Los aspectos que generaron inquietud en sectores de derecha fueron el financiamiento y el control de la institución. Respecto del
financiamiento, éste se trasladó desde el sector capitalista nacional al internacional (impuesto adicional del 10% a las utilidades de
las empresas norteamericanas productoras de cobre). Respecto del segundo punto, la estructura de la institución garantizó la
representación del empresariado en su directorio, así como la de diversos grupos de interés, manteniendo un carácter técnico y
profesionalEl directorio estuvo formado por tres ministros de gobierno, cuatro parlamentarios, diez presidentes de instituciones
públicas, los presidentes de las cuatro asociaciones empresariales (SNA, SOFOFA, Soc. Nacional de Minería, Cámara de Comercio
de Chile); el presidente del Instituto de Ingenieros de Chile y el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Chile
312
mecanización del agro y de la pesca; y diversificación del comercio, los servicios y el transporte
aéreo, marítimo y terrestre.
El conjunto de medidas logró activar el desarrollo industrial, que alcanzó ritmos importantes
durante los años 40, reducir el desempleo masivo de la década anterior, y avanzar en materia de
organización institucional y tecnológica (Ffrench-Davis & Muñoz, 1990)
· La exportación del cobre
Luego de la crisis de 1929, el cobre se había convertido en el principal producto de exportación,
representando más de la mitad del total de las exportaciones en los años 40 y 50, y una alta
proporción de los ingresos tributarios. Estos ingresos financiaban las importaciones que se
concentraban en la compra de materias primas y bienes de capital para sostener la producción
industrial.
Pero durante la Segunda Guerra Mundial, y a comienzos de la década del cincuenta, el gobierno
estadounidense y las compañías norteamericanas propietarias de las minas fijaron un bajísimo
precio al cobre exportado, llegando en los años cincuenta a la mitad de su valor imperante en el
mercado internacional (Correa et al., 2001). Esta baja en el precio del cobre exportado y sus
fluctuaciones en las décadas de la postguerra, generó una inestabilidad de los ingresos fiscales. Sin
embargo, a pesar de ello, conforme al modelo político imperante, el gasto público aumentó en un
70% entre 1940 y 1954. “De los 45 mil empleados que en 1939 había en la administración
centralizada, se llegó a 71.000 en 1951; el pago de remuneraciones, que constituía un 33% del gasto
público total en 1940, en 1954 alcanzó a un 42%; y si entre 1940 y 1955 la población activa del país
en un 23.5%, el empleo público lo hizo en un 60%” (Correa et a., 2001, p. 184).
Estas dificultades generaron una persistente inflación que caracterizó el periodo de los gobiernos
radicales. Entre 1936 y 1940, la inflación alcanzó un promedio de 8%, entre 1941 y 1945, subió a
un 16%, y entre 1946 y 1950 alcanzó un 20% (Correa et al., 2001).
Especialmente en el gobierno de Videla, la inflación generó una intensificación de las huelgas
convocadas en 1952 por obreros del salitre, del carbón, de las industrias textiles, los empleados de
aduanas, los trabajadores de Chilectra, funcionarios del hospital psiquiátrico, Asociación de
Empleados Fiscales, los empleados de la municipalidad de Santiago, los trabajadores de hospitales
públicos y los choferes de la locomoción colectiva.
Por otra parte, el modelo latinoamericano de industrialización sustitutiva de importaciones revelaba
sus enormes problemas. Dicho modelo de desarrollo, orientado al consumo interno y no a la
exportación, requería de una población suficiente para asegurar dicho consumo y el desarrollo de la
industria; y debía importar materias primas, bienes de capital, insumos y tecnología para desarrollar
la producción industrial. De este modo, como lo explican Correa et al. (2001), este modelo de
industrialización profundizaba la dependencia de las exportaciones primarias, desincentivaba las
exportaciones, y debido a la falta de mercados y de capacidad competitiva, la protección estatal
constituyó el soporte de la industria latinoamericana, por ejemplo mediante la fijación del valor de
la moneda.
En Chile, junto con los problemas que evidenciaba el modelo de industrialización, la agricultura
venía experimentando un serio estancamiento productivo, el que alcanzó tal magnitud en la década
313
del cuarenta que no pudo abastecer la demanda alimenticia interna y obligó por primera vez a
importar alimentos para el consumo interno. Junto con ello, la población rural disminuía por la
incapacidad de dar trabajo a toda la población, lo que incentivaba la migración campo ciudad.
El estancamiento económico fue acompañado de la mantención de las desigualdades en la
distribución de los ingresos. Entre 1940 y 1953, el ingreso nacional aumentó en un 40%, y se
repartió de la siguiente manera: el ingreso de la clase alta creció en un 60%, el de las clases medias
en un 46%, el de los trabajadores en un 7%. Más aún, entre los campesinos, el ingreso disminuyó en
un 18%.
–
La regulación del trabajo
La crisis del 29 enfrentó a una dura prueba las reformas laborales que habían sido aprobadas en
1924. Incluso el gobierno mismo, que dio el sustento a estas reformas laborales, debió renunciar
luego de una gran movilización social. Aunque ello no significó un desmantelamiento de la
estructura creada por dichas leyes (sindicatos, mecanismos de arbitraje y fiscalización, instituciones
provisionales), frente al creciente desempleo que generó la crisis los esfuerzos se concentraron en la
generación de empleos en obras públicas y en lavaderos de oro (Rojas, 2007).
Se fortaleció el servicio de colocaciones del Ministerio de Bienestar Social (sucesor del Ministerio
de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo) y los escasos recursos fiscales, apoyados por la
caridad pública, se dirigieron a sostener raciones alimentarias para los trabajadores cesantes venidos
del norte y de la propia ciudad de Santiago, que se instalaron en los albergues situados en los
barrios populares de Santiago.
La crisis afectó también la organización de los trabajadores. El movimiento sindical disminuyó su
capacidad de presión, pero la caída del gobierno de Ibáñez rearticuló las organizaciones libres de
trabajadores que se habían resistido a la legalización. Se rearmaron sociedades de resistencia y
consejos federales, y se convocó a encuentros nacionales en los que antiguas y nuevas instancias se
dieron cita. En cuanto a los sindicatos legales, algunos radicalizaron su orientación y dejaron a un
lado el discurso apolítico, conciliador y moderado promovido por el gobierno. Aunque este cambio
no supuso su salida de la legalidad, sí los hizo más escépticos de la institucionalidad. Se crearon
organizaciones para agrupar a estos sindicatos legales, las que quedaron bajo la dirección de
dirigentes socialistas.
En el contexto de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, altos niveles de inversión pública y
una relativa estabilidad política y social, ocurrieron importantes cambios en materia de legislación
laboral. En el gobierno de Alessandri se estableció el salario vital familiar para los obreros del
salitre (1934), se creó la Caja de Habitación Popular (1936), se estableció el sueldo vital y la
asignación familiar para los empleados particulares (1937), y se dictó la Ley de Medicina
Preventiva (1938)
Lo que ocurre con la ley de salario mínimo es un ejemplo de que las políticas sociales estuvieron
dirigidas preferentemente hacia aquellos sectores de trabajadores organizados con capacidad de
presión política. Su aplicación se hizo en función del grado de presión de las distintas
organizaciones de trabajadores. Después de otorgarse a los obreros del salitre (1934), en 1937 se
314
otorga a los empleados particulares; en 1951 a todos los trabajadores de cuero, molinos,
panificadores y gráficos; y en 1956 rigió para todos los obreros industriales.
Durante los gobiernos radicales se fijó un Sueldo Vital y el pago de la Asignación Familiar a los
empleados (1942); la indemnización (15 días) por años de servicio para los obreros de Ferrocarriles
(1940), la que dos años más tarde se hizo extensiva al personal de Alcantarillado. El año 1943 se
estableció el fuero de inamovilidad para los trabajadores durante conflictos colectivos legales.
Respecto de la asignación familiar, el año 1945 se estableció para los empleados públicos y en
1947, para los obreros agrícolas. Al año siguiente, se promulgó la ley de Semana Corrida (1948)
(Rojas, 2007).
· La integración laboral, política y económica de los trabajadores
La participación de socialistas y comunistas en los gobiernos radicales parecía garantizar un mayor
respaldo institucional a las demandas de los trabajadores urbanos. Ello contribuyó a acentuar una
tendencia que se verifica desde fines de la década del veinte: el crecimiento de la afiliación sindical.
Entre 1929 y 1953, el número de afiliados aumentó de 50 mil a 300 mil personas, lo que se acentúa
especialmente a partir de 1939.
La relación entre Estado y movimiento sindical se hizo más cercana y el Estado intervino
directamente en la vida de estas organizaciones imponiendo una serie de restricciones. Si bien los
sindicatos eran uno de los mecanismos de integración de los trabajadores, la integración política,
llevada a cabo por diversas vías, no contempló de manera directa a los sindicatos pues ella se hizo a
través de la intermediación de los partidos políticos de extracción popular. Y es que a diferencia de
lo sucedido en otros países, en Chile se mantuvieron las formas tradicionales de participación
política, los partidos, y a través de ellos los sindicatos se relacionaron con el Estado y buscaron
algún tipo de presencia en ámbitos de decisión, pero no fueron integrados al aparato estatal como
sucedió en Argentina o en México. A su vez, los partidos trataban de ejercer influencia en estas
organizaciones. Esto ayuda a entender que, a diferencia de lo sucedido en otros países
latinoamericanos, el movimiento sindical y los partidos populares hayan tenido una estrecha
vinculación precisamente por el lugar que ocupaba esta relación en la institucionalidad creada en
1924 (Rojas, 2007).
Los cambios señalados, así como la presencia de departamentos de bienestar en la mayoría de las
fábrica a partir de los años 30 que trabajaban por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de
la clase obrera, y de manera relevante, el lugar central que ocupaban en el proceso industrializador,
contribuyó a aumentar el status social de los obreros en los años 40.
El Estado creó en 1932 dentro del Ministerio del Trabajo un Departamento de Extensión Cultural
orientado a la formación cívica y moral de las clases trabajadoras. Con el Frente Popular se creó el
Consejo Obrero Cultural que luego pasó a denominarse Consejo Nacional de Cultura Obrera, y el
año 1939 el Departamento de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres.
Respecto de la integración económica, aunque no hubo un acceso igualitario a los servicios sociales
(salud, educación, vivienda, subsidios) o a la acción directa del mercado laboral (aumento de
salario, participación en las utilidades). Sin embargo, se produjo un importante cambio en las
condiciones materiales y en los estilos de vida. Rojas (2007) entrega algunos antecedentes que
315
permiten ilustrar la notoria transformación en las condiciones de vida que estaban experimentando
los trabajadores. Entre los años 30 y 40 las poblaciones levantadas por algunas empresas expresan
algunos de estos cambios. Estas viviendas disponían de baño, cocina y dormitorio separados de la
sala de estar. Por otra parte, la producción industrial dirigida al mercado interno que se estaba
desarrollando desde los años 30, “puso a disposición de las masas urbanas, o a una parte de ella,
bienes que antes eran bastante exclusivos. En los años 40, varias empresas de electrodomésticos,
línea blanca, vestuario y calzado desarrollaron estas líneas de producción adecuadas a estos nuevos
segmentos sociales: los empleados y los obreros calificados” (Rojas 2007, ¶ 14).
Sin embargo, como se ha señalado, estas transformaciones ocurren en paralelo con una distribución
desigual de los beneficios materiales de la industrialización. Según estimaciones de la CORFO para
el período 1940-1953, sobre la variación de los ingresos de empleados y obreros, los sueldos de los
primeros aumentaron en un 46% en el periodo, en tanto los salarios de los obreros solo en un 7%.
Estas grandes diferencias en la participación de los beneficios de la industrialización, así como las
diferencias en el acceso a bienes de consumo, contribuyeron a acentuar las diferencias entre obreros
y empleados que había establecido la legislación de 1924 en base a la distinción entre trabajo
manual y trabajo intelectual. Esta diferenciación permitió la creación de sindicatos de empleados y
de obreros al interior de un mismo establecimiento, “distinción legal [que] reconocía,
institucionalizaba y profundizaba algo que no era solamente una distinción técnica, sino social y
cultural” (Rojas 2007, ¶ 15).
A partir de los años 30 algunos grupos de obreros calificados comenzaron a ser incorporados como
empleados, lo que significaba un aumento de las remuneraciones pues el salario del obrero solía ser
inferior al de los empleados.
El protagonismo que comienzan a adquirir los empleados a partir de la década del 40 se vio
favorecida por la expansión del aparato público a partir de los años 30, que hizo crecer el número de
funcionarios fiscales. Y en los años 40 surgen una serie de asociaciones de carácter nacional que
agrupan a estos trabajadores, que en la década del 50 cobrarían un importante protagonismo y nivel
de movilización (Rojas, 2007).
Diversos factores explican este nivel de movilización y en algunos casos de radicalización: la
pauperización de los sectores medios a fines de los años 40 y la represión de comunistas a fines de
la década que “dejó el campo libre para los dirigentes de orientación gremialista y radical activaran
la organización de los empleados” (Rojas, 2007, ¶ 16).
·
Los trabajadores agrícolas
Los trabajadores del campo fueron excluidos de los avances en materia de legislación laboral. Por
estos años el campo seguía organizado en función de un sistema de producción tradicional, con baja
mecanización, alta concentración de la propiedad, y aunque se habían introducido algunos cambios
en relación a la salarización de algunas relaciones laborales en zonas cuya producción estaba
orientada a mercados urbanos, lo cierto es que la legislación laboral no era extensiva a estos
trabajadores. De hecho, entre otras situaciones, no estaba autorizada la organización de los
trabajadores agrícolas.
316
En este contexto, la organización de estos trabajadores se produjo fundamentalmente por iniciativa
de los sindicatos urbanos y grupos políticos que ya en la década del veinte comienzan a apoyar la
articulación del sector.
El Frente Popular no dio su apoyo para reformar la propiedad rural ni para extender la aplicación de
la ley laboral al campo. Y aunque en la campaña el problema agrario estuvo presente, y de hecho se
crearon algunos sindicatos campesinos, una vez en el gobierno, se suspendieron las autorizaciones
para crear sindicatos agrícolas.
En tanto algunos sectores campesinos seguían presionando porque la ley laboral se hiciera extensiva
al campo. En 1940 (octubre) se organizó la primera huelga legal al interior de un predio agrícola y
la agitación sindical fue en ascenso hasta el año 1941.
Como una respuesta del Estado, en 1947 se aprueba una ley (Nº8811) que permite la sindicalización
agrícola. Sin embargo, dicha ley establecía una serie de requisitos que en la práctica hacía casi
imposible crear sindicatos: mínimo 20 trabajadores en un mismo predio, con una antigüedad de un
año, y por lo menos la mitad debía ser alfabetos. Además, establecía límites para presentar pliegos –
se prohibían en la época de cosecha- lo cual aumentaba las dificultades para el desarrollo de estas
organizaciones y para plantear transformaciones en la estructura agrícola.
2. El periodo de 1952 - 1973
El periodo que va de 1952 a 1973 se caracteriza, en primera instancia por la crisis de una estrategia
política basada en los acuerdos y negociaciones entre cúpulas partidarias (aliancismo), que
mediaban entre las demandas de diversos sectores sociales. Estrategia que si bien había logrado un
equilibrio de poderes y una importante estabilidad política, había traído consigo la acumulación y
agravamiento de los problemas sociales y económicos, y había derivado en un creciente descrédito
de los gobernantes.
Las figuras de Carlos Ibáñez del Campo y de Jorge Alessandri, con sus importantes diferencias, se
levantan precisamente en contra de esta estrategia, como representantes del orden, la austeridad, y
el distanciamiento de los partidos políticos. El populismo autoritario de Ibáñez ponía en entredicho
los mecanismos de representación y negociación del sistema político democrático liberal; en tanto
Alessandri (1958), el candidato de liberales y conservadores, hombre vinculado al mundo
empresarial, inicia su administración precisamente con empresarios en altos cargos de gobierno
(Gobierno de los Gerentes) implementando importantes reformas al sistema económico.
Junto con ello, a comienzos del periodo se observa el surgimiento de un electorado no adscrito ni
conquistado por los partidos, y en parte tampoco socializado políticamente. Es el caso de las
mujeres, que votan por primera vez en las elecciones de 1952, y de los pobladores urbanos
vinculados al sector informal de la economía y que no pertenecían a sindicatos.
317
–
La década del sesenta
La efervescencia vivida durante la década del sesenta en el mundo, las críticas anti sistémicas, la
transgresión a las costumbres y el optimismo en el cambio y en el futuro, convirtieron a esta década
en “una verdadera bisagra histórica” (Correa et al., 2001, p. 226). A nivel internacional se asiste,
entre otros fenómenos, a la re emergencia del movimiento feminista, al surgimiento del
estudiantado como actor social y político relevante, el surgimiento de una cultura juvenil urbana e
internacional, y movimientos contraculturales (hippies). En Chile, se vivió una paulatina pero
creciente exigencia de mayor participación e información, así como mayores demandas sociales,
políticas y culturales. Ello, unido a los límites del modelo de industrialización, alimentó propuestas
o “planificaciones globales” que buscaban controlar las distintas variables que permitirían el
cambio social. Se trataba de transformaciones globales a partir de una intervención planificada del
Estado que modificarían las estructuras tradicionales causantes de los problemas sociales y
económicos (Correa et al., 2001).
Nuevos actores sociales emergían. El estudiantado universitario, que se había duplicado entre 1957
y 1965 gracias a la gratuidad de la educación y a la disposición de becas, se convierte en un sujeto
social gravitante en términos políticos que desde inicios de la década exige la modernización y
democratización del sistema universitario, y la transformación de la organización y finalidad de la
educación superior. El proceso de reforma universitaria que se inicia en 1967 buscaba aumentar la
matrícula haciendo accesible la universidad a los sectores populares, la democratización de las
estructuras internas de las universidades, y la creación de estrechos vínculos con la sociedad que
permitieran un diálogo y un compromiso de las universidades con los procesos de cambio social
(Correa et al., 2001).
En lo político, el descontento de los años cincuenta dio paso a una intensa discusión en torno a la
necesidad de integrar a sectores sociales, algunos emergentes como los pobladores urbanos y otros
de larga data como las mujeres y el campesinado, que estaban marginados de la política, la
economía y la cultura. En lo económico, el fracaso del modelo de crecimiento hacia adentro, así
como de las políticas librecambistas impulsadas durante la década del cincuenta, generaron un
sentimiento de frustración que propició el surgimiento de “planificaciones globales”.
En este contexto se crea en 1957 el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que dirigió sus esfuerzos a
conquistar a los nuevos sectores sociales (jóvenes, sectores populares urbanos), a las mujeres que
recién habían conquistado sus derechos políticos, y al campesinado. Con un discurso que se
autoproclamaba como la alternativa del capitalismo y al socialismo, proclamó el “camino propio”
rechazando la formación de alianzas con otros partidos, lo que inaugura una nueva práctica: la
negación de un partido de reconocer la fuerza de sus oponentes y competir con ellos la conquista
del electorado. Ello “introdujo una creciente polarización de la política chilena” (Correa et al.,
2001, p. 207).
En el rápido camino a la constitución del partido, la Democracia Cristiana contó con el respaldo,
implícito o explícito, de la iglesia católica que desde mediados de los cincuenta había adherido a las
demandas de cambios estructurales, a fin de lograr justicia social y evitar estallidos revolucionarios;
y también con el apoyo de los Estados Unidos, que vieron en el nuevo partido una alternativa frente
a la expansión de la izquierda.
318
La DC dirigió su discurso hacia los jóvenes, entre quienes despertó un interés por el cambio social.
De hecho levantó la consigna de la Patria Joven, que apelaba a los jóvenes en tanto protagonistas de
la Revolución en Libertad, en continuidad con las gestas que ellos mismos habían realizado durante
la independencia.
En este escenario, en las elecciones de 1964 la candidatura de Frei conquista la presidencia con una
abrumadora mayoría: 56% del electorado, la votación más alta obtenida en la historia de Chile
(Aylwin et al., 1990).
La estrategia del gobierno de Frei fue implementar un programa de estabilización gradual de la
economía, la mejora de los salarios reales y la disminución de la inflación; un programa de
modernización industrial; y un programa de reformas estructurales y sociales que incluían la
reforma agraria, la nacionalización de la Gran Minería y el desarrollo de organizaciones sociales de
base comunal y laboral que estimularían una efectiva democratización política.
·
Desarrollo social: Promoción Popular
El plan de Promoción Popular se proponía la transformación de una sociedad excluyente que
marginaba a amplios sectores sociales. Como alternativa a la política cupular, proponía la creación
de organizaciones en todos los niveles de la sociedad a través de la ampliación de la organización
sindical, el impulso a las juntas de vecinos, centros de madres, cooperativas, clubes deportivos,
asociaciones de padres y apoderados y otros centros comunitarios. En 1970, según el gobierno,
existían unas 20 mil organizaciones de este tipo, y cerca de la mitad eran centros de madres que
reunían a un total de 450 mil mujeres (Collier y Sater, 1999, p. 269).
En el plano sindical, al mismo tiempo que fomentó la organización de los trabajadores, intentó
quebrar el control de la izquierda sobre la CUT. Es decir, junto con la promoción de las
organizaciones, se buscaba controlarlas.
·
El aumento del gasto social
Las políticas sociales experimentaron un sustantivo avance. El aumento del gasto social se tradujo
en el mejoramiento de la capacidad hospitalaria, la construcción por parte del Estado de casas, el
aumento de la cobertura de la educación primaria a casi la totalidad de los niños, la reforma de la
enseñanza secundaria (métodos y contenidos), crecimiento de la matrícula de la educación superior
(técnica y universitaria). Esta ampliación de los beneficios sociales aumentó en más del doble las
prestaciones públicas respecto de la administración anterior: salud aumentó en un 136%, educación,
167%, y vivienda 130% (Correa et al., 2001, p. 254).
En materia de vivienda, el problema habitacional de Santiago, fruto de un acelerado crecimiento de
su población producto de las migraciones (en la década del sesenta su población aumentó en 800
mil personas), había creado una demanda por viviendas que el gobierno de Frei no podía cubrir.
Ello hizo que entre 1969 y 1970 y en los primeros años de la década del setenta, las tomas de
terreno por parte de quienes no tenían donde vivir, se hiciera un hecho frecuente. A pesar del déficit
habitacional, entre 1964 y 1970 se construyeron 260 mil nuevas casas, alrededor de un 30% de las
cuales fueron construidas por la CORVI, y se establecieron unas 200 mil “soluciones
habitacionales”, terrenos para proyectos de viviendas autogestionadas (Collier y Sater, 1999, p.
319
270). A lo anterior se suman importantes inversiones en infraestructura, en las áreas de energía,
telecomunicaciones, medios de transporte.
Respecto de la distribución de las riquezas, otro de los propósitos del gobierno, se produce un
aumento de la participación de los asalariados en el ingreso (Ingreso Geográfico Bruto). Si bien
entre 1940 hasta 1968 se aprecia un aumento de 39.5% a un 53%, este aumento es leve hasta 1955,
y se concentra especialmente desde 1960 (Rojas, 2007).
·
Los avances en materia de educación24
En materia de educación el fomento fue notable. El gasto en educación dentro del gasto público
aumentó de 15% a 20%; se construyeron unos 3 mil nuevos colegios, y en 1970 la cobertura de la
educación primaria alcanzó al 95% de los niños en edad escolar (Collier y Sater, 1999, p. 270).
En verdad, el acceso de la población a la educación experimenta un marcado crecimiento desde la
década del veinte. Como lo muestra el Cuadro 2, y considerando los importantes cambios en la
forma en que los censos definieron a la población alfabeta, en esa década prácticamente el
cincuenta por ciento de los hombres y mujeres son alfabetos, lo que aumentan al setenta por ciento
de la población en la década del cincuenta y llega casi al noventa por ciento en los años setenta.
Cuadro 2. Chile. Niveles de Alfabetización, 1885-1970
Población Alfabetizada (1)
% de alfabetización
Total Nacional
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
400.515
330.748
731.263
31,7
26,2
457.658
397.837
855.495
34,3
29,2
682.548
615.670
1.298.218
42,0
37,9
955.681
936.099
1.891.780
51,2
49,5
1.218.661
1.187.867
2.406.528
57,4
54,9
1.442.594
1.418.665
2.861.259
59,5
57,3
1.845.489
1.887.298
3.732.787
75,7
74,0
1.819.387
1.900.937
3.720.324
84,8
82,4
2.851.036
3.001.606
5.852.642
90,4
89,2
Censos
1885
1895
1907
1920 (2)
1930 (3)
1940 (4)
1952
1960 (5)
1970 (6)
28,9
31,8
40,0
50,3
56,1
58,4
74,8
83,6
89,8
Fuente: Censos de Población de los años 1885, 1895, 1907, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970.
(1) Los censos de 1885 a 1940 consideran población alfabeta a la que sabe leer. Los censos de 1952 a 1970 consideran población
alfabeta a la que sabe leer y escribir; (2) Los censos de 1885 a 1920 se calcula el porcentaje de alfabetismo sobre la población de 5
años y más; (3) En el censo de 1930, se calcula el porcentaje de alfabetismo sobre la población de 8 años y más; (4) En el censo de
1940 y 1952, se calcula el porcentaje de alfabetismo sobre la población de 7 años y más. El censo de 1940 inicia una clasificación
por tres cohortes etarios, 0 a 7 años, edad pre-escolar, 7 a 16 años, edad escolar, y 16 años y más, edad post escolar, debido a la Ley
de Instrucción Primaria Obligatoria, del 22 de noviembre de 1929, la cual obliga a los niños y niñas entre 7 y 16 años de edad al
inicio de la educación formal. La cifra presentada se obtuvo de la suma de la población que sabe leer de 7 a 16 años y más; (5) En el
censo de 1960, se calcula el porcentaje de alfabetismo sobre la población de 15 años y más; (6) En el censo de 1970, se calcula el
porcentaje de alfabetismo sobre la población de 10 años y más.
·
La polarización política y la llegada al gobierno de la Unidad Popular
El fomento de la organización y movilización social que desde distintos sectores se venía
realizando, partidos políticos, iglesia, gobierno, y el surgimiento de nuevos actores sociales,
24
En el Anexo II se presentan cifras sobre niveles de alfabetización para el periodo 1880-1970, y sobre niveles de educación de
población activa para el periodo 1930-1970.
320
desplazaron la acción política fuera de los canales tradicionales. Las organizaciones creadas por el
programa de Promoción Popular, fueron canales de discusión, de encuentro que además de
incorporar a numerosas personas antes ajenas a la actividad política, produjeron un incremento de
las expectativas y demandas de estos nuevos sectores organizados. Por su parte, los estudiantes
surgían como actores sociales con un creciente protagonismo en la escena nacional, tal como
sucedía en otras partes del mundo. La institucionalidad se veía incapaz de contener tal cantidad de
demandas, lo cual se hizo evidente a mediados del gobierno de Frei, cuando se hicieron cada vez
más frecuentes las manifestaciones públicas de descontento, las huelgas de empleados públicos y
privados, de profesionales, obreros y campesinos.
El freno al crecimiento económico acentuó las expresiones de descontento y frustración ante las
expectativas surgidas. Mientras en 1964 hubo 433 huelgas que paralizaron a 114.342 personas, en
1967 aumentaron a 2177, que paralizaron a 314.987 trabajadores. Este incremento fue mucho más
notorio en el sector rural, donde las huelgas aumentan de 25 a 763 en 1967, comprometiendo a
49.410 trabajadores. Es importante señalar que el aumento de la actividad huelguista, fue
acompañado de una reducción del tiempo de duración de las huelgas, debido a la disposición
gubernamental de dar rápida solución a los conflictos laborales favoreciendo a los trabajadores
Estas crecientes manifestaciones sociales adoptaron nuevas expresiones como las tomas de terrenos
urbanos y rurales, las ocupaciones de fábricas, la movilización de los estudiantes universitarios y la
toma de las casas de estudio, que superaron las modalidades de accionar partidista. El Congreso
perdió protagonismo como espacio para la negociación de las elites partidistas, y evidenciaron la
radicalización de los nuevos sectores organizados, generando un clima de incertidumbre y agitación
que a menudo condujo a graves situaciones de violencia.
A lo anterior se suma el descontento de sectores militares hacia fines de los sesenta, por la drástica
disminución del gasto militar durante la década de los sesenta y los bajos sueldos de la oficialidad.
En este clima de agitación y radicalización política, el apoyo a la DC había disminuido, y el partido
mostraba importantes disensiones internas que culminaron con el quiebre del partido en 1969, con
la formación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) por parte de un grupo de
militantes de la juventud.
La opción del “camino propio” de la DC, que terminó con la política de alianzas, generó un nivel
de exclusión y sectarismo que indujo tanto a la izquierda como a la derecha a adoptar posturas más
radicales ante sus propuestas.
En 1969 las fuerzas políticas de izquierda formaron la Unidad Popular, una alianza con claros
propósitos electorales que reunió a los partidos Comunista, Socialista, Radical, Social Demócrata,
Acción Popular Independiente (API) y el MAPU, y que presentó como candidato a las elecciones
de 1970 a Salvador Allende.
En este convulsionado panorama, la elección presidencial de 1970 enfrentó tres visiones
contrapuestas respecto de la forma en que se debía enfrentar el futuro del país. La derecha, cuya
campaña tuvo un sello antipartidista, técnico y pragmático, que buscaba detener las reformas
impulsadas por Frei, disminuir las prerrogativas reguladoras del Estado, y promover el libre
321
desarrollo del mercado. La Democracia Cristiana, que proponía una profundización de las reformas
realizadas por Frei, a fin de consolidar la Revolución en Libertad, definida como una “revolución
chilena, democrática y popular”. Y la izquierda, cuyo programa contemplaba la nacionalización de
la Gran Minería del Cobre, de los monopolios industriales estratégicos, del comercio exterior, de los
bancos, de los seguros y de grandes empresas de sectores clave de la economía, todas las cuales
pasarían a formar el Área de Propiedad Social; una reforma agraria más drástica que la realizada
por Frei; el reemplazo del sistema bicameral por una cámara única conocida como Asamblea
Popular, que ejercería mayor control sobre el Ejecutivo; y una distribución más equitativa de la
riqueza mediante la realización de programas en áreas de salud, educación y vivienda (Aylwin et
al., 1990; Correa et al., 2001).
En el marco de una tensa campaña, solo Allende alcanzó la mayor preferencia, 36.3 por ciento del
electorado, lo que obligó a que debiera ser ratificado por el Congreso, iniciando su mandato en
octubre de 1970.
–
Regulación laboral
Aunque al igual que desde el inicio de los gobiernos radicales, el propósito de las políticas laborales
durante la década del cincuenta y hasta mediados de los sesenta fue lograr la integración de los
trabajadores, los ajustes económicos ocurridos durante la segunda mitad de siglo XX, y las medidas
adoptadas para enfrentarlos generaron protestas sociales y crearon las condiciones para la creación
de la CUT.
El desarrollo económico basado en la industrialización había dado muestras de serias limitaciones y
agotamiento hacia comienzos de la década del 50. La fase de crecimiento rápido del modelo estaba
terminando, lo que limitaba la capacidad de éste de responder a las demandas sociales. Algunos de
los problemas más visibles eran la escasez de divisas, deuda pública, inflación, estrechez de la
demanda interna, concentración de la propiedad, atraso en la agricultura. Paralelamente, los años de
postguerra dieron lugar a un importante desarrollo del aparato estatal, alcanzando la
institucionalidad estatal su máximo desarrollo a comienzos de los años cincuenta. En 1953 se crea
el Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Seguro Obrero, que permitió ampliar la cobertura
asistencial extendiendo la atención medida a la familia del asegurado. Además, ofreció pensiones
vitales por invalidez y vejez, seguro de orfandad, viudez y cesantía. “Se cambió el sistema de
“capitalización” de la antigua Caja de Seguro Obrero, por el “reparto”, lo que dio como resultado
una ampliación de la cobertura provisional de la Caja de u millón a 3 millones de beneficiarios
(sobre una población de 5.200.000). Las prestaciones las entregaba el SNS con una estructura
nacional centralizada” (Rojas, 2007, p 18).
En materia de políticas laborales, en 1953 se aplicó el salario mínimo a los obreros agrícolas (DFL
244) y tres años más tarde, a los obreros de la industria, el comercio y los servicios del Estado
(L.12006). El mismo año 1953 se estableció la asignación familiar para los obreros (DFL 245).
Algo que caracterizó la acción de los trabajadores durante estos años fue que ella se dirigió
principalmente al sistema político, en especial, a las políticas de ajuste económico que buscaron
controlar la inflación. Una de estas políticas fueron las de reajuste de sueldos y salarios a través de
atribuciones legales para fijar las remuneraciones mínimas y la negociación que determinaba el
sueldo de los empleados públicos. Durante los primeros años de la década del cincuenta hubieron
322
distintos intentos por congelar los sueldos y salarios y el derecho a huelga, y en 1955, por influencia
de la Misión Klein & Sacks se aplicó la congelación de salarios, como parte de un paquete de
medidas que buscaban el ajuste fiscal, la contención de la inflación y la liberalización de los
precios. Ello explica que la disputa de los trabajadores se dirigiera fundamentalmente al Estado y
“que el enfrentamiento directo con la clase empresarial pasara segundo plano” (Rojas 2007, p.18)
para la mayoría de los trabajadores.
Se asiste entonces a una radicalización política y social de las organizaciones sindicales, de lo que
una expresión fue la huelga de los empleados (1950). Por influencia de los partidos de izquierda,
distintos sindicatos estaban planteando propuestas de nacionalización del cobre, la reforma agraria y
la intervención estatal en actividades claves.
Ya en el gobierno de Frei y hasta el de Allende, se asiste como se indicó a una creciente
radicalización del lenguaje y la acción política, que dirigían sus críticas al modelo capitalista. En el
mundo sindical, ello se refleja en que a la tradicional dirección de los partidos marxistas se suma la
crítica de una serie de dirigentes demócrata cristianos que también planteaban la necesidad de un
cambio estructural.
En materia laboral, sin duda que uno de los hitos más importantes de este período ocurre en 1967,
con la promulgación de la ley de Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina, lo que se
tradujo en un fuerte crecimiento de la sindicalización campesina que incidió también en el aumento
mostrado por la sindicalización en conjunto. Pero otras leyes dictadas durante el gobierno de Frei
permitieron importantes avances en materia de protección a los trabajadores. En 1965 se estableció
la inamovilidad laboral, restringiendo el despido de trabajadores, y se igualó el salario mínimo
agrícola al salario mínimo industrial (Ley 16.250). En 1966, se estableció la seguridad y estabilidad
en el empleo agrícola (Ley 16.645), y al año siguiente, se fijó el pago del salario (en efectivo y en
especies) en los días de lluvia a los trabajadores agrícolas (Ley 16.611). En 1968, la ley 16.744
estableció altos estándares en materia de condiciones laborales, enfermedades profesionales y
accidentes del trabajo, y se establece la negociación por rama en torno a un pliego único sectorial,
lo que legitimaba a las federaciones -que hasta el momento habían tenido poco peso- como actores
relevantes. De este modo, los sindicatos fuertes podrían apoyar a los más pequeños, mejorando las
condiciones laborales y salariales para el conjunto de los trabajadores.
2.1. Los rasgos económicos más sobresalientes del período
La década del cincuenta se abre con un acelerado proceso inflacionario que exigía tomar medidas.
En una primera fase del gobierno de Ibáñez se impulsa una política de mayor control estatal de la
economía y de apoyo a los sindicatos. Las relaciones del Ejecutivo con los empresarios se vuelven
tensas, y las dificultades estructurales que mostraba la economía chilena se agudizan, aumentando
la inflación de un 40% en 1954 a un 84% en 1955. Esto generó una ola de huelgas y la pérdida de
apoyo popular, que culminó con la implementación de una política antiinflacionaria propuesta por
la Misión Klein & Saks, que contemplaba reducir el gasto fiscal y la liberalización paulatina de las
políticas económicas (eliminación de reajustes automáticos a sueldos y salarios, de los subsidios, de
323
los controles de precios, y de los monopolios fiscales y privados, y la apertura de la economía a la
competencia externa).
Sin embargo, estas propuestas no fueron acatadas por el gobierno: no se redujo el gasto fiscal y los
parlamentarios de derecha no aprobaron la reforma tributaria. Y aunque el control de la inflación
fue el logro más importante de la Misión Klein & Saks (en 1957 bajo a un 17%), eso trajo consigo
negativos efectos para la industria de la construcción, por la contracción de los bienes de capital, el
fin de los controles cambiarios expuso a los fabricantes locales a la competencia internacional, el
año 1957 el precio del cobre cayó, y también cayó la producción industrial en alimentos, textiles y
vestuario, rubros destinados al consumo popular, y la construcción. A ello se unió el deterioro de las
remuneraciones y una alta cesantía.
–
La liberalización de la economía
El principal propósito del gobierno de Alessandri fue enfrentar los serios problemas económicos
concediendo más autonomía a la empresa privada y restringiendo la actividad estatal. Entre otras
medidas se eliminaron barreras al comercio exterior, se liberalizaron los precios, se incentivó a que
la empresa privada renovara sus bienes de capital y su tecnología, y la CORFO debía hacerse cargo
de formular un plan decenal de fomento a la producción, asesorar a la empresa privada en su
modernización y otorgar créditos a largo plazo con fines de fomento; y se inició una política de
inversiones en obras públicas (transportes, comunicaciones y viviendas). En este modelo, el Estado
debía actuar a través de la política fiscal, estimular la inversión privada mediante el gasto público y
velando por un clima de confianza, estabilidad a mediano plazo (Ffrench-Davis & Muñoz, 1990).
Estas medidas lograron reactivar la economía: los créditos externos aumentaron en un 300%, la
producción industrial aumentó en un 14%, el desempleo se redujo, se mantuvo baja la inflación (3%
anual en 1960 y 4% en 1961), y aumentó el ingreso per cápita. No obstante, voces críticas a una
política de liberalización de la economía y restricción de la participación estatal surgieron, a las que
se sumó el partido radical. Alessandri necesitaba una mayoría parlamentaria para continuar con su
proyecto económico, y al no lograrlo en las elecciones parlamentarias de 1961, invitó al gobierno a
los radicales. Ello marcó la salida de los empresarios del gobierno, que había gobernado sin los
partidos políticos, y el retorno de las lógicas partidistas (Correa et al., 2001).
A fines de ese año, y a pesar de los importantes logros alcanzados en los primeros años de su
gobierno, la estrategia económica de Alessandri había colapsado, no contaba con el apoyo del
electorado. El proyecto económico de la derecha, al cual habían apostado los empresarios, había
fracasado. En tanto, desde otros sectores políticos, la idea de un cambio estructural ganaba cada vez
mayor fuerza.
–
Planificaciones estructurales
El impacto del análisis estructuralista de instituciones como la CEPAL, explica que el gobierno de
Frei haya enfatizado desde su inicio en la realización de grandes reformas estructurales de la
economía que apuntaban a terminar con los desequilibrios socioeconómicos que permitirían el
crecimiento económico y la redistribución del ingreso, y la participación política de los sectores
sociales excluidos. Las medidas para ello fueron un programa de estabilización gradual que debía
permitir el crecimiento de la productividad, mejorar los salarios reales y disminuir la inflación; la
324
modernización de la producción industrial reactivando el papel económico del Estado,
introduciendo nuevos sectores de punta, como las telecomunicaciones y la industria petroquímica, y
desarrollando exportaciones no tradicionales; y un programa de reformas estructurales en la minería
y el agro.
·
La chilenización del cobre
La minería del cobre era considerada “la viga maestra” de la economía. En 1964 representaba el
61% del total de las ventas al exterior, y el 85% de su producción estaba en manos de dos
compañías estadounidenses. Dada su estratégica importancia, el gobierno se propuso tener una
participación activa en la producción, exportación y propiedad del mineral. Para ello se puso en
marcha un proceso de “chilenización” a través del cual se aseguraría el control estatal de una
proporción mayoritaria de las acciones de las grandes compañías norteamericanas, duplicar la
producción en seis años, otorgar al Estado un papel más activo en la comercialización del mineral y
mejorar la situación de los trabajadores del sector. La chilenización nunca planteó la
nacionalización completa del mineral sino que la creación de empresas mixtas con las compañías
norteamericanas. El Estado adquirió el control del 51% de la Gran Minería del cobre.
·
La Reforma Agraria
La agricultura presentaba una escasa productividad. Luego de la crisis de 1930 las inversiones
privadas se detuvieron, los salarios de los campesinos incluso habían experimentado un descenso,
tenían serias restricciones para sindicalizarse, estaban al margen del consumo urbano, lo que
acentuaba la estrechez del mercado interno, con las negativas consecuencias para el desarrollo
industrial. Es decir, aún en los sesenta, la agricultura no se había recuperado de la crisis del 30.
Por otro lado, el agro mantenía las relaciones laborales caracterizadas por el paternalismo
autoritario. Se trataba de una sociedad fuertemente jerarquizada donde los grandes propietarios eran
quienes imponían su voluntad. Existía además una fuerte concentración de la propiedad de la tierra.
En 1939, menos del 1% de todas las propiedades agrícolas abarcaban aproximadamente el 68% de
la tierra, y un 47% de los terrenos consistía en parcelas de menos de cinco hectáreas, lo que las
convertía en unidades demasiado pequeñas para ser económicamente viables (Collier & Sater,
1999, p. 232). En 1955 “un 4.4% de los terratenientes poseían el 43.8% de ésta, mientras que un
36.9% de los propietarios era dueño de sólo un 2.3% de las tierras bajo regadío” (Correa et al.,
2001, p. 221)
Esta mantención de la estructura agrícola y el estancamiento de la producción agrícola favorecía la
migración campo-ciudad y produjo un desequilibrio entre el estancamiento de esta actividad
económica y la rapidez del crecimiento de algunas actividades productivas.
Desde fines del veinte existía preocupación por la estructura de la propiedad agrícola, y en la
década del cincuenta se establecieron una serie de medidas tendientes a mejorar la condición de los
trabajadores del agro (el salario mínimo campesino, asignación familiar, obligatoriedad de la
indemnización por despido). No obstante, no fue sino hasta los años sesenta cuando la presión por
realizar una reforma en el agro se hizo más fuerte. La opinión de partidos políticos de oposición y
de gobierno, así como la escuela estructuralista, con el apoyo de importantes organismos
internacionales (CEPAL, por ejemplo), planteaban que uno de los problemas estructurales de la
325
economía chilena era el latifundio, es decir, la concentración en una sola mano de grandes
extensiones de tierras que no eran explotadas en forma intensiva y en las cuales persistían
relaciones laborales y sociales semi feudales.
Por ello, en 1962 se aprueba la primera ley de reforma agraria que permite la expropiación de
tierras sin explotar o mal trabajadas. La ley creó la Corporación de Reforma Agraria (CORA), cuya
acción permitió que al final del gobierno de Alessandri, las tierras expropiadas a terratenientes
mediante su venta al Estado representaran el 30% de las expropiaciones, y el 70% correspondió a
propiedades públicas o semifiscales.
En cuanto a la productividad, mientras que en 1958 el sector contribuía con un 21.9% de las
importaciones y un 10% de las exportaciones del país, para el año 1963, las importaciones habían
aumentado a 25% y las exportaciones habían caído a un 6.2% (Correa et al., 2001, p. 224). Es decir,
el impacto de la Reforma en la transformación de la estructura de la propiedad de la tierra, así como
en la elevación de la productividad había sido muy limitado.
El gobierno demócrata cristiano propuso una transformación de la estructura de la propiedad que
efectivamente permitiera la modernización de los procesos productivos y el aumento de la
productividad. Se propuso redistribuir las tierras entre quienes la trabajaban, los campesinos, y
legalizar los sindicatos campesinos, de modo de mejorar sus condiciones de vida e incorporarlos a
la vida cívica al terminar con las relaciones paternalistas que mantenía con terratenientes.
La reforma que fue aprobada en 1967 establecía el nuevo concepto de “función social de la
propiedad”, exigía “un mejor aprovechamiento de las fuentes de energías productivas en el servicio
de la comunidad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes” (Aylwin et
al., 1990, p. 216). Con esta nueva ley y con la anterior de 1962, entre 1965 y 1970 se expropiaron
un total de 1.134 predios con una superficie total cercana a los 3 millones de hectáreas. Casi 30 mil
familias fueron organizadas en asentamientos. Desde el punto de vista productivo, se incrementó la
producción agrícola (de 1.762 millones de escudos en 1964, a 1993 millones en 1970), los cultivos
agrícolas crecieron entre 1965 y 1970 a una tasa promedio de 5% anual, que representaba un
incremento frente al 2.5% del período anterior, y la producción ganadera se incrementó a un 5.5%
anual, frente al 2% del período anterior. Sin embargo, a pesar de este repunte, la agricultura
continuó siendo incapaz de abastecer la demanda interna (Aylwin et. al., 1990; Correa et al., 2001).
El mismo año 1967, se aprobó la Ley de Sindicalización Campesina, que fomentaba la organización
de los trabajadores del agro. Fruto de este nuevo marco legal, la sindicalización campesina comenzó
a crecer rápidamente: entre 1968 y 1972, la afiliación sindical creció de 76 mil a 282 mil personas
(Rojas 2007). De los 20 sindicatos campesinos que existían en 1959, y que agrupaban a 1.656
trabajadores, en 1965 habían 33 con 2.126 miembros y en 1969 las cifras habían aumentado a 423
sindicatos que reunían a 104.666 campesinos (Correa et al., 2001, p. 249). Este fuerte crecimiento
de la sindicalización campesina incidió en el aumento mostrado por la sindicalización en conjunto.
Después de un estancamiento durante la década del 50 y mediados del 60 (tasa de sindicalización se
mantuvo en un 11%), a partir de 1966 se inicia una tendencia ascendente: pasa de 369 mil afiliados
(14.2%) en 1966, a 500 mil (18.5%) en 1968 y a 939 mil (32.5%) en 1973 (Rojas, 2007). Otro
factor que explica este crecimiento es la mayor participación de los obreros de pequeñas y medianas
empresas, y el mayor poder negociador de las federaciones por ramas, lo que fomentó la integración
de sindicatos pequeños.
326
Por otro lado, se aprecia un aumento del movimiento huelguista. Entre 1960 y 1964 se verificaron
en las zonas agrarias 54 huelgas; en tanto entre 1967 y 1969 el número alcanzó las 1821 huelgas
Al poner fin al orden hacendal, la reforma agraria debilitó al grupo dirigente tradicional, uno de los
referentes sociales importantes en la historia de Chile. Ello condujo a que la elite tradicional se
aglutinara más y que las fuerzas de derecha adoptaran posiciones más confrontacionales.
o Las mujeres en el agro
Entre mediados de la década del cincuenta y mediados de los sesenta, los censos agrícolas indican
que menos del 2 por ciento de los trabajadores agrícolas permanentes eran mujeres. Y aunque ellas
realizaban trabajos en el servicio doméstico, el lavado, las costuras, trabajos temporales de cosecha,
“pocas mujeres ganaban lo suficiente como para mantenerse a sí mismas y a sus hijos” (Tinsman,
1995, p. 124).
Como lo indica Heidi Tinsman (1995), la reforma agraria y las políticas de bienestar desarrolladas
durante los gobiernos de Frei y de Allende, no transformaron esta situación de dependencia
económica de las mujeres campesinas, lo que las exponía a una serie de situaciones de abuso al
interior de sus familias (violencia de parte de sus parejas hombres) y a la exclusión de
organizaciones de trabajadores. Y es que el paso de la propiedad privada a la propiedad estatal no
modificó la costumbre de contratar casi exclusivamente a hombres en las haciendas. Como lo
ocurrido durante los gobiernos del Frente Popular, la reforma agraria reforzó un modelo familiar
hombre proveedor, mujer dueña de casa: “la Reforma Agraria requería que los miembros de los
asentamientos fueran “jefes de hogar”, y las políticas de pleno empleo rural se dirigieron en
especial a los hombres” (p. 124). En este sentido, las políticas de la DC y posteriormente de la
Unidad Popular, fortalecieron la posición de los hombres como proveedores familiares y no crearon
oportunidades de empleo para las mujeres, cuyo trabajo siguió centrado en las huertas familiares y
en el hogar. En este sentido, al seguir a cargo de tareas que aunque productivas no eran
remuneradas, la reforma agraria reforzó la dependencia económica de las mujeres hacia los
hombres.
Más aún las movilizaciones rurales promovidas por los gobiernos de Frei y de Allende, convocaron
a las mujeres en tanto madres y esposas, y como apoyo a las verdaderas luchas de los hombres.
Entre 1964 y 1973 las mujeres rurales participaron activamente en los Centros de Madre (CEMA)
organizados por el Estado, y en los comités de huelgas de sindicatos, pero mientras en los centros
de madres se les enseñaban artesanías y destrezas domésticas, en los sindicatos ellas eran excluidas
porque no eran trabajadoras permanente (Tinsman, 1995). Es por ello que, las políticas dirigidas al
agro durante los años sesenta y comienzo de los setenta hasta antes del golpe de Estado, al enfatizar
en los hombres como los principales protagonistas, terminaron por reconstituir y reforzar las
jerarquías sexuales” (p. 127).
Las medidas implementadas por el gobierno de Frei si bien no lograron dinamizar la tasa de
crecimiento económico (4,3%), sí redujeron el ritmo inflacionario. Generaron una importante
redistribución del ingreso: la participación relativa de los ingresos del trabajo en el ingreso
geográfico aumentó de 45% en 1964 a 52% en 1970, según las Cuentas Nacionales de Chile. Se
327
implementó una reforma del sistema tributario, se logró el control del 51% de la gran minería del
cobre, y se compatibilizaron las reformas estructurales, como la reforma agraria, con la
modernización del sector industria: las exportaciones se diversificaron expresión de lo cual es el
aumento sistemático de los rubros no mineros. Junto con lo acontecido en el ámbito económico, se
modernizó el aparato estatal incorporando a él recursos humanos calificados, se creó una
institucionalidad mas ágil, se tecnificó el sistema de formulación de la política económica, se inició
y se mantuvo una política cambiaria real estable, y se avanzó en una racionalización del régimen de
importaciones y de promoción de exportaciones. No obstante, como había sucedido antes, no hubo
capacidad por parte del gobierno de darle continuidad a su proyecto político al no concitar bases de
apoyo más allá del partido gobernante (Ffrench-Davis & Muñoz, 1990).
–
El aporte de los distintos sectores económicos al crecimiento económico del país
Una mirada al aporte de cada sector económico al crecimiento del país, permite ver la evolución de
cada uno de ellos para posteriormente relacionarlo con la estructura de empleos de la población.
Este seguimiento de la evolución de cada sector es posible de realizar a partir de 1940, fecha en la
cual existen cuentas nacionales en forma continua.
Como se aprecia en el Cuadro 3, la industria manufacturera es el principal sector llegando a
constituir en 1965 un 25% del PGB. En el período 1940-1960 el PGB generado por el sector se
expandió a una tasa anual de 5.2%, y entre 1960 y 1965 lo hizo en un 7.2%. Dentro del sector, los
grupos que crecen más rápidamente son papel y productos del papel, productos de caucho,
derivados del petróleo y del carbón, industrias metálicas básicas, y productos de metal. Los grupos
que muestran un crecimiento medio son bebidas y calzado, prendas de vestir y artículos
confeccionados con productos textiles. En tanto los productos alimenticios y textiles constituyen un
grupo que muestra un crecimiento relativamente lento.
En el caso de la Agricultura, Caza y Pesca, la tasa de crecimiento del PGB entre 1940 y 1960 es de
1.3% al año en tanto entre 1960 y 1965 no se registra crecimiento.
El PGB originado de la explotación minera alcanzó en 1960 un nivel casi un 1% bajo el nivel de
1940. En el caso del cobre, la principal producción, su producción aumentó sustancialmente a partir
de 1959; también aumentó la producción del hierro, de petróleo, en tanto la de salitre y carbón se
mantuvieron constantes.
328
Cuadro 3. Producto Geográfico Bruto por Sector de origen,
1940-1965
Sector
Agricultura, Caza y Pesca
Minería
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad, gas, agua,
servicios sanitarios
Transportes, Almacenamiento
Comercio
Bancario, Seguros, Inmuebles
Propiedades, viviendas
Administración Pública,
Defensa
Servicios
Total
1940 (1)
15.5
9.1
18.3
2.7
1950 (1)
15.6
6.2
19.6
2.2
1960 (2)
11.1
9.1
23.3
4.2
1965 (2)
9.9
9.9
25.4
5.6
1.0
0.9
1.2
1.6
7.3
16.1
2.9
10.3
6.4
19.0
3.2
8.5
5.0
21.0
2.8
5.9
4.6
20.9
2.3
3.6
5.8
8.0
5.0
5.1
11.1
100
10.4
100
11.4
100
11.1
100
Fuente: (1) CORFO. Cuentas Nacionales de Chile. Santiago, 1963 (mimeografiado)
(2) ODEPLAN, Presidencia de la República, Cuentas Nacionales de Chile, 1960-1966, Santiago, agosto 1967 (mimeo). En
CIEUC, 1970. Cuadernos de Economía, Vol. 7, N°21.
3.
Panorama general de los fabricantes de riqueza: los trabajos de hombres y
mujeres en los censos de población
En el marco de las importantes transformaciones que experimenta el modelo de desarrollo que
había caracterizado a la economía chilena desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas
del siglo XX, ¿qué sucede con el empleo?; ¿en qué sectores económicos trabajan hombres y
mujeres, qué actividades realizan?; ¿qué cambios y que continuidades se pueden observar cambios
en relación a lo sucedido en las primeras décadas del siglo?
–
Los censos como base para el estudio de la evolución del empleo: ventajas y
limitaciones
Las cifras de empleo correspondientes al periodo 1930 a 1970 que se presentan, se basan en la
revisión de los cinco censos realizados en el periodo. Estos censos muestran diferencias importantes
en relación a los realizados entre 1885 y 1920, analizados en el capítulo anterior. Los censos a partir
de 1930 introducen una serie de clasificaciones ausentes en los censos precedentes. Distinguen
Ramas de Actividad, Grupos de Ocupación, Categorías de Ocupación, y Situación (activos e
inactivos). Ello facilita el trabajo de análisis de los datos, y entrega cruces de información que
durante el primer periodo no eran posible realizar. Sin embargo, también representa importantes
dificultades. No todos los censos elaboran estas clasificaciones, son especialmente los de 1952 en
adelante los que presentan mayor homogeneidad en la clasificación de la población. Y por otro
lado, cuando consignan estas clasificaciones, en ocasiones ellas difieren de un censo a otro.
Lo anterior ha hecho necesario realizar homologaciones entre las clasificaciones que presenta cada
censo, y crear algunas clasificaciones a fin de poder comparar las cifras de empleo de todo el
329
período (1930-1970). Se han realizado homologaciones de las Ramas de Actividad para los censos
de 1930 y 1940 (Ver Anexo 2), y para estos mismos censos se han creado Grupos Ocupacionales en
base a la clasificación que hace el censo de 1952.
Por otra parte, en cuanto a la presentación de la información según Provincias, para efectos de la
publicación de algunos datos, el censo de 1930 hizo agrupaciones de provincias (por ejemplo, los
datos de la Provincia de Concepción se presentan en el grupo de Provincias formado por Ñuble,
Concepción y Bío Bío). Por ello, para algunos datos, no es posible entregar la información a nivel
provincial sino solo a nivel del grupo de provincias o zona creada por el censo. Esto es importante
de indicar porque se mantuvo el análisis de cuatro provincias: Tarapacá, Santiago, Valparaíso y
Concepción. Se trata de aquellas provincias que concentran la mayor cantidad de población del país
y que representan diferencias geográficas y económicas: mientras en una de ellas la minería es la
principal actividad económica, Tarapacá, en Concepción se asiste a un cambio de la agricultura, a la
minería del carbón y a la industria; en tanto en las otras dos provincias, Santiago y Valparaíso, son
las actividades industrial y comercial las más importante.
Respecto de la desagregación de la información según el origen rural y urbano de la población
trabajadora, cuestión que los censos del periodo 1885-1920 no contemplaban, la situación para los
censos del periodo 1930-1970 es la siguiente. Para los años 1930 y 1940, se entrega información
desagregada según origen rural urbano, pero no desagregada por sexo; los censos del año 1952 y
1960 desagregan de acuerdo al origen rural y urbano solo cuando entregan información de la
Población Económicamente Activa (PEA); y el censo de 1970 hace esta desagregación cuando
entrega información sobre la PEA, Rama de Actividad, Grupo Ocupacional, pero no Categoría
Ocupacional.
–
El crecimiento de la fuerza de trabajo es inferior al crecimiento de la población
Como se aprecia en el Cuadro 4, el periodo que se extiende de 1930 a 1970 muestra un aumento de
la fuerza de trabajo, de un millón cien mil personas, a un poco más de dos millones de personas;
aumento que tiende a distanciarse del crecimiento poblacional25.
25 Las cifras en base a las cuales se elaboró el análisis que se presentan a continuación, se pueden consultar en extenso en Anexo 3.
330
Cuadro 4. Población Económicamente Activa, por sexo, total país. 1930-1970
Año y sexo
1930
Hombres
Mujeres
1940
Hombres
Mujeres
1952
Hombres
Mujeres
1960
Hombres
Mujeres
1970
Hombres
Mujeres
Total Nacional
1.434.541
1.153.857
280.684
1.768.721
1.333.195
435.526
2.155.293
1.616.152
539.141
2.388.465
1.854.164
534.301
2.695.566
2.079.359
616.197
Composición
por sexo
100
80.4
19.6
100
75.3
24.7
100
75
25
100
77.6
22.4
100
77.1
22.9
Fuente: Censos de Población correspondientes a los años 1930, 1940, 1952, 1960 y 1970.
Notas: Para el Censo de 1930, se ha calculado la PEA sumando la población ocupada, desocupada y servidumbre. Estas dos últimas categorías fueron
consideradas en el censo como Población Inactiva. El año 1940 la PEA incluye Ocupados más los Desocupados. Para los censos de 1952, 1960 y
1970, la PEA comprende a los Ocupados, Desocupados y la categoría Busca trabajo por primera vez. Se excluyó en todos los años a los rentistas,
categoría que en los censos de 1930 y 1940 fue incluida en la población ocupada, que en los censos de 1952 y 1960 fue considerada Población
Inactiva, y que en el censo de 1970 no aparece.
Desde comienzos de siglo y hasta 1952 la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar
(doce años y más) seguía muy de cerca la tasa de crecimiento poblacional, que desde comienzos de
siglo mostraba una tendencia creciente pero estable (1,3% vs.1.4%). Este fenómeno se aprecia
especialmente en el caso de los hombres pues entre las mujeres el promedio de crecimiento de la
fuerza de trabajo fue inferior al crecimiento de la población.
Sin embargo, en la década del cincuenta la población aumenta su ritmo de crecimiento (2,76%), el
cual se mantiene hasta los años ochenta, con algunas fluctuaciones, en el orden del 2 por ciento. Se
trata de un alza en el crecimiento de la población que se concentra en las zonas urbanas y que
obedece a una serie de factores, como la baja en las tasas de mortalidad general y al lento proceso
de caída de la tasa de natalidad26. Ese cambio demográfico produce un distanciamiento entre el
crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo, lo que se mantiene hasta inicios de la década
del setenta. Así, el fuerte aumento de la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar
(doce años y más) se expresa con rezago en la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo femenina
y masculina debido al mayor tiempo dedicado por la población joven en edad de trabajar a la
escolaridad, especialmente entre 1960-197027.
26
La evolución de la tasa de mortalidad es la siguiente: 1907-1920 3%; 1920-1930, 2.71%; 1930-1940, 2.32%; 1940-1952, 1.71%;
1952-1960, 1.25; 1970-1982, 0.73; y 1982-1985, 0.63. La evolución de la tasa de natalidad es la siguiente: 1920-1930,4%; 19301940, 3,75%; 1940-1952, 3,53%; 1952-1960, 3,66%; y entre 1970-1982 y 1982-1985 alcanza un 2.41%. Pardo, 1987.
27
Junto con ello, Pardo (1987; 1988) señala que el proceso migratorio campo-ciudad también contribuyó a este rezago ya que
aparentemente transformó población activa en inactiva; ello porque se observa un decrecimiento de la fuerza de trabajo en el campo
y no se aprecia un crecimiento de ella en el sector urbano.
331
–
La participación laboral de los hombres aumenta y la de las mujeres disminuye
Respecto de la evolución de la participación laboral de hombres y mujeres, en relación a la fuerza
de trabajo masculina, en 1930 se observa un alza de casi siete puntos respecto de lo que registraba
el censo de 1920, en tanto en las mujeres se produce precisamente lo contrario, una marcada
disminución de la fuerza de trabajo de casi 7 puntos. De hecho, estas cifras representan el nivel más
alto alcanzado por la PEA masculina, y la cifra más baja de la PEA femenina, desde 1854 hasta el
año 2002 inclusive. Posteriormente, la fuerza de trabajo masculina muestra una disminución, nunca
inferior al 75 por ciento, en tanto la fuerza de trabajo femenina muestra un alza que en promedio
alcanza el 24 por ciento.
¿Qué explica el fuerte cambio (alza o descenso) en el registro de la población económicamente
activa masculina y femenina? El censo de 1930 introdujo una serie de modificaciones al registro de
las actividades económicas de la población, dentro de las cuales cabe mencionar la distinción entre
personas activas e inactivas, figurando entre los primeros los patrones, empleados y obreros, y
entre los segundos, los miembros de familia, servidumbre y desocupados. Además, quienes
trabajaban en el servicio doméstico fueron clasificados como “dependientes” e incluidos en la Rama
económica a la que pertenecían sus patrones28.
Sin duda que estos cambios afectaron el registro del empleo femenino. Las características de
muchas de las actividades desarrolladas por ellas, realizadas en sus casas de manera esporádica o a
medio tiempo, contribuyó a considerarlas como parte de su trabajo doméstico no remunerado. Por
otra parte la centralidad de la maternidad y el cuidado del hogar como parte de la identidad
femenina, también puede haber contribuido a esta fusión e invisibilización de las actividades
remuneradas realizadas por mujeres (no solo desde los empadronadores sino probablemente desde
las mismas mujeres). Estos factores explican que sean las mujeres quienes predominen entre los
miembros de familia, y los hombres entre los desocupados. Como se sabe, los roles de madre y
dueña de casa atribuidos a las mujeres dificultan que mujeres desocupadas se declaren o sean
registradas como tales, y que mas bien tiendan a declararse como dueñas de casa. Ello puede
explicar en parte importante el descenso de la participación laboral femenina que muestran los
censos. Incluso contabilizando a la servidumbre como población activa, de todos modos la
participación laboral femenina desciende (Hutchison, 2000).
Junto con estos cambios en la forma de medir el empleo, y los problemas que genera en el registro
del empleo femenino, se ha señalado que la caída en la participación laboral femenina puede
deberse a la crisis económica internacional que habría provocado un fuerte desempleo femenino,
cuestión difícil de corroborar con las cifras censales por las dificultades para medir el desempleo
femenino en 1930. Y junto con ello, a cambios estructurales en las formas de producción que
marginaron a las mujeres de algunos trabajos productivos. Veremos este aspecto al analizar la
participación de hombres y mujeres por ramas de actividad y ocupaciones.
A partir de 1940, se advierte una recuperación de la participación laboral de las mujeres (aumenta
en cinco puntos), que se mantiene en el censo de 1952, y que en los dos censos posteriores
28
Con el propósito de medir la productividad de la población en un momento dado, más que hacer un inventario de las habilidades
productivas de la población, el Censo de 1930 buscó definir de manera más precisa el trabajo, registrando solo aquellas profesiones
que “la persona efectivamente ejercía como algo verdaderamente especializado” (Censo 1930, citado en Hutchison, 2000).
332
disminuye a cifras inferiores al 23 por ciento. En el caso de los hombres, se observa una
disminución de su participación laboral (en cinco puntos), para luego estabilizarse por sobre el 75
por ciento en el resto del periodo.
–
Características de las fuerza de trabajo: predominio de personas de edades
intermedias y con mayores niveles de educación
Desde los años cincuenta en adelante se aprecia que la fuerza de trabajo femenina se concentra en
edades intermedias: en 1952 el 41.7 por ciento de la fuerza de trabajo femenina tenía entre 25 a 44
años de edad, en tanto en 1970 este porcentaje aumenta al 46 por ciento. Si bien esto sucede tanto
en el sector urbano como el rural, en los sectores rurales la fuerza de trabajo se concentra en edades
más jóvenes.
Esta concentración de la fuerza de trabajo en estas edades, se debe al retiro de la fuerza de trabajo
de jóvenes por el aumento del periodo de escolaridad. En efecto, se aprecia una mayor escolaridad
de la población, y como consecuencia de este avance, la población activa femenina y masculina que
cuenta con instrucción también aumenta. De acuerdo a la información censal para los años 1960 y
1970 (fechas en las que los censos incluyen esta información), la población activa que cuenta con
instrucción aumenta en poco menos de diez puntos entre 1960 y 1970; y también aumenta la
población activa que cuenta con instrucción más orientada al trabajo (comercial, industrial,
universitaria, etc.), lo que es más marcado en el caso de las mujeres (Ver Cuadro 5).
En el caso de la población femenina también se advierte que las mujeres mayores de 15 años que no
tienen ninguna educación disminuyen (de 17.3 por ciento en 1960, a 7.40 por ciento en 1982); y que
la población con 10 años y más de educación aumenta (de 10.6 por ciento en 1960, a 32.3 por
ciento en 1982), siendo más notorio este aumento entre las mujeres activas (de 18.7 por ciento en
1960 a 48 por ciento en 1982) (Pardo, 1987).
Lo señalado no necesariamente refleja que las mujeres tengan mayores niveles de educación que los
hombres sino que para ellas, contar con educación parece ser un factor que incide, más que en el
caso de los hombres, en la inserción en el mercado laboral.
}
333
Cuadro 5. Nivel de instrucción y tipo de instrucción de la población activa, por sexo.
Total nacional (en porcentaje)
1960
1970
Hombre Mujer
Total Hombre Mujer
Total
81.4
86.2
82.5
90.9
94.2
91.6
Población
activa
con
instrucción
6.58
7.52
6.80
11.7
17.2
13.0
Población
activa
con
instrucción para el trabajo
(1)
Fuente: Censos de Población de los años 1960 y 1970.
(1) En “instrucción para el trabajo” se ha incluido lo siguiente: para el año 1960, Educación Comercial, Industrial, Técnica
Femenina, Agrícola, Universitaria y Especiales; y para el año 1970 Educación Comercial, Industrial, Técnica Femenina,
Agrícola, Normal y Universitaria.
– Tasa de participación en el Gran Santiago —
1957-1986
La tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo en
el Gran Santiago entre 1957 y 1986 muestra una reducción
de la participación de la población sin educación (de 38.24%
a 20.02%) y un aumento de la participación de la población
que cuenta con educación media (de 29.57% a 33.25%),
educación universitaria (de 50.56% a 58.99%) y educación
especial (de 43.05% a 48,65%).
El aumento en el nivel de educación de las mujeres en la
fuerza de trabajo ha crecido a un ritmo mayor que el de los
hombres. El promedio de años de educación de la fuerza de
trabajo femenina creció de 3.6 en 1957 a 10.5 en 1986, sin
considerar la educación especial. En el caso de los hombres
esta variación fue de 6.98 a 11.2 años de educación
promedio.
La tasa de participación masculina en la fuerza de trabajo en
el Gran Santiago entre 1957 y 1986 también muestra una
reducción de la población sin educación (78.22 a 41.35%)
pero también una reducción de la población que cuenta con
educación media (78.60 a 68.25%), en el caso de la
educación universitaria casi no se aprecian cambios (73.82%
a 73,58%) y en la educación especial se ve una disminución
(71.92% a 67.27%).
Pardo, 1987
Otras características de la fuerza de trabajo femenina tienen relación con el estado civil y el número
de hijos. En cuanto al estado civil, si bien en 1970 las tasas más bajas de participación laboral se
encuentran entre casadas y convivientes, de acuerdo con el modelo familiar hombre proveedormujer dueña de casa (Ver Cuadros 6 y 7), al mirar la evolución de estas tasas entre 1960 y 1982, se
observa un aumento en la fuerza de trabajo de las mujeres casadas, de 22.2% a 33.1%, y en menor
medida, de las mujeres en situación de convivencia de 1.9% a 2.8%. Junto con ello, se produce una
334
disminución de las solteras, de 63% a 52%. La situación de mujeres anuladas, separadas o viudas,
se mantiene de 12.9% a 12.1% entre 1960 y 1982.
Cuadro 6
Tasas de participación femenina por
estado civil 1970
Estado civil
Solteras
Casadas/convivientes
Viudas
Separadas
Tasa
participación
26,2
13,2
15,5
45,1
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 1970
Cuadro 7
Distribución de la población ocupada por
estado civil según sexo 1970
Estado civil
Hombres
Mujeres
Solteras/os
34,2
55,8
Casadas/os-convivientes
62,0
31,6
Viudas/os
2,2
6,8
1,4
5,8
Separados/as
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 1970
Se advierte además un aumento de la participación de mujeres madres en la fuerza de trabajo en
igual fecha (de 14.9 por ciento en 1960 a 20.5 por ciento en 1982) y al mismo tiempo, una
disminución del número de hijos nacidos vivos entre las mujeres que trabajan remuneradamente.
Esta disminución es más marcada entre aquellas que no trabajan en forma remunerada, aun cuando
el promedio de hijos de ellas es superior al de las trabajadoras remuneradas (entre las mujeres
activas esta disminución fue de 2.99 a 2,72, y entre las inactivas fue de 4.33 a 3.87; Censos
poblacionales).
El aumento de la tasa de participación de mujeres en edades reproductivas (25 a 44 años), casadas y
madres, la disminución en el número de hijos de las mujeres ocupadas y los mayores niveles de
educación que muestran, anuncian importantes cambios en el comportamiento de las mujeres en el
mercado laboral.
–
Las ramas económicas más importantes en términos de empleo
La agricultura sigue siendo una de las fuentes de ingreso más importantes de la población, al igual
que lo sucedido en el periodo 1885-1920, concentrando un porcentaje superior al 30 por ciento de
los ocupados. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en las primeras décadas del siglo, el sector
pierde importancia relativa en el empleo, llegando en 1970 a concentrar un poco más del veinte por
ciento de la población (Ver Cuadro 8).
335
de ambos sexos. 1930-|970 Totales Nacionales (1)
Rama de Actividad
I Agricultura
II Minería
III Industrias
IV Transportes
V Comercio
VI Servicios
1930 *
38.6
5.9
22.6
5.3
11.2
14.7
1940*
35.6
5.5
17.1
4.3
9.3
24.6
1952
30
4.7
18.9
4.4
10.3
22,2
1960
27.7
3.8
17.9
4.9
10.1
22.7
1970
21.1
3.0
16.5
6.1
11.2
25.7
Fuente; Censos de Población y Vivienda para los años 1930 y 1940. La información de los años 1952, 1960 y 1970, es elaboración de Adriana
Muñoz Dalbora (1988).
(*) Se hizo una homologación de las Ramas de actividad para los censos de los años 1930 y 1940
(1)Se excluye a la población que busca trabajo por primera vez (registrada en el censo de 1952).
(2) En 1952 la población ocupada incluye a) Trabajador con remuneración en dinero o especie, b) Quehaceres del hogar y además ayuda con trabajo
remunerado, y c) Estudiantes y además ayuda con trabajo remunerado. La cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes trabajan
sin remuneración, es por esto que no coincide con el total de la población ocupada.
(3) y (4) En los años 1960 y 1970, la cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes buscan trabajo por primera vez, por esto que no
coincide con el total de la población ocupada.
La producción industrial, ocupa el segundo lugar en relación a población ocupada, pero ya en
1940 es desplazada por los servicios. Así, aunque la industria es el principal sector que aporta al
PGB en el periodo, declina fuertemente su importancia numérica entre los ocupados: entre 1930 y
1970 baja en seis puntos.
Sin duda el sector que experimenta un aumento notable es el de servicios que pasa de concentrar
una proporción de trabajadores inferior a los de la Agricultura y la Industria en las primeras décadas
del periodo, para concentrar en 1970 un cuarto de la población ocupada.
Por su parte el comercio con pocas fluctuaciones mantiene un porcentaje cercano al 10 por ciento
de trabajadores durante todo el periodo.
De lo expuesto, se puede afirmar que la producción agrícola sigue siendo la primera rama en
términos de ocupados, pero con una fuerte caída que la deja en un segundo lugar hacia 1970.
La industria mantiene el segundo lugar como fuente de ocupación que había ocupado desde
comienzos de siglo, pero ya en 1940 es desplazada a un tercer lugar por la rama de Servicios que se
convierte desde esa fecha en la segunda en importancia en términos de concentración de ocupados,
y que en 1970 llega a ocupar el primer lugar desplazando a la agricultura.
–
Distribución por sexo de las actividades económicas
Como se puede apreciar en el Cuadro 9, hombres y mujeres no se distribuyen en forma pareja en las
distintas ramas de actividad sino que tienden a concentrarse en algunas de ellas. En el caso de los
hombres, la producción agrícola constituye la principal fuente de ingresos, especialmente a
comienzos del periodo, cuando un porcentaje cercano a la mitad de los hombres ocupados
desempeñaban labores agrícolas. Aunque este porcentaje disminuye notoriamente en los años
posteriores, de todos modos esta rama sigue concentrando el porcentaje más alto de ocupados. La
producción industrial ocupa el segundo lugar, concentrando, con fluctuaciones, cerca de un quinto
de la población masculina ocupada hasta los años sesenta. Le siguen los ocupados en las ramas de
comercio y servicios, sin embargo, es en servicios donde se produce un aumento significativo de la
336
ocupación de hombres –entre 1930 y 1970 aumenta en más de diez puntos-, llegando en 1970 a
desplazar a la industria como segunda rama en importancia entre la población ocupada masculina.
Cuadro 9. Distribución de hombres y mujeres sobre el total de cada Rama de Actividad,
1930-1970. Total País. (1)
Rama de
actividad
I Agricultura
II Minería
III Industrias
IV Transportes
VI Comercio
VII Servicios
Otras Ramas
Total
1930
1940
1952 (2)
1960 (3)
1970 (4)
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
45.7
7.3
19.4
6.3
11.3
8.2
1.8
100
9.7
0.2
35.2
1.2
10.8
41.5
1.4
100
44
7.1
15.5
5.3
9.4
14
4.7
100
9.3
0.4
21.9
0.9
9
57.5
1
100
37.4
6.1
17.1
5.5
10.3
11,9
11.7
100
7.8
0.4
24.4
1
10.3
53
3.1
100
34.4
4.8
17.6
6
9.8
12.5
14.9
100
4.4
0.3
19
1.9
10.9
58.4
5.1
100
26.5
3.8
16.2
7.4
10
17.8
18.3
100
3
0.2
17.7
1.8
15
52.4
9.9
100
(1) En cada año se incluye la categoría servicio doméstico en la Rama Servicios. Se excluye a la población que busca trabajo por primera vez
(registrada en el censo de 1952).
(3) y (4) Para los años 1960 y 1970, la cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes buscan trabajo por primera vez, es por esto
que no coincide con el total de la población ocupada. (5) En el año 1952 no aparece la clasificación de ocupaciones en manufactura de Papeles e
Impresiones
Entre las mujeres ocupadas, los servicios ocupan el primer lugar, concentrando en 1930 a un cuarenta
por cuento del total de las ocupadas, y posteriormente a más de la mitad de ellas. En segundo lugar se
encuentra la producción industrial, la que a diferencia de lo que sucede con Servicios ve disminuir
notoriamente la participación femenina: de 35 por ciento en 1930 baja a un 17 por ciento en 1970. La
tercera rama en importancia para el empleo femenino es comercio que concentra prácticamente en
todo el periodo a un diez por ciento de las ocupadas, aumentando en 1970 al 15 por ciento.
Al analizar la composición por sexo de los ocupados en cada rama (Cuadro 10) se pueden distinguir
claramente ramas masculinizadas y ramas feminizadas. Al igual que lo observado durante las
primeras décadas del siglo, las actividades agrícolas, mineras y el transporte constituyen ramas
masculinizadas en las que más del noventa por ciento de los ocupados son hombres. En tanto en la
industria se aprecia una masculinización de los ocupados: los hombres llegan a constituir más del
setenta por ciento hacia los años sesenta. Ello acentúa una tendencia que se veía ya desde 1920
cuando la manufactura comenzaba a dejar de ser la primera rama feminizada.
En el periodo 1930 y 1970, la rama más feminizada es servicios, entre cuyos ocupados las mujeres
representan más de la mitad de los ocupados. En segundo lugar se ubica la industria, donde las
mujeres representan el treinta por ciento de los ocupados, y en tercer lugar se ubica el comercio en el
que la proporción de mujeres entre sus ocupados aumenta notoriamente (de 19 por ciento a 30 por
ciento), desplazando hacia 1970 a la industria como segunda rama feminizada.
337
Cuadro 10. Porcentaje de hombres y mujeres sobre el total de cada Rama de Actividad,
1930-1970. Total País (1) (en porcentajes)
Rama de
actividad
I Agricultura
II Minería
III Industrias
IV Transportes
VI Comercio
VII Servicios
1930
1940
1952 (2)
1960 (3)
1970 (4)
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
95
99.2
69.2
95.3
80.9
44.5
5
0.8
30.8
4.7
19.1
55.5
93.6
98
69
94.6
76
43
6.4
2
31
5.4
24
57
93.5
98
68
94
75
40
6.5
2
32
6
25
60
96.4
98.2
76.3
94.6
76
42.6
3.6
1.8
23.7
5.4
24
57.4
96.8
97.9
75.4
93
69
53.5
3.2
2.1
24.6
7
31
46.5
(1) En cada año se incluye la categoría servicio doméstico en la Rama Servicios. Se excluye a la población que busca trabajo por primera vez
(registrada en el censo de 1952).
(3) y (4) Para los años 1960 y 1970, la cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes buscan trabajo por primera vez, es por esto
que no coincide con el total de la población ocupada. (5) En el año 1952 no aparece la clasificación de ocupaciones en manufactura de Papeles e
Impresiones
Las mujeres en los servicios
El aumento de los niveles educacionales de la población en general, el crecimiento del aparato
estatal, el desarrollo de nuevas actividades económicas, contribuyó a la expansión de ocupaciones
relacionadas con la entrega de servicios. Al analizar la composición de la población ocupada según
Grupos de Ocupación, se aprecia un aumento de los profesionales y especialmente de los
oficinistas. Este último grupo, que contempla ocupaciones como auxiliares, cajistas, cobradores,
contadores, dactilógrafos, mecanógrafos, recaudadores, taquígrafos, tenedores de libros, operadores,
telefonistas y telegrafistas, pasa de representar el 6.1 al 8.6 por ciento del total de la población
ocupada entre 1940 y 197029.
El aumento de estos grupos ocupacionales, crece especialmente por la mayor cantidad de mujeres:
entre los profesionales, el personal administrativo, oficinistas y vendedores, las mujeres crecen en
casi diez puntos (en cada uno de los grupos) en tanto los hombres disminuyen.
Relacionado con el aumento de las mujeres en este tipo de grupos ocupacionales, se registra una
oferta educativa dirigida especialmente a mujeres que les ofrecen formación en áreas
tradicionalmente desempeñadas por ellas, como es el trabajo de confección, y en otras relativamente
nuevas vinculadas precisamente con el trabajo en oficinas, comercios y peluquería
En una revista de la época, diferentes establecimientos educacionales anunciaban sus cursos de
corte y confección, comercio y dactilografía, dirigidos fundamentalmente a mujeres. Conocido eran
las Escuelas Politécnicas Profesionales “Díaz Gascogne”, que impartía cursos de corte y
confección, y de peluquería; el Instituto Femenino American College, que ofrecía cursos prácticos
para señoritas, cursos completos de Comercio (Contabilidad, dactilografía, inglés), Cursos de Moda
29 No existen datos para el año 1930. Las cifras sobre los Grupos Ocupacionales proviene de los Censos de Población de los años
señalados. Para efectos de poder comparar las cifras del periodo, se crearon Grupos Ocupacionales para los años 1930 y 1940, en
base a la clasificación del Censo de 1952. Ver Anexo 2
338
(Corte y Confección), Economía Doméstica y otros; o la Escuela Profesional Francesa, cuya
directora era diplomada en París, ofrecía enseñanza moderna rápida, en corte, costura, sombreros,
labores, flores, juguetería, manicure, masaje, ondulación, peinado artístico.
Es interesante destacar de esta oferta educativa, la diversidad de horarios en que impartían las clases
(diurnas y nocturnas), presenciales y por correspondencia, así como las facilidades que ofrecían a
las mujeres al contar con sistemas de pensionados para mujeres. Además de ello, en algunos de
estos anuncios se puede apreciar la importancia que crecientemente comienza a adquirir el contar
con mayores niveles de educación para acceder a una mayor variedad de ocupaciones.
–
Formación para el trabajo
—
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de matricularse en cualquier establecimiento infórmese
primeramente. ¡Ojo! Si usted ha fracasado en otros Institutos, no
se desaliente: le ayudaremos a reconstruirse para triunfar en la
vida. Nos interesa, ante todo, mantener nuestro reconocido
prestigio. Nuestro lema: “Honradez, progreso, Hospitalidad”.
Censuramos enérgicamente la mentira. Cobramos solamente una
módica cantidad, hasta transformarla honradamente en una
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Revista Margarita nº117, 1936
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contabilidad, inglés
En el censo de 1940 las mujeres comienzan a aparecer en ciertas ocupaciones que exigen mayor
preparación y especialización. Además de la presencia de abogadas, agrónomas, médicos,
enfermeras, matronas, practicantes, químicas, dentistas, enfermeras, periodistas, profesoras y
contadoras, ese año el censo por primera vez consigna la profesión de visitadoras sociales (581
339
mujeres). La carrera de visitadora social expresa la profesionalización de una serie de actividades
vinculadas a la beneficencia y la asistencia social que históricamente habían desarrollado las
mujeres, en especial mujeres de la aristocracia y religiosas. Paulatinamente, a medida que se
comienza a discutir la necesidad de que dichas actividades sean realizadas por personas con cierto
nivel de preparación, y una vez que el Estado asume un rol más activo en la elaboración y ejecución
de políticas sociales, se forman escuelas para la formación de visitadoras sociales que se integrarían
a instituciones privadas y organismos estatales cumpliendo un papel clave en la ejecución de las
políticas sociales. Desde la creación de la primera escuela de servicio social en 1925 y hasta 1960,
1669 mujeres se habían titulado de visitadoras (Klimpel, 1962), convirtiéndose en una de las
profesiones más importantes para las mujeres.
Junto con las visitadoras, entre 1910 y 1960 el total de tituladas de dos de las más importantes
universidades del país (Universidad de Chile y Universidad Católica), sumaban un total de 9.587
mujeres. Aunque estas cifras solo reflejan una parte del total de mujeres tituladas, pues no incluyen
las cifras de las tituladas en otras universidades del país, de todos modos ellas permiten distinguir la
marcada concentración de las mujeres en ciertas carreras: un 42 por ciento se concentraba en
carreras vinculadas a la educación, siendo las más numerosa entre ellas las Profesoras de Estado; y
un 30 por ciento cursó carreras relacionadas con la salud, de las cuales un tercio eran dentistas, otro
tercio enfermeras, y otro tercio lo formaban farmacéuticas y médicos (Klimpel, 1962).
En el caso de las mujeres en el sector educacional, Klimpel (1962) afirma que más del 60 por ciento
de profesores ejercían en el país sin títulos. Y como lo demuestra el registro censal, entre quienes
trabajan en este sector las mujeres mantienen un predominio durante todo el periodo, constituyendo
más de un 60 por ciento.
El sector salud es el otro ámbito donde las mujeres representaban un alto porcentaje de los
ocupados: en 1930, el 45.7 por ciento de los ocupados, y en 1970 alcanzan el 69.9 (Ver Anexo 3,
Cuadro 5). Entre las ocupaciones desempeñadas por las mujeres en este sector, hacia finales de la
década del sesenta, Klimpel (1962) destacaba la presencia de mujeres químicas farmacéuticas, que
se desempeñaban como profesoras universitarias, en los laboratorios clínicos de hospitales, a cargo
de las farmacias de los hospitales, en farmacias particulares, y en varios laboratorios en tareas de
investigación científica. Sobre las dentistas, Klimpel afirmaba que “la confianza y la preferencia del
público por las Dentistas está demostrando que es ésta una carrera apropiada para la mujer” (p.161),
y destacaba que una mayoría trabaja en consultas privadas y también en la docencia y en la
investigación. En el caso de matronas y enfermeras, llamaba la atención respecto de la falta de
alicientes para ejercer estas profesiones por las bajas remuneraciones que percibían, especialmente
en el caso de las matronas que trabajaban en instituciones estatales: hasta 1960, “las matronas tenía
un sueldo inferior a un vital. Actualmente se inician en el S.N.S. [Servicio Nacional de Salud] con
el grado 10, lo que equivale a un sueldo de Eº 130 y puede llegar hasta la 6ª categoría” (p. 163).
Cabe señalar que de las 1500 matronas existentes a la fecha, 600 trabajaban en el S.N.S. Y respecto
de las mujeres médicos, Klimpel destacaba su “espíritu de responsabilidad y la gran capacidad de
trabajo”, así como la “sensibilidad para comprender al enfermo”, características que las han hecho
acreedoras del reconocimiento de otros colegas y de la confianza del público. A pesar de estas
positivas cualidades, la autora llamaba la atención respecto de la restricción impuesta a las mujeres
para ingresar a la carrera de medicina (su matricula es el 10% del número que se acepta para el
ingreso de los hombres).
340
Respecto de la presencia de mujeres en otras áreas profesionales, cabe señalar las abogadas,
quienes, de acuerdo a lo indicado por Klimpel (1962) se desempeñan principalmente en la
administración de justicia y un porcentaje importante se ocupaba como abogada de organismos
fiscales o semi-fiscales. Las mujeres arquitectas, que sumaban 99 inscritas en el Colegio de
Arquitectos para 1960, en su mayoría se desempeñaban en organismos estatales, municipios,
ministerios, corporaciones, etc. Las ingenieras sumaban para 1960, 38 mujeres de las cuales 22 eran
ingenieras comerciales, reducido número que parecía indicar, a juicio de Klimpel, que se trataba de
una profesión no muy apropiada para mujeres. La carrera de contadora había suscitado un creciente
interés por parte de las mujeres, y en 1960 ellas sumaban un total de 1.158. Entre las carreras
relativamente nuevas se contaba la de decoración de interiores, de gran acogida entre las mujeres –
“corresponde a uno de los conocimientos más primitivos e innatos de la mujer” (p.174)- quienes
encontraban posibilidades de trabajo en la industria y el comercio; y la carrera bibliotecología,
abierta en 1948 y que había atraído a varias mujeres quienes dirigían la mayoría de las bibliotecas
más importantes, públicas, de universidades y otras instituciones de estudio.
Esta mayor presencia de mujeres en empleos más calificados y algunos profesionales, pusieron de
manifiesto que el trabajo remunerado femenino no era una cuestión exclusiva de las clases
populares y una expresión de las necesidades de subsistencia, sino también una actividad a la que
crecientemente comienzan a incorporarse mujeres que cuentan con más educación, de clases medias
y que se insertan en nuevas ocupaciones. Ello contribuyó a visibilizar que el trabajo remunerado
femenino también podía estar vinculado al desarrollo de una carrera funcionaria o profesional, lo
cual era especialmente evidente en el caso de las mujeres profesionales y entre hombres y mujeres
de sectores medios y superiores de las zonas urbanas (Mattelart y Mattelart, 1968).
Estos importantes cambios, van acompañados de marcadas continuidades, pues las principales
ocupaciones desempeñadas por mujeres en la rama de servicios, siguieron siendo las relacionadas
con el servicio domestico: un tercio de la población femenina ocupada entre 1930 y 1970 se
desempeñaba como cocineras, lavanderas, planchadoras, sirvientas. Además, se acentúa el carácter
femenino de estas ocupaciones, pues las mujeres pasan de representar el 87 por ciento de los
ocupados en este sector en 1930, al 93 por ciento en 1970.
Hacia 1970 se observa una disminución de las mujeres en este sector sobre el total de ocupadas
(Ver Anexo 3, Cuadro 4). Ello puede relacionarse con el hecho que disminuyen los servicios
personales en general.
Además entre 1960 y 1970 aumentan los servicios comunales y sociales, y se incorporan los
servicios financieros, que antes eran parte de la rama Comercio, dentro de los cuales la fuerza de
trabajo femenina crece.
Las mujeres en las fábricas
La importancia que tuvo el sector industrial para el empleo femenino durante las primeras décadas
del siglo, disminuye fuertemente durante este periodo. Como se indicó, de concentrar el 35 por
ciento de las ocupadas en 1930, esta rama pasa a concentrar casi el 18 por ciento en 1970. Por otra
parte, del total de ocupados las mujeres representan el 30 por ciento en 1930 disminuyendo al 25
por ciento en 1970.
341
La disminución de la fuerza de trabajo femenina en la industria también puede haberse visto
afectada por los cambios en la definición de las actividades económicas incluidas en esta rama. Por
ejemplo, en 1952 las actividades de Tintorería y Lavandería, que habían pertenecido a sector
manufacturero, pasaron a ser parte de la rama de Servicios.
En la producción industrial las mujeres se concentraron, al igual que en las primeras décadas, en la
industria textil y fundamentalmente en la de confección, precisamente sub ramas que muestran un
crecimiento relativamente lento y un crecimiento medio, respectivamente.
Al igual que en décadas anteriores, los trabajos de aguja siguieron siendo predominantemente
femeninos. Realizados tanto en talleres y fabricas como desde el hogar, la confección de ropa fue
una actividad realizada mayoritariamente por mujeres. Por ello contar con una máquina de coser fue
una aspiración de muchas mujeres que veían en este instrumento un medio para asegurar o
contribuir a la subsistencia del hogar. Además contar con una máquina de coser ofrecía la
posibilidad de generar ingresos sin salir del hogar y de este modo no alejarse de los hijos. Se trataba
del trabajo a domicilio y las industrias caseras, desarrolladas mayoritariamente (pero no
exclusivamente) por mujeres y sobre las cuales el registro censal puede haber sido menos
exhaustivo.
Las “industrias caseras”
Junto con la producción industrial realizada en fábricas y talleres, hay evidencia de una diversa
actividad productiva desarrollada por mujeres desde sus casas. Se trata de aquellas “industrias
caseras” productoras de objetos destinados a cubrir diversas necesidades: tejidos, bordados y
costura; preparación de alimentos; talleres de muebles de niños, coches y juguetes; creación de
muebles y de diversos objetos decorativos.
–
Apoyo a las industrias caseras
—
Se trataba de una producción de carácter artesanal hacia la
cual se dirigieron algunas iniciativas desde el Estado para
fomentar su desarrollo. Hacia mediados de los años treinta
se creó una Oficina de Informaciones Industriales (1936)
que apoyaba estas actividades como una forma de
fomentar la producción nacional, y ayudar a la
independencia económica de la clase media. En 1938 se
creo un Departamento de la Pequeña Industria en la
Corfo que hizo un censo de todas las industrias caseras del
país, en 1940 se hizo una Exposición de las diferentes
industrias existentes en el país, y posteriormente un
Almacén de Ventas que benefició a 400 industriales. Cinco
años más tarde el Almacén cerró. El Banco de Estado
también ofrecía créditos a quienes desarrollaran este tipo
de actividades.
Klimpel, 1962
El carácter casero de estas industrias, las hacía especialmente adecuadas para las mujeres, pues se
consideraba que de esta manera podrían generar ingresos sin ausentarse de sus hogares y sin
342
descuidar a sus hijos. Por ello, para muchas mujeres contar conocimientos en confección e
idealmente con una máquina de coser, resultaban cuestiones de primera necesidad. En una
publicación de la época, la Revista Margarita, se pueden encontrar varios, y en ocasiones
dramáticos, anuncios de este tipo. En el año 1945, aparecen varios de ellos. En uno, una mujer hace
la siguiente solicitud:
Agradeceré se me enseñe corte y confección, a cambio de otros trabajos, como ser los quehaceres de
casa. Me urge aprender porque somos mi madre y yo y una hermanita que está enferma y ya no
tenemos cómo medicinarla. (Revista Margarita nº564, 1945)
En otro, una madre de siete hijos que residía en la ciudad de Chillán,”en muy mala situación”,
deseaba que “alguna persona de buena voluntad le venda una máquina de coser, la que tenía, la
perdió en el terremoto, que pagaría en pequeñas cuotas” (Revista Margarita nº579, 1945).
Y en otro, una mujer solicitaba ayuda en forma urgente para evitar perder su máquina de coser, su
principal herramienta para la subsistencia familiar:
Ruego ayuda en dinero para salvar mi máquina de coser, pues estoy atrasada en las cuotas y puedo
perderla; la tengo empeñada y debí hacerlo porque caí enferma, teniendo que alimentar a dos hijos.
Si pierdo la máquina, no tendré en qué ganarme la vida. Quedaré eternamente agradecida a las
personas que me ayuden. Ana maría Roa, calle o camino Talcahuano Nº2657, Concepción. (Revista
Margarita nº564, 1945)
En la misma publicación también se pueden encontrar anuncios de venta de telares de los cuales se
destacaba precisamente la posibilidad que daban a las mujeres de fabricar sin moverse de sus
hogares, una serie de artículos para las necesidades del hogar o para la venta:
¡VAYA USTED A MERCED 348! ¿A QUÉ?
A adquirir uno de los magníficos telares con los que es fácil fabricar en su
propia casa alfombras, gobelinos, stores, manteles, toallas, etc.
Los “TELARES MINERVA” son los más económicos y los más
prácticos. Usted en ellos puede tejer el punto que desee en toda clase de
lanas
UN TELAR “MINERVA” ES LA FORTUNA DEL HOGAR
No olvide este interesante dato!
¡Merced 348!
Las mujeres en el comercio
La tercera rama en importancia para el empleo femenino hasta los años sesenta es el comercio,
donde trabaja un diez por ciento de las ocupadas. En 1970, aumenta este porcentaje a 15 por ciento
desplazando a la industria como segunda rama en importancia para el empleo femenino.
343
Entre 1930 y 1970 las vendedoras aumentaron de un poco más de 20 mil a 54 mil mujeres, y entre
el total de vendedores, ellas pasaron de representar un poco más del 15 por ciento en 1930, al 28 por
ciento en 1970 (Ver Anexo 3, Cuadro 6).
En revistas de la época se podían encontrar frecuentes ofrecimientos de mujeres con distintos
niveles de formación, para trabajar en quehaceres del hogar o en alguna tienda, como vendedoras o
cajeras. De hecho son varias las tiendas de ropa y peluquerías que anuncian sus productos y
servicios en las páginas de esta revista, establecimientos que muy probablemente eran atendidos
mayoritariamente por personal femenino.
Señorita ofrecese oficina dactilografía, cajera, etc. Dirigirse
a “Margarita”
Señorita buenas recomendaciones, necesita ocupación en
tienda o pastelería. Tratar en “Margarita” o en Correo
Providencia: Fresia Vargas
Revista Margarita nº, 19
Se ofrece persona para atender Caja o ayudar en
quehaceres del hogar.- Margarita Tapia, Avda. San Martín
4653, comuna Quinta Normal
Revista Margarita nº 469, 1943
Además de estar insertas en establecimientos comerciales, muchas mujeres que desarrollaban
actividades productivas en sus casas, las “industrias caseras”, vendían directamente sus artículos,
vestuarios, alimentos y objetos decorativos.
–
El registro de la prensa del trabajo de las mujeres
Junto con el registro censal, la prensa constituye una interesante fuente para dar cuenta de las
actividades remuneradas realizadas por mujeres. Las publicaciones de la época permiten dar cuenta
de una diversidad de trabajos desarrollados por mujeres que sin duda enriquecen el registro censal,
el cual, como se ha señalado, muy probablemente tenía una capacidad limitada para registrar de la
diversidad de trabajos femeninos desarrollados en las casas o de manera esporádica
La Revista Margarita era una publicación que se dirigía al público femenino, y que comenzó a
circular en 1935 con una frecuencia semanal en diferentes ciudades del país. En dos secciones de la
Revista, “¿Qué necesita usted?” y “Escúchame …”, destinadas a recibir peticiones y ofrecimientos
de trabajo de sus lectoras, así como anuncios de establecimientos educacionales que ofrecían
formación para el trabajo a mujeres.
La información contenida en ambas secciones constituye un valioso registro de la diversidad de
trabajos realizados por mujeres. De ellos, sin duda que uno de los que aparecen con mayor
frecuencia en esta publicación, especialmente en los primeros años (mediados de los treinta), son
aquellos relacionados con la confección y venta de prendas de vestir. La hechura, compostura y
transformación de sombreros, de pieles, la confección de fajas, teñidos en pieles, felpas, paños y
344
terciopelos; la toma de puntos a las medias; modas de señoras, caballeros y niños; bordados a
máquina, confección de toda clase de tejidos; recepción de “toda clase de ropa cortada para coser a
máquina (…) a precios módicos”, sábanas bordadas a mano, la “confección de calcetines a palillo
para caballeros y niños”, la confección de juguetes y reparación de muñecas, eran los servicios más
frecuentemente ofrecidos por mujeres en las páginas de la revista.
–
Trabajos de confección
—
Sara de Littre: sobreros, trabajo esmerado, lindos figurines
franceses, hechuras y transformaciones. Precios módicos.
Constitución 7 (Bellavista)
Adela Cabello, vestidos, trajes sastre, abrigos elegantes, avisa
a su clientela traslado a San Pablo 1476.
Revista Margarita, Nº 116, 1936
Otilia de Astudillo, modista, confecciona toda c clase de
trajes. Recibe trabajos de provincias
Modista, confección en trajes sastre de calle y abrigos.
Catedral 2258, casa 2.
Rosario Ahumada confecciona toda clase de trajes a la
medida, con materiales de primera
Se ofrece señorita para toda clase de costura en
casa de familia extranjera. Dirigirse a M. C.,
Chiloé 1360, Santiago.
Fundas para muebles confortables se
confecciona; competencia, seriedad. Señora
margarita, Unión 553, por Recoleta
Revista Margarita Nº 861, 1950
Junto con estos trabajos de confección, eran numerosos los anuncios de mujeres ofreciendo clases
fundamentalmente de “labores femeninas”, pero también, clases para niños pequeños, de piano, de
idiomas. Era habitual que mujeres extranjeras impartieron clases de idiomas como una forma de
ganarse la vida. En 1936, por ejemplo, una “señorita inglesa, católica, recién llegada” deseaba vivir
en casa de familia a cambio de clases o acompañar a señoritas (Revista Margarita, Nº 116, 1936).
Paulatinamente, comienzan a hacerse más frecuentes los ofrecimientos de clases por parte de
profesoras tituladas, de confección, de idiomas, de educación primaria30.
30
En varias ocasiones aparecieron en esta misma publicación profesoras que ofrecían “permutas” a otras profesoras para venirse a
Santiago, o para trasladarse a trabajar a provincias: Hortensia Aguilar Fernández, Directora de la Escuela Rural de San Felipe, y
ubicada en calle del Medio, con buen transporte de comunicación a la estación y pueblos vecinos, y con espléndido temperamento
para el pulmón, ofrece permuta con otra de la provincia de Santiago o Valparaíso, que esté en un pueblo, aunque chico, y no en el
campo. Dirección: San Felipe a Santa María. Revista Margarita nº 469, 1943.
345
–
Profesoras de clases particulares
—
Profesora de Artes Decorativas. Juguetes, Muñecas Lenci.
Independencia 733
Labores femeninas, por María Antonieta Baduel, le enseñará
bordado, malla, palillos
Profesora diplomada en la Casa “Singer”, hace clases de
bordados, precios módicos.
Zoila Concha. Profesora de piano, guitarra, plan
Conservatorio, precios módicos. Correspondencia, correo 2
Señorita Bachiller, da clases todos los ramos, inglés y piano a
niñitos principiantes. Dirigirse a “Margarita”
Lila Porras, Moneda 3146, Profesora de corte y confección.
Da clases a domicilio, recibe hechuras.
Clases de inglés y castellano. Elena de San Martín.-Ricardo
Santa Cruz 651, por San Isidro, de 3 a 6 P.M., Santiago
Doy clases a domicilio de Economía Doméstica, Lencería,
Flores, Sombreros, Artes Decorativas. Huérfanos 1693,
Santiago.
Profesora Normalista prepara exámenes para humanidades,
en castellano y en matemáticas. Garantiza éxito. Dirigirse
Santa Elena 1186, Santiago
Ya en los años cuarenta y cada vez con mayor regularidad, el tipo de trabajo que más aparece en la
revista es el servicio doméstico. Las ocupaciones de “llaveras”, “mayordomas” o “dueñas de casa”,
incluían una diversidad de labores, la administración, el aseo y la preparación de comida, el cuidado
de los niños, la confección de ropas, y el acompañamiento de personas. Como se puede apreciar en
el relato a continuación, en ocasiones se resaltaba la diversidad de labores que podían realizarse
como una forma de aumentar las posibilidades de ser contratada:
En casa de familia católica quisiera ocuparme con mi hijita, que es bien sana y muy bien enseñada
moral y físicamente. Soy bastante trabajadora, porque he sido espléndida dueña de casa, así es que se
hacerlo todo, y coser también. Me gustaría hallar trabajo en casa de matrimonio con uno o dos niños
pequeños; podría cuidarlos y quererlos como si fueran míos. Les haría su ropita, les lavaría todos los
días. Estaría feliz de poder cuidar a niños hasta dejarlos creciditos, en casa de familia honorable. Estoy
346
segura de dar gusto si me reciben con mi niña, aunque no me paguen buen sueldo al principio. No
tengo padres ni hermanos, soy sola con mi hija. Pueden escribirme a “Mamita pobre”, “Margarita”
tiene mi dirección
Revista Margarita, Nº 297, 193?
Al igual que en el caso de la mujer de este relato, era usual que quienes se ofrecían para trabajar en
casas particulares fueran madres con hijos a su cargo, por lo que solicitaban ser recibidas con ellos
puertas adentro. Otra cuestión que aparece en otros anuncios es el deseo de que se tratara de una
familia honorable -era habitual que se solicitara que fueran católicas, así como la honradez, la
conducta intachable, el provenir de familia decente de las propias trabajadoras. En ocasiones se
remarcaba el origen extranjero.
–
Servicio doméstico
—
Cualquier trabajo aceptaría en Valparaíso o Viña, siempre
que me admitan con guagua de un año cuatro meses; de
preferencia: dueña de casa, llavera, cuidadora, pues mi
marido llegaría sólo en las noches. Tenemos buenos
certificados de honradez y seriedad.
Revista Margarita Nº538, 1944
Me ofrezco como cuidadora o cocinera, para ciudad o
campo, siempre que me reciban con dos niños pequeños.
También me ofrezco por medio día para asear
departamentos, etc. A.M.A.
Revista Margarita, nº538, 1944
Señorita ofrecese para acompañar a persona honorable a
quien le agrade viajar
Revista Margarita, nª48, 1935
Se ofrece señora para lavar toda clase de ropa; tengo buenas
recomendaciones. Dirigirse a Josefina Fuentes, Andes 2308,
Santiago
Revista Margarita, nª861, 1950
Un aspecto interesante de mencionar es la variedad de horarios en los cuales se realizaban estos
trabajos. Si bien en el ejemplo “Mamita pobre” -como se hace llamar la persona del relato citado- se
trata de un trabajo de todo el día, otros anuncios ofrecen hacer aseo por las tardes o por las mañanas.
Por ejemplo, la señora Matilde Pulgar se ofrecía para trabajar arreglando departamentos y limpiar
oficinas particulares, para lo cual disponía de “toda la mañana” (Revista Margarita nº 363, 1941).
Una señora viuda deseaba ocuparse con su hijo de 8 años “como mayordoma, dueña de casa,
administrar cité, cualquier trabajo decente, únicamente en las tardes” (Revista Margarita nº 519,
1944). Como se puede apreciar, los servicios de aseo, cuidado y administración no se restringían a
las casas particulares: oficinas, cité, residenciales, fundos, comercios, establecimientos
educacionales, también eran posibles lugares.
Otra característica que comparte la mayoría de las mujeres que buscan emplearse en este tipo de
trabajo, es su situación de pobreza, y en no pocas ocasiones, el no contar con ninguna otra ayuda
para la subsistencia propia y la de sus hijos. En varios anuncios, las mujeres se ofrecen para
347
emplearse urgentemente en cualquier tipo de trabajo debido a que sus maridos están enfermos, que
son viudas, que el marido las ha ‘abandonado’, que no tienen más familia que sus hijos y a nadie a
quien más recurrir. En estos casos lo que se resalta como motivo principal de la búsqueda de
empleo es la necesidad.
Junto con el anuncio de servicios domésticos, de limpieza, cocina, cuidado y acompañamiento,
comienzan a aparecer ofrecimientos para la realización de trabajos más calificados: mujeres con
conocimiento para el trabajo de oficina, dentistas, enfermeras, junto con el de profesoras tituladas,
ofrecen sus servicios en las páginas de la revista.
–
Servicios calificados ofrecidos por mujeres
—
Señorita con conocimientos y práctica de oficina se ofrece
para cualquier trabajo, especialmente relacionado con el
periodismo. También se ofrece para dar clases a niños
atrasados
Viuda y sin familiares, que necesita trabajar, se ofrece para
acompañar señora o atender enferma, o como ayudante de
matrona, en lo cual tengo experiencia. Estoy recién llegada del
sur pero tengo carnet y recomendaciones. Celia Rodríguez v.
de Belmar. Cerro Alegre (…) Valparaíso.
Señorita recién egresada y diplomada de Comercio, ofrécese
puesto de oficina. Carmen T
Revista Margarita, Nº685, 1947
Señorita estudiante de comercio solicita puesto de cajera o
similar, tiene libres todas las mañanas hasta las 11:30.
Señorita con práctica mecánica dental se ofrece para trabajar
en laboratorio o con dentista.
Dentista desea ejercer su profesión en pueblo donde no
ejerza otro profesional.
Profesora con 13 años de práctica en la enseñanza de niños,
se ofrece para Escuela de Fundo
Es probable que la situación económica de estas mujeres no fuera tan desmedrada como la de
quienes se ofrecían para el servicio doméstico; y que, como lo indican algunos estudios realizados
en los años sesenta, entre ellas la realización personal y profesional haya sido otro motivo relevante,
junto con la necesidad, para ejercer un trabajo remunerado.
348
Es interesante mencionar la aparición en 1950 del aviso de una profesora dirigido a las madres que
trabajaban fuera del hogar para quedarse a cargo de los hijos pequeños, lo que probablemente da
cuenta de nuevas necesidades por parte de mujeres que comienzan a incorporarse al mercado de
trabajo en trabajos más calificados, con remuneraciones que les permitían pagar por este tipo de
servicios, así como la diversidad de modalidades en el ejercicio de una profesión como el de
profesora tradicionalmente femenina:
SSeñor
a mamá: Si usted trabaja, deje a sus niños menores de 6 años en casa de profesora primaria, que se
ofrece para cuidarlos y educarlos.
Como se puede apreciar de este registro, las mujeres realizaban una diversidad de ocupaciones, con
distintos niveles de calificación, en distintos lugares, desde sus casas o fuera de ellas (en casas
particulares, fundos, establecimientos comerciales, educacionales o de salud, oficinas, tiendas), en
una diversidad de horarios, de forma temporal o permanente. Precisamente el carácter temporal de
algunas de estas ocupaciones y el hecho de realizar varias de ellas desde sus casas, dificultaba su
registro en el censo. Por ello, este tipo de información enriquece el registro censal, y permite ilustrar
con más detalle las distintas actividades remuneradas ejercidas por mujeres.
4.
Representaciones sobre el trabajo productivo y reproductivo de las
mujeres
Durante este extenso periodo, es posible apreciar diferentes representaciones sobre el empleo de las
mujeres. Por una parte, desde una concepción del trabajo femenino como expresión
fundamentalmente de necesidad, y de las mujeres esencialmente como madres trabajadoras, la
participación laboral femenina fue concebida como un problema, una desgracia a la que se veían
enfrentadas mujeres especialmente pobres, por la falta de protección masculina, que alteraba el
bienestar familiar, las relaciones de pareja, el cuidado de los hijos e incluso en algunos casos, la
integridad física y moral de las mujeres. No obstante, estas concepciones convivieron con aquellas
provenientes de algunas organizaciones de mujeres en pro de los derechos civiles, para quienes el
trabajo de las mujeres fue concebido como un derecho al que todas las mujeres debían acceder,
como una condición indispensable para alcanzar la emancipación femenina. El aumento de las
mujeres profesionales y la diversificación de ocupaciones desempeñadas por ellas, en especialmente
en labores que requerían mayor calificación y vinculadas a los servicios y a la administración
pública, también contribuyó a debilitar la estrecha asociación entre trabajo femenino y pobreza.
Estas mujeres que contaban con mayores niveles de instrucción, muchas de las cuales provenían de
sectores medios, que estaban ingresando a la administración pública, a almacenes, tiendas, y que
aumentaban su presencia en el trabajo como personal de salud y maestras, evidenciaron que el
trabajo remunerado femenino fuera de los hogares no era solo una cuestión de las mujeres de
sectores populares y que no estaba exclusivamente relacionado con la necesidad y la supervivencia:
también se vinculaba con el desarrollo profesional y personal de las mujeres. La figura de las
mujeres profesionales, que van creciendo en número y en visibilidad, condensa muchas de estas
opiniones que relacionan el empleo femenino no con pobreza sino con realización profesional y
personal.
349
Hacia el final del periodo, algunos estudios que consultaron la opinión directamente de la población
permiten advertir la convivencia de ambas visiones sobre el empleo femenino, y junto con ello,
identificar aquellos sectores sociales en los que predomina una y otra visión. De ellos se desprende
que entre las mujeres y entre hombres de niveles profesionales y sectores medios altos, comienza a
aumentar una visión del empleo femenino como una oportunidad de desarrollo para las mujeres. En
tanto en sectores de menores ingresos y menos niveles educacionales predomina una visión del
empleo femenino como un problema. A pesar de estas interesantes diferencias, que se acentuarán en
décadas posteriores, lo que parece seguir predominando es una idea de que el trabajo remunerado
realizado por mujeres fuera de los hogares era una actividad que alteraba el orden familiar, las
relaciones de pareja y las relaciones de género en un sentido más general
Esta visión del empleo femenino expresa la mantención de una fuerte asociación de las mujeres con
el trabajo reproductivo: es precisamente por el papel que a las mujeres les cabe en las familias, en el
trabajo de cuidado y en las labores domésticas, el trabajo remunerad fuera de casa constituye un
problema.
El predominio de estas imágenes sobre el empleo femenino no niega la presencia de mujeres en
fábricas y talleres, en casas particulares y oficinas. Se reconoce que muchas mujeres trabajan, que
deben hacerlo para mantener a sus familias y que un número creciente de mujeres educadas quieren
hacerlo por esta y otras razones. Frente a esta realidad, una serie de ideas circularon respecto de
cuales eran los trabajos más apropiados para ser ejercidos por las mujeres, ideas que constituyen
otro de los ejes en torno al cual se articulan las imágenes del trabajo productivo y reproductivo
realizado por las mujeres.
–
La protección a las madres trabajadoras: la visión de los gobiernos radicales
Durante los gobiernos radicales abogaron por el establecimiento de salarios familiares que
aseguraran el sustento familiar. Estos salarios siempre fueron pensados para los trabajadores
hombres, en tanto se concebía que las principales responsabilidades de las mujeres no debieran ser
el trabajo productivo y la provisión familiar, sino las labores domésticas y maternales. Ello
expresaba una determinada concepción de las relaciones de género en base a las cuales se
estimulaba un modelo de familia en el que el papel de las mujeres era el ser madres y dueñas de
casa, y el de los hombres, trabajadores a cargo de la provisión familiar.
De acuerdo a este modelo de género, las mujeres fueron concebidas como “no-trabajadoras”
(Rosemblatt, 1995, p.103). Con ello no se desconocía la presencia de mujeres en el mercado de
trabajo sino que concibieron esta presencia como un problema afirmando –como en décadas
anteriores- los efectos negativos del trabajo remunerado sobre la maternidad, la salud de las propias
mujeres trabajadores y los riesgos morales a las que las exponía. Por ello, Rosemblatt (1995) afirma
que el gobierno nunca propuso el empleo femenino adecuado, por ejemplo bien remunerado, “como
posible solución a los peligros demográficos inherentes a la maternidad en soltería, a la pobreza y a
la mala salud de la clase trabajadora”¸ y más bien tendió a desaprobar el empleo femenino (p. 104).
En efecto, el trabajo fuera del hogar fue concebido como un abandono de los hijos. Desde el Estado
y también algunos conocidos médicos, sostenían que la participación laboral de las mujeres
350
afectaban negativamente a los niños. Salvador Allende, por ejemplo, señalaba en 1939 que existía
una relación entre la mortalidad infantil y la creciente participación laboral de las mujeres. Desde
esta concepción, el Estado estimulaba que las mujeres que necesitaban laborar recibieran lavados u
otros tipos de trabajos remunerados en sus casas. Las malas condiciones de trabajo y la
desprotección que caracterizaba al trabajo a domicilio eran del todo ignoradas.
Además de los efectos negativos sobre la maternidad, el empleo femenino también fue visto como
una amenazaba la estabilidad familiar, “porque las mujeres que ganaban un salario eran menos
dependientes económicamente de los hombres y podrían ser menos tolerantes con sus compañeros”
(Rosemblatt, 1995, p. 92). El trabajo en las fábricas era visto como una actividad corruptora que
estimulaba la independencia de las mujeres y que podía conducir a la negación de la tutela del
marido. También podía producir entre ellas un rechazo al matrimonio y mayores posibilidades de
tener hijos ilegítimos. En definitiva, las mujeres trabajadoras eran caracterizadas como
“peligrosamente autónomas” (Rosemblatt, 1995, p. 106).
Ligando honor sexual, maternidad y trabajo, y en un claro intento por desacreditar el trabajo
asalariado de las mujeres, algunos profesionales señalaron que éste conducía a la promiscuidad y a
la maternidad en soltería. Las trabajadoras fueron vistas, en consecuencia, como mujeres
“sexualmente licenciosas, inadecuadas como madres y conflictivas como esposas” (Rosemblatt,
1995, p. 106)
Entre las visitadoras sociales sus opiniones expresa con claridad esta visión negativa de empleo
femenino. De la revisión de tesis realizadas por alumnas de la Escuela “Elvira Matte de Cruchaga”,
de la Universidad Católica para optar al título de Visitadora Social, entre 1930 y 1970, referidas a la
situación de mujeres trabajadoras en establecimientos industriales o que realizan trabajo a
domicilio, predomina una visión altamente negativa del empleo de las mujeres. Ello porque el
trabajo de las mujeres supone el abandono de las labores propias de su sexo, el abandono de sus
obligaciones como madre, como esposa y como dueña de casa.
En 1935, en su tesis sobre las obreras de la industria textil Sociedad Nacional Paños Tomé, Sara
Manríquez señalaba que la situación de la obrera en el hogar “es el más grave de todos los
problemas” (p. 35), pues desatiende las necesidades de sus hijos, de su esposo y de su casa. Y es
que “la mujer fabricana se pone floja, poca abnegada con sus hijos, sin respecto para con su marido,
en total, los dos se degeneran completamente, vienen las desavenencias conyugales y de ahí la
separación” (p. 36)
Años más tarde, otro estudio realizado por Olga Welte (1941) también entre las obreras de la
industria textil de Tomé, explica las nefastas consecuencias del trabajo de las mujeres en una
fábrica, sobre la vida familiar:
Es un hecho triste pero innegable que en un centro industrial la mujer olvida que es ella la que debe
reinar en su hogar mediante su amor y su espíritu de sacrificio.
Estos deberes tan sagrados son suplantados por el exclusivo afán de procurarse por cualquier medio
el sustento diario, creando día a día más obstáculos a la vida familiar.
Funestas son las consecuencias de la mujer que por uno u otro motivo tiene que abandonar su hogar
y sus hijos para ocuparse en la fábrica.
351
La obrera madre no es ni verdadera obrera, ni una buena madre y esposa. Las horas que permanece
fuera del hogar le son remuneradas, pero en cambio le hace un mal enorme a sus hijos y hasta logra
perder el cariño de su esposo, males que no pueden ser evaluados, ya que siempre el daño es
irreparable (pp.38-39).
Welte a continuación, pasa a detallar los efectos en la relación matrimonial:
Es así como muy a menudo puede comprobarse que en estos matrimonios en que la esposa trabaja en
la industria, al poco tiempo ya no tienen señales de las ternuras y delicadezas de los primeros días y
veamos cual es la realidad:
Llega por la noche el obrero, cansad, rendido y lleno de jirones; la esposa quizás venga del mismo
taller o de la misma fábrica y tan cansada o más que su esposo. Uno y otro abatido por la miseria y la
estreches, descontento con su suerte triste por el presente y asustados por el porvenir, contemplan
aquella estrecha morada fría y oscura; en la que todo está en desorden y la pobre comida, la única
comida, está por hacer…. ¡Ah! Su corazón se desagarra…. Se miran y siguen mudos. Si hablan sería
para quejarse y si callan se consumen (p.39).
Este “cuadro frío y aterrador” expresa el necesario abandono familiar que debe hacer la mujer
obrera para atender a sus obligaciones laborales, precisamente un abandono de quien “debe salir
como de un centro todo lo que da al obrero luz, vida, ánimo y felicidad” (p.40).
Ya en la década del cincuenta, en las tesis revisadas sigue predominando esta visión del trabajo
femenino. Gladys Cortés y María Díaz (1951), realizan una tesis sobre la influencia en el hogar del
trabajo de la mujer obrera, comparando la situación de hogares en los que la mujer trabaja fuera y
hogares en los que las mujeres son dueñas de casa. Las autoras se proponen hacer este estudio pues
constatan que las nuevas actividades que realizan las mujeres en el dominio social, intelectual y
económico, “la alejan más y más de su rol primordial que le ha sido dado por la naturaleza y que la
sitúa de una manera definida en le cuadro social tradicional: su rol familiar (p. 1). Luego de realizar
su análisis, las autoras concluyen que “el trabajo de la mujer casada es de todo punto de vista
inconveniente, y sólo puede aceptarse como último recurso ante una situación de necesidad
extrema” (p.60).
Entre las visitadoras católicas, esta fuerte desaprobación del trabajo de las mujeres, convivía con la
constatación de la necesidad de mujeres pobres de ganarse el sustento para sus familias. En estos
casos, de “extrema necesidad”, algunas veían como alternativa el trabajo a domicilio. Aunque
varias tesis entregan evidencia respecto de las pésimas condiciones de las trabajadoras a domicilio
en términos de salarios, salud para ellas y sus hijos, posibilidades de organización (sindicatos,
cooperativas), etc. (Rivera 1956; Urzúa, 1934), también se plantea que el hecho que esta modalidad
de trabajo, “pequeñas industrias dentro de su misma casa” (Abarzua, 1943), les permite no
abandonar sus deberes como madres.
Por otra parte, la legislación protectora de las mujeres –que establecía que los empleadores debían
pagar la mitad del salario durante el permiso de natalidad y proveer de salas cunas- hacía que los
empleadores percibieran que contratar a mujeres tenía costos adicionales.
En el caso específico de las madres solteras, el Estado y las profesionales de las agencias de
bienestar consideraban que ellas se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad. Las
visitadoras estimularon entre ellas la unión legal, considerando que de esta forma estarían más
352
protegidas frente al abandono económico del padre, les encontraban empleos generalmente en el
servicio doméstico o como lavanderas o las ayudaban a instalar industrias caseras, y se crearon
refugios maternales a quienes no contaban con hogar. Sin embargo, no abordaron aspectos centrales
de la pobreza femenina: los bajos salarios que recibían las trabajadoras, la escasa protección legal
del servicio doméstico, el despido de las mujeres embarazadas o después de dar a luz.
Este tipo de iniciativas dirigidas a las madres solteras, concebidas como “víctimas inocentes de
hombres irresponsables”, no liberaba a las mujeres “ni prescindía de las prescripciones y
estereotipos de genero” no obstante “minaba el carácter monolítico de la norma de familia que el
Estado mismo favorecía” (Rosemblatt, 1995, p. 103). Aunque claramente estos modelos de familia
y de identidades de género no fueron creados por los gobiernos radicales, fueron implementados por
un Estado que se convirtió en un actor poderoso que legitimó su derecho a implementar un proyecto
nacional. Y como lo explica Rosemblatt (1995), las reformas morales y materiales de las relaciones
de género constituían la base, al mismo tiempo que era fruto, de los esfuerzos del Frente Popular
por avanzar en un proyecto nacional y construir una forma particular de Estado-nación.
–
El registro epistolar
Otro interesante registro que permite conocer, entre otros aspectos, la concepción respecto del
ingreso de mujeres al mercado laboral, es el estudio realizado por Diana Veneros (1998) de las
cartas enviadas mayoritariamente por mujeres al presidente González Videla, a través de la Primera
Dama, Rosa Markmann de Videla. En ellas se formulaban una serie de solicitudes de trabajo,
educación, vivienda, salud, entre otras, como una forma de enfrentar la difícil situación (creciente
inflación, carestía, desempleo, conflictos laborales).
La apelación directa al poder a través de las cartas, si bien expresan la permanencia de un
paternalismo asistencial propio de la sociedad oligárquica, se insertan en un momento de transición
hacia la asistencialidad institucionalizada del Estado de Bienestar. En este contexto en que, como se
ha señalado, las mujeres podían acceder a los programas sociales fundamentalmente en tanto
esposas dependientes de sus parejas, ellas apelaron directamente a la Primera Dama no en su
condición de ciudadanas o de trabajadoras, sino principalmente en tanto madres y esposas,
precisamente cuando la esfera de lo doméstico y lo privado se ve violentada por la virtual
incapacidad de las esposas y madres de familia para cumplir con su rol tradicional de protectoras y
mantenedoras de la vida” (p. 117). El Estado apeló precisamente a esta condición como incentivo a
la movilización de las mujeres.
En estas cartas, las peticiones más importantes fueron las laborales: solicitudes de trabajo para los
esposos de las escribientes, para ellas mismas, traslados, recomendaciones para el ingreso en la
administración pública, etc. Veneros indica que de estas peticiones se desprende que el trabajo
constituyó para la mayoría de las mujeres escribientes una obligación, para las menos una
oportunidad de liberarse de malas relaciones de pareja, y para mujeres solteras que contaban con
educación secundaria, una aspiración, en particular, de insertarse en la administración pública. A
pesar de las diferencias entre mujeres con distintos niveles formativos, y de distintas situaciones
familiares, Veneros afirma que para la mayoría de las escribientes el trabajo fuera del hogar era
considerado una actividad masculina, a las que las mujeres se veían forzadas en caso de necesidad.
Las cartas recogen la experiencia de mujeres que se vieron en la necesidad de ingresar al mercado
laboral debido a la imposibilidad de sus maridos de hacerlo, y a la forma de vivir esta situación
353
como abandono del hogar y como una alteración de un “orden” debido a la inversión de los roles de
género. En este sentido, la cesantía masculina fue vivida “como un factor en extremo
desestabilizante; no solo para la economía familiar sino también para las relaciones sociales de
género” (p. 121)
Por supuesto que esta concepción de las propias mujeres de trabajo remunerado que ellas pudieran
desempeñar, expresa un orden de género y una distribución sexual del trabajo que incentivaba a las
mujeres a permanecer en sus casas a cargo del cuidado de los hijos y del trabajo doméstico. Este
concepción era reforzada por el Estado a través de sus programas sociales, y también por algunos
medios de comunicación, como las principales revistas femeninas del período 1946-1952. En varias
de ellas, se indicaban que las mujeres trabajadoras sentían que abandonaban sus hogares y a sus
hijos, y que a pesar de saberse obligadas a hacerlo,”experimentan el penoso sentimiento de no ser
madres perfectas”. Esta visión que ponía en polos contrapuestos a la maternidad y al trabajo,
llegaba a señalar que aquellas mujeres que podían preferir ejercer un trabajo remunerado,
“seguramente (…) no son madres de familia, y sobre todo no tienen hijos pequeños” (Veneros,
1998, p. 121)
–
Los años sesenta
Como se ha señalado, algo que caracterizó la década del sesenta no solo en Chile sino en diversos
países, fue la crítica a las estructuras sociales, a las tradiciones y un deseo de cambio social global
que permitiera el surgimiento de una sociedad más justa e igualitaria. En Chile, nuevos actores
sociales comenzaban a cobrar gravitación, como los estudiantes y los campesinos, que comenzaban
a acceder a derechos ciudadanos. Por otra parte, desde el gobierno de la DC, se realizaba una fuerte
política de fomento a la organización social, lo que en conjunto con el notable aumento de la
organización sindical, contribuyó a una fuerte efervescencia social.
En este contexto, ¿cuáles son las representaciones sociales sobre el empleo femenino, cuáles son las
representaciones sociales sobre el papel de las mujeres en la familia y el trabajo?
·
Rechazo al trabajo fuera del hogar de mujeres casadas: diferencias de clase y de
origen rural y urbano
En 1968, dos sociólogos, Armand Mattelart y Michèle Mattelart, realizaron un estudio exploratorio
que buscaba conocer la situación y la imagen de la mujer. El estudio, titulado La mujer chilena en
una nueva sociedad, aplicó una encuesta a mujeres y a sus maridos, de distintas clases sociales que
residían en el Gran Santiago y en zonas urbanas y rurales31. Se les consultó respecto de las
imágenes de clase, la mujer, la pareja y la familia, la mujer y el trabajo, la integración social de la
mujer, el cambio en cuanto a las actitudes hacia los sexos, la problemática cotidiana de la mujer,
entre otros aspectos.
31 El criterio principal para determinar la muestra fue la pertenencia a una clase social, que todas las familias estaban formadas por
padre, madre e hijos que vivían juntos; que todas las familias tenían por lo menos un hijo menor de 15 años; y que todas las mujeres
tenían entre 20 y 50 años de edad. En el Gran Santiago se entrevistó a 170 mujeres y 85 hombres. Y en el medio rural se entrevistó a
100 mujeres de zonas de secano, y a la mitad de sus maridos, y a 100 mujeres de zonas de riego, y a la mitad de sus maridos. En
total, 300 personas en el medio rural y 255 en el Gran Santiago.
354
De este estudio, es posible constatar que las mujeres de zonas urbanas son más proclives al trabajo
fuera del hogar de la mujer casada, que las mujeres del medio rural y pescador. Entre los hombres,
los de zonas urbanas estaban menos dispuestos que sus mujeres a aceptar que la mujer casada
trabajara fuera del hogar (sobre un 50% de los hombres cada una de las categorías sociales, dijeron
no estar de acuerdo con que la mujer trabaje). Sólo en los hombres de clase media superior existía el
porcentaje más bajo de rechazo al trabajo de las mujeres (48%).
Este fuerte rechazo hacia el trabajo de la mujer casada, especialmente evidente en el caso de las
clases rurales, pescadoras e inferiores urbanas, expresa una concepción de los roles de hombres y
mujeres que atribuye a estas como tarea primordial el ser dueña de casa y madre de familia. Incluso
aunque el nivel de rechazo es inferior entre los hombres de clases medias y superiores urbanas,
entre ellos existe la opinión de que es preferible que la mujer no trabaje fuera y se dedique a su
hogar cuando hay hijos. Cuando la mujer casada no tiene hijos, es posible que el marido permita
que ella trabaje por un tiempo, lo mismo en el caso de la mujer soltera, sin embargo, existía el
temor a la promiscuidad y los mayores niveles de independencia que alcanza la mujer que trabaja,
especialmente cuando no tiene hijos. Y es que como lo explican los autores, “el trabajo de la mujer
fuera del hogar “perturba el orden de los valores familiares (…) pone en peligro la distribución de
los roles dentro del hogar”, lo que demuestra que el trabajo de la mujer casada “puede chocar con el
sentido que el hombre tiene que ser el sostén económico del hogar, rol que le asegura en algunos
casos el derecho a representar la autoridad definitiva” (p. 116).
Entre las razones que justifican el trabajo de la mujer casada, los hombres señalaron
fundamentalmente los motivos económicos, ser una ayuda para el hogar. Solo en el medio urbano,
los hombres de la clase media superior y de la clase superior, señalaron como otros motivos la
realización profesional y personal de la mujer y su integración social y económica.
En cuanto a la percepción de las mujeres de la aprobación o rechazo de sus maridos a sus deseos
de trabajar, las mujeres de clase media inferior pensaban que los hombres estaban más de acuerdo
con que ellas trabajaran de lo que en verdad lo estaban; y las mujeres de las clases inferior y
superior exageraban la importancia que daban los hombres al aporte económico para el hogar que
significaría el trabajo de la mujer casada. La proporción de mujeres que pensaban que sus maridos
les negarían el acceso al trabajo era más reducida en las clases urbanas media y superior; de hecho
en estos medios, las razones económicas no eran el único motivo para que los hombres aceptaran el
trabajo de la mujer y se puso apreciar que entre hombres y mujeres existía una proporción
equiparada de opiniones que justificaban el trabajo de la mujer por razones de integración y
emancipación femenina (p. 117). Entre las mujeres del medio rural e inferior urbana, se advertía en
cambio cierto acuerdo de las mujeres con el rechazo de sus maridos a su trabajo fuera del hogar.
Respecto de los cambios que trae consigo el trabajo de la mujer, el principal cambio que señalaron
los encuestados fue negativo y se refería al abandono del hogar. Especialmente en los medios
rurales y pescadores se señaló el descuido del hogar cuando la mujer sale a trabajar. El hecho que
las mujeres urbanas de clases superior y media pudieran disponer de servicio doméstico (empleadas
a cargo del cuidado de los hijos), explicaba las diferencias con las mujeres de clases inferior en el
medio urbano y rural frente al trabajo, pero de todos modos, quienes disponían de estos servicios
seguían señalando que el alejamiento del hogar era un obstáculo importante para el trabajo de las
mujeres. En este sentido, el trabajo de la mujer representaba un peligro para la estabilidad familiar.
Otro cambio negativo asociado al trabajo de las mujeres casadas era la promiscuidad a la que puede
355
conducirlas, lo que pone en riesgo la estabilidad de la pareja. Ello era especialmente importante
para las mujeres de clases urbanas inferiores y también fue mencionado por las de clase media.
Sobre los efectos positivos, entre las clases rurales, pescadoras e inferior urbana, se indicó el aporte
material del trabajo de la mujer como el principal beneficio. Otros motivos relativos al
enriquecimiento personal de la mujer y al mejoramiento de las relaciones conyugales, solo fueron
importantes entre las clases superiores urbanas, si bien en la clase media superior eran las razones
económicas el efecto más positivo del trabajo de la mujer.
En general, los hombres de las distintas clases sociales miran con “escepticismo” el trabajo de la
mujer, minimizando sus fines sociales y manteniendo cierta distancia frente a los ideales de
realización personal y de enriquecimiento espiritual que profesan las mujeres” (p. 121). Los
hombres de las clases rurales y pescadoras e inferior urbana, indicaban que las mujeres trabajaban
para costear sus gastos personales. Un 40 por ciento de los hombres de la clase superior urbana no
creían que las aspiraciones de realización personal explicaran el deseo de las mujeres por trabajar.
Los autores si destacan el hecho que en el medio urbano, los hombres y mujeres de clases medias y
superior establecían una diferencia radical entre las mujeres profesionales y las que no lo son: las
mujeres profesionales trabajan para realizarse en términos vocacionales, si no lo es, trabaja solo
por motivos económicos.
·
“El trabajo ¿Un nuevo destino para la mujer chilena?”
Con este título, el Instituto Laboral y de Desarrollo Social, del Ministerio del Trabajo, publicó en
1971 un estudio realizado con mujeres madres del Gran Santiago urbano. El estudio, realizado por
Ducci, Gili de Jiménez e Illanes de Soto (1972) permite advertir dos cuestiones muy importantes
que marcan diferentas con lo que habían sido las posiciones predominantes sobre el empleo
femenino. En primer lugar, una posición de parte de las autoridades gubernamentales proclive a la
participación laboral femenina, y una preocupación por el escaso incremento de ésta. Y en segundo
lugar, una positiva disposición por parte de las mujeres a integrarse al mercado laboral, la que, si
embargo, se veía obstaculizada deberes familiares asignados a las mujeres.
En relación al primer aspecto, a diferencia de lo que fueron las políticas familiares de los gobiernos
radicales, los gobiernos que les siguieron mostraron posiciones a favor de la incorporación laboral
de las mujeres. Durante el gobierno de la Unidad Popular, desde el Ministerio del Trabajo se
afirmaba la necesidad de que las mujeres fueran incorporadas a todos los aspectos de la vida
nacional y a los procesos de cambio a los que se asistía. Dicha incorporación, y de manera especial,
su integración a las tareas de producción, aparecía como “un requisito indispensable para el
desarrollo de una nación” (Ducci, Gili & Illanes, 1972, Introducción s/n). Las mujeres podían y
debían “ocupar un lugar junto a hombre, no solo para secundarlo en su labor, sino trabajando
individualmente en tareas que requieren capacidad y eficiencia” (p. 28).
Desde esta posición, se expresaba la preocupación por el escaso incremento de la participación
laboral femenina: entre 1952 y 1969 la fuerza de trabajo femenina en relación a la fuerza de trabajo
total, con fluctuaciones, había aumentado levemente; en tanto la fuerza de trabajo femenina sobre la
población femenina en edad de trabaja había disminuido en igual fecha.
356
Frente a esa situación, el estudio se propuso indagar en las razones que explicarían este escaso
incremento, para lo cual encuestaron a madres que trabajaban y que no trabajaban
remuneradamente (292 mujeres), residentes del Gran Santiago urbano. De esta indagación, las
autoras concluían que la idea de que “la mujer realmente está deseando trabajar no es ya más un
juicio aventurado (...) esta inquietud se hace cada vez más fuerte”. Pero inmediatamente, advertían
que a pesar de este deseo de las mujeres, una serie de obstáculos impedían que se tradujera “en una
movilización efectiva del potencial femenino hacia la vida productiva del país” (Ducci et al., p.
201).
Por una parte, las autoras señalaban que el ser madres, esposas y dueñas de casa eran roles que poco
a poco habían ido “perdiendo su valor incuestionable” para las mujeres y que ya no las satisfacen
plenamente. La mujer, decían las autoras,“se siente por ello ubicada en un plano de inferioridad con
respecto a su compañero. Esto la lleva a buscar horizontes que le deparen un nuevo sitial en la
sociedad como una manera de alcanzar su realización en cuanto persona” (p. 203).
Evidencias de este cambio las ofrecía el estudio. Más del sesenta por ciento de las mujeres
entrevistadas mostraban una posición favorable para incorporarse a la fuerza de trabajo. Un 45 por
ciento señaló que no correspondía que existiera una segregación de roles entre el marido y la esposa
(responsabilidad económica, cuidado de los hijos y toma de decisiones), en tanto un porcentaje
similar consideró que esta segregación era mínima. Una amplia mayoría (77%) creía que la
responsabilidad económica era de hombres y mujeres, un poco más de la mitad (55%) que el
cuidado de los hijos correspondía a ambos, y mas de un noventa por ciento (92%) que ambos
tomaban las decisiones.
“Por tanto –señalaban las autoras-, pareciera que las mujeres han internalizado una pauta cultural
avanzada respecto a igualar los roles masculino y femenino en el hogar, aún cuando de hecho existe
una alta diferenciación entre ellos en la realidad del diario vivir” (p. 137)
Sin embargo, pese a la marcada favorabilidad de las mujeres hacia el trabajo, aún entre las que se
mostraban más favorables, una baja proporción efectivamente trabajaba (32.32%), lo que estaría
demostrando que la mujer “se enfrenta de hecho a una serie de obstáculos que le impiden concretar
esta acción manteniéndola atada a su rol tradicional” (p.142)
Esos obstáculos tenían relación con los deberes que emanaban de la condición de madre, esposa y
dueña de casa asignada a las mujeres, “frente a los cuales no encuentra alivio en la actual estructura
de la sociedad” (p.1, Conclusiones). Estos factores de tipo familiar eran en gran medida
determinantes frente a la decisión de la mujer con respecto al trabajo.
Por ejemplo, entre las mujeres con disposición positiva al trabajo casi la mitad percibía una actitud
contraria de parte de su marido (49.65%) y una actitud poco alentadora por parte de los hijos
(54.09%). Tanto los maridos (60.16%) como los hijos (59.20%) desaprobaban en gran medida el
que la madre trabajara. La actitud desfavorable del marido se acentuaba en los niveles
socioeconómicos más bajos (71.7% frente al 56.6% de los maridos de las mujeres de situación
superior); en tanto era entre las madres de situación económica media donde la distribución de
actitudes era más equitativa (41.4% favorable y 57.7% desfavorable) y donde se ubicaba el más alto
porcentaje de maridos con actitud favorable (59.3%).
357
Los datos mostraban además la gravitación de la actitud de los maridos y de los hijos sobre las
decisiones laborales de las mujeres: la proporción de mujeres que trabajaban era mayor entre
aquellas que percibían una actitud positiva hacia el trabajo de parte de maridos e hijos, del total de
madres que trabaja.
Junto con las actitudes de maridos e hijos, el estudio demostraba que independiente de la condición
laboral de las madres, ellas seguían siendo las responsables del trabajo doméstico y el cuidado de
los hijos. La ayuda que podían encontrar las mujeres en estas tareas era circunstancial y siempre
supeditada a la “buena voluntad” de aquellos que la rodeaban, en especial de los hijos mayores. El
apoyo del marido o compañero era casi nulo (sólo una entrevistada reconoció que delegaba parte de
sus deberes en él).
Precisamente la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado con estas responsabilidades
familiares, explicaba que la mitad de las mujeres de la muestra fueran trabajadoras por cuenta
propia. Se trataba fundamentalmente de artesanas, lavanderas, planchadoras, que en su mayoría
trabajaban en casa, recibiendo escasas remuneraciones y con altos niveles de desprotección. Y junto
con ello, la necesidad de compatibilizar trabajo y familia explicaba que las necesidades más
urgentes señaladas por las mujeres para facilitar su ingreso al mercado laboral era la
implementación de “horarios adecuados y por lo tanto flexibles al doble papel que les toca
desempeñar” (p.104). Específicamente las mujeres que trabajaban pedían a la sociedad servicios
“que les permitan aligerar la pesada carga que implica el cumplimiento de dos roles que de por si
son conflictivos” (p.164): por orden de importancia, guarderías infantiles, jardines infantiles,
internado y medio pupilaje, previsión especial para la mujer, herramientas y equipo para trabajar
dentro del hogar, servicio doméstico responsable, horarios compatibles con las labores del hogar y
mejores remuneraciones.
Por último, es interesante mencionar que el principal problema derivado del hecho de trabajar
señalado tanto por las mujeres que trabajaban dentro el hogar como fuera de él, era el abandono de
los hijos. Es decir, aun cuando históricamente el trabajo a domicilio fue concebido como una
modalidad especialmente apropiada para las mujeres, pues permitía que ellas generaran ingresos si
descuidar sus labores de madre y dueñas de casa, quienes trabajaban bajo esta modalidad a
comienzos de los años setenta en Santiago, creían, de todos modos, que su trabajo suponía un
abandono de los hijos.
Frente a toda la evidencia recogida, las autoras consideraban que el trabajo femenino expresaba “un
problema cultural” que tenía sus raíces en una “asincronía entre la internalización de nuevas pautas
de comportamiento y la conformación de una nueva organización social que les de cabida”. Por una
parte, las mujeres aspiraban cada día mas a trabajar, no obstante, no existían las condiciones
sociales y familiares que se lo permitieran. A partir de esta constatación, las autoras iban más allá
advirtiendo que esta asincronía podía ser una eventual frustración de la mujer, “no sólo por parte de
aquellas que no tienen posibilidades de alcanzar esa meta, sino también de la que al salir a trabajar
se ve agobiada por un conflicto de roles que muchas veces adquiere connotaciones graves” (p. 203204).
Como lo habían señalado Mattelart y Mattelart (1968), el estudio de Ducci et al. (1972) demostraba
que la incorporación laboral de las mujeres expresaba con especial elocuencia las contradicciones
que vivía la sociedad de la época. Por una parte, un desarrollo económico que habría nuevas
358
oportunidades laborales para las mujeres en ocupaciones crecientemente vinculadas con los
servicios, y en ocupaciones profesionales y técnicas; y por otra, un modelo familiar y de relaciones
de género que mantenía una distribución sexual del trabajo que dificultaba una mayor participación
de las mujeres, y que incidía en que dicha inserción se hiciera en malas condiciones. Y junto con
ello, la persistencia de una estructura social fuertemente desigual que también marcaban algunas
diferencias en relación a la adhesión o mayor distanciamiento respecto de los modelos de género,
específicamente respecto de la participación laboral femenina.
–
Las profesiones propias de cada sexo: atributos personales, preparación técnicaprofesional
En gran parte de las opiniones, imágenes y creencias sobre el trabajo femenino en diferentes
periodos históricos, está presente la idea de la existencia de trabajos más apropiados para las
mujeres. Ya se señaló para el primer periodo que va de 1880 a 1920, cómo este tipo de ideas
sirvieron de base para construir los establecimientos que impartieron educación para el trabajo
dirigida a mujeres, para explicar su inserción en cierto tipo de actividades (servicio doméstico,
confección y tejido, comercio) y bajo ciertas modalidades (trabajo a domicilio), y para concebir la
inserción de ellas en las fábricas como un problema.
Durante el periodo que va desde los años treinta al setenta, persiste este tipo de creencias respecto
de los trabajos que resultan más apropiados para mujeres. La estructura del empleo femenino así lo
refleja: concentración en ocupaciones vinculadas al servicio doméstico, en profesiones liberales en
el ámbito de la salud y la educación, y en la industria en el sector de confección y vestuario.
A medida que las mujeres van accediendo en mayor medida a la educación, y que se profesionaliza
la mano de obra femenina, estas ideas respecto de los trabajos o actividades más apropiadas para
mujeres y hombres se mantienen incorporando estos cambios.
Hacia finales de los años sesenta, el estudio realizado por Klimpel (1962) compila una numerosa y
variada información respecto de la presencia y quehacer de mujeres en distintos ámbitos de la
sociedad que permiten construir un panorama general de carácter fundamentalmente descriptivo,
sobre el aporte de ellas al “progreso de Chile” desde comienzos de siglo hasta los años sesenta. En
este estudio, las opiniones de la autora sobre la presencia de mujeres en el mundo del trabajo por un
lado constata una serie de cambios en relación al trabajo remunerado femenino, y por otro, pone de
manifiesto la mantención de una serie de ideas respecto de los trabajos más apropiados para las
mujeres.
En relación al primer aspecto, Klimpel indica que durante este periodo las mujeres han desarrollado
todo tipo de trabajos y han estudiado una diversidad de carreras. Ello ha desmentido aquellas ideas
respecto de la supuesta menor capacidad de las mujeres. “Ahora ya sabemos –dice Klimpel (1962)que la inteligencia no es patrimonio de ciertos hombres, sino que lo es, también, de ciertas mujeres”
(p.218).
Sin embargo, esta heterogeneidad de profesiones y ocupaciones desempeñadas por mujeres era
expresión, y al mismo tiempo generaba, una serie de problemas. Uno de ellos tenía relación con el
hecho que la capacidad demostrada por las mujeres en estas actividades no había sido suficiente
para “crear un clima de total comprensión de la capacidad femenina. En una gran cantidad de casos
359
se sigue desestimando su esfuerzo y sus méritos; sus salarios y remuneraciones raramente son
idénticos a los del hombre” (p. 218).
Por otra parte, reflejaba la ausencia de una oferta educacional que permitiera a las mujeres formarse
en profesiones más apropiadas a la “sensibilidad femenina”, como lo eran la asistencia social,
enfermería, educación de párvulos. Ello generaba un desaprovechamiento de la verdades
capacidades de las mujeres, que debían ser utilizadas precisamente donde el hombre, “por su
configuración fisiológica estaba impedido de actuar o donde se desperdicia su virilidad” (p. 219).
¿Y cuáles eran aquellas actividades donde se desaprovechaba la virilidad?: “trabajos oficinescos,
sedentarios, fáciles en exceso para quien no tiene, como él, las preocupaciones de la maternidad, de
la crianza de los hijos y del cuidado del hogar” (p. 220).
De ello se desprendía que había oficios y actividades más apropiadas para ser desarrolladas por las
mujeres. Todas aquellas relacionadas con la educación y ciertos aspectos de la salud, profesiones
“más propias de la sensibilidad femenina y más aptas a sus funciones maternales [en las cuales] el
hombre debe limitar sus ambiciones, no sólo para dar una oportunidad a la mujer, sino para hacer
más efectiva y útil su cooperación” (p. 220).
Como se desprende de los señalado, junto con desmentir una serie de creencias sobre la supuesta
menor capacidad de las mujeres, reconocer el éxito con que se habían desempeñado en una serie de
profesiones, y reconocer los menores salarios que recibían, persiste la idea de que existían trabajos
más apropiados para ellas en base a atributos personales vinculados estrechamente con el trabajo
reproductivo que desempeñaban y a su condición de madres. La formación y la inserción laboral de
las mujeres debían considerar estos atributos, no buscar la igualdad sino la complementariedad de
hombres y mujeres. No hacerlo generaba serios problemas. Un desaprovechamiento de las
habilidades y sensibilidad propias de las mujeres –como se indicó- pero además una alteración en
las relaciones de género y en la organización familiar. Klimpel (1962) indicaba que al hacer las
mujeres más intensivos sus trabajos y lograr a través de ellos mayor bienestar económico “el
hombre se responsabiliza menos por sus obligaciones familiares y se desentiende de aquellas
prerrogativas, que, en su calidad de sexo fuerte, le brindó siempre a la mujer” (p. 219). Entonces la
libertad de hombres y mujeres para elegir sus trabajos debía hacerse considerando que ambos tenían
diferentes talentos, capacidades y energías, los cuales debían ser bien aprovechados en actividades
más apropiadas a cada cual.
Otra fuente de información para ilustrar el carácter sexuado de las ocupaciones, es el estudio de
Mattelart y Matterlart (1968), en el cual los/as participantes expresaron claras ideas respecto de la
presencia de ocupaciones más adecuadas para ser ejercidas por las mujeres.
En el medio urbano y entre las clases superior y media, las profesiones ideales son las médicas y
paramédicas, el profesorado y el servicio social. Y en el medio rural, pescador y urbano inferior,
figuran con una marcada preponderancia, la costura seguidas de lejos por la enseñanza. Entre las
mujeres de clases inferior urbana, se menciona también la peluquería como profesión femenina,
seguidas por las profesiones de practicante, enfermera y asistente social. Es interesante mencionar
que hombres y mujeres de clases bajas no conceden tanta importancia al trabajo de oficina y al
trabajo industrial. Los hombres “solo mencionaron el trabajo industrial para desacreditarlo como
trabajo para la mujer por ser pesado y por implicar riesgos de promiscuidad” (p. 128).
360
Las profesiones médicas y paramédicas fueron designadas como ideales para las mujeres
especialmente por hombres y mujeres urbanos, en especial mujeres de clases medias, por su
compatibilidad con la naturaleza femenina. Las mujeres serían más “humanas”, sabrían demostrar
mayor abnegación, mayor don de sí, mayor comprensión del sufrimiento ajeno” (p.129). A juicio de
los autores, estos comentarios demuestran que “sólo se ha considerado la medicina bajo el aspecto
de la relación personal con el enfermo, nunca desde el punto de vista científico y clínico de esa
profesión: Por ejemplo, nunca se aludió a reconocer la facultad que podría tener la mujer para hacer
un buen diagnóstico. Jamás mencionaron la capacidad intelectual que requieren los estudios
médicos. Basta con hablar de la capacidad de la mujer para tratar al enfermo con dulzura y la
abnegación de que da prueba en su papel de esposa y madre, para que una gran proporción de
hombres y mujeres queden persuadidos de que haría un excelente médico, tal vez superior al
masculino” (p. 129).
El Servicio Social era una de las carreras que más éxito había tenido entre las mujeres de clases
medias y los hombres de clase superior. Lo que se resaltaba era nuevamente la capacidad natural de
las mujeres de entrega a los demás, su comprensión, intuición, sensibilidad. “Nuevamente se rinde
pleitesía al mito de la mujer, toda dulzura, comprensión y abnegación, frente al mito opuesto del
hombre” (p.130), expresión además de una concepción paternalista del servicio social. Los autores
señalaban algo que resulta muy interesante: “La profesión no es apreciada en cuanto a servicio
social, sino más bien como ocasión o pretexto para una formación personal que ayudará a la mujer a
desempeñar mejor su rol dentro de su ambiente inmediato” (p.131).
La pedagogía fue otra de las profesiones mencionadas por encuestados de todas las categorías, en
especial, por mujeres de sectores pescadores, rurales, en menor proporción por clases medias y por
hombres de clase superior. El amor por los niños, la paciencia, la comprensión, hacían de la mujer
una persona adecuada para este tipo de profesión. Los autores indicaban que el menor estatus que
gozaba esta profesión y las menores exigencias salariales de las mujeres, la convertía en una
profesión femenina, menos atractiva para los hombres.
El secretariado y contabilidad eran consideradas como más apropiadas para las mujeres
especialmente por los hombres de clase media inferior, mucho menos por las mujeres de clases
superior y medias. El aspecto limpio, decente, aliviado y bien pagado del trabajo de oficina
representaba para los hombres del medio rural e inferior urbano la ventaja primordial” (p.133). Las
mujeres rurales e inferior urbana también destacaron las ventajas de estas profesiones, en especial el
prestigio que las rodeaba por ser ejercidas en la ciudad. Las pocas mujeres de clases medias urbanas
que se refirieron en el estudio a estas profesiones destacaron el hecho que no exigía mucha
preparación, las condiciones de las mujeres para secundar al jefe y también la libertad que ofrecía
pues las mujeres pueden retirarse una vez casadas y ello no suponía una interrupción de una carrera.
·
La percepción de trabajos apropiados para las mujeres según clase social
El mismo estudio de Mattelart y Mattelart (1968) permite identificar las preferencias de profesiones
femeninas en diferentes clases sociales.
Entre los encuestados de las clases rurales y urbanas inferiores, el oficio de costurera y modista fue
señalado como el más adecuado para las mujeres. Una de las razones más importantes de ello fue
que podía ser ejercido desde el hogar, lo que no implicaba el abandono del trabajo doméstico y de
361
cuidado por parte de las mujeres. Otras razones tenían relación con que se trataba de un oficio de
gran utilidad para el hogar, pues economizaba gastos de vestuario, y el hecho que, a juicio de los
hombres, era un oficio fácil de aprender, sobre todo considerando las pocas posibilidades de
formación para mujeres pobres. Ello se relacionaba con la opinión señalada también respecto que la
costura era la profesión a la que podían aspirar las mujeres pobres (p.133).
Otros oficios señalados por las mujeres de clases inferiores fueron el de peluquera, por las mismas
razones que el oficio de costurera, y un pequeño número de mujeres y hombres de estos medios
mencionó los servicios personales (lavado, cocina, servicios domésticos), especialmente frente a
necesidades económicas urgentes.
Entre los participantes de clases medias y superior urbanas, la mayoría de las mujeres de clases
superiores mencionaron la arquitectura y la decoración interior como profesiones ideales para las
mujeres por la relación que ellas supuestamente tendrían con los problemas caseros y la
organización de una casa, ámbitos ligados a los roles de madre y dueña de casa de las mujeres. La
psicología y la sociología fueron referidas por las mujeres de clase superior y medias, pues “Para
ellas sigue siendo la intuición, la sensibilidad, la dulzura de la mujer lo que la habilita para ejercer
estas carreras con más éxito que los hombres” (p.135).
Algo que llamaba la atención de las preferencias mencionadas, era que las profesiones consideradas
ideales para las mujeres siempre aludían a la compatibilidad de aquellas con sus habilidades
interpersonales, atributos personales tales como comprensión, empatía, sensibilidad, generosidad,
estrechamente relacionada con sus roles maternales y domésticos, y no se hacía mención a sus
capacidades intelectuales, incluso en los casos de profesiones que claramente tienen una alta
exigencia en estos términos. También el hecho que pudieran ser ejercidas desde el hogar es otra
razón para considerarlas más apropiadas para las mujeres, e incluso en algunos casos se señala
abiertamente las menores exigencias de formación de conocimiento como otra razón para definirlas
como femeninas.
Esta clasificación de las profesiones más adecuadas para las mujeres y las razones a las que se
apelaba, expresaban de manera elocuente la permanencia de una concepción de la mujer vinculada
con el mundo familiar. Por supuesto que a pesar de la fuerza de esta concepción de las mujeres,
existen importantes diferencias entre los sectores rurales y urbanos, entre clases sociales altas y
bajas, y entre las mujeres profesionales y no profesionales, siendo entre los hombres y mujeres de
sectores urbanos y de clases medias y superior entre quienes se encontraron posiciones más
proclives al trabajo de las mujeres fuera del hogar así como a la aceptación de que el trabajo podía
satisfacer no solo necesidades económicas sino también intereses de realización personal y
profesional. Sin embargo, lo que parece marcar de manera más general la visión de hombres y
mujeres respecto del trabajo que pueda realizar ella fuera del hogar hacia fines de los sesenta, es
una concepción de éste como una actividad que se contrapone a lo que seguían siendo consideradas
sus responsabilidades más importantes: la familia y los hijos. A partir de ello, hacia fines de los
años sesenta, se constata la existencia de una concepción del trabajo femenino como elemento que
puede desestabilizar a la familia, las relaciones conyugales, la distribución sexual del trabajo y los
roles de género.
Es por ello que Mattelart y Mattelart (1968) indicaban que el cambio socio cultural que
experimentaba la sociedad chilena de la época, estaba bajo el signo de la contradicción. Como parte
362
de los fenómenos que explicarían esta contradicción, los autores señalaban el proceso de
industrialización, el que si bien implicó importantes transformaciones económicas, cuyos beneficios
fueron aceptados por los grupos dominantes, tuvo un limitado efecto sobre las estructuras sociales.
Así, la imagen de la modernización asociada a la industrialización muestra un divorcio con el
comportamiento tradicional “que se esfuerza por mantener una organización social heredada del
pasado y basada en la desigualdad de clases. (…). Las clases que ostentan el poder no quieren
consentir un cambio alguno que al mismo tiempo de agrandar el mercado de consumo (que
constituye uno de los efectos secundarios de la reforma agraria) exija, fatalmente, que se tome en
consideración a las clases inferiores y que se encare la posibilidad de que participen en el poder
social” (p.21). Así, por ejemplo, la clase media se ha apropiado de una serie de privilegios
exclusivos de la clase alta y se ha identificado con sus valores y aspiraciones, dificultando de esta
forma una transformación radical de las estructuras sociales. Esta situación que caracteriza el
proceso de transformación social que vive Chile en el período, es denominado como
“tradicionalismo urbano contemporáneo”, que como lo definía la CEPAL (1962, citado en Mattelart
y Mattelart, 1968) “actúa de manera aparentemente moderna –es decir, participando de los símbolos
y consumos de la modernidad-, pero intenta preservar ciertos valores éticos y algunas concepciones
relativas a la naturaleza de la desigualdad social” (p.21).
La fuerte estratificación social y desigualdad de clases de la sociedad chilena, que no había logrado
ser transformada por las iniciativas económicas modernizadoras, contribuían a mantener situaciones
de discriminación hacia las mujeres, la mantención de roles y estereotipos tradicionales. En efecto,
estas condiciones dificultaban la creación de lo que los autores mencionan como “conciencia
femenina”, requisito para la emancipación femenina, en tanto ella supone “la mezcla de clases y un
comienzo de identificación nacional”, que permita, por ejemplo, que las mujeres de clases
superiores solidaricen con otras mujeres antes que con su propia clase (p. 18).
Es interesante advertir del estudio de Mattelart y Mattelart, que el empleo femenino constituyó un
fenómeno especialmente interesante de analizar en tanto expresaba elocuentemente las fuertes
contradicciones entre el desarrollo económico vivido por el país durante esas décadas y la
mantención de estructuras sociales; estructuras que junto con mantener las fuertes desigualdades
sociales, se basaban en un modelo donde hombres y mujeres ocupaban lugares y roles claramente
diferenciados: trabajo y familia, producción y reproducción.
Las fuertes contradicciones sociales que podía expresar el empleo femenino, fue materia de otros
estudios en la época los cuales permiten profundizar respecto de las continuidades y cambios en la
visión del rol de las mujeres en la sociedad.
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363
Capitulo III
El periodo 1970 - 2000
Panorama general
1.
El gobierno de la Unidad Popular
La década del setenta se inicia con el gobierno de la Unidad Popular, encabezada por Salvador
Allende. Con un programa similar al de la Democracia Cristiana, Allende se propuso profundizar
las reformas estructurales de la economía iniciadas en el gobierno de Frei que apuntaban a superar
los desequilibrios socioeconómicos, fomentar el crecimiento económico y la redistribución del
ingreso, y la participación política de los sectores sociales excluido. El diagnóstico que hacía la
Unidad Popular planteaba que los problemas del desarrollo económico nacían de tres características
de la estructura económica del país que debían transformarse: una extremada concentración de la
propiedad de los medios de producción, una gran desigualdad social y de ingresos, y una
dependencia de los centros de decisión nacionales de grupos de poder financieros en el exterior.
Proponía entonces iniciar desde el gobierno una transición al socialismo que junto con distribuir
bienes y servicios a la sociedad, transferiría el poder, tanto político como económico, a los sectores
populares. La estrategia que permitiría eso sería la redistribución del ingreso, la ampliación de los
programas y servicios gubernamentales, el control estatal de las industrias claves y la expansión de
la nacionalización de la gran minería del cobre y la reforma agraria.
El programa de Allende planteó además la nacionalización de los monopolios industriales
estratégicos, del comercio exterior, de los bancos los seguros y las grandes empresas en sectores
claves de la economía, tales como la distribución, la energía y el transporte, las cuales pasarían a
constituir el Área de Propiedad Social manejada por el Estado. Se propuso también una
reestructuración del Poder Legislativo -una asamblea popular o cámara única de representantes
reemplazaría el sistema bicameral vigente y ejerciera un mayor control sobre el Ejecutivo-; y la
aplicación de programas específicos en las áreas de salud, educación y vivienda que permitieran una
distribución de las riquezas mas equitativas (Correa et al., 2001, p. 263).
–
Desarrollo Social
Durante el gobierno de Allende hubo un fuerte incremento en el gasto social y un constante
esfuerzo por mejorar la distribución de las riquezas. Un interés central fue el mejoramiento de la
calidad de vida de las clases más desposeídas del país, trabajadores y sectores pobres. Se buscó
favorecer la participación masiva en la toma de decisiones creando así un igualitarismo social que
fomentaba la integración social.
Múltiples fueron las acciones que se emprendieron o se programaron durante este gobierno en
materia de desarrollo social. En materia laboral, se planteó el mejoramiento de las jubilaciones,
respecto de la organización sindical, obreros y campesinos tuvieron como nunca antes injerencia
activa en la producción, a través del reglamento sobre participación en las empresas del área
social y mixta. En algunos casos, llegaron a la administración y control de la producción (Ibíd.),
364
eligieron directamente en sus sitios de trabajo a los dirigentes de la CUT en 1972, fenómeno
democrático inédito en la historia del movimiento obrero mundial (Ibíd.). Los mapuches
expresaron sus demandas sin temor a represalias y fueron visitados por primera vez en nuestra
historia por un presidente en su propio territorio (Ibíd.).
Hacia fines de 1972 se empezó a trabajar en la creación de la Secretaría de la Mujer, organismo
que se orientaba a la creación de oportunidades para la integración de las mujeres en distintos
ámbitos sociales y la creación de políticas antidiscriminatorias. Muchas de estas iniciativas no
alcanzan a prosperar por el derrocamiento del gobierno en septiembre de 1973 que cambia
radicalmente la orientación de este organismo y las políticas implementadas hasta ese momento
en materia laboral, social y económica.
Se produjo un proceso de democratización de las Juntas de Vecinos, y los pobladores participaron
directamente en la distribución de alimentos, mediante las Juntas de Abastecimientos y Precios
(Ibíd.).
En el ámbito de la vivienda, se completó casi en su totalidad el programa, que consistía en la
construcción de viviendas, compromiso que había quedado inconcluso en el mandato del
presidente Eduardo Frei equivalente a 30.418 nuevas unidades; además, inició la construcción de
100.030 viviendas, de las cuales alcanzó a entregar 28.626.
En el ámbito educativo, la política gubernamental se centró en tres áreas: educación preescolar,
educación primaria o básica y educación industrial para trabajadores. En la educación preescolar
se instauraron jornadas completas para niños de entre 0 y 6 años, que incluían alimentación,
educación y atención de salud. En la educación primaria, se aspiró a la obtención del ciento por
ciento de escolaridad para los niños de entre 6 y 14 años. El gobierno propuso además, sin éxito,
instaurar una reforma educacional, la Escuela Nacional Unificada que planteaba una reforma
radical al sistema de enseñanza chileno con el objetivo de convertirlo en un medio de
transformaciones de la estructura socio-económica del país. La idea de crear la ENU surge del
consenso de que la educación nacional se encontraba en crisis, puesto que existía una
descoordinación entre sus niveles básico, medio y universitario debido a la segmentación de la
administración educacional, déficit presupuestarios importantes y ausencia de organismos de
participación de las comunidades escolares (profesores, apoderados y alumnos). De igual modo,
se planteaba la necesidad de ampliar y mejorar los mecanismos de planificación y creación de
instancias amplias de participación comunitaria (Consejo Nacional de Educación) y de superar
los desajustes curriculares existentes entre la educación básica y media, y en general la
desconexión del sistema educacional. Esta reforma, apuntaba a la integración y consolidación del
sistema educativo en un único tipo de establecimiento, la cual agruparía desde la educación
parvularia, básica y media, hasta la educación general y politécnica, y su administración estaría a
cargo de consejos integrados por la dirección del establecimiento, profesores, personal auxiliar y
apoderados.
En el ámbito de la salud, se propuso la creación del Servicio Único de Salud (SUS), que
vincularía las actividades preventivas y las curativas apoyándose en la tesis de que la salud era
“un derecho inalienable del hombre”.
365
–
Desarrollo Cultural
El desarrollo de la cultura, este “sistema de sentido”, el plano en que una sociedad administra sus
representaciones culturales, el espacio en que confluyen discursos y prácticas que expresa a su
vez esta forma de percepción (Collier, 2006), durante el gobierno de Allende se caracterizó por la
formación de “una conciencia crítica marcada fuertemente por la denuncia de la alienación,
represión y explotación a que eran sometidos las clases populares” (Collier, 2006, p. 11). Artistas
de la altura de Violeta Parra, Los Quilapayún, Víctor Jara, entre otros, jugaron un papel clave.
El neofolklore, como se le denomina a este nueva corriente musical, se enfocó a trabajar en favor
de la campaña presidencial de la izquierda en 1970, produciendo canciones que en su contenido
dieran un apoyo explicito hacia éste, como por ejemplo “Unidad Popular” de Ángel Parra. A su
vez, la militancia en el partido comunista por parte de Pablo Neruda será otro aspecto importante
que generará un volcamiento o más bien una inclusión del sector político en áreas del desarrollo
cultural, entre ellas, la de la Brigada Ramona Parra.
Siguiendo la misma línea, “el arte pictórico en general se torna militante y contestatario, bajo la
convicción de que el arte poseía un verdadero potencial cognitivo que lo tornaba en lugar de una
toma de conciencia social y política” (Collier, 2006, p. 12). La literatura, el teatro y el cine se
suman a este desarrollo de manifestaciones políticas en el área de la cultura.
Comienza a generarse un proyecto cultural consistente en la generación de una visión crítica en la
sociedad y hacia la sociedad, en base a una convicción de que “el sistema capitalista permeaba las
representaciones sociales de manera subrepticia, depositado en el hombre una ideología destinada
a escamotear las contradicciones de clase y sostener el status quo” (Collier, 2006, p. 14). Desde
esta perspectiva, se concibe a un individuo que crecientemente va perdiendo autonomía producto
de la dominación social.
Es así, como el concepto de crítica pasa a ser una característica clave en la transición hacia una
sociedad socialista, en la medida en que les otorgase a los individuos la posibilidad de regenerar
una conciencia del pueblo, así como también las herramientas para lograr su autonomía. Los
artistas que se sentían comprometidos con el socialismo imperante, siguieron incluyendo en sus
productos aspectos políticos, y buscado sobre todo la participación crítica del público hacia sus
obras. “Esta búsqueda de la autonomía crítica venía de la mano de la seguridad de que el arte es
verdad, justicia y libertad, anhelos permanentes del pueblo. Así, las verdaderas obras de arte son
valiosas para el hombre no como una sustitución de la realidad, sino como imagen artística que lo
ayudan a reconocer y revelar la realidad” (Collier, 2006, pp. 17-18).
Este proyecto de develamiento crítico de la realidad social chilena, se acercaba también al ámbito
del redescubrimiento identitario y social del país (Collier, 2006). Se apelaba a un fuerte sentido
de pertenencia para trabajar en pos de un proyecto de país. Se criticaba de manera fuerte y clara a
la burguesía, puesto que era ella quien creaba una cultura mentirosa y decorada. Se trabajaba la
idea de que la cultura no se implementaría por decreto, si no que era el desarrollo de una lucha
que llevaría tiempo. En esta nueva cultura debía funcionar un doble proceso dialéctico de lo
universal y lo particular, y de lo nuevo y lo viejo: “El proceso dialéctico que daría origen a una
nueva cultura, sin clase asociada, pasaba también por la intelectualización del proletariado y la
366
proletarización del intelectual, donde ambos sectores se enseñarían mutuamente” (Collier, 2006,
p. 36), apelando a una cultura “democrática, nacional y popular”.
En relación a la prensa escrita, “durante el gobierno de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973,
existían diez diarios de circulación nacional: "Ultima Hora", "Puro Chile", "Clarín", "El Siglo"
(netamente de tendencia izquierdista), "La Nación"; los diarios opositores: "La Prensa" (DC) y
"La Tribuna" (Partido Nacional) y los privados: "El Mercurio", "Las Ultimas Noticias" y "La
Tercera". El gobierno de Estados Unidos, que había mostrado su capacidad emprender una serie
de actividades para evitar que en los países Latinoamericanos hubiese un gobierno socialista,
buscó deslegitimar el gobierno de Salvador Allende mediante la prensa escrita. Buscaba desgastar
el gobierno a través de discursos anti comunistas entre otras cosas, medios que le permitieran
llegar a la comunidad civil. Es por esta razón que se apelo a la prensa, la cual nunca censuró, en
contradicción de lo que ocurrió durante el golpe militar, donde toda prensa escrita, televisiva o
propagandista fue censurada.
1.1.
Principales rasgos del desarrollo económico del gobierno de la Unidad
Popular
Existen diferentes maneras de interpretar la política económica de la Unidad Popular. Salazar y
Pinto (2002, p. 47) plantean que ella “puede ser puede ser visualizada alternativamente como la
culminación de la estrategia de desarrollo hacia adentro, y por ende como la continuación de un
ciclo que se venía desenvolviendo desde los tiempos de la Gran Depresión, o como una apuesta en
favor de la reestructuración revolucionaria del sistema económico, tendiente a la sustitución ya no
sólo de las importaciones sino del capitalismo en su conjunto". Otra interpretación, planteada por
Todaro y Reyes (2005) es que la reestructuración que implementa este gobierno, la asume
implícitamente para enfrentar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, tomando
el control de la inversión ("por la vía de la socialización de los medios fundamentales de
producción") y contrarrestar la "huelga de inversiones" que amenazaba cualquier intento de
redistribución de ingresos (p. 43).
La implementación de los cambios estructurales propuestos por Allende, apuntaron principalmente
a transformar la estructura de propiedad de los medios de producción, la implementación de
redistribución del ingreso, la ampliación de los programas y servicios gubernamentales, el control
estatal de las industrias claves y la expansión de la nacionalización de la gran minería del cobre y la
reforma agraria.
–
Nacionalización del Cobre
Este fue uno de los programas más importantes, la nacionalización de la explotación del cobre y
de las demás riquezas básicas (hierro y salitre) las cuales se encontraban en manos de empresas
norteamericanas. Se trataba de una producción que generaba más del 80 por ciento de los
ingresos de divisas del país. Esta política buscaba profundizar la chilenización del cobre
implementada por el gobierno de Frei Montalvo, que había logrado el control del 51 por ciento de
las acciones de las principales compañías explotadoras de recursos minerales.
367
Se pensaba que al pasar la minería de Chile a manos del Estado chileno, permitiría un gran
avance en materia de desarrollo, crecimiento industrial, agricultura, empleo, mejoramiento de los
salarios y los estándares de vida, y disminución de las tasas de mortalidad infantil, pobreza y
retraso (Collier y Sater, 2001, p. 287). De allí que se promocionara en la época este proceso bajo
el lema “nacionalizando el cobre, dejaremos de ser pobres”.
La nacionalización de las minas no trajo consigo los resultados esperados. Tanto la producción
como los beneficios disminuyeron de forma drástica, hasta el punto que se pensaba que los
Estados Unidos estaba saboteando la nacionalización del mineral al impedir el acceso a la
maquinaria y a los repuestos provenientes del país, generando una pérdida en materia de
producción. Otro de los graves conflictos que vivió este proceso, fue la salida de los técnicos de
alto nivel a cargo de la organización y administración de la explotación del mineral, una vez
concretada la nacionalización, ya fuera como una forma de protestar contra el mandato de
Allende o porque los sueldos ya no eran los mismos. Esta salida de técnicos produjo
automáticamente una paralización en la producción, y específicamente en áreas mucho más
especializadas como la refinería.
La expropiación de un cien por ciento de las acciones de CODELCO, compañías salitreras, de
carbón (LOTA), y la compañía ANACONDA y Chañarcillo entre las principales empresas
expropiadas, sin indemnización por parte del gobierno -apelando a la excesiva producción y a la
rentabilidad excesiva que estas generaban-, generó fuertes campañas internacionales (lideradas
por Estado Unidos) en contra del gobierno chileno, más allá de que estas medidas estaban
amparadas en disposiciones jurídicas internas y en resoluciones de Naciones Unidas, que
reconocían el derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas básicas.
Esta nacionalización del cobre aprobada por unanimidad en el Congreso, generó un boicot por
parte del gobierno norteamericano y de empresas transnacionales (también norteamericanas)
contra “el comercio exterior y a las potenciales fuentes de crédito a las que hubiese podido
recurrir el Estado de Chile, lo que aunado a la paralización de la inversión privada y al
acaparamiento interno, acarreó graves repercusiones económicas y políticas para el gobierno”
(Correa et al., 2001, p. 267), generando así la caída del precio del cobre, en 35 centavos por libra.
–
La Reforma Agraria
El programa de la Unidad Popular había propuesto una aceleración del largo proceso de reforma
agraria, lo cual resulto ser un proceso controvertido y polémico. El ritmo de la reforma agraria
fue acelerado sustantivamente, limitando aún más la extensión permitida para la posesión de
propiedad privada. “Jaques Chonchol, entonces ministro de Agricultura, prometió que se
expropiarían toda las propiedades de más de ochenta hectáreas básicas” (Collier y Sater 2006, p.
290). En comparación al gobierno anterior, la expropiación aumentó en un 32 por ciento. Esto
generó que colonos se asentaran en aquellas tierras, produciendo nuevos movimientos sociales.
Comenzaron a tomarse fundos y casas patronales bajo la influencia de sectores más radicales de
la UP y el MIR, los que muchas veces proveían de armas para defender las tierras o para
enfrentarse a la oposición. Esta medida por parte del gobierno, aceleró de forma rápida el
368
descontento de las clases más acomodadas. Ya no solo las grandes ciudades sino también el
campo estaban viviendo los efectos de las reformas de gobierno.
A pesar de todos los problemas que hasta aquí presentaba el gobierno de Salvador Allende, tuvo
en su primer año resultados muy positivos. “El Producto Nacional Bruto creció en un 8.6 por
ciento; la cesantía disminuyó considerablemente a un 4.2 por ciento; la producción agrícola y
ganadera mostró un rendimiento favorable; la producción industrial creció en un 13 por ciento; y
la inflación se redujo de un 34.9 por ciento en 1970, a un 22.1 por ciento en 1971. Los sueldos
del sector público aumentaron en un 35 por ciento, los salarios en el sector privado, en un 50 por
ciento (…) El gobierno había logrado estatizar gran parte de los recursos minerales, más del 80
por ciento de los bancos, un gran número de empresas del sector manufacturero y más del 30 por
ciento de la tierra agrícola” (Correa et. Al., 2001, p. 268). Sin embargo este periodo de una
supuesta estabilidad, no duraría mucho.
–
Área de Propiedad Social: las expropiaciones
Un aspecto importante dentro del programa de Salvador Allende, consistió en la creación de un
Área de Propiedad Social, un conjunto de empresas e instituciones estratégicas que pasaron a
propiedad estatal. Esta medida, que se valió de una ley de expropiación dictada durante la
República Socialista de 1932 que “facultaba a la autoridad estatal para intervenir aquellas
empresas que pusieran en riesgo el abastecimiento de la población, pudiendo aducir una variedad
de motivos, incluso que su productividad era deficiente” (Correa et al., 2001, p. 265), generó un
clima de mayor politización y agudización. Desde los sectores obreros, se generaron frecuentes
huelgas que podrían afectar la productividad de las fábricas, generaron de ese modo una causal
expropiatoria por parte del Estado. El Estado llegó a controlar 62 industrias y tener bajo su
administración 39 empresas requisadas. Desde sectores políticos de oposición y desde el Poder
Judicial y el Parlamento, se argumentó que estas expropiaciones eran excesivas y se salían del
marco de la ley. “En efecto, muchas de estas expropiaciones fueron objetadas por los tribunales,
dando inicio a un complicado conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, pues tanto los
trabajadores como los militantes de la Unidad Popular siguieron presionando por la intervención,
aumentando por consiguiente los niveles de confrontación social y política, y dejando en
evidencia la incapacidad del gobierno para controlar sus bases” (Correa et al., 2001, p. 266).
–
La Crisis Económica
Las cruciales medidas implementadas por el gobierno no resguardaron los equilibrios
macroeconómicos, no contaron con un fuerte respaldo político y generaron un fuerte movimiento
opositor apoyado en parte importante por los Estados Unidos. La intención de controlar el aumento
de la capacidad productiva se realizó sobre supuestos políticos errados y se generaron los mayores
desequilibrios económicos conocidos por Chile hasta ese momento. Se subestimó la capacidad de
acción de la oposición económica y se sobrestimó la capacidad de control de las variables
macroeconómicas (Todaro y Reyes, 2005).
La política de corto plazo debía ser funcional a la formación de una suficiente mayoría electoral
como para lograr una base de apoyo sólida, lo que de acuerdo a diversos autores llevó a la
aplicación de una política macroeconómica fuertemente populista. Desde otro punto de vista, se
podría señalar que dicha política continuaba con lo que Aníbal Pinto calificó años antes de política
369
keynesiana simplista32, esto es, el incremento de la demanda interna por la vía de la redistribución
del ingreso en favor de sectores populares sería suficiente para activar la producción y la inversión
(Todaro y Reyes, 2005).
En un primer momento el gasto fiscal creció aceleradamente, se rebajaron las tarifas de servicios
públicos (provocando una disminución de los ingresos de las empresas estatales) y se aumentaron
los salarios en el sector público que se financiaron con emisión del Banco Central. Se había
completó la nacionalización de la gran minería del cobre, se estatizó el sistema bancario y otras
empresas fueron expropiadas pasando a formar parte del Área de propiedad Social que coexistía
con las áreas de propiedad mixta y privada. El proceso de reforma agraria se intensificó,
aumentando el número de expropiaciones. Estas acciones del gobierno, unidas a fuerte presión de la
militancia de izquierda por acelerar el proceso de transformaciones, agudizaron los conflictos con la
oposición. A pesar de ello, se logró un crecimiento del Producto Nacional Bruto, una disminución
de la cesantía, un favorable rendimiento de la producción agrícola y ganadera, un aumento de la
producción industrial y una reducción de la inflación.
Todaro y Reyes explican que dada la existencia de una brecha entre el PIB potencial y el efectivo,
la oferta de bienes y servicios pudo responder con rapidez al incremento en la demanda. Ello
produjo un crecimiento de la demanda por bienes importados para la producción, con un tipo de
cambio que se mantuvo congelado pero con suficiente existencia de reservas internacionales para
financiar las importaciones. “De esta manera no se provocaron en un principio presiones
inflacionarias. Además, la nacionalización de la gran minería del cobre en 1971 permitió un
aumento de los ingresos del gobierno que no tuvo efectos en la carga tributaria que afectaba a los
agentes privados internos” (p. 44).
En 1971, el PIB creció un 9% a un ritmo que duplicaba el flujo potencial, lo que permitió cerrar la
brecha. “El atraso en las tarifas de los servicios públicos produjo pérdidas de ingresos fiscales, se
produjo una gran expansión monetaria y no hubo respuesta de la inversión. De esta manera, los
nuevos incrementos de la demanda agregadas fueron incompatibles con el ritmo de creación de
nueva capacidad productiva. Mientras tanto, los equilibrios macroeconómicos del sector externo,
fiscal y monetario se deterioraron aceleradamente. Esto coincidió, además, con el empeoramiento
de los términos de intercambio entre 1970 y 1972 y por el corte de la entrada de capitales” (Todaro
y Reyes, 2005).
Poco a poco la producción agrícola fue decayendo. Entre los años que duró el gobierno de Allende,
la superficie de tierra cultivaba disminuyó aproximadamente en un 20 por ciento a raíz del creciente
proceso de expropiación, que generó una respuesta no esperada por parte del gobierno. Los dueños
privados de los grandes terrenos se negaran a plantar, además se dieron muchos casos de dueños que
liquidaron las maquinarias y sacrificaron su ganado. Esto, junto con el bloqueo económico de
Estados Unidos, y unido a las conspiraciones internas, produjo serios problemas.
La escasez de producción agrícola generó “una congelación de los precios, lo que combinado con
aumentos en los salarios hizo subir desmedidamente el consumo de alimentos interno” (Collier y
Sater 2006, p. 296), lo que motivó, o más bien obligó al incremento de las importaciones de
productos agrícolas y otros bienes básicos para cubrir una creciente demanda interna por el
32
La coincidencia de políticas keynesianas y populistas fue quizás una constante en Latinoamérica.
370
incremento de la capacidad de consumo de sectores más pobres. En el año 1972 el gobierno estaba
gastando el 56 por ciento de los ingresos solo por concepto de importación. Las reservas fiscales se
agotaron, los créditos externos se congelaron, y el precio del cobre descendió. Pero el gobierno no
redujo el gasto público manteniendo los objetivos redistributivos de las políticas sociales. Ello
aceleró el proceso inflacionario: en 1972, la tasa de inflación aumentó de un 28 a un 100 por ciento.
Esto junto con el desabastecimiento de bienes de consumo esenciales, produjo la apertura de un
mercado negro, situación que el gobierno enfrentó con la fijación de precios y la creación de las
Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) que “buscaban regularizar la distribución comercial de los
productos esenciales de manera de controlar el acaparamiento y eventual mercado negro (Correa et
a., 2001, p. 268). Las JAPs fueron rechazadas tanto por la derecha como por la democracia cristiana,
que veían en ellas no solo un obstáculo para el desenvolvimiento de las actividades del comercio
establecido, sino también una forma de poder gobernar y controlar a la población.
La producción descendió en 4,1% y 7,4% por habitante durante 1972 y 1973 respectivamente.
Aunque la inversión decreció, hubo un aumento leve de la capacidad productiva, por lo que la baja
de la producción registrada no fue el resultado de la destrucción neta de capacidad sino de una subutilización creciente. La distribución del ingreso mejoró inicialmente pero se deterioró después por
la hiperinflación registrada en los meses anteriores al golpe militar y por la reducción de la
producción. No obstante, los sectores de menores ingresos tuvieron acceso a bienes subsidiados, lo
que les permitió mantener sus conquistas en esos meses. Ello, unido a la sobreestimación inicial de
parte del gobierno de la capacidad productiva ociosa y de la capacidad del Estado para regular y
controlar administrativamente los desajustes, tanto de precios como de balanza de pago (FfrenchDavis & Muñoz, 1990), generó fuertes desequilibrios macroeconómicos que se sumaron a una fuerte
polarización y violencia política que enfrentaba al gobierno y a la oposición, y a sectores al interior
de la Unidad Popular que buscaban un acercamiento con algunos sectores de la oposición, y otros
que presionaban por una aceleración del proceso revolucionario. La polarización se agudizó al
extremo, y las posibilidades que daba la institucionalidad democrática para resolver los conflictos se
agotaron.
A pesar de esta crisis, así como otros momentos de desequilibrios producidos en periodos anteriores
del modelo de sustitución de importaciones, los primeros años de los setenta encuentra a un país
con condiciones básicas de modernización alcanzadas. Todaro y Reyes (2005) explican que el peso
del gasto social muestra un aumenta desde la década del cincuenta a la fecha (ver Cuadro 1), lo que
refleja un mejor equipamiento de capital humano. Se producen grandes avances en educación, en el
equipamiento de salud y el estado sanitario de la población, especialmente urbana que ya alcanzaba
el 75% de la población del país. La expectativa de vida, por ejemplo, subió en hombres y mujeres
respectivamente, de 30 y 32 años en la década de 1920, a 52 y 56 años en la década del cincuenta, y
a 60 y 67 años en los inicios de los setenta (Díaz 1988).
Junto con ello, se incorpora al mercado la mayor parte de la población en términos de consumo y de
ampliación del mercado de trabajo, y hubo importantes progresos en la infraestructura física. Por
otra parte, la reforma agraria permitió la modernización del agro en vastas regiones del país en
términos productivos y de relaciones laborales.
371
Cuadro 1
Gasto social 1955-1972
(% del Producto Interno Bruto)
Año
Gasto social %
1955
14,9
1961
17,0
1963
16,3
1965
20,0
1967
20,1
1969
18,7
1970
19,9
1971
25,2
1972
25,8
Fuente: Arellano 1985. Extraído de Todaro y Reyes (2005).
Aunque las políticas de fomento a la industrialización habían dado paso a la elaboración de
políticas sociales y económicas que fomentaban una determinada división sexual del trabajo –
mujeres a cargo del trabajo reproductivo y hombres a cargo del trabajo productivo-, en el mismo
periodo se habían producido importantes avances en materia de género. La salud reproductiva
había sido abordada como un problema de salud pública para disminuir la mortalidad materna,
incluyendo la muerte por abortos provocados. Estas medidas también tenían un positivo efecto
sobre la morbilidad y mortalidad infantil. En 1967, gracias a un acuerdo entre le gobierno y la
Asociación de Protección a la Familia (Aprofa) se distribuye gratuitamente anticonceptivos en los
servicios de salud, sin imponer el control de la natalidad. Ello dio a las mujeres mayores
posibilidades de controlar el nacimiento de los hijos, lo que facilita decisiones de ingreso al
mercado laboral o continuación de estudios. En efecto, la cobertura educacional mejoró en todos
los niveles de la enseñanza. En la educación básica, mientras en 1935 poco más de la mitad de la
población accedía a este nivel educacional, entre 1950 y 1970 se produce el mayor aumento de la
matrícula de hombres y mujeres, y en 1970 está escolarizada la totalidad de la población en edad
de cursar la enseñanza básica. En el caso de la educación media, si bien en 1935 el acceso a ella
era restringido (5.3% de los hombres y 4.1% de las mujeres), desde esa fecha y hasta 1950 se
expande especialmente en el caso de los hombres. Pero a partir de 1955 el acceso de las mujeres
es superior al de los hombres: en 1970 el 35.1% de las mujeres de las edades correspondientes
acceden a la enseñanza media, cifra que en el caso de los hombres es de 30.4%. Y en 1975, estas
cifras son 43.1% en el caso de las mujeres y 37.3% en el caso de los hombres (Rossetti, 1988). La
enseñanza universitaria alcanzaba en 1960 a un 4% de la población de 20 a 24 años; al final del
gobierno de Allende la cobertura alcanza el 16%. Este aumento de la educación universitaria es
especialmente notorio en el caso de las mujeres: en efecto, entre 1940 y 1970 la cobertura
aumenta cuatro veces, pero en el caso de las mujeres aumenta ocho veces.
En términos políticos, el periodo de sustitución de importaciones en sus distintos momentos, sin
duda trajeron consigo una ampliación democrática: mujeres, campesinos y jóvenes surgen como
actores políticos. En el caso de las mujeres, ellas conquistan el derecho a voto político a finales
de los cuarenta, gracias a un amplio y organizado movimiento de mujeres que alcanza presencia
nacional.
372
2.
El régimen militar 1973-1989
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, junto con las profundas transformaciones en la
economía mundial, dieron un vuelco enorme a las formas de manejo de la economía que se habían
implementando hasta el momento, así como la ruptura de las bases político-institucionales
tradicionales y la desmovilización de amplios sectores sociales.
Los negativos efectos de la política económica del gobierno, junto con los altos grados de
confrontación política y la incapacidad para llegar a acuerdos políticos llevó a que se impusieran
grupos golpistas militares, que rápidamente implementaron un gobierno dictatorial caracterizado
principalmente por su carácter en extremo represivo y anulador del diseño público, y por su
intención refundacional.
Se clausura el Congreso Nacional, lo que a su vez produce la suspensión de las garantías cívicas
de los individuos. Los partidos políticos de izquierda son reprimidos severamente y proscritos, y
los partidos de derecha son puestos en receso. La administración pública fue reorganizada y se
prohibió toda acción de protesta o manifestación pública contraria al gobierno, e incluso la
organización política de base. Las elecciones sindicales se eliminaron, y las reuniones de este tipo
quedaron a disposición y regulación de Carabineros de Chile. Se impuso el toque de queda en el
territorio nacional, la censura de la prensa escrita, radio y televisión, solo autorizó medios adictos
al régimen; todas las publicaciones debieron ser revisadas con antelación a su edición. Las
Universidades fueron intervenidas designándose oficiales uniformados o en retiro para ejercer los
cargos de rectores delegados. En una primera etapa las instancias directivas del gobierno, como
ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y locales, quedaron preferentemente en
manos de militares (Correa et al., 2001, p 280).
Una de las expresiones de la represión que caracterizó al nuevo régimen autoritario fueron los
atropellos a los Derechos Humanos de que fueron víctimas los opositores al gobierno, cometidos
por organismos del Estado. Se creó un servicio de inteligencia o policía secreta, la cual era la
encargada de perseguir a los opositores del régimen.
En este contexto de fuerte represión, la iglesia católica jugó un rol protagónico dentro del
movimiento opositor, prestando ayuda legal al mes de ocurrido el golpe de estado a las victimas
de la represión y llevar un archivo de las violaciones a los derechos humanos.
Ya en 1977, se abre paso a una etapa en la cual se elabora una nueva constitución que daría el
marco legal al régimen de facto. Dicha constitución establecía una presidencia de ocho años, los
poderes del Congreso se restringían y se establecían varios mecanismos institucionalizados
formales que garantizaran la participación militar en los gobiernos venideros.
2.1.
Principales rasgos del desarrollo económico del régimen militar: la
estrategia neoliberal
Las primeras medidas adoptadas por el régimen se dirigieron a controlar los desequilibrios
macroeconómicos y en particular, controlar la alta inflación. Sin embargo, muy pronto se
373
comenzó a implementar un programa de reformas de orientación neoliberal proyectadas al largo
plazo, que esperaban superar las ineficiencias del sistema económico.
“La orientación global de los cambios apuntaban al establecimiento de una economía de libre
mercado y totalmente abierta al exterior, en la cual los empresarios privados pasarían a ser los
gestores principales de la inversión y del crecimiento económico, siguiendo las reglas “neutrales”
de una economía de libre mercado” (Ffrench-Davis & Muñoz, 1990). El rol del Estado como
empresario se redujo drásticamente para dejar que las decisiones fueran tomadas por los agentes
de mercados liberalizados
Esta nueva etapa en la historia nacional coincide con la segunda de las grandes crisis del siglo
XX que se va gestando alrededor de una crisis de valorización del capital y de agotamiento de la
organización taylorista/fordista. Esta crisis dio paso a profundas transformaciones en las políticas
económicas y en el manejo de las economías en relación a la organización de la producción, el
trabajo, los mercados y los flujos internacionales de bienes y servicios, y financieros. Ello se
conjugó con una revolución tecnológica que posibilitaba que las decisiones y actividades
ocurridas en cualquier lugar tuvieran repercusiones en lugares muy distantes y en tiempo real
El profundo rediseño el sistema regulatorio requirió de una fuerte intervención del Estado y de
una fuerte concentración del poder dentro del mismo.
–
Neoliberalismo dogmático 1973-1981
Las principales reformas adoptadas en una primera etapa de reestructuración económica fueron la
eliminación de los controles de precios, la apertura económica indiscriminada al exterior para
estimular la competencia externa, la liberalización del mercado financiero; reducción del tamaño
del sector público y restricciones para el accionar de las empresas del sector; devolución a sus
antiguos dueños de empresas y de tierras expropiadas; privatización de empresas públicas
tradicionales; supresión de la mayoría de los derechos sindicales existentes al inicio del régimen;
reforma tributaria que eliminan distorsiones y disminuyen la participación de los tributos directos y
de mayor progresividad y una reducción de la carga impositiva en especial a las utilidades de las
empresas. Mercantilización de servicios públicos por la disminución del gasto fiscal, con
incremento de los costos que deben ser sustentados por las familias, tanto financieramente como a
través del trabajo no remunerado en el hogar. Reducción de los costos laborales por la vía de la
disminución de las cargas sociales de costo para las empresas. Abandono de las políticas de pleno
empleo y disminución del derecho a subsidio de desocupación. Desregulación de las formas de
contratación de manera permitiendo una mayor inestabilidad laboral. Los sistemas de seguridad
social sustentados en el reparto solidario se convierten en sistemas basados en la capitalización
individual, con el consiguiente aumento de la vulnerabilidad personal (Ffrench-Davis & Muñoz,
1990; Todaro y Reyes, 2005).
De forma lenta, esta nueva reestructuración económica parecía estar dando frutos. Por ejemplo, la
inflación cayó de tres, a dos y finalmente a un dígito (9,5% en 1981). La economía de a poco
comenzó a salir de la recesión de 1975-76, con un alza en el PIB del 7% promedio anual entre
1976 y 1981. A partir de un nuevo organismo de promoción de las exportaciones, el crecimiento
de las exportaciones “no tradicionales”, experimentaron un alza impensable, por ejemplo, la agro
374
exportación: “Las manzanas aparecieron en los supermercados ingleses, algunos vinos chilenos
de buena calidad, en las bodegas norteamericanas” (Collier y Sater, 1999, p. 315).
Debido al mejoramiento notable de la economía chilena, dentro del país se vivió un boom, en
ámbitos como la construcción y más específicamente, en el fomento al consumo dentro de la
sociedad. El país pronto se vio inundado de bienes que provenían del extranjero, como televisores
y radios japonesas, automóviles coreanos, etc. Dentro del país se creó una poderosa ilusión de
prosperidad y progreso, en donde el chileno típico respiraba optimismo.
El campo también experimentó cambios considerables a lo que en materia económica respecta.
La reforma agraria fue detenida de un solo golpe por el nuevo gobierno, el gasto en agricultura
fue notoriamente disminuido y esto trajo de inmediato consecuencias dentro del ministerio de
agricultura, “El personal del ministerio de agricultura (incluidos organismos como la CORA y el
INDAP), fue reducido de 27.000 funcionarios a 5.000 en 1980” (Collier y Sater, 1999, p. 314).
Prácticamente, un tercio de toda la tierra agrícola fue devuelta a sus antiguos dueños, los cuales
durante el periodo de la Unidad Popular vieron como sus grandes campos pasaban a manos del
estado socialista. Esta medida, sin embargo, logró la restauración de lo que anteriormente era el
concepto de hacienda tradicional, ya que de forma rápida, el campo se vio invadido por
importantes inversiones en capital y una explotación intensiva con fines comerciales dedicada en
el mayor de los casos al ambicioso mercado de las exportaciones. Estos cambios dentro del
campo, produjeron una intensificación de la pobreza rural. Ello unido a un empeoramiento de la
distribución de los ingresos, agudizó la brecha entre ricos y pobres.
·
Legislación laboral
En Chile, las políticas laborales implantadas hacia fines de la década de los setenta, tuvieron
como principal expresión el Plan Laboral de 1978. En el marco de la instalación de un modelo
neoliberal que abría al país a la competitividad con el mercado mundial, dicho Plan modificó el
carácter protector del trabajador y regulador de las relaciones de trabajo del Código de 1931, y
basándose en una orientación neoliberal “canceló el rol tutelar del derecho del trabajo,
flexibilizando las normas de la relación individual de trabajo” (Irene Rojas, 1991). La regulación
de las relaciones laborales convirtió las relaciones entre empleadores y trabajadores en “vínculos
comerciales de compra-venta de servicios individualizados, donde no se contemplaban derechos
ni deberes más allá de los pactados entre los propios individuos involucrados”. (Montero y
Morris 2000: 1). La supresión de una serie de derechos generó además mayor inestabilidad
laboral para los trabajadores.
En el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, otorgó un escaso o nulo espacio a la
autonomía colectiva. Por ejemplo, el modelo de negociación colectiva se limitó al nivel de la
empresa, y se prohibió acciones por fuera de este modelo. En la práctica, ello condujo a que
durante la década de los ochenta, la negociación colectiva tuviera una escasa relevancia para los
trabajadores en general, ya que en la práctica solo constituyó un facultad de trabajadores
organizados de las medianas y grandes empresas, y sus contenidos se limitan a algunos aspectos
de carácter salarial (Rojas, 1991).
375
El sistema privilegió la negociación individual por sobre la negociación colectiva, y el contenido
de la relación de trabajo quedó sujeta a la voluntad del empleador dada la desigual posición en la
que quedaron las partes que forman el vínculo laboral (Rojas, 1991).
–
Neoliberalismo con pragmatismo 1982-1989
Hacia finales de los setenta, la economía del país se desmoronó, cayendo en una recesión peor
que la de 1975-76. Como primer fenómeno, se produjo otro fuerte aumento en el precio del
petróleo. La economía mundial una vez más se hundió, lo que significaba una importante
disminución de las demandas de exportaciones del país. El PIB disminuyó en un 15%, la fuerza
de trabajo industrial se redujo en un 20% y el desempleo se elevó por encima de su volumen de
1975-76. Además, se produjo un elevado nivel de endeudamiento por un exceso de gasto interno
del sector privado. Esta crisis de la deuda demostró la extrema vulnerabilidad que se había creado
frente al exterior fruto de las políticas monetaristas y de la pasividad del Estado. La crisis produjo
un derrumbe del modelo monetarista y los sectores productivos, la agricultura, la industria y la
construcción enfrentaron quiebras masivas. El descontento político se expandió alcanzando
incluso a sectores que habían sido partidarios del régimen.
En este contexto, se hicieron varios ajustes, sucesivas devaluaciones, reintroducción de cierta
protección arancelaria, regulación más estricta del sistema financiero, internamente y respecto de
los flujos internacionales; renegociación de crédito externo; ayudas financieras al sector privado y
estatización de la deuda privada.
El sector empresarial presionó al gobierno para que adoptara una estrategia reactivadora que
incluyera la creación de subsidios y sesgada hacia los sectores de altos ingresos, mientras que
mantenía una política dura hacia los sectores populares. Se produjo una reactivación pero, al mismo
tiempo, el año 1987 fue el de peor distribución del ingreso desde que existen estadísticas al respecto
(Ffrench-Davis 2003, citado en Todaro y Reyes, 2005).
·
Las Privatizaciones: sistema previsional y sistema de salud
La fuerte reducción de la participación estatal en el desarrollo económico del país también se
extendió a las políticas sociales. Una de las reformas más significativas en este plano fue la
reforma al sistema de pensiones. Ahora debían ser los individuos quienes asumieran directa e
individualmente la responsabilidad de proveerse una jubilación a través de las cotizaciones
previsionales con las que se construiría un capital (Carlos Huneeus, 2000, p.488).
Estas privatizaciones tuvieron dos claros objetivos. A corto plazo, permitía que el Estado se
acercara a la clase empresarial para que se pronunciase a favor de Pinochet en el plebiscito de
1988. Y a mediano y largo plazo, se lograba reducir la influencia del Gobierno con respecto a la
economía, con la intención de que el empresariado privado se convirtiera en motor del desarrollo.
Se apelaba para su legitimación, al discurso de la eficiencia de las empresas privadas frente a las
públicas, lo que atraería el apoyo de nuevos agentes de la sociedad.
La política de privatización abarcó tres dimensiones. La puesta en venta de las empresas que
cayeron en poder del Estado o las que fueron intervenidas como consecuencia de la recesión del
82 – 83, con el fin de generar mayores ingresos al Estado. La venta por parte del Estado de
376
empresas públicas, dando paso a la formación de un “Estado Empresariado”, pues muchos
actores del gobierno compraron acciones o pasaron a formar parte del directorio de empresas. El
traspaso al sector privado del sistema de previsión social por medio de la creación en 1981 de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se encargarían de administrar los fondos de
pensiones basados en la capitalización individual en reemplazo del basado en el reparto solidario;
y la privatización del sector de la salud, a través de la creación de las ISAPRES.
Uno de los propósitos fundamentales que guió la creación de las AFP fue la ampliación del
mercado de capitales de administración privada, y de hecho estas instituciones han logrado
consolidarse como importantes instituciones económicas, especialmente por su contribución al
desarrollo del mercado de capitales. Sin embargo, su real capacidad en relación al objetivo
directo por el cual fueron creadas –pagar más y mejores pensiones a los trabajadores– es algo que
está por verse.
Al terminar los años del régimen militar, era posible ver a un país que se había modernizado en
diversos aspectos: se podían ver enormes centros comerciales y supermercados en la parte oriente
de la capital, la mayoría de las poblaciones pavimentadas, una enorme variedad de bienes de
consumo en las tiendas, el crecimiento de las exportaciones industriales, todas características de un
modelo de desarrollo diferente. A fines de los años 1980, el régimen mostraba con orgullo las
significativas mejoras en las viviendas de bajo costo por ejemplo, la pavimentación, el suministro
de agua potable, el alcantarillado, las expectativas de vida, la nutrición y la mortalidad infantil. La
expectativa de vida en el año 1973 eran 65 años y en cambio en 1990 esta subió a los 72 años; en
1970 el país tenia la tasa más alta de mortalidad infantil del continente, y en 1990 tenía las mas
baja. No obstante estas mejoras, la década también culmina con una agudización de las
desigualdades sociales, registrando en el año 1987 la peor distribución del ingreso desde que existen
estadísticas.
3.
El retorno de la democracia: los gobiernos de la Concertación para la
Democracia 1989-200033
– La continuidad de la política económica y los cambios
Los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura militar, a partir de 1989 hasta el
presente, se han caracterizado por la mantención de las políticas económicas vigentes evitando de
ese modo cambios radicales en esta materia con el gobierno anterior. En este marco de cambios
en continuidad, los gobiernos de la concertación han buscado beneficiar a los grupos sociales más
perjudicados durante la dictadura cuidando los equilibrios macroeconómicos. Para ello, ya
durante el primer gobierno (1990), se elaboró una reforma tributaria y una estrategia para
combatir la evasión tributaria; el gasto social aumentó; se implementaron algunas reformas
laborales orientadas a mejorar las capacidades de negociación de los trabajadores; y se aumentó
sustancialmente la remuneración mínima con acuerdo del gobierno, la central sindical y la mayor
organización empresarial del país.
33
Esta sección se basa en el documento elaborado por Rosalba Todaro y Nora Reyes (2005). “Marcos cognitivos hegemónicos y
acciones en políticas de género y economía”. Fundación Centro de Estudios de la Mujer (julio).
377
Estas diferentes medidas, que se siguieron una estricta responsabilidad fiscal, lograron una
distribución del ingreso y una fuerte reducción de la pobreza, de 45.1% en 1987, 38,6% en 1990,
23,3% en 1996, y 20.6% en el año 2000 (Encuesta CASEN años correspondientes). En los
primeros años, las políticas de reducción de la pobreza dirigida a mujeres se orientaron hacia las
jefas de hogar, dando origen a un programa. Este programa fue dirigido por el Servicio Nacional
de la Mujer (SERNAM), organismo gubernamental creado para impulsar y coordinar políticas de
igualdad de oportunidades para las mujeres.
El aumento de los impuestos que inicialmente tuvo un carácter transitorio, fue extendido con
aprobación del Congreso, lo cual a diferencia de algunas predicciones, no tuvo un impacto
negativo en la inversión productiva privada. Por el contrario, ella se incrementó lo que explica el
notable aumento de la tasa de crecimiento entre 1990 y 1998, que duplicó la de las dos décadas
anteriores, como se puede apreciar en el Cuadro 2.
Cuadro 2
Crecimiento, equilibrios macroeconómicos y macrosociales 1990-2000
1990 1991 1992 1993
1994
Indicadores de crecimiento
1. Crecimiento del PIB (%)
3,7
8,0
12,3
7,0
5,7
2. Crecim. capacidad productiva (%)
7,9
8,5
7,5
7,0
8,1
3. Tasa de inversión (% PIB)
24,2 22,4 24,7
27,2
27,4
4. Crecimiento exportaciones (%)
8,6
12,4 13,9
3,5
11,6
Equilibrios macroeconómicos
5. Brecha Y/Y*
3,9
4,4
0,2
0,1
2,4
6. Inflación (%)
27,3 18,7 12,7
12,2
8,9
7. Balance cuenta corriente (% PIB)
-1,6
-0,3
-2,3
-5,7
-3,1
8. Balance fiscal (% PIB)
0,8
1,5
2,3
2,0
1,7
Equilibrios macrosociales
9. Salario promedio (1970=100)
93,3 97,8 102,2 105,9 110,7
10. Desempleo (% de F. de T.)
7,8
8,2
6,6
6,5
7,8
11. Distr. del ingreso (Q5/Q1)
17,5 17,4 12,9
13,0
14,5
Fuente: Ffrench- Davis y Stallings 2001. Extraído de Todaro y Reyes, 2005.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
10,6
8,0
30,6
11,0
7,4
6,7
31,0
11,8
7,4
6,9
32,2
9,4
3,9
7,3
32,2
5,9
-1,1
5,9
26,9
6,9
5,4
4,2
26,6
7,5
0,0
8,2
-2,1
2,6
-0,7
6,6
-5,1
2,3
-1,2
6,0
-5,7
2,0
2,0
4,7
-5,7
0,4
8,5
2,3
-0,1
-1,5
7,5
4,5
-1,4
0,1
118,3
7,3
13,8
123,2
6,4
14,9
126,1
6,1
15,6
129,5
6,2
n.d.
132,6
10,5
n.d.
134,4
10,0
17,6
De acuerdo a lo señalado por diversos autores, dos son los aspectos que denominan los equilibrios
de la macroeconomía real. Uno, que la demanda efectiva sea consistente con la capacidad
productiva que se vaya generando; y dos, que los “macroprecios clave (tasa de interés y tipo de
cambio) sean los ‘correctos’ y relativamente estables” (Ffrench-Davis, 2003: 45. citado en Todaro y
Reyes, 2005) para mantener un equilibrio interno que sea compatible en el equilibrio externo.
Cuidando ambos aspectos, durante el primer gobierno de la Concertación (1990-1994), se
aumentaron las tasas de interés para evitar rebrotes inflacionarios. Se produjo una masiva entrada de
capitales y una caída del tipo de cambio. Ello llevó a implementar una política cambiaria muy
activa, se aplicó un encaje a los créditos externos de corto plazo e impuestos a los préstamos en
moneda extranjera. Estas medidas lograron reducir la entrada de capitales volátiles, y aumentar la
inversión extranjera directa. Este aumento no obedeció solo a una macroeconomía real equilibrada
378
sino también por la riqueza de Chile en recursos naturales y “la entrega casi gratuita de su renta
económica a los inversionistas” (Todaro y Reyes, 2005, p. 61).
En 1997 la crisis asiática impactó fuertemente la economía chilena por una serie de factores. Un
excesivo predominio del objetivo antiinflacionario en el Banco Central; la fuerza adquirida a nivel
internacional de la creencia en la apertura financiera indiscriminada, lo cual permeó la conducción
económica estatal y el sector privado; la abundancia de financiamiento para economías emergentes
y el hecho que el país había adquirido notoriedad como país confiable. Ello produjo una entrada
neta de 8% del PIB en 1997, por lo que cuando se produjo el deterioro de los términos de
intercambio, Chile tenía un déficit de cuenta corriente de 4,5% del PIB. Este déficit externo se
ubicó en el sector privado, mientras que el balance fiscal continuó con superávit a pesar de un
aumento importante del gasto fiscal, en especial en los rubros sociales. Es decir que se logró
mantener una política fiscal responsable al mismo tiempo que se amplió el gasto social (Todaro y
Reyes, 2005, p.62).
Los efectos de la crisis se sintieron en la pérdida en los términos del intercambio y la reducción de
los flujos de capital y la salida de capitales nacionales, en especial de los Fondos de Pensiones. La
alta tasa de interés que pretendía frenar un posible rebrote inflacionario contribuyó a la contracción
de la demanda agregada.
La capacidad productiva que venía creciendo al 7% anual hasta 1999 se encontró con la contracción
de la demanda y se generó una brecha entre el producto potencial y la producción efectiva, lo que
explica la fuerte caída de la tasa de inversión entre 1999 y 2003. La brecha ha seguido siguió
creciendo, y se estimaba que se requería de un fuerte crecimiento efectivo, por encima del 4%, para
retornar al equilibrio de la macroeconomía real (Ffrench-Davis, 2003, citado en Todaro y Reyes,
2005).
En este período, las expectativas creadas por un tiempo bastante largo de crecimiento sostenido, se
enfrentan con una economía relativamente deprimida, lo que genera un desajuste entre ingresos
tributarios deprimidos y las necesidades de recursos.
En este escenario, para evitar un retroceso en el gasto social, el gobierno implementó en 2000 una
regla de política fiscal que opera con el concepto de balance fiscal estructural, que permitió
mantener el nivel de gasto en el periodo recesivo.
“El balance fiscal estructural es una forma de política para contrarrestar las fluctuaciones de los
mercados internacionales, comerciales y financieros evitando las tradicionales políticas pro-cíclicas.
Se trata de mantener un nivel de gastos compatible con los ingresos en los periodos en que haya una
utilización plena del PIB potencial y cuando el precio del cobre (que sigue siendo una exportación
clave) está en equilibrio de mediano plazo. Cuando la economía está sobrecalentada se acumula
ingresos, y en períodos recesivos se utiliza aquellos fondos acumulados de manera de poder cubrir
la disminuida recaudación proveniente de una menor actividad económica” (Todaro y Reyes, 2005,
p. 63).
Con la implementación de esta regla fiscal no solo se logró mantener el nivel de gasto en el período
recesivo sino que además realizar progresos en las políticas sociales, tales como establecer un
seguro de cesantía, crear programas de empleo para contrarrestar la desocupación, crear programas
379
para combatir la indigencia y programas de vivienda populares. También se pudo continuar con la
reforma educacional y la inversión en salud (Ver Cuadro 3)
Cuadro 3
Gasto público por habitante a/
(dólares a precios constantes de 1997)
Años
Total
Educación
Salud
Seguridad Social
Vivienda
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
423
456
513
563
582
611
697
740
802
852
82
91
106
116
123
134
157
174
196
207
64
75
89
100
107
109
123
132
144
146
232
239
258
281
282
295
330
349
374
404
44
51
60
66
70
73
86
86
88
96
a/ Gobierno Central. Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social. Extraído de Todaro y Reyes (2005)
–
Avances en materia social
En la década de los noventa, se producen importantes avances en los niveles de salud, educación y
acceso a la vivienda de la población. Como se aprecia en el Cuadro 3, durante el periodo el gasto
público en educación, salud, seguridad y social aumentan. La comparación entre los censos de 1992
y 2002 e información proveniente de estadísticas sociales indican que la cobertura de la educación
universitaria se incrementa casi en 20 puntos porcentuales, desde un 11% de la población entre 20 y
24 años hasta el 30% aproximadamente; la cobertura de la de enseñanza media sube de 80,3 a 90
por ciento en la década; la enseñanza básica alcanza casi al 100 por ciento, y la educación preescolar aumentó la cobertura desde 20,9 por ciento en 1990 a 32,4 por ciento en 2000 (Teitelboim y
Salfate 2003, citado en Todaro y Reyes, 2005). La cobertura de la educación pre-escolar resulta aún
insuficiente, tanto en términos de equidad social, es decir, para compensar los déficit educacionales
de las familias de menores ingresos, como para facilitar el trabajo remunerado de las madres.
Respecto de la esperanza de vida al nacer, sube de 77 a 79 años para las mujeres y de 71 a 73 años
para los hombres, mientras que la mortalidad infantil desciende de 16 a 10,1 por cada 1000 nacidos
vivos. Los avances en estos dos indicadores así como el de la cobertura de la enseñanza básica son
marginales en la década de 1990, dado que ya se había llegado a niveles en que es difícil registrar
grandes avances.
En cuanto a la vivienda y equipamiento, los estudios muestran una disminución del hacinamiento
(definido por un umbral de 2 personas por dormitorio) en especial en las comunas de menores
ingresos, así como una mejora en la calidad material de la vivienda y aumento del equipamiento
(Tironi et al. 2003, citado en Todaro y Reyes, 2005).
380
4.
Panorama general de los fabricantes de riqueza: los trabajos de hombres y
de mujeres
–
Aumento de la participación laboral de las mujeres y disminución de la
participación laboral de los hombres
En el periodo se aprecia un aumento sostenido de la participación laboral de las mujeres. De
acuerdo a los datos censales, para el año 2002 esta participación alcanza el treinta y cinco por ciento
de la fuerza de trabajo nacional (Cuadro 4). De acuerdo a otros registros, como la Encuesta
Nacional de Empleo (ENE), la participación laboral de las mujeres habría alcanzado el 30 por
ciento ya en 198234.
De acuerdo a la distribución geográfica de la fuerza de trabajo, ella tiende a concentrarse en el
sector urbano y a decrecer progresivamente en las zonas rurales. El aumento de las tasas de
participación laboral de las mujeres en relación a las tasas de participación de los hombres, se
aprecia tanto a nivel urbano como rural.
Cuadro 4: Población Económicamente Activa, por sexo, total país. 1982-2002
Año y sexo
1982
Hombres
Mujeres
1992
Hombres
Mujeres
2002
Hombres
Mujeres
Total Nacional
3.680.277
2.720.822
959.455
4.622.018
3.356.545
1.365.473
5.877.149
3.828.236
2.048.913
Composición
por sexo
100
74,0
26,0
100
70,5
29,5
100
64,9
35,1
Fuente: Censos de Población correspondientes a los años 1982, 1992 y 2002.
Las tasas globales de participación (entre 1952 y 1982), que expresan la relación entre la fuerza de
trabajo y la población en edad de trabajar, muestran que un 25 por ciento adicional de mujeres en
edad activa se incorporó a la fuerza de trabajo durante estos años. En tanto los hombres
experimentan una disminución de 6 por ciento, siendo los responsables de la caída de las tasas
globales de actividad en el periodo (Adriana Muñoz, 1988).
Al hacer una relación entre la fuerza de trabajo y el Producto Geográfico Bruto (PGB), se aprecia
que la PEA masculina muestra una evolución mucho más estrecha y congruente con le evolución
del PGB. Entre 1960 y 1970 el PGB creció a una tasa promedio anual de 4,9%, en tanto entre
1973 y 1987 creció en un 2,2%. En estos periodos, la PEA masculina evidencia un crecimiento
moderado y regular hasta la década del sesenta y una tendencia decreciente en el transcurso de los
años setenta y ochenta. En tanto la PEA femenina muestra hasta los años sesenta una caída
34
Estas diferencias en el registro del empleo se producen porque la Encuesta Nacional de Empleo tiene una mejor captación del
empleo femenino que los censos poblacionales.
381
gradual en la PEA nacional hasta 1970, fecha a partir de la cual muestra un crecimiento
importante y sostenido (Muñoz, 1988).
Durante la crisis de 1975 se produce una disminución de la fuerza de trabajo que se observa hasta
1977 (Cuadro 5). En el caso de las mujeres, la leve disminución de la fuerza de trabajo que ocurre
en los años inmediatamente posteriores a la crisis, es seguida de una tendencia al alza que se
observa en 1978, que se acentúa en 1981 y que para 1985 alcanza al treinta por ciento de la fuerza
de trabajo (según datos de la Encuesta Nacional de Empleo de ese año, citado en Muñoz, 1988).
En tanto en el caso de los hombres se observa algo diferente. La fuerza de trabajo masculina
experimenta una disminución, representando en 1985 solo el 70 por ciento de la fuerza de trabajo
total.
Cuadro 5: Población Económicamente Activa, por sexo, total país. 1972-1980
Año y sexo
1972
Hombres
Mujeres
1975
Hombres
Mujeres
1976
Hombres
Mujeres
1977
Hombres
Mujeres
1978
Hombres
Mujeres
1979
Hombres
Mujeres
1980
Hombres
Mujeres
Total Nacional
2.981.000
2.204.400
777.600
3.183.500
2.277.300
906.200
3.183.600
2.304.300
877.300
3.199.500
2.353.600
845.900
3.176.800
2.178.200
998.600
3.477.700
2.494.100
983.600
3.635.600
2.569.400
1.066.200
Composición
por sexo
100
73,9
26,1
100
71,5
28,5
100
72,4
27,6
100
73,6
26,4
100
68,6
31,4
100
71,7
28,3
100
70,7
19,3
Fuente: (1) Encuesta de Hogar, enero-junio. Encuesta Nacional de Empleo, octubre-diciembre, INE
Extraído de Muñoz, 1988
La desocupación tiene mucha importancia en el aumento de la fuerza de trabajo femenina. Los
procesos de restructuración económica provocan el deterioro de los salarios y de las pensiones, la
disminución del gasto social y un serio problema de empleo. Ello explica la creación en 1975 de
los Programas Especiales de Empleo que se mantienen hasta 1988, y que en su pero momento
(1983) emplean a 500 mil personas, es decir, el 16% de los ocupados. Se trata de empleos casi
improductivos, pagados con salarios menores que el mínimo vigente en la época, que buscan
resolver un problema de distribución y no de producción, y en los cuales se observa una alta
participación de mujeres (Gálvez y Sánchez, 1998).
En este contexto, el aumento de la fuerza de trabajo femenina que se observa entre 1972 y 1975
no se debió a un mayor nivel de ocupación, sino a un aumento de la desocupación, especialmente
382
la categoría “buscan trabajo por primera vez”. Y a partir de la crisis de 1975, las tasas de
desocupación de las mujeres superan a la de los hombres, lo que se mantiene hasta fines de los
setenta. En el inicio de los años ochenta, es la desocupación masculina la que supera a la
femenina, alcanzando el nivel más alto el año 1982 (Ver Gráfico 1). Con posterioridad a esta
fecha, el desempleo se mantuvo alto y las tasas de desocupación femenina nuevamente superan a
la masculina.
Por otra parte, entre 1970 y 1982 se produce un aumento de las jefas de hogar activas cercano al
4%, que también se relaciona con la caída de los ingresos familiares por el prolongado desempleo
masculino (Muñoz, 1988).
Este comportamiento de la fuerza de trabajo femenina en contextos de crisis de desempleo, puede
entenderse como expresión de una mayor flexibilidad en comparación con los hombres para
adaptarse a los trabajos que disponibles en estas coyunturas. Ello porque entre las mujeres no
existiría (o sería escasa) la preocupación por trabajar en el propio oficio, cuestión que si sucede
entre los hombres, y sería mucho más fuerte la motivación de ser sostén de emergencia de la familia
Muñoz (1988) indica que “en las fases de ciclos recesivos, la ocupación pierde peso en el
conjunto de la PEA femenina frente a la cesantía y sobre todo frente a los que buscan trabajo por
primera vez. En cambio, en la ocupación, pasa a tener una mayor gravitación la PEA femenina”
(p. 210). La misma autora plantea que en las crisis las mujeres entran a presionar al mercado de
trabajo como una de las estrategias de supervivencia familiar. Más mujeres buscan insertarse en
cualquier tipo de trabajo aunque éste sea mal remunerado, menos calificados o en malas
condiciones. Otros autores han señalado que el comportamiento de las mujeres de sectores de
menores ingresos es contracíclica, mientras que el de mujeres de ingresos medios y altos es pro
cíclica, revelando en todos los casos, un comportamiento de fuerza de trabajo secundaria, es
decir, complementaria al ingreso principal generado por el trabajo del jefe de hogar. La tasa de
desocupación de las mujeres puede ser mayor o menor que la de los hombres en la medida en que
muchas de ellas se retiran de la fuerza de trabajo y pasan a la categoría de "inactivas" (Rosales,
1979, citado en Todaro y Reyes, 2005).
No obstante, el hecho que a partir de 1984 las tasas de desocupación femeninas se hayan ubicado
por encima de las tasas masculinas y que ello se mantenga hasta la actualidad, y que al mismo
tiempo la participación laboral femenina haya aumentado, da cuenta de un cambio de la visión de
las mujeres sobre de sí mismas en relación al empleo. Lo ocurrido no solo habla de los cambios que
se puede estar produciendo entre las mujeres en relación a esta idea tan difundida de ser una fuerza
de trabajo secundaria, sino también evidencia las menores oportunidades de empleo que ellas tenían
y siguen teniendo frente a expectativas crecientes (Todaro y Reyes, 2005).
383
Gráfico 1
Tasas de desocupación por sexo 1968-2002
25
20
15
10
5
0
Mujeres
Hombres
Extraído de Todaro y Reyes, 2005
Entre 1987 y 1996, década en la cual se asiste a una relativa estabilidad macroeconómica que se
expresó en un notable aumento del empleo, en especial, del empleo femenino, se advierte que la
población activa crece a un ritmo superior el ritmo de crecimiento poblacional. En esta década, la
población aumentó a un 1,3% anual, el ritmo de crecimiento de la población activa alcanzó el
2,8%, y el de ocupación fue de 3,1%. El aumento de la PEA femenina (3,7%) y de la ocupación
femenina (4,0%) fue superior a lo que se ocurrió con los varones (2,4% y 2,8%,
respectivamente). La tasa de actividad global pasó de 51,7% a 54,5%: y mientras en el caso de
los hombres este aumento fue un poco más de un punto porcentual (73,9% a 75,5%), en el caso
de las mujeres fue mucho más acentuado (29,6% a 34,5%) (en base a la Encuesta Nacional de
Empleo, citado en Todaro, Mauro y Yáñez, 2000).
–
Características de la fuerza de trabajo
·
La composición por edad
Como se ha señalado, la edad es un factor muy importante al estudiar la participación económica
de hombres y mujeres. Al respecto, se observa que entre 1970 y 1982, se mantiene una
disminución de la población activa menor de 20 años (30.7% a 25,0%) y también se aprecia una
disminución de la participación de la población en el tramo de edad 20 a 24 años. En tanto, en el
tramo de edad 25 a 44 años, la población activa aumenta. Este aumento se debe a la mayor
incorporación de mujeres al mercado laboral, pues los hombres muestran en este tramo una
disminución de su participación. Es interesante constatar además que la población activa
femenina aumentan también en los tramos de 20 a 24 años, y en el tramo de 45 a 54 años, y en
menor medida en el tramo de 55 a 59 años de edad (Muñoz, 1988).
384
En la década 1987-1996, se mantiene la disminución de la participación laboral de los más
jóvenes (15-19 años) debido a la prolongación de la educación formal así como las
transformaciones en el propio mercado de trabajo que demanda una fuerza de trabajo con mayor
preparación, incluso para empleos que antes requerían ninguna o muy poca educación. También
se mantiene la tendencia al aumento de la población activa de edades centrales (25 a 44 años). En
este tramo, los hombres muestran las tasas más altas de participación (93%), en tanto en el caso
de las mujeres, se trata de un momento del ciclo vital en el que tienen hijos y una proporción de
ellas se dedican a la crianza. A pesar de ello, lo que indican las cifras es un aumento de la tasas de
participación económica de estas mujeres: de 40% en 1987 a 46% en 1996. Al mirar la evolución
de estas cifras en el periodo ínter censal 1992-2002, el aumento va de 36,6% a 49,8% (CEPALSernam, 2004). Esto expresa cambios en el comportamiento laboral de mujeres en edades en las
que solían alejarse del mercado de trabajo o aplazar su ingreso. No obstante, es importante
señalar que también se aprecian incrementos de la participación laboral de las mujeres en los
tramos 35-44 y 45-54 años.
·
Estado civil e hijos
La participación laboral de las mujeres se ve muy influenciada por su estado civil, así como por
la presencia, número y edad de los hijos. Al respecto durante décadas las tasas de participación de
mujeres solteras y sin hijos han superado a las de quienes son casadas y madres. En 1996, el
37,6% de las mujeres sin hijos eran activas frente al 24,1% de quienes tenían tres hijos, al 19,4%
de las que tenían cuatro hijos y al 11,5% de las madres de cinco hijos y más.
Sin embargo, como se venía apreciando desde los años sesenta, la participación laboral de
mujeres adultas no solteras, muchas de las cuales son madres de hijos menores, tiende a
aumentar, como se aprecia en el Cuadro 6.
Cuadro 6. Tasa de actividad de mujeres casadas de 20-39 años, 1970-2002
Años
Tasa de actividad
1970
15,0
1982
19,7
1992
24,0
2002
Fuente: Censos de Población
Esto refleja un cambio progresivo de las trayectorias laborales de las mujeres. En décadas
pasadas, ellas solían trabajar hasta el nacimiento de su primer hijo o reingresaban al mercado
cuando el menor de los hijos alcanzaba la edad escolar. Lo que se ha producido paulatinamente es
que las mujeres casadas y con hijos aumentan su participación en el mercado laboral, y
permanecen en él aun con la llegada de los hijos. Esto trae como consecuencia una mayor
permanencia en el mercado, que se traduce en una reducción de las interrupciones en sus
trayectorias laborales y en un aumento de los años brutos de vida activa de las mujeres. Entre
1987 y 1996, los años de vida activa de las mujeres han aumentado de 16 a 18.5 años. Aunque el
cambio es importante, de todos modos es preciso señalar la significativa distancia que estas cifras
muestran en relación con los hombres, entre quienes los años de vida activa si bien no mostraron
385
cambios en el periodo señalado, son muy superiores a los de las mujeres: 40 años (Todaro,
Mauro, Yáñez, 2000).
·
Niveles de educación
Como se ha indicado, los niveles educacionales de la población muestran una sostenida tendencia
al alza, lo que se evidencia tanto en el caso de las mujeres como los hombres. Ello se traduce en
una fuerza de trabajo que cuenta con mayor preparación. A mediados de los años noventa, el
promedio de escolaridad de la población de 15 años y más era de 9.2 años de estudio (CASEN
1996, citado en Todaro, Mauro, Yáñez, 2000), no existiendo diferencias importantes entre
hombres y mujeres.
Contar con mayores niveles de educación se relaciona con la probabilidad de una mayor
participación económica así como el tipo y calidad de los empleos que se puedan obtener. En el
caso de los hombres las tasas de actividad laboral son mayores entre aquellos con escolaridad
superior (90% aproximadamente). Y en el caso de las mujeres se observa algo similar: aquellas
que cuentan con 13 a 15 años de educación muestran un aumento de su tasa de actividad
económica de 40% en 1987 a 52% en 1996, y la de aquellas que tienen 16 a 18 años de
educación, se mantienen en torno al 70%. Hombres y mujeres analfabetos en el tramo de 25 a 34
años de edad, se desempeñan predominantemente en trabajos no calificados de servicios y como
empleadas de servicios domésticos, respectivamente. En cambio, entre quienes cuentan con 13
años y más de educación, se ubican en niveles profesionales, técnicos y empleados de oficinas.
Sin embargo, es importante advertir algunas diferencias entre hombres y mujeres con iguales
niveles educacionales y edad. Los hombres “se desplazan hacia arriba del estrato “profesional” y
se ubican en mayor grado en la elite de poder, mientras que las mujeres se “desplazan hacia
abajo” del estrato profesional y una parte importante de ellas se ubican como empleadas de
oficinas” (OIT, 1997, citado en Todaro, Mauro y Yáñez, 2000, 200).
Por otra parte, es importante señalar que el nivel de educación es el factor que más diferencia las
tasas de participación entre las mujeres. Mayores niveles educacionales se relacionan con
mayores niveles de participación laboral. Como se aprecia en el Gráfico 2, mientras entre las
mujeres con más bajos niveles educacionales la tasa de participación alcanza el 16%, entre las
que presentan los mayores niveles de educación esta tasa es de 75%. Ello es menos marcado en el
caso de los hombres.
Para entender mejor el efecto de los niveles de educación sobre la participación laboral de las
mujeres, ellos se deben relacionar con los niveles de ingresos, ya que a mayores ingresos las
mujeres tienen mayores posibilidades de contar con servicios de cuidado y trabajo doméstico
pagados, lo cual incide en mayores posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo. Los
datos para el periodo para el año 2000 indican que mientras entre las mujeres del I quintil la
participación laboral era de 24,8%, entre las del V quintil esta participación era de 52,1% (Todaro
y Reyes, 2005).
386
Gráfico 2
Tasas de participación y brechas de género por nivel educativo
2002
100
85
80
70
65
60
75
74
72
56
52
38
40
27
20
16
19
0
0a3
4a6
7a9
10 a 12
13 a 16
17 y +
-10
-20
-18
-40
-34
-37
-60
-43
-46
Hombre
Mujeres
Brecha
Extraído de Todaro y Reyes, 2005
–
Las ramas económicas y su aporte al empleo: la terciarización de la estructura
productiva
Durante el periodo se observa que la rama servicios ha desplazado a la agricultura en términos de
empleo, situación que se produjo en 1970 y que el censo de 1982 ratifica. En efecto, durante todo
el periodo un treinta por ciento de la población se concentra en servicios, mostrando además un
crecimiento sostenido. Solo el año 1982, la agricultura ocupa el segundo lugar en términos de
concentración de empleo, siendo desplazada en los dos censos posteriores por la rama comercio,
y por la producción industrial.
El aumento del empleo en el servicio obedece a un aumento tanto de los hombres como
especialmente de las mujeres ocupadas en el sector. Lo mismo sucede en el comercio, aunque
aquí es mayor el aumento del empleo masculino. Y en el caso de la industria el empleo
masculino se mantiene en tanto el femenino disminuye.
En cuanto al empleo agrícola la disminución obedece principalmente a la caída del empleo
masculino pues el empleo femenino registró una baja mucho menor, a pesar de la magnitud del
sub registro de la mano de obra femenina que trabaja en la agricultura que se produce en los
censos y en otras mediciones estadísticas.
387
de ambos sexos. 1982-2002 Totales nacionales (1)
Hombres
1982
Mujeres
Total
Hombres
1992
Mujeres
Total
Hombres
2002
Mujeres
Total
23,0
2,2
17,5
21,3
3,6
16,0
14,6
3,6
10,8
2,8
14,2
7,0
12,8
20,9
0,2
10,7
1,6
16,7
57,2
2,2
13,7
5,8
14,3
31,1
3,1
18,7
8,5
17,3
19,4
0,4
14,2
2,4
21,3
56,8
2,3
17,3
6,7
18,5
30,3
2,0
14,3
9,6
22,1
24,8
0,2
8,2
3,2
22,4
61,2
1,4
12,2
7,4
22,2
37,5
Rama de Actividad
I Agricultura, Caza
Pesca
II Minería
III Industrias
IV Transportes
V Comercio (1)
VI Servicios (2)
y
Fuente: Censos de Población y Vivienda para los años 1982, 1992 y 2002
Notas (1): Hotelería está sumada a Comercio, aunque en los Censos de 1992 y 2002 no lo estaba. (2) Las cifras de Servicio Doméstico en el Censo
1982 están extraídas del cuadro referido a categoría de ocupación “empleado doméstico”, y sirven sólo de referencia; en los Censos de 1992 y 2002
las cifras figuraban en cuadro Ocupados por Rama de Actividad como “Hogares privados con Servicio Doméstico”, y han sido sumadas a Servicios.
–
·
Distribución por sexo de las actividades económicas
El gobierno de la Unidad Popular
Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) se observa una progresiva concentración
de la fuerza de trabajo en las actividades productoras de bienes, fundamentalmente en la
industria, y en el sector servicios. Durante los tres años que duró el gobierno, se aprecia un
aumento de la fuerza de trabajo femenina en actividades productoras de bienes, en especial en la
industria, donde llegó a representar el 25 por ciento del total de la fuerza de trabajo femenina del
país. Ello obedeció al modelo implementado por el gobierno que organizó la economía en torno a
una mayor utilización de la capacidad industrial instalada, ampliando el mercado interno. De
hecho, en 1972 se registró la mayor participación en el PGB de la producción industrial: 26,6%
(Muñoz, 1988). Durante estos años, el aumento de la fuerza de trabajo femenina obedeció
fundamentalmente al aumento de la ocupación: entre 1970 y 1972 la PEA femenina aumentó en
un 3%. No se aprecian diferencias importantes entre la desocupación de hombres y mujeres
·
El régimen militar: las crisis de 1975 y 1981
El modelo de desarrollo implementado por el régimen militar produjo cambios sustantivos en la
estructura productiva. El eje del proceso de acumulación pasó a ser el sector externo y todas las
actividades ligadas a la dinámica del capital financiero y los servicios, se transformaron en
sectores de punta, en tanto aquellas que no mostraron esa capacidad se constituyeron en el sector
deprimido o recesivo de la economía. La relación entre estos cambios implementados y las
tendencias de la fuerza de trabajo masculina y femenina, dieron origen a dos procesos. Por una
parte, la expansión de sectores y actividades económicas vinculadas a la producción de bienes
que absorben poca mano de obra, con baja capacidad para generar empleo y con altos niveles de
productividad, como es el caso de la minería y la industria. Sectores donde predomina el empleo
masculino. Por otra parte, las actividades de punta de la agricultura, conservación de alimentos y
de pescados y mariscos, absorben un contingente importante de personas que tiende a ser
fundamentalmente femenino, pero en empleos de temporada inestables e irregulares.
388
Durante la crisis se observa un incremento de la concentración de mujeres en actividades de
servicios y una disminución de su participación en la producción de bienes. En el caso de los
hombres también se evidencia un incremento de su participación en actividades de servicios y
una caída en el sector industrial, aunque en un porcentaje un poco menor que en el caso de las
mujeres (Muñoz, 1988).
Ello habla del incremento de la terciarización de la estructura productiva. Se evidencia además
una focalización de la fuerza de trabajo en las actividades expansivas o de punta de la economía.
La mayor participación laboral femenina se concentra en aquellas actividades denominadas
expansivas que muestran niveles más altos de productividad media, con una alta intensidad en el
uso del trabajo, y por lo tanto, altos niveles de explotación de los trabajadores. También se
evidencia la alta concentración de mujeres en actividades del sector servicios que debido al
escaso volumen de capital que requieren, son receptoras de mano de obra no especializada y de
muy baja productividad (Muñoz, 1988).
·
La década de los ochenta y los noventa
Las cifras censales del año 1982 y de los dos censos realizados con posterioridad (Cuadro7)
ratifican las tendencias señaladas. El sector servicios concentra los mayores niveles de ocupación,
lo que es especialmente acentuado en el caso de la fuerza de trabajo femenina. Más de la mitad de
las ocupadas trabaja en esta rama, y hacia finales del periodo alcanza el sesenta por ciento. La
segunda rama en importancia para el empleo femenino es el comercio, donde se concentra más
del quince por ciento de las ocupadas, llegando a finales del periodo a superar el veinte por
ciento. La industria ocupa un tercer lugar, concentrando un diez por ciento de las ocupadas en
1982, cifra que baja a un 8 por ciento en el año 2002.
En el caso de los hombres, también es la rama servicios la que concentra los mayores porcentajes
de ocupados, y con tendencia al alza. No obstante, estos porcentajes son inferiores a los de la
fuerza de trabajo femenina: veinte por ciento en 1os años ochenta alcanzado casi un 25 por ciento
en 2002. El segundo lugar en importancia para el empleo masculino lo ocupa la producción
industrial, esto hasta 1992 año en el que este lugar pasa a ser ocupado por el comercio. Como se
observa en el cuadro XX, la participación de los hombres en la industria, con fluctuaciones, se
mantiene en el orden del 14 por ciento, en tanto su inserción en el comercio va en aumento,
pasando de concentrarse allí casi el trece por ciento a inicios del periodo para alcanzar más del
veinte por ciento en 2002.
·
La segregación sexual del trabajo: ramas, y grupos y categorías ocupacionales
Un análisis de la estructura del empleo, permite advertir importantes cambios pero también
significativas continuidades, en la distribución de hombres y mujeres en ramas de actividad
económica, ocupaciones, grupos y categorías ocupacionales. Es decir, se observa un aumento de
la participación de mujeres en diferentes ramas e incluso en ocupaciones no tradicionalmente
femeninas, no obstante estos cambios no alcanzan a transformar la segregación por sexo (la
mayor concentración de hombres o de mujeres) en algunas ramas y especialmente en
ocupaciones.
389
Una primera cuestión a señalar es que el aumento de la participación laboral de las mujeres se ha
debido fundamentalmente al crecimiento de los ocupados en su conjunto, y en segundo lugar al
efecto de la feminización de las ocupaciones (Barrientos, 1997, citado en Gálvez y Sánchez,
1998) ya que la mayor parte del nuevo empleo femenino se incorporó a ocupaciones
tradicionalmente ocupadas por mujeres Es decir, el aumento del número de mujeres en el
mercado laboral no generó cambios notorios en la segregación sexual del trabajo, lo que da como
resultado que el carácter femenino de algunas actividades se acentúe ya que se mantiene o
aumenta la concentración del empleo femenino en ellas.
En el caso de los hombres, ellos se concentran en las actividades de producción extractiva
(minería, pesca, agricultura) y en la producción que transforma materiales (Manifacturas,
Construcción). Las mujeres se encuentran en la Administración (privada y sobre todo pública), el
Comercio, los Servicios a las personas, las comunicaciones, la salud, la educación, el cuidado de
los niños y ancianos. También se ubican en la transformación de alimentos, la costura, digitación,
armado de piezas pequeñas, selección de frutas, control de calidad. En relación a los tipos de
trabajo, las mujeres participan más como asalariadas que como empleadoras, en comparación con
los hombres. Ellas son quienes realizan el trabajo doméstico asalariado, y en mayor medida que
los hombres, están en el trabajo por cuenta propia y como familiares no remunerados. Dentro de
los asalariados, participan menos que los hombres en los niveles jerárquicos altos, tanto en el
sector público como privado (Gálvez y Sánchez, 1998, p. 21).
Entre 1970 y 1992, se aprecia un incremento de la concentración de empleo femenino. El
conjunto de las 23 ocupaciones que ocupaban más mujeres en términos absolutos (el año 1995,
de un total de 88 ocupaciones), en 1970 concentraban a un 32% de las mujeres, en 1982,
concentraban al 37% (cifras censales), y en 1990 y 1995, al 42% y 45% respectivamente (cifras
ENE; Gálvez y Sánchez, 1998, p. 22)
Respecto de las ramas que emplean una proporción importante de mujeres (entre 24% y 40% en
1970), en el periodo 1970 y 1992 tuvieron un crecimiento anual del empleo de ambos sexos
(2,4%) superior al mostrado por el conjunto de ramas con baja participación femenina (entre 2%
y 7% en 1970): 1,4%. Esto indica que una parte del crecimiento mayor de empleos para las
mujeres fue absorbido por las ramas feminizadas, lo que favorece la concentración de mujeres en
ellas (Gálvez y Sánchez, 1998).
Estos aumentos en la feminización de las ramas son más altos en Comercio y Servicios (ramas
con una lata participación femenina), y en Agricultura y Transportes (ramas con una baja
proporción de ocupadas) (Gálvez y Sánchez, 1998, p. 21).
Es decir, la mayor parte de los empleos para mujeres se crean en las mismas ramas, situación que
coincide con el análisis de las ocupaciones.
Por otra parte, los activos asalariados se han feminizado: en 1970 las mujeres eran el 53% de las
asalariadas no domésticas, y en 1992 alcanzan el 65%. Junto con ello, las mujeres son más del 90
por ciento de los asalariados en el servicio doméstico. Se ha producido además una disminución
del trabajo por cuenta propia, pero en mayor medida para los hombres que para las mujeres; y un
aumento de los empleadores para ambos sexos, aunque se mantiene el predominio de los hombres
(Gálvez y Sánchez, 1998).
390
Este mismo análisis de la estructura del empleo realizado para el periodo 1987-1996 por Todaro,
Mauro y Yáñez (2000) corrobora lo señalado.
De acuerdo al sector de actividad económica, se observa que el sector terciario, entendido como
Comercio, Transporte y Comunicaciones, Servicios Financieros y Servicios Comunales, Sociales
y Personales, concentró al 78,1% de las mujeres que se incorporaron al empleo entre 1987 y
1996. El sector secundario (Industria manufacturera, Electricidad Gas y Agua y Construcción)
absorbió solo al 16,9% de la fuerza de trabajo femenina entrante. El sector Agricultura y Pesca
atrajo al 4,6%. En el caso de los hombres, su inserción se ha repartido de una forma más
equilibrada: un 52% de los empleos masculinos se crearon en el sector terciario y un 47,3% en el
sector secundario, en tanto en Agricultura se produjo una pérdida de empleos masculinos.
Un dato importante es que el empleo de las mujeres creció durante este periodo a un ritmo
superior al de los hombres en todas las ramas de actividad económica. Este crecimiento se
evidenció, por orden de importancia, en la Construcción (235,5%), en Minas y Canteras
(157,7%), Servicios Financieros (144,9%), Transporte y Comunicaciones (128%), Electricidad,
Gas y Agua (84,6%), Comercio (51,7%) y la Industria Manufacturera (47,1%). En la Agricultura
y en los Servicios Comunales, Sociales y Personales, el crecimiento fue menor (35,2% y 24,5%,
respectivamente).
Respecto de la distribución sectorial de la fuerza de trabajo femenina, se observa un aumento del
porcentaje de mujeres ocupadas en todas las ramas, salvo en Agricultura y Pesca, y
particularmente en los Servicios Comunales, Sociales y Personales.
Estos importantes cambios no han alterado la segregación sexual del empleo sectorial, por lo que
el empleo femenino sigue concentrándose en el sector terciario. En el año 1996, el 79,8% de las
mujeres ocupadas a nivel nacional se concentraban en este sector, siendo las ramas más
importantes los Servicios Comunales, Sociales y Personales (44,8% de las ocupadas) y el
Comercio (24,2%). En el caso del empleo masculino, un 47,8% se concentraba en el sector
terciario. Si se considera que la participación del sector terciario en el empleo total era de 56% en
1987 y de 58% en 1996, se puede advertir que las mujeres están sobre representadas en este
sector.
El porcentaje de las mujeres en el sector secundario sobre el total de mujeres ocupadas aumentó
levemente, de 13,7% en 1987 a 14,6% en 1996. En el caso de los hombres, el aumento fue de
24% a 29,7%. Considerando el aporte de este sector al empleo total, de 21% a 24,9% en el
periodo señalado, se puede afirmar que las mujeres están sub representadas en el sector.
El análisis por grupos ocupacionales indica que el mayor dinamismo de absorción de la fuerza
de trabajo femenina se produjo en los grupos de Conductores de Medios de Transportes
(279,4%), Empleados de Oficina (95%), Vendedores (60,9%), Profesionales y Técnicos (48,1%)
y Gerentes, Administradores y Funcionarios de categoría Directiva (43,7%). En las ocupaciones
relacionadas con la Agricultura, el empleo femenino se incrementó en un 30,3%, en tanto el
empleo masculino disminuyó en un 5,1%. Esto dio como resultado que la participación de las
mujeres en el sector aumentó de 7,6% en 1987 a 10,2% en 1992. Estos cambios pueden expresar
391
la disminución de las actividades en la agricultura tradicional y el aumento en el número de
trabajadores en el sector agroexportador, grupo ocupacional altamente feminizado.
Un análisis de los niveles de segregación sexual, indica que por ocupaciones la segregación es
mayor que por ramas, y junto con ello, que se ha producido una disminución de esta
segregación35.
Otras mediciones de la segregación de género en el mercado laboral realizadas para la década de los
noventa, muestran una mejora en los índices de las mujeres. CEPAL-SERNAM (2000) calcularon
dos tipos de indicadores, tanto por rama de actividad como por ocupaciones, para los años 1990 y
1996. Como se puede apreciar en el Cuadro 8, ambos índices muestran una mejora36.
Cuadro 8
Índices de segregación
1990 1996
Segregación de género por ramas
Índice de diversificación. Hombres
Índice de diversificación. Mujeres
Índice de segregación
Segregación de género por ocupaciones
Índice de diversificación. Hombres
Índice de diversificación. Mujeres
Índice de segregación
Fuente: CEPAL-SERNAM 2000.
0,31
0,65
2,10
0,31
0,60
1,93
0,37
0,77
2,11
0,32
0,62
1,94
Por categorías ocupacionales el aumento del empleo femenino en el período 1987-1996 se ha
concentrado en primer lugar en la categoría asalariadas, que atrajo al 73,2% de las mujeres que se
incorporaron al trabajo remunerado, seguido por las trabajadoras por cuenta propia no
profesionales y cuentapropistas profesionales y técnicos. También se advierte un aumento del
número de empleadoras. En cuanto a la dinámica de la incorporación de mujeres a las distintas
categorías ocupacionales, en primer lugar se ubica el trabajo por cuenta propia de profesionales y
técnicos (834,7%), asalariados (57,8%), empleadores (47,1%) y trabajadores por cuenta propia no
profesionales (44,9%). Respecto de la distribución de la fuerza de trabajo femenina por
categorías, se observa un aumento del porcentaje de mujeres ocupadas en la categoría de
empleadoras, cuenta propia profesionales y técnicos, cuenta propia no profesionales y
asalariados. En tanto las ocupadas en las categorías personal de servicios y familiar no
remunerado disminuyó.
35
La segregación fue medida con el índice de Duncan. Este índice de segregación puede fluctuar entre 0 (completa integración) y
100 (completa segregación). La integración la define como aquella donde la representación proporcional de cada sexo es en cada
ocupación igual a la que tiene la fuerza de trabajo ocupada total. Una interpretación de este indicador es que muestra el porcentaje en
que cualquiera de los grupos debería cambiar de rama para alcanzar completa integración. Todaro, Mauro y Yáñez, 2000.
36
El Índice de diversificación por género muestra el grado en que la distribución de los ocupados para cada género se acerca o se
aleja de la distribución promedio total, en el entendido que la distribución total refleja la estructura ocupacional que requiere la
producción nacional. Cuando el índice tiende a cero (0), significa que la distribución es más parecida a la promedio. El Índice de
segregación compara los índices de diversificación por género y cuando su valor se acerca a1 significa que la segregación tiende a
desaparecer, ya que los ocupados hombres y mujeres se van distribuyendo en las ramas de manera similar a la distribución promedio,
que se supone es la requerida para realizar la producción nacional.
392
·
Las condiciones de trabajo
La implementación de un modelo de desarrollo desde los años setenta que ha tenido como uno de
sus principios organizadores de la producción y de la gestión a la flexibilidad, en un contexto de
cambios tecnológicos que han impactado directamente las formas de producción, han originado
profundos cambios en las relaciones laborales en las últimas décadas. Se ha producido una mayor
heterogeneidad de las formas de empleo dependiente, una creciente inestabilidad y una pérdida de
la fuerza reguladora y protectora del sistema normativo legal laboral (Yáñez, 2004). Ello unido a
nuevas formas de trabajo que se desarrollan en estructuras descentralizadas y en horarios y lugares
flexibles, ha debilitado o erosionado ese modelo del empleo estándar que caracterizó la sociedad
industrial, realizado a tiempo completo, proyectado a la duración y que concluía con la jubilación,
por el cual se accedía a una serie de prestaciones sociales y fuertemente asociado con la figura del
hombre proveedor familiar.
En este contexto, algunos grupos de trabajadores se benefician de la flexibilidad laboral y otros ven
deterioradas sus condiciones de trabajo ya sea por las características de los empleos que
desempeñan como por las condiciones en las que enfrentan en el mercado. Algunos de esos
cambios al mismo tiempo que han abierto nuevas posibilidades de empleo a las mujeres, también
han mantenido algunas de las discriminaciones que debían enfrentar en décadas anteriores.
Diversos son los aspectos que se pueden incluir al momento de analizar las condiciones de
trabajo. Aquí interesa analizar algunos de ellos para ver si las condiciones de los trabajos
desempeñados por hombres y mujeres difieren o no.
Un aspecto dice relación con la presencia o no de un contrato de trabajo, que se relaciona con
aspectos relativos a la protección laboral. Datos para 1994 indican que un porcentaje mayor de
mujeres que de hombres que eran trabajadoras en relación de dependencia no tenían contrato. La
proporción de ocupados que no cotizan en el sistema previsional es mayor entre las mujeres que
entre los hombres.
De acuerdo a la definición de trabajo precario construida por Todaro, Mauro y Yáñez (2000)37
que permite comparar los datos de la Encuesta CASEN de los años 1990 y 1994, las autoras
indican que en 1990, el 23,2% de los ocupados y el 31,7% de las ocupadas eran trabajadores/ras
precarios; en 1994 los porcentajes habían disminuido aunque se mantenía una diferencia que
indicaba un mayor nivel de precarización entre las ocupadas: 19,2% y 27,8%. El caso del servicio
doméstico, por lo menos hasta el año 1990 debería considerarse en su totalidad como trabajo
precario pues es hasta esa fecha quienes trabajaban en esta actividad no tenían compensaciones al
finalizar la relación laboral y podían ser despedidos sin contar con ninguna protección.
Considerando esto, las trabajadoras en situación precaria se elevarían para el año 1990 a 39,7%.
En relación a las jornadas de trabajo, se advierte una generalización de la jornada de 48 horas. En
1986 el 50,5% de los varones y el 33,9% de las mujeres cumplían con una jornada entre 44 a 54
horas; en 1996 estos porcentajes se habían elevado a 75,4% y 61,8%, respectivamente. Datos
37
La definición de trabajo precario incluyó los siguientes criterios: asalariados/as sin contrato, asalariados/as con contrato que no
cotizan en el sistema previsional; servicio doméstico sin contrato, servicio doméstico con contrato que no cotizan; trabajadores/as por
cuenta propia no profesionales que ganen menos de un salario mínimo; familiares no remunerados.
393
para 1994 indican que el promedio de las jornadas semanales para los hombres asalariados es de
50 horas, y para las mujeres asalariadas es de 45 horas, pero casi tres cuartas partes de los
hombres y casi dos tercios de las mujeres trabajan 48 y más. En muchos sectores económicos
donde es alta la presencia de mujeres, comercio, servicios personales, faenas pesqueras o las de
agricultura de exportación, se mantienen horarios muy extensos de trabajo (Todaro, Mauro,
Yáñez, 2000).
Los trabajos a tiempo parcial, (entre 35 y 43 horas a la semana), se redujeron entre 1986 y 1996.
Entre los hombres se redujo de 23,6% a 9,8%, y entre las mujeres fue de 26% a 11,9%. Sin
embargo, es interesante señalar que en 1996 la mitad de las mujeres ocupadas que trabajaban
menos de 35 horas hubiera preferido trabajar más, muchas de las cuales se encuentran en edades
centrales. Estos datos ponen en cuestión afirmaciones ampliamente aceptadas respecto del mayor
interés de parte de las mujeres por acceder a trabajos con jornadas reducidas para poder
articularlos con sus responsabilidades familiares. Los datos expresan que al menos una mitad de
las mujeres que precisamente se encuentran en un momento de su ciclo vital en que suelen haber
hijos pequeños, tienen la disposición a trabajar más horas en forma remunerada.
Una de las desigualdades ampliamente conocidas entre hombres y mujeres en el mercado de
trabajo, se refiere a las remuneraciones, más específicamente al hecho que la mujeres reciban
menores remuneraciones que los hombres. Diversos datos indican que en la mayoría de las
economías las mujeres ganan el 90 por ciento de lo que reciben sus colegas hombres. Sin embargo
también indican una reducción de esta brecha (OIT 1997). En América Latina entre 1990 y 2000 la
brecha se redujo de 32 a 22 por ciento38, y en Chile entre 1990 y 1995 los salarios y sueldos de las
mujeres medidos como porcentaje de ingreso de los hombres, pasaron de 72,7% a 80,1% (datos
ENE, citado en Todaro, Mauro y Yáñez, 2000); y entre 1995 y 2005 el porcentaje de ingresos de las
mujeres respecto de los hombres aumentó de 62.4 a 79.2 por ciento39.
Estas cifras reflejan el aumento de los niveles de remuneración de las mujeres tanto en términos
absolutos como en relación con el ingreso de los hombres.
La brecha salarial varía de acuerdo a la rama económica, los niveles de educación y a la edad. En
cuanto a la rama económica, si bien en tosas se aprecia una reducción de la brecha, la relación más
desfavorable para las mujeres se ubica en los Servicios Comunales, Sociales y Personales. Tanto las
cifras de 1990 como 1995 muestran en este sector los ingresos más bajos de las mujeres en relación
al ingreso de los hombres: 57.1% y 66,8%. En el sector Comercio los ingresos de las mujeres
pasaron de ser el 67,1% del ingreso de los varones, al 75,7%. Solo en Transporte y Comunicaciones
las mujeres reciben ingresos superiores al de los hombres (100,4% y 105,9%), lo cual se debe a que
las mujeres solo se ubican en algunas labores administrativas y en mínimas cantidades (Todaro,
Mauro, Yáñez, 2000).
Y en cuanto a la educación y a la edad, en los mayores niveles educacionales y de mayor edad se
produce un incremento de la brecha. En Chile por ejemplo, el año 2005 las mujeres ganaban, en
promedio, el 79 por ciento del salario de los hombres, en tanto entre aquellas con educación
38
Se trata de remuneraciones por hora trabajada de las mujeres respecto a la de los hombres en sectores no agrícolas. Información
para 15 países de la región, entre los cuales se encuentra Chile. OIT, 2001.
39
Solo incluye ingresos generados en la ocupación. SERNAM. (2005, 20 de octubre). Infoteca Estadísticas. Trabajo. Recuperado el
20 de octubre de 2005, desde www.sernam.cl/basemujer/Cap5/mercado/V.26.htm
394
universitaria, el ingreso alcanzaba un 66 por ciento del ingreso de los hombres (OIT 2007a). En el
año 2000, el ingreso laboral de las mujeres sin educación era un 82% del ingreso de los hombres, en
tanto el de mujeres con educación superior completa alcanzaba el 43.8% (Selamé, 2004).
En este sentido, la creciente escolaridad de las mujeres si bien incrementa significativamente sus
tasas de participación, sus ingresos promedios y sus posibilidades de acceder a un empleo formal,
no garantiza que dichos ingresos se acerquen más a los de los hombres. Es decir, la educación de las
mujeres tiene retornos más bajos que la de los hombres. Abramo y Valenzuela (2006) señalan que
las mujeres necesitan de credenciales educativas muy superiores para acceder a las mismas
oportunidades de empleo que los hombres. Citando un estudio de la OIT (1999), las autoras señalan
que las mujeres requieren “en promedio cuatro años más para obtener la misma remuneración y dos
años adicionales para tener las mismas oportunidades de acceder a un empleo formal [que los
hombres]” (p. 30).
La situación descrita muestra las oportunidades que se han abierto para las mujeres en el mercado
de trabajo, junto con la mantención de una serie de dificultades que deben enfrentar, segregación,
mayores niveles de precarización, brechas salariales. Ello no desconoce los avances que han
ocurrido en algunos de estos ámbitos, pero si destaca la lentitud de estos avances lo que hace aún
difícil el desarrollo de las trayectorias laborales de las mujeres en igualdad de condiciones que los
hombres.
El caso del número creciente de mujeres que en la década de los noventa ingresaron a los
servicios financieros, ilustra las mayores oportunidades de trabajo para mujeres en sectores
crecientemente profesionalizados, junto con la persistencia de obstáculos que enfrentan. Entre
1990 y 2000 las mujeres duplicaron su presencia en el sector (pasaron de ser el 31,1% al 51,1%
de los ocupados en el sector). La mayoría de estas mujeres cuentan con niveles de estudios
técnicos y superiores, lo que precisamente les ha facilitado su ingreso a un sector caracterizado
por la constante incorporación de innovaciones técnicas-financieras y la demanda creciente de
personas con altas calificaciones. Ello explica que el aumento más importante de la ocupación
femenina se haya concentrado en la categoría de los Profesionales y técnicos. Por otra parte las
ocupadas en el sector acceden a mejores condiciones laborales que las distinguen del conjunto de
las ocupadas en relación a la estabilidad y calidad laboral. Sin embargo, junto con ello, las
mujeres ocupadas en el sector ganan en promedio el 62,8% de los ingresos que reciben los
hombres, diferencia que se acentúa en el grupo de técnicos y profesionales de nivel medio y entre
los empleados de oficina, y a nivel de cargos gerenciales solo un 1% es ocupado por mujeres
(Mauro, 2004).
–
Costos para las mujeres de los cambios en el modelo de desarrollo
Los profundos cambios políticos, sociales y económicos ocurridos desde la década del setenta, en
el mercado laboral significaron un debilitamiento del sistema regulatorio. Como se señaló el Plan
Laboral de 1978 suspendió el rol tutelar del derecho del trabajo, suprimió una serie de derechos
laborales, convirtió las relaciones entre empleadores y trabajadores en vínculos comerciales de
compra-venta de servicios individualizados, y limitó la autonomía sindical y la capacidad de
negociación.
395
Estos cambios unidos al aumento de las inserciones laborales precarias que no daban acceso a
derecho alguno, hicieron que la legislación se alejara cada vez más de la realidad. Lo ocurrido
afectó al conjunto de trabajadores, y en el caso de las mujeres tuvo particulares efectos en
relación a los derechos ligados a la maternidad. En Chile existe el derecho a las licencias
maternales pagadas de 18 semanas (6 semanas antes y 12 semanas después del parto) para todas
las mujeres que cumplan con los requisitos de afiliación y contribución al sistema de seguridad
social, tanto en empleos formales como independientes. En 1985 se estableció que el pago de
todas las licencias maternales y para el cuidado de hijos enfermos se solventaría por el Fondo
Único financiado por los ingresos fiscales, medida que fue tomada por razones de rentabilidad del
sistema privado (ISAPRES). Aunque en teoría las mujeres que trabajan sin contrato o en forma
independiente tienen derechos maternales, como la mayoría no cumple con los requisitos
exigidos de contribución al sistema de seguridad social, por los costos que implica considerando
sus bajos ingresos, en la práctica muchas quedan excluidas de estos derechos (Todaro y Reyes,
2005).
Respecto de la reforma al sistema de previsión social, el paso de un sistema de reparto a uno de
capitalización individual, afectó especialmente a quienes tienen mayor inestabilidad y/o
interrupciones en su vida laboral y que reciben menores remuneraciones, situaciones en las que
precisamente se encuentran en promedio las mujeres. Si a ello se suma las mayor esperanza de
vida de ellas, se entiende que el menor capital acumulado durante la vida activa debe repartirse en
una mayor cantidad de años, lo cual significa menores niveles de ingresos.
En relación al sistema de salud, que funciona como un sistema de seguro que depende de los
pagos mensuales que realice cada persona y cuyo costo varía de acuerdo al nivel de riesgo de
cada individuo, hace que las mujeres se vean más perjudicadas. No solo por los menores ingresos
que perciben sino también porque resultan ser los individuos que presentan mayores niveles de
“riesgo” especialmente durante la edad reproductiva, lo cual encarece sus planes de salud casi
tres veces en relación a los de los hombres.
Por otra parte, el importante y sostenido aumento de las tasas de participación laboral de las
mujeres, no disminuyó su participación en el trabajo reproductivo. Y ello no solo porque
siguieron siendo las mujeres las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado, sino
también porque con la mercantilización de los servicios públicos en el marco de las políticas de
ajuste durante la década del ochenta, transfirieron los costos de una serie de políticas sociales
desde el mercado a los hogares. Ello produjo una intensificación del tiempo destinado por las
mujeres al trabajo doméstico y de cuidado tanto dentro del espacio familiar como en espacios
colectivos, como fueron las “ollas comunes”, los “comprando juntos” y otras estrategias de
supervivencia como la reparación y construcción de viviendas que involucraron a hombres y
mujeres.
La posibilidad de contar con servicios de apoyo al cuidado infantil se vio muy limitada, y el
deterioro del sistema público y las restricciones a la entrega de servicios gratuitos hicieron que el
cuidado de los enfermos pasara cada vez más a manos de las mujeres. Los trabajos flexiblemente
precarios pasaron a ser la modalidad asumida por las mujeres para hacer frente a esta mayor carga
de trabajo reproductivo en articulación con las demandas de sus trabajos remunerados.
396
Benería (1995, citado en Todaro y Reyes, 2005) explica que el factor oculto de equilibrio de los
programas de ajuste, es la habilidad de las mujeres para absorber los schoks de estos programas, a
través del aumento de sus trabajo o de hacer rendir más los limitados ingresos. En este sentido, si
bien los procesos de ajuste afectaron a toda la población, la posición de las mujeres en las
relaciones de género al interior de los hogares y especialmente su papel en el trabajo
reproductivo, explica que dichos efectos adquieran intensidades y características particulares para
ellas.
5.
Representaciones sobre el trabajo productivo y reproductivo de las
mujeres
Durante las últimas décadas del siglo XX, las imágenes, opiniones y discursos sobre las mujeres,
y en especial, sobre el empleo femenino ha mostrado importantes cambios. Sin duda los cambios
en los modelos de desarrollo económico así como la presencia de movimientos sociales y
movimientos feministas, han contribuido a cuestionar normas sociales relacionadas con la
familia, las relaciones de género. Ello ha tenido efectos en las imágenes sobre las mujeres, su
papel en las familias así como en otros ámbitos de la sociedad, en particular el trabajo
reproductivo y productivo. Estas posiciones más críticas a modelos de género y de familia que se
basaban en la dedicación exclusiva de los hombres al trabajo productivo y de las mujeres al
trabajo reproductivo, han experimentado un significativo desarrollo y han contribuido, por una
parte, a difundir una visión positiva del empleo de las mujeres, y por otra, a visibilizar el trabajo
que ellas realizan al interior de los hogares en forma no remunerada como parte fundamental del
trabajo socialmente necesario. Estas posiciones que han adquirido mayor aceptación social en las
últimas décadas, conviven –al igual que en otros periodos de la historia nacional- con posiciones
que buscan reforzar el modelo de hombre proveedor y mujer dueña de casa, alimentando una
visión de las mujeres estrechamente ligada a la maternidad y al trabajo reproductivo.
Revisaremos a continuación algunas expresiones de estas imágenes respecto del papel de la
mujeres en la sociedad en diferentes momentos y provenientes de distintos sectores sociales.
·
La visión de las mujeres en los discursos presidenciales: Allende y Pinochet
…cuando digo, la mujer, pienso en la madre, preocupada
de su niño,… cuando hablo de la mujer, me refiero a la
mujer en función de su núcleo familiar
La mujer y el cambio. Archivo Salvador Allende. Los trabajadores y el
Gobierno Popular, citado en Tapia 1999, p.25.
Nadie puede imaginarse la revolución emancipadora,
constructora e una nueva sociedad, sin la presencia activa
y combatiente de la mujer, amiga, hermana y compañera;
de la mujer presente en todos los niveles de trabajo y la
cultura. De la mujer asumiendo la responsabilidad, por su
capacidad; de la mujer junto al hombre, sin desigualdades,
y en función de una gran tarea común; de la mujer
entregando a la revolución su ternura y firmeza, que nace
con un contenido más profundo porque es la madre la
397
que siente más de cerca el dolor que emana del hambre de
su hijo y del sufrimiento d los suyos por la injusticia de un
régimen marcado todavía por la explotación imperialista.
Palabras del Presidente de la República, Compañero Salvador Allende
Gossens en el Seminario “La Mujer de hoy en América Latina, 27 de
octubre de 1972, citado en Tapia 1999, p. 37.
En los discursos presidenciales de Salvador Allende, las mujeres aparecen fuertemente asociadas
a su rol de madres. Como lo señala Marcela Tapia (1999), en su estudio sobre el papel de las
mujeres en los discursos presidenciales de Frei, Allende y Pinochet, la maternidad fue para
Allende el denominador común de todas las mujeres, expresando con ello evidentes
continuidades en relación a la forma como las mujeres fueron concebidas en el marco de la
políticas públicas de los gobiernos radicales y gobiernos posteriores.
No obstante, el gobierno de la Unidad Popular introdujo otros contenidos a esta conocida forma
de concebir a las mujeres. Si bien la maternidad era un denominador común, ello no impedía
hacer distinciones entre las mujeres a quienes se dirigían los discursos presidenciales. Surge así la
figura de las mujeres de izquierda, compañera del varón y consciente de la necesidad de instaurar
el socialismo y del papel que le cabía en dicha tarea. Como lo explica Tapia (1999) ello supuso
una ampliación de la imagen de las mujeres al incorporar la figura de la guerrera, la
revolucionaria, la poetisa y la compañera.
Aunque esta ampliación no modificó lo que constituía la base de su concepción de la mujer, la
maternidad, identidad en la cual confluían todas las demás, el gobierno de la Unidad Popular
interpela a las mujeres a incorporarse de manera más activa en todos los ámbitos de la sociedad
para poder hacer realidad la instauración del socialismo. Desde este propósito, las mujeres fueron
caracterizadas, por un lado como afectiva y tierna, y por otro, compartiendo ciertas características
o cualidades propiamente masculinas, como la dureza y la fortaleza, especialmente de parte de las
mujeres de izquierda quienes juegan un importante papel en el desarrollo del proceso de
transformación social impulsado por el gobierno.
Desde esta concepción las mujeres fueron interpeladas para integrarse activamente en la vida
pública, en la política, las organizaciones sociales, y en el mercado de trabajo. Tapia (1999)
indica que el paso del ámbito privado al público, dependía de que las mujeres tomaran conciencia
de los beneficios de la revolución socialista les traería a ellas, a sus hijos y la sociedad en su
conjunto, la posibilidad de participar igualitariamente en la nueva etapa de la historia dependía de
que la mujer tomara consciencia de estos beneficios. Esto marca una diferencia respecto del papel
asignado a las mujeres en los discursos de Eduardo Frei Montalva.
Tapia (1999) explica que la mayor preocupación de Allende por la incorporación de las mujeres a
la vida pública, se tradujo en una mayor participación de ellas en los centros de madres. También
se puede advertir cierta preocupación de parte del gobierno por la incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo, tomando en cuenta los pocos cambios que habían mostrado las tasas de
participación laboral de las mujeres en la década del sesenta (Ducci et al. 1972).
398
Por eso, en la hora de la gran prueba, la resistencia sorda
y tenaz que la mujer había opuesto al avance marxista, se
convirtió en rebelión incontenible, ante la evidencia del
abismo en que se precipitaba a Chile. Cada hogar fue un
bastión de rebeldía, que inventó mil formas de repudio:
desde la altivez anónima de la dueña de casa que resistió
la presión indigna del racionamiento, hasta las
manifestaciones masivas, que no pudo acallar la violencia
brutal de las autoridades
Discurso del Presidente de la Junta Militar General Augusto Pinochet
Ugarte el 24 de abril de 1974 EN: El Sur, 6 de mayo de 1974. Citado
en Tapia 1999.
Educadora y formadora de conciencias, la mujer es la gran
forjadora del porvenir y la gran depositaria de las tradiciones
nacionales. En su misión de mujer y de madre, se dan la
mano el pasado y el futuro de la nación, y quien aspire,
como gobernante, a proyectar en el tiempo una obra política
estable, tiene que contar con la palanca espiritual de su
poder.
República de Chile, 1er año de la Reconstrucción Nacional, Editorial
Gabriela Mistral, Santiago, 1974 En: Teresa Valdés, Las Mujeres y la
Dictadura Militar, op. cit p. 25. Citado en Tapia 1999.
Luego del golpe de Estado de 1973, el régimen militar interpela a las mujeres como pilares
fundamentales para la legitimación del gobierno autoritario y su labor fundacional. Ellas eran
figuras de una gran conciencia ciudadana, un gran patriotismo y un gran dinamismo, elementos
que permitirían impulsar a la nación hacia mejores destinos. Pero por sobre todo –y como se
había visto en anteriores momentos- se enfatizó su condición de madre, dueña de casa y esposa.
En un momento de crisis política y económica, las mujeres encarnan los valores maternos y
patrios, eran quienes habían salvado al país del comunismo y quienes harían posible la
reconstrucción nacional.
Figura emblemática de estas mujeres depositaria de los valores más preciados, quien pone al
servicio de la patria todas sus virtudes será la voluntaria. “La mujer en cuanto madre, esposa y
dueña de casa, encuentra su imagen perfeccionada en la voluntaria. Ella es el símbolo máximo de
los valores de la patria” (Tapia 1999, p. 29)
Las mujeres voluntarias, cuya labor asume un carácter supuestamente a-político, basado solo en
su condición de mujer madre, se constituye en una colaboradora del régimen que promueve sus
valores entre los más necesitados y las socias de los centros de madre sin intereses de ninguna
índole” (Tapia, año, 1999. p 29). De allí que el régimen promoverá el desarrollo del voluntariado
en Chile apelando a la altura moral de las mujeres
Como se verá en la Parte III de este documento, bajo el gobierno de Pinochet se crearon diversos
grupos de voluntarias, liderados por señoras de comandantes y altos mando, siendo uno de los
casos más ilustrativos la orientación que se otorgó a los centros de madres, y el desarrollo de las
Damas de Colores. En ambos casos, se interpelaba a las mujeres cuya condición de madres les
daba una altura moral, un espíritu de servicio, entrega y abnegación, que las hacía colaboradoras
privilegiadas en el proceso de reconstrucción nacional.
399
Además, se propició mas en el discurso que en la práctica, la participación de las mujeres en la
vida pública “excepcionalmente para salvar del peligro a la patria amenazada y en adelante, su
relación con el mundo público fue para profundizar sus roles tradicionales como voluntarias o
socias de centros de madres (…) En general, en el discurso se llamó a las mujeres a adherirse a la
tarea de reconstrucción nacional desde sus lugares privados y subordinados” (Tapia, 1999. p. 29).
En definitiva, como lo explican Giselle Munizaga y Lilian Letelier (1988), la abundante
producción discursiva que realizó el régimen militar para interpelar a las mujeres, expresa el
esfuerzo desplegado por el gobierno para definir una identidad y una visión del mundo para ellas
que fuera congruente con el orden autoritario, así como la necesidad de acatamiento y control
general que todo orden autoritario requiere para su funcionamiento. “Sin embargo, -en el caso
particular de este régimen- la mujer es un sector estratégico especialmente significativo. El
gobierno evalúa en forma positiva el potencial de disciplinamiento social y de retraimiento
político lograble a través de este grupo. La mujer, sobre todo la madre, actúa como caja de
resonancia de los valores autoritarios en el seno familiar. (…). Para el gobierno la mujer es un
sector estratégico por su especial sensibilidad a los discursos de orden” (p.537). Y junto con la
madre, otra figura a la que se dirigen los discursos del orden del régimen es la voluntaria.
·
El trabajo remunerado de las mujeres: medio de autonomía y reducción de la
pobreza
La ofensiva conservadora y autoritaria dirigida desde el régimen militar generó un movimiento de
oposición. Entre estos movimientos, las mujeres ocuparon un lugar muy importante no solo
denunciando lo que ocurría con las víctimas de la dictadura, apoyando el trabajo de organizaciones
sociales y colaborando en la implementación de estrategias d subsistencia en medio de la crisis
económica, sino también en otro plano, contribuyeron a ampliar la concepción de la política y de la
democracia al incluir en ellas espacios tradicionalmente asociados con las mujeres, la familia
(ámbito privado) y concebir la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, como un contenido sustantivo de un orden democrático.
El movimiento feminista de finales de los años setenta, a través de sus discursos y prácticas
cuestionó las bases el orden institucional de género, los discursos tradicionales que definían la
naturaleza intelectual y afectiva de las mujeres y sus horizontes sociales, desnaturalizando y
politizando estas definiciones. Sus discursos y prácticas reinterpretan la vida de las mujeres y las
relaciones de género desde el horizonte de sentido de la libertad e igualdad y ayudan a poner en tela
de juicio la estricta división que separa lo privado y público.
En este marco, junto con los discursos oficiales que apelaban a la mujer en tanto madre y dueña de
casa, y que estimulaban el voluntariado femenino, miles de mujeres comenzaban a ingresar al
mercado laboral. Mujeres solteras y casadas, madres, con esposos cesantes, jefas de hogar
comienzan a aumentar las tasas de participación femenina desde mediados de los setenta, en medio
de una crisis económica. En este contexto se insertan en trabajos mal remunerados y desprotegidos,
y otras tantas comienzan a sumar las filas de desempleados.
Un estudio realizado por Munizaga y Letelier (1988) entrega información sobre la visión de las
mujeres de esta inserción laboral. A partir del análisis de entrevistas y de historias de vida de
400
mujeres de distintos sectores sociales, las autoras indican que si bien la mayoría de las mujeres
afirmaban su rol doméstico y su definición como pilar familiar y cuidadora de hijos, “en general
ellas no aceptan esa esfera como la única posible. Más aún definen lo doméstico como espacio
incompleto y lo perciben como encierro. Tienen una aproximación ambigua y contradictoria en
relación con este campo. Se valoran como madres y esposas y, al mismo tiempo, quieren pensarse
como sujetos definidos más allá de estas tareas. Una gran parte de las mujeres formula su deseo de
“salida” al campo laboral externo, apreciándolo como camino de liberación y de realización
personal” (p. 554).
A juicio de las autoras, esta positiva valoración otorgada por la mayoría de las mujeres al trabajo
remunerado fuera del hogar, no era “realista” sino una manifestación de una “visión románticavocacional”. En general- afirman Munizaga y Letelier (1988)- a partir de una razón expresiva, las
mujeres “conciben este espacio como lugar de individuación y de autodesarrollo. No expresan una
visión racional-instrumental en la que se contemplen aspectos negativos de disciplinamiento y
esfuerzo (…)” (p. 555).
Esta particular forma de concebir el trabajo remunerado, tenía una serie de limitaciones para las
mujeres. Significaba que ellas no definieran el trabajo “como lugar de competencia con otros y de
logros objetivos”, no desarrollaran “en lo laboral estrategias de ocupación sino sólo estrategias de
consumo”. Y ello establecía una clara diferencia con la concepción del trabajo remunerado de parte
de los hombres: “Mientras que para el hombre la identidad familiar es lugar de rescate de una
“humanidad” perdida en la esfera impersonal y contractual del trabajo y la política, la mujer,
inversamente, concibe el espacio laboral como lugar de re-encuentro personal de “humanización”
para ella” (p. 555).
Posteriores estudios realizados sobre la participación laboral de las mujeres corroboran este sentido
expresivo que otorgan las mujeres al trabajo remunerado, y junto con ello comienzan a advertir la
importancia de contar con mayores niveles de educación y esta mayor incorporación al mercado de
trabajo, en la reducción de los niveles de pobreza a nivel general.
El papel del trabajo remunerado de las mujeres en la reducción de los niveles de pobreza, ha sido un
tema presente en la agenda pública en las últimas décadas. En 1990, CEPAL-SERNAM (2000, p.
51) afirmaban que como resultado del aporte de las mujeres cónyuges de hogares bi-parentales, el
13,5% de estos hogares había dejado de estar por debajo de la línea de pobreza, y que el 21% de los
hogares habían salido de la indigencia. Entre 1990 y 1996 disminuyó fuertemente la proporción de
hogares bi-parentales pobres, desde 35,2% a 20,7% y se calculó que sin el aporte de las cónyuges
este descenso habría bajado 5% menos (Todaro y Reyes, 2005).
Atendiendo a esto, las políticas estatales se han dirigido entonces, a diferencia de lo que sucedía en
periodos anteriores a impulsar la inserción laboral femenina y junto con ello, han incorporado la
equidad de género como parte de la agenda pública. La creación en 1990 del Servicio Nacional de
la Mujer (SERNAM) y la elaboración de Planes de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres, son las más evidentes muestras de ello. En este marco, una de las preocupaciones de las
autoridades ha sido revertir los bajos índices de participación laboral que muestran las mujeres en
Chile en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, entre 1990 y 2002 mientras la tasa
de participación de mujeres (en zonas urbanas) subió de 35% a 42% en Chile, en el Cono Sur esta
401
tasa fluctuó entre el 48% y 57%, en países de la región andina, entre 53 y 57%, y en Centroamérica
y México, entre 45% y 48% (Abramo y Valenzuela, 2006).
Con este propósito, se han identificado aquellas políticas que pueden incentivar el empleo de las
mujeres, en especial, la capacitación, los servicios de cuidado infantil y los servicios de
intermediación. Además, existe consenso al momento de señalar como uno de los factores más
importantes que restringen el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, el hecho que sigan
recayendo fundamentalmente en ellas las responsabilidades familiares: el trabajo doméstico, la
crianza de hijo y el cuidado de enfermos y personas mayores. Este reconocimiento puede
representar un avance en la identificación de las condiciones y restricciones particulares que
enfrentan hombres y mujeres a la hora de definir proyectos laborales, así como de las dificultades
específicas a las que deben hacer frente una vez dentro del mercado. Las medidas que se tomen para
asegurar igualdad de oportunidades, no obstante, pueden asumir distintos sentidos, ya sea abrir
posibilidades de redistribución o reorganización de la distribución sexual del trabajo reproductivo, o
reforzar dicha distribución concibiendo y dirigiendo todas las medidas de articulación trabajofamilia a las trabajadoras mujeres.
En este contexto, las mujeres siguen mostrando aumentos en su tasa de participación laboral, mayor
cantidad de años de vida destinados al trabajo remunerado, lo que constituye una manifestación de
una serie de factores: nuevas oportunidades de empleo que se abren especialmente para las mujeres,
la transición demográfica (disminución de las tasas de fecundidad), la necesidad de los hogares de
contar con mayores ingresos, el acceso más igualitario a la educación y las crisis económicas en
distintos países, y la presencia de modelos y valores culturales que favorecen una mayor autonomía
de parte de las mujeres y mayores márgenes para el ejercicio de roles no tradicionales para las
mujeres (Abramo y Valenzuela, 2006).
Como ya lo indicaban estudios de mediados de los años ochenta, la mayor participación laboral de
las mujeres ha tensionado roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, propiciando un
cuestionamiento del modelo tradicional de hombre proveedor económico/mujer ama de casa. En
muchos casos ello ha contribuido a una definición de la relación de pareja en términos de mayor
simetría y complementariedad, y mayor seguridad por parte de las mujeres en los procesos de
negociación con otros. Y es que el empleo constituye para muchas mujeres de distintos estratos
socioeconómicos y edades, un medio para alcanzar autonomía, valoración y realización personal.
Corporación Humanas, 2007; Díaz, Godoy & Stecher, 2005; Godoy, Stecher & Díaz, 2007; Grupo
Iniciativa Mujeres, 1999; Guzmán, Mauro & Araujo, 1999; Oliveira & García, 1994; Rivera &
Guajardo, 1996; SERNAM, 2000; Sharim & Silva, 1998.
Por otra parte, se advierte un reconocimiento de la conveniencia de la incorporación de ciertas
características femeninas para el funcionamiento de las organizaciones en el contexto actual. Por
ejemplo, se ha señalado que hoy las organizaciones necesitan transformar sus estructuras altamente
jerarquizadas por otras horizontales, flexibles y multiculturales, y adoptar estilos de liderazgos
“transformacionales”, considerados como más efectivos, caracterizados por el establecimiento de
relaciones de confianza en el equipo, la motivación, el espíritu de trabajo en equipo, el fomento a la
innovación y un trato más individualizado (Eagly & Carli, 2007; Sarrió, Ramos & Candela, 2004).
Esta mayor participación laboral de las mujeres han supuesto también una transformación del
tiempo de trabajo total de las mujeres (trabajo reproductivo y trabajo productivo), han contribuido a
402
entender que las labores domésticas y de cuidado realizadas tradicionalmente por mujeres en el
ámbito familiar constituyen parte fundamental del trabajo socialmente necesario; y ha visibilizado
las interrelaciones entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado.
En consecuencia, el discurso de la necesidad como principal razón aducida para explicar el empleo
femenino durante décadas, ha debido convivir cada vez más con razones que dan cuenta del sentido
más expresivo que reconocen las mujeres de sus trabajos remunerados, y del acceso a derechos que
suponen. Ya no es solo un asunto de necesidad el trabajar en forma remunerada, es también un
derecho a conquistar y mayores posibilidades de realización personal y desarrollo profesional.
Desde esta perspectiva, contribuir a esta inserción y que ella se realice en buenas condiciones
(salarios, contratos, posibilidades de promoción, formación, etc.) es un asunto de equidad social y
de género.
Los positivos efectos de las mayores posibilidades laborales que se han abierto a las mujeres, en la
reducción de la pobreza y en el aumento de su autonomía económica, dependen estrechamente de las
condiciones en las que se da esta inserción laboral. No se trata solo de que las mujeres accedan en
mayor medida al empleo sino también el tipo de empleos a los que acceden. Como lo ha señalado la
OIT (2007), el aumento de las tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral “por si solas
no implican necesariamente que los mercados de trabajo estén evolucionando en forma positiva para
las mujeres” (p. 3).
Al respecto se ha demostrado que si bien han ocurrido importantes avances, la brecha salarial entre
hombres y mujeres y procesos de segregación horizontal y segregación vertical siguen afectando a
las mujeres. Por otra parte, entre mujeres más pobres, de menores niveles educacionales, que
acceden a empleos de mala calidad, con bajos ingresos, con exigencia de largos y costosos
desplazamientos diarios hacia el lugar de trabajo y con escaso apoyo para el cuidado infantil, la
inserción laboral no siempre trae consigo positivas consecuencias (Abramo & Valenzuela, 2006). En
este sentido, es preciso realizar más estudios sobre el costo de oportunidad que el trabajo
remunerado representa para estas mujeres de menores ingresos, tomando en consideración las
condiciones deficientes de acceso a servicios y el valor del trabajo no remunerado que realizan
Es por ello que el trabajo remunerado puede asumir sentidos ambivalentes para las mujeres. Los
resultados de la encuesta realizada por la Corporación Humanas (2007) dan cuenta de ello. De las
mujeres encuestadas, un 50 por ciento señaló que aspiraba ser económicamente independiente, 13
por ciento a realizarse en el trabajo remunerado, un 8 por ciento a ser maternidad y un 23 por ciento
a tener hijos y dedicarse prioritariamente a la familia. Respecto de la opinión que tenían sobre el
trabajo remunerado, el 99 por ciento concordaba con la afirmación que el trabajo remunerado
ayudaba a relacionarse, a vincularse con otras personas, un 96 por ciento con el hecho que el trabajo
daba libertad y autonomía a las mujeres, y un 75 por ciento que el trabajo era una manera de
desconectarse de las cuestiones familiares. Al mismo tiempo, un 93% de las encuestadas señaló al
trabajo como el principal ámbito de discriminación.
Es preciso además tener en cuenta que otra de las conclusiones que arrojan estos estudios es que a
pesar de los efectos positivos que se le reconocen a esta mayor inserción laboral femenina, tanto
para las familias como para las propias mujeres en términos de mayores niveles de autonomía
diversificación de experiencias y de referentes que permiten cuestionar modelos femeninos
403
centrados en la maternidad y en el hogar, el rol laboral de las mujeres no ha modificado
sustancialmente su rol en la familia y el mundo de lo doméstico. Así, una proporción importante de
personas piensa que si bien el trabajo fuera del hogar y la mantención económica de la familia
puede ser una responsabilidad compartida, les corresponde prioritariamente a los hombres, mientras
las labores domésticas y de cuidado infantil son principalmente dominio de las mujeres.
Ello ha impedido que la mayor participación de las mujeres en el trabajo productivo haya permitido
una nueva distribución del trabajo reproductivo pues dicha participación no necesariamente las ha
liberado de sus tradicionales responsabilidades en el trabajo reproductivo.
Diversos estudios realizados desde los años noventa han buscado describir y analizar el modo como
una mayor inserción laboral femenina incide en sus tradicionales responsabilidades familiares
(cuidado y labores domésticas), cómo se articulan ambas responsabilidades, así como la destinación
de tiempo de las mujeres al trabajo reproductivo. Las encuestas de uso de tiempo han sido
particularmente provechosas para dar cuenta de estos fenómenos. De los resultados de varias de
ellas realizadas en Chile, y en otros países, se desprende la existencia de un marcado sesgo de
género en el uso del tiempo que con ciertas diferencias de acuerdo al estrato socioeconómico o la
edad, se expresa en el hecho que las mujeres siguen siendo las principales responsables y ejecutoras
del trabajo doméstico y de cuidado, independientemente de la cantidad de horas de trabajo
remunerado que realicen; en tanto en los hombres ocurre lo contrario, con independencia del tiempo
que ocupen en el trabajo remunerado -e incluso si no lo realizan-, ellos destinan menos horas que
las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado (Corporación Domos, Universidad Bolivariana &
SERNAM, 2008; Ministerio de Salud & INE, 2006; Nieto, 1999; Sharim & Silva, 1998).
La persistencia de esta distribución del tiempo tan desigual entre hombres y mujeres, demanda de
parte de las mujeres un permanente esfuerzo de articulación de necesidades y procesos con
temporalidades distintas, lo que contribuye a una densificación del tiempo de las mujeres, y a una
intensificación de la carga de trabajo, es decir, la necesidad de tener que hacer más en el mismo
tiempo, o lo mismo en menos tiempo. Sin duda que los costos de esta intensificación del trabajo que
implica dedicarse, en forma simultánea, al trabajo doméstico, de cuidado y remunerado, son
mayores en las mujeres de niveles socio económicos medios y bajos, quienes cuentan con menores
recursos para contratar servicios de cuidado y labores domésticas, y entre quienes puede ser mayor
la gravitación de modelos de género tradicionales. La exigencia de articulación puede también
convertirse en fuente de tensión que incide en la calidad de los vínculos con los hijos y con las
parejas hombres, de quienes ellas demandan un mayor involucramiento en el cuidado de los hijos y
en el trabajo doméstico, ámbito este último en el cual ellos se muestran mucho más reticentes
(Guzmán & Godoy, 2008).
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404
Parte Tres
› El trabajo voluntario femenino en Chile š
405
El trabajo voluntario femenino en Chile entre 1880 y 2000
El trabajo voluntario, por su carácter gratuito, históricamente no ha sido considerado como una
expresión más de lo que se entiende habitualmente como trabajo. Sin embargo, los bienes y
servicios que ha producido han contribuido a la sobrevivencia de los grupos sociales más carentes,
especialmente en las primeras etapas de conformación del Estado cuando no existían políticas
sociales destinadas a resolver los problemas de la gran mayoría de la población pobre.
La caridad, en la mayoría de los casos funcionó como un paliativo para los sufrimientos del pueblo
y como apaciguador del conflicto social, ayudando a mantener el orden considerado “natural” por
las clases dominantes. Sin embargo, en distintos momentos de la historia también hubo ejemplos de
instituciones benéficas que combinaron su ayuda material con objetivos de cambio social y de
reivindicación de derechos. Como lo plantea Ángel Zurdo (2006) el voluntariado y las instituciones
voluntarias “Coadyuvarían en el mantenimiento del statu quo, aún cuando en muchos casos,
formalmente muestren áreas de conflicto (…) Es necesario puntualizar, no obstante, que no todo
voluntariado desempeña un papel legitimante…” (p. 175).
Durante gran parte del período histórico que revisamos, este trabajo voluntario fue realizado casi
exclusivamente por mujeres. En las primeras etapas, fundamentalmente por señoras de clase alta y
con el transcurso del tiempo y los cambios políticos y sociales ocurridos, se incorporarán también
las señoras de clases medias.
Junto con la importancia material que tuvo el trabajo voluntario especialmente durante las décadas
previas a la conformación de los sistemas públicos de asistencia social, la labor benéfica fue uno de
los pocos espacios públicos legitimados socialmente a los que las mujeres de elite podían acceder.
Como se ha señalado en Capítulos precedentes, el empleo femenino fue considerado durante largo
tiempo un mal social y en el mejor de los casos un mal necesario para las mujeres pobres, y no
como una opción aceptable para las mujeres de clase alta hasta bastante avanzado el siglo XX. Así
el trabajo voluntario fue un espacio de salida a la vida pública, que permitía expresar y realizar una
serie de atributos asociados a las mujeres, estrechamente relacionados con sus roles de madres, lo
que lo convertía en una actividad apropiada y deseable para las señoras.
406
Capítulo 1
El trabajo voluntario femenino entre 1880-1929. Las “Buenas Señoras” y su
aporte a la reproducción social.
1.
Características del trabajo voluntario. El paso de la caridad a la beneficencia.
Desde la colonia hasta gran parte del siglo XIX la solución de los problemas de salud, habitación y
educación estuvo casi exclusivamente en manos privadas. Aún tras la Independencia y la formación
del Estado, tardará más de un siglo en que se creen los primeros sistemas estatales de seguridad
social. No obstante, es necesario aclarar que el Estado siempre aportó recursos económicos para las
instituciones privadas que realizaban beneficencia, aun cuando ni los recursos estatales ni las
donaciones privadas fueron suficientes y el sistema de Hospitales, así como otras instituciones
benéficas, funcionaron con importantes deudas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Financiamiento de Hospitales de Chile en 1914.
Subvención fiscal
4.165.959,66
Subvención municipal
66.752,59
Donaciones particulares
443.384,10
Entradas propias y varios
3.813.877,23
Presupuesto total
8.528.043,58
Gasto Total
9.561.814,88
Fuente: Revista de Beneficencia Pública, Tomo 1, Número 1. Septiembre 1917.
Tradicionalmente fueron las congregaciones religiosas las que asumieron la labor destinada a paliar
las carestías sociales y los benefactores hacían su aporte mediante donaciones de terrenos y dinero
para que fueran administradas por las congregaciones. Los hermanos y hermanas de la caridad
realizaron el trabajo directo con los pobres y las clases altas se mantuvieron como donantes.
Este esquema comienza a cambiar a partir de 1880. La agudización de los problemas sociales hace
imprescindible aumentar los esfuerzos que históricamente habían sido insuficientes. Además la
Iglesia ahora comenzaba a llamar al trabajo voluntario activo a las clases adineradas. Las mujeres
de elite serán interpeladas directamente a asumir un rol directo en el trabajo con los pobres y así
actuar de puente entre la elite y el pueblo. El trabajo voluntario fue un bálsamo para apaciguar las
crecientes demandas por reformas sociales, mientras los gobernantes y empresarios emergentes
acumulaban riqueza en base a la explotación de los trabajadores, pagándoles sueldos de miseria y
excluyéndolos absolutamente de las decisiones políticas, sus esposas apaciguaban las necesidades
de las familias con donaciones caritativas.
Las nuevas organizaciones que se crean ya no sólo delegarán en las congregaciones el trabajo
directo con los pobres, ahora se incorporará la elite, mayoritariamente las mujeres, a realizar dicho
trabajo. Aquí radicará la diferencia frente a las formas de caridad observadas anteriormente. Serán
las mujeres las que marquen esa diferencia, pues los hombres, en su mayoría se mantendrán en su
rol de donantes, mientras que sus esposas y familiares realizarán la obra. A ésta nueva forma
organizada de trabajo filantrópico lo llamaremos beneficencia, y estará caracterizada por ser una
forma organizada de acción social que involucrará el trabajo constante de las señoras de elite.
407
A pesar de que estas nuevas organizaciones no serán congregacionales en su mayoría, no perderán
el vínculo con la Iglesia Católica, por el contrario, muchas de ellas tendrán como su inspiración el
llamado papal. Las instituciones que se fundan en éste período tendrán un carácter fuertemente
marcado por la ideología católica y se verán influenciadas por el llamado de la Rerum Novarum, la
carta encíclica de León XIII, publicada en 1891. La Rerum Novarum fue una respuesta ante las
graves condiciones de los trabajadores en las sociedades que atravesaban la etapa de
industrialización, pero también fue una respuesta ante el avance del socialismo. La carta critica los
postulados marxistas y aboga por la legitimidad natural de la propiedad privada y del “orden
establecido”. Para frenar la lucha de clases hace un llamado a los empresarios y políticos a
preocuparse por la condición obrera, pero no en una forma transformadora sino apaciguadora. La
encíclica menciona a la familia como el núcleo social y al padre como el encargado de proveer el
sustento, con esto se mantiene que el trabajo remunerado corresponde al hombre y a la mujer el
espacio doméstico.
Aunque la encíclica tuvo una motivación pacificadora del conflicto, más que de justicia social, fue
la primera respuesta de la Iglesia ante el fenómeno de la Cuestión Social y reconoció que la riqueza
de los países es producto del trabajo. Hizo llamados a pagar salarios justos y a respetar el descanso
dominical para que los trabajadores pudieran “atender a la piedad” (C.E.R.N., 1891: punto 15).
Llamó directamente a la caridad: “lo que sobra, dadlo como limosna” (C.E.R.N., 1891: punto 17).
La Encíclica tuvo gran impacto en las comunidades católicas en Chile, especialmente en las
mujeres: “las señoras eran llamadas a restablecer la mediación entre la clase patronal y el pueblo,
acudiendo directamente al hogar proletario a llevarles el mensaje de cariño, comprensión,
compasión y ayuda del “Patronato” a los humildes” (Illanes, 1993).
Más tardíamente se fundarán instituciones laicas y masonas con espíritu más reivindicativo.
La caridad comenzará a ser vista como un obstáculo para la solución de los problemas sociales y la
beneficencia organizada como la alternativa más adecuada. “La caridad, ese sentimiento delicado
que induce a dar sin que el que recibe tenga derecho a exigir, ha existido en diversas formas desde
la más remota antigüedad. Ejercida de manera aislada, en su forma más espontánea, pero más
primitiva, como es la de dar objetos o dinero al que accidentalmente los pide con tono lastimero, si
es la que más rápidamente complace al sentimiento, no es la que más acertadamente satisface la
necesidad social” (Valdés, 1917:2).
Las mujeres de elite serán consideradas el sujeto ideal para desarrollar el trabajo voluntario. Se
exaltaran sus cualidades morales y éticas necesarias para educar al pueblo ignorante y corrupto,
además se enfatizaran sus aptitudes naturales como madres para proteger a los desamparados tal
como ellas protegen a sus familias. Este discurso no provendrá sólo de la Iglesia, sino también de
los varones de elite que comienzan a sentirse conmovidos por la situación de los más pobres.
Hacia fines del período, los problemas sociales comenzaron a ser vistos, crecientemente, como
asuntos que debían ser solucionados por las entidades públicas y el Estado empieza a asumir estas
responsabilidades mediante la creación de leyes de protección a los trabajadores y organismos
encargados de los problemas sociales. Esto se desarrollará con mayor fuerza en el segundo período
cuando el Estado se reorganizará con nuevos ministerios destinados a los temas sociales como
educación, trabajo, salud y vivienda.
408
2.
Sobre las instituciones de trabajo voluntario femenino y a quiénes
dirigían su labor
Las instituciones de beneficencia de la época entregaron un amplio rango de ayuda, desde ayuda
material hasta acompañamiento y apoyo para la reivindicación de derechos. La mayoría de las
instituciones no fueron específicas en su ayuda, sino que cubrieron más varios tipos de necesidades.
Para estudiar el tipo de ayuda que ofrecieron las mujeres de elite de la época a través de las
organizaciones que formaron, se realizó un catastro de dichas a partir de una combinación de
fuentes. De la revisión del Diccionario Biográfico de Chile de 1936 se obtuvo una lista de 121
instituciones de beneficencia en funcionamiento durante el período estudiado. Esta lista se
complementó con la información del libro de Klimpel (1960). Una vez realizada esta lista de
instituciones, se buscó información complementaria en estatutos, memorias, informes y otros
documentos que resultaran útiles para caracterizar el trabajo de voluntariado que realizaban y su
orientación ideológica.
De las instituciones que se obtuvo información suficiente para el fichaje se elaboró la clasificación
que se puede resumir en el Cuadro 2:
Cuadro 2. Clasificación de instituciones según tipo de ayuda (agregada)
Tipo de ayuda entregada
Total (45)
Laica (12)
Cristiana (33)
Sobrevivencia material
24
8
16
Salud
11
4
7
Educación
16
2
14
Moralización
16
0
16
Acompañamiento
2
0
2
Reivindicación Social
4
3
1
En la ayuda clasificada como de “sobrevivencia material” se refiere a instituciones que otorgan
ayuda de vestimenta, alimentos, habitación y otras necesidades básicas.
La ayuda clasificada como “salud” se refiere a la entrega de medicamentos, servicios médicos,
hospitalización, sanatorios, dispensarios, entre otros.
“Educación” se refiere a las instituciones que entregan enseñanza y formación que capacite a las
personas para ganarse la vida de forma remunerada.
La “moralización” es entendida como la labor de tipo religioso, de adoctrinamiento y la enseñanza
de buenas costumbres. Esta labor es importante desde la perspectiva política y de reproducción de
roles sociales y de género. El discurso de la elite católica promoverá un modelo único de familia
con padre proveedor y madre dueña de casa y verá en la informalidad de las relaciones familiares
de las clases populares la raíz de todos los males sociales, por ello parte de sus actividades se
dirigieron a promover la formalización de los matrimonios.
409
El “acompañamiento se refiere al apoyo espiritual a los enfermos y sus familiares. Estas
instituciones van a visitar enfermos, velan por sus familiares.
Finalmente la ayuda clasificada como “reivindicación social” se refiere a las instituciones que
buscaban conquistar derechos mediante cambios de tipo legal y social. Dentro de ésta categoría se
encuentran organizaciones en pro de derechos para las mujeres.
A continuación se presenta la lista desagregada de instituciones según el tipo de ayuda que ofrecían.
Del fichaje realizado se consiguió información suficiente de 51 instituciones, de las cuales 45
correspondían al período y al tipo de trabajo clasificado como beneficencia (Cuadro 3).
410
Cuadro 3. Instituciones según tipo de ayuda entregada y orientación valórica
Laica
Aspectos
Materiales de
Sobrevivencia
(vestimenta,
alimento,
habitación)
Salud
· Consejo Nacional de Mujeres 1919
· Junta de Beneficencia Escolar 1916
· Hogar Madre e Hijo
· Legión Protectora de la Mujer 1925
· Liga contra la Tuberculosis 1902
· Liga Femenina Pro Estudiantes Pobres
1918
· Maternidad Carolina Freire y Escuela
Gratuita de Puericultura 1919
· Patronato Nacional de la Infancia
1901
· Cruz Roja 1914
· Maternidad Carolina Freire y Escuela
Gratuita de Puericultura 1919
· Patronato Nacional de la Infancia
1901
· Cruz Roja 1914
· Legión Protectora de la Mujer 1925
Educación
Católica
· Asociación de Damas Protectoras del
Obrero 1920
· Bando de Piedad 1915
· Congregación Hijas de San José
Protectoras de la Infancia 1895
· Cruz Blanca 1918
· Ejército de Salvación 1911
· Hermandad de Dolores 1822
· Hermanitas de los Pobres 1885
· Hogar del Pobre 1910
· Hogar Infantil Español 1916
· Patronato de los Sagrados Corazones
1906
· Sociedad de Beneficencia de Señoras de
Valparaíso 1860
· Sociedad de Dolores de Viña del Mar
· Sociedad de Ollas Infantiles 1917
· Sociedad Protectora de Ciegos Santa
Lucía 1923
· Sociedad Protectora de la Infancia 1894
· Sociedad San Vicente de Paul 1835
· Bando de Piedad 1915
· Hermandad de Dolores 1822
· Hermanitas de los Pobres 1885
· Inmaculada Concepción 1874
· Sanatorio Marítimo San Juan de Dios de
Viña del Mar 1929
Valparaíso 1860
· Sociedad Protectora de Indígenas de la
Araucanía 1907
Obrero 1920
· Asociación Cristiana Femenina de Chile
1929
· Congregación del Sagrado Corazón 1853
· Cruz Blanca 1918
· Hijas de María Auxiliadora 1888
· Instituto de las Hijas de María Inmaculada
para el Servicio Doméstico 1913
· Inmaculada Concepción 1874
· Patronato de la Asunción 1918
· Sociedad Centro Cristiano- Sección
Mujeres à Sociedad Escuela Victoria Prieto
1908
Valparaíso 1860
· Sociedad Protectora de Ciegos Santa
Lucía 1923
· Sociedad Protectora de la Infancia 1894
Araucanía 1907
411
Moralización
Acompañamiento
· Archicofradía de las Madres Cristianas
Obrero 1920
· Asociación Cristiana Femenina de Chile
1929
· Asociación de Mujeres Católicas
· Congregación del Sagrado Corazón 1853
· Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús
1910
· Hogar del Pobre 1910
· Instituto de las Hijas de María Inmaculada
para el Servicio Doméstico 1913
· Liga de Damas Chilenas 1912
· Patronato de la Asunción 1918
· Sociedad Centro Cristiano- Sección
Mujeres à Sociedad Escuela Victoria Prieto
1908
Valparaíso 1860
Araucanía 1894
· Sociedad San Francisco de Regis 1874
· Sociedad Santa Filomena 1890
· Patronato de los Hospitales de Aconcagua
1929
· Cruz Blanca 19184
· Consejo Nacional de Mujeres 1919 4
· Protección del trabajo femenino 19254
Fuente: Elaboración propia. Nota. Las instituciones destacadas en negrita aún existen. Al final del nombre de cada institución se
incluye el año de fundación. 4 Las instituciones marcadas con visto reivindicaban derechos de las mujeres.
Reivindicación
social (derechos)
Dos tercios de las instituciones fichadas eran de fundamentos católicos y las instituciones laicas son
de fundación más tardía. Aunque la gran mayoría de las instituciones, laicas y católicas, otorgaron
ayudas de tipo material, salud y educación, la ayuda moralizante y de acompañamiento fue
exclusiva de las organizaciones católicas. Al contrario ocurre en el tipo de ayuda de reivindicación
social en donde la mayor cantidad de instituciones fue laica.
La beneficencia se destinó a la población pobre principalmente urbana, y tuvo especial énfasis en la
atención de mujeres y niños. Esto tiene que ver con el discurso de la mayoría de las instituciones
que buscaban mediante la implantación de un modelo de familia –padre proveedor y madre dueña
de casa – superar los vicios del pueblo que eran considerados los principales responsables de sus
otros males.
Mucha de la ayuda se destinaba a los niños, se debe considerar que en la década de 1880 Chile tenía
la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo y que en años como 1886 la población disminuyó
debido a que el número de defunciones superó a los nacimientos lo que pasó a ser un problema
estratégico nacional (Illanes, 1993). Este indicador mejoró levemente al avanzar las décadas pero
hacia fines del período aún las tasas de mortalidad infantil eran altísimas en Chile: En 1922 de cada
1000 niños nacidos vivos morían 240 antes del año de vida (Sand, 1925:108). Ejemplos de las
organizaciones de ayuda a menores son los programas para entregar leche, alimentos y servicios
médicos en instituciones como las Gotas de Leche que se crearon en distintas ciudades del país. En
muchos casos las Gotas de Leche surgieron al amparo de otras instituciones de atención infantil,
412
como por ejemplo el Patronato Nacional de la Infancia. Otra importante ayuda dirigida a niños,
niñas y jóvenes pobres fue la educación, mayoritariamente enfocada en oficios apropiados para
cada sexo. Dentro de los oficios que se consideraban adecuados para las niñas y jóvenes de sexo
femenino podemos mencionar como ejemplo los que se impartían en la Legión Protectora de la
Mujer (fundada en 1925): cursos de corte y confección, decorado, repujados y sombreros. Otras
instituciones, como el Instituto de las hijas María Auxiliadora para el Servicio Doméstico (creado
en 1913) o la Sociedad Centro Cristiano – Sección Señoras (fundado en 1898), se enfocaron en
enseñar labores como planchado, cocina entre otros. “Permaneciendo siempre fieles á nuestro
programa de dar a las niñas del pueblo, la educación más apropiada a su condición, y a los deberes
que deberán desempeñar más tarde, hemos cuidado perfeccionar más y más nuestros cursos de
cocina, lavandería, bordado y costura” (Sociedad Centro Cristiano, 1904:14).
Las mujeres, consideradas como pilares fundamentales de la familia, fueron también las
destinatarias de muchas de las ayudas de las organizaciones. Se buscaba que idealmente no
trabajaran remuneradamente, pero en caso que no hubiera remedio, algunas organizaciones se
enfocaron a crear y promover espacios más adecuados para que lo hicieran. Se enmarcan aquí las
escuelas destinadas a enseñar labores de servicio doméstico y las luchas por mejoras en los espacios
de trabajo de mujeres en las fábricas, entre otros. Lo importante era evitar que las mujeres producto
del desamparo cayeran en la prostitución. Una de las instituciones que se destaca en éste ámbito de
la beneficencia fue la Sociedad Cruz Blanca, cuyo fin era proteger a las mujeres de la prostitución y
rehabilitarlas; entregaba ayuda “para mujeres, por mujeres”. El trabajo que realizaba la Cruz Blanca
era múltiple, daba acogida a niñas huérfanas, abandonadas o que habían sufrido abusos, además
acogían a jóvenes embarazadas o madres solteras y prostitutas con la idea de educarlas y
“reformarlas” para devolverlas a la sociedad. También realizaban campañas públicas para promover
reformas legales de protección para las víctimas y castigo para los que “pervirtieran” a las jóvenes
(Cruz Blanca, 1929).
Otro caso que refleja la valoración negativa del trabajo remunerado de las mujeres fue la ayuda
destinada a proteger a señoritas de familia que habían perdido sus fortunas y que debían trabajar.
Para asistir a éstas mujeres caídas en desgracia, las señoras benéficas organizaron sistemas de venta
de los productos elaborados por las señoritas empobrecidas. “En respuesta a lo que las señoras
veían como el aprieto de las mujeres “venidas a menos”, la Liga estableció, en 1912, los Talleres
Protectores de Mujer, en los cuales las voluntarias vendían el vestuario producido por mujeres en
sus propios hogares con el objeto de aumentar los ingresos familiares y de proteger a mujeres
respetables de la vergüenza de venderlos en público” (Hutchison, 2006: 213).
Respecto a lo anterior, pese a que éstos tipos de ayuda tuvieron un sentido protector para las
mujeres más desvalidas o las consideradas como tal, lo que hizo fue mantener una reproducción de
roles que tenía como trasfondo la visión de que el trabajo remunerado de la mujer era un mal social,
una amenaza a la integridad física y moral de las mujeres.
413
3.
Perfil de las personas que realizan el trabajo voluntario
Las mujeres de elite, circunscritas principalmente al espacio del hogar durante este período,
disfrutaron de pocos espacios públicos a los que podían acceder. Paulatinamente se van
incorporando nuevos lugares de esparcimiento para las mujeres, como las representaciones de la
filarmónica y otras actividades de alta cultura, además del surgimiento progresivo de asociaciones
femeninas entre las que destacaron las de beneficencia. El destino de las jóvenes era asegurar un
buen matrimonio que permitiera consolidar las posiciones de poder familiares y en esto, las madres
de familia jugaron un rol determinante (Vicuña, 2001). Las señoras de familia fueron agentes clave
en la sociabilidad y en la mantención de las relaciones familiares dentro de la elite.
Como ya se ha mencionado, las nuevas instituciones de beneficencia de la época van a estar
conformadas principalmente por mujeres de elite. Basado en las biografías revisadas del
Diccionario Biográfico de Chile de 1936, se pudo establecer que las señoras que realizaban
beneficencia se caracterizaban por ser mujeres que habían recibido educación formal, en forma
privada o en colegios de prestigio. Esta educación generalmente era adecuada para lo que una
señorita debía aprender y se diferenciaba de la educación recibida por los varones que los preparaba
para la vida pública y los estudios superiores. La educación fue adquiriendo paulatinamente mayor
importancia para las mujeres de elite, como parte de las cualidades que debían cultivar sin embargo,
como se mencionará más adelante, la mayoría de las mujeres no trabajará remuneradamente.
Eran “mujeres de mundo”, la mayoría había viajado a Europa en una o más ocasiones, lo que las
ponía en contacto con nuevas ideas. Los viajes al extranjero eran un símbolo de prestigio y se
reseñaban detalladamente en las biografías revisadas.
También en base a las biografías, se estableció que el trabajo voluntario era realizado
principalmente por señoras casadas, madres de familia con una moral ya “consolidada” que les
permitiera afrontar la crudeza de la realidad de las clases pobres. Se les asignó una función de
“maternidad social” que llamó a las señoras pudientes a preocuparse no sólo por sus familiares sino
por toda la sociedad (Vicuña, 2001: 272).
“(Manteniendo la misión) principal de deber en el hogar (…) debemos
salir a trabajar, a sacrificaros, a olvidarnos de nosotras mismas para
querer no a nuestros íntimos, sino a muchos y algunos a quienes parecía
imposible mirar con afecto; tantas son las diferencias mentales y morales
que nos separan que descubrimos al ponernos en su contacto”.
Sra. Concepción Valdés Marchant,
Primer Congreso de Gotas de Leche, 1919.
Las mujeres miembros de las instituciones de beneficencia estaban estrechamente relacionadas por
lazos de parentesco y amistad, lo que vinculaba también a las instituciones. Las redes familiares
fueron de gran importancia para el funcionamiento de las organizaciones benéficas, ya que era
fuente importante de recursos económicos. Los directorios de las instituciones generalmente se
encontraban emparentados. A modo de ejemplo, el Cuadro 4 compara los directorios de tres
414
organizaciones en que participaban mujeres, y aunque no todas pueden clasificarse como
organizaciones de beneficencia – como el caso del Círculo de Lectura de Señoras –, sí se puede
apreciar como se repiten algunas de sus miembros en las directivas y como varios apellidos
aparecen reiteradamente.
Cuadro 4. Primeros Directorios de Organizaciones, hacia 1915.
Círculo de Lectura de Señoras
Club de Señoras
Cruz Roja
Sofía Eastman Huneeus
Amanda Labarca Hubertson
Luisa Lynch de Gormáz
Graciela Prado de Pinto Concha
Delia Matte de Izquierdo
Amalia Valdés de Huidobro
Elvira Santa Cruz Ossa
Adela Rodríguez de Rivadeneira
Ana Besa de Quesney
Delia Matte de Izquierdo
Inés Echeverría de Larraín
Manuela Herboso de Vicuña
Marta Walker Linares
Fresia Manterola de Serrano
Amalia Errázuriz de Subercaseaux
Ana Swinburn de Jordán
Raquel Délano de Sierra
Ana Echazarreta de Sanfuentes
Flora Yánez de Echeverría
Sara del Campo Montt
Delfina Pinto Montt
Beatriz Bravo de Larraín
Sofía Eastman de Hunneus
Ana Pinto Amenábar
Juana Ossa de Valdés
Ana Swinburn de Jordán
Marta Mackena de Orrego
Hortensia Lynch de Peña
Fuente: Elaboración propia.
Esta característica de fuerte vinculación de las mujeres miembro entre las instituciones, fue un
reflejo de la sociedad de elite de la época en la que unas pocas familias concentraban todos los
recursos y que se mantuvo así mediante fuertes lazos de parentesco: “la endogamia se dio con
holgura en los grupos de elite (…) Es muy probable que en Chile la endogamia, a semejanza de lo
ocurrido en otras sociedades latinoamericanas, haya obedecido en parte a estrategias patrimoniales
destinadas a fortalecer la institución de la familia” (Vicuña, 2001: 64-65).
Las organizaciones de beneficencia entonces, actuaron como espacios no sólo para la acción
caritativa sino también como espacios que permitían el fortalecimiento de vínculos sociales.
Además, el intrincado parentesco de la elite también funcionó como facilitador para la adquisición
de recursos. Como ejemplos de las conexiones familiares de las socias de las instituciones de
beneficencia se puede mencionar a Elisa Irarrázaval de Eguiguren, que fue presidenta del directorio
de la Sociedad Protectora de Indígenas de la Araucanía y que estaba casada con el diputado por el
partido conservador Luís Eguiguren. Otro ejemplo es Emiliana Subercaseaux de Concha, una de las
fundadoras de la Sociedad Protectora de la Infancia, que estuvo casada con Melchor Concha y Toro,
senador por Santiago en 1886 y empresario agrícola y vinícola. Emiliana era nieta de Francisco
Ramón Vicuña quien fue presidente interino de la república en el año 1829.
Las mujeres de elite participaron habitualmente en más de una institución, en promedio las señoras
participaban en 3 instituciones, algunas llegaron a pertenecer a 8 instituciones a la vez. Estas
instituciones se concentraban en los centros urbanos, principalmente en Santiago que reunía más del
67 por ciento de las instituciones catastradas.
415
El trabajo voluntario de la elite fue una actividad relevante para las mujeres de la época. En la
revisión del Diccionario Biográfico de Chile de 1936, destaca que la mayoría de las mujeres
reseñadas (un 77%) realizaba, además de sus responsabilidades familiares, labores de beneficencia
a través de su participación en dichas instituciones. Esta proporción resulta mucho más relevante si
se compara con la proporción de mujeres que realizaba algún tipo de actividad remunerada, sólo
16,5 por ciento del total. De éste grupo la mayoría correspondía a mujeres que se hacían cargo de la
administración de sus propiedades – fundos y haciendas o propiedades industriales – en todos los
casos se trataba de señoras viudas, lo que hace pensar que sólo asumían dicha función una vez
muertos sus cónyuges. Sólo un grupo minoritario de las mujeres que trabajaban remuneradamente
lo hacían en actividades profesionales. Sin embargo hacia fines del período las mujeres
profesionales aumentan, especialmente en la clase media. Como ejemplo se puede citar la
proporción de mujeres que trabajaban en los hospitales de Chile hacia el año 1915: En los 108
hospitales existentes, más de la mitad del personal, 53 por ciento, era femenino. De estas, un cuarto
correspondía a monjas, y el resto era personal remunerado o practicantes (Cuadro 5).
Cuadro 5. Personal Total de los 108 Hospitales de Chile en 1915
Mujeres
Hombres
Personal
total
Total
2082
1838
Médicos
9
399
Monjas
539
-
Farmacéuticos
9
19
Practicantes
y otros empleados
1525
1429
3920
408
539
19
2954
Fuente. Elaboración en base a datos Revista de Beneficencia Pública, Tomo 1, Número 1. Septiembre 1917.p 93.
La beneficencia realizada por las mujeres de elite de ésta época se diferenció de la que se hacía
anteriormente y de la que continuaron realizando los varones de elite durante estos años, en su
vinculación con el pueblo. Las mujeres realizaron el trabajo directo mientras que los varones se
mantuvieron en su rol de donantes, la excepción la constituirían los médicos que participaron en
muchas de estas instituciones de beneficencia. Un ejemplo de la diferencia en la forma de
beneficencia realizada por hombres y mujeres es el caso de la Sociedad de Beneficencia de Señoras
de Valparaíso (fundada en 1860). En esta sociedad, las señoras comisionadas realizaban visitas a
domicilio junto con las hermanas de la caridad, además la sociedad proveía de servicios médicos,
recetas médicas en el dispensario, traslado a hospital, bonos de alimentos y educación para las niñas
desvalidas. En la memoria del año 1863 su presidenta, Petrona Lamarca, menciona las carencias de
la sociedad y hace un llamado a sus donantes, principalmente socios varones: “…revelan toda la
importancia de los servicios que presta a la población menesterosa y doliente de ésta ciudad. Estos
servicios están aún distantes de satisfacer las necesidades de los desvalidos; pues los estrechos
límites del hospital jeneral y sus escasos recursos aglomeran nuestro dispensario a infinitas
necesitados que buscan el amparo de la Sociedad y que los reducidos medios de que podemos
disponer no permiten atenderlos.” (Lamarca, 1864:9).
Especialmente en las organizaciones voluntarias de fundamentos cristianos, que como ya se
mencionó era la mayoría en éste período, la beneficencia además de su valor de vínculos sociales y
de ayuda a los necesitados, fue considerado un medio de “santificación”. Una cita de los estatutos
de 1896 de la Sociedad Santa Filomena resulta ilustrativa: “…la sociedad (…) visitó á S.S. Illma. el
señor Arzobispo, dr. Don Mariano Casanova, con el objetivo de pedirle gracias espirituales para ella
(…) concediendo 80 días de indulgencia á las socias por cada vez que ejecutaran obras que de un
416
modo directo o indirecto favorecieran a los propósitos de nuestra institución”. (Sociedad Santa
Filomena, 1896:3)
Las mujeres eran consideradas las más idóneas para realizar la labor benéfica por sus características
naturales de “docilidad y cariño”, viéndose como una extensión de sus responsabilidades maternas.
El trabajo de beneficencia no sólo fue considerado bueno, sino que fue considerado algo deseable
de realizar por parte de las mujeres de elite y de la sociedad. El voluntariado se convirtió en un
signo de distinción y una “marca” de familia, tanto así que este carácter se podrá observar aún en la
actualidad en algunas organizaciones tradicionales.
417
Capitulo 2
El trabajo voluntario femenino entre 1930 y 1973. Consolidación de una política
asistencial de Estado y los nuevos actores en el trabajo social.
1. Características del trabajo voluntario. De la beneficencia a la asistencia pública, y
la profesionalización del servicio
El período anterior se caracterizó por el paso de las formas de caridad en donde la elite actuaba
como donante a las formas de beneficencia y las mujeres de elite se involucraron activamente en el
trabajo con la población pobre. Hay una legitimación social por parte de la Iglesia y de los grupos
de poder de éste tipo de trabajo realizado por mujeres. El voluntariado se convirtió en una
característica distintiva de las señoras de familias tradicionales.
Sin embargo, ni el aumento del número de instituciones ni el aumento de su cobertura, fueron
capaces de dar abasto con las necesidades de las clases proletarias. En el cuadro se muestra como en
la década de las cuarenta dos instituciones recurren a una revista femenina para pedir donaciones
para mantener sus obras.
“Se solicita ayuda a las personas adineradas y de buen corazón para
ayudar a las hermanitas de los pobres de Iquique, que tanto bien hacen
con su Asilo de Ancianos; actualmente necesitan adquirir un terreno
adjunto, pues, el espacio de que disponen se hace cada vez más
estrecho, ya que albergan en él a cuarenta y cuatro ancianas enfermas. Si
alguien se interesa por esta obra de la caridad, pueden dirigirse a las
Hermanitas de los Pobres, en Iquique o ala revista “Margarita”, casilla
84-D, Santiago.
Revista Margarita, Núm. 564, 11 de Noviembre de 1945. Santiago.
“La sociedad de Nuestra Señora del Tránsito solicita la ayuda de las
generosas lectoras para su mantención; ésta Sociedad mantiene a más de
cincuenta familias pobres de diversas clases sociales; viste y educa a sus
hijos, y hace innumerables beneficios. Una lectora nos ha mandado $10
para abrir una suscripción, rogando que participen en ella todas las
personas que puedan hacerlo”
Revista Margarita, Núm. 519, 6 de Abril de 1944. Santiago.
A inicios de éste período se hace evidente la necesidad imperiosa de adoptar medidas desde el
Estado para solucionar los problemas de la Cuestión Social. Ya hacia finales de los años 20 se crea
el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social y que contemplaba la cartera de Bienestar
Social que se encargaba además de los temas de higiene pública y asistencia social, de los asuntos
de trabajo, vivienda y fiscalización de las leyes sociales. También en ésta época se crea el
Ministerio de Educación Pública. Las ideas de las primeras décadas del siglo XX sobre la necesidad
de un sistema de asistencia pública estatal cristalizarán en los años ’30 al ’50 con la consolidación
de ministerios y secretarías de salud, educación, vivienda, entre otros. Con la expansión del Estado
y su nuevo rol interventor se generaron nuevos espacios que requirieron la actividad de
profesionales de la intervención pública, lo que repercutirá en una pérdida de los espacios que antes
418
dominaban exclusivamente las instituciones de beneficencia. Surgió un nuevo grupo dedicado al
trabajo social, ahora remunerado: mujeres profesionales de clases medias.
En relación al discurso que hay tras el voluntariado y los sujetos de su acción es conveniente
destacar que éste período se caracterizó por varios cambios en el “llamado” a la beneficencia a lo
largo del período.
El llamado a nivel político, en una primera etapa, mantiene la idea de que el trabajo benefactor era
más apropiado para las mujeres de clase alta, debido a sus cualidades naturales y a su noble
carácter. Este discurso no era compartido por grupos de médicos y médicas que desde los años ’20
ya promovían la profesionalización de la intervención social (especialmente en el campo de la
salud), exigirían la creación de una política social basada más en criterios práctico-científicos que
en una idea caritativa-afectuosa. Los médicos criticaban el que en la mayoría de los hospitales el
trabajo que debía ser realizado por enfermeras profesionales fuera realizado por señoras sin gran
preparación y aunque agradecían su labor de compañía destacaban la necesidad de reorganizar el
sistema dejando el espacio de atención de los pacientes a enfermeras y médicos. Respecto a la
profesionalización de las enfermeras el Dr. Alejandro del Río escribió: “Se imponen, pues, de una
parte la necesidad imperiosa de crear nuevas Escuelas de Enfermería y de otra, afirmar moralmente
primero, administrativamente en segundo lugar, y en un futuro no muy lejano, que todo
establecimiento de asistencia social debe ser servido en su función médico técnica, por médicos y
enfermeras. A no dudarlo en 10 años más parecerá tan absurdo ocupar como médico a un charlatán
como enfermera a una persona que no se haya preparado para desempeñar estas funciones por
estudios teóricos y prácticos de duración de tres años, bajo el régimen de internado y que no posea
el correspondiente diploma” (Del Río, 1925: 398).
Se atraviesa entonces un proceso de profesionalización del trabajo social, ocurrirá una progresiva
deslegitimación de la beneficencia caritativa por parte de las clases medias educadas. Lentamente se
transitará a la idea de asistencia social como un deber del Estado y las asistentes sociales
profesionales serán el nuevo sujeto válido para realizar el trabajo.
Como argumenta el doctor Del Río “Las mujeres inteligentes e instruidas que quieran servir a sus
semejantes y al país y se sientan liberadas ya de los rancios prejuicios coloniales, tendrán en éstas
carreras [enfermera sanitaria, enfermera visitadora y visitadora social profesional] muy nobles y
muy dignas, un nuevo campo para labrarse una situación propia y al mismo tiempo colaborar al
bien común” (Ibíd.:1925:411).
Sin embargo, el discurso médico dominante no descalificará por completo el trabajo de las mujeres
de elite, la llamará a mantener un rol activo en la intervención social y valorará la conexión y
conocimiento que tiene de los problemas del pueblo. El llamado médico hacia las mujeres
mantendrá la idea de que es el agente ideal para la acción social debido a sus características
naturales: “Este interesante problema del niño huérfano es uno de los que más campo de acción
permite ejercitar a una visitadora social, si deja desarrollar en ella aquel sentimiento de generosa
simpatía al que sufre, que la naturaleza ha colocado en el fondo de todo corazón de mujer” (Valdés,
1925:388).
Las mujeres de las instituciones de beneficencia mantendrán un rol de “visitadoras sociales”,
acercándose a las poblaciones a ver las necesidades que tienen, ayudar en la medida de lo posible y
419
educar tanto en asuntos prácticos como morales. Ya en las últimas décadas del siglo XIX, la
Hermandad de Dolores incorpora por primera vez, de forma sistemática dentro de sus labores
benéficas, a la visitación social. Luego otras instituciones de beneficencia copiarán el modelo. Ya
hacia los años ’30 las mujeres voluntarias de elite tenían una larga trayectoria en éste campo y no
estuvieron dispuestas a ceder fácilmente el terreno de la intervención social a las profesionales sino
que adaptaron el trabajo que realizaban a las necesidades que el Estado aún no cubría, o que cubría
parcialmente.
A pesar del aumento de las mujeres de clase media en el mercado de trabajo, los gobiernos del
Frente Popular siguieron fomentando el rol de madre-esposa para las mujeres. Mantuvo una
valoración negativa del trabajo remunerado femenino excepto en caso de necesidad. El Estado creó
medidas dirigidas a fomentar un tipo familia: madre-dueña de casa, padre-proveedor, estableciendo
mejores beneficios para trabajadores varones casados.
En una segunda etapa, hacia los años ’50, se incorporaron también las mujeres de clase media en
instituciones de voluntariado que ellas crearán, se tratará generalmente de mujeres que eran
“familiares de”, mayoritariamente esposas de oficiales de las fuerzas armadas, de trabajadores del
Estado y de grupos masones, de aquí surgirán organizaciones como las Damas de Colores. Durante
éste período se mantendrá un discurso similar al anterior que considera a las mujeres como el grupo
más apto para el trabajo benéfico debido a su condición naturalmente dispuesta para ello.
Una tercera etapa, desde fines de los 50 hasta el 73, comenzará a considerar a otro actor como el
sujeto más adecuado para el trabajo voluntario. En éste momento serán los jóvenes, sin distinción
de sexo y de distintos orígenes sociales, los considerados con las características “naturales” más
favorables para la acción voluntaria. Se destacarán características como su vitalidad, mejor
disposición y energías. Aquí habrá un marcado discurso político, tanto de posiciones de izquierda
como de derecha, que buscaran a través de los jóvenes sus sujetos de trabajo voluntario y medio de
vinculación con las clases populares. Tanto será así, que en los gobiernos de Frei y Allende se crean
espacios gubernamentales, como la Oficina Nacional de Servicio Voluntario (1967), para favorecer
y coordinar las actividades de las asociaciones voluntarias.
2.
Sobre las instituciones de trabajo voluntario femenino y a quienes dirigían su
labor
Una parte importante de las organizaciones que surgieron en el período de 1880 a 1929 se
mantendrán en el tiempo, al menos en las primeras décadas. Además de estas instituciones, las
nuevas organizaciones de trabajo voluntario femenino que se crean a partir de los años ’30 tendrán
características comunes a las ya existentes y también diferencias, dependiendo de la época en que
surjan.
Como ya se mencionó muchas de las instituciones de beneficencia que ya existían o se crean en ésta
época estructuraron su ayuda en base al sistema de visitación social a las familias pobres. Aunque
este método se comienza a utilizar tempranamente en el siglo, gana fuerza y legitimación como una
de las formas más adecuadas de intervención social durante el presente período. Tanto es así que
420
fue un sistema adoptado por los programas estatales de intervención mediante asistentes sociales
profesionales. La práctica de la visitación social consistía en la entrada sistemática de las señoras
voluntarias a los hogares de las familias pobres, con el objetivo de educar a las madres en el
cuidado e higiene de su familia, con especial foco en los niños. Las mujeres visitadoras tomaron el
nombre de “comisión de señoras”. Ellas fueron valoradas como las más indicadas para realizar esa
labor “por su naturaleza catalogada como sensible y afectuosa – considerados como rasgos propios
de su feminidad –, para acercarse a los pobres, en una época de tensión y huelgas, de represión
policial, de hambre y muerte popular” (Illanes, 2007: 184).
La visitación fue una actividad sistemática y bien organizada. Ejemplo de esto es el trabajo
realizado por el Patronato Nacional de la Infancia, que hacia 1920 ya coordinaba 11 Gotas de
Leche, éstas en su conjunto realizaron 20.962 visitas ese año. En las 11 Gotas habían 115
voluntarias visitadoras, señoras de elite, que en promedio realizaron 182 visitas por año (Ibíd. 190191). Otro ejemplo es la organización de la Hermandad de Dolores que para la distribución de su
trabajo dividió la ciudad de Santiago en 16 distritos, y a cada distrito tenía asignada una visitadora.
En 1931, la Hermandad, realizó 56.632 visita a domicilio (Hermandad de Dolores, 1931). Un tercer
ejemplo es el de la Sociedad Protectora de la Infancia de Valparaíso, que en 1934 realizó 1.020
visitas con sólo 2 visitadoras (Sociedad Protectora de la Infancia de Valparaíso: 1934)
Entre los tipos de ayuda que las organizaciones que funcionaban en éstas décadas se puede
mencionar: la enseñanza de higiene y puericultura a las madres. Las campañas estaban orientadas a
disminuir las causales de la mortalidad y enfermedades infantiles y de la población general, que
como ya se mencionó Chile llego a tener la más alta mortalidad infantil del mundo en las década de
1880.
Vinculado con el mejoramiento de las condiciones de vida, algunas instituciones se dedicaron a
proporcionar viviendas y crear barrios obreros, esto se inicia en la primera década del siglo XX y
aunque no tuvieron una cobertura significativa, sirvieron de modelo para los sistemas estatales que
se crearían en la década del ’50 como la Corporación de la Vivienda (CORVI).
Entre las acciones de moralización que realizaron algunas organizaciones de beneficencia estaba la
formalización de los matrimonios y bautizo de niños y adultos. Una de las organizaciones que
realizó este tipo de tareas fue la Hermandad de Dolores que en 1931 celebró 287 bautizos y 371
matrimonios “entre las familias de los visitados, haciéndoles ellas mismas [las visitadoras] todas las
diligencias para éstos actos y proporcionándoles todos los medios para conseguirlo” (Hermandad de
Dolores, 1931). Otro caso es el de las Gotas de Leche Miramar y Recreo, en su memoria se
menciona: “Esta Gota de Leche ha podido cumplir no sólo el programa de trabajo que se hace en
todas la Gotas de Leche (…) el directorio ha hecho aún más: acción social que tanto se necesita,
inscribiendo civilmente, bautizando, legalizando en muchos casos la situación de los padres,
buscando trabajo a los mismos, sosteniendo familias durante la enfermedad de las madres”
(Sociedad Gotas de Leche Miramar y Recreo, 1935).
La ilegitimidad de las uniones de hecho no sólo se intentó “remediar” por parte de las instituciones
de beneficencia tradicional, sino también por parte del Estado. Como se indicó en capítulos
precedentes, durante la época del Frente Popular la ilegitimidad de las uniones conyugales seguía
considerándose un problema de salud pública y responsable de parte de los males sociales. Allende
en 1939 incluía el “abandono paterno y la ilegitimidad como causas de la morbilidad y mortalidad
421
infantil” (Rosemblatt, 1995:182). El Estado buscó incentivar la legalización de los matrimonios
mediante incentivos. Las asistentes sociales clasificaban a los hijos entre legítimos y naturales,
entregándoles beneficios sólo a los primeros. (Ibíd.:185). Además de la fijación de roles para cada
sexo, que se incentivaron con padre-proveedor y madre-dueña de casa, había un trasfondo de ideas
eugenésicas ya que se buscaba con la unión legal evitar la degeneración de la raza “para lograr la
grandeza del país, decían, era necesario salvar a los niños de la patria” (Ibíd.:203).
En las décadas del 30 y 40 se mantuvieron instituciones relativamente similares en su acción a las
creadas antes del ’29, no obstante, destacan algunas que combinarán su labor de asistencia material
con reivindicaciones políticas. Estás irán despareciendo con el tiempo derivando algunas en
asociaciones derechamente políticas. Dentro de éste grupo destaca el Club Femenino de América,
de carácter laico, creado en 1939. Los tipos de ayuda que entregaban eran diversos: promoción de
derechos sociales, atención a extranjeros (en estos años llegarán a Chile asilados de la Guerra Civil
Española), defensa legal para mujeres y niños, patronatos de cárceles de mujeres con protección a
sus hijos, escuelas maternales, protección a desempleados y comité de estudios sobre las causas de
los males que afectan a mujeres y niños.
“[Perseguir] la unión de todas las mujeres sin distinción de raza, clase
social, ideas religiosas o políticas, con el fin de reforzar lazos de ayuda
mutua y contribuir así a la realización de sus más caros anhelos: la de su
perfeccionamiento intelectual y valorización del grupo social”.
“preocupación fundamental será la preparación técnica con el objeto de
propender hacia la independencia económica de la mujer, base de su
emancipación integral”
Estatutos Club Femenino de América, 1939.
Otra organización interesante creada en los primeros años del segundo período fue la Asociación
Médica Femenina, fundada en 1939. Orientaba su ayuda a las mujeres de clase media, que por no
pertenecer a las clases más necesitadas eran olvidadas por las políticas públicas e instituciones de
beneficencia tradicional: “aportar la capacitación y experiencias de sus socias para la elevación
cultural y espiritual de la mujer en general, y, en especial a las educandas (…) participar en todo
acto, movimiento o campaña que signifique el mejoramiento social y económico de la madre y el
niño” (Zig-Zag: 1940, Nº 1815). Esta asociación crearía en 1960 la Sociedad de Prevención del
Cáncer en la Mujer.
En la década de los ’40 las visitadoras sociales de instituciones de beneficencia privadas
comenzaron a perder prestigio a nivel general, algo que ya se había mencionado décadas atrás por
agrupaciones médicas y universitarias. El presidente del Sindicato de Empleados de la Compañía de
Electricidad decía en 1940 “Las visitadoras traducen las miserias sociales, pero no las solucionan” y
en el mismo año el rector de la Universidad de Chile menciona que “toda visitadora debiera tener su
título de enfermera sanitaria y hospitalaria” (Illanes, 1993:340).
En los años ’50 y ’60 surgieron nuevas asociaciones que se caracterizaron por componerse
principalmente por socias de la clase media, son las Damas de Colores. Las primeras serán las
Damas de Blanco en 1958, que atenderán a niños desnutridos; luego se crearon las Damas de Rojo
422
(1962) y las Damas de Amarillo (1967) que brindaban apoyo a enfermos en hospitales y a sus
familiares, su rol era principalmente de acompañamiento. Otras instituciones fueron las Damas de
Azul, que ayudaban a internos de la penitenciaría, y las Damas de Verde que representan a la
Corporación Nacional del Cáncer. Todas estas instituciones tenían fuertes vínculos con el Estado y
las Fuerzas Armadas, en general se trataba de las esposas y familiares de los oficiales o trabajadores
del Estado.
En 1955 se fundó la Asociación de Centros Femeninos, que estaba formada por mujeres familiares
de hombres socios de logias masónicas. Realizaron una labor filantrópica tradicional.
“El “Hogar de Cristo” se hace estrecho para recibir a todos los
indigentes que llegan a solicitar alojamiento; son muchos a los que hay
que rechazar por falta de espacio y de camas. ¿No quisiera usted
contribuir con la edificación del pabellón en perspectiva, anexo al
“Hogar” de Chorrillos 3828, y el que por falta de fondos no ha podido
llevarse a cabo? Si usted deseara perpetuar el nombre de un ser querido,
esta sería una bella ocasión de hacerlo y, además, tendría la satisfacción
incompensable de que, gracias a su generosidad habría en el “Hogar de
Cristo” 80 camas más, y 80 pobres menos expuestos a pasar el invierno
a la intemperie. En Alonso Ovalle 1452, Santiago, se reciben las
donaciones para esta obra de urgente necesidad”.
Revista Margarita, Núm. 685. 12 de Junio de 1947. Santiago.
“Si no puede ayudar con dinero, mande cualquier cosa, objeto, ropa,
etc., al Hogar de Cristo. Padre Hurtado. Alonso Ovalle esquina San
Ignacio”.
Revista Margarita, Núm. 579. 31 de Mayo de 1945. Santiago.
De las organizaciones católicas que se crean en éste período las más importantes son el Hogar de
Cristo (1948) y Cáritas Chile (1956), esta ultima con importante participación femenina desde sus
inicios. Cáritas reunirá a todas las instituciones de voluntariado católicas a fin de organizar y
promover la coordinación de los trabajos. Las mujeres de elite católicas buscaran volver a legitimar
el concepto de caridad en el campo de la intervención social. Esta institución mantendrá la idea de
la mujer como sujeto ideal para el cuidado de los otros. La importancia de estas dos instituciones,
además de la labor que realizaban, fue que le dieron un nuevo auge al voluntariado católico que en
las décadas previas había perdido fuerza y adeptos, como se comentaba en la revista Ecclesia de
1952 en el artículo titulado “Comparando dos épocas. ¿Qué diferencia hay entre el catolicismo
chileno del 1931 y el de 1951?”. Con la ampliación de la asistencia estatal y de los derechos
sociales, el voluntariado oligárquico católico vio reducidos sus espacios de intervención y de
legitimación respecto de la efectividad de su labor. Cáritas Chile buscó volver a legitimar el
concepto de caridad en la intervención social “Las campañas que ha emprendido Cáritas en nuestra
patria en su primer año de vida, han tendido, en primer lugar, a rectificar el concepto de caridad,
tratando de hacer comprender el verdadero amor de la Caridad Católica que es en síntesis amor de
Dios y amor de nuestros semejantes. Virtud inmensamente superior a la Justicia, puesto que debe
estar dispuesta a dar no solamente lo que a cada uno corresponde, sino que lo que el amor dicta que
se de al hermano por amor de Dios”. (Cáritas-Chile, 1959)
423
Surgieron en el período otras organizaciones que agruparon principalmente a mujeres y que
tuvieron gran relevancia, pero que no pueden caracterizarse como trabajo voluntario aunque en
varias ocasiones la ayuda social fuera canalizada a través de estos grupos: es el caso de los Centros
de Madres. Éstos surgen en la década de los ’40 fomentados por el Estado como forma alternativa
de ciudadanía femenina “despolitizada” en oposición a las organizaciones feministas. No obstante,
es necesario precisar que esta despolitización nunca fue tal, ya que tanto el gobiernos de Frei y
Allende como durante la dictadura, serían utilizados por el Estado como medios de canalización
para diversos proyectos sociales. Los Centros de Madres llegaron a ser en los años ’50 la
organización que más mujeres convocaba en el país: para el año 1971 ya existían 10.000 centros y
en 1973 habían crecido a 20.000 (Gaviola, 1994).
Otras organizaciones que ganan fuerza en los ’60 fueron las agrupaciones estudiantiles
universitarias que realizaban trabajos de verano o trabajo con comunidades. Aquí el agente de
voluntariado ya no son las mujeres sino los jóvenes de ambos sexos. Las actividades de éstas
organizaciones se tradujeron en postas de salud, centros comunitarios, plazas de juegos infantiles,
comedores escolares, caminos, alcantarillados y obras de mejoramiento urbano. Además de otras
acciones en el ámbito de la educación como la construcción de escuelas primarias, alfabetización,
instrucción técnica y asesoría jurídica.
3.
Perfil de las personas que realizan el trabajo voluntario
Durante esta época, coexistieron varios modelos de trabajo de beneficencia. Se mantienen los
grupos de mujeres de elite con características similares a las mencionadas en el capítulo anterior,
señoras de familia con moral consolidada y consideradas las más idóneas para realizar la labor por
sus cualidades naturales y superioridad moral. La beneficencia fue apropiada por ellas como un
signo de distinción y tradición familiar.
Se incorporan nuevos grupos, mujeres de clase media, algunas profesionales, pero en su mayoría se
trata de mujeres “esposas de” trabajadores del Estado, oficiales de las fuerzas armadas, masones,
etc. Ellas mantienen la misma vinculación de roles, en que por sus características femeninas son
“llamadas” al trabajo voluntario de ayuda a los más pobres. En general se trata de mujeres amas de
casa, símbolo del ideal femenino que los gobiernos del Frente Popular, y los que le siguieron,
mantuvieron en sus discursos. “Para Eduardo Frei la mujer es definida por su relación con otros, es
decir la identidad de la mujer se constituye a partir de su núcleo familiar (…) Para Allende la es por
sobre todo madre y al mismo tiempo la Patria también es mujer. La mujer es también compañera
del varón, cuyo prototipo era el trabajador” (Tapia, 1999:24-25).
“No les vengo a decir una frase de halago, pero hace más de cinco años
que en la campaña dije que la mujer chilena era la reserva moral de
nuestro país. Son ustedes las que sostienen el hogar más que nadie. Son
ustedes las que defienden la familia y los hijos con valor, y yo lo sé,
porque también he tenido madre, tengo una esposa, y las conozco a
ustedes. Sé que con espíritu de sacrificio. Con qué silencioso esfuerzo
muchas veces educan sus hijos, se les viste y se les mantiene”. Discurso
del Presidente Eduardo Frei, 1969.
“… cuando digo mujer, pienso en la madre, preocupada de su niño, …
cuando hablo de la mujer, me refiero a la mujer en función de su núcleo
familiar”. Discurso del Presidente Salvador Allende.
Tapia, 1999.
424
Durante las décadas del 30 y 40 el trabajo remunerado femenino seguía siendo visto
predominantemente como una actividad más propia de mujeres pobres, que podía amenazar su
integridad física y moral y traducirse muy frecuentemente en abandono de sus obligaciones
familiares. No ocurre lo mismo con el trabajo voluntario. Pero ya hacia la década de los sesenta
comenzará a verse un cambio en la valoración, con el aumento de las mujeres educadas y
profesionales, sin embargo las profesiones aún tendrán marcadas diferencias de género y algunas
serán más aceptables que otras. Entre las profesiones más populares se encuentran las carreras de
Profesora, Enfermera y Asistente Social, carreras que se relacionan fuertemente con el trabajo
realizado por las señoras voluntarias.
“Yo pienso que la juventud por ser joven, por tener una concepción
más diáfana, por no haberse incorporado a los vicios que traen los años
de convivencia burguesa, porque la juventud debe entender que debe ser
estudiante y trabajadora; porque el joven debe ir a la empresa, a la
industria o a la tierra. Porque ustedes deben hacer trabajos voluntarios;
porque es bueno que sepa el estudiante de medicina cuánto pesa un
fardo que se hecha a la espalda un campesino que tiene que llevarlo a
veces, largas distancias; porque es bueno que el que va a ser ingeniero se
meta en el calor de la máquina, dónde el obrero a veces, en una
atmósfera inhóspita, pasa largos y largos años de su oscura existencia;
porque la juventud debe estudiar y trabajar – porque el trabajo
voluntario vincula, amarra, acerca, hace que se compenetre el que va a
ser profesional con aquel que tuvo por herencia las manos callosas de
los que, por generaciones, trabajaron la tierra”.
Salvador Allende, lunes 10 de diciembre de 1972. Citado en Tapia, 1999
El tercer grupo que se incorpora son los jóvenes, ahora sin distinción de sexo. En la década de los
’60 comenzara a cambiar el discurso y ahora serán ellos quienes poseerán las características
“naturales” más adecuadas para el voluntariado. En 1967 se creó la Oficina Nacional de Servicio
Voluntario (ONSEV) que vinculaba al Ministerio de Educación con la Asesoría para Actividades de
Juventud de la Presidencia. En 1968 se creó la Asociación Chilena de Voluntarios (ACHV) que
trabajó junto a la ONSEV. En 1969 se creo un programa de servicio voluntario a largo plazo
“Voluntarios para el desarrollo”, en que los voluntarios durante 12 meses prestaban servicios de
jornada completa.
Tras el Golpe de Estado y la durante la Dictadura, la ONSEV deja de funcionar, y retomarán
relevancia algunas organizaciones de mujeres como las Damas de Colores, que vinculadas a las
fuerzas armadas y instituciones estatales, ahora en control de los militares, servirán de puente para
algunas de las escasas medidas sociales que se realizarán durante ese período.
425
Capitulo 3
El trabajo voluntario femenino entre 1973 y 2000. De las voluntarias pro
régimen y el voluntariado de resistencia hacia la pluralidad de la democracia40
1. Características del trabajo voluntario. La coexistencia de dos tipos de ayuda y la
especialización del voluntariado tras el retorno de la democracia.
El Golpe de Estado del ’73, encabezado por Augusto Pinochet, significó un retroceso respecto de
los derechos que se habían conquistado a lo largo del siglo XX. Durante la dictadura no sólo se
produjeron violaciones a los derechos humanos, sino que se implementó una transformación del
modelo de desarrollo económico, lo que trajo consigo un cambio en los sistemas de protección de
las relaciones laborales, una privatización de la seguridad social y de gran parte de la educación y la
salud, y una reducción drástica del Estado. Los éxitos macroeconómicos producto de la
desregulación del mercado, al igual que en el primer período estudiado, sólo significaron el
enriquecimiento de unos pocos. La brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza creció al punto
que hacia fines de la dictadura en Chile había un 40 por ciento de la población viviendo bajo la
línea de la pobreza.
Con la proscripción y puesta en receso de los partidos políticos (según fueran de izquierda o de
derecha) y la prohibición de manifestaciones públicas y de reunión, muchas organizaciones
voluntarias juveniles desaparecieron o se replegaron, ante las persecuciones que fueron objeto ya
que cualquier organización no vinculada al Estado era motivo de sospecha. Se debe recordar que los
trabajos voluntarios de jóvenes eran realizados fundamentalmente por estudiantes universitarios,
por lo que la intervención de las universidades, con rectores designados por el Ejército que
“depuraron” la planta de profesores, administrativos y estudiantes, tuvo un serio efecto en el trabajo
voluntario que se había desarrollado en ese espacio.
En éste escenario, quienes ganan relevancia nuevamente son las instituciones tradicionales de
voluntariado asistencial, especialmente las Damas de Colores, que históricamente habían estado
asociadas las fuerzas armadas y otras entidades de gobierno, y ahora con el gobierno militar en el
poder, mantuvieron su histórico carácter asistencial y sirvieron de modelo para el tipo de mujer
chilena que la dictadura fomentaba.
Otro baluarte del régimen fue CEMA Chile, dirigido por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart
asumiendo la figura de la Primera Dama. CEMA actuó como promotor del ideal de mujer
voluntaria y de un tipo de trabajo voluntario oficial y promotor del régimen. La posición oficialista
que adoptaron estas organizaciones durante la dictadura generó un desprestigio y una desconfianza
en éste tipo de voluntariado, especialmente en los jóvenes universitarios que se resistieron a este
tipo de trabajo (Zulueta, 2003) “cambios en la valoración del voluntariado”). Sin embargo, el
discurso proveniente del Estado iba claramente enfocado hacia la mujer como sector estratégico:
“Para el gobierno la mujer sería un sector estratégico por su especial sensibilidad a los discursos de
orden” (Munizaga et al., 1988: 537).
40
El Informe de Práctica elaborado por Martín Díaz y José Astrain, alumnos en práctica de Escuela de Sociología Universidad
Alberto Hurtado, fue uno de los insumos utilizados para elaborar este capitulo.
426
El discurso hacia la mujer por parte del régimen militar señalará su condición “intuitiva y afectiva”
como rasgo de su naturaleza. Apela a la mujer como “guardiana de la moral” que no se deja influir
por el marxismo. El llamado de Pinochet sería primero a la mujer-madre y luego a la mujervoluntaria, que finalmente eran dos formas de ejercer la maternidad, la primera privada y la segunda
una maternidad pública. (Ibíd.)
“A las nobles damas asistentes en quienes el gobierno tiene absoluta fe,
pues como esposas y madres las considera el centro vital de la familia y
como tal, el pilar básico en que se levanta el nuevo concepto del ‘núcleo
familiar’, con tanta responsabilidad en la lucha por obtener la unidad de
todos los chilenos”.
Discurso pronunciado por Augusto Pinochet en marzo de 1977 en la clausura del Seminario
de la Secretaría de la Mujer
“Nuestra inspiración doctrinaria puede interpretar mejor que ésta los
anhelos de la mujer, puesto que ha sido ella, a lo largo de toda la historia
la gran defensora y la gran transmisora de los valores espirituales; y ha
sido también por su firme sentido de la realidad, el gran elemento
moderador de la evolución social de la humanidad”
Discurso pronunciado por Augusto Pinochet
Tapia, 1999.
La Secretaría Nacional de la Mujer, dirigida por Lucía Hiriart, fue el organismo estatal que organizó
a las instituciones voluntarias colaboradoras del régimen.
El otro tipo de trabajo voluntario que surge luego del Golpe de Estado estuvo asociado a una forma
que discrepaba de la dictadura y que se desarrolló como polo opuesto al “trabajo voluntario oficial”.
Se enfocó principalmente en asistir a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y en
la población pobre abandonada por la dictadura. En ésta vertiente del trabajo voluntario fueron
importantes las agrupaciones surgidas tanto de la Iglesia Católica como de otras confesiones, las
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y los estudiantes universitarios reorganizados ya en
la década de los ’80. Las organizaciones de este tipo de voluntariado no fueron exclusivamente
femeninas sino que incorporaron personas de ambos sexos.
El trabajo voluntario históricamente se ha enfocado principalmente hacia la población pobre, eso se
mantiene en éste periodo. Pero a diferencia de lo ocurrido en los años previos al golpe, en que parte
del voluntariado visible se enfoca hacia el “trabajador proletario” buscando fomentar el poder
popular, el trabajo voluntario durante la dictadura y luego del retorno a la democracia mantendrá su
enfoque en los pobres genéricamente.
Con el retorno de la democracia, se produce un crecimiento exponencial de las organizaciones
voluntarias, como se muestra en el estudio de Alcalá, sobre el voluntariado en la actualidad en
Chile, que señala que de las instituciones de voluntariado existentes al año 2000, casi la mitad se
creo a partir del año 1990. Este crecimiento se debió en parte por el aumento de las libertades y en
427
parte por un nuevo impulso que recibe el voluntariado con el aumento de recursos destinados a la
sociedad civil por parte del Estado. Sin embargo, muchas de las instituciones que se crearon en
dictadura pierden su razón de existencia (y en algunos casos sus fuentes de financiamiento, que para
muchas ONGs provenían de organizaciones internacionales) y desaparecen, otras se transforman en
consultoras sobre problemas sociales. A pesar de la liberalización que sufrió el Estado durante la
dictadura, con el retorno a la democracia se retoman políticas sociales para los problemas
tradicionales de salud, educación y vivienda y para temas que antes no eran considerados como
equidad de género, juventud, etnias, etc. Se reducen los niveles de pobreza y aunque ninguna
política estatal solucione plenamente los crecientes problemas de la población, los espacios de
intervención del voluntariado vuelven a ser marginales en cuanto a su capacidad de cobertura,
aunque no por ello menos numerosos en diversidad de problemas a tratar. El llamado al nuevo
voluntario es ahora “despolitizado”, en general se comprenden como una alternativa a-política de
ayuda y pondrá el enfoque de su labor principalmente en la pobreza.
Durante la dictadura, las principales organizaciones que trabajaron en la vertiente “oficial” del
voluntariado fueron las Damas de Colores, las señoras de CEMA Chile y de la Secretaría Nacional
de la Mujer, todas coordinadas por la primera dama. Las primeras dos existían antes del golpe
militar, sin embargo, su visibilidad e importancia fue mayor durante la dictadura ya que fueron
publicitadas por el régimen y señaladas como modelo de virtud femenina. Como se mencionó en el
período anterior, ya existían para el año 73 las damas: de blanco, de rojo, de azul, de verde y de
amarillo. En 1975 se crearon las Damas de Rosado. El voluntariado desarrollado por éstas mujeres
consistía principalmente en la atención a enfermos en hospitales y era de carácter asistencial,
fundamentalmente de acompañamiento. Además de ayudar con algunas tareas no médicas en los
hospitales y de aportar con algunas donaciones materiales a los pacientes, las damas les “brindaban
su apoyo” a pacientes y familiares: “antiguamente éramos el nexo entre el familiar y el enfermo,
hoy día con los hospitales de puertas abiertas eso ha variado” (Entrevista a Dama de Rojo con 25
años en la organización).
Los centros de madres se crearon en los ’40 y ganaron gran importancia en los ’60 como
organizaciones de base, al igual que las juntas de vecinos. Durante la dictadura, CEMA fue
convertido en la Fundación CEMA Chile, dirigida por Lucía Hiriart. Si bien los centros de madres
en sí mismos no tienen las características propias del voluntariado, CEMA Chile sí y de su vertiente
más tradicional. CEMA reclutaba a voluntarias entre las consideradas damas ejemplares para poder
enseñar a las señoras “populares” las buenas prácticas para “llevar un hogar” y una familia, y de
paso hacer campaña proselitista a favor del régimen militar. “En el universo de lo femenino apelado
por el régimen no todas las mujeres son madre patria. Existen también las ‘madrecitas’, aquellas
que a duras penas lograron realizar su ser materno privado; aquellas que son objeto de los discursos
de la primera dama y de la acción de las voluntarias (…) Frente a ellas se despliega el discurso del
amor y el disciplinamiento…” (Munizaga, 1988: 545). Las mujeres populares serán tratadas
nuevamente como lo fueron el primer período, si eran pobres no era producto de los problemas
económicos ni de los altos niveles de desempleo femenino, sino porque ellas no administraban bien
su hogar.
428
CEMA Chile se financió de diversas fuentes: la Polla Chilena de Beneficencia (un 3% de las ventas
brutas), terrenos y propiedades cedidas por el Estado y con la venta de las artesanías elaboradas por
las socias que eran vendidas en estos Centros, tanto en Chile como en el extranjero. Lucía Hiriart,
tras el retorno de la democracia no dejo su cargo en CEMA, sino que se apropió definitivamente de
la institución y siguió recibiendo las recaudaciones de Polla hasta el año 2006, cuando se
modificaron las instituciones de beneficencia que por ley recibían aportes.
Dentro organizaciones de voluntariado que no fueron patrocinadas por la dictadura destaca la
Vicaría de la Solidaridad. En octubre del año 1973, tras el Golpe, se crea el Comité de Cooperación
para la Paz en Chile por iniciativa del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Este comité reunió a grupos
de las Iglesias Católica, Luterana, Metodista, Ortodoxa y de la comunidad judía. Entre las labores
que realizó el Comité estuvo la de proteger a perseguidos políticos, buscar la liberación de los
detenidos, ayudar a los familiares de los detenidos y asistir a los cesantes en la búsqueda de empleo.
Este Comité funcionó hasta fines de 1975 en que por exigencia de Pinochet debe disolverse. Al año
siguiente, en Enero de 1976, el Cardenal Silva Henríquez crea la Vicaría de la Solidaridad del
Arzobispado de Santiago, que realizó un trabajo similar al del Comité, pero ampliado a los
problemas sociales. Las dos principales líneas de acción fueron la asistencia jurídica y el trabajo de
promoción y educación solidaria, creando departamentos de asistencia: jurídica, laboral, campesino,
entre otros. En la Vicaría se recogieron testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos y
se entablaron procesos legales de defensa de los afectados. Participaron en el trabajo realizado por
la vicaría personas sin distinción de sexo ni de credo y de diversos partidos políticos desde
democratacristianos hasta comunistas e independientes (Archivo de la Vicaría de la Solidaridad).
Otras organizaciones que realizaron acciones paralelas al Estado fueron las ONGs, con propósito de
defender los derechos humanos, reclamar la restauración democrática del país y articular la
reorganización ciudadana (Aravena, 2004). Estas organizaciones en algunos casos contaron con
trabajadores, hombres y mujeres, remunerados y en otras con voluntarios y se financiaron con
aportes de la cooperación internacional. El trabajo que realizaron abarcó ámbitos de asistencia
judicial, empleo, educación, derechos políticos, culturales, temas económicos, culturales, entre
otros.
En los años ’80 los estudiantes universitarios se reorganizan rearmando la FECH, que había contado
con dirigentes designados hasta ese momento. Se retoman los trabajos voluntarios de verano y
durante todo el año. El trabajo realizado por lo estudiantes tuvo un fuerte carácter social y se
destino principalmente a la población más pobre y marginada. Estos trabajos fueron adquiriendo
connotaciones de “resistencia” al régimen militar. Solidarizar con los pobres fue una forma de
enfrentarse a la dictadura. Este era un hecho sentido por los mismos estudiantes (Cabrera, H. 2001).
Entre las labores que realizaron los universitarios en su trabajo en poblaciones está la
implementación de preuniversitarios populares, apoyo y creación de ollas comunes, asistencia y
recreación de niños y asistencia médica: “Un sin número de iniciativas voluntarias surgieron como
resistencia al régimen militar. Esa opción de trabajo voluntario, no sólo implicaba gratuidad de los
servicios, sino también enfrentar riesgos y problemas con la ley pero aún así, favorecía y fortificaba
la identidad” (Zulueta, S. 2002: 2).
Ya en democracia las organizaciones se multiplican y diversifican. En la base de datos del estudio
de Alcalá Consultores (2002), se pudo constatar que las organizaciones voluntarias tradicionales
corresponden a la mitad de las registradas en su base. En general una parte importante de las
429
instituciones que se mencionan en los períodos anteriores se mantienen con un funcionamiento
similar (Hogar de Cristo, Cáritas Chile, Sociedad San Vicente de Paul, Cruz Roja, Damas de
Colores, etc.). Además de otras organizaciones más recientes como María Ayuda, Coaniquem,
Fundación Las Rosas, COANIL, Un Techo para Chile, etc. En general todas estas instituciones se
caracterizan por entregar servicios de carácter asistencial, con excepción quizás de Coaniquem, que
mediante fuertes campañas mediáticas logró modificaciones legales para la prohibición de venta de
fuegos artificiales a público, y Un techo para Chile que en los últimos años ha incorporado algunas
áreas promocionales en su organización.
A grandes rasgos se puede decir que las organizaciones de trabajo voluntario tradicional no
cambian de manera importante en su forma de realizar el trabajo, se diversifican en una gran
cantidad de áreas y algunas se adaptan a los espacios que les van quedando disponibles que no son
ocupados por el Estado.
Según los datos obtenidos de la base de Alcalá (2002), el 85 por ciento de las Organizaciones de
Voluntariado Tradicional (OVT) mantienen su formato característico de trabajo de campo a fin de
tener una relación cercana con el destinatario de la ayuda. Además una parte importante, el 64% de
los voluntarios, realiza sus actividades todos los días.
En referencia quiénes son los destinatarios de la acción voluntaria de las OVT los datos de la base
muestran que la mayoría de las organizaciones (65%) considera algún requisito especial para los
destinatarios de su ayuda. De éstos los más importantes son edad, salud y domicilio. En menor
medida sexo y educación. La religión prácticamente no es considerada como requisito. En cuanto a
la edad, un 78 por ciento de las organizaciones lo consideran para delimitar el campo de su trabajo,
en algunos casos concentrándose en infancia y juventud y en otros en tercera edad. Un 32,6%
incluyó la salud en las delimitantes. Estas instituciones en general dedican su trabajo a personas que
sufren alguna enfermedad como enfermedades mentales, problemas de aprendizaje, adicciones,
cáncer, etc. El domicilio fue mencionado por un 10% de las OVT y se refiere a que circunscriben su
acción en un territorio determinado y trabajan con personas residentes en esa zona. Por último, el
sexo se mencionó en sólo un 5,6% de las organizaciones y estas en su mayoría destinan su ayuda a
mujeres.
De los tipos de ayudas que las OTV entregan a los destinatarios una parte se refiere a ayuda de tipo
asistencial. Aquí se incluye Salud, en que la mayoría de estas acciones tienen relación con la
entrega directa de servicios de salud, o el apoyo a la atención médica de enfermos, ambulatorios u
hospitalizados, fundamentalmente pobres y que padecen de enfermedades crónicas o de costoso
tratamiento, o que son enfermos terminales. En este ámbito de la atención en salud, se destacan
como acciones más frecuentes lo que las organizaciones definen como “apoyo material” a los
enfermos en cuanto a alimentación, medicamentos, exámenes, útiles de aseo, víveres, vestuario,
alimentación (bar lácteo), compra de pasajes en el caso de aquellos que deben trasladarse a otra
ciudad para ser atendidos, y una organización mencionó la entrega pensiones esporádicas (dinero).
Aquellas organizaciones de clara orientación cristiana (católicas y evangélicas) ofrecen también
“apoyo espiritual” o “apoyo moral” a los enfermos, lo que supone acompañamiento y transmitirles
el mensaje cristiano (evangelización, lectura de la Biblia, oración, etc.); en tanto otras organización
realizan un apoyo psiquiátrico y psico-social a enfermos y a sus familias.
430
El ser “de nexo entre el paciente y su familia” es otra de las acciones realizadas, especialmente en el
caso de pacientes que están hospitalizados.
Otras acciones importantes son la educación y prevención, por ejemplo, en el caso de las adicciones
y de la transmisión del VIH. Estas diversas acciones pueden desplegarse en centros de salud, como
hospitales y policlínicos, y en ocasiones se realizan también operativos de salud en zonas rurales.
Entre las organizaciones más importantes y numerosas que realizan este tipo de acciones se
encuentran las Damas de Colores, mujeres que atienden material y espiritualmente a personas que
padecen de una enfermedad en particular (cáncer, dializados, diabéticos, ciegos, etc.), o que están
hospitalizados por diversas razones. Otras organizaciones son aquellas formadas por los familiares
de los enfermos, en especial de niños (autistas, ciegos, diabéticos, oncológicos, etc.), quienes se
reúnen para conseguir medicamentos, darse apoyo, procurar servicios (por ejemplo, educacionales)
que se adecuen a la condición de los niños.
Otra de las ayudas asistenciales que realizan las OTV se vinculan a las emergencias y catástrofes
naturales, este ha sido un espacio que tradicionalmente ha convocado el trabajo voluntario.
Instituciones emblemáticas son la Cruz Roja y el Ejército de Salvación.
La atención de necesidades básicas como alimentación y vivienda también se incluye dentro de la
ayuda asistencial que entregan las OVT. Generalmente se focalizan en población pobre, indigente o
en situación de vulnerabilidad social, algunas organizaciones entregan alimentación, vivienda y
vestuario. Por ejemplo, se entrega canastas de alimento a adultos mayores pobres, se mantiene un
comedor para estudiantes universitarios y adultos mayores pobres. Una forma de enfrentar la falta
de vivienda son las hospederías para personas que viven en la calle, y la construcción de viviendas
sólidas que permitan la eliminación de los campamentos. En relación al tema de la vivienda, existen
organizaciones especialmente dedicadas a este tema (Un techo para Chile, por ejemplo) en tanto
varias organizaciones lo incorporan como parte de sus objetivos, entre otros (hospederías del Hogar
de Cristo, por ejemplo).
Otra de las actividades que realizan algunas instituciones tradicionales es la evangelización, se trata
de instituciones principalmente católicas y evangélicas que realizan actividades orientadas a la
enseñanza de las doctrinas de la Iglesia y a evangelizar. En algunas instituciones el trabajo se
focaliza en personas enfermas.
Otro tipo de actividades tiene que ver como la promoción. Aquí se incluye la educación a niños,
jóvenes y adultos. Esta ayuda va desde talleres educativos para niños y jóvenes, escuelas para niños
en riesgo social, hasta alfabetización para adultos. Además se incluye en los temas promocionales,
la educación en derechos que contempla derechos humanos, derechos de las mujeres, de los niños y
jóvenes.
Otra de las formas de ayuda promocional es la capacitación para el trabajo y apoyo a la inserción
laboral, se entrega formación para el trabajo dirigida a jóvenes, jóvenes que tienen algún tipo de
discapacidad, jefas de hogar; así como capacitación técnica especializada y nivelación de estudios.
Junto con ello, algunas organizaciones ofrecen créditos y asesorías para micro emprendimientos.
Más específicamente, una organización apoya la inserción laboral de migrantes a través de una
bolsa de trabajo.
431
La asistencia legal a mujeres en conflicto con la justicia y la atención a víctimas de violencia
intrafamiliar con casas de acogida para madres e hijos, son otros de las áreas cubiertas por las OTV.
Destinada a niños y jóvenes la atención a niños en situación de riesgo social busca proteger
mediante hogares de acogida a niños que han sido derivados por el sistema judicial. Otras
organizaciones realizan actividades de recreación para niños, jóvenes y enfermos, buscando el
alivio o la recuperación de la salud y la prevención del consumo de drogas, según sea el caso.
En general, se puede decir que si bien los destinatarios siguen siendo población pobre en su mayoría
y aunque muchos de los tipos de ayuda que se observan en la actualidad y se entregaban en el
primer período estudiado (con diferencias en su forma), la diferencia radica en la especialización y
profesionalización de muchas instituciones. La mayor parte de las instituciones focaliza su acción
en subgrupos a los que destinan su ayuda. También se mantienen grandes instituciones de
beneficencia, con cobertura en diversas ciudades del país, como el Hogar de Cristo que mantiene
una pluralidad de frentes de ayuda con la característica común de ser personas de distintas edades
de escasos recursos. Entre los temas que se pueden considerar como característicos de los últimos
tiempos se pueden incluir el trabajo sobre derechos de los niños y de las mujeres y la atención a
víctimas de violencia intrafamiliar. Estos problemas han existido siempre, sin embargo ahora se
enfocan desde una perspectiva nueva que involucra derechos.
Como ya se mencionó durante la dictadura hubo dos grandes ramas del voluntariado, uno oficialista
y otro que funcionó paralelo al Estado y en resistencia hacia éste.
El primer tipo de instituciones se caracterizó por incorporar mayoritaria o exclusivamente mujeres
en sus filas.
Las Damas de Colores estaban integradas por esposas de integrantes de las fuerzas armadas. Cada
color se vinculó con alguna de las ramas en específico, por ejemplo las Damas de Rosado
generalmente fueron mujeres de integrantes de la Armada.
Tanto las voluntarias de las Damas de Colores como las de CEMA Chile y de la Secretaría Nacional
de la Mujer eran mayoritariamente dueñas de casa, que estaban a favor de la dictadura, si bien se
consideraban un organismo a político, y se sentían llamadas por el deber patriótico que el régimen
les asignaba. “Se concibe así a la mujer como el instrumento fundamental de hegemonización del
nuevo orden. Se dice de ella: ‘educadora y formadora de conciencias’, la mujer es la gran forjadora
del porvenir y la gran depositaria de las tradiciones nacionales (…) se le atribuye a las mujeres
poder en las tareas de lograr convencimiento y adhesión al nuevo orden”.
La mujer pobre durante la dictadura se enfrentó, por un lado, al desincentivo a la incorporación al
mercado de trabajo (lo que se fomentaba era el rol de madre dueña de casa) y, por otro lado, a la
obligación de trabajar, en general en el mercado informal, para poder contribuir al sustento de la
economía familiar. Va a ser éste grupo al que apuntaran las mujeres patriotas de las instituciones
voluntarias.
432
El segundo tipo de instituciones “no oficiales” que incluyeron organizaciones religiosas, ONGs y
estudiantes universitarios, se caracterizaran por la pluralidad de sus orígenes e ideas. El principal
rasgo que los identifica es su rechazo a la dictadura, a las violaciones de los derechos humanos y a
la pérdida de las libertades individuales.
En las organizaciones de voluntariado que surgen o se mantienen después del retorno a la
democracia, se mantiene un la diversidad de actores que participan en el voluntariado. La base de
datos de Alcalá muestra algunos de los requisitos que algunas instituciones ponen para la
incorporación de los voluntarios los más importantes son: edad, sexo, nivel educacional, salud
compatible y motivación. De éstos el más importante para las instituciones es la motivación del
aspirante, con un 60% de instituciones que la mencionan. La edad fue el segundo requisito en
importancia, con un 37% de los casos (en general se pide como mínimo se mayor de edad). Tercero
se menciona tener una salud compatible al trabajo voluntario (33%) en este criterio se incluye la
salud física y mental, el no ser adicto a alcohol y drogas y un punto cuestionable por sus
implicaciones legales que incluye el no ser portador del VIH. En cuarto lugar se menciona como
requisito el nivel educativo, 25 %. Y en quinto lugar aparece el sexo con un 23,5%.
En base a los datos de Alcalá sobré qué tipo de personas son las que integran las OVT según sexo, y
a la información obtenida en las entrevistas realizadas en 2006 y 2008 a personas de Cruz Roja,
Sociedad San Vicente de Paul, Sociedad Protectora de la Infancia, Sociedad de Ciegos Santa Lucía,
Damas de Rojo y Cáritas Chile, se puede decir que en muchas de las instituciones tradicionales una
gran mayoría de los voluntarios son mujeres (en algunas instituciones exclusivamente) y la mayoría
de ellas son dueñas de casa. Un gran porcentaje de las voluntarias llevan muchos años en las
instituciones y ya se acercan a la tercera edad. Las razones dadas por las entrevistadas, para que
abunde este perfil de voluntarias, combinan tanto motivos prácticos como criterios afectivos. Las
mujeres dueñas de casa disponen de más tiempo para realizar voluntariado, es por ello que en la
actualidad, con el aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo, son muchas
menos las mujeres que se integran a estas organizaciones. La otra razón obedece al mismo discurso
que se ha mencionado a lo largo de ésta historia del voluntariado: las mujeres poseerían
características naturales a su género que las harían más adecuadas para desarrollar la labor benéfica,
estas se vincularían a su condición de madre. Se mencionan características como afectuosidad,
empatía, ternura, entre otras. Todas estas cualidades derivadas de su condición de madres o de
madres “en potencia”. El voluntariado sería una forma de realización personal adicional a las
responsabilidades familiares.
433
“Yo creo, que hoy día en San Vicente, las mujeres cumplen un rol súper
importante en la caridad, porque son como el cable a tierra, hay como un
buen complemento entre los hombres y las mujeres porque a veces los
hombres nos preocupamos más de que administrativamente esté bien, y la
mujer es la que aporta los pequeños grandes detalles que hacen que la labor
de caridad sea mucho más humanas. Casi todas las señoras se encargan de
un hogar, visitan todas las semanas...”.
Entrevista realizada directivo de la Sociedad San Vicente de Paul, Noviembre de 2006.
"Marcadamente siempre fueron más mujeres, porque normalmente siempre
se trabajó en un horario en que los hombres están en sus trabajos"
Entrevista realizada a directora de la Cruz Roja, Noviembre de 2006.
“La mujer de mi generación, la gran mayoría era dueña de casa, eso ha
cambiado, la mujer actualmente es profesional y trabaja y eso ha llevado a
que por ejemplo haya disminuido el voluntariado (…) la segunda condición
es que la mujer, por el hecho de ser madre, le es más fácil reconocer al
necesitado. No digo que el hombre no, el hombre es más proveedor del
sustento familiar, la mujer es más acogedora, formadora, que cría a la prole
¿verdad?, eso la lleva a realizar un trabajo voluntario ya tener más
sensibilidad para el trabajo voluntario”
Entrevista realizada a una directiva de la DEVOL, Cáritas Chile. 2008
“Siendo voluntaria cada una llega a casa con espíritu diferente, del deber
cumplido. Porque cada día a una voluntaria se le presentan distintos temas,
‘señorita me puede abrir la puerta, me puede llevar la silla de ruedas, me
puede usted hacer la fila’, entonces esa satisfacción del deber cumplido, de
llegar a casa y decir hoy día fue un día bueno, hoy día yo realicé mi obra y la
hice con cariño”.
Entrevista realizada a un directiva de las Damas de Rojo, Agosto de 2008.
Se puede observar que en varias de las instituciones de trabajo voluntario tradicional se mantiene
también un discurso tradicional con un enfoque sexista de los roles que deben cumplir hombres y
mujeres tanto en la sociedad como en el voluntariado. Sin embargo, como se aprecia en los datos de
la encuesta de Alcalá hacia el año 2000 sólo un cuarto de las instituciones seguían manteniendo
criterios de sexo para la inclusión de los voluntarios, aunque en la práctica siga habiendo un
porcentaje mayoritario de mujeres en muchas de las OTV. El que el requisito de sexo para
integrarse a las organizaciones voluntarias sea comparativamente menos importante podría indicar
que hay un cambio a nivel general sobre quiénes son los sujetos ideales para realizar el
voluntariado, algo que ya se comenzaba a ver en los discursos e iniciativas de Frei y Allende, se
suspende durante la dictadura, y que ahora se reinstala. Ahora los llamados no se dirigen
específicamente a las mujeres sino que el llamado es hacia la sociedad, en general, y con marcada
tendencia hacia la juventud como grupo específico.
434
› Conclusiones š
435
El propósito de reconstruir la trayectoria del trabajo desarrollado por mujeres en el ámbito
de la producción y la reproducción, desde fines de siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, ha
puesto de manifiesto diversos fenómenos. Por una parte, visibilizar las relaciones existentes entre la
organización del mercado laboral y la distribución del trabajo reproductivo, los modelos familiares
y en estrecha vinculación con ellos, las relaciones de género. Ha permitido además caracterizar las
diferencias y desigualdades que muestran las trayectorias seguidas por hombres y mujeres dentro
del mercado de trabajo; visibilizar las continuidades y los cambios a lo largo de los tres periodos
analizados; los procesos de diversificación de la inserción laboral femenina, las fluctuaciones en sus
tasas de participación, los procesos de segregación que enfrentan, así como tendencias de más largo
plazo respecto de ciertas características de la fuerza de trabajo que son compartidas por hombres y
mujeres. Por otra parte, reconstruir la evolución seguida por el trabajo voluntario desarrollado por
las mujeres durante el siglo XX, ha permitido aproximarse a la trayectoria seguida por las políticas
públicas en materia social, desde sus primeros antecedentes hasta su mayor desarrollo desde
mediados de siglo; los cambios importantes experimentados por este tipo de actividades en los tres
periodos estudiados, con una clara tendencia hacia la mayor profesionalización y focalización de los
servicios, y a la diversificación de los actores sociales convocados; su aporte al bienestar social, así
como el importante papel que ha ocupado como un ámbito de transmisión y fortalecimiento de
identidades de género femenina.
–
La trayectoria seguida por el empleo femenino
Respecto del trabajo remunerado realizado por mujeres, se puede señalar que durante las últimas
décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la población censada con oficios
aumentó y se masculinizó. Además, que las actividades desarrolladas por hombres y mujeres no se
distribuían a la par de la producción de la riqueza, y que la producción agrícola era la actividad
económica más importante en términos de generación de empleos (casi 40%).
Se advierte además una clara distribución sexual de las ocupaciones. Las mujeres representan la
mayor parte de los ocupados en las ramas de Industria y Servicios (servicio doméstico), seguida en
menor proporción por Comercio. En tanto los hombres constituyen la mayor parte de los ocupados
en las ramas Agricultura, Minería y Caza y Pesca, además de Transporte.
La alta presencia de las mujeres en la rama industrial se concentra predominantemente en la
Industria textil y de Confección y Vestuario; en tanto en Servicios, lo hacen en el servicio
doméstico.
Junto con ello, se advierte que las mujeres comienzan a integrarse a nuevas ocupaciones que dan
cuenta de las nuevas actividades económicas que se desarrollan en el país. Esto sucede
especialmente en el sector servicios, donde una serie de nuevas ocupaciones demandan una fuerza
de trabajo con mayores niveles de instrucción. Aumenta el número de profesoras y preceptoras, y
aumenta el número de mujeres en profesiones médicas ya sea porque se mantienen en ocupaciones
históricamente desempeñadas por ellas (matronas o parteras, por ejemplo) así como porque
comienzan a ejercer otras por primera vez, médicas, enfermeras y practicantes. En tanto en la rama
de Transporte y Comunicaciones, comienzan a aumentar las telefonistas y telegrafistas, y si bien lo
hacen en menor medida en transporte, en algunas ciudades se contabiliza un apreciable número de
mujeres tranviarias.
436
Así se puede señalar que la fuerza de trabajo femenina durante este periodo junto con seguir
desarrollando actividades que venia ejerciendo desde décadas, como el servicio doméstico, o
desarrollar algunas de ellas en modalidades más industrializadas, como el trabajo textil y de
confecciones, se integra a otras actividades que expresan una serie de transformaciones sociales,
culturales y económicas que estaban ocurriendo. La migración hacia las ciudades intensificó la
presencia de mujeres en las calles y mercados de las principales ciudades que ejercían la venta de
alimentos. El desarrollo de la educación y los avances alcanzados en la alfabetización, hacían
necesario contar con más profesores, sector donde la presencia de las mujeres se incrementó, y algo
similar sucedió en las profesiones médicas. El desarrollo del transporte y las comunicaciones
también ofrece nuevas oportunidades laborales a las mujeres. Y ya hacia finales del periodo, el
desarrollo del aparato estatal comienza a integrar muy lentamente a mujeres como funcionarias.
Durante el extenso periodo que comprende la década del treinta hasta los años setenta, se observa
un aumento de la fuerza de trabajo que a diferencia de lo sucedido desde comienzos de siglo hasta
1952, se distancia de la tasa de crecimiento poblacional, mostrando un rezago. Ello se debe a un
crecimiento de la población, por la baja en las tasas de mortalidad, y a la mayor cantidad de años
que la fuerza de trabajo femenina y masculina destina a la educación.
Respecto de la tasa de participación laboral, las mujeres muestran una tasa más fluctuante en
relación con lo que sucede a los hombres. El periodo se inicia con una marcada baja en la fuerza de
trabajo femenina y un alza de la fuerza de trabajo masculina, de hecho estas cifras representan el
nivel más bajo y el nivel más alto alcanzado por al PEA femenina y la PEA masculina,
respectivamente, desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX. El cambio experimentado
por el censo en la forma de registrar las actividades económicas, las características de las
actividades realizadas predominantemente por mujeres (temporales, esporádicos, a domicilio,
trabajos domésticos), así como la centralidad de la maternidad y el trabajo reproductivo en las
propias mujeres; los cambios en las formas de producción, son factores que en conjunto pueden
explicar los cambios que registra el censo de 1930 en la participación laboral de las mujeres.
También es necesario tener en consideración, en especial en el periodo de los gobiernos radicales, el
discurso gubernamental que desincentivaban la incorporación de mujeres al mercado laboral. Sin
embargo, en los censos de los años cuarenta y cincuenta se advierte un aumento de la población
ocupada femenina, que prácticamente se mantiene en las dos décadas posteriores.
Respecto de las características de la fuerza de trabajo, tanto en el caso de los hombres como de las
mujeres, se concentra en edades intermedias (25 a 44 años) y se produce un aumento de la
población activa que cuenta con instrucción y con instrucción orientada al trabajo. Si bien el
aumento de la población con 10 años y más de educación es más notorio entre las mujeres activas,
ello no quiere decir necesariamente que las mujeres tengan mayores niveles de educación que los
hombres, sino que para ellas contar con educación parece ser un factor que incide, más que en el
caso de los hombres, en su inserción en el mercado laboral. Es interesante señalar también que entre
1960 y 1982 se observa un aumento de mujeres casadas y madres en la fuerza de trabajo femenina.
En relación a las ramas económicas que concentran el empleo, se puede afirmar que la Agricultura
sigue siendo la primera rama en términos de ocupados, pero con una fuerte caída que la deja en un
segundo lugar hacia 1970. La Industria mantiene el segundo lugar como fuente de ocupación que
había alcanzado desde comienzos de siglo, pero ya en 1940 es desplazada a un tercer lugar por la
rama de Servicios que se convierte desde esa fecha en la segunda en importancia en términos de
437
concentración de ocupados, y que en 1970 llega a ocupar el primer lugar desplazando a la
agricultura.
Al igual que en el periodo anterior, se observa una distribución sexual de hombres y mujeres en el
mercado laboral. En el caso de los hombres la agricultura es la principal fuente de empleo, a pesar
de que disminuye el porcentaje de ocupados hombres en ella; le sigue la producción industrial; y en
tercer lugar los servicios y el comercio, siendo la rama de servicios la que mayor crecimiento
experimenta desplazando en 1970 a la industria como segunda rama en importancia entre la
población ocupada masculina.
Entre las mujeres, la rama de servicios ocupa el primer lugar, le sigue la industria, que muestra una
notoria baja en relación a la importancia que tuvo para el empleo femenino durante el primer
periodo, y el tercer lugar lo ocupa el comercio.
Al mirar la composición por sexo de los ocupados dentro de cada rama, se advierte que al igual que
en el periodo anterior, las ramas de agricultura, minería y transportes son claramente masculinas
(más del noventa por ciento de los ocupados son hombres). Se aprecia una masculinización de la
industria, tendencia que se venía observando ya en la década del veinte. En tanto, la rama
feminizada más importante la constituye servicios, entre cuyos ocupados las mujeres representan
más de la mitad; en segundo lugar se ubica la producción industrial, y en tercer lugar el comercio,
que en 1970 pasa a ocupar el segundo lugar.
En el periodo se produce una diversificación de los sectores donde se inserta la fuerza de trabajo
femenina. El fuerte crecimiento de la fuerza de trabajo femenina en la rama de servicios trajo
consigo cambios pero también continuidades. Entre las continuidades, el servicio doméstico sigue
concentrando un porcentaje significativo de la fuerza de trabajo femenina, que aumenta hasta el año
1960 alcanzando más del treinta por ciento de las mujeres ocupadas, para posteriormente mostrar
una disminución; y se acentúa el carácter femenino de esta ocupación (en 1930 el 87.1% de las
personas que trabajan en esta ocupación son mujeres, para los años siguientes el porcentaje supera
el 90%). Y entre los cambios, se observa un aumento de las mujeres que ejercen profesiones
liberales. En general, se advierte una mayor presencia de empleos para mujeres que requieren de
mayor preparación técnica así como la presencia de profesionales, especialmente en el ámbito de la
educación y la salud. También se abren nuevas carreras que ofrecen nuevas posibilidades de
profesionalización para las mujeres, entre las que se destaca el trabajo social, que expresa la
profesionalización de actividades sociales y de beneficencia tradicionalmente realizadas por
mujeres.
Se advierte un aumento de los profesionales, el personal administrativo y los vendedores, aumento
que se debe especialmente a la mayor cantidad de mujeres en cada uno de estos grupos
ocupacionales.
La participación de las mujeres en la producción industrial disminuye significativamente, pero sigue
concentrándose en la sub rama textil y de confección. Este tipo de trabajos, que mantienen su
carácter históricamente femenino, se realizan tanto dentro de fábricas y talleres como desde las
propias casas. El carácter doméstico de esta producción vinculada fundamentalmente a la
confección de vestuario, pero también a la preparación de alimentos, la fabricación de juguetes,
objetos decorativos, etc., las había especialmente adecuadas para las mujeres en la medida que,
438
como se señalaba frecuentemente, les permitía a las mujeres ejercer actividades generadoras de
ingreso sin abandonar a los hijos y las labores domésticas.
Durante el último periodo analizado, que va desde 1973 a 2000, se aprecia un aumento importante y
sostenido de la participación laboral de las mujeres, el que supera el aumento de las tasas de
participación laboral de los hombres, tanto en las zonas urbanas como rurales. En tanto las tasas de
participación de los hombres disminuyen. Durante los años setenta, los procesos de reestructuración
económica provocan, entre otros fenómenos, un serio problema de empleo, lo que explica que la
desocupación de las mujeres tenga mucha importancia en el aumento de sus tasas de participación
laboral, especialmente por el mayor número de mujeres que buscan trabajo por primera vez. De
hecho, desde mediados de los setenta, y exceptuando los primeros años de comienzo de la década
de los ochenta, las tasas de desocupación de las mujeres han superado a las de los hombres hasta la
actualidad. Junto con ello, las mujeres ocupadas también han aumentado.
Este aumento de la participación laboral de las mujeres expresa un cambio de la visión de las
mujeres sobre de sí mismas en relación al empleo. Por una parte, da cuenta de los cambios que se
puede estar produciendo entre las mujeres en relación a la idea tan difundida de ser una fuerza de
trabajo secundaria, temporal. Por otra parte, evidencia las menores oportunidades de empleo que
ellas tenían y siguen teniendo frente a expectativas crecientes.
Respecto de las características de la fuerza de trabajo, en la década del setenta se aprecia un
aumento de las jefas de hogar activas. Se mantiene una disminución de la participación laboral de
personas menores de 20 años debido a la prolongación de la educación formal así como por las
transformaciones en el propio mercado de trabajo que demanda una fuerza de trabajo con mayor
preparación. Sigue aumentando la participación de personas en edades centrales, y no solo hombres
sino también mujeres, lo que expresa cambios en el comportamiento laboral de ellas en edades en
las que solían alejarse del mercado o aplazar su ingreso a él. También se observan aumentos de la
participación laboral de mujeres en los tramos de 35 a 54 años.
Como se ha señalado la participación laboral de las mujeres se ve muy influenciada por su estado
civil, así como por la presencia, número y edad de los hijos. En este sentido aunque en las décadas
de los setenta hasta los noventa la tasa de participación laboral de las mujeres casadas y madres
sigue siendo inferior a las de mujeres solteras y sin hijos, se observa un aumento de la tasa de
actividad de las mujeres casadas durante el periodo. Además, las mujeres tienden a permanecer en
el mercado aún con la llegada de los hijos, lo que se traduce en una reducción de las interrupciones
en sus trayectorias laborales y de los años brutos de vida activa. De todos modos las distancias que
muestran en ambos indicadores con respecto de las trayectorias de los hombres se mantienen.
Se advierte además un aumento de los niveles educacionales de la fuerza de trabajo, y una relación
entre dichos niveles y las tasas de actividad: hombres y mujeres que cuentan con escolaridad
superior muestran mayores tasas de actividad. A pesar de ello, a igual nivel educacional, los
hombres acceden a mejores oportunidades de empleo que las mujeres.
Por otra parte, el nivel educacional es el factor que más diferencia las tasas de participación entre
las mujeres. Es decir, entre ellas (más que entre los hombres) el contar con educación marca más
diferencias en relación a los niveles de participación laboral. Ello debe entenderse por la relación
439
existente entre niveles de educación y niveles de ingreso, los cuales permiten acceder a servicios de
cuidado infantil y trabajo doméstico.
Durante el periodo se observa que la rama servicios desplaza a la agricultura en términos de
empleo. En todo el periodo un treinta por ciento de la población se concentra en servicios,
mostrando además un crecimiento sostenido. Solo el año 1982, la agricultura ocupa el segundo
lugar en términos de concentración de empleo, siendo desplazada en los dos censos posteriores
por la rama comercio, y por la producción industrial.
El aumento del empleo en el servicio obedece a un aumento tanto de los hombres como
especialmente de las mujeres. Lo mismo sucede en el comercio, aunque aquí es mayor el
aumento del empleo masculino. Y en el caso de la industria el empleo masculino se mantiene en
tanto el femenino disminuye.
En cuanto al empleo agrícola la disminución obedece principalmente a la caída del empleo
masculino pues el empleo femenino registró una baja mucho menor, a pesar de la magnitud del
sub registro de la mano de obra femenina que trabaja en la agricultura.
Un análisis de la estructura del empleo respecto de la distribución de hombres y mujeres en el
mercado de trabajo, indica que si bien se observa un aumento de la participación de mujeres en
diferentes ramas y ocupaciones no tradicionalmente femeninas, ello no alcanza a transformar la
segregación por sexo vista en épocas anteriores. Es decir que el aumento del número de mujeres
en el mercado laboral no ha generado cambios notorios en la segregación sexual del trabajo, lo
que se traduce en que el carácter femenino de algunas actividades se acentúe ya que se mantiene
o aumenta la concentración del empleo femenino en ellas.
Entre 1970 y comienzos de los noventa, los hombres se concentraban en las actividades de
producción extractiva (minería, pesca, agricultura) y en la producción que transforma materiales
(Manufacturas, Construcción). Las mujeres se concentraban en la Administración (privada y
sobre todo pública), el Comercio, los Servicios a las personas, las comunicaciones, la salud, la
educación, el cuidado de los niños y ancianos. También se ubicaban en la transformación de
alimentos, la costura, digitación, armado de piezas pequeñas, selección de frutas, control de
calidad.
Un análisis de la distribución de mujeres por ocupaciones entre 1970 y 1995 muestra un
incremento de los porcentajes de mujeres ubicadas en 23 ocupaciones (de un total de 88) que
ocupaban más mujeres en términos absolutos; y en el caso de las ramas, se observa un
crecimiento mayor del empleo femenino en ramas feminizadas.
Los análisis desde mediados de los años ochenta a mediados de los noventa muestran algo
similar. Si bien el empleo femenino creció a un ritmo superior al de los hombres en todas las
ramas de actividad económica, el empleo femenino siguió concentrándose en el sector terciario
(casi 80% en 1996 frente a un 47,8% de los hombres), siendo las ramas más importantes
Servicios comunales, sociales y personales y Comercio. En el caso del servicio doméstico, la
información censal indica que si bien el porcentaje de mujeres ocupadas en esta actividad sobre el
total de ocupadas disminuyó en el periodo, el carácter feminizado de ella se mantiene: con
fluctuaciones, casi el 90 por ciento de los ocupados en este sector son mujeres.
440
Por otra parte, algunos estudios indican para la década de los noventa, una disminución de los
índices de segregación de género por rama y por ocupaciones.
Respecto de las condiciones de trabajo, algunos estudios señalan una mayor presencia de mujeres
en empleos precarios en los años noventa, y aunque se apreciaba una disminución de los
trabajadores en este tipo de empleos, los niveles de precarización de las ocupadas eran mayores que
entre los ocupados.
La situación descrita muestra las oportunidades que se han abierto para las mujeres en el mercado
de trabajo, junto con la mantención de una serie de dificultades que deben enfrentar, segregación,
mayores niveles de precarización, brechas salariales. Ello no desconoce los avances que han
ocurrido en algunos de estos ámbitos, pero si destaca la lentitud de estos avances lo que hace aún
difícil el desarrollo de las trayectorias laborales de las mujeres en igualdad de condiciones que los
hombres.
–
Representaciones sobre el trabajo productivo y reproductivo desarrollado por
mujeres
Hacia fines del siglo XIX, las mujeres, especialmente las de sectores más pobres, llevaban décadas
ejerciendo actividades remuneradas. No obstante durante las últimas décadas del siglo XIX y
comienzos del XX, su creciente migración a las ciudades y especialmente su ingreso a la
producción industrial les otorgó una gran visibilidad en los debates y discusiones sobre el trabajo
femenino, sobre los riesgos de diverso tipo que representaban específicamente el trabajo industrial,
y sobre la necesidad de legislar en materia laboral.
Las obreras pasaron a ser el símbolo de los peores excesos del capitalismo industrial, una de las
manifestaciones más importantes de la “cuestión social” (Hutchison, 2006) fundamentalmente por
la amenaza que este tipo de trabajo representaba a sus capacidades reproductivas, es decir, a su
condición de madre. Y en torno a esta amenaza, conservadores, liberales, socialistas y demócratas,
la iglesia católica y profesionales de la salud, estuvieron de acuerdo en apoyar una actitud más
intervencionista del Estado, propiciando una legislación protectora hacia las mujeres.
La centralidad que adquiere la maternidad como modelo de feminidad, es una cuestión que
caracterizó el discurso que desde distintos sectores sociales se dirigió a las familias populares.
Como lo explica Brito (2005), estos discursos reforzaron los roles de madre y esposa entre mujeres,
y se enmarcaron dentro de los esfuerzos de regeneración de las familias populares que desplegaron
diversos sectores de las élites a comienzos de siglo XX, en el marco de la cuestión social, como una
forma de disciplinamiento social que contribuía a la proletarización de las clases populares.
Desde una concepción del trabajo femenino –especialmente el fabril- como una amenaza a las
responsabilidades maternales y domésticas de las mujeres, las trabajadoras comenzaron a adquirir
visibilidad en el debate de políticos y parlamentarios. Y si bien las extensas jornadas y los bajos
salarios fueron frecuentemente denunciados por organizaciones de trabajadores, pesó más el
argumento de la amenaza a sus capacidades reproductivas al momento de defender la necesidad de
reglamentar el trabajo femenino.
441
Esta visibilidad de las trabajadoras no debe confundirse con el inicio de sus actividades productivas
remuneradas o con el total desplazamiento de la producción de los hogares a las fábricas, en el
marco de los inicios del capitalismo industrial. Sin duda que dicho modelo de desarrollo incorporó
mujeres a los nuevos establecimientos fabriles, pero lo hizo fundamentalmente en algunas
actividades que ya venían realizando desde sus casas, y no eliminó el trabajo a domicilio; además
muchas mujeres ya habían salido de sus hogares para ejercer actividades remuneradas, por ejemplo,
en el servicio doméstico. Entonces, la visibilidad expresa más bien una concepción de que el
ejercicio de ciertas actividades remuneradas, ciertos lugares de trabajo, eran perniciosos para los
roles de género atribuidos a ellas. La presencia de mujeres en fábricas alteraba las relaciones de
género dentro de la clase obrera al situarlas en un espacio masculino bajo la dirección de hombres
que no eran familiares, podía darles mayor libertad y la oportunidad de ingresar a organizaciones de
trabajadores; y presionaba por la baja de los salarios.
Por otra parte, estos primeros debates sobre la protección de las madres trabajadoras al dirigirse a
las obreras, dejaron fuera por décadas al alto número de mujeres que desde décadas se
desempeñaban en ocupaciones como el servicio doméstico, o que trabajaban a domicilio
Lo ocurrido no es exclusivo de nuestro país. Tal como Joan W. Scott (2000) lo documenta para el
caso de Europa y Estados Unidos, la visibilidad de las mujeres trabajadoras durante el siglo XIX en
el marco de la revolución industrial, fue producto de una ‘visión problemática’ de su presencia en
las fábricas. La fuente del ‘problema’ se situó –explica Scott- en un esquemático modelo de
transferencia de la producción doméstica a la producción fabril, el traslado de la localización del
trabajo de la casa a la fábrica, de la producción industrial casera a la manufactura, que tuvo lugar
durante el proceso de industrialización. Ello habría alterado las posibilidades de las mujeres de
articular con éxito las actividades remuneradas y el cuidado de los hijos, como lo habían hecho
durante el período pre industrial, lo que las obligaba a trabajar solo por periodos cortos, en casos en
que el marido no pudiera mantener a la familia, en ciertos empleos mal remunerados, menos
cualificados. Para las mujeres entonces se reservaba como misión principal la maternidad y el
trabajo doméstico, por sobre cualquier identificación ocupacional de largo plazo.
En Chile, el carácter problemático de la presencia de las mujeres en las fábricas a comienzos de
siglo se relacionó con una serie de factores que describe Hutchison (2006). Dicha presencia
“amenazaba las relaciones patriarcales dentro de la clase obrera, ponía a las mujeres casi al nivel de
los hombres como asalariados; literalmente situaba a las mujeres en el espacio masculino de la
fábrica bajo la dirección de hombres que no eran miembros de la familia; y su presencia allí
aumentaba la presión por la baja de los salarios; y, con algunas excepciones, amenazaba con
socavar la “virilidad” del movimiento obrero” (p. 120).
La firme convicción de que el trabajo fabril constituía un serio peligro a la condición de madre de
las mujeres, generó lo que Hutchison (2006) denomina un “consenso moral” en relación a la
necesidad de protegerlas atendiendo a dicha condición. En base a esta visión de las mujeres
fundamentalmente como madres a las que había que proteger, los legisladores enfatizaron la
vulnerabilidad física y moral de todas las trabajadoras, en especial las que trabajaban en
establecimientos industriales, y sus propuestas se dirigieron a proteger a la mujer embarazada,
parturientas o madres amamantando, buscando asegurar el empleo continuado de las mujeres bajo
condiciones más seguras para la crianza de los niños. Esta preocupación de políticos, autoridades y
medios de comunicación, también se alimentó de la creciente evidencia científica respecto de la
442
conexión entre empleo femenino y elevadas tasas de mortalidad infantil41. Desde la medicina, se
señalaba que el trabajo en las grandes ciudades y en establecimientos industriales que ocupaban a
un número creciente de mujeres, era el principal obstáculo para la crianza materna y uno de los
factores que explicaba las elevadas cifras de mortalidad infantil (Hutchison, 2006).
De acuerdo con estos planteamientos, y siguiendo la dirección de la legislación francesa -orientada
a acoger a las madres obreras y no promover su retiro total del mercado laboral- se discutió la
necesidad de establecer salario mínimo y legislar el máximo de horas de trabajo. En cambio en el
caso de los hombres adultos trabajadores, se consideró que estas protecciones no tenían sentido
puesto que ellos no estaban impedidos por la maternidad ni por la debilidad física, por tanto, se
esperaba que trabajaran a tiempo completo y que negociaran con los empleadores por un salario
justo de acuerdo a sus necesidades (solteros, casados, etc.)” (Hutchison, 2006: 250).
No obstante, es importante recordar que los primeros debates sobre la necesidad de legislar la
situación de las madres trabajadoras, así como las acciones de muchas organizaciones de
trabajadores incluyendo algunas femeninas, se dirigieron principalmente a aquellas mujeres que
laboraban en la manufactura, dejando fuera al alto número de mujeres que desde décadas se
desempeñaban en ocupaciones como el servicio doméstico, y cuyo número, a diferencia de lo que
sucedió con las mujeres en la industria, no disminuyó sino que se mantuvo durante todo el período.
En síntesis, este acuerdo en torno a la necesidad de regular y proteger el trabajo femenino, en un
momento en que si bien se habían aprobado un conjunto de leyes orientadas a la regulación de las
condiciones de trabajo aún no se había logrado establecer un sistema de relaciones laborales (Rojas,
2007), a juicio de Hutchison (2006) anticipó y preparó a la elite política para la transición hacia el
establecimiento de dicho sistema.
Durante las décadas del treinta al setenta es posible apreciar diferentes representaciones sobre el
empleo de las mujeres. Por una parte, desde una concepción del trabajo femenino como expresión
fundamentalmente de necesidad, y de las mujeres esencialmente como madres trabajadoras, la
participación laboral femenina fue concebida como un problema, una desgracia a la que se veían
enfrentadas mujeres especialmente pobres, por la falta de protección masculina, que alteraba el
bienestar familiar, las relaciones de pareja, el cuidado de los hijos e incluso en algunos casos, la
integridad física y moral de las mujeres. No obstante, estas concepciones convivieron con aquellas
provenientes de algunas organizaciones de mujeres en pro de los derechos civiles, para quienes el
acceso al trabajo remunerado fue concebido como un derecho de todas las mujeres, como una
condición indispensable para alcanzar la emancipación femenina. El aumento de las mujeres
profesionales y la diversificación de ocupaciones desempeñadas por ellas, en especialmente en
labores que requerían mayor calificación y vinculadas a los servicios y a la administración pública,
también contribuyó a debilitar la estrecha asociación entre trabajo femenino y pobreza. Estas
mujeres que contaban con mayores niveles de instrucción, muchas de las cuales provenían de
sectores medios, que estaban ingresando a la administración pública, a almacenes, tiendas, y que
aumentaban su presencia en el trabajo como personal de salud y maestras, evidenciaron que el
trabajo remunerado femenino fuera de los hogares no era solo una cuestión de las mujeres de
41 Entre 1906 y 1910, las tasas de mortalidad infantil nacionales ubicaron a Chile por sobre las peores cifras de países europeos:
304.9 por 1000 nacimientos hasta un año de edad. Por esos años, Suecia presentaba las mejores tasas: 73.5 por 1000 nacimientos
(Croizet, 1912, citado en Hutchison, 2006).
443
sectores populares y que no estaba exclusivamente relacionado con la necesidad y la supervivencia:
también se vinculaba con el desarrollo profesional y personal de las mujeres. La figura de las
mujeres profesionales, que van creciendo en número y en visibilidad, condensa muchas de estas
opiniones que relacionan el empleo femenino no con pobreza sino con realización profesional y
personal.
Hacia el final del periodo, algunos estudios que consultaron la opinión directamente de la población
permiten advertir la convivencia de ambas visiones sobre el empleo femenino, y junto con ello,
identificar aquellos sectores sociales en los que predominaba una y otra visión. De ellos se
desprende que entre las mujeres y entre hombres de niveles profesionales y sectores medios altos,
comienza a aumentar una visión del empleo femenino como una oportunidad de desarrollo para las
mujeres. En tanto en sectores de menores ingresos y menos niveles educacionales predomina una
visión del empleo femenino como un problema. A pesar de estas interesantes diferencias, que se
acentuarán en décadas posteriores, lo que parece seguir predominando es una idea de que el trabajo
remunerado realizado por mujeres fuera de los hogares era una actividad que alteraba el orden
familiar, las relaciones de pareja y las relaciones de género en un sentido más general
Esta visión del empleo femenino expresa la mantención de una fuerte asociación de las mujeres con
el trabajo reproductivo: es precisamente por el papel que a las mujeres les cabe en las familias, en el
trabajo de cuidado y en las labores domésticas, el trabajo remunerado fuera de casa constituye un
problema.
El predominio de estas imágenes sobre el empleo femenino no niega la presencia de mujeres en
fábricas y talleres, en casas particulares y oficinas. Se reconoce que muchas mujeres trabajan, que
deben hacerlo para mantener a sus familias y que un número creciente de mujeres educadas quieren
hacerlo por esta y otras razones. Frente a esta realidad, una serie de ideas circularon respecto de
cuales eran los trabajos más apropiados para ser ejercidos por las mujeres, ideas que constituyen
otro de los ejes en torno al cual se articulan las imágenes del trabajo productivo y reproductivo
realizado por las mujeres.
Durante las últimas décadas del siglo, los cambios ocurridos en el modelo de desarrollo y su
impacto en la organización de las relaciones de trabajo y la producción, trajeron consigo
importantes cambios en los patrones de comportamiento laboral de las mujeres así como en las
representaciones sociales en torno al trabajo femenino.
La inserción laboral más numerosa, más permanente, más diversificada de mujeres que muestran
mayores niveles de educación, ha sido acompañada de la presencia de movimientos e
instituciones que han visibilizado las desigualdades entre hombres y mujeres como un problema
social, y ya en la década del noventa las han incluido como parte de la agenda gubernamental. De
esta manera han permitido que la participación laboral de las mujeres adquiera de manera más
preponderante, sentidos más positivos tanto para las propias mujeres como para las familias y la
sociedad en un sentido más amplio.
De este modo, la positiva visión del empleo femenino que expresaban hacia finales de los sesenta y
comienzos de los setenta predominantemente las mujeres, y en especial, quienes pertenecían a
sectores socioeconómicos medios y medios altos que contaban con mayores niveles de educación
(Mattelart y Mattelart, 1968; Ducci et al., 1972), se expande hacia fines de los años noventa a
444
amplios sectores de la población. Así, aunque persistan mayores niveles de rechazo hacia el trabajo
remunerado de las mujeres entre quienes provienen de clases más bajas y que cuentan con menores
niveles de educación (Grupo Iniciativa, 1999), de todos modos una amplia mayoría reconoce
reconoce en el empleo un legítimo espacio de autonomía, realización y valoración para las mujeres.
Ello ha puesto en tensión los referentes de género que asignaban en forma exclusiva a los hombres
el trabajo productivo y a las mujeres el trabajo reproductivo, y los modelos de familia que se
sustentaban en dicha distribución del trabajo. Así, el modelo padre proveedor y mujer madre dueña
de casa se ha visto confrontado por exigencias, expectativas e ideales que van en diferentes
direcciones, especialmente por el mayor distanciamiento de las mujeres de repertorios que
centraban sus identidades exclusivamente en el ser madres y dueñas de casa.
En este contexto, la preocupación gubernamental y de organismos internacionales, ha sido elevar
las bajas tasas de participación laboral femenina que muestra el país en relación a otros países de la
región, en la medida que se reconoce el aporte del empleo de las mujeres en la reducción de la
pobreza. En consecuencia, y a diferencia de lo que sucedía hacia mediados de siglo, las políticas
públicas han buscado incentivar el empleo femenino.
De este extenso recorrido respecto de la evolución del empleo de las mujeres, así como de las ideas
que circularon en torno a él y a las responsabilidades familiares asignadas a las mujeres, se puede
observar que en cada uno de los momentos históricos analizados, el trabajo femenino fue materia de
debate público.
En los inicios y en las últimas décadas del siglo XX, el trabajo de las mujeres se problematiza y
adquiere una especial visibilidad en el debate público. Los contenidos de este debate son diferentes.
Mientras el “problema” del trabajo de las mujeres a comienzos de siglo era la amenaza que
representaba a las capacidades reproductivas de las mujeres, hoy el problema parece ser cómo
lograr una mejor articulación entre el trabajo y familia, y cómo elevar la participación laboral
femenina. En tanto a mediados de siglo, la implementación de un modelo de desarrollo hacia
adentro basado en un fomento a la industrialización, buscó más bien desincentivar el empleo
femenino y reforzar el modelo familiar de hombre proveedor y mujer dueña de casa.
Pareciera ser que precisamente en los momentos históricos en los cuales se asiste a cambios
significativos en los modelos de desarrollo económico, el trabajo de las mujeres cristaliza muchas
de las oportunidades, problemas y desafíos que ello trae consigo. A comienzos de siglo los debates
sobre la presencia de las mujeres en fábricas contribuyeron a poner en evidencia las malas
condiciones en las que laboraban mujeres y hombres, la ausencia de regulación laboral, y también
implicó (dicha presencia) una alteración del carácter exclusivamente masculino asignado a ciertas
actividades y espacios sociales (la fábrica, la organización de trabajadores). A mediados de siglo el
discurso de organismos estatales buscaron reforzar los roles de madres, esposa y dueña de casa de
las mujeres y desincentivaron el ingreso de ellas al mercado de trabajo. En las últimas décadas, los
cambios que ha experimentado la participación laboral de las mujeres (crecimiento, diversificación,
mayor permanencia, etc.) han puesto en evidencia la persistencia de procesos de segregación laboral
por razones de género que las afectan (brecha salarial, segregación vertical y horizontal, trayectorias
laborales más interrumpidas), así como la estrecha relación entre el trabajo que ellas realizan para el
mercado y sus responsabilidades familiares.
445
El debate sobre las mujeres trabajadoras a comienzos de siglo expresó la necesidad de cambiar la
forma como se concebía y organizaba el trabajo productivo, en tanto a fines de siglo dicho debate
expresa la necesidad de cambiar tanto la forma como se organizan y distribuyen las oportunidades
laborales para mujeres y hombres, como también el modo de articular el trabajo productivo y
reproductivo, es decir, hacer cambios tanto dentro del mercado de trabajo como fuera de él que
implican una transformación de la distribución del trabajo socialmente necesario.
Lo señalado pone de manifiesto que el estudio del trabajo femenino no es una cuestión que ataña
solo a las mujeres. Constituye un lugar desde donde poder analizar la estrecha relación entre
modelos de desarrollo económico y orden social, entre la organización de la producción y la
organización familiar, entre la estructura del empleo y las identidades de género.
–
La evolución del trabajo voluntario femenino
El Estado chileno careció de sistemas adecuados de seguridad social hasta avanzado el siglo XX.
Las congregaciones religiosas y filántropos asumieron la ejecución y el financiamiento de las
labores caritativas hacia una enorme población pobre. Estas acciones generalmente se enfocadas
más al buen morir que a la salud pública. Hacia las últimas décadas del siglo XIX, el
empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades provocadas por una creciente migración
campo-ciudad, agudiza la pobreza y aumenta la conflictividad social. La preocupación de las clases
acomodadas por esta situación se traduce en un aumento de los recursos destinados a paliar las
necesidades de los pobres, tanto por motivos filantrópicos como por razones de seguridad nacional.
Las organizaciones que surgieron desde la década de 1880 en adelante tuvieron la particularidad de
incluir entre sus miembros activos a mujeres voluntarias de la clase alta. Las señoras de elite
trabajaron en contacto directo con las personas necesitadas y de éste modo generaron un vínculo
entre elite y pueblo mediado por la beneficencia. Si bien la elite históricamente había realizado
donaciones caritativas a las congregaciones, la novedad radicó en la incorporación de las señoras en
la realización de estas labores, en tanto los hombres se mantuvieron fundamentalmente en su
calidad de donantes.
Las abrumadoras condiciones de pobreza en las que vivían una importante cantidad de población,
fueron enfrentadas por estas organizaciones a través de la realización de labores de ayuda
asistencial en las áreas de salud, alimentación, vestimenta, vivienda, además de otras ayudas
enfocadas en la promoción, tales como educación para niños y niñas y capacitación en oficios,
generalmente “adecuados” para cada sexo. Otro tipo de ayuda fue la clasificada como moralizante
que junto con el acompañamiento, especialmente a enfermos y sus familias, fue realizada
principalmente por instituciones con fundamentos católicos. Por otro lado las acciones de
reivindicación de derechos fueron más tardías y realizadas mayormente por organizaciones laicas.
El trabajo remunerado femenino, como ya se mencionó, fue considerado un mal social asociado
fundamentalmente a mujeres pobres que repercutía en el abandono de los deberes maternales y
domésticos. Fue labor de varias instituciones de beneficencia procurar que los lugares de trabajo de
las mujeres se encontraran dentro de lo aceptable a fin de prevenir la “degradación” de su condición
y evitar que ejercieran la prostitución. Mediante la capacitación de las jóvenes en oficios respetables
y la búsqueda de cambios legales y campañas públicas de censura a los que abusaban de mujeres,
estas instituciones actuaron paralelamente a las primeras leyes de protección laboral.
446
Por otra parte, para las mujeres de elite el trabajo remunerado no fue una opción hasta mediados del
siglo XX, y para la gran mayoría su tarea fundamental consistía en administrar el hogar
adecuadamente y ocuparse del bienestar familiar. Su participación en la vida pública estaba
restringida a unos pocos espacios entre de los cuales las instituciones de voluntariado tuvieron un
rol destacado. La beneficencia se convirtió en una marca distintiva de las mujeres de clase alta, una
tradición de familia. El trabajo voluntario fue considerado como una actividad no solo apropiada a
las características propias del sexo femenino -fuertemente relacionada con el rol materno-, sino
también deseable. Por sus cualidades morales las señoras que realizaban trabajo de beneficencia
fueron consideradas por el resto de la elite y de los políticos como los agentes más idóneos para
asistir a la población necesitada.
Esta visión se mantuvo durante las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, ya en esos años
surgieron voces, especialmente entre grupos médicos, que criticaron la efectividad de la caridad
privada y el rol que cumplían las señoras de elite. Por ello abogaron por la profesionalización de los
servicios sociales. No obstante, el sistema de visitación en los hogares que implementaron las
organizaciones de beneficencia ya a inicios del siglo XX, fue adoptado por las políticas públicas
estatales, eso si, con asistentes sociales universitarias.
Los años 30 y 40 se caracterizaron por un aumento de los derechos y una mayor organización y
ampliación de la cobertura de políticas sociales. La beneficencia comenzó a perder valoración
social a favor de la asistencia pública estatal, no obstante, las instituciones benéficas y las señoras
de elite que realizaban el trabajo voluntario no desaparecieron sino que adaptaron su labor a los
espacios de ayuda que aún no cubría el Estado.
En la década del 50 comenzaron a integrarse mujeres de clase media al trabajo de beneficencia,
principalmente en organizaciones vinculadas a las fuerzas armadas y a organismos estatales. Se
trata de “esposas de” miembros de dichas instituciones públicas. El tipo de beneficencia que
realizaron estas instituciones de reciente creación, junto con las que ya existían, se mantuvo sin
grandes modificaciones, con gran parte de las tareas destinadas a ayuda asistencial. El modelo de
familia privilegiado tanto por las políticas estatales como por las organizaciones de beneficencia
fue, al igual que en las décadas anteriores, el de padre-proveedor y madre-dueña de casa. La
ilegitimidad de las uniones de hecho en las familias populares fue “castigada” con medidas que
privilegiaban la formalización de los matrimonios. Tanto las señoras de la beneficencia como las
asistentes sociales fomentaron la legalización de las uniones, ya que se consideraba aún que parte
de las razones de la pobreza y la desprotección podrían “remediarse” de esta forma.
Hasta fines de los años ’60 el sujeto ideal para el trabajo voluntario siguieron siendo las mujeres y
las razones siguieron apelando a su “naturaleza” y su condición de madre. Sin embargo, en esos
años surgió otro agente importante del voluntariado: los jóvenes. Ya en los ’70, los discursos
presidenciales llamaban a los jóvenes, sin distinción de sexo, a realizar trabajos voluntarios con el
pueblo. Los jóvenes en general, y los estudiantes universitarios en particular, comenzaron a ser
considerados los más idóneos para realizar trabajos voluntarios y las razones también obedecieron a
sus características naturales. Ellos tendrían mayor vitalidad y no se encontrarían aún contaminados
por los “vicios que llegan con la edad”. Jóvenes y estudiantes realizaron trabajos asistenciales, y
junto con ello trabajos con carácter político y promocional, y se dirigieron a la población pobre
especialmente en su condición de “trabajadores”.
447
Este discurso que privilegiaba a los jóvenes, de ambos sexos como voluntarios se vio interrumpido
con la dictadura. Para el régimen militar, los trabajos voluntarios universitarios resultaban
sospechosos, y más bien se fomentó un tipo de voluntariado considerado el único que contribuía a
los intereses de la patria: aquel realizado por mujeres asociadas al régimen. Este voluntariado
oficialista llevó a cabo principalmente acciones de carácter asistencial y se concibió a si mismo
como a-político, aunque muchas de sus acciones tuvieron un claro carácter proselitista. Las señoras
que realizaron este trabajo estuvieron vinculadas al régimen, fundamentalmente en su condición de
“esposas de”, y fueron llamadas directamente por Pinochet en su calidad de madres y atendiendo a
su patriotismo. Se apeló a su carácter moral ejemplar para educar a las mujeres populares, para
mantener apropiadamente un hogar y para hacer rendir los cada vez menores ingresos que estas
familias recibían debido a las crisis económicas y al creciente desempleo.
Las mujeres pobres, por su parte, se vieron enfrentadas a un discurso que volvía a privilegiar la
permanencia de ellas en su rol de dueña de casa, pero por otra parte, debido a las crisis económicas
un creciente número de mujeres comenzó a buscar empleo, elevando la tasa de desempleo femenina
a niveles superiores a las de los hombres. En general, estas mujeres accedían a trabajos informales y
mal remunerados que contribuían al exiguo presupuesto familiar.
El otro tipo de voluntariado que se realizó durante la dictadura fue uno “no oficial”, de oposición al
régimen. Aquí aparecen organizaciones vinculadas a las diversas confesiones religiosas, con gran
importancia de la Iglesia Católica, organismos no gubernamentales (ONGs) que combinaron trabajo
remunerado con acciones voluntarias, y un tercer grupo fueron los estudiantes universitarios. Este
voluntariado no oficial se enfocó en ayudas destinadas a asistir principalmente a la población pobre
y a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Estas organizaciones fueron integradas
indistintamente por hombres y mujeres, y su trabajo contempló desde la ayuda asistencial (ollas
comunes, asistencia médica, alimentos, etc.) hasta la asistencia en materia de defensa de derechos
(conformación de departamentos legales y educación en derechos).
Con el retorno a la democracia se evidenció un aumento de este heterogéneo voluntariado y de las
formas de trabajo social independientes del Estado -denominado Tercer Sector-, al mismo tiempo
que un proceso de mayor profesionalización y especialización en el tipo de actividades realizadas.
En este contexto, las instituciones de voluntariado tradicional siguen siendo una parte importante de
este diverso y numeroso sector, aunque con importantes modificaciones. En efecto, con el nuevo
aumento de derechos y de cobertura estatal en los problemas sociales e voluntariado tradicional
circunscribe su radio de acción en los espacios no abarcados por el Estado. Si bien muchas de estas
organizaciones mantendrán tipos de ayuda similares a los que históricamente han realizado, la
particularidad de las últimas décadas radica en que en este tipo de organizaciones también se
advierte una mayor profesionalización y focalización del trabajo que realizan.
Entre las continuidades que se observan, las mujeres siguen siendo un porcentaje mayoritario de los
miembros de estas organizaciones tradicionales. Si bien estas instituciones no suelen considerar el
sexo como criterio de selección de sus miembros, en las entrevistas realizadas a mujeres voluntarias
se puede observar la presencia de una idea más o menos generalizada de que son las mujeres
quienes mejores condiciones y atributos naturales tienen para realizar este tipo de actividades. No
obstante, como lo señalan las mismas entrevistadas, la convocatoria que entre mujeres ha
disminuido notoriamente. Entre las razones que explicarían esta situación, se menciona el aumento
448
de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el menor tiempo disponible. Ello
habría provocado un “envejecimiento” del perfil de las voluntarias.
La reconstrucción de la larga trayectoria seguida por el trabajo voluntario en Chile, ha permitido
evidenciar el importante papel que en ello han ocupado las mujeres, primero mujeres religiosas y de
elite, luego crecientemente mujeres de clases medias, profesionales, jóvenes. Por otra parte, ha sido
posible observar que si bien la beneficencia funcionó a favor del orden establecido y como un
contenedor del conflicto social, por otra parte, contribuyó a la visibilización y atención de los
problemas sociales. Las mismas limitaciones que mostró el trabajo de beneficencia puso en
evidencia la necesidad de una mayor profesionalización, especialización e intervención de parte del
Estado. Por otra parte, desde temprano, durante el siglo XX surgen algunas instituciones que junto
con el trabajo asistencial lucharon por mayores derechos, especialmente para las mujeres.
449
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Revista Zig-Zag Número 1806, Año 1939; Número 1815, Año 1940.
Revista Eclessia, Año 1952.
Revista Occidente, Septiembre, Año 2000
Revista Margarita. Revista Chilena para la Mujer. Números revisados
Nº 48, año 1935
Nº 116, año 1936
Nº 111, año1936
Nº 117, año1936
Nº 438, año 1942
Nº 469, año 1943
Nº 512, año1944
Nº 519, año 1944
Nº 538, año 1944
Nº 564, año 1945
Nº 579, año 1945
Nº 598, año 1945
Nº 685, año 1947
Nº 861, año 1950
Tesis de la Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”, Universidad Católica
de Chile
Abarzúa, Marta. 1943. El trabajo de la madre fuera del hogar. Memoria para optar la Titulo de Visitadora
Social Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”, Universidad Católica de Chile. Santiago.
Cortés, Gladys y Díaz, María. 1951. Investigación comparada sobre la influencia en el hogar del trabajo de la
mujer obrera. Memoria para optar la Titulo de Visitadora Social Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de
Cruchaga”, Universidad Católica de Chile. Santiago.
Manríquez, Sara. 1935. La mujer en la industria. Memoria para optar la Titulo de Visitadora Social Escuela
de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”, Universidad Católica de Chile. Santiago.
Rivera, Diva. 1956. El trabajo de la Mujer a Domicilio. Memoria para optar la Titulo de Visitadora Social
Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”, Universidad Católica de Chile. Santiago.
Urzúa, Raquel. 1934. El trabajo de la mujer a domicilio. Memoria para optar la Titulo de Visitadora Social
Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”, Universidad Católica de Chile. Santiago.
Welte, Olga. 1941. Problemas de la obrera en las industrias textiles. Memoria para optar la Titulo de
Visitadora Social Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”, Universidad Católica de Chile.
Santiago.
456
› Anexos š
457
Anexo 1
Clasificación por Ramas de Actividad
Censos de Población de los años 1885, 1895, 1907 y 1920
La clasificación que se presenta a continuación fue la utilizada para el registro y análisis de la
información referente al empleo contenida en los censos de los años 1885, 1895, 1907 y 1920.
Dicha clasificación se elaboró en base al trabajo de Gálvez y Bravo (1992) introduciéndole algunas
modificaciones. En primer lugar estas modificaciones se deben a que en el trabajo de estas autoras,
que abarca los censos de 1854 a 1920, se confeccionaron dos listados de Ramas de Actividad. La
primera, para los censos del año 1854 hasta el año 1895, y un segundo listado para los censos de
1907 y 1920. Ambos listados no son iguales pues hay profesiones que aparecen y otras que
desaparecen, y hay profesiones que son clasificadas en una rama en el primer listado (1854 a 1895)
y que luego aparecen clasificadas en otra rama en el segundo listado (1907-1920).
En segundo lugar, hay profesiones que aparecen en nuestra base de datos (que incluye los censos de
1885 al del año 1920) que no aparecen en la codificación de Gálvez y Bravo (1992). Ello muy
probablemente porque como nos explicaba una de las autoras se agruparon algunas profesiones: por
ejemplo, las Parteras fueron contabilizadas junto con las Matronas aunque en los listados aparezcan
solo Matronas.
La clasificación propuesta para el estudio del período que va desde 1885 a 1920, intenta ser lo más
inclusiva posible. Se elaboró en base al primer listado confeccionado por las autoras para los censos
de los años 1854-1895. A este listado se le agregaron aquellas profesiones del listado de 1907-1920
que no aparecían en el primero; y además se incluyó todas las profesiones que encontramos en la
base de datos construida para este estudio (Censos 1885-1920) que no aparecían en ninguno de los
listados anteriores.
Junto con ello, para aquellas profesiones cuya clasificación por Rama cambia de un listado a otro
(del listado de 1854-1895, al de 1907-1920), se optó por mantener la ultima clasificación, es decir,
la más reciente. Por ejemplo, los Dibujantes fueron clasificados en el primer listado de Gálvez y
Bravo (1992) (1854-1895) como IV Industria, 12 Industrias de las Artes. Y en el segundo listado
(1907-1920) como IX Bellas Artes. Para este estudio, se mantuvo esta última clasificación.
458
CLASIFICACION DE RAMAS DE ACTIVIDAD UTILIZADA EN EL ESTUDIO
I Rama de Actividad CAZA Y PESCA
Profesiones
Buzos
Cazadores aves
Cazadores
Pescadores
II Rama de Actividad AGRICULTURA
Agricultores
Arboricultores
Apicultores
Avicultores
Carboneros
Esquiladores
Cereros
Gañanes
Hojeras
Horticultores
Hortelanos y Jardineros
Labradores y Leñadores
Ovejeros
Pastores
Podadores
Sericultores
Vaqueros
Vinicultores
Vinicultores y Viticultores
Vinicultores, viniviticultores y viticultores
Viniviticultores
Viticultores
III Rama de Actividad MINERÍA
Calicheros
Canteros
Mineros
Ripieros
Salineros
Salitreros
IV Rama de Actividad INDUSTRIAS
1. Sub rama Textiles
Bordadoras
Cañameros
Colchoneros
Cordeleros
Cordoneros y Cuerderos
Encajeras
Esteteros y Petateros
459
Hilanderas
Hilanderos y Tejedores
Manteras
Tejedores
Teloneros
Trenzadores
2. Sub rama Cueros y pieles
Curtidores
Pelloneros y Montereros
Rienderos
Talabarteros
Talabarteros y rienderos
Talabarteros, montereros y rienderos
3. Sub rama Maderas
Aserradores
Carpinteros
Cesteros y jauleros
Colmeneros
Canasteros
Canasteros y Escoberos
Enjalmeros
Escoberos
Escobilladores
Escobilleros
Escobilleros y Cepilleros
Estriberos
Estriberos y enjalmeros
Guitarreros
Hormeros
Madereros
Plumereros
Talladores
Tinajeros
Toneleros
Torneros
4. Sub rama Metalurgia
Afiladores
Armeros
Bronceros y Plateros
Bruñidores
Caldereros
Caldereros y Fundidores
Cerrajeros
Fundidores
Herradores
Herreros (se agregó)
Herreros y Cerrajeros (se agregó)
Herradores y Mecánicos
460
Mecánicos (se agregó)
Niqueladores
Plateros
Quincalleros
5. Sub rama Alfareros y Loceros
Alfareros
6. Sub rama Productos químicos
Coheteros
Jaboneros
Jaboneros y veleros (se agregó)
Pirotécnicos
Polvoreros
Veleros
Veleros y Fosforeros
7. Sub rama Alimentos, bebidas y Tab.
Amasanderos
Azucareros (se agregó)
Carniceros
Cerveceros
Chancheros
Chicheros
Chocolateros
Cigarreros
Confiteros
Confiteros y pasteleros
Corta hojas
Destiladores y filtradores
Dulceros y confiteros
Fideeros (se agregó)
Lecheros
Licoristas
Mantequeros (se agregó)
Mantequilleros
Matarife (se agregó)
Matanceros
Molineros
Panaderos
Panaderos y galleteros (se agregó)
Queseros
Queseros y Mantequilleros (se agregó)
Refinadores de azúcar
8. Sub rama Vestuario y Tocado
Alpargatero y Guantero
Barberos
Botoneros (se agregó)
Brocheros
Costureras
461
Floristas
Hormilleros
Miñaqueras
Modistas
Modistas y costureras (se agregó)
Paragüeros
Peineteros
Peleteros
Perfumistas
Petaquero
Sastres
Sastres y costureras
Sombrereros
Tintoreros
Zapateros
Zapateros y Aparadores (se agregó)
9. Sub rama Menaje
Barnizadores
Cedaceros
Cuchareros
Doradores
Ebanistas
Ebanistas y talladores
Lamparistas/Lampareros
Silleteros
Tapiceros
Vaseros y vasij.
10. Sub rama Edificación
Alambradores
Albañiles
Caleros
Constructores (se agregó)
Constructores de edificios
Electricistas
Empapeladores
Empedradores
Empresario asfalto
Esmaltadores (se agregó)
Estucadores
Decoradores (se agregó)
Fumistas
Gasistas
Gasfiters o gasfiteros
Hojalateros (se agregó)
Marmolistas
Pintores42
Pintores y plomeros
42
En el primer listado de Gálvez y Bravo (1992) (1854-1895), fue clasificada como IX Bellas Artes.
462
Pintores y decoradores
Plomeros (se agregó)
Tejeros
Tejeros, fabricantes de tejas y ladrillos
Tejeros y ladrilleros
Vidrieros
11. Sub rama Constructores Transportes
Armadores
Constructores Navales y armadores
Vulcanizadores
12. Sub rama Industrias de las Artes
Encuadernadores
Impresores
Joyeros
Litógrafos
Prensistas
Relojeros y joyeros
Tipógrafos
V Rama de Actividad TRANSPORTES
1. Sub rama Marítimo (personal que trabaja en barcos)
Barqueros
Calafates
Estibadores
Fleteros
Fleteros y Lancheros
Lancheros
Marinos mercantes
2. Sub rama Terrestre
Amansadores
Arregl. Caballo
Arrieros
Birlocheros
Borriqueros
Caballerizos
Camineros
Conductores
Cargadores
Carreros (se agregó)
Carreteros
Carreteros y Carretoneros
Carretoneros
Carroceros
Carroceros y Carretoneros
Cocheros
Costaleros
Choferes (se agregó)
Embaladores
463
Empresa transporte
Fogoneros43
Jinetes
Pavimentadores
Tranviarios
3. Sub rama Aviadores
Aviadores
4. Sub rama Ferrocarril
Ferrocarrilanos (se agregó)
Ferroviarios (se agregó)
Maquinistas
Palanqueros
5. Sub rama Correos, Telégrafos
Carteros
Mandaderos
Telefonistas
Telegrafistas
VI. Rama de Actividad COMERCIO
1. Sub rama Contratista
Contratistas (1885)
2. Sub rama Hotelería
Bodegoneros
Fondista
Hoteleros y fondistas
Posaderos
3. Sub rama Comercios Varios
Abastecedores
Agentes de Aduana
Agentes ambulantes (se agregó)
Agentes comisionistas (se agregó)
Aguadores
Aseguradores
Avisadores
Banqueros
Billareros
Bodegueros
Buhoneros
Cobradores
Comerciantes
Comisionistas
Corredores de comercio
Empaquetadores
Papeleros
43
En el primer listado de Gálvez y Bravo (1992) (1854-1895) fue clasificada como V Transporte, 4 Ferrocarriles
464
Prenderos
Prestamistas (se agregó)
Suplementeros
Vendedores
Vendedores ambulantes
Yerbateros
VII Rama de Actividad PROFESIONES LIBERALES
Abogados
Agentes jurídicos
Agentes judiciales
Agentes comerciales (se agregó)
Agentes mercantiles
Agrimensores
Agrónomos
Arquitectos
Astrónomos
Botánicos
Científicos
Contadores
Curiales
Ensayadores
Escritores y litógrafos
Físicos
Ingenieros
Ingenieros y Agrimensores
Literatos (se agregó)
Literatos y periodista (se agregó)
Martilleros
Naturalistas
Notarios públicos (se agregó)
Notarios y secretarios (se agregó)
Panoramistas
Periodistas
Periodistas y Escritores (se agregó)
Procuradores y receptores
Químicos
VIII Rama de Actividad PROFESIONES MÉDICAS
Curanderos
Dentistas
Enfermeros
Farmacéuticos
Flebotomistas
Manicuros
Manicuros y Pedicuros (se agregó)
Masajistas
Matronas
Médicos cirujanos
Ópticos
465
Ortopedistas
Parteras (se agregó)
Practicantes
Pedicuros (se agregó)
Quiropedistas
Químicos y Farmacéuticos (se agregó)
Sangradores
Vacunadores
Veterinarios
IX Rama de Actividad BELLAS ARTES Y ESPECTÁCULOS
Acróbatas
Actores y af.
Afinadores pianos
Artistas
Artistas pintores
Bailarinas
Boxeadores
Calígrafos
Cinemistas
Cinematista
Cómicos
Coreógrafos
Coristas
Dibujantes44
Domadores
Equitadores
Escultores
Esgrimadores
Fotógrafos
Grabadores45
Gimnásticos
Modelistas
Músicos
Músicos y cantores
Pintores históricos
Retratistas
Saltimbanquis
Titiriteros
Volantineros
X Rama de Actividad ENSEÑANZA
Profesores
Profesores de baile (se agregó)
Profesores de esgrima (se agregó)
Profesores de música y canto (se agregó)
Profesores y Preceptores
Otros profesores
44
45
En el primer listado de Gálvez y Bravo (1992) (1854-1895) fue clasificada como IV Industria, 12 Industria de las Artes
En el primer listado de Gálvez y Bravo (1992) (1854-1895), fue clasificada como IV Industria, 12 Industria de las Artes
466
XI Rama de Actividad CULTOS
Eclesiásticos
Eclesiásticos y Religiosos
Ministros disidentes
Religiosas
Sacristanes
XII Rama de Actividad SERVICIO PÚBLICO
Agentes consulares (se agregó)
Cónsules y agentes diplomáticos
Empleadores públicos (se agregó)
Empleados fiscales (se agregó)
Empleados públicos (se agregó)
Empleados municipales (se agregó)
Diplomáticos
Funcionarios (se agregó)
Funcionarios públicos
XIII Rama de Actividad FUERZA PÚBLICA
Marinos
Marinos de guerra
Marinos y marineros
Militares
Policías/policiales
Militares y Policiales (se agregó)
XIV Rama de Actividad SERVICIO DOMÉSTICO
Criados (lo agregamos pues a partir del censo de 1920 se incluyen dentro de servicio doméstico)
Cocineras
Domésticos (se agregó)
Lavanderas
Nodrizas
Sirvientes
Sirvientes y cocineros
XV Rama de Actividad PROFESIONES VARIAS
Administradores
Artesanos
Bañeros
Boleteros
Dactilógrafos
Empleados (se agregó)
Empleados particulares
Empleados sin identificar (se agregó)
Empresarios de asfalto
Empresarios de barridos
Empresarios de carruajes
Empresarios sin identificar
Escribientes
Fabricantes industria
Fabricantes de aceite (se agregó)
467
Fabricantes de aguardiente (se agregó)
Fabricantes de almidón (se agregó)
Fabricantes de azúcar (se agregó)
Fabricantes de cola (se agregó)
Fabricantes de escobillas (se agregó)
Fabricantes de fideos (se agregó)
Fabricantes de fósforos (se agregó)
Fabricantes de fuegos pirotécnicos (se agregó)
Fabricantes de hielo (se agregó)
Fabricantes de jarcias (se agregó)
Fabricantes de licores (se agregó)
Fabricantes de papel (se agregó)
Fabricantes de pólvora (se agregó)
Fabricantes de tejas y ladrillos (se agregó)
Fabricantes de vela y jabón (se agregó)
Fabricantes de velas para buques (se agregó)
Industriales
Industriales varios (se agregó)
Jornaleros
Legos
Otras profesiones
Taquígrafos
Viajeros
XVI Rama de Actividad SERVICIOS
Cloaquistas
Barrenderos
Faroleros
Limpiabotas
Mayordomos
Peluqueros
Porteros
XVII Rama de Actividad RENTISTAS
Rentistas
Rentistas y Propietarios (se agregó)
Propietarios
ESTUDIANTES (No incluidos en población que declara una profesión)
Estudiantes
SIN PROFESIÓN (No incluidos en población que declara una profesión)
Sin Profesión
468
Anexo 2
Homologación Grupos Ocupacionales y Ramas de Actividad. Censos 1930 y
1940
Cuadro 1. Homologación Grupos Ocupacionales Censos 1930 y 1940
1930
Profesionales
Oficinas judiciales y representación de intereses
Artistas, investigadores y escritores
Profesionales sin ocupación fija o no determinada
Veterinarios, inspectores de mataderos, carne,
desolladores
Boticas y farmacias
Hospitales, hospicios, sanatorios
Teatros, óperas, música y conservatorios de música
Cinematógrafo
Radio
Industrias de deportes, circos, box, club hípicos etc.
Instrucción, bibliotecas, instituciones científicas y
museos
Iglesias y instituciones con fines religiosos
1940
Abogados
Agrimensores
Agrónomos
Arquitectos
Arquéologos
Astrónomos
Calígrafos
Cartógrafos
Constructores
Decoradores
Enólogos
Escribientes
Estadísticos
Farmacéuticos
Geólogos
Ingenieros
Jueces
Martilleros
Notarios
Periodistas
Químicos
Redactores
Topógrafos
Veterinarios
Artistas pintores
Artistas escultores
Artistas de teatro
Artistas de cine
Artistas de radio
Artistas de circo
Artistas otros
Deportistas
Dibujantes
Escenógrafos
Escritores
Fotograbadores
Fotógrafos
Grabadores
Pirograbadores
Novelistas
Músicos
Matronas
Médicos
Mecánicos dentales
Ópticos
Dentistas
469
Gerentes,
administrad.
Administración publica
Oficinistas
Vendedores
Comercios y mercaderías de productos
Casas editoras en general y comercio de libros
Comercio de bienes raíces
Mercados y ferias
Mudanzas y custodias
Comercio ambulante y de calle
Bancos, bolsas, cajas de ahorro y cajas de fomento económico
Seguros comerciales, sociales y cajas de previsión
Agricultores, etc.
Pesca y pisicicultura
Agricultura
Enfermeros
Ortopédicos
Profesores
Religiosos
Sacerdotes
Técnicos
Visitadoras sociales
Administradores
Diplomáticos
Diputados
Explotadores
Industriales
Senadores
Auxiliares
Cajistas
Cobradores
Contadores
Dactilógrafos
Mecanógrafos
Oficinistas
Recaudadores
Taquígrafos
Tenedores de libros
Operadores
Radiotelegrafistas
Telefonistas
Telegrafistas
Aparadores
Comerciantes
Comisionistas
Suplementeros
Vendedores
Corredores de comercio
Moteros
Floristas
Agricultores
Aparceros
Apicultores
Arneros
Arrieros
Avicultores
Buzos
Cazadores
Ganaderos
Hortelanos
Ordeñadores
Pescadores
Vinicultores
Viñateros
Amansadores
Aserradores
Caballerizos
Leñadores
Picadores de leña
Trapicheros
470
Trabajadores en
ocupación minera
Conducción de
medios de
transporte
Artesanos,
operarios
Industria carbonífera
Minería y metalurgia del cobre
Minería y metalurgia del fierro
Minería y metalurgia de otros metales
Industria del salitre y yodo
Minas de sal
Salinas
Producción de azufre, asfalto, grafito y ámbar
Extracción de piedras naturales
Producción de arena, ripio, arcilla y caolín
Navegación y administración de puertos
Tranvías, ascensores, funiculares y andariveles
Otras clases de transportes terrestres
Aviación
Ferrocarriles del Estado
Ferrocarriles particulares
Industria de la seda y la seda artificial
Industria de la lana
Industria del algodón
Industrias del tejido de fibras vegetales
Industria de alfombras y tapices
Industria de pasamanería, cintería y elásticos
Industria de tejido de punto
Industria de cortinas, encajes y tules
Industrias auxiliares de la industria textil
Producción de cordeles, redes, cáñamos y correas textiles
Elaboración de crin
Industrias de materias desechadas y producción de huaipe
Producción y elaboración del cuero
Industria maderera
Elaboración maderera
Envases de madera
Producción de artículos de cestería y tejidos de madera
Elaboración de cerdas, cepillos, escobillas y escobas
Elaboración de corcho
Metalurgia del fierro
Metalurgia de metales no finos, semi-elaborados y
fundición
Elaboración de mercaderías de fierro, acero y metal
Herrería
Cerrajería
Industria de cerámica fina
Industria química
Industria molinera
Panadería, pastelerías y heladerías
Elaboración de pan, galletas y confites
Elaboración de fideos
Industria azucarera
Carnicerías y consumo de carne
Elaboración de productos de la pesca
Productos de la leche
Barreteros
Canteros
Mineros
Ripiadores
Aurigas
Repartidores
Balseros
Calafatos
Carroceros
Carreteros
Choferes
Jinetes
Lancheros
Maquinistas
Tranviarios
Albañiles
Alfareros
Amasanderos
Barquilleros
Bordadoras
Bronceros
Caldereros
Cardadores
Carniceros
Carpinteros
Cerrajeros
Cesteros
Cigarreros
Cinceladores
Colchoneros
Confiteros
Costureras
Cortadores
Curtidores
Deshollinadores
Desolladores
Chamanteros
Doradores
Ebanistas
Electricistas
Embotelladores
Empapeladores
Empastadores
Empaquetadores
Enclapadores
Encuadernadores
Enchapadores
Engrasadores
Enjuncadores
Esmaltadores
471
Aceites, grasas vegetales, margarina y manteca artificial
Producción de conserva de frutas y verduras
almidón, víveres artificiales y hortalizas desecadas
Tostaduría de café y producción de café artificial
Elaboración de malta, cervecerías y producción de hielo
Producción de vino, aguardiente y aguas minerales
Producción de tabaco, rapé, puros y cigarrillos
Producción de bastones, paraguas y huascas
Producción de peinetas, peines y artículos similares
Sastrería, producción de ropa y similares
Peleterías
Fabricación y reparación de gorros y adornos de
sombreros
Fabricación de flores, plumas artificiales, adorno y
pelucas
Corseterías, fajas, etc.
Corbatas, guantes, cinturones, tirantes y ligas
Zapaterías e industrias del calzado
Industria de la cal y cemento
Industria del yeso
Fabricación de productos de cemento y piedras
artificiales
Industria del vidrio
Industria de cerámica gruesa
Industria de ladrillos y productos de arcilla y similares
Hojalatería y gasfitería
Impresión, litografía y composición
Producción de tipos, líneas, clichés, metalográficos
Industria fotográfica, excluido películas cinematográficas
Industria de mecánica fina y óptica
Industria electrotécnica
Producción de papel y cartón
Transformación del papel
Producción de artículos de caucho, gutapercha y balata
Producción de aparatos musicales
Producción de juguetes
Fiambreros
Fogoneros
Fundidores
Gásfiteres
Heladeros
Herreros
Hilanderos
Hojalateros
Horneros
Huseros
Jarcieros
Jornaleros
Joyeros
Laminadores
Lecheros
Impresores
Libreros
Linotipistas
Malleros
Marginadores
Marroquineros
Matarifes
Mecánicos
Molineros
Mueblistas
Panaderos
Pasteleros
Peleteros
Plantilleros
Plateros
Plomeros
Prensistas
Pulidores
Relojeros
Remachadores
Repujadores
Retorcedores
Pintores
Soldadores
Sombrereros
Talabarteros
Talladores
Tapiceros
Tarjadores
Tejedores
Tipógrafos
Toneleros
Torneros
Trensadores
Urdidores
Vaciadores
Vidrieros
Vulcanizadores
Zapateros
472
Trabajadores
manuales y
jornaleros
N.E.O.C.
Edificación incluso industrias anexas
Producción de vehículos de tierra y aire
Artilleros
Producción de maquinarias
Carrocerías
Trabajadores de
servicios y
similares
Aseo público, desagüe, toilettes públicos
Defensa nacional
Carabineros
Servicios domésticos
Industria funeraria
Beneficencia y auxilio social
Lavanderías y lavados químicos
Establecimientos de natación, baños, piscinas, masajes
etc.
Desinfección y policía sanitaria
Peluquerías, manicuros, pedicuros
Alarifes
Asfaltadores
Armadores
Baldoseros
Barnizadores
Biseladores
Cargadores
Camineros
Concreteros
Donkeros
Embaldosadores
Embaladores
Empalilladores
Enfierradores
Enrieladores
Estibadores
Estucadores
Ladrilleros
Movilizadores
Motoristas
Niqueladores
Niveladores
Perforadores
Tarrajadores
Aplanchadores
Ascensoristas
Barredores
Cantineros
Carceleros
Carabineros
Carteros
Cocineros
Cuidadores
Detectives
Enceradores
Fleteros
Hoteleros
Inspectores
Jardineros
Lustrabotas
Llaveros
Manicuras
Masajistas
Marinos
Mensajeros
Meretrices
Militares
Modistas
Mozos
Panteoneros
Pedicuros
Peluqueros
Porteros
Practicantes
Preparadores de caballos
Recamadores
473
Regadores
Aviadores
Sastres
Sepultureros
Serenos
Tintoreros
Vacunadores
Domésticos
Lavanderos
Mayordomos
Niñeras
474
Cuadro 2. Homologación Ramas de Actividad Censos 1930 y 1940
Ramas de actividad
1930
Agricultura
Agricultura y pesca
Agricultura, selvicultura y pesca
Minería
Industrias extractivas
Industrias
Industrias manufactureras
Construcción
No existe tal rama
Edificación y construcción
Electricidad, gas, agua
No existe tal rama
No existe tal rama
Comercio
Comercio
- Navegación
- Comunicaciones
Transportes y comunicaciones
Servicios
- Defensa Nacional
- Administración
- Profesiones liberales
- Servicios domésticos
- Hotelería y servicios personales
- Servicios públicos y otros de interés
general
- Servidumbre
Actividades no espec.
Otros no especificados
Varios
No existe tal rama
No existe tal rama
Minería
Industria
Comercio
Transporte
Sin información
1940
475
Anexo 3
Cifras Censales de Empleo en Chile 1885-2002
Cuadro 1. Población Económicamente Activa. Por sexo, por país y por provincias
1854
N°
País
Total PEA
Masculina
Femenina
1865
%
585340
362482
222858
N°
100.0
61.9
38.1
704379
464845
239534
%
N°
1940
N°
1875
%
N°
100.0
66.0
34.0
1885
%
847377
556714
290663
100.0
65.7
34.3
1952
1895
N°
1086485
707158
379327
%
100.0
65.1
34.9
1960
%
N°
N°
%
1907
N°
%
N°
1071890
737.408
334482
100.0
68.8
31.2
1287819
894798
393021
100.0
69.5
30.5
1355331
995878
359453
1970
%
N°
1920
1982
%
N°
1930
%
N°
100.0
73.5
26.5
1992
%
N°
1.434.541
1.153.857
280.684
2002
%
N°
%
País
Total PEA
1.768.721
100.0
2.155.293 100.07
2.388.465
100.0
2.695.566
100.0
3. 680.277
100.0
4.622.018
100.0
5.877.149
100.0
Masculina
1.333.195
75,3
1.616.152
5,0
1.854.164
77,6
2.079.359
77,1
2.720.822
74,0
3.256.545
70,5
3.828.236
64,9
Femenina
435.526
24,7
539.141
25,0
534.301
22,4
616.197
22,9
959.455
26,0
1.365.473
29,5
2.048.913
35,1
Fuente: Censos de Población correspondiente a los años 1854, 1865, 1875, 1885, 1985, 1907, 1920, 1930, 1940, 1952, 1960, 1970, 1982, 1992, 2002.
Notas: Para el Censo de 1885, 1985, 1907, 1920, base de datos por ramas incluyendo rentistas
Para el Censo de 1930, se ha calculado la PEA sumando la población ocupada, desocupada y servidumbre. Estas dos últimas categorías fueron consideradas en el censo como
Población Inactiva. El año 1940 la PEA incluye Ocupados más los Desocupados. Para los censos de 1952, 1960 y 1970, la PEA comprende a los Ocupados, Desocupados y la categoría
Busca trabajo por primera vez. Se excluyó en todos los años a los rentistas, categoría que en los censos de 1930 y 1940 fue incluida en la población ocupada, que en los censos de
1952 y 1960 fue considerada Población Inactiva, y que en el censo de 1970 no aparece
476
%
100.0
80.4
19.6
.
Cuadro 2. Población Económicamente Activa. Por sexo, por provincias
1885
1895
1907
N°
%
N°
%
N°
%
Tarapacá
Total PEA
25290
100.0
57285
100.0
61.165 100.0
Masculina
19.263
46144
48.637
Femenina
6027
23.83
11141
19.45
12.528 20.48
1920
N°
1930
1940
%
44.514
37.693
6.821
100.0
112.058
84.000
28.058
100.0
231.551
162.532
69.019
100.0
93.717
68.492
25.225
100.0
15.32
43.956
s.d.
s.d.
100
s.d.
s.d.
40577
33137
7440
100,0
82,0
18,0
165.418
129.533
35.885
100,0
78,3
21,7
163.446
117.469
45.977
100,0
72,0
28,0
352.877
253.525
99.352
100,0
71,8
28,2
513.367
350.271
163.096
100,0
68,0
32,0
106.078
s.d.
s.d.
100,0
s.d.
s.d
111.802
83.511
28.291
100,0
75,0
25,0
Valparaíso (2)
Total PEA
Masculina
Femenina
Santiago
Total PEA
Masculina
Femenina
Concepción
Total PEA
Masculina
Femenina
113289
79640
33649
100.0
135888
86678
49210
100.0
75724
47481
28243
100.0
29.70
36.21
37.30
100.662
69.719
30.906
100.0
166.010
113.397
52.613
100.0
76.568
51.931
24.637
100.0
30.71
31.69
32.18
140.889
96.672
44.217
100.0
242.435
162.751
79.684
100.0
67.140
49.060
18.080
100.0
31.38
32.87
26.93
25.04
29.81
26.92
Fuente: Censos de Población de los años correspondientes.
(1) Para el Censo de 1885, 1985, 1907, 1920, base de datos por ramas incluyendo rentistas
(2) En 1930, los datos corresponden a la provincia de Aconcagua, la provincia de Valparaíso no aparece.
477
Cuadro 2.1.
Tarapacá (1)
Total PEA
Masculina
Femenina
Valparaíso
(2)
Total PEA
Masculina
Femenina
Santiago (3)
Total PEA
Masculina
Femenina
Concepción
(4)
Total PEA
Masculina
Femenina
Población Económicamente Activa. Por sexo, por país y por provincias
1952
1960
1970
1982
N°
%
N°
%
N°
%
N°
1992
%
38.846
32.299
6.547
100.0
83,1
16,9
42361
35061
7300
100.0
82,8
17,2
56.891
46.070
10.281
100.0
81,9
18,1
93.817
71.926
21.891
100
187.006
136.048
50.958
100.0
72,8
27,2
200.111
149.904
50.207
100.0
74,9
25,1
219.775
165.809
53.966
100.0
75,4
24,6
381.672
279.294
102.378
100,0
689.412
461.520
227.892
100.0
66,9
33,1
835.412
578.094
257.318
100,0
69,2
30,8
1.045.993
738.942
307.051
100.0
70,6
29,4
1.482.108
1.020.508
461.600
100,0
143.890
108.035
35.855
100.0
75,1
24,9
164.024
128.365
35.659
100,0
78,3
21,7
180.839
138.959
41.880
100.0
76,8
23,2
461.158
350.829
110.329
100,0
23.3
26.8
31.1
23.9
N°
2002
%
121.283
85.436
35.847
100,0
457.902
320.269
137.633
100,0
1.956.687
1.275.682
681.005
100,0
548.492
407.539
140.953
100,0
N°
%
s.d
29.6
30.0
34.8
25.7
583.966
379.244
204.722
100.0
2.558.963
1.572.739
986.224
100.0
642.378
436.289
206.089
100.0
Fuente: Censos de Población de los años correspondientes.
Notas: (1) En 1982 corresponde a 1º Región (2) En 1982, corresponde a Vª Región. (3) En 1982, 1992 y 2002 corresponde a Región Metropolitana. (4) En 1982
corresponde a VIII Región, en 1992 corresponde a Región del Bío Bío.
478
35.0
38.5
32.1
Cuadro 3. Población ocupada por Sexo según Ramas de Actividad (*). Total País 1885-1920
1885
Total Nac
Rama
I CAZA Y PESCA
Hombre
Mujer
Total
II AGRICULTURA
Hombre
Mujer
Total
III MINERÍA
Hombre
Mujer
Total
IV.1 INDUSTRIAS
Hombre
Mujer
de las Artes
Total
IV.2 INDUSTRIAS
Hombre
Alfareros y Loceros
Mujer
Total
IV.3 INDUSTRIAS
Hombre
Alimentos, bebidas y
Mujer
Tab.
Total
IV.4 INDUSTRIAS
Hombre
Constructores
Mujer
Transportes
Total
IV.5 INDUSTRIAS
Hombre
Cueros y pieles
Mujer
Total
IV.6 INDUSTRIAS
Hombre
Edificación
Mujer
IV.7 INDUSTRIAS
Hombre
Total
1895
% ocup
% tot.
sector
ocup
1576
130
1706
400865
24493
425358
41260
164
41424
2044
29
2073
92,4
7,6
100,0
94,2
5,8
100,0
99,6
0,4
100,0
98,6
1,4
100,0
175
2322
2497
9527
4193
13720
18
0
18
3211
214
3425
11881
54
11935
24514
7,0
93,0
100,0
69,4
30,6
100,0
100,0
0,0
100,0
93,8
6,2
100,0
99,5
0,5
100,0
99,3
0,2
0,0
0,2
56,7
6,5
39,2
5,8
0,0
3,8
Total Nac
1907
% ocup
% tot
sector
ocup.
1675
127
1802
408497
20030
428527
33488
13
33501
2594
31
2625
93,0
7,0
100,0
95,3
4,7
100,0
100,0
0,0
100,0
98,8
1,2
100,0
245
1509
1754
10526
2738
13264
51
0
51
2981
23
3004
14447
31
14478
26233
14,0
86,0
100,0
79,4
20,6
100,0
100,0
0,0
100,0
99,2
0,8
100,0
99,8
0,2
100,0
99,1
0,2
0,0
0,2
55,4
6,0
40,0
4,5
0,0
3,1
Total Nac
3692
143
3835
448546
21877
470423
34020
32216
66236
3341
87
3428
6641
1520
8161
1920
% ocup
% tot
sector
ocup.
96,3
3,7
100,0
95,3
4,7
100,0
51,4
48,6
100,0
97,5
2,5
100,0
81,4
18,6
100,0
0,4
0,0
0,3
50,1
5,6
36,5
3,8
8,2
5,1
Total Nac
%
ocup
% tot
sector
ocup.
4407
220
4627
432384
47870
480254
55643
449
56092
6324
166
6490
95,2
4,8
100,0
90,0
10,0
100,0
99,2
0,8
100,0
97,4
2,6
100,0
279
352
631
15869
5106
20975
91
1
92
4776
41
4817
31926
233
32159
40221
44,2
55,8
100,0
75,7
24,3
100,0
98,9
1,1
100,0
99,1
0,9
100,0
99,3
0,7
100,0
99,4
0,4
0,1
0,3
43,4
13,3
35,4
5,6
0,1
4,1
479
Maderas
Mujer
Total
IV.8 INDUSTRIAS
Hombre
Menaje
Mujer
IV.9 INDUSTRIAS
Hombre
Metalurgia
Mujer
IV.10 INDUSTRIAS
Hombre
Productos químicos
Mujer
Total
Total
Total
IV.11 INDUSTRIAS
Hombre
Textiles
Mujer
IV.12 INDUSTRIAS
Hombre
Vestuario y Tocado
Mujer
IV INDUSTRIAS
TOTAL
Hombre
Total
Total
Mujer
Total
IX BELLAS ARTES
Y
ESPECTACULOS
Hombre
V.1 TRANSPORTES
Hombre
Aviadores
Mujer
V.2 TRANSPORTES
Hombre
Correos, Telégrafos
Mujer
Mujer
Total
175
24689
2104
59
2163
11154
5
11159
276
7
283
939
43276
44215
21812
137464
159276
87655
187798
275453
0,7
100,0
97,3
2,7
100,0
100,0
0,0
100,0
97,5
2,5
100,0
2,1
97,9
100,0
13,7
86,3
100,0
31,8
68,2
100,0
2010
1120
3130
269
113
382
734
0
734
2677
1
2678
Total
Total
V.3 TRANSPORTES
Hombre
Ferrocarril
Mujer
V.4 TRANSPORTES
Hombre
Marítimo
Mujer
Total
Total
0,1
11,4
4,1
3,1
36,2
14,7
12,4
49,5
25,4
230
26463
3022
53
3075
14052
1
14053
195
17
212
769
29452
30221
21519
122228
143747
96634
156313
252947
0,9
100,0
98,3
1,7
100,0
100,0
0,0
100,0
92,0
8,0
100,0
2,5
97,5
100,0
15,0
85,0
100,0
38,2
61,8
100,0
0,1
8,8
2,8
2,9
36,5
13,4
13,1
46,7
23,6
26182
133644
159826
47994
135251
183245
16,4
83,6
100,0
26,2
73,8
100,0
64,2
35,8
100,0
0,3
0,3
0,3
1962
471
2433
80,6
19,4
100,0
0,3
0,1
0,2
2434
318
2752
88,4
11,6
100,0
0,0
0,0
0,0
70,4
29,6
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,0
0,2
431
255
686
1066
0
1066
2460
4
2464
62,8
37,2
100,0
100,0
0,0
100,0
99,8
0,2
100,0
11830
0
11830
1537
609
2146
9409
0
9409
2,9
34,0
12,4
5,4
34,4
14,2
227
40448
5080
49
5129
33257
0
33257
306
21
327
824
19275
20099
22853
78069
100922
161806
103540
265346
0,6
100,0
99,0
1,0
100,0
100,0
0,0
100,0
93,6
6,4
100,0
4,1
95,9
100,0
22,6
77,4
100,0
61,0
39,0
100,0
0,1
5,4
1,5
2,3
21,7
7,4
16,2
28,8
19,6
0,3
0,1
0,2
3520
464
3984
88,4
11,6
100,0
0,4
0,1
0,3
13
0
13
2848
1895
4743
18156
117
18273
12223
5
12228
100,0
0,0
100,0
60,0
40,0
100,0
99,4
0,6
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
71,6
28,4
100,0
100,0
0,0
100,0
480
V.5 TRANSPORTES
Hombre
Terrestre
Mujer
V. TRANSPORTE
TOTAL
Hombre
Total
Mujer
17901
1
17902
21581
115
100,0
0,0
100,0
99,5
0,5
2,5
0,0
1,6
3,1
0,0
14499
4
14503
18456
263
100,0
0,0
100,0
98,6
1,4
100,0
76,6
23,4
100,0
100,0
0,0
100,0
69,7
30,3
2,0
5,9
3,4
5,0
0,0
0,0
0,1
0,1
18719
55562
10529
66091
159
0
159
492
83
100,0
84,1
15,9
100,0
100,0
0,0
100,0
85,6
14,4
2,5
0,1
18498
25
18523
29444
634
99,9
0,1
100,0
97,9
2,1
3,3
0,2
35819
584
36403
69059
2601
98,4
1,6
100,0
96,4
3,6
6,9
0,7
1,7
7,5
3,1
6,2
30078
70032
12381
82413
100,0
85,0
15,0
100,0
2,3
7,8
3,2
6,4
71660
95705
22438
118143
100,0
81,0
19,0
100,0
5,3
9,6
6,2
8,7
1033
795
56,5
43,5
972
212
82,1
17,9
0,1
0,1
1828
100,0
1184
100,0
0,1
VI COMERCIO
Hombre
Hotelería
Mujer
21696
41971
12801
54772
60
0
60
926
403
Total
1329
100,0
0,1
575
100,0
Mujer
42957
13204
76,5
23,5
6,1
3,5
56213
10612
84,1
15,9
7,6
3,2
71065
13176
84,4
15,6
7,9
3,4
96677
22650
81,0
19,0
9,7
6,3
Total
56161
100,0
5,2
66825
100,0
6,2
84241
100,0
6,5
119327
100,0
8,8
3383
455
3838
1471
887
2358
1576
1704
3280
1445
1691
3136
3614
101
3715
88,1
11,9
100,0
62,4
56,3
100,0
48,0
52,0
100,0
46,1
53,9
100,0
97,3
2,7
100,0
0,5
0,1
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,5
0,0
0,3
3746
10
3756
1927
865
2792
1780
1877
3657
1684
1512
3196
44
0
44
99,7
0,3
100,0
69,0
31,0
100,0
48,7
51,3
100,0
52,7
47,3
100,0
100,0
0,0
100,0
0,5
0,0
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,6
0,3
0,2
0,5
0,3
0,0
0,0
5834
14
5848
1298
1099
2397
2967
3980
6947
3311
2653
5964
6212
54
6266
99,8
0,2
100,0
54,2
45,8
100,0
42,7
57,3
100,0
55,5
44,5
100,0
99,1
0,9
100,0
0,7
0,0
0,5
0,1
0,3
0,2
0,3
1,0
0,5
0,4
0,7
0,5
0,7
0,0
0,5
9987
501
10488
3355
3692
7047
4348
8078
12426
2450
3155
5605
10129
813
10942
95,2
4,8
100,0
47,6
52,4
100,0
35,0
65,0
100,0
43,7
56,3
100,0
92,6
7,4
100,0
1,0
0,1
0,8
0,3
1,0
0,5
0,4
2,2
0,9
0,2
0,9
0,4
1,0
0,2
0,8
21557
100,0
3,0
23166
100,0
3,1
31497
100,0
3,5
27612
100,0
2,8
Total
VI COMERCIO
Hombre
Comercios varios
Mujer
VI COMERCIO
Hombre
Contratista
Mujer
Total
Total
VI COMERCIO
TOTAL
Hombre
VII PROFESIONES
LIBERALES
Hombre
VIII PROFESIONES
MEDICAS
Hombre
Mujer
Total
Mujer
Total
X ENSEÑANZA
Hombre
Mujer
Total
XI CULTOS
Hombre
Mujer
Total
XII SERV PÚBLICO
Hombre
Mujer
Total
XIII FUERZA
PÚBLIC.
Hombre
481
Mujer
Total
XIV SERV. DOMÉS
Hombre
Mujer
Total
XV PROFESIONES
VARIAS
Hombre
XVI SERVICIOS
Hombre
Mujer
Total
Mujer
Total
XVII RENTISTAS
Hombre
Mujer
Total
Total Hombre
Total Mujer
Total General
0
21557
36647
138932
175579
35350
2014
37364
676
4
680
3520
6515
10035
707143
379327
1086470
0,0
100,0
20,9
79,1
100,0
94,6
5,4
100,0
99,4
0,6
100,0
35,1
64,9
100,0
65,1
34,9
100,0
2,0
5,2
36,6
16,2
5,0
0,5
3,4
0,1
0,0
0,1
0,5
1,7
0,9
0
23166
21342
134006
155348
63967
5308
69275
956
0
956
1871
3075
4946
737408
334482
1071890
0,0
100,0
13,7
86,3
100,0
92,3
7,7
100,0
100,0
0,0
100,0
37,8
62,2
100,0
68,8
31,2
100,0
2,2
2,9
40,1
14,5
8,7
1,6
6,5
0,1
0,1
0,3
0,9
0,5
0
31497
19018
130659
149677
183569
44796
228365
0,0
100,0
12,7
87,3
100,0
80,4
19,6
100,0
3897
6151
10048
894798
393021
1287819
38,8
61,2
100,0
69,5
30,5
100,0
2,4
2,1
33,2
11,6
20,5
11,4
17,7
0,4
1,6
0,8
0
27612
30607
147690
178297
71071
7882
78953
5065
129
5194
7758
9719
17477
995878
359453
1355331
0,0
100,0
17,2
82,8
100,0
90,0
10,0
100,0
97,5
2,5
100,0
44,4
55,6
100,0
73,5
26,5
100,0
2,0
3,1
41,1
13,2
7,1
2,2
5,8
0,5
0,0
0,4
0,8
2,7
1,3
482
Cuadro 4. Distribución porcentual de la población ocupada, por sexo según Ramas de Actividad (*). Total País 1930-1970
II Agricultura
III Minería
IV Industrias ( **)
Mecánica
Metalurgia
Textiles
Papeles e
Impresiones
Maderas
Alimentos
Vestuario
Edificación
V. Transportes
Marítimo
Terrestre
Ferrocarril
Correos y telégrafos
Aviadores
VI Comercio
Contratista
Hotelería
Comercios varios
VII Construcción
VIII Elec., gas y
agua
IX Servicios
Servicio doméstico
Profes. Liberales
Enseñanza
Cultos
Bellas artes y
espectáculos
Profesiones médicas
X Actividades no
especificadas
XI Sin información
TOTAL
1930
Hombre
45.7
7.3
19.4
1.2
1.0
0.7
0.7
Mujer
9.7
0.2
35.2
0.06
0.04
1.2
0.4
1940
Hombre
44.0
7.15
15.5
2.3
0.5
0.4
0.7
Mujer
9.36
0.45
21.97
0
0
2.5
0.4
2.6
2.9
2.2
4.9
6.3
1.3
1.8
2.2
0.4
0.1
11.36
0.2
3.1
75.0
0.09
1.2
0.03
0.1
0.2
0.8
0.005
10.86
5.3
1.1
1.4
1.8
0.47
0.1
11.26
2.5
3.0
2.2
4.3
5.35
1.17
1.5
2.15
0.34
0.07
9.4
0.2
1.5
14.5
0.2
0.95
0.06
0.04
0.17
0.58
0.04
9.0
4.27
0.9
1.16
1.67
0.4
0.06
9.3
-
-
-
4.36
-
0.2
-
8.2
1.1
41.5
30.0
14.7
6.7
1.2
1.4
0.3
0.3
14.0
0.6
57.5
32.2
1.65
1.11
1.0
1.54
0.12
0.43
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Total
38.6
5.9
22.57
Total
35.6
5.51
17.1
1952 (2)
Hombre
37.4
6.1
17.1
1.3
4.7
0.9
(5)
3.3
2.7
2.2
1.0
5.5
Mujer
7.8
0.4
24.4
0.2
0.2
3.8
Total
30.0
4.7
18.9
1960 (3)
Hombre
34.4
4.8
17.6
3.2
1.9
0.8
0.7
Mujer
4.4
0.3
19.0
0.5
0.4
2.8
0.5
1.2
2.9
2.2
7.2
6.0
0.3
3.58
0.21
0.38
0.01
9.8
0.1
1.4
12.1
0.7
1.9
0.05
0.04
0.007
0.58
0.002
10.97
4.9
0.2
2.8
0.16
0.4
0.01
10.1
10.3
0.1
1.6
13.9
0.03
1.0
(7)
0.05
0.008
(7)
(7)
10.3
3.34
-
6.25
0.2
4.7
7.27
0.9
0.16
0.1
24.6
8.4
1.0
1.9
0.28
0.3
11,9
0.7
53,0
31.7
22,2
8.4
1.3
1.4
0.27
0.3
12.5
0.8
58.4
35.0
0.57
0.19
2.97
2.45
0.9
3.58
2.0
1.4
100.0
100.0
100.0
100.0
4.4
100.0
3.8
100.0
2.75
0.13
4.42
2.08
0.1
10.3
Total
27.7
3.8
17.9
1970
Hombre
26.5
3.8
16.2
0.1
0.8
0.4
1.8
2.0
1.8
2.4
7.4
0.2
4.4
0.1
0.33
Mujer
3.0
0.2
17.7
0.2
(6)
2.5
0.1
Total
21.1
3.0
16.5
10.0
0.1
0.9
9.5
0.1
1.87
0.006
0.1
0.003
0.53
(8)
15.0
5.68
0.78
8.25
0.9
0.56
0.2
6.5
0.7
22.7
8.5
1.2
2.0
0.27
0.26
17.8
0.5
52.4
24.6
25.7
6.0
1.5
2.1
0.1
0.3
1.2
1.88
8.9
8.8
1.5
8.9
4.3
100.0
100.0
100.0
100.0
483
6.1
0.15
3.4
0.08
0.37
11.2
Fuente; Censos de Población y Vivienda para los años 1930 y 1940. La información de los años 1952, 1960 y 1970, es elaboración de Adriana Muñoz Dalbora
(1988).
(**) Las subramas de la Industria de las cuales se incluye información son una selección de las que aparecen en el Censo.
(1) En cada año se incluye la categoría servicio doméstico en la Rama Servicios. Se excluye a la población que busca trabajo por primera vez (registrada en el
censo de 1952).
remunerado, y c) Estudiantes y además ayuda con trabajo remunerado. La cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes trabajan sin
remuneración, es por esto que no coincide con el total de la población ocupada.
(3) y (4) En los años 1960 y 1970, la cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes buscan trabajo por primera vez, por esto que no coincide
con el total de la población ocupada.
(5) En el año 1952 no aparece la clasificación de ocupaciones en manufactura de Papeles e Impresiones
(6) En el año 1970, a pesar que en los códigos del Censo se incluye la subdivisión Metalurgia, no aparecen los datos de los ocupados en dicha subdivisión
(7) En el año 1952 no aparece en la clasificación de ocupaciones, los ocupados en las subramas de Transporte marítimo, aviadores y correos y telégrafos.
(8) En el año 1970, a pesar de que en los códigos del Censo se incluye la subdivisión Aviación, no aparecen los datos de los ocupados en dicha subdivisión.
484
Cuadro 5. Proporción de Hombre y Mujeres en cada rama de actividad (*). Total país 1930-1970
I Agricultura
II Minería
III Industrias
Textiles
Cueros y pieles
Maderas
Metalurgia
Alfareros y Loceros
Productos Químicos
Alimenticia
Vestuario y Tocado
Menaje
Edificación
Construcción
Bellas Artes y
Espectáculos
IV Transportes
Marítimo
Por calles
Ferrocarril
Correos y telégrafos
Aviadores
V Comercio
Contratista
Hotelería
Comercios varios
VI Construcción
VII Elec., gas y
agua
VIII Servicios
Prof. Liberales
Prof. Médicas
Enseñanza
Cultos
Servicio Doméstico
IX Actividades no
especificadas
X Sin información
Rentistas
1930
Hombre
95.0
99.2
69.2
71.2
95.5
98.2
99.0
81.7
72.0
79.9
26.9
99.5
84.0
Mujer
5.0
0.8
30.8
28.8
4.5
1.8
1.0
18.3
28.0
20.1
73.1
0.5
16.0
Total
100
100
100
95.3
99.3
98.7
97.9
65.5
99.0
80.9
58.0
s.d
s.d
4.7
0.7
1.3
2.1
34.5
1.0
19.1
42.0
s.d
s.d
100
94.6
98.1
99.0
97.4
64.5
100
44.5
87.4
54.3
36.7
57.5
12.9
85.7
55.5
12.6
45.7
63.3
42.5
87.1
14.3
100
s.d
60.4
s.d
39.6
100
1940
Hombre
93.6
98.0
69.0
31.9
93.6
97.5
99.99
74.5
68.1
85.6
29.9
99.0
83.1
Mujer
6.4
2.0
31.0
68.1
6.4
2.5
0.01
25.5
31.9
14.4
70.1
1.0
16.9
Total
100
100
100
100
76.0
67.0
99.0
s.d
5.4
1.9
1.0
2.6
35.5
¿
24.0
33.0
1.0
s.d
43.0
92.1
42.3
30.7
36.9
5.5
46.3
57.0
7.9
57.7
69.3
63.1
94.5
53.7
100
s.d
37.7
s.d
62.3
100
100
100
1952 (2)
Hombre
93.5
98.0
68.0
42.8
s.d
99.1
98.6
s.d.
s.d.
83.5
31.8
99.2
81.0
Mujer
6.5
2.0
32.0
57.2
s.d
0.9
1.4
s.d
s.d
16.5
68.2
0.8
19.0
Total
100
100
100
1960 (3)
Hombre
96.4
98.2
76.3
94.0
s.d.
99.3
98.1
s.d.
s.d.
75.0
s.d.
99.0
96.6
6.0
s.d
0.7
1.9
s.d
s.d
25.0
s.d
1.0
3.4
100
94.6
100
76.0
-
100
100
99.4
95.7
40,2
89.0
41.3
44.0
40.3
6.0
83.0
59,7
11.0
58.7
66.0
59.7
94.0
17.0
100
42.6
100
83.0
s.d
47.9
s.d
52.1
-
80.0
1970 (4)
Hombre
96.8
97.9
75.4
Mujer
3.6
1.8
23.7
38.1
5.6
2.4
4.7
9.5
19.3
12.3
60.9
0.7
20.9
Total
100
100
100
Mujer
3.2
2.1
24.6
46.6
4.3
2.1
s.d
8.3
18.8
11.8
60.1
1.1
20.9
Total
100
100
100
5.4
0.5
0.4
0.9
30.5
¿4.5
24.0
s.d
0.6
4.3
100
93.0
7.0
0.9
0.8
0.9
32.6
s.d
31.0
s.d
1.9
6.0
100
100
69.0
-
100
100
98.1
96.0
57.4
10.1
66.2
65.2
62.3
92.7
17.0
100
53.5
100
77.0
46.5
15.0
69.9
62.6
30.4
93.6
33.0
100
20.0
43.2
100
s.d
s.d
s.d
s.d
-
485
100
100
100
100
Fuente; Censos de Población y Vivienda para los años 1930 y 1940. La información de los años 1952, 1960 y 1970, es elaboración de Adriana Muñoz Dalbora (1988).
(1) En cada año se incluye la categoría servicio doméstico en la Rama Servicios. Se excluye a la población que busca trabajo por primera vez (registrada en el censo de 1952).
(2) En 1952 la población ocupada incluye a) Trabajador con remuneración en dinero o especie, b) Quehaceres del hogar y además ayuda con trabajo remunerado, y c) Estudiantes y
además ayuda con trabajo remunerado. La cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes trabajan sin remuneración, es por esto que no coincide con el total de la
población ocupada.
(3) y (4) Para los años 1960 y 1970, la cifra total de población por ramas incluye a cesantes y a quienes buscan trabajo por primera vez, es por esto que no coincide con el total de la
población ocupada. (5) En el año 1952 no aparece la clasificación de ocupaciones en manufactura de Papeles e Impresiones
(6) En el año 1970, a pesar que en los códigos del Censo se incluye la subdivisión Metalurgia, no aparecen los datos de los ocupados en dicha subdivisión
(7) En el año 1952 no aparece en la clasificación de ocupaciones, los ocupados en las subramas de Transporte marítimo, aviadores y correos y telégrafos.
(8) En el año 1970, a pesar de que en los códigos del Censo se incluye la subdivisión Aviación, no aparecen los datos de los ocupados en dicha subdivisión.
486
Cuadro 6. Población censada por Grupos de Ocupación y sexo. Total País 1930-1970
Grupos de
ocupación
Profesionales
Hombres
Mujeres
Gerentes,
administrad.
Hombres
Mujeres
Oficinistas
Hombres
Mujeres
Vendedores
Hombres
Mujeres
Agricultores,
etc.
Hombres
Mujeres
Trabajadores
ocupación
minera
Hombres
Mujeres
Conducción
medios de
transporte
Hombres
Mujeres
Artesanos,
operarios
Hombres
Mujeres
Trabajadores
manuales y
jornaleros
N.E.O.C.
Hombres
Mujeres
N°
%
1930
62.541
38.095
24.446
15.273
14.330
943
1940
63.809
37.021
26.788
18.871
17.766
1.105
1952 (1)
92.195
52.019
40.176
137.616
98.400
39.216
1960 (4)
118.203
59.470
58.733
45.952
38.292
7.660
1970 (5)
151577
77887
73690
46188
38346
7842
1930
100,0
60,9
39,1
100,0
93,8
6,2
1940
100,0
58,0
42,0
100,0
94,1
5,9
1952
100,0
56,4
43,6
100,0
71,5
28,5
1960
100,0
50,3
49,7
100,0
83,3
16,7
1970
100,0
51,4
48,6
100,0
83,0
17,0
s.d.
160.621
116.100
44.521
54.801
40.509
14.292
162.026
113.234
48.792
168.219
122.975
45.244
232577
157585
74992
190831
136379
54452
s.d.
125.235
104.526
20.709
106.988
82.742
24.246
124.078
90.508
33.570
100,0
83,5
16,5
100,0
77,3
22,7
100,0
72,9
27,1
100,0
72,3
27,7
100,0
73,9
26,1
100,0
69,9
30,1
100,0
73,1
26,9
100,0
67,8
32,2
100,0
71,5
28,5
506.341
481.034
25.307
201.538
180.822
20.716
608.390
570.271
38.119
657.205
633.931
23.274
558648
541517
17131
100,0
95,5
5,0
100,0
89,7
10,3
100,0
93,7
6,3
100,0
96,5
3,5
100,0
96,9
3,1
36.448
36.397
51
60.044
59.606
438
55.490
55.263
227
s.d. (2)
100,0
99,2
0,8
100,0
99,9
0,1
100,0
99,3
0,7
100,0
99,6
0,4
s.d. (2)
64.495
63.544
951
34.412
34.230
182
52.385
51.930
455
77.751
77.326
425
101538
100697
841
100,0
98,5
1,5
100,0
99,5
0,5
100,0
99,1
0,9
100,0
99,5
0,5
100,0
99,2
0,8
200.697
131.645
69.052
820.241
727.488
92.753
512.798
394.050
118.748
524.445
428.033
96.412
(3)
586.189
496.784
89.405
(3)
100,0
65,6
34,4
100,0
88,7
11,3
100,0
76,8
23,2
100.0
81,6
18,4
(3)
100.0
84,7
15,3
(3)
64.288
63.976
312
21.603
21.532
71
40.119
35.410
4.709
110.180
103.357
6.823
176363
163385
12978
100,0
99,5
0,5
100,0
99,7
0,3
100,0
88,3
11,7
100,0
93,8
6,2
100,0
92,6
7,4
75.966
75.346
620
487
Trabajadores
de servicios y
similares
Hombres
Mujeres
Otros
trabajadores
N.E.O.C. y trab.
197.030
80.029
117.001
301.876
104.576
197.300
en ocupaciones
no identificadas
o no declaradas
Hombres
Mujeres
Totales
Hombres
Mujeres
1.311.8
66
1.052.5
25
259.341
1.729.864
1.333.082
396.782
300.068
81.277
218.791
321.519
94.492
227.027
305659
100116
205543
136.256
116.580
19.676
147.677
127.993
19.684
345.996
266.663
79.333
2.155.293
1.616.152
539.141
2.388.667
1.854.366
534.301
2.695.566
2.079.359
616.207
100,0
58,4
41,6
100,0
34,6
65,4
100,0
27,1
72,9
100.0
85,6
14,4
100.0
80,2
19,8
100.0
77,1
22,9
100.0
75,0
25,0
100,0
29,4
70,6
100.0
86,7
13,3
100,0
77,6
22,4
100,0
32,8
67,2
100.0
77,1
22,9
100.0
77,1
22,9
Fuente: Censos de Población correspondientes a los años 1930, 1940, 1952, 1960 y 1970.
(1) La cifra total de población por grupos ocupacionales incluye a cesantes y a quienes trabajan sin remuneración, es por esto que no coincide con el total de la población ocupada.
(2) En el año 1970 no aparece la categoría trabajadores en ocupaciones mineras; dichos trabajadores están incluidos en las categorías artesanos y operarios y trabajadores
manuales y jornaleros N.E.O.C.
(3) Para el año 1960 y 970, el grupo de ocupación “artesanos y operarios” incluye a los grupos “Artesanos y operarios” y “otros artesanos”.
(4) y (5) Para los años 1960 y 1970, la cifra total de población por grupos ocupacionales incluye a cesantes y a quienes buscan trabajo por primera vez, es por esto que no coincide
con el total de la población ocupada.
Nota:
Para los censos 1930 y 1940 la clasificación por grupos ocupacionales fue una elaboración propia en base a las ocupaciones clasificadas en los grupos que aparecen a partir del
censo de 1952 y luego 1960 y 1970. (Ver Anexo 3)
En el censo 1930 y 1940 la suma total de los ocupados por grupos de ocupación difiere de los totales según rama de actividad y categoría ocupacional. En el censo de 1930, ello se
debe a que al registrar la población por ocupaciones se sumó erróneamente 20 personas en la ocupación “fabricación de cemento y piedras artificiales”. No es posible restar estas 20
personas en el registro de la población activa por ramas y por categoría ocupacional que hace el mismo Censo.
488
Cuadro 7. Población censada por Categorías de Ocupación. Total País 1930-1970
N°
Categorías de
ocupación
Empleadores
Hombres
Mujeres
Trabajador cta propia
Hombres
Mujeres
Empleados
Hombres
Mujeres
Obreros
Hombres
Mujeres
Servicio domestico
Hombres
Mujeres
Familiar remunerado
Hombres
Mujeres
Familiar no
remunerado
Hombres
Mujeres
Otros
Hombres
Mujeres
Ignorados
Hombres
Mujeres
Sin dato
Hombres
Mujeres
Total
1930
369.364
274.547
94.817
s.d
1940
468.465
314.086
154.379
s.d.
172.600
137.165
35.435
699.049
643.996
55.053
96.807
12.494
84.313
229.148
172.494
56.654
922.474
838.452
84.022
148.634
8.163
140.471
%
1952 (1)
44.862
39.477
5.385
466.203
326.146
140.057
417.288
321.462
95.826
1.145.310
869.579
275.731
s.d.
1960
32.842
28.687
4.155
449.116
350.356
98.760
488.056
360.794
127.262
1.055.087
960.505
94.582
196.478
15.084
181.394
1970
56093
48876
7217
492945
391111
101834
754790
539586
215204
987478
899492
87986
157873
6590
151283
1930
100,0
74,3
25,7
s.d.
1940
100,0
67,0
33,0
s.d.
100,0
79,5
20,5
100,0
92,1
7,9
100,0
12,9
87,1
100,0
75,3
24,7
100,0
90,9
9,1
100,0
5,5
94,5
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
26.101
23.527
2.574
38.826
33.809
5.017
60073
50064
10009
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
81.630
59.488
22.142
2.155.293
1.616.152
539.141
s.d.
1.311.887
1.052.546
259.341
1952
100,0
88,0
12,0
100,0
70,0
30,0
100,0
77,0
23,0
100,0
75,9
24,1
s.d.
1960
100,0
87,3
12,7
100,0
78,0
22,0
100,0
73,9
26,1
100,0
91,0
9,0
100,0
7,7
92,3
1970
100,0
87,1
12,9
100,0
79,3
20,7
100,0
71,5
28,5
100,0
91,1
8,9
100,0
4,2
95,8
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
100.0
90,1
9,9
100,0
87,1
12,9
182
142
40
101.979
81.462
20.517
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
186314
143640
42674
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
100.0
72,9
27,1
100.0
75,0
25,0
100,0
83,3
16,7
100,0
78,0
22,0
100,0
79,9
20,1
s.d.
100,0
77,1
22,9
s.d.
s.d.
1.768.721
2.388.667 2.695.566 100.0
100.0
100.0
100.0
1.333.195
1.854.366 2.079.359
80,2
75,4
77,6
77,1
435.526
534.301
616.207
19,8
24,6
22,4
22,9
(2)
(3)
(4)
Fuente: Censos de Población correspondiente a los años 1930, 1940, 1952, 1960 y 1970.
(1) La cifra total de población por categorías de ocupación incluye a cesantes y a quienes trabajan sin remuneración, es por esto que no coincide con el total de la
población ocupada.
489
(2) En el año 1940 la diferencia entre el total de ocupados por Rama y por categoría ocupacional se debe a que en esta última se incluye a los rentistas.
(3) y (4) Para los años 1960 y 1970, la cifra total de población por categorías de ocupación incluye a cesantes y a quienes buscan trabajo por primera vez, es por
esto que no coincide con el total de la población ocupada.
490
Cuadro 8. Distribución porcentual de la población ocupada, por sexo según Ramas de Actividad (*) Total País, 1982, 1992 y 2002
Actividad
I Caza y Pesca
(1)
II Agricultura
III Minería
IV Industrias (
**)
Mecánica
Metalurgia
Textiles
Papeles e
Impresiones
Maderas
Alimentos
Vestuario
Edificación
V. Transportes
Marítimo
Terrestre
Ferrocarril
Correos y
telégrafos
Aviadores
VI Comercio
Contratista
Comercios
varios
Hotelería (2)
VII
Construcción
VIII Elec., gas y
agua
IX Servicios
Profes.
Liberales
Enseñanza
Cultos
Bellas artes y
espectáculos
Profesiones
Hombre
1982
Mujer
Total
Hombre
1,8
1992
Mujer
0,3
Total
1,3
Hombre
1,7
2002
Mujer
0,8
Total
1,4
23,0
2,8
14,2
2,2
0,2
10,7
17,5
2,2
13,7
19,5
3,1
18,7
3,3
0,4
14,2
14,7
2,3
17,3
12,9
2,0
14,3
2,8
0,2
8,2
9,4
1,4
12,2
7,0
1,6
5,8
8,5
2,4
6,7
9,6
3,2
7,4
12,8
16,7
14,3
17,3
21,3
18,5
22,1
22,4
22,2
8,4
0,4
6,5
1,7
10,5
3,6
0,7
2,2
7,6
2,0
11,7
4,1
0,8
2,7
7,8
0,8
0,2
0,7
0,8
0,2
0,6
0,9
0,2
0,6
20,9
57,2
31,3
19,4
56,8
30,3
24,8
61,2
37,5
5,2
2,6
11,6
6,7
3,6
16,7
491
médicas
Servicio
6,7
0,2
25,1
1,2
21,7
7,1
0,8
15,8
6,1
doméstico(3)
X Actividades
7,5
6,7
0,1
0,3
0,2
no
especificadas
XI Sin
información
TOTAL
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0 100,0
Fuente: Censos 1982, 1992 y 2002
Notas (1): En el Censo de 1982 Agricultura, Caza y Pesca están juntas, en 1992 y 2002, Caza está junto con Agricultura y Pesca está separada. (2) Hotelería está
sumada a Comercio, a pesar que en los Censos 1992 y 2002 no lo estaba. (3) Las cifras de Servicio Doméstico en Censo 1982 están extraídas del cuadro
referido a categoría de ocupación “empleado doméstico”, sirve sólo de referencia; en los Censos de 1992 y 2002 las cifras figuraban en cuadro Ocupados por
rama de actividad como “Hogares privados con Servicio Doméstico”, y han sido sumadas a Servicios.
492
Cuadro 9. Proporción de Hombre y Mujeres en cada rama de actividad. Total País 1982-2002
Rama de
Actividad
I Agricultura
(1)
Pesca
II Minería
III Industrias
Textiles
Cueros y pieles
Maderas
Metalurgia
Alfareros y
Loceros
Productos
Químicos
Alimenticia
Vestuario y
Tocado
Menaje
Edificación
Construcción
Ind. de las Artes
IV Transportes
Marítimo
Por calles
Ferrocarril
Correos y
telégrafos
Aviadores
V Comercio
Contratista
Hotelería
Comercios
varios
VI
Construcción
VII Elec., gas y
agua
1982
1992
2002
Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total
96,8
3,2
100,0
93,5
6.5
100,0
89,3
10,3
100,0
97,1
78,9
2,9
21,1
100,0
100,0
100,0
93,9
95,4
76,1
6,1
4,6
23,9
100,0
100,0
100,0
80,4
94,2
76,2
19,6
5,8
23,8
100,0
100,0
100,0
92,5
7,7
100,0
89,6
10,4
100,0
84,7
15,3
100,0
68,5
31,5
100,0
68,0
32,0
100,0
67,1
32,9
100,0
100,0
54,2
45,8
100,0
48,0
52,0
100,0
98,2
1,8
100,0
97,3
2,7
100,0
96,3
3,7
100,0
92,4
7,6
100,0
89,3
10,7
100,0
86,7
13,3
100,0
493
VIII Servicios
50,9
49,1
100,0
55,5
44,5
100,0
49,5
50,5
100,0
Servicio
3,3
96,7
100,0
11,2
88,8
100,0
9,2
90,8
100,0
(1)doméstico
IX Actividades
no
especificadas
X Sin
información
Total
100,0
100,0
100,0
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1982, 1992 y 2002. INE.
Notas (1): En el Censo de 1982 Agricultura, Caza y Pesca están juntas, en 1992 y 2002, Caza está junto con Agricultura y Pesca está separada. (2) Hotelería no
está sumada a Comercio en Censos 1992 y 2002. (3) Servicio Doméstico en Censo 1982 está sacado del cuadro referido a categoría de ocupación “empleado
doméstico”, sirve sólo de referencia; en los Censos de 1992 y 1993 no está sumado a Servicios y figura en cuadro Ocupados por rama de actividad como
“Hogares privados con Servicio Doméstico.”
494
Cuadro 10. Población censada por Grupos de Ocupación y sexo. Total País. Años 1982, 1992 y 2002
Grupos de ocupación
Profesionales (1)
Hombres
Mujeres
Gerentes, administrad(2).
Hombres
Mujeres
Oficinistas
Hombres
Mujeres
Vendedores (3)
Hombres
Mujeres
Agricultores, etc.
Hombres
Mujeres
Trabajadores ocupación
minera
Hombres
Mujeres
Conducción medios de
transporte (4)
Hombres
Mujeres
Artesanos, operarios
Hombres
Mujeres
Trabajadores manuales y
jornaleros N.E.O.C. (5)
Hombres
Mujeres
Trabajadores de
servicios y similares (6)
Hombres
Mujeres
Fuerzas Armadas
1982
281.431
133.370
148.061
92.126
73.276
18.850
419.632
255.778
163.854
316.472
214.653
101.819
639.802
621.661
18.142
----
Nº
1992
528.273
281.647
246.626
255.140
190.064
65.076
552.382
288.594
263.788
487.245
256.214
231.031
554.627
528.427
26.200
-----
2002
1.137.054
610.930
526.124
290.238
195.264
94.974
408.659
203.972
204.687
590.587
295.837
294.750
246.481
231.238
15.243
-----
----
----
1982
100,0
47,4
52,6
100,0
79,5
20,5
100,0
61,0
39,0
100,0
67,8
32,2
100,0
97,2
2,8
-----
%
1992
100,0
53,3
46,7
100,0
74,5
25,5
100,0
52,2
47,8
100,0
52,6
47,4
100,0
95,3
4,7
------
100,0
90,2
9,8
100,0
89,0
11,0
100,0
90,7
9,3
100,0
60,0
40,0
----
154.036
152.689
1.347
668.986
597.703
71.283
1.178.857
1.054.289
124.568
980.224
889.359
429.697
100,0
99,0
1,0
100,0
89,3
10,7
346.069
299.522
46.547
881.716
523.837
357.879
988.401
593.086
395.315
100,0
86,5
13,5
100,0
59,4
40,6
----
------100,0
29,5
70,5
------
---
430.658
127.201
303.457
-----
76.590
73.085
3.505
52.255
48.823
3.432
2002
100,0
53,7
46,3
100,0
67,3
32,7
100,0
49,9
50,1
100,0
50,1
49,9
100,0
93,8
6,2
---
-----
100,0
95,4
4,6
100,0
93,4
6,6
495
Otros trabajadores
N.E.O.C. y trab. en
ocupaciones no
identificadas o no
declaradas
Hombres
Mujeres
331.065
244.970
86.095
17.394
6.535
10.859
391.986
235.373
156.613
100,0
74,0
26,0
100,0
37,6
62,4
100,0
60,0
40,0
Totales
3.680.277
4.532.224
5.085.885
100,0
100,0
100,0
Hombres
2.720822
3.202692
3.302.882
74,0
70,7
64,9
Mujeres
959.455
1.329.532
1.782.003
26,0
29,3
35,1
Fuente. Censos de Población y vivienda 1982, 1992 y 2002. INE. Santiago de Chile.
Notas: (1) En 1992 y 2002 abarca los grupos: Profesionales, científicos e intelectuales y Técnicos y profesionales de nivel medio. (2) En 1992 y 2002 abarca
miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y empresas. (3) En 1992 y 2002 abarca vendedores
de comercio y mercado y trabajadores de los servicios (4) En 1992 y 2002 no hay una grupo particular (5) en 1982 esta categoría abarca obreros y jornaleros;
en 1992 y 2002 abarca a Trabajadores no calificados. (6) En 1982 esta categoría abarca trabajadores de servicios personales
496
Cuadro 11. Población censada por Categorías de Ocupación. Total País 1982-2002
Categorías de
N
%
ocupación
1982
1992
2002
1982
1992
Empleadores
103.501
304.026
223.172
100,0
100,0
Hombres
84.223
220.958
156.456
81,4
72,7
Mujeres
19.278
83.068
66.716
18,6
27,3
Trabajador cta.
583.651
721.503
816.378
100,0
100,0
propia
478.369
587.364
600.629
82,0
86,4
Hombres
105.282
134.139
215.749
18,0
18,6
Mujeres
Empleados (1)
1.285.497
3.163.966
3.687.773
100,0
100,0
Hombres
856.778
2.297.980
2.477.068
66,6
72,6
Mujeres
428.719
865.985
1.210.705
33,4
27,4
Obreros (1)
1.221.895
--100,0
-Hombres
1.106.885
90,6
Mujeres
115.010
9,4
Servicio doméstico
239.294
234.683
279.915
100,0
100,0
Hombres
7.793
17.071
19.551
3,3
7,3
Mujeres
231.501
217.612
260.364
96,7
92,7
Familiar remunerado
------Hombres
Mujeres
Familiar no
139.266
108.046
78.647
100,0
100,0
remunerado
118.132
79.318
50.178
84,8
73,4
Hombres
21.134
28.728
28.469
15,2
26,6
Mujeres
Otros
-------Hombres
Mujeres
Ignorados
-------Hombres
Mujeres
Sin dato
-------Hombres
Mujeres
Total
3.573.104
4.532.223
5.085.885
100,0
100,0
2.652.180
3.202.691
3.303.882
74,2
70,7
920.924
1.329.532
1.782.003
25,8
29,3
2002
100,0
70,1
29,9
10,0
73,6
26,4
100,0
67,2
32,8
--
100,0
7,0
93,0
---
100,0
63,8
36,2
100,0
64,9
35,1
Fuente: Censos de Población correspondiente a los años 1982, 1992, 2002 Nota: (1) En 2002 corresponde a Asalariados –empleados y obreros
Cuadro 12. Total de mujeres en el Servicio Doméstico
País
Tarapacá
Valparaíso
Santiago
Concepción
1930
84.314
1.017
10.283
33.658
6.143
1940
140.471
1.357
13.575
54.848
8.626
1952
171.330
1.234
15.500
71.381
11.895
1960
187.589
1.702
16.656
87.013
12.604
1970
151.867
1.798
12.447
75.275
11.173
1982
231.501
1992
217.612
Fuente: Censos de Población correspondiente a los años 1930, 1940, 1952, 1960 y 1970, 1982, 1992 y 2002
2002
260.364
Anexo 4
Gráficos
Población Económicamente Activa, por sexo, total país
90
80,4
80
70
60
61,9
66
65,7
65,1
34
34,3
34,9
68,8
69,5
31,2
30,5
75,3
73,5
75
77,6
77,1
74
70,5
64,9
50
40
38,1
30
35,1
26,5
24,7
20
25
19,6
22,9
22,9
26
29,5
10
0
1854
1865
1875
1885
1895
1907
1920
1930
Hombres
1940
Mujeres
1952
1960
1970
1982
1992
2002
Distribución por Rama, Total País
1854-2002
50
45
44,7
39,4
38,6
36,8
34,4
37,5
35,6
33,4
17,1
16,5
15
9,3
años
52
5,5
4,3
19
40
5,6
5,3
19
30
5,3
4,1
19
20
07
3,1
1,7
6,5
5,1
2,3
19
6,2
19
95
5,2
3,8
2
18
85
18
75
65
18
54
18
3,4
3,2
1,2
18
3
2,7
2,1
0
3,6
3,5
1,3
16,5
17,5
14,3
13,7
11,2
8,8
5
17,9
14,7
14,2
10
18,9
22,2
21,1
10,3
4,7
4,4
10,1
4,9
3,8
11,2
Agricultura
Minería
18,5
17,3
16
Industria
12,2
10,8
Transportes
Comercio
Servicios
6,1
5,8
6,7
7,4
3
2,2
2,3
1,4
02
19,6
22,2
22,7
20
20
25,7
24,6
22,6
92
24
19
24,1
23,6
82
20
25,4
22,8
19
21,1
30,3
27,7
70
26,7
25
31,3
30
28,5
19
30
35,7
60
35
porcentajes
40,2
19
41,3
40
42,6
Distribución por Ramas Total País, 1854-2002
Mujeres
80
70
Agricultura
60
porcentajes
Minería
50
Industria
40
Transportes
30
Comercio
20
Servicios
10
0
1854 1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 1970 1982 1992 2002
años
Distribución por Ramas Total País, 1854-2002
Hombres
80
70
Agricultura
60
porcentajes
Minería
50
Industria
Transportes
40
Comercio
30
Servicios
20
Construcción
10
0
1854 1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 1970 1982 1992 2002
años

Trabajo y empleo femenino en Chile 1880

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