Brasil

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Campaña Global por la Reforma Agraria
RED DE EMERGENCIA
X0504 ABRA (CRA 0502)
29.03.2005
Brasil: Falta de la Reforma Agraria resulta en más asesinatos en el Brasil
En el Estado del Pará en el municipio de Anapú, la hermana Dorothy Stang y otros 7 trabajadores rurales y
representantes del sindicato de los trabajadores rurales fueron asesinados por su lucha por la reforma agraria. 90% del
territorio de Anapu es de tierras devolutas, o sea, pertenecen al Estado, pero la ocupación ilegal de estas tierras
(grilagem) es la causa principal de los conflictos agrarios. Parte de estas tierras fueran destinadas a la implantación del
PDS (Proyecto de Desarrollo Sustenible), a fines de Reforma Agraria. Todavia, debido a la falta de monitoreo del
Estado, muchos terratenientes estan ocupando estas areas y expulsando las familias asentadas.
Ante esta situación de asesinatos, violencia, impunidad y la consecuente violación de los derechos humanos las
entidades del Foro Nacional de Reforma Agrária de Brasil decidiran hacer una campaña nacional y
internacional. Es muy importante presionar las autoridades brasileras para que tomen medidas urgentes para
respetar, proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, de sus lideres, defensores
y realizar la reforma agraria en Brasil. Por favor, envíe lo más pronto posible esta carta al Presidente del Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva, con copias al Ministro Relator del Superior Tribunal de Justicia. Informe también el
Sindicato de los Trabajadores Rurales de Anapu.
Antecedentes
Durante los ultimos 20 años fueron asesinados más de 1385 trabajadores rurales, lideres y activistas ligados a los
movimientos de lucha por la tierra y por la Reforma Agraria en Brasil. La impunidad de estos crímenes es un hecho marcante: hasta
hoy, solamente 77 casos fueran juzgados, con la condena de 15 mandantes y 65 ejecutores. Además de la impunidad, muchas
acciones gubernamentales acaban penalizando las trabajadoras y los trabajadores rurales que luchan por su derechos. del 2003 hasta
2004, más de 70 mil familias campesinas han sido víctimas de desalojos violentos, ordenados por la justicia e executados
violentamente por la polícia militar. Más de 200 trabajadores rurales, especialmente los lideres, están amenazados de muerte en las
diferentes regiones del Brasil.
Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT ), el Estado de Pará es una de las regiones brasileñas del mayor índice de
violaciones de los Derechos Humanos relacionados a las cuestiones agrarias en Brasil. El municipio de Anapu se localiza en la
región central del Estado siendo que 90% de su territorio son tierras devolutas, o sea, pertenecen al Estado, y la ocupación ilegal de
estas tierras (grilagem) es la causa principal de los conflictos agrarios.
Esta situación tuvo origen el la decada de los 70. En esta epoca, el INCRA (Instituto de Colonización y Reforma Agraria)
proyectó la expansión agricola a través de la implantación de grandes haciendas (promedio de 3 mil hectareas cada una). Estas
tierras fueran licitadas a los grandes terratenientes, cuales se aplicaron a un Contracto de Alienación de Tierras Publicas. Los
futuros propietarios tenian que presentar un plan de trabajo a ser ejecutado en veinte años, obligandose a montar una empresa
agricola, tornar la tierra productiva y no venderla en este periodo. Al fin de este periodo (principio del 2000), fue iniciado el proceso
de inspección de los inmuebles, siendo que el INCRA constató que la gran mayoria de las haciendas eran propiedades
improductivas, ya que los planes de ocupación no fueron realizados, tornando la posesión de la tierra ilegal. Con esto, los contratos
de alienación tendrían que ser extintos, revertiendo la tierra al Estado. Según la Constitución de Brasil, estas tierras deberian ser
destinadas a la reforma agraria. El INCRA realizó solamente un pequeño numero de juicios y en muchos casos los grileiros
permanecian en las tierras. La omisión del Estado en no integrar estas tierras – asociada a las acciones ilegales y predatorias de los
madereros y criadores de ganado – esta dentro de los principales factores que aumentaron las disputas por la tierra.
El avance de la lucha por una nueva politica agraria en Anapu es el resultado de la conquista de los movimientos sociales,
con la creación del PDS (Proyecto de Desarrollo Sustenible) el 13 de deciembre del 2003, como nuevo modelo de Reforma Agrária
del Gobierno Federal, que concilia el asentamiento de pueblos tradicionales de la amazonia (indigenas, riberiños, poseros) con areas
de interes ambiental, para promover el desarollo sosteníble.
Las tierras del PDS Esperança, que son 145 mil hectareas de tierras, empezaron a sufrir invasiones de terratenientes
(grileiros) que reivindican la posesión legal de los antiguos Contratos de Alienación de Tierras Públicas. En los ultimos años, los
focos de conflicto de lucha por la tierra entre terratenientes, madereros y los pequeños campesinos aumentaron con el avance de la
frontera agricola (especialmente con el avance de la pecuaria), la extracción ilegal de madera y la valoración de los precios de la
tierra en la región.
A principios de este año, en las areas del PDS de Anapu, el aumento de estos conflictos ha causado una secuencia de
asesinatos de trabajadores rurales y personas ligadas al movimiento de lucha por la tierra. La hermana Dorothy Stang, agente de la
CPT, que estaba amenazada de muerte hizo varias denuncias y apelaciones ante el Gobierno Federal en relación al crimen
organizado de los terratenientes y grileiros (personas que tienen titulos de tierras ilegalmente) de la región. Denunció incluso, el
envolucramiento de las autoridades locales, regionales y de la polícia militar y civil del gobierno estatal. El dia 12 de febrero del
2005, la misionaria fue brutalmente asesinada con disparos de 6 tiros, hiriéndola en la espalda y en la cabeza. El crimen fue
ejecutado por dos pistoleros, a mandados por terratenientes, contrarios a la implantación del PDS Esperança y Virola Jatobá. En el
municipio de Parauapebas, otro asesinato motivado por conflictos agrarios ocurrió el dia 15 de febrero del 2005. Daniel Soares de
Souza, activista sindical y Presidente de la Asociación del Proyecto de Asentamiento Carlos Fonseca, fue asesinado con seis tiros a
ropa quemada en la carretera que dirige al asentamiento, aumentando los numeros de la violencia en el campo brasilero.
El mandato de la Red der Emergencia
En función de los datos presentados, queda explicita la situación de violación de los Derechos Humanos en el Estado del Pará y se
hace necesario que el Estado Brasilero tome medidas urgentes para detener y parar los crímenes contra los sindicalistas,
trabajadores rurales y activistas de los derechos humanos que luchan por la reforma agraria; la ejecución de las metas de reforma
agraria del Plano Nacional de Reforma Agrária y la actualización de los indices de productividad; acciones inmediatas para
investigar rigorosamente las amenazas contra los trabajadores rurales, lideranzas y Defensores de Derechos Humanos, puniendo
ejemplarmente los autores de las mismas; la disponibilización de recursos financeros para la reforma agraria, sin cortes en los pocos
recursos destinados al Ministério del Desarollo Agrario; la implementación de proyectos de desarrollo sostenible, a partir del
desarrollo de la agro-ecologia, de la agricultura familiar y campesina y la implantación de reservas extrativistas, especialmente en la
Región Amazónica. El Brasil como Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos esta obligado a respetar,
proteger y garantizar estos derechos a toda a su población. En virtud de esta obligación de derecho público internacional, el Estado
Brasilero debe adoptar medidas que aseguren el disfrute de los derechos humanos a los campesinos de Brasil, en especial en Pará.
Fin de la línea de emergencia: 10.05.2005
Direcciones:
Presidente do Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva
Palácio do Planalto
Praça dos 3 Poderes
Cep: 70.150-900 – Brasília/DF
E-mail: [email protected]
Fax: ++55-61-4112222
Cópias para: Ministro Relator do Superior Tribunal
de Justiça
Arnaldo Esteves Lima
SAFS – Quadra 06 – Lote 01 – Trecho III,
Cep: 70.095-900 – Brasília
E-mail: [email protected]
Fax: ++55-61- 3196322
Francisco de Assis dos Santos
Souza
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Anapu - (STR)
Rua São Francisco,103
Cep: 68365-000-Anapu-Pará-Brasil
Tradución de la carta
Honrado Señor Presidente,
Quiero manifestar mi profunda indignación en relación a las informaciones preocupantes que recebi sobre la situación de violencia e injusticia que estan ocorriendo
en el campo en Brasil y en especial los conflictos agrarios en el Estado de Pará, una de las regiones de más alto nivel de violación dos derechos humanos en Brasil.
En este Estado, en los ultimos dos meses ocorrian ocho asesinatos de trabajadores rurales y personas ligadas a los movimientos sociales por el derecho a la tierra.
El asesinato de la hermana Dorothy Stang en febrero del 2005, fue un acto barbaro que demostra la violencia con que los representantes y beneficiarios de la
explotación predatoria de la Amazonia actuan ante la existencia de proyectos populares que buscan la inclusión social con sostentabilidad ambiental. Este asesinato
se encuentra en el mismo rayo de las fuerzas responsables por la grilagem de las tierras publicas, por la destrucción ambiental, especialmente a través de la retirada
ilegal de madera, y por la repetida violencia en contra de los campesinos, indigenas, defensores de los derechos humanos y todos los que se oponen a la ocupación
predatoria da Amazónia.
Apelo por una rigorosa investigación y punición de los culpables por estos asesinatos y reivendico medidas energicas para acabar con el robo de las tierras publicas,
los crimenes ambientales y la violencia en contra de los trabajadores y sus lideranzas, una practica historica en el Estado del Pará, haciendo de estas acciones
ejemplos de la voluntad gubernamental para acabar con la impunidad en el campo brasilero.
Tomo la libertad, estimado presidente, en función de los compromisos de derechos humanos asumidos por el Estado brasilero, que es signatario del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1992, que usted adote urgentemente las siguientes medidas:
a) ejecución de las metas de reforma agraria del Plano Nacional de Reforma Agrária y la actualización de los indices de productividad;
b) acciones inmediatas para investigar rigorosamente las amenazas en contra de los trabajadores rurales, lideranzas y Defensores de Derechos Humanos, puniendo
ejemplarmente los autores de las mismas;
c) la disponibilización de recursos financeros para la reforma agraria, sin cortes el los pocos recursos destinados al Ministério del Desarollo Agrario;
d) la implementación de proyetos de desarollo sustenible, a partir del desarrollo de la agro-ecologia, de la agricultura familiar y campesina y la implantación de
reservas extrativistas, especialmente en la Región Amazónica.
Resumiendo, estimado presidente, reivindicó la implantación de una amplia y masiva reforma agraria y el fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina
como el unico medio de garantizar los derechos humanos, asi como el derecho al trabajo y a una vida digna para la populación rural, historicamente excluida. Un
cambio del actual modelo de agropecuario, excludente, predatorio y concentrador de la tierra, renta y poder es el camino esctructural para impedir que la situación
violencia instalada en el campo del Pará y del Brasil continue haciendo victimas.
Le agradecería que me mantenga informado de todas las medidas que tome a este respecto.
Atentamente
Presidente do Brasil
Luis Inácio Lula da Silva
Palácio do Planalto
Cep: 70.150-900 – Brasília/D
Fax: ++55-61-4112222
Exmo. Senhor presidente Lula,
Quero manifestar profunda indignação diante das informações que recebi sobre a situação de violência e
injustiça no campo brasileiro, em especial ao quadro de conflitos agrários no Estado do Pará, uma das regiões de maior
violação dos direitos humanos no Brasil. Neste Estado, em menos de dois meses, ocorreram sete assassinatos de
trabalhadores rurais e de pessoas ligados aos movimentos sociais pelo direito à terra.
O assassinato da missionária Dorothy Stang, ocorrido fevereiro passado, foi um ato bárbaro que explicita a
violência com que representantes e beneficiários da exploração predatória da Amazônia reagem ante a existência de
projetos populares que buscam a inclusão social cidadã com sustentabilidade ambiental. Esse assassinato encontra-se no
mesmo raio de ação das forças responsáveis pela grilagem das terras públicas, pela destruição ambiental, especialmente
através da retirada ilegal de madeira, e pela reiterada violência contra camponeses, indígenas, defensores de direitos
humanos e todos os que se opõe à ocupação predatória da Amazônia.
Apelo por uma rigorosa investigação e punição dos culpados desses assassinatos e reivindico medidas enérgicas
para coibir o roubo de terras públicas, os crimes ambientais e a violência contra trabalhadores e suas lideranças, prática
já histórica no Estado do Pará, fazendo dessas ações exemplos da vontade governamental para acabar com a
impunidade no meio rural brasileiro.
Tomo a liberdade, senhor presidente, embasado nos compromissos de direitos humanos assumidos pelo Estado
brasileiro, o qual é signatário do Pacto Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais desde
1992, que vossa Excelência adote urgentemente as seguintes medidas:
a)
a execução das metas de reforma agrária (Plano Nacional de Reforma Agrária) e a atualização dos índices de
produtividade;
b)
ações imediatas para apurar rigorosamente as ameaças contra trabalhadores rurais, lideranças e Defensores de
Direitos Humanos e punir exemplarmente os autores das mesmas;
c)
a disponibilização de recursos financeiros para a reforma agrária, sem cortes nos parcos recursos destinados ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário;
d)
a implementação de projetos de desenvolvimento sustentável, a partir do desenvolvimento da agro-ecologia, da
agricultura familiar e camponesa e a implantação de reservas extrativistas, especialmente na Região Amazônica.
Resumindo, senhor presidente, reivindico a implantação uma ampla e massiva reforma agrária e o
fortalecimento da agricultura familiar e camponesa como único meio de garantir os direitos humanos como, o direito ao
trabalho e a uma vida digna para a população rural, historicamente excluída. Uma mudança no atual modelo de
desenvolvimento agropecuário, excludente, predatório e concentrador de terra, renda e poder é o caminho estrutural
para impedir que a situação de violência instalada no meio rural do Pará e do Brasil continue fazendo vítimas.
Por favor, mantenha-me informado sobre as medidas tomadas a respeito.
Atentamente