Compilación de los documentos de posición y análisis sobre

Compilación de los documentos de posición
y análisis sobre integración regional
producidos por los movimientos y
organizaciones sociales
Por Maureen Santos
Mayo 2008
Índice
1. Declaraciones y documentos de posición.......................................................4
Plataforma Laboral de las Américas – agosto de 2005.........................................4
Declaración de Mar del Plata – III Cumbre de los Pueblos de América – 03 de
noviembre de 2005.....................................................................................12
Declaración de Córdoba – Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración
de los Pueblos de Sudamérica – 21 de julio de 2006........................................16
Declaración de Córdoba – CCSCS – Cúpula do Mercosul – 21 de julio de 2006.....21
Declaración “Internalização capitalista ou integração dos povos: para onde vai a
América do Sul” – Alternativas de Integração regional – 18 y 19 septiembre de
2006 ........................................................................................................24
Carta: Las Organizaciones de la Sociedad Civil hacia la construcción de la
Comunidad Sudamericana de Naciones – 22 y 23 de noviembre de 2006 ...........29
Manifiesto de Cochabamba – Cumbre Social por la Integración Solidaria de los
Pueblos – 9 diciembre de 2006 ...................................................................35
Conclusiones de la Cumbre Social de Cochabamba - 9 de diciembre de 2006.......36
Declaración Final de la Cumbre Social del Mercosur – 14 de diciembre de 2006. . .38
Declaración de Iximche - III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades
Indígenas de Abya Yala – 30 de marzo de 2007..............................................43
Declaración de Movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales a
proposito de la 1era Cumbre Energética Sul-Americana – 16 de abril de 2007.....46
Declaración de Tintorero – Movimientos Sociales del ALBA – 30 de abril de 2007 48
Declaración de Asunción – Cumbre de los Pueblos del Sur – 29 de junio de 2007. 53
Llamado a los poderes públicos de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai y Venezuela12 de julio de 2007 .....................................................................................56
Conclusiones del Seminario Mecanismos de participación de la sociedad civil en
UNASUR - 25 de julio de 2007 .....................................................................57
Declaración de Arequipa – Cumbre de los Pueblos del Sur – 14 de setiembre de
2007........................................................................................................59
Manifiesto de Santiago – Cumbre por la Amistad e integración de los pueblos
iberoamericanos – 10 de noviembre de 2007...................................................61
Declaración de Montevideo – Cumbre de los Pueblos del Sur – 17 de diciembre de
2007.........................................................................................................64
2
Segunda Carta Abierta: Por un Banco del Sur orientado a una matriz soberana,
solidaria, sustentable e integradora para el desarrollo del continente – diciembre de
2007..........................................................................................................67
Declaración Política del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP – 26 de
enero de 2008............................................................................................70
Declaración final Seminário UNASUR: intereses en disputa – 13 de marzo de 2008
.................................................................................................................71
Declaración Cumbre de los Pueblos EA3 – 16 de abril de 2008...........................73
2. Declaración de los Encuentros Hemisféricos de la Habana...........................76
VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la Integración de los
Pueblos - 2007...........................................................................................76
VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la Integración de los
Pueblos - 2008............................................................................................79
3. Lista de artículos y análisis sobre integración regional................................82
3.1 Modelos alternativos de integração? Projetos neoliberais e resistências
populares – Edgardo Lander, 2005.................................................................82
3.2 Alternativas a la Globalización neoliberal- Alberto Arroyo Picard, 2005..........88
3.3 El ALBA...Dibuja um amplio trecho por andar – Judith Valencia, 2005...........96
3.4 Guión: Algunos Puntos para el Debate sobre la Integración Regional– 2006 101
3.5 Integración de los pueblos: dos frentes de lucha contra el libre comercio –
Gonzalo Berrón, 2006.................................................................................106
3.6 El ALBA elabora filosofía: Aspectos Filosóficos y Constitucionales del ALBA –
Judith Valencia, 2006..................................................................................109
3.7 América Latina: Integración Regional y Luchas de Emancipación – Gustavo
Codas, 2006..............................................................................................114
3.8 Os movimentos sociais e o Mercosul: aproximações e afastamentos – Adhemar
Mineiro e Clarisse Castro, 2006....................................................................120
3.9 Integración y Energía – Pablo Bertinat, 2006...........................................128
3.10 Elementos para uma Integração geradora de igualdade – Nalu Faria, 2007 143
3.11 Sobre las circunstancias que afectan a la creación del Banco del Sur – Eric
Toussaint, 2007.........................................................................................147
3.12 El Alba:Un nuevo amanhecer? – Esperanza Martinez, 2006.....................153
3.13 Que Integração Regional? – Jean Pierre Leroy y Marcelo Achkar, 2007......159
3.14 Da resistência contra a ALCA às alternativas populares: a hora da integração
regional – Gustavo Codas...........................................................................170
3
3.15 A Integração Sul-americana: UNASUL e ALBA – processos de integração
alternativos, 2007......................................................................................177
4. Lista de links de artículos y publicaciones disponibles en página web........191
4
1. Declaraciones y documentos de posición
Plataforma Laboral de las Américas
Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe,
unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el
Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la
Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de
Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas,
hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.
Decimos:
La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las
regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida
como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal,
todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo:
desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la
pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre
los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente,
el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de
género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones
cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas.
El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social,
volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de
diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.
El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el
fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.
Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación,
empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar
nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales
inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de
desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y
construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes.
Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan
como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación
de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad,
generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.
Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los
Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países
empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se
expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser
instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos
países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de
Inversiones.
Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para
iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de
proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.
1
La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta
de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.
5
1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de
Género
Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas
partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.
Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso
fundado en los siguientes presupuestos:
 Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos
humanos,
 Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de
decisiones nacionales y supranacionales
 Justicia Social
 Perspectiva de género,
 No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.
 Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible
 Sociedades sin excluidos/as
 Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.
Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados,
convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la
participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la
justicia social.
La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de
género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto
significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y
el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las
desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las
políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales,
deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la
participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar
alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la
violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas
hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género,
impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para
lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo
podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas
políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras
de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos
de los procesos sociales.
Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte
más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y
para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma
Laboral de las Américas.
Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:
a) Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y
multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.
b) Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración
subregionales sin afectar su autonomía.
c) Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de
los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.
d) Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.
6
e) Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de
convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que
puedan apelar los ciudadanos.
f) Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.
g) Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de
sus decisiones y sentencias.
h) Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano
de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y
sus mecanismos e instancias de protección.
2. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro
al empleo decente y al trabajo digno.
Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en
marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque
en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El
movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que
sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas
socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y
trabajo digno.
Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos
que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar
simultáneamente las siguientes dimensiones:
•
Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe
simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la
mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la
pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la
ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que
impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa
deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los
acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con
las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos
deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las
regiones.
Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo,
tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las
legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma
previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes
legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar
audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad
de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una
política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a
todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales
también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la
intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de
préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de
los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el
proceso.
•
Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno
empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de
inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los
recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria,
educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de
seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo
7
digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a
adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema
temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.
•
Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales
deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales
universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la
aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los
inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse
a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la
reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía,
penalizando el dumping social y la fuga de capitales.
•
Política fiscal y tributaria progresiva . Es urgente diseñar nuevas políticas
fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la
renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación
tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el
reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las
políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben
estar subordinadas a las metas sociales.
•
Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe
impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto
de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en
condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.
•
La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos
que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que
tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la
democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial
donde se desenvuelve.
•
Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso
continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente,
destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación
de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura
existentes y elaborando nuevos proyectos.
•
Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente
esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y
complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones
destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional,
subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria,
comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el
fortalecimiento de microempresas y PyMES.
•
Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales,
deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con
políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía
alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el
ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y
respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.
•
Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las
Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de
redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y
protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento
salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada
laboral.
•
Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las
regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la
complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo
8
digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una
responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre
nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en
proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales
universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de
Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las
Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para
acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud
Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos
serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter
progresivo y naturaleza sostenible.
•
Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el
endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la
limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los
capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el
desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados.
Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el
mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para
satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar
medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión
impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados
paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.
•
Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados
miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto
económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y
eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que
resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros
multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los
proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las
inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes
para fines de cálculo del superávit primario.
•
Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al
conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que
afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros
pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso
a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos
debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el
empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de
cerebros”.
•
Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir
su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad,
ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas
Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la
Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos
Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social
tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus
relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y
supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y
contratistas.
•
Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo
intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales
con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad
de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el
financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las
particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la
agricultura familiar.
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•
Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las
mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para
promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a
salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas
públicas de cuidado infantil.
•
Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil
que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con
particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y
182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la
eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones
laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo
existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo
de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación
social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio
de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.
•
Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito
interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con
un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las
niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando
el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.
•
Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y
permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno
de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional,
diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes,
buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones
para insertarse en el mundo del trabajo.
3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales
•
Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad
laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización,
el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.
•
Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de
Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las
leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben
comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de
las normas básicas del trabajo de la OIT.
•
Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de
la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales
y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y
actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las
Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales
respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.
•
Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como
Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas
enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de
millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y
consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos,
recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en
especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y
un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de
seguridad social fundados en el lucro privado.
•
Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un
paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora
10
real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una
profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos
sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los
niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser
protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.
•
Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio
esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores
y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de
los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e
instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención
del problema en tres ámbitos principales:
a) en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin
disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social
de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus
familias.
b) en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y
todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y
ancianos
c) en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo
reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de
igualdad.
•
Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el
trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión
promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto
seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por
género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los
derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio.
Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas,
contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan
rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por
discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección
y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.
11
•
Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del
movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que
impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de
millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a
migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del
Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es
desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no
emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han
migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario
garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la
Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los
Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre
Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se
hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas
de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea
agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las
certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la
subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y
laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos
continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las
remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el
principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la
Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para
las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y
laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.
4. Garantizar una sociedad sin excluidos.
Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una
nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas,
deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido
diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor
parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social
sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de
las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el
fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de
trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas
medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales
deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean
éstos formales, informales o desocupados.
Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de
generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad
dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de
combate efectivo contra la pobreza.
5. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas
Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se
establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en
el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e
instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan
políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo
sostenible del continente.
Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales
básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:
 Desigualdad
 Pobreza
12





Desocupación
Empleo informal
Igualdad de género
Trabajo Infantil
Índice de desarrollo de género (PNUD)
Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las
Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las
metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.
Declaración Final de la III Cumbre de los Pueblos de América
Mar del Plata - Argentina, 3 de noviembre del 2005
¡El ALCA debe ser enterrada para siempre! ¡NO al “libre comercio”, la
militarización y la deuda!
Para acabar verdaderamente con la pobreza, el desempleo y la exclusión social
Es necesario y posible una integración desde y para los pueblos
Delegados y delegadas de organizaciones sociales de todas las regiones del continente,
desde Canadá hasta la Patagonia; trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y viejos,
de todas las razas, mujeres y hombres dignos nos hemos encontrado aquí en Mar del
Plata, Argentina, para hacer oír la voz, excluida por los poderosos, de todos los pueblos
de nuestra América.
Como antes en Santiago de Chile y en Québec, nos hemos encontrado nuevamente
frente a la Cumbre de las Américas que reúne a los presidentes de todo el continente,
con la exclusión de Cuba, porque aunque los discursos oficiales siguen llenándose de
palabras sobre la democracia y la lucha contra la pobreza, los pueblos seguimos sin ser
tomados en cuenta a la hora de decidir sobre nuestros destinos. También nos
encontramos aquí, en esta III Cumbre de los Pueblos, para profundizar nuestra
resistencia a las calamidades neoliberales orquestadas por el imperio del norte y seguir
construyendo alternativas. Venimos demostrando que es posible cambiar el curso de la
historia y nos comprometemos a continuar avanzando por ese camino.
En el año de 2001, en la cumbre oficial de Québec, cuando todavía la absoluta mayoría
de los gobiernos se inclinaban ciegamente a la ortodoxia neoliberal y a los dictados de
Washington, con la honrosa excepción de Venezuela, Estados Unidos logró que se fijara
el primero de enero del 2005 como la fecha fatal para que entrara en vigor su nuevo
proyecto de dominación llamado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y que la
Cuarta Cumbre de las Américas a realizarse previamente en Argentina fuera la
culminación de las negociaciones de este proyecto perverso. Pero el primero de Enero del
13
2005 amanecimos sin ALCA y la cumbre oficial de Argentina ha llegado finalmente con
las negociaciones del ALCA estancadas. ¡Hoy estamos también aquí para celebrarlo!
Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su estrategia de afirmar su hegemonía en el
continente por medio de tratados de libre comercio bilaterales o regionales, como es el
que por un margen estrecho se ha aprobado para Centroamérica y el que buscan
imponer ahora a los países andinos. Además, ahora Washington esta lanzando el Acuerdo
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). No obstante las
evidencias incontestables de las desastrosas consecuencias de más de diez años de
Tratado de Libre Comercio, ahora este TLC plus pretende incluso imponer la política de
“seguridad” de los Estados Unidos a toda la región.
Pero el gobierno de Estados Unidos no se conforma con avanzar las piezas del
rompecabezas de su dominación en el continente. Insiste en acomodarlas en un marco
hegemónico único y no ha renunciado al proyecto del ALCA. Ahora, junto con sus
gobiernos incondicionales, viene a Mar del Plata con la pretensión de revivir el cadáver
del ALCA, cuando los pueblos han expresado claramente su rechazo a una integración
subordinada a Estados Unidos.
Y si su estrategia a favor de las corporaciones norteamericanas ha venido siendo
acompañada de una creciente militarización del continente y de bases militares
estadounidenses, ahora para rematar el genocida George W. Bush ha venido a la cumbre
de Mar del Plata para intentar elevar su política de seguridad a compromiso continental
con el pretexto del combate al terrorismo, cuando la mejor forma de acabar con él sería
el revertir su política intervencionista y colonialista.
En la declaración oficial que está siendo discutida por los gobiernos existe la amenaza
real de que puedan pasar, aún matizadas, las peores intenciones de los Estados Unidos.
La misma está llena de palabras vacías y propuestas demagógicas para combatir la
pobreza y generar empleo decente; lo concreto es que sus ofrecimientos perpetúan un
modelo que ha hecho cada vez más miserable e injusto a nuestro continente que posee
la peor distribución de la riqueza en el mundo. Modelo que favorece a unos pocos, que
deteriora las condiciones laborales, profundiza la migración, la destrucción de las
comunidades indígenas, el deterioro del medio ambiente, la privatización de la seguridad
social y la educación, la implementación de normas que protegen los derechos de las
corporaciones y no de los ciudadanos, como es el caso de la propiedad intelectual.
Además del ALCA, se insiste en avanzar en la Ronda de Doha, que busca otorgar más
poderes a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para imponer reglas económicas
inequitativas a los países menos desarrollados y hacer prevalecer la agenda corporativa.
Se sigue exponiendo al saqueo nuestros bienes naturales, nuestros yacimientos
energéticos; se privatiza la distribución y comercialización del agua potable; se estimula
la apropiación y privatización de nuestras reservas acuíferas e hidrográficas, convirtiendo
un derecho humano como es el acceso al agua en una mercancía de interés de las
transnacionales.
Para imponer estas políticas, el imperio y sus cómplices cuentan con el chantaje de la
deuda externa, impidiendo el desarrollo de los pueblos en violación de todos nuestros
derechos humanos. La declaración de los presidentes no ofrece ninguna salida concreta,
como sería la anulación y no pago de la deuda ilegítima, la restitución de lo que se ha
cobrado de más y el resarcimiento de las deudas históricas, sociales y ecológicas
adeudadas a los pueblos de nuestra América.
Las y los delegados de los distintos pueblos de América estamos aquí no sólo para
denunciar, estamos acá porque venimos resistiendo las políticas del imperio y sus
aliados. Pero también venimos construyendo alternativas populares, a partir de la
solidaridad y la unidad de nuestros pueblos, construyendo tejido social desde abajo,
desde la autonomía y diversidad de nuestros movimientos con el propósito de alcanzar
una sociedad inclusiva, justa y digna.
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Desde esta III Cumbre de los Pueblos de América declaramos:
1) Las negociaciones para crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) deben
ser SUSPENDIDAS INMEDIATA Y DEFINITIVAMENTE, lo mismo que todo tratado de libre
comercio bilateral o regional. Asumimos la resistencia de los pueblos andinos y de Costa
Rica contra el Tratado de Libre Comercio, la de los pueblos del Caribe porque los EPAs no
signifiquen una nueva era de colonialismo disfrazado y la lucha de los pueblos de
América del Norte, Chile y Centroamérica por echar atrás los tratados de esta naturaleza
que ya pesan sobre ellos.
2) Todo acuerdo entre las naciones debe partir de principios basados en el respeto de los
derechos humanos, la dimensión social, el respeto a la soberanía, la complementariedad,
la cooperación, la solidaridad, la consideración de las asimetrías económicas favoreciendo
a los países menos desarrollados. Por eso rechazamos el Tratado de Protección de
Inversiones que Uruguay firmó con los Estados Unidos.
3) Nos empeñamos en favorecer e impulsar procesos alternativos de integración
regional, como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).
4) Asumimos las conclusiones y las acciones nacidas en los foros, talleres, encuentros de
esta Cumbre y nos comprometemos a seguir profundizando nuestro proceso de
construcción de alternativas.
5) Hay que anular toda la deuda externa ilegítima, injusta e impagable del Sur, de
manera inmediata y sin condiciones. Nos asumimos como acreedores para cobrar la
deuda social, ecológica e histórica con nuestros pueblos.
6) Asumimos la lucha de nuestros pueblos por la distribución equitativa de la riqueza,
con trabajo digno y justicia social, para erradicar la pobreza, el desempleo y la exclusión
social.
7) Acordamos promover la diversificación de la producción, la protección de las semillas
criollas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, la soberanía alimentaría de
los pueblos, la agricultura sostenible y una reforma agraria integral.
8) Rechazamos enérgicamente la militarización del continente promovida por el imperio
del norte. Denunciamos la doctrina de la llamada cooperación para la seguridad
hemisférica como un mecanismo para la represión de las luchas populares. Rechazamos
la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro continente, no queremos bases ni
enclaves militares. Condenamos el terrorismo de estado mundial de la Administración
Bush, que pretende regar de sangre las legítimas rebeldías de nuestros pueblos. Nos
comprometemos en la defensa de nuestra soberanía en la Triple Frontera, corazón del
Acuífero Guaraní. Por esto, exigimos el retiro de las tropas estadounidenses de la
República del Paraguay. Exigimos poner fin a la intervención militar extranjera en Haití.
9) Condenamos la inmoralidad del gobierno de Estados Unidos, que mientras habla de
luchar contra el terrorismo protege al terrorista Posada Carriles y mantiene en la cárcel a
cinco luchadores patriotas cubanos. Exigimos su inmediata libertad!
10) Repudiamos la presencia en estas dignas tierras latinoamericanas de George W.
Bush, principal promotor de la guerra en el mundo y cabecilla del credo neoliberal que
afecta incluso los intereses de su propio pueblo. Desde aquí mandamos un mensaje de
solidaridad a los dignos hombres y mujeres estadounidenses que sienten vergüenza por
tener un gobierno condenado por la humanidad y lo resisten contra viento y marea.
Después de Québec construimos una gran campaña y consulta popular continentales
contra el ALCA y logramos frenarla. Hoy, ante la pretensión de revivir las negociaciones
del ALCA y sumarle los objetivos militaristas de Estados Unidos, en esta III Cumbre de
los Pueblos de América asumimos el compromiso de redoblar nuestra resistencia,
15
fortalecer nuestra unidad en la diversidad y convocar a una nueva y más grande
movilización continental para enterrar el ALCA para siempre y construir al mismo tiempo
bajo su impulso, nuestra alternativa de una América justa, libre y solidaria.
Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos pela Soberanía y la
Integración de los Pueblos de las Américas
Córdoba – Argentina, 21 de julio de 2006
Las Delegadas y Delegados de las organizaciones sociales, de trabajadoras y
trabajadores, campesinas, de los Pueblos Originarios, de todas las razas y credos,
mujeres y hombres dignos, nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Córdoba,
Argentina para celebrar la Cumbre de los Pueblos de nuestra América del Sur.
Venimos desde la resistencia contra las políticas neoliberales imperialistas, expresadas en
el libre comercio, la militarización, la dependencia financiera y la desigualdad
socioeconómica que genera hambre y empobrecimiento a nuestros Pueblos. Lucha de
resistencia que derrotó en Mar del Plata en noviembre de 2005, la intención del
Presidente Bush de los Estados Unidos de avanzar en la consolidación del proyecto ALCA
y del Acuerdo de Seguridad Continental.
Además, en este nuevo tiempo que transita nuestra Sudamérica, venimos construyendo
alternativas populares a las políticas que resistimos, como aquí en Córdoba la articulación
de los movimientos por el agua, la tierra y el ambiente.
Por esto, todas y todos los aquí reunidos no somos meros denunciantes de las políticas
del imperio y sus aliados, sino que nos construimos desde nuestra autonomía y
diversidad con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, fraterna y digna.
Desde esta Cumbre de los Pueblos de Sudamérica
RATIFICAMOS:
- No a los Tratados de Libre Comercio
- SI a la integración desde y para los Pueblos
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- NO a la deuda externa y la injerencia de las instituciones financieras internacionales. SI
a la independencia económica con soberanía financiera
- NO a la militarización y a la doctrina de Seguridad Continental. SI a la Soberanía
Popular y la Autodeterminación de los Pueblos
- NO a la desigualdad del hambre y la pobreza
- SI a la distribución de la riqueza, por la universalidad del derecho a la vida y la
soberanía alimentaria
En ese sentido, DECLARAMOS:
Denunciamos la política de militarización llevada a cabo por el imperialismo, que es
integral e impregna todas las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. De
ahí que los tratados comerciales, como el ALCA y los TLC bilaterales, tienen como
sustento a los pactos militares. En América Latina todos los yacimientos estratégicos,
minerales, energéticos, alimentarios y acuíferos son objeto de tratados para la
instalación de bases para su control y dominio.
Denunciamos y rechazamos la expresión del militarismo al interior de cada país, que se
traduce en control social preventivo y represión abierta contra el reclamo popular,
además de autoritarismo e impunidad en todas las esferas de la vida.
Reclamamos la denuncia de todos los pactos militares y el retiro de las tropas de Estados
Unidos del Paraguay, así como de las tropas de ocupación de la MINUSTAH de Haití.
Exigimos el cese de la agresión y el inmediato retiro de las tropas de EE UU de Irak, y de
las de Israel del Líbano y Palestina.
Exigimos la no ratificación - y consecuente anulación - del tratado de libre comercio del
MERCOSUR con Israel.
Demandamos a los gobiernos políticas que respeten los espacios comunes de los pueblos
originarios en nuestras fronteras, sin dividir sus territorios ancestrales, y que retomen las
recomendaciones del III Informe sobre Cuestiones Indígenas, para que los temas de los
pueblos originarios sean transversalizados en el Mercosur.
Repudiamos la abstención de la Argentina el 29 de junio en la votación sobre la
Declaración Universal de los Derechos Indígenas, en la Asamblea del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Exigimos que se reconozca el principio de la autodeterminación política, cultural,
territorial e identitaria de los Pueblos Originarios y comunidades urbanas y rurales.
Exigimos la liberación de los presos políticos de los pueblos originarios en Chile.
Exigimos la realización de auditorias integrales y participativas de las deudas así como la
suspensión de todo pago hasta tanto no se haya concluido con las mismas. Así podemos
establecer con fundamentos quiénes realmente deben a quienes y avanzar en la
identificación y sanción de los responsables del endeudamiento y cobranza ilegítimos y la
restitución de lo saqueado.
Reconocemos en esta lucha contra la impunidad de los grandes capitales, mercados e
instituciones financieras, una base necesaria para la generación de alternativas de
soberanía e independencia financiera, incluyendo la implementación de sistemas
tributarios progresivos y la coordinación de acciones e iniciativas a nivel regional que
permite aprovechar y compartir solidariamente la riqueza generada por nuestros Pueblos.
17
Rechazamos la extranjerización de la tierra, el monocultivo y los transgénicos que dañan
la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Rechazamos cualquier intento de privatización en el área educativa en todos los niveles.
Exigimos la difusión, cumplimiento y aplicación -con un mayor presupuesto para su
eficacia- de las leyes de no violencia contra la mujer y de educación sexual y
reproductiva.
Exigimos que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay suscriban la Declaración de
Agua de México, firmada por Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay. Reclamamos la sanción
de códigos de agua nacionales que sean abarcativos de todas las dimensiones del
recurso, y de un código de agua de las Américas en el que deben insertarse los códigos
nacionales, prestando especial atención a las reservas de agua dulce, y específicamente
al Acuífero Guaraní.
Denunciamos que siendo esta región una de las más ricas del mundo en recursos
naturales, capaz de producir alimentos y condiciones de vida digna al conjunto de su
población, hoy posee más de la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza, en
especial las mujeres, los niños y los ancianos. Los Pueblos organizados exigimos a los
poderes de los Estados que se ataquen las causas de la pobreza implementando políticas
universales de redistribución de los bienes económicos, sociales y culturales.
Denunciamos la inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción a favor del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones (CIADI), dependiente del
Banco Mundial. Postulamos la declaración de su nulidad, tanto por vía legislativa como
judicial, y. rechazamos enfáticamente las demandas allí planteadas.
Exigimos la anulación inmediata de los Tratados Bilaterales de Inversión que los estados
nacionales renuevan periódicamente. Denunciamos las facilidades y concesiones por
parte de los gobiernos hacia empresas transnacionales, responsables de la explotación y
el saqueo de nuestros recursos naturales. No queremos industrias sucias en nuestros
países. Exigimos el cese de la construcción de las plantas de celulosa sobre las márgenes
del río Uruguay, así como la prosecución de otros proyectos similares en la región.
Rechazamos toda reforma judicial que conlleve a la privatización de la Justicia.
Exigimos un aumento sustancial de los presupuestos educativos y la profunda
democratización de los sistemas educativos en todos los órdenes sin dilaciones. Exigimos
la participación y el respeto de los plazos que ésta requiere para la discusión de las leyes
vinculadas a la educación.
Rechazamos los canjes de deuda por educación, exigiendo en este sentido una actitud de
escucha a los reiterados pedidos elevados a los gobiernos por parte de organizaciones,
personalidades y expertos del área de educación de intachable trayectoria.
Denunciamos la continuidad de la ronda de negociaciones actual en la OMC y
reclamamos su cierre. Rechazamos en particular la oferta de sectores esenciales como
canje por promesas de cambios en las políticas proteccionistas de los países del norte.
Reclamamos que el trabajo autogestionado sea reconocido como una relación económica,
social y cultural a partir de un régimen jurídico, económico, laboral, social y fiscal
adecuado a sus necesidades para crecer y cumplir un rol fundamental en la construcción
de un proyecto de Justicia Social y de Independencia Económica de los Pueblos. En este
espíritu, nos solidarizamos con la lucha llevada adelante por los trabajadores gráficos
uruguayos de Coprograf, reclamando una rápida solución que haga efectiva la entrega de
la planta a los trabajadores a un año de su ocupación.
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Exigimos, sin desmedro para otros países, la salida al mar de Bolivia y la construcción de
un puerto operado libremente por ese país hermano.
Exigir el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales, como el Convenio
143 de la OIT contra la discriminación y la explotación y por la igualdad de oportunidades
MANIFESTAMOS nuestro compromiso por:
Avanzar en la construcción de instituciones y mecanismos de integración de los Pueblos
con la participación ciudadana democrática y solidaria, ejercitando nuestro derecho a
conocer y controlar los actos de gobierno.
Bregar por la libre circulación de los y las ciudadanas sudamericanas entre todos los
países de la región.
Unificar las acciones y articulaciones organizativas de las y los trabajadores migrantes en
la región, para defender los derechos sociales y laborales de los mismos. Establecer un
plan de lucha contra el tráfico de personas incluyendo el tráfico infantil. Promover la
propuesta de Carta de Ciudadanía Sudamericana.
Profundizar la acción de lucha contra las causas que generan el hambre y la pobreza de
nuestros pueblos.
Asumirnos como Pueblos Acreedores, puesto que la deuda reclamada a nuestros países
es ilegítima fraudulenta, devastadora y genocida, violadora de todos los derechos
humanos y ambientales. No necesitamos de los créditos de las instituciones financieras
internacionales y los mercados internacionales de capitales para desarrollarnos.
Convocarnos como Pueblos Americanos a unirnos y articular acciones continentales para
confrontar y derrotar al militarismo, además de generar políticas populares y
mecanismos regionales de defensa común para impedir la agresión militar del
imperialismo.
Reivindicar la Seguridad Social como un derecho humano fundamental de los y las
trabajadores, quienes deben participar en la administración de los sistemas de previsión
social sobre bases solidarias, universales y redistributivas. Los sistemas de capitalización
individual obligatorios, caracterizados por el lucro e impulsados desde los organismos
financieros multilaterales, no forman parte de la seguridad social.
Promover la organización de los trabajadores de la salud con las comunidades, barrios y
organizaciones de pacientes, transgrediendo los límites de la función asistencial y
articulando con otras áreas como educación, cuidado y preservación del medio ambiente,
fortaleciendo el cambio de modelo hacia la promoción y prevención de la salud. Promover
el uso racional de medicamentos y vacunas, y garantizar por parte de los países de la
región, la cobertura de todos los tratamientos integrales de enfermedades como el VIHSIDA, oncológicas y endémicas a los y las habitantes de la región.
Construir una toma de conciencia del sistema patriarcal imperante, desde lo individual
hacia lo social, así como a transformar el lenguaje desde la perspectiva de género y
luchar por la despenalización y legalización el aborto.
Reconocer que la violencia no es un problema personal sino social y que juntos,
organizadamente lo podemos superar.
Luchar por la distribución equitativa del agua y tierra, priorizando su función social, y la
Soberanía Alimentaria como derecho de los Pueblos a decidir qué y cómo producir y
alimentarse.
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Garantizar los derechos humanos y sociales a la salud, la vivienda, el acceso a la justicia
y a una educación que respete la identidad cultural para permitir una vida digna en el
campo y la permanencia
y desarrollo de las y los jóvenes campesinos.
Considerar el acceso a la tierra urbana como derecho y no como mercancía. Asegurar la
gestión democrática de la ciudad, promoviendo la participación de la sociedad en la
formulación, implementación y fiscalización de las políticas públicas.
Ratificar que el agua es un derecho humano esencial, tal la declaración de las Naciones
Unidas. Acompañamos, en particular, la lucha del pueblo cordobés por lograr la
estatización inmediata de Aguas Cordobesas, convirtiéndola en una empresa de
saneamiento estatal, de gestión pública, con participación directa y democrática de
usuarios y trabajadores. Denunciamos la persistente actitud del gobernador de la
provincia de mantener el modelo privatizador que ha fracasado de la mano del grupo
Suez y su socio Benito Roggio, y denunciamos ante la comunidad internacional que
continúa vigente la ley 9279 (diciembre de 2005) que intenta dar continuidad a la
privatización, esta vez con el pulpo de Benito Roggio.
Construir poder desde las y los trabajadores y el Pueblo para empujar a los gobiernos
nacionales a diseñar políticas de recuperación de nuestros recursos energéticos y
naturales. Apoyar las distintas iniciativas tendientes a ese fin, incluyendo la campaña en
Argentina para recoger un millón de firmas para la recuperación del petróleo. Potestad
soberana de las naciones sobre el subsuelo. Por una integración energética
latinoamericana a partir de empresas estatales en beneficio de los pueblos para avanzar
en la independencia económica y política.
Bregar por la democratización de la sociedad en su conjunto, por la libertad y democracia
sindical, la incorporación de mecanismos de participación popular en la designación de
los magistrados y por la democratización de las relaciones laborales en la justicia.
Ratificamos una vez más nuestro objetivo de construir una Justicia para todas y todos, y
no una Justicia para el mercado.
Defender el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad para todos los y
las habitantes y en todos los niveles, que contemple la diversidad cultural y los saberes
ancestrales de todos los pueblos. La educación permanente debe ser considerada como
eje para la formación de ciudadanos críticos, participativos en una lógica emancipadora.
Reapropiarnos del conocimiento y de su producción, de la investigación científica y
tecnológica, revirtiendo el proceso dependiente de transnacionalización de los mismos.
Impulsar la estrategia del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y de los
Tratados Comerciales de los Pueblos (TCP), ya en marcha por los acuerdos entre
Venezuela, Cuba y Bolivia.
Trabajar por la unidad de nuestros pueblos, que lejos de generar climas belicosos tienden
a unirnos, siguiendo el camino de la segunda independencia que hemos recogido de
Artigas, San Martín, Simón Bolívar y el Che.
Asumir como propios las declaraciones, propuestas y acciones reflejadas en los
documentos finales del conjunto de los foros, encuentros, talleres y asambleas que
formaron parte de esta Cumbre de los Pueblos.
Con estos compromisos nos convocamos a continuar fortaleciendo nuestras luchas de
resistencia y la construcción popular de alternativas desde y para los Pueblos, en un
nuevo encuentro en la Cumbre Social por la Integración en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, en ocasión de la reunión de los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de
Naciones.
20
Declaración de Córdoba de la CCSCS – Cúpula del MERCOSUR
Córdoba – Argentina, 21 de julio de 2006
(en portugués)
Em primeiro lugar saudamos a incorporação da República Bolivariana de Venezuela como
membro pleno do Mercosul e convidamos às organizações sociais, econômicas e políticas
venezuelanas a participarem ativamente do processo e se juntem a nós na defesa de um
Mercosul democrático, social e produtivo.
Consideramos muito positiva a realização do Encontro da Sociedade Civil por um
Mercosul Produtivo e Social, no âmbito da Cumbre de Presidentes. Uma iniciativa que
amplia um espaço de intercâmbio entre os distintos atores sociais e políticos que
participam das distintas áreas e instancias do Mercosul e a visão dos governantes sobre o
“Mercosul real”.
Ao mesmo tempo, frente a recentes acontecimentos, temos que manifestar nossas
profundas preocupações com a debilidade institucional do Mercosul para solucionar
controvérsias binacionais. Há urgência em um reforma da estrutura institucional do
Mercosul, que permita a existência de organismos capazes de resolver controvérsias
comerciais, sociais e políticas.
A Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul - CCSCS, entende que se não se
avançar para uma integração plena, seguirá prevalecendo a lógica do “livre comercio”
que favorece o intercâmbio comercial entre as grandes empresas, mas não se traduz em
mais empregos e maior inclusão social. O Mercosul avançou na agenda da integração de
cadeias produtivas ou cadeias de valor de grandes empresas que operam na região, em
especial transnacionais, mas relegou aquelas cadeias produtivas compostas pelas
pequenas e medias empresas, que são as maiores geradoras de emprego.
21
Os governos do Mercosul têm que colocar em marcha as metas e objetivos políticos que
vêm afirmando nas suas recentes declarações e documentos firmados por seus
Presidentes, principalmente medidas que promovam a complementaridade das
economias dos países membros e a conjunção das políticas agrícola e industrial.
Além disso, torna-se imprescindível que o Mercosul preserve e mantenha a unidade nas
negociações econômicas e comerciais externas, sejam de âmbito subregional, continental
ou multilateral. Defendemos que o Mercosul mantenha o condicionamento de somente
negociar se houver a eliminação dos subsídios agrícolas, se houver garantias de
tratamento e prazos diferenciados e não aceite as pressões dos países centrais por uma
maior abertura de serviços e bens industriais em troca de alguma melhora no tema
agrícola.
O funcionamento do Mercosul está afastado do projeto de integração que pretendemos,
porque não contempla a necessária articulação entre as diferentes políticas que deveriam
ser levadas em conta para orientar nossas economias para o desenvolvimento produtivo
e social. Acreditamos que a Cumbre de Presidentes é um cenário propicio para avançar
nessa direção e garantir a implementação de políticas macroeconômicas e produtivas que
permitam gerar o desenvolvimento econômico genuíno e sustentável e a redução das
assimetrias entre os Estados membros.
Nesse sentido, a CCSCS reitera as proposições que já apresentou em outras
oportunidades, nas questões de políticas produtivas, geração de emprego decente e
trabalho digno e da reforma institucional.
1. Políticas de Complementação Produtiva
É necessário implementar uma política de complementação das cadeias produtivas que
tenha mecanismos e fundos de financiamento, que promova políticas de exportação
comum e que facilite a incorporação das pequenas e médias empresas nos fluxos de
comércio. Ao contrário, os desequilíbrios e assimetrias comerciais e produtivas, seguirão
gerando conflitos setoriais, atrasando e distorcendo a construção da integração.
O aprofundamento da integração dos povos do Mercosul deve realizar-se através da
execução de um paradigma econômico-social que priorize a geração de emprego, as
condições dignas de vida, de trabalho e equidade de gênero para todos os cidadãos e
cidadãs da região e a distribuição mais justa da renda.
A implementação de mecanismos regionais de articulação das cadeias produtivas
solidifica as bases do Mercosul, não só porque reforça os laços de cooperação inter
empresarial, como também por promover a cooperação inter-estatal no seus desenho,
implementação e monitoramento das políticas regionais.
•
•
A CCSCS expressa a urgente necessidade de se buscar operacionalidade com o objetivo
de se avançar para a complementaridade produtiva e, em particular,
encomendar ao Subgrupo de Industria que promova os debates e negociações
com os setores empresariais e sindicais dos programas de complementação produtiva e
sua efetiva execução por parte dos órgãos decisórios.
As políticas setoriais são um componente essencial para a construção de um plano
regional de desenvolvimento sustentável e a complementação produtiva. Devem ser
objetivos prioritários as ações destinadas à competitividade sistêmica dos setores, tanto
em escala nacional, como do bloco regional, a elaboração de planos intersetoriais de
indústria, comércio, infra-estrutura e finanças e regimes especiais para o fortalecimento
de micro-empresas, pequenas e médias empresas.
22
2. A geração de
desenvolvimento
emprego
decente
e
trabalho
digno
como
eixo
de
Assim como definiu o GANEmple, uma Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego
deve se desenvolver a partir de duas bases conceituais:
1) a articulação de políticas macro, meso e microeconômicas com as trabalhistas, sociais
e educativas, com o objetivo de gerar condições de criação de empresas e de emprego
digno, e
2) o respeito e cumprimento dos direitos fundamentais do trabalho digno e emprego de
qualidade, através de cinco pilares fundamentais (emprego, proteção social, direito ao
trabalho, equidade de gênero e diálogo social).
Para a implementação da Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego consideramos
imprescindível dotar o Observatorio do Mercado de Trabalho – OMT de recursos humanos
e financeiros, para que este tenha efetivas condições de funcionamento e possa
desenvolver pesquisas, coleta, análise e difusão de informação sobre o mercado de
trabalho no Mercosul, assim como assessore os países na formulação de planos, na
identificação de indicadores nacionais de monitoramento e no desenvolvimento de
mecanismos de seguimento.
Consideramos que garantir as condições de funcionamento do OMT será uma
demonstração do compromisso de nossos governos com a concretização das medidas
propostas pela Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego.
3. Reforma Institucional
Reiteramos a necessidade de uma maior transparência nos órgãos decisórios do Mercosul
e uma reforma integral de nosso bloco para avançar a uma verdadeira integração
política. Nesse sentido reclamamos: a criação de uma Comissão de Desenvolvimento
Produtivo e de uma Comissão de Desenvolvimento Social, para que as mesmas articulem
os debates e medidas aprovadas pelos distintos espaços de negociação institucional
relacionados com as mesmas.
4. Comunidade Sul-americana de Nações
Finalmente queremos apoiar os importantes passos que foram dados para o avanço na
conformação da Comunidade Sul-americana de Nações – CSN, que se fortalece com as
decisões de se construir o gasoduto e a constituição de uma comissão política para
definir a estrutura da CSN e seus próximos passos.
Mas, assim como sempre defendemos no Mercosul, estamos certos que o projeto de
construir uma associação das Nações da América do Sul tem que se pautar pela
democracia e transparência e contemplar a presença e a participação ativa da sociedade.
Queremos ser parte ativa desse processo e estaremos presentes em Santa Cruz de la
Sierra e esperamos que nas decisões se contemple a adoção de políticas que promovam
a integração produtiva e social do continente.
Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul
(Argentina -CGT y CTA; Brasil -CUT, CGT y Força Sindical; Chile - CUT; Paraguay - CUT;
Uruguay - PIT/CNT)
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Declaración Final del Seminario “Internalização capitalista ou
integração dos povos: para onde vai a América do Sul?
San Pablo - Brasil, 18 y 19 de septiembre de 2006
(en portugués)
Nós, representantes de organizações, redes e movimentos sociais da América Latina, nos
reunimos nos dias 18 e 19 de setembro de 2006, em São Paulo, Brasil, no Seminário
“Internalização capitalista ou integração dos povos: para onde vai a América do Sul?
Alternativas de integração regional. Participaram do seminário mais de 70 pessoas
representando organizações e movimentos sociais de vários Estados do Brasil, da
Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Honduras,
Haiti, Guiana Francesa, EUA e Canadá. É importante ressaltar que o evento contou com
uma participação diversa, não apenas em termos de nacionalidades e de gênero, mas
também, de etnias, grupos de interesse, posições políticas e áreas de trabalho.
Durante o seminário, após várias exposições e debates, concluímos que atualmente a
América Latina vive um momento muito importante no que diz respeito às alternativas de
integração regional. Isto se faz possível graças à luta dos movimentos sociais contra o
avanço das políticas neoliberais, de projetos imperialistas como a ALCA e outros acordos
de livre comércio, além da eleição, nos últimos anos, de vários governantes de países da
região comprometidos, em diferentes escalas, com algumas das lutas que mais nos são
caras.
Assim, concluímos que a atual conjuntura política regional possibilita novas articulações
inter-governamentais importantes, baseadas na cooperação, solidariedade e
complementaridade entre nossos países, além de abrir a possibilidade de várias de
nossas organizações e redes dialogarem e proporem alternativas a esses governantes.
Ao mesmo tempo em que se apresentam várias oportunidades para a transformação do
modelo neoliberal, a questão do sobrendividamento externo e interno em que vive
nossos países os tornam extremamente vulneráveis para imposições de políticas que tem
24
aprofundado as desigualdades e disparidades entre povos e países. Não podemos
permitir que nesta nova etapa em que se encontra a América do Sul as assimetrias intrapaíses permitam o estabelecimento de novas formas de dominação e novos ciclos de
endividamento Sul-Sul.
Este momento exige uma maior autonomia, qualificação e articulação dos movimentos
sociais para garantir a superação de iniciativas de integração aparentemente inovadoras,
mas que podem vir a repetir um padrão de desenvolvimento com base na exploração dos
recursos naturais e humanos para usufruto das porções enriquecidas da terra, assim
reproduzindo o papel histórico da América Latina, de ser uma região meramente
provedora de recursos naturais que vêm alimentando um padrão de consumo indutor de
gravíssimos impactos sócio-ambientais.
Discutindo critérios mínimos que garantam uma integração regional sustentável,
equânime, solidária, garantidora de direitos, e sem a hegemonia de determinadas
economias sobre outras, concluímos que uma alternativa de integração regional precisa
se caracterizar por, pelo menos:
- entender a América Latina com (o) unidade, mas respeitando as diferenças, as
tradições e culturas, manifestando assim, as particularidades dos países. A integração
precisa articular as diferenças: territórios distintos devem ser respeitados de formas
diferentes. Somos um só continente, mas não somos iguais;
- garantir equilíbrio com o meio ambiente diferentemente do processo de interconexão
de mercados que vem se fazendo às custas da exclusão dos nossos povos e da
fragmentação dos nossos territórios. Projetos de desenvolvimento e integração precisam
respeitar nossa biodiversidade sócio-ambiental e cultural, considerando-a como ponto de
partida para fins de planejamento territorial;
- desestimular por todos os meios¬ a criação na América do Sul de unidades produtoras
autônomas, desconectadas do território físico e institucional em que estão historicamente
inseridas, que abarcam porções consideráveis de nosso território, extraem daí recursos
naturais que recebem transformação básica e pouco agregadora de valor, sendo
posteriormente exportados. Esse tipo de indústria desvincula essas porções de território
do país em que estão instalados e operam sob a lógica dos mercados internacionais para
os quais exportam. Um exemplo típico e dramático dessa indústria é o setor de papel e
celulose;
- levar em consideração os mais de 500 anos de colonização e controle por parte de um
capital financeiro que tem gerado exclusão territorial, crise política e sócio-ambiental.
Dessa forma podemos nos preparar para as novas estratégias e instrumentos do capital
tal como a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) e o
Plan Puebla Panamá que representam tentativas de apropriação do nosso território e de
recursos naturais estratégicos, como água, diversidade biológica e cultural e recursos
energéticos;
- considerar os territórios de resistência e espaços de articulação onde aparecem
elementos que devem ser princípios de uma nova integração como soberania alimentar,
autodeterminação dos povos e solidariedade. Reconhecer e potencializar as integrações
fronteiriças já praticadas pelos povos como também a integração entre organizações
sociais de luta;
- garantir a autonomia dos movimentos e organizações sociais;
- transformar as relações sociais de gênero, raça, etnia e geração e combater a
mercantilização do corpo;
- eliminar as assimetrias e disparidades entre nossos povos;
- garantir a participação no sentido amplo, construída em escala regional;
- incorporar uma divisão sexual do trabalho justa e igualitária;
- garantir o protagonismo dos sujeitos sociais dentro de um espaço plural, democrático,
sustentável e eqüitativo. A integração é um processo e não pode ser imposta, ela tem
que ser sinalizada pela sociedade;
- promover a complementaridade entre os países da região no lugar de competição
estabelecendo uma sociedade de bem - estar comum;
25
- integrar não somente a América do Sul – precisamos recuperar a integração da América
Latina onde os tratados de livre comércio estão avançados e também da idéia-força de
América Latina, como bandeira de luta;
- buscar a solução das desigualdades econômicas, políticas e sociais. Para isso
precisamos de uma política de integração inclusiva;
- valorizar os conhecimentos tradicionais, recuperar a história e dignidade dos povos;
- ter a interculturalidade como motor de desenvolvimento – respeitar o fato de que as
culturas se interagem, comportam valores, se complementam promovendo relações
igualitárias;
- superar a homogeneização das políticas atuais através da valorização dos mercados
internos, o apoio à agricultura para garantir a segurança e soberania alimentar,
promoção da diversidade produtiva; valorização da tradição, cultura, educação alimentar
e o direito do povo de decidir;
- estimular a reciprocidade desde o local, regional e o nacional;
- criar espaços de diálogo permanente entre sociedade, governo e parlamento;
garantir o direito à informação e comunicação entre os povos para além dos meios
tradicionais.
Os povos indígenas presentes no seminário ressaltaram a necessidade de união entre os
movimentos indígenas e não indígenas em nível local, nacional e internacional colocando
em prática a interculturalidade, fortalecendo as lutas reivindicatórias que os movimentos
indígenas e sociais vem desenvolvendo. É necessário integrar os povos mutuamente. É
fundamental que haja respeito e cumprimento das normas nacionais, regionais e
internacionais que protejam os direitos territoriais dos indígenas e solicitar que os
governos que ainda não o fizeram, ratifiquem o Artigo 169 OIT. Esses são direitos
coletivos até então não valorizados pelos nossos governos.
Para os povos indígenas, as iniciativas de integração precisam reconhecer, respeitar e
aplicar os conhecimentos ancestrais sobre o uso, manejo e conservação dos territórios e
recursos naturais; gerar oportunidade de uma educação acadêmica intercultural que
facilite a interlocução com os governos, ONG's, organismos multilaterais e empresas
transnacionais e os prepare melhor para enfrentar a realidade; que haja consultas
efetivas aos povos indígenas ameaçados pelos grandes projetos de integração da infraestrutura; garantir, através de normas nacionais e internacionais, a intangibilidade dos
territórios habitados por povos indígenas em isolamento voluntário na Bacia Amazônica
para evitar que as atividades energéticas e projetos de integração de infra-estrutura
afetem suas vidas; e mais especificamente que haja divulgação de informações e
prestação de conta da proposta “análise sociocultural e mapeamento dos povos indígenas
e a IIRSA” liderada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Não houve processo
de consulta participativa conforme exigem políticas do próprio banco e legislações
nacionais internacionais.
Para garantir a integração que queremos, precisamos lutar pela superação do sistema
capitalista, mudar o paradigma da sociedade baseada no consumismo e individualismo.
Precisamos alterar o regime econômico e o modo de produção, lutar para mudar o
padrão de consumo reconhecendo os limites dos recursos naturais.
É necessário construir projetos nacionais transformadores para garantir a integração que
queremos. No entanto, enquanto sociedade civil, temos que ir além do Estado Nação,
fortalecer nossas articulações não somente nos nossos países como também com
movimentos de outros países. A criminalização dos movimentos ocorre em nível regional
e nossas bandeiras de luta são iguais. Precisamos buscar mecanismos de solidariedade e
fortalecer os já existentes, criar novas formas de organização social a partir da base dos
movimentos respeitando a diversidade e autonomia.
Reconhecemos a importância de algumas iniciativas sendo propostas pelos nossos
governos como a Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA), Comunidade Sulamericana de Nações (CASA) e o Tratado de Comércio dos Povos (TCP) principalmente
no que diz respeito à solidariedade. No entanto, consideramos necessário garantir uma
26
maior participação da sociedade civil e transparência em relação às decisões sendo
tomadas para garantir uma integração efetivamente dos povos e que não sejam
incentivados projetos meramente de integração física do continente.
Dito isso, as propostas relacionadas à integração física como a IIRSA e energética como
o Gasoduto do Sul levantam várias preocupações entre as organizações presentes e
movimentos sociais ameaçados pelos impactos como indígena, camponês e quilombola.
Preocupa-nos que as demandas locais por infra-estrutura e energia não estão sendo
analisadas e que os megaprojetos de infra-estrutura sendo propostos são dirigidos às
grandes empresas, na sua maioria voltadas à exportação.
Para esses movimentos, a IIRSA se apresenta como uma iniciativa criada pelas
Instituições Financeiras Multilaterais e o grande capital com o objetivo de garantir uma
maior liberalização econômica do continente e a negociação de tratados de livre
comércio. Os eixos de integração e desenvolvimento da IIRSA concentrarão
investimentos para aumentar o comércio e criar cadeias produtivas conectadas aos
mercados
internacionais,
perpetuando
assim
a
fragmentação
espacial
do
desenvolvimento. O conjunto dos eixos cruza zonas onde se encontra a maior
concentração de recursos naturais, não somente os tradicionais como minério e
hidrocarbonetos, mas principalmente os recursos da biodiversidade e de água, além de
outros recursos energéticos.
Sendo assim, o benefício à população local pode se limitar a um trabalho temporário com
péssimas condições. Isso ocorreu com a construção do Gasoduto Bolívia-Brasil, que além
de gerar impactos ambientais, violou muitos direitos trabalhistas. O complexo do Rio
Madeira proposto pelo governo brasileiro, que também faz parte da IIRSA (com duas
hidrelétricas: Jirau e Santo Antônio na fronteira Brasil/Bolívia; uma hidrelétrica binacional
Brasil-Bolívia; uma hidrelétrica Cachuera Esperanza em Madre de Díos, na Bolívia e uma
hidrovia), não está sendo pensado com base nas necessidades da região. Se
implementado, o complexo terá impactos irreversíveis ao meio ambiente e povos
indígenas, quilombolas e ribeirinhos enquanto não vai levar energia a quem realmente
precisa. Além disso, por causar impactos na Bolívia, o projeto, sendo de integração,
deveria, no mínimo contar com a participação das autoridades e sociedade civil boliviana
na elaboração de estudos de impacto sócio-ambiental, o que não está ocorrendo.
Acreditamos que a integração energética da forma como está sendo planejada não vai
trazer o desenvolvimento prometido. Toda a comunidade Andina já está integrada
energeticamente, o Brasil já esta integrado energeticamente à Bolívia, mas não existe
bem-estar social em várias das regiões impactadas por esses projetos.
A integração física e energética tem que ser baseada nas necessidades locais e não no
atual modelo explorador dos nossos recursos naturais por grandes empresas de
exportação. Assim sendo, muitos dos presentes acreditam que caso a ALBA e a CASA
reproduzirem a lógica da IIRSA, essas iniciativas também precisam ser reavaliadas
enquanto alternativas de integração.
Preocupa-nos também a imposição do endividamento como resultado desses
megaprojetos de infra-estrutura como conseqüência do papel das Instituições Financeiras
Internacionais (IFIs). Questionamos até que ponto esses projetos que são financiados
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial e Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não são impostos por essas próprias
instituições.
As iniciativas de integração promovidas pelas IFIs, são muito mais uma articulação das
necessidades da globalização neoliberal, que aumentam a marginalização dos povos e
não têm uma perspectiva integradora - ao contrário, caracteriza-se por desconectar
importantes porões de nossos territórios. Para essas IFIs, a integração regional,
principalmente a física, representa outra fase das reformas de ajuste estrutural.
27
Criticamos o papel do BNDES em outros países da América Latina, que através de seus
empréstimos supostamente para a integração, está objetivando a exportação do
capitalismo brasileiro, já que financia a contratação de serviços e produtos brasileiros, a
custo do endividamento financeiro e ecológico dos países da América Latina. Preocupanos também a estratégia do Brasil de conquistar liderança regional através da indução a
um tipo de integração que submete as economias vizinhas à sua própria economia. O
Brasil deve, dentro do Mercosul e em outros espaços, trabalhar para reduzir as
assimetrias e desigualdades entre os países.
É importante ressaltar que não nos opomos às iniciativas de integração física, desde que
elas sejam dedicadas a, primeiro, ajudarem a desenvolver de forma equilibrada
ecologicamente e justa socialmente as populações das áreas de implantação desses
projetos, dessas áreas com as demais regiões dos países em que estão inseridas e
desses países entre si.
Consideramos a integração física e energética importante, mas precisamos sempre
avaliar para quê e para quem são esses projetos, quem e o que vai ser integrado – os
povos ou as empresas transnacionais?! É importante requalificar o conceito de integração
como também outros como desenvolvimento e solidariedade que foram apropriados pelo
neoliberalismo e não mais representam o que desejamos.
Repudiamos ainda o processo de militarização por que passa toda a América Latina e o
Caribe e exigimos que os governos da região dediquem todos os esforços possíveis para
a imediata retirada dos efetivos e instalações militares dos EUA e da França que
atualmente ocupam a região além de tropas estrangeiras que ocupam o Haiti, tendo em
vista que estes fatos constituem grande perigo ao processo de integração entre os povos
sul americanos bem como aos princípios de soberania dos mesmos.
Apoiamos as iniciativas e atividades desenvolvidas pelo povo uruguaio na luta contra a
aprovação de um tratado de livre comércio Uruguai-EUA e contra a possível instalação de
bases militares norte-americanas e outras instalações do Comando Sul no território sulamericano e a erradicação do Plano Colômbia por ser uma política dos EUA colonizante,
degradante que viola a soberania nacional da Colômbia.
Lembramos a existência de um documento que foi elaborado por várias organizações e
movimentos sociais do continente através da Aliança Social Continental “Alternativas
para as Américas” que deve ser considerado pelos governos na elaboração de qualquer
iniciativa de integração. Sugerimos ainda a realização de referendos e plebiscitos para a
construção de uma outra integração como também a transformação dos processos de
consultas à sociedade civil para que às preocupações e demandas das populações
ameaçadas pelos projetos sejam de fato consideradas e atendidas.
As entidades participantes deste seminário seguirão promovendo iniciativas de formação,
participação, articulação, incidência e mobilização como estratégias por uma integração
dos povos.
ÁGUA, AR, TERRITÓRIO E FOGO, PACHAMAMA!
QUEREMOS INTEGRAÇÃO FÍSICA SIM, MAS HARMONIZADA COM AS DIVERSIDADES
LOCAIS.
POR UMA INTEGRAÇÃO ENTRE OS POVOS.
28
Carta: Las Organizaciones de la Sociedad Civil hacia
construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones
la
Presentado a Ministros y Viceministros de la CSN en Santiago de Chile, 22 y 23 de
noviembre de 2006
1. Creemos que el futuro de la Comunidad Sudamericana de Naciones adquiere una
nueva perspectiva a raíz del fracaso del proyecto del ALCA y de la generalizada
convicción en el continente sobre otra integración posible. Un bloque sudamericano
puede ser un paso importante y favorable si permite hablar a nuestros pueblos con voz
propia, independientes de las imposiciones y condicionamientos de los Estados Unidos,
Europa y los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización
Mundial del Comercio o el BID. Reafirmar y ejercer la soberanía de la región es el
primer paso para cualquier proyecto de verdadera integración.
2. A diferencia del ALCA, los TLCs y los tratados de inversión cuya orientación es
favorecer a las empresas transnacionales y a mercantilizar todos los aspectos de la vida,
la Comunidad Sudamericana de Naciones debe basarse en la redistribución de la riqueza
que hoy está concentrada en pocas manos, donde los estados cumplan con sus
obligaciones en materia de derechos sociales, culturales, económicos de los pueblos,
superando las discriminaciones de género, raza y generacionales y respetando la
identidad y los derechos de los pueblos indígenas. La vida, los derechos humanos y
ambientales, el bienestar y la solidaridad entre los pueblos deben ser el centro
del proceso de integración.
3. Entendemos que la educación es un derecho fundamental de los pueblos, por
eso debe ser uno de los pilares de cualquier proyecto de integración para la
región. Es imprescindible que se establezca el compromiso de la erradicación del
analfabetismo –así como de la miseria y el hambre. Para ello debemos desarrollar
mecanismos que permitan la cooperación técnica y científica entre los países con el fin de
superar las desigualdades existentes. Asimismo, todos los países de la Comunidad
deberían asumir compromisos en la perspectiva de una reforma educacional que
garantice la educación pública universal, gratuita y de calidad para toda la población con
29
el objetivo de promover la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural,
se debe incorporar con seriedad los idiomas nativos en el sistema.
En la lucha por la erradicación de la pobreza es necesario también establecer un
Plan Sudamericano para garantizar la universalidad de la Salud Pública.
4. La integración física de América del Sur es fundamental para ampliar las posibilidades
de contactos entre nuestros pueblos y países. Por eso, la infraestructura no puede ser
diseñada como parte de la geoestrategia mundial de lucha por el control, dominio,
posesión y usufructo de recursos naturales estratégicos, ni implementada a través de la
destrucción de las zonas más ricas en recursos naturales y la explotación de mano de
obra barata. Así, proyectos como el IIRSA (Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana), concebidos por las IFIs y el gran capital como
complementos del ALCA, deben ser rechazados para adoptar propuestas de
Integración Infraestructural que surjan de las necesidades de los pueblos y
prioricen nuestra articulación en el marco de polos de desarrollo integral, a lo largo
de su trazado, en armonía con el medio ambiente y las normativas y principios que se
han logrado para su protección y cuidado, el respeto a nuestras comunidades y derechos
humanos y que no generen un endeudamiento ilegítimo u odioso. Para lograrlo, los
proyectos deben ser sometidos al debate y deliberación democrática con las comunidades
que serán afectadas por su implementación y su sostén financiero.
5. La integración financiera de la cual se habla en la Comunidad Sudamericana
debe partir del reconocimiento de que somos los acreedores de una inmensa
deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera cuya restauración junto con
parar y revertir los mecanismos actuales de fuga de capitales, capacidad humana y
bienes naturales, establecería una potencialidad de financiamiento genuino y soberano
más que suficiente para nuestras necesidades. Es obligación de los estados de la región
poner fin a los mecanismos de endeudamiento y condicionamiento externo que han
servido para imponernos el Consenso de Washington, violando sistemáticamente los
derechos humanos y ambientales.
En ese sentido, los estados deben revisar y revertir los tratados de protección y
promoción de las inversiones, las prórrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias
extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarias regresivos, y otros mecanismos
de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y
servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado,
estableciendo controles de cambio y de transacciones financieras para fortalecer la base
de financiamiento autónomo e eliminar la falsa necesidad de capitales externos.
Se precisa además crear mecanismos propios que permitan incentivar la
solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la
dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros
tradicionales de la globalización (FMI, Banco Mundial, BID), a través de la
autonomización de la región con la constitución de mecanismos como un Fondo
de Reserva y un Banco Solidario del Sur y con la substitución del uso del dólar
en las transacciones intra-regionales. Debe ser también revisado el rol de otras
instituciones de financiamiento como la CAF, el FONPLATA, los bancos nacionales de
desarrollo y otros mecanismos para ajustarlos a las exigencias de un financiamiento para
los derechos y la integración de los pueblos y no de los grandes capitales.
Un nuevo sistema financiero requiere de nuevos mecanismos de control y fiscalización
que empiecen por enjuiciar a quienes endeudaron inescrupulosamente a nuestras
naciones y asegurar la participación social en la determinación de las prioridades
presupuestarias. Alertamos especialmente ante el peligro de que nuevos mecanismos de
financiamiento solidario entre los países de la Comunidad, sean aprovechados para
mantener viejas relaciones de dominación y control como, por ejemplo, la creación y
venta de bonos y otros mecanismos de nueva deuda, entre países de la región, para
sostener el cumplimiento de viejos reclamos de deuda claramente reconocidos como
30
ilegítimos e ilegales. En ese mismo sentido no debe admitirse reestructuraciones ni
canjes de deuda que solo sirven para blanquear deudas cuestionables e imponer
intereses ajenos.
Para impedir que nuestros pueblos continúen víctimas de deudas ilegítimas y odiosas que
siguen siendo fuentes de desfinanciamiento permanentes, exigimos la realización de
una auditoría sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio
público en la región y el impulso desde la Comunidad Sudamericana de Naciones
de la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras
Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias.
6. La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del
fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la
nacionalización de estos recursos estratégicos y revirtiendo la renta así
conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del
ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía
renovable. Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos
respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro
bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las
oligarquías locales.
El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el
ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía
deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y
democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los
habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual
en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento
digno de sus habitantes.
Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los
combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos
originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños
irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de
explotación.
Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo
económicos sino también sociales y ambientales. Solicitamos información sobre los
impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de
energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas
descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable.
Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o
del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los
acreedores extranjeros.
7. No habrá verdadera integración si no se resuelven las asimetrías entre los distintos
países. Por años este tema no ha pasado de ser un discurso en la CAN y el MERCOSUR.
Defendemos la creación de un fondo de compensación para los países de menor
desarrollo cuyos recursos sean destinados al desarrollo de los sectores de la
economía popular y solidaria y a proyectos acordes con las decisiones de los
pueblos de esos países – y no los definidos bajo presión del gran capital nacional o
transnacional. Esos fondos podrían ser constituidos a partir de imponer un impuesto a las
transacciones financieras de las transnacionales que operan en Sudamérica y utilizando
parte de los recursos de las reservas monetarias internacionales de nuestros países hoy
depositados en los Estados Unidos. En ese mismo espíritu, debería revisarse y corregir
los mecanismos que perpetúan las relaciones de asimetría, estableciendo como ejemplo
la necesidad de que Brasil y Argentina anulen las deudas binacionales reclamadas a
Paraguay como saldo injusto de la construcción de las represas Yacyretá e Itaipú.
31
8. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de Sudamérica que ha sido
diseñado en función de las exportaciones antes que en el desarrollo interno para
beneficio de la gente. Sudamérica no puede seguir siendo una región principalmente
exportadora de materias primas (hidrocarburos y minerales) y de algunos productos del
agronegocio. La integración sudamericana debe promover la complementación de
nuestras economías para generar empleos y promover un desarrollo productivo integral,
fortaleciendo el comercio interregional y sustituyendo las importaciones de bienes que se
producen en la región.
9. La Comunidad Sudamericana de Naciones está amenazada por los TLCs que han
suscrito Chile, Colombia y Perú. Es fundamental revertir esos acuerdos y promover
en su reemplazo acuerdos comerciales que no comprometan la soberanía, los
medicamentos, la salud, el agua, la educación, la cultura, la biodiversidad, la
soberanía alimentaria, las compras estatales, los recursos naturales y la
posibilidad de implementar políticas industriales activas. La experiencia de los
últimos 20 años muestra que es necesario pensar otra estructura para el comercio en la
región, que parta del reconocimiento de que éste pude ser una herramienta importante
para el desarrollo sólo si se lo regula, para evitar que perpetúe las asimetrías entre
empresas y entre países, profundizando la dependencia y la subordinación de países y
pueblos a las grandes potencias.
El comercio no es un fin en sí mismo, debe ser pensado como una forma de crear los
vínculos de las importantes cadenas productivas en la región, para impulsar el desarrollo,
aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas
economías nacionales, e integrando un poderoso mercado regional de consumo que debe
ser prioritario ante otras propuestas que aspiran primordialmente a exportar hacia otros
mercados.
Al interior de la Comunidad Sudamericana de Naciones deben primar los
acuerdos de Comercio justo y cooperación, y no reproducir experiencias que
sólo han reafirmado un enfoque neoliberal de la integración. Advertimos aquí
que lejos de significar una avance, la llamada “convergencia” CAN-Mercosur tal
como está propuesta, puede significar el reforzamiento y no la eliminación del
enfoque neoliberal de la integración.
10. Pero además la integración sudamericana debe trascender lo comercial y avanzar en
la resolución de otras problemáticas que hacen a nuestros pueblos y realidad
sudamericana. Una de ellas es el tema del armamentismo y militarización de que son
objeto nuestros territorios, con la instalación de bases militares, planes de control
militarizado como el Plan Colombia, realización de maniobras militares conjuntas bajo la
dirección del Comando Sur del Pentágono, a partir de unas hipótesis de conflicto y una
doctrina militar que no se corresponden con los intereses de nuestros pueblos.
Consideramos que en este proceso de integración los países sudamericanos deben
elaborar una doctrina propia de seguridad y defensa nacional en correspondencia con las
aspiraciones de paz, soberanía y autodeterminación de todos y cada uno de nuestros
pueblos.
Vemos con profunda inquietud la presencia de tropas de nuestros países en
Haití y entendemos que debe iniciarse con urgencia el retiro de esos efectivos
militares. También nos alerta el ingreso de tropas estadounidenses al Paraguay.
La CSN debe encarar esta discusión y plantearse consecuentemente la
erradicación de todos aquellos actos que vulneran la soberanía, generan
conflictos y afectan los derechos civiles y la democracia.
Al mismo tiempo, las naciones sudamericanas deberían plantearse un trabajo conjunto
de lucha contra la impunidad y la violencia estatal, fortaleciendo la democracia y
sentando precedentes importantes para saldar la deuda histórica con los pueblos que
luchan por la dignidad y la justicia.
32
11. El proceso de la CSN debe considerar que es imposible concebir la integración
regional sin el protagonismo, los derechos y en suma la existencia de las nacionalidades
y pueblos indígenas que trascienden las fronteras republicanas. Los pueblos y
comunidades indígenas, son los directos y principales afectados por la acción de las
transnacionales, cuya explotación indiscriminada de los recursos naturales generan
pobreza, migración, contaminación y marginalidad. Los pueblos indígenas deben ser
reconocidos como protagonistas de los procesos de integración y
fundamentalmente de las políticas de la CSN para preservar los territorios, los
recursos ambientales y la vida.
12. La despenalización de la hoja de coca en Sudamérica y el impulso a su
industrialización con fines benéficos es un paso fundamental para lograr que en el 2.008
las Naciones Unidas retiren a la hoja de coca de las sustancias penalizadas.
13. Vemos imperativo el reconocimiento de la comunicación como un factor
articulador clave para el reencuentro y fraternidad de las nacionalidades
involucradas y para apoyar las urgentes tareas que demanda generar el
bienestar de nuestros pueblos. Así pues, uno de sus fundamentos constitutivos debe
ser el Derecho a la Comunicación democrática, estableciendo a la par el compromiso de
las partes para adoptar políticas públicas en la materia. En esta línea, urge acordar una
estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación,
cultura y conocimiento; definir acuerdos para potenciar las redes regionales de
comunicación pública, con un sentido de equidad respecto a los medios de comunicación;
priorizar la interconexión intrarregional de las redes de telecomunicaciones
(disminuyendo la dependencia externa), junto con políticas de capacitación y para
aumentar la accesibilidad en cada país.
14. Hacemos una llamada a los estados de la Comunidad Sudamericana de Naciones a
constituir un proceso hacia una Convención del Agua que esté orientada a
garantizar el agua como un derecho humano, a cuidar nuestras fuentes y recursos
de agua y que éstas sean protegidas de la privatización y la mercantilización por un
acuerdo internacional que se apoye en los avances logrados hasta ahora en el marco del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y también llamamos a los Estados a construir el Foro mundial del Agua sobre los
principios de plena participación e inclusión y en el reconocimiento del agua como
derecho humano.
La CSN debe ser un instrumento que comprometa a los países a:
- Revertir los procesos de desmantelamiento de los servicios estatales y fortalecer los
sistemas públicos de agua y saneamiento básico para desarrollar gestiones eficientes,
con transparencia y control social, asegurando mecanismos de cooperación e intercambio
con este fin.
- Promover la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre
los proyectos de desarrollo que involucren el agua en cada territorio, recuperando sus
visiones, usos y costumbres en la planificación y gestión sustentable de los recursos
naturales.
15. La CSN, y en particular los países afectados, deben salir del modelo actual de
investigación, gestión y elaboración de políticas oficiales con respecto al Acuífero
Guaraní, tuteladas en su mayoría por el Banco Mundial a través del GEF, que atentan
contra la soberanía de los pueblos y no satisfacen los principios de participación y
transparencia informativa que promovemos las organizaciones constituyentes del
movimiento social del agua. Proponemos la creación de espacios institucionales
nacionales de información y discusión respecto a los usos de los territorios y el
subsuelo que conforman el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), con participación
33
de los movimientos y organizaciones sociales de los países que comparten el
SAG, que se vinculará a las instancias públicas con la tarea principal de vigilancia del
agua, su defensa como bien público compartido y la denuncia de todo procedimiento de
investigación y gestión del conocimiento que no sean transparentes.
Antes de la finalización del Proyecto SAG del BM/GEF/OEA en 2008 es necesario producir
un pre-proyecto alternativo de investigación y marco de gestión con objetivos de defensa
de la soberanía y con vocación integradora para buscar financiamiento genuino, que no
genere condicionantes a los gobiernos y organizaciones sociales que terminan atentando
contra los intereses fundantes; que de continuidad a lo que se pueda salvar y modificar
la asimetría a favor de los países y no del organismo multilateral. Demandamos la
entrega de los documentos del referido proyecto a los movimientos, parlamentos y
gobiernos de los países de SAG.
16. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sustentable que pongan en el
centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de
intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Aspiramos a una
integración regional basada en otro modelo socio-económico que en lo laboral se oriente
a: aumentar la formalidad laboral, asegurar la aplicación de los derechos laborales;
universalizar la seguridad social pública; a fortalecer el derecho a la sindicalización y la
negociación colectiva; que adopte medidas contra las discriminaciones en el mercado de
trabajo y que busque superar la actual división sexual del trabajo que penaliza a las
mujeres y poner en marcha programas de Empleo Juvenil, que detenga los mecanismos
que empujan a nuestras poblaciones a la emigración, al mismo tiempo que reconozca
para los trabajadores y trabajadoras emigrantes el piso de derechos que garantizan las
convenciones internacionales.
17. Debemos encarar como países integrados una reforma agraria que garantice a
todos el derecho de trabajar en la tierra y democratice su propiedad, priorizando las
formas familiares, sociales y cooperativas. La CSN debe ser el espacio natural para
consolidar la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tienen todos los pueblos
de producir sus propios alimentos de forma independiente, saludable y con calidad para
abastecer a toda la sociedad. Las semillas son un patrimonio de la humanidad y no
pueden estar sujetas a la privatización y a patentes de las multinacionales.
18. Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región,
millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsqueda de alternativas
para sus vidas.
Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas
necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros
trabajadores y trabajadoras. Frente a la situación de los trabajadores que han migrado y
sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria. Al contrario de una visión
reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos
que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos
los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía
en el goce de derechos laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y
políticos.
No se puede continuar con políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y tratar a la
migración como un asunto de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que
garanticen ciudadanía a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la
pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para
desarrollarse plenamente y con bienestar.
19. Exigimos la urgente creación de mecanismos de Participación Social en la
construcción de la Comunidad a niveles locales, regionales, sub-regionales y
nacionales. Los Estados deben asegurar la transparencia del proceso de negociación de
34
la iniciativa de la CSN, reconociendo que los mecanismos oficiales preparatorios de esta
Cumbre, como las anteriores, no han facilitado el acceso a la información ni la publicidad
de los avances ni los contenidos que se discuten. La alegada "informalidad" del Grupo de
Reflexión no debe ser un amparo formal para impedir la divulgación de las
conversaciones de los 12 países. Los presidentes reunidos en Cochabamba deben crear
un mecanismo formal de participación y consulta a los pueblos.
20. Nosotros, los movimientos sociales que desde la resistencia reivindicamos la
búsqueda de Alternativas que hagan realidad que “otro mundo es posible”, “otra América
posible”, venimos a reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Comunidad
Sudamericana basada en el ejercicio universal de los Derechos Humanos, en la Soberanía
popular y la Democracia participativa. Por esto, asumimos la realización de la Cumbre
Social por la Integración de los Pueblos en Cochabamba como un espacio donde se
exprese el acumulado histórico de nuestras luchas y la profundización democrática en la
construcción de Alternativas políticas, sociales y económicas, entendiendo que la
integración desde los pueblos fortalece nuestra Identidad: la diversidad cultural. Es
desde allí que asumimos el desafío de compartir la construcción de la integración de los
pueblos sudamericanos desde sus cimientos constituyendo los Foros Sociales en todo el
continente donde se expresen, sin exclusiones ni discriminaciones, todos los sujetos.
Alianza Social Continental
Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos – Contra
el TLC y el ALCA
Cumbre Social por la Integración Solidaria de los Pueblos
Cochabamba – Bolivia, 6 al 9 de diciembre de 2006
Manifiesto de Cochabamba
Saludamos este importante momento histórico que se abre con la Cumbre de
Cochabamba y tiene el reto de profundizar un proceso de integración regional que
exprese los intereses populares.
Los pueblos de América hemos sufrido la aplicación de un modelo económico que basado
en el fundamentalismo de mercado, la privatización y la liberación comercial, ha
conducido al aumento de la desigualdad, el deterioro de las condiciones laborales, el
desempleo, la generalización de la informalidad, la depredación del medio ambiente, la
profundización de la discriminación contra las mujeres, la pobreza, la marginalización de
las comunidades originarias y campesinas y la pérdida de la capacidad del estado de
promover políticas de desarrollo social y económico.
En la búsqueda de generalizar y profundizar estas políticas se intentó crear el ALCA y los
Tratados de Libre Comercio, por medio de los cuales se abandonaba cualquier
perspectiva de desarrollo autónomo, basado en el mercado interno y en el respeto de
todos los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
Los pueblos del continente hemos sido protagonistas de una lucha contra este modelo,
contribuyendo decisivamente a detener el ALCA y los acuerdos entre países que
privilegian lo comercial y los intereses de las multinacionales
La creciente organización del movimiento popular en Sudamerica, incluyendo las
comunidades originarias, los campesinos, los habitantes marginalizados de las ciudades,
las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores y el conjunto de las
organizaciones sociales ha determinando un nuevo momento político y social, avanzando
en la conformación de nuevos gobiernos sensibles a las demandas populares, que se
distancian de la agenda del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones y que
buscan un camino propio. Este momento político que vive Suramérica ofrece una
35
oportunidad histórica que no puede desaprovecharse para avanzar hacia una verdadera
integración soberana y para los pueblos.
La Comunidad Suramericana de Naciones no debe ser una prolongación del modelo de
libre mercado basado en la exportación de productos básicos y bienes naturales,
fundamentada en el endeudamiento y en la desigual distribución de la riqueza.
La creación de una autentica Comunidad Suramericana de Naciones no puede ser un
proceso que excluya las exigencias populares y para esto requiere una auténtica
participación social.
Consideramosos que se requiere otro tipo de integración en la cual prime la cooperación
sobre la competencia, los derechos de los habitantes sobre los intereses comerciales, la
soberanía alimentaria sobre la agroexportación, la acción decidida del Estado en procura
del bienestar sobre las privatizaciones y el sentido de equidad sobre el afan de lucro, el
respeto del medio ambiente sobre el saqueo despiadado de los recursos naturales y la
equidad de genero sobre la injusta división sexual del trabajo. También debe primar el
reconocimiento, respeto y promoción del aporte de las comunidades originarias sobre la
marginación, explotación y folclorización de sus valores y tradiciones económicas y
culturales.
Debe ser promotora de la paz, garante de los derechos humanos de los pueblos y, en
oposición a las pretensiones imperiales, contraria a la intromisión de tropas, a la
instalación de bases militares extranjeras y a la participación de fuerzas de ocupación en
terceros países.
Sólo en la medida en que se cambie el tipo de desarrollo y se defienda la soberanía de
las naciones será fructifero el esfuerzo de construcción de la Comunidad Suramericana de
Naciones.
Los pueblos de todo el continente seguiremos promoviendo una integración desde y para
los pueblos, participando con nuestras propias reivindicaciones y propuestas.
Estamos dispuestos a promover el dialogo que conduzca a resultados reales,
mantendremos las luchas de resistencia que aseguren el protagonismo del movimiento
popular en el proceso de integración, para promover una verdadera democracia y
bienestar para nuestros pueblos.
Por la Integración de los pueblos, otra América es posible.
Conclusiones de Cochabamba
- Para acceder, haga click en el link.
-
Conclusiones sobre Derechos Sociales
Consideramos que la Comunidad Sudamericana de Naciones debe constituirse basada
en un modelo económico social sustentable para el bienestar de los pueblos.....
-
Conclusiones sobre medio ambiente e industrias extractivas
La historia de dominación de nuestro continente y el actual modelo de desarrollo ha
puesto a nuestros pueblos y comunidades en situación de pobreza, exclusión, y despojo
36
de nuestras riquezas, nuestras tradiciones y la base de nuestra vida: nuestro medio
ambiente y nuestros territorios....
-
Conclusiones: Financiamiento para los derechos y la integración de los
pueblos
La cuestión del Financiamiento de la Integración es uno de los ejes centrales que desde
los movimientos venimos trabajando. Los países de Sudamérica han experimentado en
las últimas décadas la aplicación de un modelo hegemónico de financiamiento y
desarrollo que ha dado como resultado el empobrecimiento y la exclusión de vastos
sectores de la población, la destrucción y enajenación del patrimonio social, productivo,
cultural y ambiental de la región y el violento aumento de los niveles de desigualdad y
discriminación social, económica y política.
-
Conclusiones de la mesa temática revalorización de la hoja de coca
Todos los pueblos y naciones de América Latina reunidos en la Cumbre Social,
planteamos la despenalización internacional de la hoja de coca....
-
Conclusiones sobre infraestructura
Las obras de infraestructura no están despojadas de una intencionalidad, no constituyen
propuestas neutrales y, en consecuencia, los Estados y los gobiernos legítimos y
genuinos deben imponer los intereses de la ciudadanía....
-
Conclusiones: Informe Mesa Impunidad y Justicia
Nuestros derechos y dignidad no pueden seguir siendo vulnerados por lo que
demandamos a los gobiernos que: Se devele la impunidad y las estructuras responsables
del amparo a los culpables de la violación de nuestros derechos.
-
Conclusiones y propuestas de la Sesión Temática del Água
Establecer el agua como un derecho humano y de los seres vivientes, prohibiendo su
privatización. Excluir al agua de todos los acuerdos de libre comercio y protección de las
inversiones...
-
Conclusiones: Propuestas de la mesa de militarización y defensa
Demandamos cancelar los acuerdos de cooperación militar que tienen los gobiernos de
la Comunidad Sudamericana de Naciones con el gobierno de EEUU referidos a la
seguridad y defensa.
-
Conclusiones: Una comunicación por y para los pueblos
Planteamientos del taller “La Comunicación como elemento integrador de nuestros
pueblos”
-
Conclusiones de la Sesión Temática Agricultura, Tierra y Territorio
Se reinvindica la soberanía alimentaria como el objetivo principal de la actividad
productiva agraria y como uno de de los elementos indispensables para la soberanía
nacional.
-
Conclusiones: Propuestas de la mesa de migraciones y ciudadanía
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Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas
necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar.
-
Conclusiones de la mesa temática de energía
La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del
fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización
de estos recursos estratégicos y revirtiendo la renta.
- Conclusiones: Llamamiento y propuestas desde la visión de los pueblos
indígenas y naciones originarias
Comunidad Sudamericana de Naciones: Para “Vivir Bien” Sin Neoliberalismo
Declaración Final de la Cumbre Social del MERCOSUR – Brasilia –
Brasil, 14 de diciembre de 2006
1. Los representantes de los movimientos sociales y populares, ONG, y gobiernos de los
cinco países miembros del MERCOSUR, integrantes del programa Somos MERCOSUR, nos
reunimos en Brasilia los días 13 y 14 de diciembre de 2006, durante la I Cumbre Social
del MERCOSUR, actividad convocada en conjunto por el Foro Consultivo Económico y
Social, la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Comisión de Representantes
Permanentes del MERCOSUR. Ratificamos en esaoportunidad la Agenda Social surgida del
I Encuentro por un MERCOSUR Productivo y Social, evento realizado en julio de 2006, en
Córdoba, Argentina, durante la XXX Reunión de Jefes de Estado del MERCOSUR.
2. Nuestras conclusiones expresan el consenso logrado por las delegaciones presentes y
apuntan al fortalecimiento de la agenda social y de la participación ciudadana en el
MERCOSUR. Los movimientos sociales y populares deben participar e incidir
efectivamente en el proceso decisorio del MERCOSUR. Por lo tanto, proponemos la
continuidad de esta experiencia, de modo que las Cumbres Sociales sean, de ahora en
adelante, apoyadas por las Presidencias Pro Tempore como actividades permanentes del
movimiento social, siempre realizadas en el marco de las Reuniones Presidenciales del
MERCOSUR. Asimismo, proponemos que los gobiernos apoyen y estimulen la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los Sub-grupos de
Trabajo y en las Reuniones Especializadas del MERCOSUR, y que sean creados
mecanismos para incorporarlas como observadoras en el Grupo Mercado Común (GMC) y
en el Consejo Mercado Común (CMC).
3. Coincidimos en que para avanzar hacia un MERCOSUR más efectivo y democrático es
fundamental dar énfasis a las dimensiones política, social, laboral, ambiental y cultural da
integración regional, complementando las dimensiones comercial y económica,
superando el neoliberalismo. Convocamos los gobiernos a que implementen las
38
directrices de la estrategia de desarrollo social integral y productivo surgidas de la XXX
Reunión Presidencial del MERCOSUR.
4. Ratificamos, en el marco de la soberanía nacional, del multilateralismo y de la defensa
de la paz, la importancia de fortalecer y ampliar el MERCOSUR, en articulación con los
diversos procesos de integración que se están desarrollando en la región,
particularmente en América del Sur. Destacamos la importancia de la Cumbre Social de
los Pueblos, llevada a cabo recientemente en Cochabamba, Bolivia, durante la Cumbre de
la Comunidad Sudamericana de Naciones. Destacamos los hechos positivos del
MERCOSUR, y apelamos a la intensificación del diálogo y a la profundización de la
dimensión política como camino mas adecuado para contribuir a la integración regional.
5. Saludamos la creación del Parlamento del MERCOSUR y asumimos el compromiso de
colaborar con esa institución política con los indispensables aportes de los movimientos
sociales, en la perspectiva de construcción de un MERCOSUR democrático y participativo.
Destacamos la necesidad de que en el Parlamento del MERCOSUR haya una participación
igualitaria de hombres y mujeres, y de que su agenda incluya, con el énfasis necesario,
los temas de la igualdad de género, la igualdad étnico-racial y los derechos humanos.
6. Hacemos énfasis en que la ampliación de los horizontes de la participación ciudadana
en la toma de decisiones sobre el destino del MERCOSUR debe guiar la reforma
institucional y apuntar al fortalecimiento de las políticas públicas regionales de carácter
social, imprescindibles para garantizar la sustentabilidad del desarrollo del bloque y
asegurar que los beneficios provenientes de la integración sean distribuidos de forma
ecuánime, traduciéndose en mejora de la calidad de vida de nuestras poblaciones.
7. En ese marco, destacamos la importancia del fortalecimiento de las políticas regionales
de educación que respeten y valoren la diversidad cultural, racial, étnica y de género y
que incorporen como fundamento a los derechos humanos como elemento indisociable
de la creación de una ciudadanía regional. Defendemos, especialmente la adopción de
políticas de educación para la integración, de inclusión educacional de segmentos
vulnerables, de las políticas de financiamiento para la educación y de la valorización, en
todos los niveles, de los profesionales de la educación. Saludamos la realización del III
Foro Educacional del MERCOSUR, realizado en Belo Horizonte en noviembre de 2006, y
apoyamos sus conclusiones. Convocamos los gobiernos para que creen las condiciones
para el desarrollo de la enseñanza de las lenguas portuguesa e española, idiomas
oficiales del bloque, en todos los países del MERCOSUR. Es igualmente imprescindible
garantizar la utilización, preservación y trasmisión de las lenguas maternas de las
poblaciones originales de la región, especialmente en las áreas fronterizas.
8. Entendemos que el desarrollo social y económico del MERCOSUR pasa por la
elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de juventud
que se articulen transversalmente con las políticas de educación, trabajo decente,
cultura, salud, seguridad pública, intercambio de jóvenes, turismo, medio ambiente,
deporte y ocio. Las políticas públicas de juventud deben ser tenidas como prioridad por
todas las generaciones y deben, necesariamente, contemplar el estímulo a la
participación de los jóvenes en las esferas de decisión del bloque.
9. Para construir un MERCOSUR verdaderamente democrático y participativo,
consideramos fundamental formular una estrategia de cooperación específica para los
ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento, contemplando
acuerdos para potencializar las redes regionales de información y comunicación pública y
ciudadanas, con un sentido de equidad y respeto a la libertad de prensa, con la finalidad
de aportar a la formación de una ciudadanía y una identidad común sudamericana.
10. Resaltamos la centralidad de la agenda del empleo y del trabajo digno para la
estrategia de desarrollo y crecimiento del MERCOSUR. De este modo, abogamos por el
cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y por garantías efectivas de
funcionamiento del Observatorio del Mercado de Trabajo, de modo que sean ejecutadas
las directrices de la Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo. La articulación de
39
las cadenas productivas, con el objetivo de generar condiciones para la creación de
empresas y empleos dignos, y el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales
de los trabajadores y trabajadoras, constituyen los parámetros esenciales de esa
estrategia. Exhortamos a que los gobiernos agilicen y simplifiquen la reglamentación de
la circulación de trabajadores y trabajadoras en el MERCOSUR; creen mecanismos de
armonización entre los países que puedan garantizar los derechos de seguridad social de
los trabajadores y trabajadoras; implementen el Plan Regional de Inspección del Trabajo;
aceleren la armonización de las Normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Plan
Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la plena incorporación de personas
discapacitadas. Defendemos el derecho a la organización sindical de acuerdo con las
normas internacionales del trabajo.
11. Entendemos que la salud es un derecho universal, integral, que promueve igualdad e
implica participación, para que se logre el desarrollo con justicia social. Políticas
conjuntas de salud constituyen una excepcional herramienta para promover la calidad de
vida de nuestros pueblos, pues aseguran su bienestar. Los progresos obtenidos tienen
fundamental importancia para complementar políticas de salud. Sin embargo, es
necesaria una mayor articulación entre los países involucrados en el proceso, a fin de
optimizar resultados, revisar y actualizar temas prioritarios y de interés común. Debemos
atendera las alteraciones y a los avances en los aspectos asistenciales, sanitarios,
tecnológicos, ambientales y de recursos humanos en los países del MERCOSUR y
estimular, junto a la sociedad civil, la gestión participativa y el control social.
Consideramos también la importancia de la creación del Observatorio de la Participación
Social y Gestión Participativa en el MERCOSUR, integrado a las demás redes de
observatorios
existentes,
promoviendo
la
articulación
con
la
Comisión
Intergubernamental de Sistemas de Información y Comunicación en Salud. (CISICS).
12. La reforma agraria, el combate a la violencia en el campo, el fortalecimiento de la
agricultura familiar, de la economía solidaria, de la seguridad alimentaria y del
cooperativismo, son acciones indispensables para alcanzar un modelo de desarrollo
sustentable. Estas acciones deben convertirse en prioridades de las políticas públicas de
los países del bloque. Exhortamos a los Presidentes a que implementen las
recomendaciones presentadas por la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar
(REAF) y por la Reunión Especializada sobre Cooperativismo (RECM). Defendemos
todavía, la implementación en el MERCOSUR de las recomendaciones de la Declaración
Final de la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, aprobada
en Porto Alegre, en Marzo de 2006.
13. Nos comprometemos con la promoción y la protección de los derechos humanos en el
Mercosul y Estados asociados, saludando la creación del Grupo de Trabajo sobre
Educación y Cultura en Derechos Humanos y enfatizando la importancia de garantizar el
derecho a la verdad y a la memoria, reconocer las vulnerabilidades de los inmigrantes y
refugiados en los países del bloque, establecer estrategias de cooperación contra la
violencia y discriminación sexual, racial y étnica, la prostitución infantil y el tráfico de
seres humanos y de elaborar una declaración de compromiso común para la promoción y
la protección de los derechos del niño y del adolescente. Se debe dar especial atención a
los derechos de los pueblos originarios, particularmente en las regiones de frontera.
14. Damos prioridad a la formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de
los inmigrantes en los países del MERCOSUR y Estados Asociados, reconociendo el
derecho humano a migrar como derecho a la libre circulación y fijación de residencia
garantizado en convenciones, pactos y declaraciones internacionales, enfatizando la
necesidad de garantizar la seguridad humana de todos los inmigrantes
independientemente de su status migratorio, denunciando y cohibiendo las violaciones de
derechos humanos en las fronteras y de la conducción inhumana de las deportaciones y
expulsiones colectivas de extranjeros.
15. Destacamos la necesidad de una estrategia de desarrollo regional urbano, integrado
y sustentable para el conjunto de ciudades. Para ello proponemos el reconocimiento, por
40
parte de los gobiernos de los países del MERCOSUR, del derecho a la ciudad como un
derecho humano fundamental. Los gobiernos deben garantizar las inversiones necesarias
para el desarrollo de políticas urbanas que asuman el problema de la vivienda adecuada,
del saneamiento ambiental y del acceso al transporte público de calidad, suministrando,
al mismo tiempo, las condiciones para la creación de espacios de participación en la
gestión de las ciudades. En esta misma línea, reafirmamos la necesidad de fortalecer los
mecanismos de participación de los gobiernos locales y regionales en el MERCOSUR y
reclamamos la instalación inmediata del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos.
16. Convocamos nuestros gobiernos a que ratifiquen la Convención de las Naciones
Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus
Familias y que promuevan la respectiva normativa del Mercosul con miras a la
convergencia de los marcos jurídicos de esos derechos en nuestros países, respetando
los derechos humanos de los inmigrantes independientemente de su status migratorio y
multiplicando esfuerzos para combatir el tráfico de personas y la explotación sexual.
Destacamos que las mujeres y los niños son más vulnerables y están más expuestos a
las violaciones de esos derechos.
17. Convocamos a los gobiernos de los países del bloque a que destinen los recursos
políticos y económicos necesarios para la eliminación de todas las formas de violencia
contra la mujer. Se debe priorizar asimismo la adopción de políticas públicas de atención
a la salud reproductiva y sexual. Subrayamos la necesidad de que los gobiernos, en
articulación con movimientos y organizaciones sociales, lleven a cabo los compromisos
asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW)
y en la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará) así como las recomendaciones de la Reunión
Especializada de la Mujer (REM).
18. Destacamos que el MERCOSUR debe contemplar el fortalecimiento y la ampliación de
las dimensiones productiva y social de la integración. El cooperativismo y la economía
solidaria deben ser apoyados por políticas regionales como instrumentos eficaces para la
construcción de una sociedad más justa, para la generación de trabajo digno e ingresos,
y para la inclusión de las poblaciones excluidas. Apoyamos la elaboración de políticas
regionales de promoción a la pequeña y mediana empresa, el incentivo tecnológico y la
producción de energías renovables con criterios de sustentabilidad socioambiental.
También resaltamos la necesidad de que se establezcan acciones y una legislación común
de estímulo al cooperativismo, a la capacitación, a la formación y al intercambio entre
esos sectores, estimulando la estructuración de las cadenas productivas.
19. Propugnamos la promoción de inversiones para combatir las asimetrías entre los
países y a la interna de los países del MERCOSUR, permitiendo una perspectiva conjunta
de desarrollo socioeconómico, cohesión social, complementariedad, sinergias,
convergencia estructural y fortalecimiento del proceso de integración. En este sentido
destacamos la importancia de consolidar el Fondo para la Convergencia Estructural del
MERCOSUR como un instrumento de apoyo a las economías menores y destino de
recursos para superar las asimetrías regionales. Entendemos que los recursos destinados
al FOCEM deben ser ampliados y su accionar monitoreado por la sociedad civil. Además,
es fundamental articular los mecanismos de financiamiento existentes a través de la
construcción de un organismo regional de financiamiento al desarrollo en el MERCOSUR.
Destacamos la importancia de armar una infraestructura correspondiente a los objetivos
definidos.
20. Observamos que los elementos que definen un proyecto de desarrollo sustentable
para la región deben regular la política comercial del MERCOSUR con terceros países,
incentivando las cadenas productivas como propulsoras del desarrollo regional y
aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas
economías nacionales. El desarrollo regional se debe articular en torno a un poderoso
mercado regional de consumo responsable, primando sobre otras propuestas de
41
integración comercial que apuntan primordialmente a la exportación a terceros. La
garantía de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales debe
prevalecer sobre eventuales tratados de comercio que puedan llegar a ser firmados por el
bloque. Las negociaciones para estos tratados con países y regiones extrabloque deben
ser subordinadas a los objetivos regionales de desarrollo.
21. Damos énfasis a la necesidad de articulación entre movimientos y organizaciones
sociales y populares y gobiernos para garantizar la continuidad, en el MERCOSUR y
Estados asociados, de las recomendaciones de la Conferencia Regional de las Americas
sobre los avances y desafíos en el Plan de Acción contra el Racismo, Discriminación
Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Se debe estimular el intercambio de
experiencias y mejores prácticas para la promoción de la igualdad racial en el bloque.
Convocamos a los gobiernos a que implementen el Plan de Acción de Durban y
establezcan nuevos mecanismos de evaluación de progresos y desafíos, en el combate al
racismo y todas las formas de discriminación en los países del MERCOSUR.
22. Consideramos prioritarias las acciones de integración cultural, con vistas a la
construcción de una identidad regional que tenga en cuenta la diversidad de la región y
el papel central de la cultura para su desarrollo. Exhortamos a que nuestros gobiernos y
parlamentos ratifiquen la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales, destacando el acceso a la cultura como
camino hacia la inclusión social y la construcción de la ciudadanía. Defendemos la
ampliación de recursos para la cultura y la intensificación del intercambio artístico de los
distintos lenguajes: teatro, música, danza, artes circenses, artes visuales, audiovisual,
literatura, entre otras, así como la articulación de puntos de cultura y casas de cultura y
de las políticas de patrimonio, cultura digital y libro y lectura. Destacamos la necesidad
de integrar políticas de cultura, educación, juventud y comunicación, en una plataforma
de desarrollo sociocultural del MERCOSUR.
23. Defendemos los recursos naturales y el acceso al agua en toda la región. El agua no
es mercancía, y rechazamos cualquier intento de privatización de ese derecho esencial a
todas las formas de vida. Con respecto al Acuífero Guaraní, proponemos una regulación
regional, no subordinada a las instituciones financieras internacionales, del uso de ese
recurso regional, su protección, y garantía de existencia para las generaciones futuras.
Existe necesidad de implementar y fortalecer la participación social en la gestión
integrada de las cuencas hidrográficas y transfronterizas. Proponemos que se realice una
conferencia sobre medio ambiente y recursos naturales en el MERCOSUR. El desarrollo
sustentable, la defensa de la biodiversidad, la ratificación de los tratados internacionales
son fundamentos para la construcción de un MERCOSUR socioambiental.
42
Declaración de Iximche: III Cumbre Continental de los Pueblos y
Nacionalidades Indígenas de Abya Yala
Iximche, Guatemala, 30 de marzo de 2007
Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias
del continente, autoconvocados y reunidos en la III Cumbre Continental de Pueblos y
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’, Guatemala, los días
oxlajuj Aq’abal, trece fuerzas del espíritu del amanecer, 26 al kají kej, cuatro
fuerzas del espíritu del Venado:
Reafirmamos la Declaración de Teotihuacán (México, 2000) y la Declaración de Kito
(Ecuador, 2004); ratificamos nuestros principios milenarios, complementariedad,
reciprocidad y dualidad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza,
la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; y anunciamos el
resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq’tun, cuenta
larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq’tun encaminándonos
para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”.
Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de
globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios,
apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando
la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática
intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad
con los gobiernos.
Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos
tiempos, por tanto declaramos:
43
Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los
movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas
neoliberales y todas las formas de opresión.
Responsabilizar a los gobiernos por el permanente despojo de los territorios y la
extinción de los pueblos indígenas del continente, a partir de prácticas impunes de
genocidio de las transnacionales, así como por la poca voluntad de las Naciones Unidas
en viabilizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por no garantizar
el respeto pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al territorio y a los bienes comunes de la
Madre Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e
irrenunciable, aún a costa de nuestras vidas.
Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los Estados – nación
y la construcción de los Estados plurinacionales y sociedades interculturales a través de
las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades
indígenas.
Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos
indígenas, aún sin el reconocimiento legal de los Estados – nación.
Ratificar el rechazo a los tratados de libre comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de
los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados
comerciales.
Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaría y la lucha contra los
transgenicos, convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para
garantizar nuestro futuro.
Ratificar la lucha por la democratización de la comunicación y la implementación de
políticas públicas que contemplen disposiciones especificas para los pueblos indígenas e
impulso de la interculturalidad.
Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas del BID, Banco Mundial y entidades
afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación
que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legitimas.
Para el vivir bien de los pueblos indígenas, acordamos:
Exigir a las instituciones financieras internacionales y los gobiernos la cancelación de sus
políticas de promoción de las concesiones (mineras, petroleras, forestales, gasiferas y de
agua) de territorio indígenas para las industrias extractivas.
Condenar las políticas del presidente Bush y del gobierno de Estados Unidos expresadas
en la exclusión demostrada con la construcción del muro en la frontera con México
mientras por otro lado trata de apropiarse de los bienes comunes de la Madre Naturaleza
de todos los pueblos del Abya Yala, implementando planes y acciones expansionistas y
guerreristas.
44
Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados – nación que no
reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado
ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
Condenar las democracias impostoras y terroristas implementadas por los gobiernos
neoliberales, que se traducen en la militarización de los territorios indígenas, la
criminalización de las luchas indígenas y movimientos sociales en todo el Abya Yala.
Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:
Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas del Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde
converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de
globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos
hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y todo el patrimonio natural para
vivir bien.
En este proceso delineamos las siguientes acciones:
Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación
de las mujeres, niños y jóvenes.
Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre
Continental de la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala.
Convocar a la marcha continental de los pueblos indígenas para salvar a la Madre
Naturaleza de los desastres que está provocando el capitalismo, y que se manifiesta en el
calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre del 2007.
Impulsar la misión diplomática de los pueblos indígenas para defender y garantizar los
derechos de los pueblos indígenas.
Respaldar la candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro hermano Evo Morales
Ayma, Presidente de Bolivia.
Exigir la despenalización de la hoja de coca.
“Soñamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro”
45
Declaración de movimientos, organizaciones y redes sociales y
sindicales a propósito de la 1era Cumbre Energética Sudamericana
Isla Margarita – Venezuela, 16 de abril de 2007
Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del
Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana
de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de
los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los
Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre
Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético
que anhelamos para nuestra región.
1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la
recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso
debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la
nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en
la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y
la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.
2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos
respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro
bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las
oligarquías locales.
3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades
en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un
acceso digno a los recursos energéticos
4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los
combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos
originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños
46
irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de
explotación.
5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando
su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso
pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar
la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado
un abastecimiento digno de sus habitantes.
6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos
sino también ambientales.
7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos,
para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital,
cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la
generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con
prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el
futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad
de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean
utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al
beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda
ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.
8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:
-
-
-
-
-
La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco
integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán
los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía
y para que.
Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas
liberales fundamentalmente en cuanto a mecanismos de integración pensados para
garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores
agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los
habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico,
con justicia y equidad en pos de la paz social.
Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos
energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la
autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción
e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas
tanto nacionales como regionales.
Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien
común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano
parte del conjunto de derechos ampliados.
Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los
trabajadores del sector energía de todo el continente.
Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que
nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de
monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra
región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema
explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus
poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la
región.
Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la
estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los
ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los
aspectos fundamentales que afecta a la región.
47
-
-
Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin
también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de
energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la
producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante
cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la
consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o
legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y
originarios
Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del
continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de
soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales
Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e
insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la
integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de
energía así como aquellos afectados estos procesos.
Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre
Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando
a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su
conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el
diálogo político.
Declaración de Tintorero (movimientos sociales del ALBA)
Tintorero – Venezuela, 30 de abril de 2007
Encuentro de los Movimientos Sociales en el Marco de la V Cumbre de la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos.
Tintorero, Venezuela, 28 y 29 de abril de 2007.
Consideraciones Generales:
• Los Movimientos Sociales y fuerzas políticas Latinoamericanos y del Caribe reunidos por
primera vez con los representantes de gobiernos del ALBA, en la V Cumbre celebrada en
la ciudad de Barquisimeto, Edo. Lara en Venezuela, entre el 28 y 29 de abril de 2007,
reiteramos nuestro apoyo y compromiso de unión de los Pueblos de la América Latina y
del Caribe con el proceso de integración política e ideológica enmarcada en el ALBA,
como un hilo que permitirá conectar las diferentes expresiones sociales, quienes han
resistido siglos de exclusión en nuestros pueblos (campesinos, obreros, cultores
populares) impuesta por el modelo capitalista neoliberal, y reafirmamos nuestro apoyo a
los Gobiernos Progresistas de la región para la realización de encuentros encaminados a
lograr no sólo el acercamiento gubernamental sino el acercamiento de los pueblos
hermanos del continente.
• Creemos en el proceso de construcción del ALBA que debe fundamentarse en el legado
histórico de nuestros Libertadores y libertadoras, con un claro contenido ético, de valores
y principios que se contrapongan a los neoliberales. Un ALBA que haga suyo el análisis y
la perspectiva de genero que contribuya a una nueva cultura entre los géneros en
paridad sin opresión y sin discriminación de un sexo sobre otro. Por ello reiteramos los
principios fundamentales sobre los cuales se propulsó esta iniciativa, a saber:
autodeterminación de los pueblos, complementariedad económica, comercio justo,
cooperación entre los países participantes (intra-ALBA), desarrollo económico equilibrado
en cada país, lucha contra la pobreza, preservación de la identidad cultural de los
pueblos, integración energética, defensa de la cultura latinoamericana y caribeña, de la
identidad de los pueblos de la región, fomento de la cultura autóctona e indígena.
48
• Proponemos incorporar a los anteriores principios: integración tecnológica-productiva,
solidaridad entre nuestros pueblos, lucha contra la exclusión social, defensa de los
derechos humano, laborales y de las mujeres, defensa del ambiente, integración física,
soberanía alimentaria, participación de los pueblos en los asuntos públicos, garantía de
comercio justo y sustentable, complementariedad económica, competencia productiva
con los países no miembros del ALBA (países extra-ALBA), justicia social, soberanía,
corresponsabilidad, pluriculturalidad, diversidad, reconocimiento de la cultura
afrodescendiente, y el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas tal
como lo establece los pactos de derechos humanos.
• Mantenemos el ALBA en su espíritu originario como alternativa que se contrapone al
ALCA tratado neoliberal, que impone condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión en
nuestros pueblos, y más allá como un ente que facilita el diálogo de saberes y la unión
de los movimientos sociales entre ellos y con los gobiernos nacionales, estadales,
regionales, municipales, comunales, departamentales, que suscriben el acuerdo del
ALBA.
• Reafirmamos la lucha actual contra los Tratados de Libre de Comercio con los EEUU,
como mecanismo auxiliar del ALCA, proponiendo el Tratado de Comercio de los Pueblos,
de acuerdo a los principios establecidos en el ALBA, como vía para lograr el crecimiento
equitativo de la región, y como instrumentos de liberación y emancipación de los pueblos
de América Latina y el Caribe, frente al imperialismo norteamericano.
En relación a cómo organizarnos, proponemos lo siguiente:
• Que la adhesión de los Movimientos Sociales al ALBA se conformen respetando el
principio de autonomía y la estructura horizontal de los mismos, donde la integración con
los representantes de los gobiernos permita el diseño de planes, programas y proyectos
coordinados en base a los interese comunes, con los siguientes criterios: antiimperialista, humanista, ambientalista, con visión de género.
• Proponemos proyectos nacionales de articulación cuyo objetivo fundamental sea la
unidad y la diversidad de los movimientos sociales y político transformando el ALBA en
una herramienta inclusiva de las amplias mayorías de nuestros pueblos.
PROPUESTAS
• Creación de la Carta ALBA: esta debe contener su definición, objetivos, principios,
valores y estructuras; siendo esta última la que permita la articulación de los entes
gubernamentales nacionales, con los movimientos sociales, pueblos indígenas,
afrodescendientes, gobiernos locales, grupos de mujeres y feministas, ecológicos,
culturales, entre otros.
• Articulación con los Gobiernos Locales: debe constituir un puente entre los
gobiernos nacionales y los gobiernos locales de los diferentes países que integran el ALBA
a los efectos de acercar las gestiones de gobierno a los pueblos organizados.
1.
En los países no integrados al ALBA se debe ampliar y profundizar la incorporación
de los gobiernos locales y regionales progresistas y que se adhieran al ALBA. Teniendo
como base la primera esfera administrativa del estado más cerca de la población.
2.
Los gobiernos y estados del ALBA deberían hacer las reformas legales a sus
marcos normativos para facilitar los procesos de cooperación y comercio justos.
3.
Dentro de las estrategias de cooperación energética deberá también priorizarse
proyectos de generación eléctrica, eólica e hídrica para facilitar capacidades en
competencias a las pequeñas unidades productivas y mejorar la renta real de las familias
de más bajos recursos y excluidos de la población.
49
• Multiplicar las Misiones Sociales: los Movimientos Sociales están en disposición de
profundizar las experiencias positivas en cada país de la Región, mediante el impulso de
las diferentes misiones sociales: en salud, educación, producción; creando las
condiciones organizativas, institucionales y financieras que permitan la sociabilización de
las mismas. Proponemos además, un Plan Regional de Salud Pública, construido sobre las
bases de programas de cooperación como Misión Milagro, que brinde acceso gratuito y
universal a toda la población, fortalecer la participación popular a través de redes
populares humanitarias misioneras, que se extiendan a los pueblos donde sus gobiernos
no se han suscrito al ALBA.
• Plan de Cooperación para Haití: La grave situación económica, política y social que
sufre nuestra hermana república, merece un esfuerzo verdadero por nuestra parte para
cooperar con su desarrollo social y humano, no en los términos explotadores que ofrece
el modelo neoliberal y sus instituciones financieras, sino bajo un verdadero esquema de
solidaridad. Exhortamos a los gobiernos del ALBA a cooperar con Haití en áreas como:
proyectos de salud y educación, especialmente alfabetización, agricultura, cooperación
económica, comercio justo. Por nuestra parte, reiteramos nuestro compromiso de apoyar
al pueblo haitiano para fortalecer los procesos de organización, producción y distribución
que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo haitiano.
• Plan Educativo y Cultural Integral: desde la alfabetización hasta el desarrollo
universitario, basado en la experiencia del método: Yo Sí Puedo, importantes proyectos
con la participación de movimientos sociales como el IALA y la ELAM, y la creación de la
Universidad del Sur y de la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Políticas Públicas con
una lógica nueva, que rompa con la mercantilización del sistema educativo y promueva
nuevos valores éticos, humanistas y solidarios, así también la cultura de la emancipación
debe ser tomada como un eje transversal en la construcción del poder popular.
• Capacitación de los Movimientos Sociales: debe articularse una estrategia regional
que permita fortalecer las capacidades sociales, técnicas y políticas del los diversos
Movimientos Sociales, para ello debe aprovecharse las experiencias exitosas emprendidas
por los Movimientos Sociales en la Región. Crear un mecanismo que se pueda incluir en
el marco del ALBA para solucionar la problemática de los desplazad@s de la migración
estimulada por el terrorismo de estado y el neoliberalismo de los gobiernos sometidos a
las dictaduras del imperialismo para brindar oportunamente el apoyo requerido a esta
población.
• Democratización de las Telecomunicaciones y la Informática como herramientas
estratégicas para construir el poder popular liberador nuestroamericano: donde se
articule los espacios para consolidar un sistema público de comunicación en manos de las
comunidades populares (radio, la televisión y el Internet), dándole cabida a las redes
alternativas de información existentes en Nuestra América que ofrecen una perspectiva
desde los movimientos populares. Redefinición y expansión de TELESUR, la Editorial
ALBA y la creación de una Agencia de Noticias ALBA.
• Democratización Financiera: creación de instituciones financieras con instrumentos
modalidades, plazos, tasas y montos que se adapten a las necesidades de financiamiento
de los emprendimientos sociales. Por ello solicitamos que en la estructura organizativa
del BANCO DEL SUR se incluya un área de atención a la economía social, concretamente
un fondo solidario para impulsar la Alternativa Bolivariana de las Mujeres de América con
miras a erradicar la feminización de la pobreza.
• Defensa de la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria: se debe articular una
estrategia de autosuficiencia en la producción de alimentos a partir del potencial para la
producción agroecológica que tiene la Región. Cuyo fundamento se encuentra en la
activación social de los movimientos campesinos y de los pequeños productores. Se
refuerza el principio de lucha contra los transgénicos y la protección del ambiente. Se
propone la Red para la Producción e intercambio de Alimentos sanos. Llamamos a
profundizar la lucha que elimine el latifundio, la desigualdad social en el campo y se
50
garantice la soberanía alimentaria de los pueblos, y que nuestros cultivos y nuestra
inversión en la agricultura y desarrollo agrícola sea para alimentar nuestros pueblos.
• Derecho a la vivienda y un hábitat digno: asegurar el derecho a la vivienda de
todas y todos de los y las habitantes garantizando ciudades y municipios libres de
desalojos, apoyar la creación de fondos populares y proyectos autogestionarios y
cooperativos y de desarrollo endógeno, acceso al suelo y a la vivienda.
• Contraloría Social del ALBA: debe articularse una instancia de los Movimientos
Sociales para la vigilancia y control de los diferentes acuerdos y Proyectos suscritos por
los Gobiernos del ALBA, donde se realicen periódicamente encuentros en los cuales los
gobiernos del ALBA hagan un balance de los alcances y la implementación del ALBA a los
pueblos organizados a través de reportes. Esta estructura es vital y su organización debe
partir desde las bases, ya que entendemos que sólo una profunda participación popular
es capaz de garantizar la viabilidad del ALBA
• Apoyar la red de Parlamentarios y Parlamentarias por el ALBA: se debe exhortar
a los parlamentarios de los diferentes países del ALBA a establecer canales con los demás
parlamentarios y parlamentarias de América Latina y el Caribe para difundir la estrategia
del ALBA a todos los Poderes Legislativos de la Región con miras a la conformación de un
espacio parlamentario ALBA.
• Apoyar la red de mujeres por el ALBA: que articule todos los movimientos de
mujeres en América Latina y el Caribe, que impulse la lucha por la desconstrucción de las
desigualdades de poder entre las personas y promuevan la unidad en la diversidad, a
demás de establecer agendas feministas de lucha de incidencia política.
• Redes Productivas de los Movimientos Sociales: aprovechar toda la experiencia
organizativa de los Movimientos Sociales para organizar las cadenas de producción en
pro del aprovechamiento de las capacidades endógena que tenemos.
• Propuesta Organizativa: se debe generar una estructura que permita incorporar en
la organicidad del ALBA a través de mecanismos que viabilicen la participación de los
movimientos sociales, que permita alcanzar una democracia participativa y protagónica
de acuerdo a los intereses populares socialmente organizados. Se Propone la creación de
un Consejo Consultivo Planificador de los Movimientos Sociales.
• Impulsar la integración energética de Latinoamérica y el Caribe: donde se
incluyan las necesidades de los sectores menos favorecidos mediante una alianza
estratégica con los Movimientos Sociales.
• Proyecto de integración cultural: donde se cree la Casa del ALBA en cada país y
que esté primordialmente orientado a la difusión de la identidad de nuestros pueblos,
destacando principalmente las culturas de nuestros pueblos indígenas originarios y
afrodescendientes, así como la solidaridad de los pueblos en lucha.
Por último, los movimientos sociales y políticos, junto con representantes de gobiernos
locales, reunidos durante la V Cumbre del ALBA-TCP en Tintorero, Venezuela, en aras de
impulsar el fortalecimiento del ALBA como alternativa de los Pueblos contra la lógica
neoliberal e imperialista confrontar el modelo neoliberal, el imperialismo y la guerra,
impulsaremos campañas centrales a lo largo del 2007:
1. Llamado a movilizaciones de solidaridad con la lucha costarricense contra el TLC.
Nos solidarizamos con las luchas del pueblo costarricense contra el Tratado de Libre
Comercio y apoyamos su iniciativa para rechazarlo en el referéndum a realizarse en el
mes de septiembre. El ALBA debe profundizar su labor de crear alternativas a los TLC
bajo los principios del comercio justo y solidario. Asimismo, reiteramos nuestra exigencia
51
de que ningún gobierno se adhiera al TLC sin una consulta popular democrática que sea
precedida por un gran debate nacional.
2. Jornada de movilización en rechazo a liberación del terrorista Luis Posada Carriles y a
favor de la liberación de los 5 presos antiterroristas cubanos en cárceles de Estados
Unidos.
Contra el Terrorismo y la Doble Moral del Imperialismo: ¡Extradición ya!
Demandamos la inmediata extradición del terrorista confeso Luis Posada Carriles a
Venezuela, para continuar el proceso judicial en su contra por la explosión de un avión
civil cubano que dejó un saldo de 73 muertos en 1976. Rechazamos la continua violación
de las leyes internacionales por parte del gobierno estadounidense y su negativa de
entregar a Posada Carriles a las autoridades correspondientes. Asimismo, exigimos la
libertad inmediata de los cinco luchadores cubanos que siguen encarcelados en los
Estados Unidos.
3. Llamado a un Encuentro entre Pueblos y Gobiernos del ALBA.
Los movimientos sociales latinoamericanos, respondiendo al llamado de los Jefes de
Estado del ALBA se comprometen a elaborar una propuesta de agenda social previa a la
próxima convocatoria de la Cumbre de Jefes de Estado, así como organizar una Cumbre
de Movimientos Sociales del ALBA que nos permita avanzar en una interlocución con los
gobiernos del ALBA, que contribuya a fortalecer el movimiento social y popular, a
organizar y concienciar a nuestros pueblos en torno a los principios y valores del alba, a
extender las misiones y logros sociales al resto de los países de América Latina y el
Caribe, que coadyuve a la creación de redes de gobiernos locales. Parlamentarios,
mujeres, campesinos, sindicatos y otros para construir desde abajo el ALBA de los
pueblos
4. Llamado a una movilización en memoria de los 40 años de la caída en combate del
Guerrillero Heroico, Comandante Che Guevara.
Al conmemorarse cuarenta años de la siembra de este vivo ejemplo de desprendimiento
y entrega por la causa de la liberación y la integración latinoamericana y caribeña,
hacemos un llamado a movilizaciones en todos nuestros países para conmemorar su
heroica gesta y su legado.
CONSIDERACIONES FINALES
Los Movimientos Sociales de América reunidos en Tintorero, Estado Lara, Venezuela;
saludamos y nos solidarizamos con el Aniversario número XXX de las Madres de la Plaza
de Mayo en Argentina. Apoyamos desde todos nuestros países su lucha por la justicia, la
paz y en contra de la impunidad.
Nos declaramos en lucha permanente para alcanzar un territorio libre de analfabetismo y
transgénicos.
El Encuentro Social del ALBA, expresa su solidaridad con los pueblos de Bolivia y Ecuador
en su lucha de liberación y protagonismo de los Movimientos Sociales y Pueblos
Originarios; y manifiesta su firme apoyo a los procesos constituyentes emprendidos para
transformar las viejas estructuras políticas, económicas y sociales de opresión y
explotación.
En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado que se
realizará en Santiago de Chile entre el 8 y 10 de noviembre de 2007, expresamos
nuestra solidaridad con los Presidentes y Jefes de Estados integrantes del ALBA, y
52
hacemos un llamado a todos los Movimientos Sociales a participar en la Cumbre
Alternativa Iberoamericana a realizarse en la misma fecha.
Expresamos nuestro apoyo a los Movimientos Sociales que en EEUU y Canadá luchan por
los derechos de sus pueblos y se solidarizan con la construcción del ALBA y la liberación
de todos los pueblos del Continente Americano.
Finalmente, saludamos el triunfo del pueblo ecuatoriano que impuso su voluntad
soberana de convocar la Asamblea Constituyente.
Declaración de Asunción - Cumbre de los pueblos del Sur
Asunción – Paraguay, 28 y 29 de junio de 2007
Las mujeres y hombres que nos hemos reunidos los días 28 y 29 de junio de 2007, en
Asunción, Paraguay en la Cumbre de los Pueblos del Sur con el lema “Construyendo
Soberanía”, desde la alianza de nuestras organizaciones y movimientos sociales,
hacemos pública la siguiente Declaración:
Reconociendo los cambios políticos que se han experimentado en la región, la Cumbre de
los Pueblos del Sur condena la persistencia del modelo productivo que las políticas
neoliberales han venido implementando en la región, con la graves consecuencias para
nuestros pueblos, porque ha atacado la base misma de su soberanía, a través de la
explotación humana y la apropiación y mercantilización de la naturaleza, los territorios
y la vida misma.
Pese a su gran potencial, hasta ahora el MERCOSUR, no ha respondido a las
expectativas de cambios y avances substanciales en las condiciones de vida y trabajo de
nuestros pueblos. Por el contrario, el modelo de desarrollo que ha impulsado, sigue
agravando la degradación ambiental y profundizando la exclusión social al interior de los
países y las desigualdades entre los mismos.
En el marco del modelo agroexportador, la expansión de los monocultivos esta
provocando la destrucción masiva de la naturaleza. El auge de los agrocombustibles que
ahora se fomenta, profundizará las consecuencias devastadoras que ya se vienen
sufriendo con la exportación de materias primas destinadas a abastecer el consumo de
los países industrializados.
En contrapartida, defendemos la soberanía alimentaria, cuyos principios articulan
políticas de autonomía productiva en base a las necesidades de los pueblos, y no
supeditadas a las demandas del mercado mundial. Es urgente implementar reformas
agrarias basadas en los principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos
campesinos e indígenas.
53
El modelo de desarrollo promovido en nuestro continente y su financiamiento han
contribuido enormemente a la expansión de la pobreza, y a la acumulación de la ilegitima
deuda de nuestros países. Esto ha resultado en megaobras de infraestructura, cuya
ejecución responde a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y de sus
socios nacionales y locales.
Actualmente, este modelo esta promoviendo la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) un conjunto gigantesco de
megaproyectos orientados a facilitar la exportación de materias primas y recursos
naturales de la región. Esta iniciativa va de contramano a las propuestas basadas en los
intereses y las prioridades de las poblaciones, que incluyen verdaderos procesos de
integración continental basados en la equidad, la inclusión, la diversidad, la soberanía
local, la democracia, la justicia social, idoneidad ecológica y ambiental y la paz.
El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la
recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso
debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la
nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en
la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y
la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.
Demandamos la urgente renegociación de los Tratados de Itaipu y Yacyreta así como la
necesidad de una auditoria de la ilegitima deuda paraguaya, producto de los injustos
términos de los tratados firmados por los gobiernos dictatoriales del Paraguay, Brasil y
Argentina.
Al mismo tiempo, el neoliberalismo ha profundizado la perdida de los derechos de
trabajadores y trabajadoras. El desempleo, las migraciones, la precarización de las
relaciones de trabajo, la violación de derechos laborales, las discriminaciones basadas en
el genero y las desigualdades salariales entre hombres y mujeres son algunas de las
evidencias de que el actual modelo de desarrollo no responde a las demandas sociales de
nuestros pueblos.
Los procesos de integración deben asegurar la libre circulación de trabajadores y
trabajadoras, la recuperación y ampliación de los derechos laborales al mismo tiempo
que garantizar el derecho de las personas a no migrar como también todos los derechos
de los y las migrantes.
Por otro lado, nos oponemos al avance de la militarización en la región, que es
impulsada principalmente por medio de la pretensión de instalación de bases, la
realización de ejercicios militares, así como la firma de convenios que garantizan
inmunidad al ejército estadounidense. Nos alarma también la utilización de fuerzas
militares y la aparición de fuerzas paramilitares en el control de áreas urbanas y rurales
bajo el pretexto de la seguridad publica.
Alertamos sobre la elaboración de leyes denominadas “antiterroristas” que van en el
sentido de criminalizar la lucha social, los movimientos sociales y a sus lideres.
Denunciamos y rechazamos estas iniciativas por ser nuevas formas de ejercicio del
terrorismo de Estado ante su incapacidad de dar respuesta a los graves problemas
sociales.
En este sentido, la Cumbre de los Pueblos del Sur exige la urgente libertad de los 6
ciudadanos paraguayos presos en Argentina, por tratarse de una persecución política y
una violación de los derechos humanos fundamentales, solicitando el respeto a los
acuerdos referentes al asilo político. Al mismo tiempo, reafirmamos la necesidad de la
inmediata retirada de la Misión Militar de NN.UU. en Haití (MINUSTAH).
La integración de los pueblos implica, para nosotros, considerar las diferencias entre los
mismos como una expresión de la diversidad cultural, a la vez que un desafío para que a
54
través de la complementariedad y la solidaridad mutua se conquisten mejores
condiciones de vida para todos. El combate a las asimetrías no puede agotarse en
medidas compensatorias y desarticuladas, sino que debe contribuir a resolver los
problemas estructurales que impiden la autonomía y el bienestar de nuestros pueblos.
Los Fondos estructurales - FOCEN deben servir para combatir las desigualdades sociales
y las asimetrías entre los países, facilitando la transparencia y el control social en su
formulación y ejecución.
El modelo productivo impulsado por las empresas trasnacionales para la región que ha
provocado el empobrecimiento y el aumento de las desigualdades, profundizo la
exclusión social, que después se pretende solucionar con políticas compensatorias para
los excluidos. Exigimos políticas públicas universales que respondan efectivamente a las
necesidades de hombres y mujeres de acceso a la educación, a la salud, a servicios
públicos esenciales, y al ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, políticos,
culturales y ambientales.
Alertamos acerca del descrédito creciente hacia la clase política debido a su manifiesta
incapacidad para dar respuesta a los graves y urgentes problemas de nuestras
sociedades, y a las diversas formas de corrupción e ineficiencia en la gestión publica, lo
que conduce a desprestigiar las mismas instituciones democráticas. Frente a esto
exhortamos a los gobernantes a fortalecer los espacios de dialogo e interacción entre
pueblos y gobiernos, estimulando los mecanismos de democracia participativa y control
social.
La superación de las formas de autoritarismo vividos en la región y la construcción de
verdaderas democracias requiere la inclusión de la diversidad de los sujetos sociales, de
las identidades y los cuerpos, y de la diversidad cultural basada en el reconocimiento de
los territorios de los pueblos y naciones indígenas, que inclusive muchas veces
sobrepasan las fronteras de los Estados nacionales.
Rechazamos todas las formas de discriminación, basadas en el género, las razas y etnias,
la orientación sexual, las creencias o religiones, las ideologías, el origen, o cualquier otra
distinción que menoscabe los derechos de las personas y limite el ejercicio de la
ciudadanía.
Las organizaciones y movimientos sociales de América del Sur reunidos en Asunción
ratificamos nuestra voluntad de seguir impulsando la integración de los pueblos y en este
sentido apoyamos la plena inclusión de Bolivia, Venezuela y Ecuador al MERCOSUR.
Asimismo, creemos y apoyamos fuertemente la creación de una herramienta financiera
que impulse iniciativas de desarrollo endógeno y sustentable de las comunidades y
pueblos. La creación del Banco de los Pueblos del Sur puede representar un enorme
paso y oportunidad para AMERICA Latina y el Caribe.
Por una verdadera integración que nos permita construir la soberanía desde y para los
pueblos del Sur!
55
Llamado a los poderes públicos de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela
12 de julio de 2007
Movimientos y organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela pertenecientes a la Alianza Social Continental hacemos público nuestro
llamado a los gobiernos de nuestros países para que maximicen sus esfuerzos para la
plena integración de Venezuela al MERCOSUR, en el marco de los procedimientos legales
exigidos por las leyes de los respectivos países.
Consideramos que este paso es vital para fortalecer la integración entre nuestros
pueblos, sabiendo que este camino es la garantía de y para los pueblos del Sur. En el
caso de la incorporación o inclusión de Venezuela al MERCOSUR, es necesario destacar el
carácter estratégico de esta integración, que consolida la relación de los pueblos
amazónicos de Brasil y Venezuela. El MERCOSUR aúna una perspectiva caribeña al
amplio litoral atlántico, lo que significa importantes impactos políticos, sociales y
económicos para nuestros pueblos.
Al mismo tiempo, alertamos contra las maniobras de las fuerzas opuestas a la
integración, que quieren perjudicar o menoscabar el MERCOSUR y cualquier otra
estrategia de integración soberana para Latinoamérica. Dichas fuerzas son las que
insisten en resucitar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y son las mismas
que defienden la estrategia de integración subordinada a la potencia estadounidense.
En esta ocasión, reafirmamos que el MERCOSUR tiene un potencial clave dentro del
conjunto de iniciativas que apuntan hacia la integración de nuestros pueblos, una
integración que actualmente excede la idea de libre comercio que impulsó originalmente
este proceso regional.
Como afirmamos, hace algunos días atrás en la Cumbre Social de los Pueblos del
Sur, realizada en Asunción del Paraguay, exigimos la aceleración del proceso de inclusión
56
de Venezuela al MERCOSUR, porque creemos que la integración latinoamericana
representa la definitiva independencia recuperación de la soberanía de nuestros pueblos.
Conclusiones del Seminario Mecanismos de participación de la
sociedad civil en UNASUR
Quito – Ecuador, 25 de julio de 2007
De conformidad al acuerdo alcanzado por el Consejo de Delegados de UNASUR, la
Secretaria Pro Tempore convocó al Seminario sobre Mecanismos de Participación de la
Sociedad Civil en UNASUR, que se realizo el 25 de julio de 2007, en la sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Ecuador.
La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo del Emb. Pablo Solón Romero, Secretario
Pro Tempore de UNASUR. La inauguración del Seminario estuvo a cargo del Emb.
Gonzalo Salvador, Subsecretario de Relaciones Multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador, quien destacó la importancia que tiene para el Ecuador la
realización de este Seminario en Quito. La sesión de la mañana incluyó una presentación
del Secretario Pro Tempore, que realizó una explicación del proceso de construcción de
UNASUR desde su inicio, además de una explicación general sobre los alcances del
Acuerdo Constitutivo que se esta negociando, los avances en los Grupos de Trabajo y el
objetivo de la convocatoria del Seminario.
Como metodología de trabajo se acordó tener un primer bloque con presentaciones sobre
las experiencias existentes, para luego realizar un intercambio entre todos los asistentes.
En ese contexto, se contó con los aportes de D. Mauro Posadas en representación del
Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR y D. Cérvulo Bautista, Presidente del
Consejo Consultivo Laboral Andino, cuyas presentaciones figuran como Anexo 2.
Posteriormente, se realizaron presentaciones de parte de Magdalena León por el Foro
Social Mundial y Gonzalo Berron por la Alianza Social Continental. Los participantes en el
Seminario saludaron la iniciativa de UNASUR de abrir en su etapa constitutiva un proceso
de discusión sobre los mecanismos de participación social y coincidieron en que este es
un proceso en el que se debe ser inclusivo, flexible y creativo para ir construyendo los
mecanismos mas apropiados para la participación de la sociedad civil. Es de señalar que
en el Seminario estuvo marcado por un amplio consenso que se refleja en los siguientes
puntos:
57
1.
La sociedad civil es un conjunto amplio, diverso, plural, autónomo, democrático
de todos los actores sociales de los países de UNASUR, que incluyen, entre otros, a los
trabajadores, empresarios, indígenas, pequeños productores, mujeres, campesinos,
artesanos, y muchos otros sectores.
2.
En el proceso de construcción de este nuevo modelo de integración innovadora
debe preservarse la independencia de las organizaciones y opiniones de la sociedad civil,
garantizando la no instrumentalización de su participación y el respeto a sus
planteamientos.
Después de analizar las experiencias de la CAN y el MERCOSUR, se concluyó que lo más
aconsejable en este período es promover mecanismos flexibles y creativos de interacción
de UNASUR con los diferentes actores de la sociedad civil, sin definir aún un tipo de
institucionalidad, que se irá definiendo como fruto de la experiencia y propia
participación. Se remarcó la heterogeneidad de los 12 países miembros de UNASUR y la
necesidad de que las diferentes instancias de UNASUR promuevan los mecanismos más
adecuados de diálogo con los diferentes actores sociales tomando en cuenta sus propias
particularidades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Los mecanismos de participación de la sociedad civil en UNASUR deben asegurar
la transparencia, el acceso a la información y la generación de espacios de dialogo entre
los órganos institucionales de UNASUR y la sociedad civil.
El proceso de organización del diálogo debe incluir niveles nacionales, temáticos
y regionales de UNASUR.
Debe promoverse la discusión, generación de propuestas e intercambio con los
diferentes actores de la sociedad civil sobre los temas priorizados en UNASUR (energía,
financiamiento, políticas sociales, infraestructura y financiamiento), así como sobre sus
decisiones fundamentales.
Los representantes de la CAN, el MERCOSUR y otros sectores destacaron, con el
amplio consenso de todos los asistentes, que la participación social tiende a crecer o
decrecer en función de los resultados que se obtienen de los procesos de diálogo con los
Estados. En consecuencia, plantearon que si bien reconocen que no existe un carácter
vinculante en sus recomendaciones, es necesario que estas sean analizadas y
consideradas por las instancias de UNASUR, asegurando una respuesta que motive a
continuar el diálogo y la participación.
Se consideró que la creación de puntos focales de relacionamiento con la sociedad
civil a nivel de los estados nacionales, los Grupos de Trabajo, la Presidencia Pro Tempore,
la Secretaria Permanente y el Consejo de Delegados son fundamentales para encaminar
el enlace con la sociedad civil.
Se señaló la importancia de seguir por el camino de la experiencia de
Cochabamba 2006 promoviendo espacios de intersección e interacción de los diferentes
actores sociales con las instancias de UNASUR. Se destacó que el espacio de mayor
alcance sería la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos pero que su periodicidad
no debe ser necesariamente anual.
Se analizó que para lograr mecanismos e instituciones de participación social
permanentes y efectivas es necesario analizar diferentes modalidades de financiamiento
de las mismas.
58
Cumbre de los pueblos del Sur: Por la vida, el agua, la democracia
y la autonomía
Arequipa – Perú, 11 al 14 de septiembre de 2007
DECLARACIÓN DE AREQUIPA
Desde la Ciudad de Arequipa, escenario de lucha y resistencia, las organizaciones del
pueblo y el movimiento social reunidos en la CUMBRE DE LOS PUEBLOS DEL SUR,
declaramos:
El modelo económico neoliberal y la criminalización de la protesta social son dos caras de
una misma moneda. Así lo demuestra el gobierno aprista en su compromiso con este
modelo económico y su alianza con las empresas transnacionales, a las que sirve
fielmente, multiplicándoles las facilidades para que continúen con el saqueo de nuestros
pueblos y sus recursos naturales.
Lo demuestra, entre otras cosas, en su alianza con las transnacionales mineras, como es
el caso de la empresa minera Majaz. Su oposición a la Consulta Vecinal convocada para
el domingo 16 por los municipios distritales de las provincias de Ayabaca y Huancabamba
(Piura), traducida en la persecución policial y judicial a los dirigentes de esos pueblos y la
militarización de las comunidades de Segunda, Caja y Yanta, muestran como el modelo
neoliberal recurre cada vez más a la criminalización de las protestas para permanecer,
arraigarse y profundizarse intentando arrasar con la legítima protesta social del pueblo
peruano.
La XXVIII Convención Minera que se reúne en esta ciudad es una clara expresión de esta
alianza empresa-gobierno. Una reunión sectaria y prepotente de los empresarios mineros
y los funcionarios gubernamentales para acordar los mecanismos que les permitan
continuar con el saqueo de nuestros recursos naturales y la destrucción de las aguas, los
territorios y los modos de vida de los pueblos y las comunidades campesinas e indígenas
impactadas, a cuyas demandas no solo cierran los oídos y las mentes sino que responden
con la represión.
59
El compromiso del gobierno con el modelo neoliberal y las empresas transnacionales se
manifiesta también en su reacción frente al desastre sufrido por la vecina Región Ica el
pasado 15 de agosto, donde no solo mostró su total incapacidad para organizar la
necesaria asistencia a los damnificados, sino que entregó esta responsabilidad estatal a
las manos de la empresa privada y sus cuestionados voceros, para que los inversionistas
privados sigan lucrando con el dolor del pueblo.
Este modelo de explotación y depredación es impuesto a nivel global a los países pobres
por las transnacionales y los gobiernos de los países ricos. Parte de ese proceso son los
tratados de libre comercio, la IIRSA, iniciativa que pretende interconecar nuestros
territorios para extraer sus recursos naturales, y el Acuerdo que se está negociando a
espaldas de los pueblos entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones,
negociación que tendrá un momento crucial en la próxima Cumbre Hemisférica de
Presidentes y Jefes de Estado de la UE, América Latina y El Caribe, que se reunirá en
Lima en mayo del 2008.
Frente a estos procesos de "integración" comercial, surge la respuesta de los
movimientos sociales de ambos continentes, decididos a construir una real integración
desde y para los pueblos, articulando las luchas locales y globales, bajo los principios de
equidad, solidaridad,reciprocidad y complementariedad. Esta respuesta se expresa en
Enlazando Alternativas III.
Enlazando Alternativas Perú es un espacio que reúne a la más amplia diversidad de
organizaciones del movimiento social: mujeres, obreros, campesinos, indígenas,
afrodescendientes, jóvenes, jubilados y muchos más, todos empeñados en la
construcción de un mundo donde se respete y valore la diversidad, un mundo sin
dominadores ni dominados. Un mundo equitativo y solidario.
La decisión de construir sociedades más justas y solidarias para forjar un mundo justo,
libre y solidario, se manifiesta en los procesos de resistencia surgidos desde los
movimientos sociales latinoamericanos (indígenas, campesinos, laborales, etc.) contra los
modelos económicos neoliberales impuestos. Resistencia expresada por el pueblo
venezolano con el Caracazo de 1989 que respondió al ajuste económico decretado por el
gobierno de Carlos Andrés Pérez; por el movimiento indígena ecuatoriano que logró sacar
del gobierno a dos presidentes de la república; por el Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra de Brasil; por las comunidades afectadas por la minería del Perú; por
la Marcha de los Cuatro Suyos y la Jornada Nacional de Lucha del 11 y 12 de julio
también en Perú; por los indígenas bolivianos, entre otros muchos ejemplos de lucha de
los pueblos.
Enlazando Alternativas III se reunirá en mayo próximo en la Cumbre de los Pueblos
2008. Camino a ella se están desarrollando cuatro Encuentros Macro Regionales. El
primero de ellos esta Cumbre de los Pueblos del Sur de Arequipa, a la que seguirán los
Encuentros Macro Regionales Norte, Centro y Lima Metropolitana.
POR TANTO:
Primero: Rechazamos el desarrollo de la XXVIII Convención Minera, expresión de una
clara alianza entre los empresarios mineros transnacionales y el gobierno aprista, que
acuerdan con prepotencia desconocer la consulta democrática de los pueblos de Ayabaca
y Huancabamba, persiguiendo a líderes y dirigentes que defienden derechos de los
pueblos, con el apoyo de sectores de la prensa amarilla que defienden los intereses
transnacionales neoliberales.
Segundo: Desde este Primer Encuentro Macro Regional, la Cumbre de los Pueblos del
Sur, llamamos a todo el país a participar en la organización de la Cumbre de los Pueblos
2008, en respuesta a la Cumbre Hemisférica Oficial y a la negociación de acuerdos
comerciales y falsos procesos de integración. Es un espacio amplio y solidario donde
60
todos tenemos cabida, sin afanes hegemónicos ni falsas vanguardias. Todo el
movimiento social tiene hoy el deber y la oportunidad históricos de pasar de la protesta a
la propuesta política de construir un nuevo Estado para avanzar en la construcción de un
nuevo mundo.
Tercero: Llamamos también a participar de manera organizada y unitaria en la
Movilización Continental del 12 de octubre, que en el caso peruano tendrá su actividad
central en Cusco. En esa fecha y esa ciudad, todos los pueblos y todas las organizaciones
del movimiento social dirán un NO rotundo a la imposición de modelos económicos,
iniciada hace 515 años, y un SÍ a la unidad para avanzar en el logro de nuestros
objetivos. Y se unirán a las voces de todo el Continente, nuestro Abya Yala, en un canto
universal.
Cuarto: En la coyuntura actual, asumimos las tareas de vencer las políticas económicas
neoliberales, forjando en el camino de la Cumbre de los Pueblos del Perú, un movimiento
unitario nacional de resistencia, capaz de asumirse como alternativa de poder.
Quinto: Acordamos penalizar a las empresas transnacionales que contaminan el medio
ambiente y afectan la biodiversidad.
Sexto: Acordamos luchar por la nacionalización de los recursos naturales.
Declaración de la Cumbre por la amistad e integración de los
pueblos iberoamericanos
Santiago – Chile, 8 y 9 de noviembre de 2007
Manifiesto de Santiago
Reunidos en Santiago de Chile, los días 8 y 9 de noviembre de 2007, en el marco de la
Cumbre por la amistad e integración de los pueblos iberoamericanos, los representantes
de organizaciones sociales, políticas y culturales, de pueblos originarios, entidades
académicas, artísticas y ciudadanos en general, hemos debatido, en un marco de
pluralismo y respeto, las contradictorias realidades de nuestra región y concordado
acciones que permitan avanzar hacia la democratización, unidad, soberanía y
autodeterminación de nuestros pueblos y naciones.
EL NUEVO PROTAGONISMO SOCIAL
Constatamos, esperanzados, el resurgimiento de un extendido protagonismo de los
movimientos sociales, y fuerzas políticas progresistas cuyas luchas articuladas, cada vez
más amplias y persistentes, han influido decisivamente en la elección –en diversos
países– de gobernantes afines y sensibles al gran ideario de emancipación, unidad e
integración latinoamericana, impulsando procesos de cambio en la región, que valoramos
como un avance de gran proyección histórica.
Ya podemos hablar de futuro y diseñar estrategias basadas en la solidaridad y la
cooperación de nuestros pueblos, porque tenemos presente y evocamos, hoy, a líderes y
movimientos que ayer derrocharon heroísmo y tenacidad inconmensurables. Lo decimos
desde Chile, donde la codicia entró con la espada y la cruz para aplastar, después de 300
años, la resistencia ejemplar del pueblo mapuche; a 100 años de la masacre de
trabajadores chilenos, peruanos, bolivianos, argentinos y españoles en la Escuela Santa
María de Iquique. En este país, donde las empresas transnacionales activaron la
maquinaria militar y financiera del imperio para derrocar al Presidente Constitucional
61
Salvador Allende e impedir su proyecto de transformaciones sociales y de unidad
latinoamericana; donde las bayonetas sirvieron a la plutocracia y al capital extranjero
para entronizar un modelo neoliberal que se traduce en la extrema concentración de la
riqueza, la exclusión social y política de las grandes mayorías, donde los poderes fácticos
y el gran capital han pasado a controlar la política, los medios de comunicación y la
institucionalidad.
La nueva realidad política del continente y sus promisorias perspectivas reconoce una
multiplicidad de vertientes sociales, culturales e ideológicas que adoptan originales
métodos y estructuras, diversos lenguajes, formas de lucha y propuestas programáticas.
En esa diversidad, antitesis del dogmatismo, sectarismo y hegemonismo, radica su
fuerza y su legitimidad histórica.
A partir de las demandas por la protección del eco sistema, la defensa de la tierra, los
territorios y los derechos de los pueblos originarios, el rechazo a la expoliación y
enajenación de nuestros recursos naturales, las reivindicaciones de los trabajadores, el
rechazo a la expropiación de los ahorros previsionales, la denuncia de las bases militares
estadounidenses en sectores estratégicos del continente, la defensa de los derechos
humanos, el fortalecimiento del rol del Estado en los emprendimientos productivos y para
garantizar el derecho ciudadano a la Salud, Educación y Vivienda, Trabajo y Previsión,
contra la discriminación de la mujer y los adultos mayores, por los derechos de la
juventud y otros sectores avasallados por las políticas neoliberales,los movimientos
sociales avanzan hacia propuestas políticas unitarias ante los grandes problemas
nacionales y contribuyen a levantar una nueva alternativa que permita a Latinoamérica
y el Caribe intervenir con fuerza propia en los candentes problemas que afronta la
humanidad.
Por lo mismo es que rechazamos aquellas prácticas que buscan atomizar a las
organizaciones sociales subordinándolas como insumo de políticas estatales funcionales
que apuntan a perpetuar el modelo económico e institucional.
Los movimientos sociales ya no se conforman con cambios cosméticos sino plantean un
rechazo total al actual modelo de dominación económica, política y cultural que implica la
comercialización de todos los ámbitos de la vida pública y personal y el ánimo de lucro
como supremo valor de una sociedad que percibe a cada individuo como rival del otro.
Lo anterior, en consonancia con la crítica que hacen los pueblos, a nivel mundial, a la
globalización depredadora y a la guerra como solución a los problemas de la humanidad.
Por su parte, las fuerzas políticas que buscan alternativas al sistema imperante, tienen el
desafío de encontrar nuevas formas de interlocución y complementación con las luchas
sociales, en el entendido que ambas esferas se retroalimentan y se necesitan.
UNA INTEGRACIÓN DESDE LOS PUEBLOS Y PARA LOS PUEBLOS
Entendemos la integración regional como un proceso de enriquecimiento mutuo, de
potenciamiento de nuestras fortalezas, de nuestra capacidad de intercomunicación con el
mundo, partiendo del reconocimiento del ser humano a cuyo bienestar y felicidad deben
subordinarse todas las políticas públicas.
En la forja del futuro de América Latina y el Caribe, podemos construir ciudadanía con lo
mejor de cada pueblo y cultura que la compone. Su integración debe darse desde la
misma base social, partiendo de las siguientes premisas esenciales:
•
La recuperación de los recursos naturales, mineros, hídricos, pesqueros,
forestales y energéticos; la reforma agraria y la soberanía alimentaria como procesos que
salvaguarden la participación y los intereses de los pueblos y naciones.
•
La integración energética en armonía con el medio ambiente.
62
•
Los acuerdos de integración económica deben poner el acento en las múltiples
formas de economía solidaria, protegiendo el rol de la micro, pequeña y mediana
empresa.
•
Este proceso admite múltiples modalidades institucionales en el ámbito sectorial
y territorial, con diversos grados según la realidad de cada región. En tal sentido,
apoyamos el surgimiento de instrumentos tales como el ALBA, Banco del Sur y otros, que
son expresión de la voluntad integradora de nuestros pueblos.
•
La lucha democrática debe fortalecer los procesos constituyentes y la creación
de una nueva institucionalidad que considere el rol protagónico del movimiento sindical,
de los trabajadores de la ciudad y del campo, de los pueblos indígenas originarios y del
conjunto de las fuerzas sociales. En ese contexto, saludamos la aprobación, por parte de
las Naciones Unidas, de la Declaración Internacional sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
•
El desmantelamiento de los mecanismos de opresión que conjugan edad, clase,
sexo, género y etnia
•
La activa solidaridad con los pueblos y gobiernos que construyen caminos
alternativos al capitalismo neoliberal. En este sentido, denunciamos al gobierno de
Estados Unidos por su constante satanización y criminalización de las luchas sociales y
sus actividades de agresión y hostigamiento a los gobiernos que adoptan el rumbo de la
emancipación popular.
•
El respeto y reconocimiento a las culturas y autonomías de las comunidades
originarias.
•
La resolución de los conflictos históricos entre las naciones, la reducción de los
presupuestos bélicos, el desarme proporcional y progresivo en todos los países de la
región para reorientar estos recursos a las necesidades de salud y educación.
•
El libre tránsito de las personas y sus derechos migratorios. Nuestros pueblos
están en capacidad de unirse a pesar de la diversidad geográfica, étnica, cultural y
política, para imaginar y construir otras soluciones para este único mundo. Sabemos que
esta lucha se enfrenta a enemigos carentes de escrúpulos, cuya voracidad y
hegemonismo
han significado enormes tragedias para nuestros pueblos. Aún así,
tenemos fe en la justicia de nuestros postulados y nos hacemos cargo de las grandes
epopeyas que a lo largo de cinco siglos nos han permitido avanzar hacia la condición de
pueblos dignos, sujetos de nuestra propia historia.
63
Declaración Cumbre de los Pueblos del Sur
Montevideo – Uruguay, 17 de diciembre de 2007
Declaración de Montevideo
Todos los pueblos, toda la esperanza
Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, capital del MERCOSUR, donde nos
hemos reunido el día 17 de Diciembre de 2007, en la Cumbre de los Pueblos del Sur, con
el lema “Todos los Pueblos, Toda la Esperanza”, ratificamos firmemente nuestra
convicción y apuesta política en la integración de los Pueblos de América, como medio
para profundizar la democracia y cambiar el modelo de desarrollo para la plena vigencia
de los derechos humanos. En este sentido, declaramos:
Reconociendo los obstáculos que las élites tradicionales imponen a los procesos de
transformación de la realidad social, económica, política y cultural que están siendo
impulsados en la región, y en particular en la hermana Republica de Bolivia, levantamos
enérgicamente nuestra voz de protesta para condenar los intentos de desestabilización
de la democracia. Desde las organizaciones y movimientos sociales queremos expresar
nuestra profunda solidaridad al pueblo y al gobierno de Bolivia en esta hora de difíciles
definiciones en favor del pueblo.
Ratificando nuestra posición en contra de los tratados de libre comercio e inversiones,
repudiamos de forma vehemente la firma del tratado entre el Mercosur e Israel,
negociado a espaldas de la ciudadanía, que significa la claudicación del bloque frente a
las presiones internacionales de liberalización y al mismo tiempo, con un gobierno que en
alianza con el poder imperial de EUA impulsa la agresión permanente sobre pueblos
vecinos. Este acuerdo viene a consolidar y profundizar un camino de resguardo de los
intereses de los capitales internacionales frente a los cuales el Mercosur representó un
freno con la derrota impuesta al ALCA.
64
Al mismo tiempo, rechazamos todas las propuestas surgidas en el propio seno del
Mercosur, que estén destinadas a promover la firma de tratados bilaterales de comercio
o de protección de inversiones.
Este tipo de acuerdos irán en el sentido de agravar el modelo de desarrollo que las
políticas neoliberales han venido implementando en la región, que continua promoviendo
la degradación ambiental, profundizando la exclusión social al interior de los países y las
desigualdades entre los mismos. En el marco del modelo agroexportador, la expansión de
los monocultivos está provocando la destrucción masiva de la naturaleza. El auge de los
agrocombustibles que ahora se fomenta para sostener el patrón de consumo de los
países industrializados, profundizará las consecuencias devastadoras en el medio
ambiente, provocando cambios climáticos y riesgos de catástrofes naturales. El
desarrollismo que impulsa mega obras de infraestructura, como las incluidas en la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) cuya
ejecución responde a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y de sus
socios nacionales y locales traerá graves consecuencias para nuestros pueblos y la
integración continental basada en la equidad, la inclusión, la diversidad, la soberanía
local, la democracia, la justicia social y ambiental y la paz.
Consideramos que la creación del Banco del Sur abre en este momento una oportunidad
de cambio en la lógica económica actual. Para incidir sobre estos cambios de rumbos
exigimos de los gobiernos que se garantice el acceso público a la información y la
participación social en las decisiones del Banco.
En este sentido, asumimos desde los movimientos y organizaciones
sociales el desafío y la tarea de hacer que esta herramienta esté al servicio de las
necesidades de nuestros pueblos.
Asimismo, saludamos el proceso de auditoría integral iniciado en el Ecuador, que
constituye una posibilidad para fortalecer nuestro reclamo que en cada uno de nuestros
países se implemente una auditoría participativa de todas las deudas.
Nos oponemos a la creación de las mega represas destinadas fundamentalmente a
reforzar el modelo exportador de recursos naturales en forma de productos electrointensivos. El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir
de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este
proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la
nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en
la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución de la riqueza y
la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía, donde la
prioridad sea garantizar el acceso digno de todos los habitantes del continente a los
bienes energéticos.
Demandamos la urgente renegociación de los Tratados de Itaipu y Yacyreta así como la
necesidad de una auditoria de la ilegitima deuda paraguaya, producto de los injustos
términos de los tratados firmados por los gobiernos dictatoriales del Paraguay, Brasil y
Argentina.
Alertamos y repudiamos la promulgación de leyes denominadas “antiterroristas”
destinadas a criminalizar la lucha social, a los movimientos sociales y a sus líderes.
En este sentido, la Cumbre de los Pueblos del Sur exige la urgente libertad de los 6
ciudadanos paraguayos presos en Argentina, por tratarse de una persecución política y
una violación de los derechos humanos fundamentales, solicitando el respeto a los
acuerdos referentes al asilo político.
Reafirmamos la necesidad de la inmediata retirada de la Misión Militar de NN.UU.
(MINUSTAH) de Haití.
65
Asimismo, expresamos el apoyo y solidaridad a la campaña popular por la nulidad de la
Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, desarrollada por los movimientos
sociales en Uruguay.
En contrapartida, defendemos la soberanía alimentaria, cuyos principios articulan
políticas de autonomía productiva en base a las necesidades de los pueblos, y no
supeditadas a las demandas del mercado mundial. Es urgente implementar reformas
agrarias basadas en los principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos
campesinos e indígenas.
La integración de los pueblos implica, para nosotros, considerar las diferencias entre los
mismos como una expresión de la diversidad cultural, a la vez que un desafío para que a
través de la complementariedad y la solidaridad mutua se conquisten mejores
condiciones de vida para todos. El combate a las asimetrías no puede agotarse en
medidas compensatorias y desarticuladas, sino que debe contribuir a resolver los
problemas estructurales que impiden la autonomía y el bienestar de nuestros pueblos.
Los procesos de integración deben asegurar la libre circulación de trabajadores y
trabajadoras, la recuperación y ampliación de los derechos laborales al mismo tiempo
que garantizar el derecho de las personas a no migrar como también todos los derechos
de los y las migrantes.
Una vez más, rechazamos todas las formas de discriminación, basadas en el género, las
razas y etnias, la orientación sexual, las creencias o religiones, las ideologías, el origen, o
cualquier otra distinción que menoscabe los derechos de las personas y limite el ejercicio
de la ciudadanía.
La integración que queremos requiere la inclusión de la diversidad de los sujetos sociales
y culturales basada en el reconocimiento de los territorios de los pueblos y naciones
indígenas, que inclusive muchas veces sobrepasan las fronteras de los Estados
nacionales.
Exigimos también políticas públicas universales que respondan efectivamente a las
necesidades de hombres y mujeres de acceso a la educación, a la salud, a servicios
públicos esenciales, y al ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, políticos,
culturales y ambientales.
Exhortamos a los gobernantes a garantizar la transparencia y el acceso a las
informaciones substanciales en las negociaciones del Mercosur y fortalecer los espacios
de diálogo e interacción entre pueblos y gobiernos, estimulando los mecanismos de
democracia participativa y control social.
Consideramos que el fortalecimiento de los procesos de integración en la región debe
profundizarse y en este sentido, apoyamos la plena inclusión de Venezuela como también
de Bolivia y Ecuador al bloque.
Las organizaciones y movimientos sociales de América del Sur reunidos en Montevideo
ratificamos nuestra voluntad de seguir impulsando la integración de los pueblos.
Por una verdadera integración que nos permita construir la soberanía desde y para los
pueblos del Sur.
66
Segunda Carta abierta: Por un Banco del Sur orientado a una
matriz soberana, solidaria, sustentable e integradora para el
desarrollo del continente
Diciembre, 2007
A los Señores Presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y
Venezuela
De parte de los Movimientos Sociales y personalidades del mundo
Por segunda vez nos dirigimos a Uds. para expresar la enorme expectativa abierta en
nuestros pueblos por la iniciativa de creación del Banco del Sur. Nos anima también la
respuesta positiva de nuevos países de América del Sur, que han manifestado su deseo
de participar del Banco del Sur.
Los firmantes somos redes, organizaciones y movimientos sociales, sindicatos y
académicas/os, que venimos luchando contra el flagelo de la deuda pública ilegítima y de
las políticas y prácticas perversas de las instituciones financieras internacionales
existentes y del actual sistema de comercio mundial. Estamos convencidas/os de que la
decisión tomada de crear el Banco del Sur puede representar un enorme paso y
oportunidad no sólo para América del Sur, sino que para América Latina y el Caribe como
así también, otras regiones del Hemisferio Sur.
Venimos de una historia reciente de lucha contra las dictaduras en casi todo el
continente. Esto explica nuestro empeño en abrir e instituir nuevos espacios de
participación y de democracia directa. Sin embargo, la forma poco transparente y no
participativa como se desarrollan la negociaciones para la creación del Banco del Sur, sin
debate público y sin consulta a nuestras sociedades, puede indicar que estamos frente a
algo que puede volverse más de lo mismo.
Es nuestra convicción que una nueva entidad financiera Sur-Sur debe orientarse a
superar tanto las experiencias negativas de apertura económica - con la secuela de
siempre mayor endeudamiento y drenaje de capitales -, desregulación y privatización del
67
patrimonio público y de los servicios básicos sufridos por la región, así como de los hoy
ya ampliamente reconocidos comportamientos no-democráticos, no transparentes,
regresivos y desacreditados de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el
CAF, el BID y el FMI. Nuestra historia reciente ha mostrado que sus opciones de política
económica y socio-ambiental, impuestas a nuestros gobiernos a través de
condicionalidades, han resultado en descapitalización y desindustrialización de las
economías de la región, y las han aprisionado al modelo agro-mineral-exportador, que
frena su desarrollo y profundiza la situación subalterna a las economías del Norte, las
inequidades sociales, los daños ecológicos y las deudas ‘eternas’ - financiera, histórica,
social, cultural, ecológica.
Conociendo la importancia de que los países comprometidos hasta ahora con la creación
del Banco del Sur lleguen a un acuerdo sobre temas-clave relacionados con su naturaleza
y objetivos, su estructura financiera y operativa, creemos esencial plantearles las
proposiciones siguientes, que expresan las aspiraciones de amplios sectores de las
sociedades de nuestros países, de acuerdo a la manifiesta expresión de sus principales
agentes sociales consultados:
1. Que el Banco del Sur se oriente a promover una nueva matriz de desarrollo, cuyos
valores fundamentales sean la soberanía de nuestros pueblos sobre su territorio y su
propio desarrollo, la autodeterminación responsable de nuestras políticas económicas y
socio-ambientales, la solidaridad, la sustentabilidad y la justicia ecológica; que para el
Banco, el desarrollo económico y tecnológico sean concebidos como medios para el
objetivo superior que es el desarrollo humano y social;
2. Que la acción del Banco del Sur sea determinada por metas concretas, como el pleno
empleo con dignidad, la garantía de la alimentación, la salud y la vivienda, la
universalización de la educación básica pública y gratuita, la redistribución de la riqueza
superando inequidades, incluso las de género y etnia, la reducción de las emisiones de
gases-invernadero, y la eliminación de sus impactos sobre las poblaciones del continente
y los restantes pueblos del Sur.
3. Que el Banco del Sur sea parte integral de una nueva arquitectura financiera latinoamericana y caribeña, que incluya un Fondo del Sur, con función de Banco Central
continental, capaz de articular un gran sistema de pagos continental con la más
avanzada plataforma telemática; capaz de ligar las políticas que promueven la
estabilidad macroeconómica con las políticas de desarrollo y de reducción de las
asimetrías estructurales; y contemple el desarrollo futuro de un sistema monetario
común al servicio de una estrategia de fortalecimiento de lazos económico-comerciales al
interior de la región, introduciendo intercambios con monedas nacionales, y trabajando
por el establecimiento de una moneda regional por lo menos para los intercambios intraregionales. La construcción de un espacio de soberanía monetaria y financiera
supranacional requiere dotarse de mucha flexibilidad local, para evitar tentaciones
subimperialistas y el triunfo de la ortodoxia monetarista en ciertos aspectos, como en la
experiencia europea reciente.
4. Que el Banco del Sur sirva para recuperar valores relativos a las deudas histórica,
social y ecológica, de las cuales nuestros pueblos son acreedores. Que sus
financiamientos busquen superar las asimetrías y desigualdades sociales y los daños
ambientales que se han perpetuado desde hace más de cinco siglos en el continente.
5. Que el Banco del Sur contemple la participación de las organizaciones ciudadanas y los
movimientos sociales no sólo en la elaboración de su arquitectura original, sino también
en la toma de decisiones financieras y operacionales y en el monitoreo de la utilización
de los fondos adjudicados.
6. Que el Banco del Sur ejerza su dirección de forma igualitaria entre los países
miembros, institucionalizando y manteniendo el principio igualitario de “un socio un voto”
en todos sus niveles de decisión colegiada; y aspire a canalizar los recursos de ahorro de
la misma región.
68
7. Que las subscripciones de capital del Banco del Sur sean proporcionales a la capacidad
de las economías de sus países miembros; que otras fuentes de capitalización del Banco
del Sur incluyan parte de las reservas internacionales y préstamos de los países
miembros, impuestos globales comunes y donaciones. Deben ser excluidos los recursos
financieros de las actuales instituciones financieras multilaterales y de Estados que han
perpetrado el saqueo de nuestro continente. Que estos dispositivos del Banco del Sur
permitan el aumento creciente de la aplicación de las reservas de los países miembros
fuera del area del dólar y del euro, y alienten el retorno de los capitales nacionales
depositados en el extranjero.
8. Que el Banco del Sur esté comprometido con la transparencia en la gestión, rindiendo
cuentas públicas de su funcionamiento y actividad, sometiéndose a la auditoría externa
permanente de sus préstamos y de su funcionamiento interno con participación social.
9. Que, para que el Banco del Sur no sea "más de lo mismo", se pondere en forma
permanente la calidad, austeridad y eficiencia de la administración, prohibiendo
cualquier privilegio de inmunidad a sus funcionarios, afirmada en la más plena
transparencia informativa en tiempo real y el control democrático y social de la gestión.
Para evitar gastos excesivos y desviaciones burocráticas, se constituya un cuerpo de
funcionarias/os
compacto
y,
a
la
vez,
diversificado,
eficiente,
eficaz
y
administrativamente polivalente.
10. Que los préstamos sean destinados a la promoción de una integración regional
genuinamente cooperativa, basada en principios como la subsidiaridad activa, la
proporcionalidad y la complementariedad; financiando proyectos de inversión pública;
atendiendo al desarrollo local autogestionario e impulsando el intercambio comercial
equitativo y solidario entre agricultores familiares, pequeños productores, sector
cooperativo y de economía social solidaria, comunidades indígenas y tradicionales,
organizaciones socioeconómicas de mujeres, de pescadores, de trabajo, de identidad,
etc.
11. Que el Banco del Sur adopte como prioridad de inversión proyectos que se orientan a
la soberanía alimentaria y energética; investigación y desarrollo de tecnologías
apropiadas al desarrollo endógeno y sustentable de la región, incluso los software libres;
la producción programada y complementaria de medicamentos genéricos; la
recuperación de los saberes ancestrales de nuestros pueblos, sistematizado y aceptado
como ciencia agroecológica; la promoción de la justicia ambiental; el fortalecimiento de
los servicios públicos; el apoyo a las víctimas de desplazamientos forzados; el fomento
de la comunicación y la cultura intra-regional; la creación de una universidad del Sur y
un sistema de equivalencia de diplomas en toda la región; y la infraestructura a partir de
otras lógicas de organización del espacio, que instrumenten las comunidades para el
desarrollo local autogestionario y solidario. Que el Banco no reproduzca el modelo de
financiamiento de las actuales instituciones financieras internacionales de construcción de
mega-obras destructivas del medioambiente y la biodiversidad.
12. El Banco del Sur debe ser considerado como una herramienta esencial para custodiar
y canalizar el ahorro, rompiendo los ciclos recurrentes de exacción del esfuerzo nacional
y regional a través de maniobras y negociados con el endeudamiento y títulos
públicos, el subsidio a grupos económicos y financieros privados privilegiados y/ o
corruptos locales e internacionales, y el aval permanente a movimientos especulativos de
entrada y salida de capitales.
Todo ello lo entendemos en línea con lo destacado por la Declaración Ministerial de Quito
del 3 de Mayo pasado, al señalar que: "Los pueblos dieron a sus Gobiernos los mandatos
de dotar a la región de nuevos instrumentos de integración para el desarrollo que deben
basarse en esquemas democráticos, transparentes, participativos y responsables ante
sus mandantes".
69
Nos preocupan las sucesivas postergaciones de la firma del acta fundacional, que pueden
indicar la existencia de indefiniciones significativas. Esperamos que, en las negociaciones
para superar estas indefiniciones, se tomen en consideración las proposiciones de esta
carta.
La actual coyuntura económica y financiera regional e internacional sigue favorable para
dar pasos concretos en este sentido, pero puede no prolongarse. Confiamos en que Uds.
aprovecharán esta posibilidad histórica para crear lo que podrá volverse un verdadero
Banco Solidario de los Pueblos del Sur.
Saludamos a Uds. con la mayor distinción.
Declaración Política del Consejo de los Movimientos Sociales del
ALBA-TCP
26 de enero, 2008
Durante más de 500 años los pueblos de América Latina y el Caribe fuimos sometidos
por la acción del colonialismo y del imperialismo. El capitalismo de las grandes metrópolis
y las élites locales, expoliaron y fraccionaron a Nuestra América a tal punto, que la
independencia de cada una de nuestras repúblicas pasó a tener un mero carácter formal,
el sueño integrador de nuestros pueblos y nuestros libertadores fue traicionado por los
vínculos estructurales de las oligarquías locales con las políticas imperialistas y de
dominación.
En los últimos 100 años los movimientos y gobiernos progresistas y socialistas han
tenido que chocar contra las armas del imperialismo. Los pueblos hemos resistido y
estamos construyendo salidas a las crisis generadas por las políticas neoliberales e
imperialistas, fundamentadas en la convivencia, cooperación, complementariedad y
solidaridad. El ejemplo histórico de Cuba, resistente a los embates del imperio, ha dado
fuerza para la elevación de banderas en los tiempos de adversidad, el proceso
revolucionario en Venezuela, ha catalizado y catapultado la bandera de unidad
bolivariana que se asume con dignidad por los pueblos de Bolivia y su revolución
indígena originario y campesina, así como el resurgimiento revolucionario del Sandinismo
en Nicaragua que reivindica la lucha de los pueblos progresistas de Centroamérica. Ante
este escenario hoy América es otra, una América que ha cambiado para siempre y no
está dispuesta a retroceder.
Hoy estamos seguros de que estamos construyendo un modelo de crecimiento
sustentado en los principios de cooperación, complementariedad, solidaridad, equidad y
justicia social. En la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
encontramos la manera de concretar, a través de los Proyectos Grannacionales, la puesta
en practica de estos principios y la creación del Consejo de los Movimientos Sociales del
ALBA-TCP nos permite influir directamente en una relación pueblos-pueblos y pueblosgobiernos, para el beneficio de una población que debe cumplir con la meta de erradicar
la pobreza y aportar a la construcción de un sociedad más justa.
70
La derrota del neoliberalismo en Nuestra América es un acto heroico que se debe
consolidar con la unidad de las fuerzas populares y los liderazgos dignos y patrióticos de
Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y de otros gobiernos progresistas
que no se doblegan ante el imperio. Los movimientos sociales somos protagonistas en
esta salvación histórica de la Patria Grande, a la que le está llegando la hora de
constituirse en una sola nación.
Por tanto, los movimientos sociales de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela aquí
reunidos, nos incorporamos al proceso de unidad latinoamericana y caribeña a través del
Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA-TCP, en igualdad de responsabilidad y
compromiso para el impulso, despliegue, desarrollo orgánico; buscando la concreción de
lo acordado en el marco de los Proyectos Grannacionales, para que no se diluya entre
laberintos burocráticos, afanes protagónicos o se queden en lo declarativo. De igual
forma, asumimos el compromiso de trabajar para incorporar a corto plazo al conjunto de
los movimientos sociales de los países de América Latina y el Caribe que apuesten por
esta alternativa humana de unidad; con el firme propósito que este esfuerzo sea una
alternativa cierta, eficaz, ética y revolucionaria de unidad y liberación de los pueblos de
Nuestra América.
¡Nuestra América ha entrado en su hora histórica, una nueva era se ha abierto para
nuestros pueblos!
Declaración Final Seminario UNASUR: intereses en disputa
Rio de Janeiro - Brasil, 13 de marzo del 2008
Las redes, organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario:
“UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro - Brasil, los días 12 e 13 de
Marzo, concluimos:
El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza
desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de
Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota
es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la
región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción
de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento
de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social
por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de
acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.
A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares,
diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la
integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de
Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y
la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la
región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.
Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones,
expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose
en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en
los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores
populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara
definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el
rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como
infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas
principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes
luchas sociales de resistencia.
71
La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos
de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente
deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador –
que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los
intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia
de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura
orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el
equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los
afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los
principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos,
Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con
ocasión de la Cumbre
Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.
Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este
debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de
un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de
establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la
región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos
efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un
esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del
banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones.
La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la
disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al
desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur
o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar
que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de
América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser
responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas
financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es
acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como
el CIADI.
Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan
esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin
embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen
desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres
y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos
originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de
género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y
caribeña.
Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de
Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la
soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del
argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano
durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de
Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los
gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como
también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de
la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos
de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la
actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como
también el proceso integrador van construyendo entre los países.
Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los
lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por
medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y
de diálogo para la confrontación.
72
La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración
soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la
participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado
Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su
Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de
2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en
consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.
A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos
comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.
Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria,
como también urgente.
Declaración de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3
Lima – Peru, 13 al 16 de mayo de 2008
Las organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de
migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de
jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa, reunidos en Lima durante la
Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, declaramos:
La cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la
construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales,
culturales y ambientales de las mayorías sean prioridad y razón de ser de las políticas
gubernamentales. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación
propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y
caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que
tanto daño a hecho a nuestros pueblos.
La estrategia de la Unión Europea "Europa Global : Competir en el mundo", supone la
profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan
implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales,
incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la
cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de
cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de
capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del
Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas
regiones:
Para América Latina y el Caribe, esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de
Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y
van más allá de las políticas de la OMC que rechazamos. Los recursos naturales de estos
países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades
enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando a la
mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas.
América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales y, ahora,
cuando avances democráticos estimulan la búsqueda de caminos propios de desarrollo en
73
diversos países y de formas de integración al servicio de los pueblos, varios gobiernos
que siguen las recetas del libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los
enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos. En Europa una de las
grandes amenazas para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico, es el
Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población y
que rechazamos como ya lo hicimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa
neoliberal, aumenta la militarización, la exclusión, las desigualdades y la
mercantilización, así como endurece las políticas securitarias-represivas. Ello se refleja en
un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en
particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la
"Europa Fortaleza", lo que implica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y
criminalizando los migrantes y los movimientos sociales, creando muros virtuales o
reales, que no se diferencian con los que construyen en la frontera al Norte de América.
Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han
profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos
Acuerdos en Centro América, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR cuyas
negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos Acuerdos,
recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías,
al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.
En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático
y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad,
polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado
por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las
corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de
desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble
rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar.
En consecuencia, el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que
esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.
Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y
las políticas de las instituciones multilaterales (OMC, FMI, BM, BID, BEI) que pretenden
esconder sus verdaderas causas : direccionamiento de la producción de los países a la
exportación, pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y conversión de los
alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas
de "libre comercio". Por lo mismo, es inadmisible que se proponga, como salida a la
crisis, más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles
agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una
vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.
Ante esta situación, las organizaciones que hacemos parte de Enlazando Alternativas,
reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los
pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos
democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y
buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo. Esto
supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el
reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación
de prácticas violatorias de la soberanía de los países. Como ha mostrado la II Sesión del
Tribunal Permanente de los Pueblos, exigimos justicia y la reparación de los agravios,
daños y perjuicios, provocados por las empresas europeas, y el replanteamiento de las
relaciones con estas empresas, de tal forma que asuman los pasivos sociales y
ambientales en que incurren.
Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo
nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales,
como
por
ejemplo
la
de
la
empresa
boliviana
de
telecomunicaciones
ETI/ENTEL.Llamamos a los gobiernos que romuevan políticas progresistas a sumarse al
proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones
74
de EE.UU. y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos. La Unión Europea debe
asumir su deuda histórica con los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular
con los pueblos originarios. Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití,
resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Así
mismo denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de
Colombia.
La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno
a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas
neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios,
campesinos y demás fuerza sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social,
han dado ejemplo de combatividad y de elaboración de alternativas en búsqueda de un
progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la
eliminación de todas las formas de discriminación.
Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por
construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo
de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos
autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes
de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de
organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los
desafíos que hoy enfrenta la humanidad.
Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de ambos Continentes a
preparar desde ahora la próxima Cumbre Social de los Pueblos, Enlazando Alternativas
IV, que tendrá cita en el Estado Español en el año 2010.
75
2. Declaraciones Encuentros Hemisféricos de la Habana
VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la
Integración de los Pueblos
La Habana - Cuba, 5 de mayo de 2007
Declaración Final
A todos los pueblos de Nuestra América
Concluimos este VI Encuentro Hemisférico en momentos en que, para bien de nuestros
pueblos, en el continente continúan fortaleciéndose nuevas y mejores condiciones para
superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemonistas del imperialismo
norteamericano. No obstante estas novedades positivas, aún predomina en la mayoría de
nuestros países condiciones que y exigen la profundización de la resistencia. En los
distintos escenarios la situación reclama el fortalecimiento de las luchas sociales
transformadoras, así como avanzar en el sentido participativo de los movimientos
sociales en la consolidación de los procesos de cambio que se vienen operando en la
región.
Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de
resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la
reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los
movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así
como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno
Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo
de vidas, heridos y detenidos.
Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus
políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas
engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs,
ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la
misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre.
Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por
76
la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” - y dentro de ellas las
negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el
MERCOSUR y América Central.
Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos
empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el
agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores
afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y
propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados
en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa
política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.
Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las
condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el
desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un
sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón
de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en
criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones
multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos
sociales y el medio ambiente.
Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación,
democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y
disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos
de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de
contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y
criminales en nuestra propia tierra.
En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los
Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas
acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región,
el criminal Luis Posada Carriles.
Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de
fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin
embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos
de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de
la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de
ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.
Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es
necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la
integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al
diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos.
Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la
iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que
debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la
región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido.
Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los
procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del
modelo neoliberal.
Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de
sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan
Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el
diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que
depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.
77
Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la
decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una
Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas.
Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y
cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el
Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción
y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la
región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y
de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las
deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y
ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de
restitución y reparación.
Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento
soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que
reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar
verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que
promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.
Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los
movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y
los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento
zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la
formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza
Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como
la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el
neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.
Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social
de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la
global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la
edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales
contra el imperio se darán en su propio seno.
Mundial
jornada
primera
batallas
Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro
Hemisférico.
“Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”
78
VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la
Integración de los Pueblos
La Habana - Cuba, 11 de abril de 2008
A todos los movimientos y organizaciones sociales y civiles de América:
Nuestro continente vive una nueva etapa crucial de su historia, con agudas
contradicciones entre los progresos y la reafirmación de la soberanía de varios países, y
el aumento de las tendencias intervencionistas y agresivas de Estados Unidos. Entre los
avances en las luchas de los movimientos sociales y la represión y criminalización de la
protesta social.
El ALCA representó el intento de apuntalar y volver irreversible la política neoliberal por
medio de un tratado internacional, política que se venía implementando en el continente
desde la década del 80. A dos años de su derrota se evidencia que su contenido
fundamental se sigue implementando en muchas partes del Continente, a través de los
Tratados de Libre Comercio y otras políticas como las reformas internas, la privatización,
la desregulación estatal, la liberalización comercial, la financiarización, la flexibilización
laboral, la militarización, entre otras. A escala mundial las multinacionales siguen
promoviendo su agenda y existe el grave peligro de que la OMC, en su cumbre
ministerial, profundice la liberalización económica mundial.
En muchos países del continente se mantiene la imposición de este modelo basado en el
libre comercio exterior y en la inversión extranjera con todas las garantías y beneficios,
afectando el medio ambiente, la soberanía alimentaria, el desarrollo propio y las
prioridades sociales y productivas de los países. En particular, se expresa en la
profundización de la extracción de recursos naturales para la exportación, y en los
agronegocios -especialmente los agrocombustibles- los cuales han sido una importante
causa del aumento de los precios y de la escasez de alimentos en el mundo y de la
deforestación de la selva amazónica. Otros mecanismos en los que se sustenta son la
sobre explotación de la mano de obra y la construcción de infraestructura dirigida
exclusivamente al comercio internacional.
De igual forma, Estados Unidos pretende trasladar su crisis económica hacia los demás
países de América ocasionando múltiples efectos negativos. En este contexto, la pobreza
79
se profundiza, estimulando procesos migratorios que son tratados por Estados Unidos y
otros países desarrollados como una amenaza a su seguridad nacional y, por lo tanto, las
y los migrantes son reprimidos como si fueran terroristas.
Pero lo más alarmante en estos momentos es que esta “lógica” de neoliberalismo y libre
comercio va acompañada ahora de una creciente militarización, subordinada a las
políticas de seguridad de Estados Unidos, como está plasmado claramente en la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte - ASPAN. Con el pretexto del
combate al terrorismo y el narcotráfico se promueve el recorte de las garantías
ciudadanas, por medio de reformas a las leyes penales; se criminaliza la protesta social y
se da un nuevo impulso a instrumentos como el Plan Colombia, ahora claramente
conectados a la campaña de la derecha internacional para provocar una situación de
conflicto en la región, que le permita a Estados Unidos y sus aliados, las oligarquías
privilegiadas de siempre, recuperar por la vía de la violencia el espacio que les ha sido
arrebatado en el terreno político y de las luchas sociales.
El neoliberalismo y la persecución amenazan particularmente a los pueblos indígenas,
campesinos y afrodescendientes, quienes sufren los efectos de las disputas sobre sus
tierras y riquezas naturales, por parte de las multinacionales con la complicidad de los
gobiernos locales. En el mismo sentido, se aplica una tendencia regresiva en derechos
sexuales y reproductivos que las mujeres conquistaron con esfuerzos años atrás y la
persistencia en el aprovechamiento de la división sexual del trabajo en desmedro de los
derechos y la calidad de vida de las mujeres y fortaleciendo el patriarcalismo neoliberal.
Estados Unidos no se resigna a perder el control del continente y a permitir que países
soberanos desafíen su hegemonía y entorpezcan su saqueo, y está peligrosamente
intentando revertir los avances habidos en el sur del continente, por medio de
desestabilizar la región -como es su campaña contra Venezuela y el “populismo”, con la
ayuda de la derecha internacional-, alentar los conflictos internos y la reacción de las
oligarquías -como está haciendo al auspiciar el separatismo oligárquico en Bolivia- e
incluso promover provocaciones armadas para incendiar la región y facilitar su
intervención -como ha sucedido recientemente con el ataque del gobierno colombiano en
territorio de Ecuador. Denunciamos que como parte de la agresividad imperial cinco
patriotas cubanos permanecen encarcelados ya por diez años en las prisiones de Estados
Unidos por el crimen que ha cometido Cuba de ser ejemplo de autodeterminación y
justicia social para el resto de América Latina y exigimos su inmediata e incondicional
liberación.
Al mismo tiempo alertamos sobre la ofensiva de la Unión Europea que presiona la
suscripción de nuevos tratados de libre comercio en Centroamérica, la región andina, y a
reanudar las negociaciones hace años paralizadas con MERCOSUR, e incorporar a todo el
Caribe a su agenda neoliberal. La Cumbre Social Birregional Enlazando Alternativas 3, ha
realizarse del 13 al 16 de mayo de 2008 en Lima, en forma simultánea a la Cumbre
presidencial Unión Europea – América Latina y el Caribe, debe ser una ocasión para
denunciar estos propósitos, develar el papel de las multinacionales europeas y avanzar
en la construcción de procesos de resistencia social.
Aquellos países en los cuales han asumido gobiernos progresistas, los pueblos enfrentan
conflictos relativos al alcance de las transformaciones del modelo y las oportunidades y
limitaciones para garantizar caminos alternativos en búsqueda de la integración de los
pueblos. En este escenario, las alternativas de integración como el Tratado de Comercio
de los Pueblos - TCP y el ALBA sufren los embates del imperialismo que intenta
desactivar su potencial renovador. Incluso la UNASUR está siendo boicoteada para que
no se materialice. Procesos innovadores en el terreno financiero, como la auditoría de la
deuda adelantada por el gobierno ecuatoriano, deben ser apoyados. Estaremos vigilantes
para que la propuesta del Banco del Sur garantice la financiación de un desarrollo
alternativo distinto al neoliberal.
El movimiento social continental debe, en estas circunstancias, reforzar sus vínculos,
estimular la solidaridad y cooperación entre sus diferentes sectores, reforzar su
80
capacidad de lucha, integrar activamente a los nuevos protagonistas sociales y a los
sectores más dinámicos de la lucha social, y resistir los intentos de reversar las
conquistas realizadas. Pero también debe mantener la capacidad crítica y movilizadora
ante la permanencia a nivel continental de numerosas políticas que quieren apuntalar un
modelo que ha demostrado su incapacidad de solucionar los problemas del pueblo.
Frente a todo lo señalado, desde este Encuentro hacemos un llamamiento a:
1. Renovar el pacto de unidad de los movimientos sociales y revitalizar la coordinación de
nuestras luchas a escala continental, a lo que contribuye el Plan de Acción que acompaña
a este llamamiento.
2. Fortalecer la resistencia contra los tratados de libre comercio ahí donde ya existen,
impedir el paso de estos tratados en donde está pendiente su definición y prevenir su
firma en aquellos países donde se están negociando actualmente, incluyendo aquellos
con la Unión Europea y Canadá.
3. Multiplicar y fortalecer nuestras luchas en defensa de las conquistas alcanzadas por
nuestros pueblos, que buscan proteger los derechos sociales, los recursos estratégicos y
la soberanía, contra la globalización neoliberal.
4. Oponernos y condenar las acciones de militarización del continente que provocan
conflictos en la región, a la anulación de las libertades democráticas y a las políticas
reaccionarias contra los derechos integrales de las mujeres.
5. Consolidar los procesos de integración alternativa e influir en ellos para que
verdaderamente representen la superación de la política neoliberal y un camino de
desarrollo sustentable para los pueblos.
6. Estar alerta frente a la estrategia de separatismo oligárquico alimentado por Estados
Unidos contra el proceso de recuperación de soberanía, democracia y dignidad del pueblo
boliviano. Estar listos para movilizarnos a defender el derecho del pueblo boliviano de
conducir su destino sin la amenaza y la violencia de las oligarquías que buscan preservar
sus ilegítimos privilegios.
7. Debatir y rechazar el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte –
ASPAN, que pretende llevar a un nuevo nivel el Nafta, incorporándole los temas
energéticos y el agua como parte la agenda de seguridad estadounidense, convirtiéndose
en el referente para aplicar en todo el Continente.
8. Desarrollar acciones de solidaridad con los cincos patriotas cubanos presos en Estados
Unidos.
9. Mantenernos vigilantes sobre la amenaza de fraude electoral en Paraguay, ante la
posibilidad del triunfo de un candidato progresista.
10. Exigir la retirada de las tropas extranjeras de Haití, el cierre de la Base de Manta y la
desmilitarización del continente.
“Los 200 millones de pobres, 53 millones de hambrientos y 43 millones de analfabetos de
América necesitan alimentos, trabajo, educación y salud, no libre comercio ni nuevas
recetas neoliberales, y mucho menos la militarización y la violencia”
81
3.
Lista de artículos y análisis sobre integración regional
3.1 MODELOS
ALTERNATIVOS DE INTEGRAÇÃO?
RESISTÊNCIAS POPULARES
2
PROJETOS
NEOLIBERAIS E
Edgardo Lander3
Integração do que? Para quem?
A consideração dos projetos de integração latino-americanos exige a formulação de
algumas questões vitais. Integração para quem? Para os setores privilegiados destas
sociedades? Para que os capitais, sejam eles nacionais ou transnacionais, possam se
mover livremente em todo o continente? Ou, pelo contrario, para os povos, para as
maiorias empobrecidas, excluídas, subordinadas?
Não há nada na idéia de integração que em si mesmo possamos considerar como
favorável para o futuro dos povos do continente. Não basta que seja uma integração
latino-americana ou sul-americana para que corresponda aos interesses populares. Tudo
depende do modelo de integração em questão. Quem está impulsionando? Para que?
Para quem? Em função de quais interesses e de quais valores ele se desenha?
Dependendo da resposta a essas questões, a integração pode apoiar as relações de
dominação atualmente hegemônicas, ou pode contribuir para abrir brechas para minalas.
Um projeto de integração orientado para abrir ainda mais estas economias para
submete-las aos ditames dos donos do capital? Ou uma integração defensiva que tenha
como meta conquistar espaços de autonomia e soberania para definir políticas públicas e
opções econômicas próprias? Em outras palavras, uma integração que contribua para
apagar ainda mais os espaços e territórios do exercício da soberania democrática dos
povos, ou uma integração orientada para recuperar o que séculos de colonialismo e
políticas imperiais arrebataram e continuam arrebatando os povos do continente?
2
O presente artigo foi publicado no Nº15 da revista OSAL (Observatório Social da América Latina),
janeiro de 2005, CLACSO, Buenos Aires.
3
Professor da Escola de Sociologia da Universidade Central da Venezuela e integrantes do Comitê
Organizador do VI Fórum Social Mundial Policentrico – Sede Américas.
82
Uma integração orientada pelos valores do individualismo possessivo, da competição de
todos contra todos, na qual se garanta o êxito dos mais fortes sobre a base da
exploração e exclusão dos mais fracos, isto é, uma integração que acentue as
inaceitáveis desigualdades atuais? Ou uma integração guiada pelos valores da igualdade,
da participação, da pluralidade, da solidariedade, da comunidade; uma integração que
reconheça, valorize e torne possível o desdobramento da extraordinária variedade de
modos de vida dos povos de nosso continente?
Uma integração que sem limite algum explore os recursos naturais, os convertendo em
mercadorias exportáveis para gerar os excedentes requeridos para pagar a divida
externa? Ou uma integração orientada para a recuperação e a construção de outras
formas de os seres humanos serem parte da natureza, que não a considere um inimigo a
ser submetido, controlado, explorado e, em conseqüência, destruído?
Uma integração pensada como área de livre comércio, concebida principalmente como a
construção de um espaço econômico de livre circulação de mercadorias e capitais? Ou
uma integração geopolítica concebida como parte dos processos de resistência à ordem
global, que busca impor a política unilateral e imperial do capital transnacional e do
governo dos Estados Unidos?
A ALCA
O principal projeto estratégico do governo dos Estados Unidos para o conjunto do
continente americano durante os últimos dez anos foi a ALCA, ou Área de Livre Comércio
das Américas. Mediante esse acordo de alcance continental, o governo dos Estados
Unidos e suas empresas buscam consolidar, aprofundar e tornar irreversíveis as políticas
de ajuste estrutural das ultimas décadas, pretendendo estabelecer de uma vez por todas
a prioridade absoluta dos direitos do capital sobre o direito dos povos. Mediante a
constitucionalização da ordem neoliberal em um pacto supranacional de cumprimento
obrigatório, se aspira delimitar drasticamente os âmbitos da soberania, do exercício da
democracia e da regulação social, concebidos todos como travas ilegítimas ao pleno e
livre desdobramento e movimento do capital.
Há pouco mais de dois anos, as negociações avançavam de forma aparentemente
impossível de deter. Governos submissos em todo o continente negociavam textos
secretos pelas costas de seus povos, e parecia inevitável que na data prevista, isto é, no
final de 2004, se concluiriam a negociação e a revisão do texto de modo que este
pudesse ser ratificado em 2005. Porém, a partir de 2002 as coisas começaram a mudar.
Os movimentos e organizações sociais da resistência à ALCA, especialmente com sua
articulação na Aliança Social Continental, conseguiram tirar o debate do âmbito
delimitado de uma negociação entre especialistas em comércio internacional para colocalo no terreno do debate e da mobilização pública.
Organizações sindicais, indígenas, ecologistas, camponesas, de mulheres e acadêmicas
em todo o continente conseguiram convergir em uma resistência crescentemente
organizada e capaz de grandes mobilizações. Cada uma das principais reuniões dos
negociadores do acordo passou a ser acompanhada por massivos protestos (Quebec,
Buenos Aires, Quito, Miami). As mudanças políticas representadas pela eleição de
Chávez, Lula e Kirchner introduziram perspectivas e posturas de negociação não
previstas. Na reunião do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) realizada em San
Salvador em Julho de 2003 foi reconhecido pela primeira vez, na própria mesa de
negociações, que estas estão severamente estancadas. Foram realizadas sucessivas
tentativas de salvar o acordo mediante um tratado mais diluído (Alca Light) ou pela via
de uma ALCA de dois níveis que permitisse aos governos mais comprometidos com o
modelo de livre comércio a preservação do conteúdo do projeto original, dando a opção
para os outros governos de assumir compromissos menores. Buscando destravar as
negociações, os Estados Unidos convocaram sucessivas “reuniões informais” entre
83
diferentes grupos de países. Os desacordos persistiram. Finalmente, ao contrário de
todos os prognósticos, o que não parecia possível hoje é um fato. A resistência
continental derrotou a ALCA, talvez definitivamente. Desde o início de 2003 não foi
realizada nenhuma reunião formal. De fato, ainda que isso não seja admitido
publicamente, as negociações foram adiadas de forma indefinida1.
Diversas organizações do continente sugeriram que o 1º de janeiro de 2005, data em
que se supunha que o acordo estivesse pronto, seja celebrado como o dia do triunfo dos
movimentos populares das Américas contra a ALCA. Nestes tempos neoliberais, não são
muitas as vitórias populares: devemos celebra-las!
Os Tratados de Livre Comércio (TLCs)
A ALCA ter saído dos trilhos representa sem dúvida uma vitória para a resistência ao
projeto imperial de livre comércio. Porém, a agenda estratégica do governo dos Estados
Unidos para o continente não foi derrotada: avança por outras vias. Dado que as
dificuldades nas negociações da ALCA eram enfrentadas principalmente com três países –
Brasil, Argentina e Venezuela – o governo dos Estados Unidos optou por continuar as
negociações via TLCs com praticamente todos os demais paises. Foi negociado e
assinado um TLC com o Chile, concluídas as negociações com a América Central, e está
no que se supõe que é a fase final das negociações com a Colômbia, Equador e Peru.
Dado o fracionamento da resistência e as posturas mais amigáveis dos governos em
questão (tanto em relação ao livre comércio como ao governo dos Estados Unidos)
nestes acordos se radicaliza a agenda neoliberal. Não só se vai além dos acordos da
Organização Mundial de Comércio (OMC), mas inclusive do que estava previsto nas
minutas da ALCA. A extraordinária disparidade entre as partes destas negociações se
ilustra no conteúdo, por exemplo, dos capítulos sobre propriedade intelectual e
agricultura do TLC andino, acordos que, se aprovados em sua versão atual, teriam
impactos catastróficos sobre a saúde e a alimentação dos povos. O governo dos Estados
Unidos exigiu o patenteamento de plantas e animais (definidos como invenções!), assim
como de procedimentos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos. Reafirmando uma vez
mais que considera mais importante os lucros de suas transnacionais farmacêuticas que
a saúde pública, além de diversas medidas destinadas a impedir a utilização de
medicamentos genéricos, o governo dos EUA exige que deixe de ter efeito a Declaração
Relativa ao Acordo sobre ADPIC2 de Doha (2001), que autoriza certa flexibilidade na
interpretação dos direitos de propriedade intelectual dos medicamentos e permite aos
países membros da OMS “proteger sua saúde pública e, em particular, promover o
acesso aos medicamentos para todos”. Nas negociações sobre agricultura o governo dos
Estados Unidos exige a eliminação de todos os instrumentos de proteção e fomento
agrícola utilizados pelos países andinos (faixas de preços, cotas de importação, etc), ao
mesmo tempo em que se nega de forma categórica a sequer discutir seus opulentos
subsídios agrícolas. Esta combinação não pode conduzir senão à devastação da
agricultura andina, a solapar as condições da segurança alimentar e a expulsão de
milhões de pessoas do campo.
Apesar da firme oposição popular e das massivas mobilizações das organizações sociais e
políticas centroamericanas e andinas3, não foi possível até o momento frear estas
negociações.
O Mercosul e a Comunidade Andina de Nações
Constituem hoje o Mercosul ou a Comunidade Andina de Nações (CAN) alternativas a
este modelo de integração e desenvolvimento? A integração não pode ser pensada como
algo diferente dos projetos nacionais, diferente das sociedades que se prefiguram no
interior de cada Estado nação. Os projetos de integração do continente dependem dos
processos políticos, das estruturas produtivas, das correlações de força existentes tanto
global e regionalmente como no interior de cada um dos países participantes.
84
Os atuais projetos e práticas de integração na América Latina se dão com estruturas
produtivas e condições políticas e ideológicas muito diferentes das existentes quando se
debatia a integração latino-americana nos anos 60 e 70. Como resultado das ditaduras
militares e da aplicação sistemática das políticas neoliberais de ajuste estrutural, estas
sociedades mudaram profundamente tanto em sua estrutura produtiva como em seu
tecido social. Como conseqüência da repressão, da desindustrialização e das reformas
trabalhistas, o movimento sindical se encontra extraordinariamente reduzido e debilitado,
e a maior parte dos novos empregos criados está no chamado setor informal. O peso dos
empresários cuja produção se orientava prioritariamente ao mercado interno igualmente
declinou. A propriedade da terra se encontra ainda mais concentrada que há três
décadas. Os setores mais dinâmicos das economias do continente – os que têm
igualmente hoje maior incidência política, maior capacidade de ter impacto sobre as
políticas públicas – são os setores triunfantes destas transformações econômicas. São
principalmente os grupos financeiros, dos serviços – como as telecomunicações – e os
exportadores de produtos primários: no caso do Cone Sul, principalmente o setor
agroindustrial. Estes setores estão controlados ou associados estreitamente com o capital
transnacional, seus benefícios dependem da abertura econômica, da desregulamentação,
das privatizações e do acesso aos mercados internacionais. Constituem as forças
dinâmicas internas por trás das políticas do livre comércio.
O sentido comum do neoliberalismo hoje hegemônico e os interesses destes setores que
acabaram beneficiados com as transformações políticas e da estrutura econômica
produzidas nas ultimas três décadas, condicionam as orientações básicas dos projetos de
integração que hoje são operados e negociados em todo o continente. É possível
constatar inclusive que a razão fundamental pela qual os governos do Brasil e da
Argentina colocaram uma resistência tão firme à ALCA teve a ver principalmente com o
fato de que os benefícios que estes setores esperavam não estavam sendo garantidos
suficientemente na negociação. Não se trata de desconhecer que estes governos não têm
tido posições únicas e que têm existido tensões entre visões mais orientadas para o livre
comércio e visões que reivindicam maior autonomia para impulsionar políticas públicas
nacionais. Porém, e para além dos discursos, foi precisamente o fato de que a ALCA não
garantia um maior acesso dos produtos da agroindústria do Mercosul ao mercado dos
Estados Unidos, e que o governo deste país não estava disposto nem sequer a considerar
a redução dos subsídios a sua produção agrícola, a verdadeira razão pela qual se
travaram as negociações da ALCA.
O único governo participante nas negociações que formulou questionamentos
conceituais, políticos e doutrinários fundamentais a cada uma das dimensões do modelo
de integração proposto pelo governo dos Estados Unidos através da ALCA foi o da
Venezuela.
São esses mesmos interesses que estão impulsionando as negociações do Mercosul com
a União Européia. De acordo com denúncias formuladas pelas principais organizações
sociais do Cone Sul4, em troca de um acesso limitado da agroindústria do Mercosul ao
mercado da União Européia, os negociadores do Mercosul estão realizando concessões
que teriam efeitos nocivos sobre a agricultura familiar, limitariam a capacidade dos
Estados para ter políticas industriais autônomas, e converteriam em mercadorias áreas
tão críticas como os chamados “serviços culturais” e “serviços ambientais”. Da mesma
forma, seriam oferecidas preferências à União Européia para as compras do setor
público. Não há razão alguma pela qual se possa supor que as transnacionais baseadas
na Europa possam ter efeitos mais benéficos ou sejam menos surrupiadoras que as
estadunidenses, nem para assumir que os governos europeus sejam menos agressivos
na defesa dos interesses de suas corporações. Qualquer ilusão neste sentido foi
desmentida com a recente crise argentina.
A Comunidade Sul-americana de Nações
85
Os governos da América do Sul celebram o que se denomina um novo momento histórico
no continente, a realização do sonho de Bolívar: a criação da Comunidade Sul-americana
de Nações. Poderá este acordo se converter efetivamente em um ponto de partida para
novos projetos econômicos e geopolíticos alternativos aos modelos hegemônicos?
A retórica da Declaração de Cuzco, assinada pelos presidentes ou chanceleres de 12
países sul-americanos, parece apontar uma nova direção. Nela predomina uma
linguagem diferente da prioritária do livre comércio que foi hegemônica durante os
últimos anos. Partindo da “história compartilhada e solidária de nossas nações”, se
reivindica “uma identidade sul-americana compartilhada e valores comuns, tais como: a
democracia, a solidariedade, os direitos humanos, a liberdade, a justiça social, o respeito
à integridade territorial, a diversidade, a não discriminação e a afirmação de sua
autonomia, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica de controvérsias”. É
reconhecido que não é suficiente o desenvolvimento econômico, e que são requeridas
estratégias que junto a “uma consciência ambiental responsável e o reconhecimento de
assimetrias no desenvolvimento de seus países, assegurem uma distribuição de renda
mais justa e mais eqüitativa, o acesso a educação, a coesão e inclusão social, assim
como a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável”.
É enfatizado um “compromisso essencial com a luta contra a pobreza, a eliminação da
fome, a geração de emprego decente e o acesso de todos à saúde e à educação como
ferramentas fundamentais para o desenvolvimento dos povos”. No terreno internacional
se apela aos “valores da paz e da segurança internacionais, a partir da afirmação da
vigência do direito internacional e de um multilateralismo renovado e democrático que
integre decididamente e de maneira eficaz o desenvolvimento econômico e social na
agenda mundial”.
Desde o ponto de vista institucional, se afirma a Comunidade Sul-americana de Nações
como um projeto que transcende uma área de livre comércio, sendo acordado que se vai
“desenvolver um espaço sul-americano integrado no político, social, econômico,
ambiental e de infra-estrutura que fortaleça a identidade própria da América do Sul e que
contribua, a partir de uma perspectiva sub-regional e, em articulação com outras
experiências de integração regional, ao fortalecimento da América Latina e do Caribe e
que se outorgue uma maior gravitação e representação em fóruns internacionais”.
De acordo com o texto, se trata de um projeto de integração dos povos. É afirmado:
“Nossa convicção no sentido que a realização dos valores e interesses compartilhados
que nos unem, além de comprometer aos Governos, só encontrará viabilidade na medida
que os povos assumam o papel protagonista que corresponde a eles neste processo. A
integração sul-americana é e deve ser uma integração dos povos”.
Além dos temas cruciais que estão ausentes no texto, como o da dívida externa e das
relações deste projeto com os acordos de livre comércio assinados ou em processo de
negociação com os Estados Unidos ou a União Européia, pode se esperar que os atuais
governos sul-americanos (os que assinam a Declaração de Cuzco) sejam conseqüentes
com estas declarações de intenção? Trata-se de uma linguagem destinada ao público de
galeria, ou é a expressão de uma nova vontade política dos governos sul-americanos?
Mais que descartar de antemão a Declaração de Cuzco como pura retórica e a decisão de
criar a Comunidade Sul-americana de Nações como uma mera formalidade, é
conveniente analisar este processo na potencialidade que poderia oferecer para se
converter em um novo terreno de disputa e tensões entre diferentes visões e diferentes
forças sociais em torno do futuro da América Latina. Os governos que assinaram a
declaração (ou alguns deles) pretendem adequar as orientações de suas políticas
públicas aos objetivos declarados da Comunidade Sul-americana de Nações?
O que é evidente é que existem contradições flagrantes entre os objetivos e metas
formulados nesta declaração e o rumo principal que hoje as políticas públicas assumem
na maioria dos países sul-americanos. Os objetivos formulados na Declaração de Cuzco
86
não são, de modo algum, compatíveis com as políticas públicas e orientações econômicas
que, graças à dívida externa, os organismos financeiros internacionais continuam
impondo em todo o continente. Podem os movimentos sociais e políticos populares do
continente aproveitar estas tensões para formular e impulsionar propostas contra
hegemônicas?
Qual o sentido de os governos andinos que hoje negociam um TLC com os EUA, projeto
que constitui uma severa ameaça à saúde, educação e meio ambiente de tais países, se
comprometerem a garantir a saúde, a educação e a alimentação de seus povos, assim
como a preservação do ambiente? Que sentido tem a reivindicação do direito a um
emprego decente quando as políticas de abertura, privatização e desregulamentação, a
desindustrialização, a flexibilidade do trabalho e as reformas da legislação trabalhista
impulsionada por estes mesmos governos continuam deteriorando e precarizando
sistematicamente as condições de emprego? Para que proclamar a autonomia e
igualdade soberana dos Estados enquanto estão sendo negociados acordos comerciais
que limitam cada vez mais o exercício da soberania? Por que falar da distribuição
eqüitativa da renda, e da coesão e inclusão social, se a experiência confirma que as
atuais políticas de predomínio dogmático do livre comércio não conduzem senão à
desintegração social e ao aumento das desigualdades sociais? Que sentido tem destacar
a importância da preservação do meio ambiente e da promoção do desenvolvimento
sustentável se – como é evidente, por exemplo, no caso do Brasil – as atuais políticas de
prioridade das exportações primárias orientadas a gerar um excedente na balança
comercial para pagar a dívida externa requerem uma superexploração depredadora e não
sustentável dos recursos naturais? Que tipo de infra-estrutura vai acompanhar este
processo de integração? A prioridade continuará no investimento em infra-estrutura
orientada a facilitar as exportações e consolidar o modelo de crescimento para fora, a
economia de portos? Essa infra-estrutura colocará a Amazônia e seus recursos à
disposição das empresas transnacionais?6.
Poderá, pelo contrário, ser dada prioridade às exigências de um desenvolvimento
endógeno, de ampliação dos mercados internos continentais e da efetiva integração dos
povos? Será possível avançar na direção de um modelo alternativo de integração quando
está sendo incorporada à Comunidade Sul-americana de Nações, de forma acrítica, a
base jurídica e normativa que o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações foram
armando durante o último período de hegemonia neoliberal?
A retórica latinoamericanista, a reivindicação da soberania e da democracia, assim como
dos direitos dos povos, poderia baixar a guarda dos movimentos sociais e políticos em
torno das negociações entre os governos do continente enquanto se mantém uma atitude
vigilante frente aos acordos negociados com potencias extracontinentais (ALCA, TLCs,
Mercosul-UE). Não há, porém, nada na idéia de integração sul-americana que, em si
mesma, por sua própria condição de ser latina ou sul-americana, seja necessariamente
mais favorável aos interesses dos povos. Tudo depende, como foi assinalado no começo
deste texto, dos modelos de integração em jogo. Com a Comunidade Sul-americana de
Nações se abre um novo terreno de luta continental. O destino deste projeto de
integração e a resposta à questão básica de poder ou não chegar a ser favorável aos
interesses populares, mas que do conteúdo de seus textos constitutivos, dependerá do
resultado das lutas sociais e políticas, da capacidade das forças populares para reverter
as tendências políticas e econômicas hoje hegemônicas na maior parte do continente.
Será possível transformar a Comunidade Sul-americana de Nações em um novo terreno
capaz de articular de forma efetiva as lutas dos povos do continente pela soberania,
democracia, igualdade e pluralidade cultural? Poderá este novo projeto integrador jogar
um papel na resistência à hegemonia imperial dos Estados Unidos?
São estes os novos objetivos e as novas questões com que se confronta, hoje, a luta
popular latino-americana.
Notas
87
(1) Circulam, porém, rumores de acordo aos quais os co-presidentes da fase final das
negociações da ALCA, o embaixador Robert Zoellick dos EUA e o Chanceler do Brasil,
Celso Amorim, teriam previsto se reunir em janeiro de 2005 para explorar as
possibilidades de um reinício das negociações. Enquanto estão absolutamente suspensas
todas as negociações substantivas, continua a disputa entre as cidades candidatas a
serem sede permanente do acordo.
(2) Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido
por suas siglas em inglês: TRIPS.
(3) Ver, por exemplo, a declaração conjunta das quatro centrais de trabalhadoras
colombianas: Declaração frente ao tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o
tema trabalhista, Bogotá, 3 de dezembro de 2004. Na Rede Colombiana de Ação frente
ao Livre Comércio (Recalca) <http://www.recalca.org.co/>
(4) Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR:
ganancias para pocos, amenaza para la mayoría” <http://www.choike.org/nuevo/
informes/2229.html>
(5) Declaração de Cuzco sobre a Comunidade Sul-americana de Nações, Cúpula
Presidencial Sul-americana, Cuzco, 8 de dezembro de 2004. Os países signatários desta
declaração são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela http://www.comunidadandina.org
(6) Decisões fundamentais para o futuro da América do Sul, com conseqüências a longo
prazo para os modelos produtivos e de integração continental (energia, transporte,
telecomunicações) estão sendo tomadas, fundamentalmente, a margem do debate
público, no contexto do IIRSA, Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional
Sul-americana, que tem sua origem na Primeira Cúpula dos Presidentes da América do
Sul, realizada em Brasília no ano 2000, que agrupa os mesmos 12 países que acordaram
a criação da Comunidade Sul-americana de Nações. Está previsto que seus projetos
sejam financiados pelos governos, o setor privado e instituições financeiras multilaterais
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de
Fomento (CAF), o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Cuenca Del Plata
(FONPLATA) e o Banco Mundial. O discurso de Enrique Inglesias nesta cúpula presidencial
deve servir como um chamado de alerta com relação ao tipo de projeto de infraestrutura ao qual estes organismos financeiros dão prioridade. A concepção da
integração que defende o BID aparece sintetizada nos seguintes termos: “A integração
regional é sempre uma tarefa desafiante, e os primeiros esforços da América Latina e
Caribe nos anos do pós-guerra encontraram obstáculos muito importantes. Felizmente,
alguns destes obstáculos tradicionais foram substancialmente superados nos últimos
anos. O processo de reforma das estruturas econômicas nos países da América Latina e
do Caribe, que o Banco vem apoiando ativamente, fez com que nossas economias sejam
mais receptivas à integração regional, a partir de condições macroeconômicas mais
estáveis, a abertura unilateral de nossas economias, a redução da intervenção direta
estatal nos mercados e um ambiente mais favorável à iniciativa privada”.
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=8&pageMs=10180
3.2 ALTERNATIVAS A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL4
Alberto Arroyo Picard5
4
5
Ponencia Seminario: “El Mercosur que queremos”. Asunción 17 y 18 de junio 2005.
Investigador UAM-I/RMALC.
88
Introducción
El proceso de elaboración de alternativas es complejo y no puede suprimir el debate ya
que es un proceso de construir consensos . Por ello hablamos de alternativas, en plural,
nadie posee la verdad absoluta, ni hay un único camino para todos. El documento
Alternativas, elaborado colectivamente por la Alianza Social Continental (ASC), aspira a
recoger lo avanzado y ordenar el debate. Evidentemente habrá elementos y planteos no
recogidos, si bien la ASC es una amplísima coalición de todos los sectores y agrupa a la
mayoría de las principales organizaciones en todos los países de nuestro continente, de
ninguna manera tiene el monopolio del tema.
Debido a lo reducido del espacio, aquí sólo apuntamos los elementos y niveles
fundamentales en la elaboración de Alternativas y remitirnos a artículos y documentos en
donde se desarrollan los temas. El grado de avance de los consensos en la ASC y para el
caso mexicano de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), es
desigual en los diversos aspectos y niveles que implica una alternativa. Cuando ya hay
consenso remito a documentos ya asumidos por la Alianza, aunque por supuesto el
debate para enriquecerlos continúa abierto; cuando todavía no hay acuerdo, lo indico y
expreso mi opinión sintéticamente, a fin de clarificar el debate. No sobra decir que la
responsabilidad de lo que se plantea es a fin de cuentas del autor.
1. El primer paso para construir alternativas a la globalización neoliberal es
convencernos y convencer de que sí hay alternativa
Los promotores del neoliberalismo presentan la globalización como algo inevitable y con
ello al movimiento altermundista como locos que pretenden cambiar lo inevitable. Ante lo
inevitable se debe buscar cómo adaptarse y sacarle ventaja no oponerse o tratar de
cambiarlo.
Es verdad que en la época actual sería tonto pensar en países aislados. Todos los países
de una u otra manera forman parte del mundo, de la globalidad, pero los neoliberales
piensan que la única forma de participar en el mundo es la que ellos plantean. No nos
oponemos a la globalización, sino a su forma neoliberal. Al contrario buscamos la
globalización de todos los derechos, no sólo los civiles y políticos, sino también los
económicos y sociales, así como los culturales y de los pueblos originarios.
Durante largo tiempo el éxito en la capacidad de imposición del neoliberalismo se fundó
en presentarse como la única opción racional; cualquiera que pensara distinto era que no
pensaba. Fue el largo período de pensamiento casi único. Una parte importante de la
intelectualidad progresista, de izquierda o en las direcciones de los partidos de izquierda
se volvieron neoliberales prácticos. Criticaban, pero desde dentro del pensamiento
neoliberal. El enemigo ya estaba dentro de su cabeza. Los sectores populares sufrían los
resultados del modelo económico, pero a una gran parte se les había convencido de que
no había otro camino, que tenían que encontrar cómo sobrevivir en esta nueva realidad.
La tragedia que vivían era su culpa, no eran competitivos. Se estaba perdiendo una
batalla crucial, la batalla de las ideas y sobre las conciencias.
Es hasta los últimos 10 años que se ha empezado a recuperar terreno en el campo de las
ideas y sobre las conciencias. El lema del Foro Social Mundial (FSM) fue terriblemente
subversivo: “Otro mundo es posible”. En esta década ha empezado a dar fruto la
terquedad de compañeros que luchaban por convencer que sí había alternativas. En
México fue la crisis de 1995 el contexto y la oportunidad para empezar a revertir las
derrotas ideológicas sufridas en la primera etapa del neoliberalismo.
2. Construir alternativas no es un asunto sólo de intelectuales sino de construir
el sujeto capaz de hacerla realidad
Para que una propuesta sea alternativa no basta que sea una idea brillante, ni siquiera
que sea además correcta y viable. Para que algo sea alternativa se necesita tener la
fuerza para llevarla a la práctica. Construir una alternativa a la globalización neoliberal
89
requiere no sólo pensar cual ese “otro mundo posible”, sino construir el sujeto capaz de
hacerlo realidad.
La alternativa se construye simultáneamente a la construcción del sujeto, no fuera y
aparte de él. Hay que construirla por consenso para que sea un programa consensuado y
adoptado por el movimiento, no propuesto por algunos intelectuales por más brillantes y
famosos que sean. Por supuesto que se necesitan intelectuales, pero intelectuales
orgánicos, es decir que piensan desde dentro del movimiento, que sean capaces de
escuchar y dialogar con los diversos sectores del movimiento social, que sean capaces de
educar y poner al servicio del movimiento su saber, así como aprender de él.
3. Ante un enemigo global el movimiento social también debe globalizarse
La globalización neoliberal es una nueva etapa de la internacionalización del capital que
redefine los bloques enfrentados. El gran capital se ha trasnacionalizado en niveles sin
precedentes y realmente tienen un proyecto de mundo a su conveniencia. Las grandes
compañías, si bien compiten entre sí y se han ido repartiendo el mercado, están
unificadas en cuanto a las reglas que quieren imponer a la dinámica económica mundial.
Tienen una agenda común que impulsan en los diversos espacios de negociación o
definición mundial: Organización Mundial de Comercio (OMC), Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), acuerdos regionales de libre comercio, etc. Buscan una economía
dejada a la sola competencia en el mercado. Un “mercado libre” es el mejor de los
mundos para ellos ya que permite una competencia en la que el grande se va comiendo
al chico.
El movimiento social enfrenta a un enemigo unificado conformado por las grandes
empresas internacionales, los organismos financieros internacionales, los gobiernos del
Grupo de los Siete (G-7) y sus aliados en cada uno de nuestros países. No es posible
enfrentarlo país por país o sector por sector, sino con un sujeto social también unificado:
trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, ambientalistas, luchadores por
los derechos humanos e incluso sectores de la pequeña y mediana empresa que no
pueden sobrevivir en un mercado que no reconoce asimetrías. La contradicción no es
entre países: desarrollados contra subdesarrollados. La contradicción en el fondo es de
clases. Del lado del poder dominante la agenda la están mercado las grandes empresas
globales que operan a través de los gobiernos del G-7 y las Instituciones Financieras
Internacionales (IFIS) , por supuesto con aliados entre gobiernos y sectores en los países
subdesarrollados. Del lado del movimiento social se generan nuevos tipos de redes y
alianzas multisectoriales que incluyen no sólo a los sectores populares de los llamados
países del sur, sino también los de los países desarrollados. Es decir la Alternativa
supone un sujeto que unifique a todos los sectores populares y a nivel internacional. Los
agrupamientos enfrentados son transversales a la tradicional división entre los llamados
países del sur y del norte. Esta unión entre pueblos de los países desarrollados y
subdesarrollados no se establece en términos de solidaridad, sino a partir de intereses y
enemigos comunes.
4. La construcción de las alternativas es un proceso ya iniciado
Desde el punto de vista organizativo, desde 1991 se crea la Red Trinacional (Canadá,
Estados Unidos y México) para enfrentar el proceso de negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Hay diversas fechas significativas que marcan
saltos de calidad en el proceso de organización en las diversas regiones. Desde 1994 se
inicia el trabajo de ir construyendo un movimiento continental. En 1997 se toma la
decisión de construir la Alianza Social Continental llamando a la I Cumbre de los Pueblos
de las Américas para 1998. A nivel mundial el movimiento altermundista se hace visible
desde el Encuentro contra el Neoliberalismo y por la Humanidad convocado por los
zapatistas en Chiapas en 1996, las enormes manifestaciones en Seattle frente a la OMC
en 1999 y sobre todo con el I Foro Social Mundial en 2001 (Sobre la historia y
características del movimiento puede verse entre otros Arroyo, Alberto y Monrroy, Mario
1996: Arroyo Alberto 2005 b).
90
En cuanto el contenido de las propuestas alternativas el proceso ha sido colectivo y
acumulativo. Se han ido construyendo los consensos a través de un sin número de
encuentros, seminarios y foros. Algunos documentos expresan el resultado de este
trabajo colectivo. Seleccionar cuáles de esos documentos son los más importantes no es
una tarea fácil. Resaltamos dos bloques de documentos. El primero debido a que es un
proceso en nuestra región de América del Norte, pero también porque se trata de los
textos pioneros en la lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) . El segundo
porque refleja el esfuerzo más colectivo y permanente a nivel de toda América. Pero
insistimos ello de ninguna manera menosprecia muchos otros.
Como Red Trinacional en América del Norte se elaboraron propuestas frente al TLCAN.
Quizá el documento más completo es: “Una iniciativa justa y sustentable de intercambio
y desarrollo para Norteamérica” (RMALC y otros 1993 a). Cuando se iniciaron las
negociaciones sobre los llamados acuerdos paralelos, la RMALC presentó propuestas para
un Acuerdo Laboral (RMALC, 1993 b) , Ambiental (RMALC, 1993 c) y de Migración
(RMALC, 1993 d). Se realizó un minucioso análisis del contenido de los textos del TLCAN
(Arroyo, Alberto y Calderón Jorge ,1993) así como una propuesta de renegociación
(RMALC, 1997). Frente a la crisis económica de 1994-1995 se elaboró una Propuesta de
Plan Económico que luego se sometió a referéndum popular (Arroyo, et ali, 1995).A
nivel continental desde 1997 arrancó un proceso más complejo, colectivo y ambicioso
para elaborar alternativas al modelo del libre comercio. A la par que se decide empezar a
construir la Alianza Social Continental se inició el proceso colectivo para elaborar una
propuesta integral frente al modelo de libre comercio y, especialmente, frente a la
iniciativa del gobierno estadounidense para crear el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). Se trata de un esfuerzo absolutamente colectivo de construir una
propuesta con consenso.
Se formaron equipos de voluntarios para diversos temas que trabajarían por correo
electrónico a pesar de la dificultad de que existen 4 idiomas oficiales en el continente. Un
primer borrador se presentó en la I Cumbre de los Pueblos realizada en Santiago de Chile
en 1998. Dichos equipos en realidad recogen mucho de lo elaborado en diversas partes y
organizaciones del continente. Fue un proceso intenso de discusión hasta llegar a un
borrador de consenso en cada tema. La Cumbre de los Pueblos lo avaló. Sin embargo,
decide que se abra durante un año un proceso de discusión entre las organizaciones a lo
largo y ancho del continente y se recojan los aportes a la vez que se amplía el equipo
técnico. Después de este proceso se publica la 2ª versión en un amplio documento
llamado Alternativas para las Américas (Alianza Social Continental, 1998). Se toma la
decisión de que se mantendrá abierto el documento para recoger posteriores propuestas
y enriquecimientos conforme la ASC se vaya ampliando con la incorporación de nuevas
organizaciones. Así, en 2002 se publicó la 4ª versión corregida y aumentada.
Este documento expresa un amplio consenso fruto de un sin número de foros,
seminarios, encuentros a lo largo y ancho del continente. Más adelante volveremos sobre
el contenido de esta propuesta.
5. La elaboración de propuestas alternativas implica diversos niveles
5.1
Un proyecto nacional de desarrollo y de mecanismos de democracia
directa o participativa
Aún cuando, las economías nacionales participan con mayor o menor intensidad en la
dinámica económica mundial, se requiere de un proyecto nacional consensuado social y
democráticamente.
Es en el mercado donde dicho proyecto se pone a prueba, pero no se puede dejar al
mercado la definición del proyecto como pretenden los más fundamentalistas
neoliberales. Por ejemplo el Dr. Herminio Blanco, ex-Secretario de Comercio mexicano,
cuando se le preguntó cuál era el proyecto de país que tenía en mente cuando estaba
negociando el TLCAN, increíblemente contestó lo siguiente: “¿Proyecto de país? El mejor
proyecto de país es no tener proyecto y dejar que el mercado modele al México posible”.
91
La elaboración de un proyecto nacional no es tampoco asunto de escritorio e
intelectuales, es un complejo proceso de elaboración colectiva y de formación de
consensos. Sobre los contenidos del nuevo proyecto nacional se ha elaborado mucho en
los últimos 10 o 15 años; cualquier reseña o inventario se quedaría corto. Recientemente
el Frente Sindical Mexicano (FSM), La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la
Promotora de Unidad frente al Neoliberalismo y la Red Mexicana de Acción frente al Libre
Comercio convocaron al I Diálogo Nacional para un Proyecto Alternativo de Nación con
Justicia, Libertad y Democracia, en el que se presentaron cientos de ponencias. Sin
embargo, considero que el debate y la concreción de los cómos está aún en proceso.
(sobre el proceso y complejidad de lo que implica un proyecto nacional de desarrollo
véase Arroyo Alberto, 1998).
5.2
Reglas o regulación de la globalización
Ello es lo que se hace en el documento citado de Alternativas para las Américas.
Dado que nuestras economías no pueden permanecer aisladas y el enorme poder y
dominio que las grandes corporaciones tienen sobre la dinámica económica mundial, el
proyecto nacional de desarrollo implica crear el entorno internacional adecuado para
hacerlo viable.
En realidad los TLCs, en los hechos se constituyen en un impedimento a proyectos
nacionales de desarrollo y por ello la imperiosa necesidad de enfrentarlos.
No es que pensemos que el proyecto de nación actual deba volver al pasado o que
implique economías cerradas, pero los TLCs son mucho más que apertura de fronteras a
la libre circulación de mercancías. Estos tratados son una legislación supranacional que
trata de asegurar que la dinámica de las economías se deje a las solas fuerzas del
mercado, a la competencia. El mercado es el espacio en el que compiten los actores
económicos, dejar libre el mercado es dejar que el grande se coma al chico.
Estos tratados son mucho más que comercio. Implican inversión, propiedad intelectual,
papel del Estado, políticas de competencia, etc. (ver el ya citado análisis del contenido
del TLCAN, Arroyo Alberto – Calderón Jorge, 1993; el análisis del ALCA, Alianza Social
Continental, 2003; el análisis del tratado de México y la Unión Europea, Peñaloza, Andrés
y Arroyo Alberto 2000; el Análisis del Tratado Centro América y República Dominicana
con Estados Unidos Mora Jiménez, Henry, 2004 y www.encuentropopular.org). Estos
tratados son una camisa de fuerza que fija reglas para dejar la economía a la dinámica
de la competencia, limita sobre manera la capacidad del estado nacional para regularla y
conducir un proyecto nacional.
Por el contrario Alternativas para las Américas es la propuesta de la ASC de reglas
internacionales para garantizar que la competencia mercantil sea compatible con la
supremacía de los derechos humanos integralmente considerados, especialmente los
económicos, sociales, laborales, culturales, ambientales, de las mujeres, de los migrantes
y de los pueblos y comunidades originarios. Frente a una globalización dejada a la mano
invisible del mercado propone una serie de normas internacionales que la regulen. Toca
todos los temas que incluyen los TLCs y los que éstos evaden para poner la economía al
servicio de objetivos sociales, garantizar la primacía de los derechos humanos y crear el
entorno internacional que viabilice que cada país desarrollo su propio proyecto nacional.
El neoliberalismo se fue imponiendo en nuestro continente y en el mundo a partir del
consenso de Washington no sólo debido a que desde el poder este consenso se impuso
como pensamiento casi único, sino también a través de las condicionalidades impuestas
por el Banco Mundial (BM) y El Fondo Monetario Internacional (FMI), con la complicidad
de los gobiernos de los países subdesarrollados basados en la dependencia que ha
implicado la impagable deuda externa. Los Tratados de Libre Comercio convierten estas
condicionalidades en ley supranacional de tal forma que gobierne quien gobierne, la
deuda externa sea manejable o no, el margen de maniobra de la política económica sea
mínimo. En realidad son una especie de seguro contra cambios democráticos en nuestros
92
países. Si se quiere impulsar proyectos de desarrollo sustentable y con distribución de la
riqueza no debemos firmar dicho tipo de tratados y/o desembarazarnos de los que nos
han impuesto. Sin embargo, ello no implica que nos aislemos de la economía mundial,
pero hay que lograr regularla para poder crear el entorno internacional que todo proyecto
nacional de un país subdesarrollado necesita.
5.3
Integración regional o subregional
El movimiento social altermundista se ha manifestado clara y contundentemente contra
el libre comercio, en cuanto es una teoría económica que deja nuestros derechos sociales
en manos de “la mano invisible” del mercado; pero ello no implica, como hemos dicho,
que nos aislemos de la dinámica mundial. Es por ello que en la alternativa se plantea una
integración desde los pueblos. Hay una amplia discusión en búsqueda de consensos
sobre las características de la integración regional o sub-regional que queremos.
A) Propuestas
hegemónico
de
gobiernos
que
se
distancian
y
resisten
el
proyecto
Algunos gobiernos están también impulsando procesos de integración regionales o
subregionales como alternativa al proyecto hegemónico que en nuestro continente
impulsa Estados Unidos. Nos referimos fundamentalmente al nuevo impulso al
MERCOSUR y su acercamiento con algunos gobiernos de la Comunidad Andina de
Naciones, a la Comunidad Sudamericana de Naciones y, con un carácter distinto, al
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
Estas propuestas gubernamentales y su proceso de implementación tienen una
dimensión defensiva frente al avasallador proyecto hegemónico de los TLCs impulsados
por las grandes corporaciones y los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin
embargo, no dejan de tener elementos alternativos al neoliberalismo
En su dimensión defensiva buscan unir fuerzas políticas, pero también recursos y
capacidades productivas, para poder resistir y/o negociar bajo otros términos con la
potencias económicas. El movimiento social valora y aprovecha está dimensión defensiva
o de resistencia de algunos gobiernos en el continente. De hecho ha sido clave para
detener el ALCA y el avance de las propuestas de Estados Unidos, Europa y Japón en la
OMC. Estos triunfos parciales son fruto de la combinación de la presión social directa y el
cambio de postura de algunos nuevos gobiernos que a su vez fue logrado por la acción
de los pueblos. (Arroyo, 2005 a; Arroyo , próxima).
El MERCOSUR y la Comunidad Suramericana de Naciones, más allá de lo defensivo,
implican propuestas de integración, no sólo de zonas de libre comercio, y ello ha sido una
aspiración de amplios sectores y de líderes históricos en nuestro continente. Por sus
orígenes y concreciones históricas no dejan de estar impregnadas aún de neoliberalismo,
pero incluyen, una dimensión social y mecanismos de participación y consulta. Los
nuevos gobiernos están impulsando su profundización. Sectores importantes del
movimiento social han decidido disputar la orientación en la trasformación del
MERCOSUR, de la Comunidad Andina y en la concreción de la Comunidad Suramericana
de Naciones para impulsar una verdadera integración de los pueblos. Para el movimiento
social la alternativa no es el MERCOSUR, la Comunidad Andina actuales o el apenas
esbozo de la Comunidad Sur Americana de Naciones, pero sí plantean una integración
profunda en la región y disputar su orientación. Es por ello que es necesario consensuar
las características de la integración que queremos.
El ALBA es una propuesta claramente antineoliberal e incluso con un discurso
anticapitalista. Es impulsada por el gobierno de Chávez y más recientemente también por
Cuba. Se ha concretado en acuerdos de complementación y solidaridad entre Venezuela
y Cuba y en algunas empresas públicas regionales.
En cuanto a su contenido
programático para el continente toma mucho de la propuesta de la Alianza Social
Continental.
93
Una gran parte del movimiento social altermundista saluda estas iniciativas
gubernamentales, valora su dimensión de resistencia, pero no renuncia a seguir
profundizando e impulsando sus propias propuestas. El movimiento social puede tener
mayores o menores coincidencias con cada una de estas propuestas gubernamentales,
pero no está dispuesto a renunciar a ser sujeto autónomo en la construcción de su
futuro. Considera que a ningún gobierno se le puede firmar cheques en blanco, ni
convertirse en simple correa de trasmisión de una iniciativa gubernamental.
B) Elementos para la integración desde los pueblos
a) La integración implica no sólo lo económico, sino lo social, político y cultural.
b) No es una integración que suprima las diferencias, debe partir y asumir la
plurietnicidad y pluriculturalidad, así como las asimetrías y diversidad de posibilidades y
recursos entre los países de la región.
c) La integración desde los pueblos no es una zona de libre comercio. No le vamos
a dejar al mercado nuestro futuro. Liberar el mercado es simplemente ampliar la zona de
competencia entre empresas y dejar que el grande se coma al chico. Una zona de
integración es por el contrario la búsqueda de complementariedad y cooperación bajo un
plan preestablecido y consensuado. Ello no está peleado con la búsqueda de eficiencia y
el uso más racional de los recursos.
d) El punto de partida es el proyecto nacional de desarrollo sustentable y con
justicia social diseñado por consenso, que a su vez debe incluir la diversidad de las
subregionles dentro de cada país. Es desde lo local y nacional que se debe definir el tipo
de integración y con quiénes se desea caminar. Ello parte de la conciencia de que
nuestras débiles y subdesarrolladas economías se pueden potenciar con la integración.
e) La integración en su dimensión económica no es simplemente quitar trabas al
comercio y la inversión en la región, sino complementariedad y articulación económica.
Ello implica un proyecto y estrategia económica regional consensuada socialmente. La
elaboración de este proyecto y estrategia implica mucha investigación, ya que hoy
nuestras economías más que complementarias están en competencia. Sin embargo la
investigación debe estar al servicio de la construcción de consensos. El proyecto y
estrategia regional no es un asunto puramente técnico.
f) Los objetivos y criterios de evaluación de cualquier estrategia económica
integracionista no son los indicadores macroeconómicos, sino los resultados sociales. El
objetivo final no es el crecimiento o la ganancia, sino el bienestar de la población. El eje
central desde el que pensamos la integración, las estrategias económicas nacionales y
regionales son la plena vigencia de los derechos humanos incluidos los económicos,
sociales, laborales, ambientales, de los pueblos y comunidades indígenas, de las
mujeres, de los migrantes. En este punto la ASC está discutiendo y consensuado una
Carta de Derechos en las Américas. Se trata de consignar todos los derechos para todos
y a la vez el diseño de mecanismos e instituciones bajo control social para garantizar su
cumplimiento (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo, 2005 a)
g) La integración implica la libre circulación de los trabajadores y el pleno ejercicio
de todos los derechos laborales. La integración debe homologar hacia arriba las
condiciones y derechos de los trabajadores. Por supuesto, el primer derecho es a tener
trabajo en el propio país y a no tener que desarraigarse migrando por necesidad de
sobrevivencia. Pero en el caso de que se decida migrar debe tener la libertad de
circulación y la garantía de todos sus derechos en el lugar en que decida vivir.
h) Soberanía popular. Hay que distinguir entre soberanía de los gobiernos
nacionales que puede disminuirse y cederse parcialmente a instancias regionales y la
soberanía popular a la que no se puede renunciar. Cualquier acuerdo internacional y
mucho más una verdadera integración implica sesión de soberanía de los gobiernos a
94
mecanismos e instituciones supranacionales para administrarlos y conducirlos. No
podemos hablar de una estrategia de desarrollo regional sin instancias regionales que la
operen; pero no se puede renunciar a la soberanía popular.
i) La integración en su dimensión política implica instancias supra-nacionales de la
integración para operar y conducir la estrategia regional, pero dichas instancias deben
estar sujetas a la voluntad de la mayoría. Tienen que diseñarse mecanismos e
instituciones democráticas de toma de decisiones, de control popular y rendición de
cuentas. Sabemos de los límites de la democracia electoral y los sistemas de
representación. A nivel regional, así como en el nacional, debemos crear los mecanismos
de la democracia participativa.
Bibliografía citada
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Construcción de un Acuerdo Hemisférico de los Pueblos. Múltiples Ediciones en 4
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Francés: por Réseau Québécois sur Iíntégration Continantale, Quebec Canadá 1998;
Portugués por la Secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Francesa
Democrática del Trabajo (Francia) y Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central
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renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN)” Sep 1997
Disponible en el Centro de Documentación de RMALC
3.3 EL ALBA… DIBUJA
UN
AMPLIO TRECHO
POR
ANDAR
Judith Valencia, abril de 2005
En abril de 2001 empezó un dilema, al decirle no al ALCA qué proponer – El proceso
constituyente iba diciendo por donde. La constitución / diciembre 99 y las leyes
habilitantes / noviembre 2001 van trazando las grandes
líneas, preñadas del
96
pensamiento de Bolívar. Hugo Chávez – en diciembre de 2001 – pronuncia el ALBA como
siglas de integración de los pueblos de América. Nuestra América, la de sus pobladores.
Estos últimos 3 años el sentido inicial de las siglas ha ido tomando cuerpo. Hay quienes
siguen hablando de alternativa, otros dicen que “no es en respuesta a” por tanto no es
alternativa. Que el ALBA es el amanecer fecundo de las raíces de la identidad
latinoamericana que retoñan. El debate ha puesto en entredicho la traducción original:
Alternativa Bolivariana para América, sumándole próceres, discutiendo América. Son
variadas las versiones como es todo en tiempos de convulsión social. Todas las versiones
comparten el ALBA como amanecer, alborada, esperanza consentida, sentida y con
sentido.
El sentido contiene las culturas de los pueblos habitantes que caminan hacia el
encuentro. Pueblos indígenas, campesinos mestizos y africanos, citadinos. Pueblos de
culturas ancestrales y amalgamas recientes, sin ser nuevas ni alternativas. Estuvieron y
están allí y acontecen / persisten a la misma vez, en el mismo tiempo de la cultura
imperial que los niega y deshecha. Comparten un mismo territorio. De la lucha por el
territorio se trata. Pueblos con su propio mapa que muestra la gente invisible para la
lógica liberal, de la renta y la competencia del capitalismo depredador. El mapa muestra
el renacer de lo que estuvo oculto en un ayer de siglos. Amanece lo oculto delatando su
presencia junto a lo otro que estuvo por mucho tiempo, silente. De grito en grito se fue
amasando un cuerpo en conflicto con la estrategia contrarrevolucionaria del capitalismo
imperial transnacional. Estrategia militarista que busca imponerse ocultándose detrás de
normas y disciplinas mercantiles, sobreponiendo los derechos del capital por encima de
los derechos humanos: culturales, sociales, políticos, de los Estados logrados por las
luchas centenarias de la humanidad, condensados en Resoluciones y Declaraciones de las
Naciones Unidas en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, El derecho
mercantil borrando la vigencia de lo humano. Hacia el mundo la estrategia
contrarrevolucionaria la canalizan a través de la Organización Mundial del Comercio y en
particular, hacia el hemisferio americano se anuncia en el ALCA y la negocian y firman
con los tratados de Libre Comercio / TLC´s.
Todo punto de partida siempre es arbitrario. Con ello en mente decimos que desde la
Iniciativa para las Américas / 27 junio de 1990 (1), gobierno de papá – Bush, dos lógicas
entran abiertamente en pugna. Una, la de los derechos del inversionista expresados en la
trilogía: Inversión – Deuda – Comercio, dispositivos de la iniciativa Bush. Derechos de
invasión territorial para los inversionistas transnacionales de registro usamericanos. Otra,
la de las rebeliones por tierra exigiendo el territorio para sus pobladores, quienes desde
finales de los 80´s comienzan a emitir señales de rebeldía.
Ciertamente la demarcación de los tiempos es arbitraria. Las investigaciones de Aníbal
Quijano desmiente la novedad de la confrontación entre dos lógicas. Da muestra de la
importancia fundamental de lo oculto que retoña y narra el punto de partida del
enfrentamiento entre las dos lógicas. Nos dice que la historia desde la modernidad
comienza el violento encuentro entre Europa y América que condensa una nueva
intersubjetividad
que produce el reemplazo del pasado por el futuro, de allí la
producción de las utopías europeas. Desde el siglo XVI la historia comienza a ser
proyectada, cargada de futuro, de sentido. En esas utopías las imágenes más poderosas
fueron, ante todo, contribución seminal de la racionalidad andina al nuevo imaginario
europeo: el hallazgo de las instituciones sociales andinas, establecidas entorno a la
reciprocidad, de la solidaridad, del control de la arbitrariedad, y de una íntersubjetividad
constituida alrededor de alegría del trabajo colectivo y de la comunidad vital con el
mundo. Digo, nada tiene mejor parecido con el ALBA. Nada de eso provenía del pasado
europeo. Desde sus inicios, la Ilustración europea contiene una división entre las
tendencias para las cuales la racionalidad es una genuina promesa de liberación de la
humanidad y para quienes la racionalidad es un dispositivo instrumental del poder, de la
dominación.
De lejos viene la pugna y desde tiempo quedo marcada la imposición de la hegemonía
del utilitarismo inglés sobre el resto de Europa y en el siglo XIX sobre la mayor parte del
mundo. Imponen la racionalidad como arsenal instrumental del poder, esto es la
97
transformación del mundo, de la sociedad, según las necesidades de la dominación del
capital, despojado de toda otra finalidad que la acumulación. La investigación delata,
denuncia no sin destacar que en América Latina hoy, como siempre, en las raíces de la
identidad no han abandonado sus tensas relaciones entre si. De allí la permanencia
subjetiva de cosas expresadas por Pierre Clastres: “es el propio Estado el que introduce
la división…”.
Estas sociedades son ‘igualitarias’ porque ignoran la desigualdad: un hombre no ‘vale’ ni
más ni menos que otro, no hay en ella, superiores ni inferiores… nadie puede más que
otro, nadie detecta el poder… el goce de la libertad expresaba el ser natural de los
hombres… ¿por qué tuvo lugar la desnaturalización del hombre? Las sociedades
primitivas rechazan la relación de poder impidiendo que el deseo de su misión se
realice….
Ubicado en esta dimensión el problema de la identidad, permite que nos reencontremos
con la matriz que nutrió a Bolívar y junto a él a otros próceres de los siglos XVIII y XIX.Muchas de las revueltas de finales del siglo XX caminan sobre esas huellas y por los
intersticios del dominio imperial brotan y crecen presentándose en plan de lucha contra
la lógica contrarrevolucionaria invasiva.
El ALBA propone el renacer de los proyectos de vida que quedaron inconclusos, que
fueron abortados, reprimidos por siglos / por décadas. Que renazcan y se unan los
sueños retenidos en el tiempo. El ALBA lo elaboramos todos y cada uno de nosotros.
Reúne proyectos múltiples y diversos. Como son diversos los pueblos que habitan el
continente. Marchamos juntos respetando los ritmos. Sí somos todos, significa ritmos
diversos. Este planteamiento desconcierta. Todos los sujetos sociales, platean lo suyo sin
sujetar a los otros, guiados por la premisa de que la felicidad es una construcción cultural
y asumiendo como política de Estado que la pobreza solo se supera dándole poder a los
pobres.
Del
desconcierto
del
planteamiento
derivo
algunos supuestos de
contexto del ALBA’s
1. i algo inédito tiene lugar
en tiempos del ALBA’s es
que el cada día del hacer
social se nutre de sentido
con la práctica del proceso
bolivariano.
De los supuestos podemos derivar situaciones en
procesos reales
1. ntre abril y diciembre 2002, el proceso bolivariano
aprendió la importancia de la movilización. No era
suficiente la movilización electoral. No bastaba
emprender proyectos culturales. Hay momentos que
requieren de la movilización de todos y que en
circunstancias de alerta van dictando cause del
desenvolvimiento de la situación. En la calle los pueblos
unidos derrotaron el golpe de estado y el sabotaje
petrolero. Los pueblos en la calle – indígenas,
campesinos, citadinos – y el gobierno en situación de
crisis, juntos reconocieron sus carencias. De ese
reconocimiento algunos hasta entonces “planes de
gobierno” se convirtieron en Misiones, desbordando las
instituciones del Estado. Sin disolver el Estado, la
sociedad asumió misiones de gobierno. Los criterios de
eficiencia de la forma perdieron la razón ante el
experimento social de organizarse partiendo de las
necesidades: de saber, de salud, de alimentación. De
saber: desde leer, oficios, profesiones hasta vivir y
producir. De salud: de cuerpo y mente sana en su
propia comunidad. De alimentación: facilitando como
distribuir un ingreso siempre escaso. Sin desasistir las
necesidades de seguridad, y de información política, las
misiones avanzan hacia la formación de un solo ejército
[cívico/militar] en la Producción y la Defensa. Un
98
2. as ideas que se conjugan
en cada ALBA toman perfil
en el camino.
El tiempo diario hace suya
la palabra de Chiapas:
“caminamos preguntando.”
3. Si es un proceso y los
perfiles son culturales y en
tiempo diario, quiere decir
que comparten geografía /
territorio pero despliegan
culturas y ritmos diferentes.
4. Culturas/costumbres que
significan maneras de vivir:
de producir, de consumo,
de ritos y mitos, de visiones
diferentes.
5. Ritmos diferentes de
entre culturas y entre
sujetos
de una misma
cultura.
colectivo en tensión diaria – La Constitución refrendada
el 15 de diciembre de 1999, junto a las leyes
habilitantes del 13 de noviembre de 2001, en especial:
la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la Ley Orgánica
e Hidrocarburos, brindaran la posibilidad ante la
necesidad imperiosa de convertir “planes de gobierno”
en tareas del pueblo protagónico. La reconquista de la
tierra / del territorio y del recurso natural no renovable /
de PDVSA – del ingreso petrolero, le dieron condiciones
y le dan futuro posible a la voluntad política de darle
poder a los pobres a través de las misiones. Esto es algo
de lo inédito en tiempo de ALBA’S. Las Misiones:
Robinsón, Ribas, Sucre, Barrio Adentro, Vuelvan Cara,
Mercal
con
todas
las
tareas
y
actividades
complementarias que de ellas se derivan dan sentido a
la vida. Visto así el desarrollo endógeno es hacia
adentro de lo humano y de la geografía, es un territorio
con sus pobladores que laboran su propio destino
soberano.
2 y 3. Cada ALBA con su perfil. A las misiones asistimos
hombre y mujeres de diversas cultural esto quiere decir
que todos leemos pero no en el mismo libro. Todos
leemos y traducimos lo leído, según nuestra cultura. Los
pueblos citadinos tienen costumbres de la ciudad, pero
según su región originaria y/o su raza, son citadinos
culturalmente diversos. Según será su hogar, sus
gustos, sus hábitos, ritmos de comprensión y acción. En
síntesis: sus valores y futuros.
Los pueblos indígenas según su geografía, su
cosmovisión, labores, ritos y mitos: Sabrán, tendrán
salud, consumirán según la fuerza de su tradición. Igual
con los campesinos, indígenas o afrodescendientes,
andinos o isleños. Cultivadores de la tierra y/o del mar o
del rió. Cada cual tiene lo suyo no transferible. Los
ritmos de vida están impregnados de cultura, de
condiciones del saber. Hay un ritmo del analfabeta, que
al leer ajusta el paso dimensionando la vida. Es un ritmo
diferente de quienes por labor leímos desde siempre. Al
reconocer los ritmos y respetarlos, lejos estamos de
diseñar la integración dejando sujetos afuera. Todos allí
en desacuerdo práctico con los criterios de la
competencia que deshecha a las grandes mayorías.
4. ALBA indígena y/o campesino ocupando una
dimensión de territorios que significa su habitar/morar,
extenso pero imprescindible para satisfacer sus
necesidades culturales. Las tribus no pueden aceptar
reubicación ni limitación de espacio. Los campesinos no
pueden aceptar reducción de mecanismos de apoyo y de
mejoras en las condiciones generales de vida. Las
misiones crecen y se difunden por la extensión del
territorio nacional.
5. Las culturas tienen ritmos socialmente diferentes. Las
ciudades tienen ritmos descompensadores de los
biorritmos y de la naturaleza. Hay culturas que caminan
al ritmo de la naturaleza y merecen respeto. No
pretender exigirles a unos que alcancen los ritmos de
otros. Cada quien a su paso pero todos juntos
defendiendo la soberanía nacional. Igualdad de
condiciones
con
iguales
derechos
y
deberes
99
constitucionales. Estas situaciones en proceso real
avanzan como integración entre los pueblos. El proceso
bolivariano mucho tiene que ver en esto, por voluntad
política y por contagio social/ cultural.
También están inscritos como versiones del ALBA los Convenios Comerciales
Compensados y las Alianzas Estratégicas circunstanciales. Como variables de combate,
contra los pretendidos tratados en negociación: ALCA / TLC’s y para desviar la dirección
de los compromisos adquiridos por Venezuela en gobiernos anteriores. Como lo comenta
Chávez: “Compromisos sinceros sin simulación… de vida, de patria, de verdad”.
Los Convenios y las Alianzas guiados por el sentido del ALBA`s, entienden que en el
comercio no esta el problema. La trampa esta cuando diciendo que negocian comercio lo
que pretenden es lograr pleno derecho para invadir territorios con inversiones negándole
la soberanía a los Estados poblados no solo por inversionista.
De Convenios Comerciales Compensados el mejor ejemplo avanza desde diciembre de
2004. Los gobiernos de Cuba y Venezuela decidieron dar pasos concretos hacia el
proceso de integración “admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado en la
medida que esto resulta mutuamente conveniente para ampliar y profundizar el
intercambio comercial”.
El Acuerdo incluye una declaración de principios comunes y cada República propone
acciones propias donde expone lo que necesita y lo que otorga este convenio compensa
bienes y servicios según las necesidades y capacidades. Es así como: “Venezuela ofrece
becas para estudio en el sector energético” “Cuba ofrece 2000 becas anuales para la
realización de estudios superiores en cualquier área de interés, incluida las áreas de
investigación científica”.
Las Alianzas Estratégicas circunstanciales tienen al petróleo como centro. EL gobierno
venezolano utiliza su recurso abundante, escaso en territorios de gobiernos aliados,
negociando intercambios complementarios sin exigir compensaciones que vulneren la
soberanía de los Estados y dando condiciones de comercialización solidarias que
sustituyan las exigencias de las transnacionales privadas. Desde julio de 2002, Hugo
Chávez propuso en el marco de la II Reunión de Jefes de Estado de América del Sur /
Guayaquil – Ecuador la creación de Petroamérica. El 12 de agosto de 2003 en la Carta de
Intención suscrita con Trinidad y Tobago se contempla un concepto: mecanismo para
promover la cooperación entre compañías estatales latinoamericanas de petróleo y gas.
Siete días después en Buenos Aires nace la intención de Petrosur, y será el 8 de julio de
2004 cuando quede conformada en la Declaración de Iguazú. A los dos días, en Caracas,
surge la iniciativa de Petrocaribe, y el 27 de agosto de 2004, en Jamaica suscriben un
Comunicado Conjunto. Venezuela después del golpe de Estado del 11 de abril de 2002,
en el que los ejecutivos petroleros de PDVSA estuvieron comprometidos, inicia una
estrategia petrolera latinoamericana. Política que avanza y se perfila después del rescate
de PDVSA con la derrota del sabotaje petrolero del 2/12/2002 a marzo de 2003.
Las Alianzas estratégicas que tienen como centro el petróleo y el gas son políticas
comerciales fundadas en la conservación de los recursos naturales no renovables, la
solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre los pueblos para asegurar el
acceso democrático a la energía a un precio razonable. Se concibe como un acuerdo
entre gobiernos, no prevé la fusión con capital energético privado, ni la transferencia de
recursos del sector público al privado. Concreta esfuerzos para la complementariedad de
las capacidades de nuestras empresas estatales de energía.
En los últimos 2 años las Macroruedas Binacionales de Negocios, sin tener novedades, en
tanto son negocios entre empresarios privados con los gobiernos como facilitadores,
ayudan a diversificar orígenes y destinos de las exportaciones e importaciones y con ello
reavivan actividades productivas interrumpidas por las políticas de ajustes estructurales
y por las acciones de la competencia transnacional estimulan la producción de
empresarios privados quienes se habían limitado con asociarse a las oportunidades
brindadas por las transnacionales y satisfacen el consumo productivo y de sujetos
sociales demandantes. Despertarles las actitudes empresariales no está mal. Si con ello
100
le restamos apoyo real personal/político a la ofensiva contrarrevolucionaria de la
intención hemisférica envolvente y expansiva del inversionista imperial.
Notas:
(1) Iniciativa para las Américas. George Bush. 1990.
(2) Aníbal Quijano. Modernidad, identidad y utopía en América Latina. Octubre 1987.
(3) Pierre Clastres. Investigaciones en antropología política. 7. - Libertad, desventura,
innombrable. Gedisa. 1981. - Pierre Clastres: La Sociedad contra el Estado. Monte Avila editores
1978 (Pág. 85) Y no se trataba de pequeñas poblaciones: “para la región mexicana de Anáhuac
(514.000 Km. 2 ) determinan, en 1519+, una población de 25 millones… una densidad comparable
a la de Francia de 1789, de 50 habitantes por kilómetro cuadrado”.
3.4 GUIÓN: ALGUNOS PUNTOS
PARA EL
DEBATE
SOBRE LA
INTEGRACIÓN
REGIONAL
01 de Agosto de 2006
a) Un enfoque político general: América Latina en 2006
En enero de 2005 el ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) no entró en vigor.
Su negocación está suspendida. En noviembre de ese año las presiones del gobierno
Bush em la Cumbre de Presidentes de las Américas (menos Cuba) en Mar del Plata no
consiguieron arrancar uma agenda de retomada de las negociaciones por causa
principalmente de la oposición de Venezuela y los países del Mercosur. Em julio de 2006,
em Córdoba, Argentina, los presidentes del Mercosur se reunieron com la presencia de
un nuevo miembro, Venezuela (1), y los jefes de estado de Chile, Bolivia y Cuba (1).
Mucho se puede especular o discutir sobre que “el ALCA no es un proyecto muerto” (que
está em “compás de espera”, está siendo implementado por la “vía de menor resistencia
a través de los TLCs sub-regionales”) y de que el Mercosur, la Comunidad Sudamericana
de Naciones (CSN o CASA), el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y los TCPs
(Tratados de Comercio de los Pueblos), esto es, los procesos inter-estatales que apuntan
a la integración regional, enfrentan serias dificultades de construcción y conflictos entre
sus miembros, son limitados em relación a la agenda general, etc. Pero, HOY, la agenda
política de AMÉRICA DEL SUR está tomada prioritariamente por el tema de la integración
regional.
El gobierno de los Estados Unidos bombardea este escenario presionando por TLCs (ya
tiene com Chile, acaba de negociar com Colombia y Peru) pero esas victorias “puntuales”
son la confesión de la derrota regional (ya que quedan afuera tanto los países de más
peso económico (Argentina, Brasil, Venezuela) como otros que tienen atractivo
económico-geopolítico (por su ubicación o por sus recursos naturales: Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Ecuador...) (2).
Cuando las primeras manifestaciones contra el ALCA ocurrieron em 1997-98 el escenario
era muy distinto. (Aún em abril de 2001 em la Cumbre de Presidentes em Quebec
apenas el gobierno de Venezuela presentaba tímidos y aislados cuestionamientos al
proceso impulsado por el gobierno de los Estados Unidos com el apoyo de sus
incondicionales em la región). Estábamos aún em un escenario dominado
101
ideologicamente por el “pensamiento único” y de que “no hay alternativas” que había
copado a la región (y al mundo!) com la ofensiva neoliberal iniciada em la década de
1980 y consolidada com las derrotas políticas de los proyectos socialdemócratas en
Europa occidental (entre finales de los años 1970 y la década siguiente) y la derrocada
del socialismo burocratizado em el Este Europeo (consumada com la disolución de la
URSS em 1991). En las esferas regional y mundial lo que estaba sobre la mesa de
negociaciones comerciales era la agenda de las corporaciones transnacionales (cuyo
paradigma es el NAFTA, pero em el ALCA los negociadores de los Estados Unidos ya
pensaban em ir más lejos aún).
Essa agenda es hoy ampliamente contestada em la opinión pública y desde los
movimientos sociales de la región. A lo largo de los años hubo, de hecho, uma educación
política popular masiva em nuestros países sobre los temas involucrados em las
negociaciones. Ocurrieron movilizaciones em diversos contextos y naciones contestando
puntos importantes de esa agenda. Finalmente, varios gobiernos expresaron que no hay
como aceptar el paradigma del NAFTA extendido a la región. Eso explica que el ALCA se
haya enpantanado.
Estamos ahora em el tiempo de las alternativas concretas y el tema de la integración
regional (de América del Sur exclusivamente o ampliada hacia otros países también)
tiene un papel central em consolidar esse nuevo escenario.
Ahora bien, esto ocurre en un momento en que la coyuntura mundial registra el auge del
"unilateralismo" del gobierno norteamericano y la agresividad de su agenda militar,
política e económica. Un proyecto de integración regional contra-hegemónica deberá
responder no solamente a la agenda de las negociaciones comerciales internacionales
sino también ser orientada por un proyecto que cuestione esa polítical imperial en los
otros campos.
b) “Integração regional”, en coyunturas diferentes
Con uma misma denominación, “integración regional”, se han planteado muchas cosas
diferentes a lo largo de la historia de nuestro continente y uma dilucidación de conceptos
y procesos históricos sería, sin duda, necesaria [Aunque, obviamente, se trata de uma
tarea política e intelectual de largo aliento y que debería involucrar a diversos sectores].
Para el objetivo de este documento basta decir aquí que cuando HOY tratamos de la
integración regional debemos actualizar el debate para la coyuntura política regional
específica que antes referimos. Es decir, estamos tratando de un proyecto de integración
regional CONTRA-HEGEMÓNICA, de oposición a la agenda que el gobierno de los Estados
Unidos (y otras potencias) tienen para la región, de afirmación de un proyecto regional
que incorpore las aspiraciones populares y nacionales.
Esto es importante porque parte importante del debate em nuestros países sobre
integración regional de la segunda parte del siglo XX se dió em el marco de (o, incluso,
para reforzar) la hegemonía de los Estados Unidos sobre la región.
c) "Integración regional" y "libre comercio"
Los temas aquí tratados tienen una larga historia. Es así natural que hayan adquirido en
nuestros idiomas sentidos diversos dependiendo del momento histórico a que se refiere.
Así, por ejemplo, la historia del concepto de "libre comercio" puede tener como uno de
sus puntos importantes las obras de Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (17721823). Se trataba de eliminar barreras aduaneras entre países para que el comercio de
mercancías se hiciera libremente. Eso favoreceria a ambos países, mismo que hubiera
grandes disparidades entre ellos. El imperio inglés la tuvo como su bandera de expansión
económica en el siglo XIX.
Registremos que el pensamiento crítico latinoamericano cuestionó profundamente las
102
bases teóricas y los resultados históricos de la aplicación de esa receta en nuestra región.
Debemos rescatar esa herencia intelectual que los años neoliberales han querido
enterrar: los debates de la CEPAL entre 1949 e inicios de los años 1980, la teoria de la
dependencia, etc.
Pero, el "libre comercio" que está en la agenda desde los años 1980 no se refiere tan
solamente a la "libre circulación de mercancías". En la OMC, en el ALCA y en los TLCs biregionales hay una amplia agenda de temas que buscan definir supranacionalmente
limitaciones a los estados nacionales en su "capacidad de hacer política de desarrollo"
para fijar lo que sería una "carta de derechos de los capitales transnacionales" (para
protegerlos de los pueblos). Su lógica, que viene de la hegemonía ideológica neoliberal
de los años 1990, es que si el país que "hace su lección de casa" (cumple las recetas del
Consenso de Washington, por ejemplo) los capitales le retribuirán invirtiendo, creando
empleo y bienestar social. El destino de esa sociedad y de ese país estará entregado "al
mercado" (lo que hoy es decir al gran capital transnacional).
Podrá rastrearse en las propuestas de integración regional - tal como ahora está en
pauta - temas que están en la agenda del libre comercio. Al final, se espera que, en el
marco de la integración, prospere el comercio entre nuestros países. O que haya reglas
para que la inversión de capitales de un país se pueda realizar en el otro. Pero aquí el
sentido es totalmente otro. El punto de partida y el trayecto que se espera cumplir son
totalmente otros, tal como se verá más adelante.
d) Integración regional, condición para enfrentar a los proyectos hegemónicos
del capitalismo global
En la visión que aquí trabajamos la integración regional es un paso y una herramienta
para alterar la inserción de nuestros países en el mercado capitalista internacional y en la
geopolítica mundial.
Es obvio que ninguno de nuestros países aisladamente tiene condiciones materiales para
hacer frente a las presiones de las principales economías capitalistas. La dependencia de
nuestros países en relación al capitalismo central existe y funciona. Los gobernantes
entreguistas (como Menem en Argentina, FHC en Brasil, Sanchez de Lozada en Bolivia
etc.) que aplicaron políticas tomando la dependencia (de nuestros países en relación a
Estados Unidos) como dada e inamovible buscaban navegar a favor de esa corriente. Lo
que se vió es que ahí no hay proyecto de país ni de sociedad, hay un proyecto de
anexación de nuestra región a la economía, política internacional, estrategia militar e
industria cultural de los Estados Unidos.
La integración regional permitirá aprovechar una diversidad de recursos (naturales,
productivos, financieros, científicos e intelectuales, etc.) que existen de forma
diferenciada entre nuestros países fortaleciendo las capacidades regionales, nos daría
una mayor identidad y cohesión política enquanto "bloque regional" y de esa forma nos
permitiría otras posibilidades de acción a nivel internacional (en negociaciones
comerciales con otros países o bloques, en el sistema internacional etc.).
e) Puntos de partida para un proyecto de integración regional contrahegemónico
Para construir un proyecto de integración contra-hegemónico no partimos del "cero".
Tenemos, en primer lugar, los debates realizados por nuestros movimientos EN EL
PERÍODO POLÍTICO ANTERIOR y en respuesta a una agenda diferente (colocada por las
fuerzas neoliberales).
Se trataba de enfrentar al ALCA: en "Alternativa para las Américas" están sistematizadas
una serie de propuestas de los más diversos movimientos en oposición a la agenda del
gobierno de los Estados Unidos. En las declaraciones y documentos de los varios
Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA (realizados en La Habana) están
103
registradas las críticas al ALCA y las reivindicaciones de los movimientos sociales.
Se trataba de impulsar al Mercosur y a la CAN en un rumbo diferente al que se le impuso
en los años 1990: diversos movimientos levantaron propuestas alternativas (sindicatos,
mujeres, campesinos etc.). Más recientemente también entró en la discusión los rumbos
de la ALADI. Igualmente el IIRSA viene siendo discutido y cuestionado en sus
fundamentos por los más diversos movimientos. La Comunidad Sudamericana de
Naciones (CSN o CASA) es un tema aún más reciente y el que será utilizado por nosotros
para lanzar un debate más general sobre la integración.
No nos escapa que la DISCUSIÓN ANTERIOR ES LIMITADA por el papel que cumplió reactivo y defensivo frente a la ofensiva neoliberal en la región.
También reconocemos que diversos gobiernos han abierto sus agendas en los últimos
años buscando otras perspectivas en acuerdos comerciales en curso (por ejemplo, los
Fondos Estructurales en el Mercosur) o nuevos tipos de acuerdos (ALBA, TCP).
Finalmente hay otros actores que deben ser convocados para ese debate a más de
gobiernos y movimientos sociales. Los partidos políticos deberían tener un papel clave
en ayudar a formar una voluntad política integracionista y tienen un espacio de
convergencias en el Foro de S. Paulo. Las universidades y los centros de investigación
deberían entrar fuertemente en el debate como parte de un esfuerzo de pensar nuestra
región desde sus raíces y sus necesidades - porque el neoliberalismo colocó a la
intelectualidad una perspectiva subordinada al punto de vista de las metrópolis. El
diálogo entre las diversas religiones e iglesias que existen en nuestra región podría tener
un papel importante en el fortalecimiento de la pluralidad de nuestra identidad como
pueblos.
El proceso que los movimientos vamos a realizar hasta diciembre para la Cumbre Social
en Santa Cruz de la Sierra, deberemos, por un lado, definir los puntos prioritarios en
nuestra agenda para al integración - partiendo de los que los propios movimientos
sociales ya han acumulado - y, por el otro, el diálogo con otros actores de ese proceso.
Entendemos que la agenda tiene áreas importantes de concentración temática sobre las
cuales debemos debatir:
1) Una integración para la sinergía entre y para la reorientación de nuestras economías.
La herencia colonial de nuestros países ha hecho que nuestras economías sean en
muchos casos competidoras entre sí al servicio de los mercados y capitales de lo países
del capitalismo central. Una política de integración tiene que apostar a la
complementariedad y al desarrollo con equilibrio entre regiones, países y sectores.
Por otro lado, nuestras economías están tomadas por oligopólios en gran parte de
capitales internacionales. La integración debe servir para apoyar y expandir la economía
solidaria, la economía campesina, a los pequeños y medianos productores del campo y la
ciudad y a fortalecer la capacidad de nuestros estados de "hacer políticas de desarrollo"
definidas democráticamente por nuestros pueblos.
Hay una matriz productivista depredadora del medio ambiente que debe ser combatida
con una perspectiva sustentable siempre que se discuta la ampliación de proyectos de
producción y las necesarias reconversiones de sectores productivos nocivos a la
renovación del medio ambiente.
El actual modelo económico es sostenido por una division entre producción y
reproducción que impone a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado. Para un
proceso de integración generador de igualdad hay que romper con esa lógica, cuestionar
la division sexual del trabajo y actuar para el equilibiro entre producción y reproducción.
Las economías de nuestros países vienen de muchos años de aplicación de recetas
104
neolberales que tuvieron como uno de sus ejes la destrucción de conquistas laborales y
sociales de las clases trabajadoras. Un proceso de integración debe estar afianzado
sobre un compromiso de recuperar, universalizar y ampliar derechos en el mundo del
trabajo. Y hoy día se agrega con mucha fuerza la defensa de derechos de las poblaciones
migrantes que han tenido que abandonar sus países de origen por causas económicas o
políticas.
2) Una integración cuyo punto de partida debe ser el bienestar social.
La agenda no debe ser (apenas ni sobretodo) económica. Es fundamental desarrollar
políticas sociales de atendimiento universal a las necesidades de salud, educación,
moradía y acceso a la energía electrica y al agua de nuestros pueblos.
Eso significa combatir las pretensiones de las corporaciones transnacionales de
transformar esos servicios en negocios privados internacionalizados y desarrollar políticas
para la universalización del acceso a esos servicios.
La integración debe venir también con políticas de afirmación de los derechos de las
poblaciones que han sido oprimidas por el capitalismo dependiente, el patriarcado, el
colonialismo. El derecho a la igualdad para las mujeres, para las poblaciones negras, la
libertad de opción sexual, el reconocimiento de los derechos a su cultura, a territorios y
autonomías de los pueblos originarios son parte de esta agenda.
3) Los dos puntos anteriores se combinan con la discusión sobre las matrices de neustras
infraestructuras regionales.
Nuevamente la herencia colonial ha hecho que las vías de comunicación de nuestros
países solo existan para vincularnos a las metrópolis; no hay vías de transporte barato y
masivo de personas y cargas entre nuestros países. La integración regional es también y
necesariamente la inter-comunicación de territorios a través de carreteras, ríos y vías
ferreas. Ahora bien, la infra-estrucutra para conectar a los pueblos puede ser utilizada
también para hacer de nuestra región una plataforma de exportaciones baratas a las
metrópolis; este desvío no se resolverá bloqueando el desarrollo de la infraestructura,
mas reorientando el desarrollo de neustros países. Pero esta debe ser también una
decisión de los territorios y las poblaciones que van a ser inter-conectadas. Es decir,
suponer una participación popular en la definición de esos proyectos, que hoy no existe.
La cuestión energética es clave para el futuro de nuestras sociedades. Partimos de la
matriz energética heredada del siglo XX y necesariamente en este punto de partida habrá
que combinar nuevos desarrollos sobre la misma con nuevas fuentes de energía
renovables y más limpias que las actuales. Cuál debe ser el mix entre pasado y futuro en
el momento actual?
Por otro lado, es importante notar que buena parte de la agresividad imperialista en este
comienzo del siglo XXI tiene que ver con el tema energético, lo que nos debe llevar a
considerar esta dimensión a la hora de las propuestas (ya que el imperialismo tiene una
agenda muy fuerte en este tema en particular).
4) Desatar todos los nudos de la dependencia
Nuestra región pasó de colonias de alguna metrópoli europa (en realidad, aún persiste el
colonialismo francés en territorio sudamericano en la Guayana, cuya independencia
debemos apoyar y reivindicar junto con el movimiento de liberación que allí lucha) para
la condición de países dependientes del imperio de turno.
Desatar esos nudos tendrá un punto de apoyo importante en la integración regional
como antes diseñada pero pasa por libertar a nuestros países de la subyugación
financiera internacional (que se da a través de la deuda externa, de la expeculación
financiera internacional etc.) No es mera casualidad que en órganos que promueven la
dependencia de nuestros países - como el FMI y el Banco Mundial - haya tomado
105
relevancia la discusión sobre la necesaria "coherencia" entre las políicas que nos quieren
imponer (es decir, que deben ser "coherentes" las políticas impuestas por el FMI, con las
del Banco Mundial y las de la OMC y TLCs...). Desatar los nudos de la dependencia
financiera internacional es una pauta prioritaria.
Otro nudo es el de la presencia militar de los Estados Unidos en nuestra región (a través
de bases como las que tiene en Colombia y Ecuador, o de tropas como las que están en
Paraguay) y su política de intervención en los asuntos internos de nuestros países
(actualmente a pretexto del combate al narcotráfico y el terrorismo). Desarrollar una
política de seguridad regional autónoma es uno de los grandes desafíos puestos a
nuestrros pueblos para el próximo período.
PARA FINALIZAR este guión de lanzamiento del debate, queremos enfatizar que se trata
de un proceso. Pero, nuestro punto de partida es de conquistas en la fase de la
resistencia y en la apertura de un período político donde las posibilidades de construir
alternativas son concretas y que ya ha comenzado. Sin embargo, no hay que esperar
soluciones mágicas, simples ni rápidas para el conjunto de temas aquí elencados. No
ignoramos que hay muchas contradicciones e incluso conflictos que deberán de ser
enfrentados entre los actores de este nuevo escenario que decimos está puesto.
Afirmamos que la alternativa deberá ser la convergencia de una pluralidad de propuestas
y no un nuevo "pensamiento único".
Han sido cinco siglos de opresión, dominación y destrucción colonial y neocolonial a los
que nuestros pueblos han respondido con muchas luchas, movilizaciones y revoluciones.
Enfrentamos hoy la herencia colonial pero enarbolamos también la esperanza construidas
en las resistencias. Tenemos una ardiente paciencia histórica pero también la firme
convicción de que ha llegado el tiempo de los pueblos en nuestra región.
Notas:
(1) La incorporación de Venezuela como miembro pleno aún tramita em sus aspectos
formales, pero ya hay uma decisión favorable de todos los actuales miembros del
Mercosur.
(2) A nivel continental, sin embargo, el cuadro es algo diferente. La firma del RD-CAFTA
refuerza el carácter de área de influencia directa de los Estados Unidos que se mantiene
em países de América Central y el Caribe. Ya el caso pionero de TLC, el NAFTA, que
incluyó a México desde 1994, depende ahora de cómo evolucione la coyuntura de ese
país, muy marcado por movilizaciones populares que tienen como uno de sus ejes el
cuestionamiento a ese tratado (como la de "El campo no aguanta más") y que ahora
tienen el foco en la campaña ciudadana contra el fraude electoral promovido por el PAN
(P. Acción Nacional, de derechas) para impedir la victoria del candidato del PRD (P. de la
Revolución Democrática) crítico del NAFTA.
3.5 INTEGRACIÓN
DE LOS PUEBLOS: DOS FRENTES DE LUCHA CONTRA EL LIBRE
COMERCIO
Gonzalo Berrón
La avanzada del “libre comercio” es global y se expresa de múltiples formas
Durante los días 9 a 13 de noviembre pasados en San Pablo, Brasil, más de 70 delegados
de movimientos y organizaciones sociales del mundo entero, pertenecientes a la red
Nuestro Mundo No Está en Venta, se reunieron para evaluar la coyuntura de las
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y definir sus estrategias
de acción. Facilitada por la reciente suspensión por tiempo indeterminado de las
negociaciones en éste ámbito global del comercio, el análisis realizado se centró en la
106
constatación de algo que en nuestra región ya es conocido, pero que a nivel global
parecía oculto tras las negociaciones de la OMC: el “libre comercio” se extiende de
múltiples formas, a través de múltiples acuerdos y de forma similar en todas las regiones
del planeta.
En las Américas, esta ola arranca en 1989 con el Acuerdo del Libre Comercio Estados
Unidos- Canadá, sigue con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
que incorporó a México, y luego con la tentativa fallida del gobierno de los Estados
Unidos para crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ante la lentitud de
las negociaciones de ésta última, se asiste a otra ola de acuerdos, que incluyeron
primero a Chile (2003), pero después a los países de América Central, República
Dominicana (DR-CAFTA, como se lo conoce en inglés) y Panamá, y lo más reciente, los
TLCs con Colombia y Perú.
Como si esto fuera poco, dicha “ola de libre comercio” viene también de Europa, con los
llamados Acuerdos de Asociación que la Unión Europea (UE) negocia con las regiones de
nuestro continente. Ya lo ha hecho con Chile y México, lo intentó con el Mercosur y,
desde mayo de 2006, está en negociaciones con América Central y la Comunidad Andina.
Con los países, negocia acuerdos similares en el marco de lo que ellos denominan
Economic Partnership Agreements (EPAs), que no son otra cosa que una revisión de los
términos de los acuerdos preexistentes entre la UE y los países de África, el Caribe y el
Pacífico, de corte librecambista y ya no de tratamiento especial cómo los anteriores. Así
como en las Américas, entonces, la pulsión del libre cambio, empujada desde las
potencias económicas del Norte se extiende por todo el planeta con ímpetu y diversidad
de formas.
Sin embargo, lo trágico de este escenario está dado ya no por la esperada agresividad de
la Unión Europea y los Estados Unidos en el comercio, sino por el hecho de que el libre
comercio es adoptado en muchos lugares como el credo religioso que orienta la política
externa de países en desarrollo. La hegemonía de la ideología del libre comercio ha sido
tan fuertemente implantada en los años 90 que, pese a haber recibido algunos reveses,
aquellos gobiernos que no confían en su credo se ven sometidos a intensas críticas y
generalmente son acusados de “antiguos”, “anticuados”, cuando no de “aislacionistas” o
“proteccionistas”. Este último término es empleado de forma despectiva, ¡cuando
proteger pueblos y economías nacionales debería ser una de las obligaciones de todo
buen gobernante!
Así, Asia, Japón y China en particular, pero también otros países que ya se han
incorporado “exitosamente” al mercado global, avanzan con acuerdos regionales de libre
comercio. En África sucede lo mismo: los procesos de integración regional aspiran
siempre como fin último al libre comercio. En las Américas, esta tentación, siempre
presente, ha encontrado algunos obstáculos, pero sin dudas se plantea como una de las
batallas más duras en el interior de los bloques regionales.
Aquí entramos en el tema que nos convoca: la relación entre comercio y los procesos de
integración entre los países, en particular entre los países en desarrollo. Esta cuestión
tiene dos posibles abordajes. El primero es el que se refiere a los acuerdos de libre
comercio de la región, o de países de la región, con bloques o países de fuera de la
misma (por ejemplo, en la CAN, el acuerdo de Colombia con los EEUU). El segundo
abordaje es el del libre comercio al interior de la región como meta final del proceso de
integración. Ambos temas son polémicos.
El libre comercio, una amenaza externa a la integración
El primero es la gran amenaza para los procesos de integración, pues representa el
intento de actores extrarregionales de impedir, por la vía del comercio, el avance de
alternativas regionales de desarrollo económico y social. En este sentido, la consolidación
de bloques económicos de diversa escala pero que, con potencialidades para
implementar estrategias de desarrollo autónomo y de ampliación de mercados regionales
más vigorosos, en definitiva podría redundar en el fortalecimiento geopolítico de grupos
107
de países de las Américas, es visualizada como una amenaza estratégica que hay que
detener. Así han operado en nuestras Américas los acuerdos del CAFTA, que destruye el
proceso integrador del Sistema de Integración Centro Americano, al determinar niveles
diferenciados de apertura económica respecto a los Estados Unidos y poner a la región a
trabajar ya no en función de la autonomía económica integral sino sólo de aquellos
nichos de producción orientados al mercado norteamericano. El caso de la Comunidad
Andina de Naciones es más fuerte, pues ésta es poseedora de una institucionalidad
mayor, y más estricta en términos comerciales, y es víctima ahora de los acuerdos
firmados por Colombia y Perú, que desafían esa institucionalidad, ponen en crisis todo el
proceso de integración y han provocado, de hecho, la salida de uno de sus principales
miembros, Venezuela. Finalmente, ésta es la misma estrategia usada en el caso de la
propuesta de un TLC con Uruguay recientemente levantada por los Estados Unidos y
vista con interés por algunos miembros del gobierno del país sudamericano – por suerte
hoy congelada.
Entonces, si los acuerdos de “libre comercio” han significado, desde esta perspectiva, una
amenaza a los procesos de integración en curso, esa amenaza es potencialmente más
fuerte para los intentos de construcción de futuros proyectos de integración, o más
concretamente, procesos como la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), que, en
estado germinal, están en riesgo de ni siquiera ver la luz pues son cuestionados por los
acuerdo de libre comercio preexistentes que pueden llegar a limitar su potencialidad. En
este caso en particular, la voluntad de algunos países por darle vida a un bloque
sudamericano los lleva a relativizar aspectos centrales como éste y empujan
flexibilidades institucionales hacia dentro de la CSN, que, al permitir la “coexistencia
pacífica” de países con TLCs con países sin TLCs, en definitiva están abriendo la puerta al
avance de los TLCs y de hecho levantando sobre pies de barro un proyecto ambicioso de
integración regional, pues el avance de esos acuerdos pulverizaría la posibilidad de
estrategias conjuntas y complementarias de desarrollo económico y social.
El problema del libre comercio como meta de los procesos de integración
El otro abordaje es el del “libre comercio” al interior de los bloques de integración
regional. Pero, antes de avanzar, tal vez sea necesario introducir la cuestión del
comercio. Lejos de ser una amenaza en sí misma, y lejos de ser tal como lo caracterizan
los neoliberales un fin en sí mismo, o un camino de una sólo mano hacia el desarrollo,
el comercio es una “herramienta” que puede ser utilizada hacia el desarrollo de los
pueblos de forma integral o, por el contrario, hacia el enriquecimiento de algunos
sectores. En el caso de los TLCs, desde sus orígenes – su historia es elocuente en este
sentido –, son herramientas para expandir el lucro de las grandes corporaciones
transnacionales.
Siendo así las cosas, y teniendo como un supuesto que el comercio puede ser una
herramienta para el desarrollo, los procesos de integración regional pueden y deben
hacer uso de esta herramienta, pero hacerlo de forma indiscriminada como lo propone la
doctrina neoliberal del libre comercio es sin dudas una amenaza al desarrollo; es como
querer cortar un alambre con un destornillador. En este sentido, procesos de integración
regional como la CAN y el Mercosur son presionados desde adentro por los sectores tal
vez más competitivos respecto a los vecinos que, embanderados con la consigna del
“libre comercio”, aspiran a abrir indiscriminadamente las fronteras internas cuando en la
mayoría de los casos eso significa amenazas enormes para el desarrollo de las economías
nacionales de los demás miembros del bloque.
La integración de los pueblos y el comercio
El camino hacia la integración de los pueblos en el tema comercial implica dar la batalla
en estos dos terrenos: por un lado, continuar la resistencia a los acuerdos de libre
comercio con los Estados Unidos, a los acuerdos de Asociación con la Unión Europea y
hacer permanente el impasse de la OMC; por el otro, también cuestionar el formato de
las negociaciones “sur-sur” si estas se realizan bajo criterios de “libre comercio”. El
comercio con China, India, Sudáfrica o los países árabes puede ser beneficioso para esos
108
pueblos y el nuestro, pero debe estar atento y debe ser claro en respetar las asimetrías,
los tiempos del desarrollo autónomo de cada una de las regiones, la soberanía
alimentaria y otros criterios esenciales para la vida y la lucha contra la pobreza. Lejos de
constituirse en paladines de la apertura comercial indiscriminada, nuestros bloques
deben tener una política comercial externa que tenga como norte el comercio justo. En
particular en el caso del comercio multilateral, nuestros bloques podrían contribuir al
debate desencadenado por la crisis de la OMC, no con intentos de salvataje de una
organización - diseñada en su forma para arbitrar el comercio internacional, pero en los
hechos constituida en una herramienta para su liberalización irrestricta - sino con
propuestas de una arquitectura del comercio internacional alternativa quizás realmente
en el ámbito de la ONU y con un claro objetivo de desarrollo y lucha contra la pobreza y
el hambre en el mundo.
En éste último frente ha habido dos iniciativas importantes de parte de gobiernos de la
región que, de forma pionera, han introducido “distorsiones” que apuntan a una
reversión del formato “TLC” de relaciones comerciales. La primera de estas iniciativas
surge con los acuerdos ALBA/TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos) acuerdos que
haciendo referencia al comercio, no se restringen al mismo y lo tienen como una de sus
partes secundarias – diferente de los acuerdos de Asociación de la UE que son amplios
pues incluyen cooperación y diálogo político pero cuyo eje central es el comercio. Lo
central de los acuerdos ALBA/TCP es la búsqueda de la complementariedad no sólo
productiva en términos de bienes sino de habilidades y capacidades técnicas y humanas
por parte de los países involucrados.
La segunda iniciativa está constituida por la propuesta introducida en el marco de la
negociación
CAN-Unión
Europea
elaborada
en
los
marcos
de
los
TCP
(complementariedad, respeto a las asimetrías, y protección de industrias nacientes,
recursos naturales, diversidad, entre otros). El movimiento del gobierno boliviano tiene
sus riesgos pues reconoce la negociación en ámbitos evaluados como sensibles por los
movimientos sociales de la región – tales como los mencionados en el paréntesis aquí
arriba – y al hacerlo siempre existe la posibilidad de caer en trampas formales que
pueden tener impactos negativos para el país, o bien de dejar abierta una negociación
que puede ser retomada en el futuro con otro carácter. En este sentido, los movimientos
deben estar vigilantes y dar seguimiento a las negociaciones para evitar estos riesgos.
Pero la propuesta boliviana, si aceptada por la UE, implica el reconocimiento de un límite
al libre comercio, una alteración y de hecho un retroceso de esta lógica hasta ahora
hegemónica. Es auspicioso este intento, como también lo sería la aceptación de una
propuesta similar hecha al gobierno de los EEUU.
Por fin, en el plano intra bloque, el principal desafío respecto a lo comercial es crear
estructuras que hagan un uso selectivo del comercio, me atrevería a decir un uso
pragmático del mismo, desde que ese pragmatismo sea concebido como una mirada
global de desarrollo colectivo, y no sólo de algunos sectores. En este sentido, la tarea de
los movimientos y organizaciones sociales es contribuir con la construcción de una visión
contra-hegemónica que refuerce procesos de complementariedad y cooperación
económica entre las naciones, una visión que lejos de condenar mecanismos de
regulación del comercio – como el recientemente aprobado Mecanismo de Adaptación
Competitiva (MAC) en el ámbito del Mercosur – refuercen la idea de que los mismos son
necesarios para enfrentar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo inclusivo. Los llamados
mecanismos de tratamiento de las asimetrías en definitiva no son otra cosa que eso:
regulaciones y formas consensuadas de atenuar colectivamente las distintas situaciones
económicas y sociales de los países de un determinado bloque. Son estas medidas las
únicas que se condicen con una integración justa y las que en definitiva hacen de la
integración una opción política y económica atractiva para los países en desarrollo como
los nuestros, una opción que los movimientos y organizaciones sociales debemos
fortalecer – y pelear para logarlo – en el camino hacia la liberación de nuestros pueblos y
la resistencia a los imperialismos y neocolonialismos variopintos que enfrentamos en este
comienzo de milenio.
109
3.6
EL
ALBA
CONSTITUCIONALES
ELABORA
DEL
FILOSOFÍA:
ASPECTOS
FILOSÓFICOS
Y
ALBA
Judith Valencia6, septiembre 2005
En el murmullo cotidiano se escucha que en Venezuela, hemos abierto [pueblos y
gobernantes] las compuertas hacia otro mundo posible. La multitud esta tentada a
recorrer experiencias de vida novedosas.
Vivimos la ocasión de constituirnos en nación, libre y soberana. A cada ocasión, le
corresponde un imaginario contenido. El de hoy, contiene lo de antes, recoge siglos.
Cada ocasión en su contexto. Para 2005 el contexto mundial delimita el diseño lo posible
[maneras, sentidos, cauces]. Con certeza, el capitalismo en su andar perverso, achico el
mundo de los pueblos. La multitud, habitantes de los territorios invadidos, son
pobladores no-útiles/inútiles para los parámetros contemporáneos de la rentabilidad de
los grandes capitales/de las empresas transnacionales. Tan simple, como que
económicamente hablando, al capitalista no le es rentable asalariar, educar ni alimentar
a pobladores innecesarios, inútiles, no rentables.
En este contexto [de fines del XX e inicios del XXI] delimitado por el dominio perverso del
capitalismo, los pueblos rugen, contra el rugido, el imperio militariza el espacio social:
prohíbe, reprime, encarcela, suelta a tanatos, empobrece cuerpos y espíritus. Envilece. El
terror atómico de Hiroshima y Nagasaki [6 y 9 Agosto 1945] lo inyectan a través del
tejido capilar del poder.
Muy a pesar de todo, los pueblos siguen rugiendo. En la Venezuela bolivariana, el rugido
mundial/continental de la rebelión de los pueblos, deviene en voluntad/en deseo de hacer
posible lo pensadamente imposible.
El contexto que traza el imperio, delimita. Haciendo uso [abuso] del arsenal bélico. El
imaginario contenido en esta ocasión [Venezuela 1999 y hasta siempre] brota por los
poros de la piel revolucionaria.
Resultan premonitorios dos estudios. Asi dicen:
•
“…aquello que mas ha movido a las grandes multitudes de nuestros países
en los periodos revolucionarios no ha sido la ambición de crear un orden
nuevo, sino la de recuperar un orden antiguo… la energía vital de cada
revolución provenía del pasado” (1).
•
“La creación de nuevos espacios de libertad para superar la actual sumisión
del individuo soberano a las leyes del mercado o al despotismo del Estado,
dependen de la composición material de las subjetividades que el propio
proceso social va creando… La comprensión cabal de la plasticidad histórica
del sujeto y de los procesos materiales que la determinan, es la única
alternativa…”(2).
Entre quienes tuvieron como afán de vida, dejar dichos de prueba de los saltos de la
humanidad, (3) dichos que condensan el contenido del imaginario colectivo. De entre
ellos, convenimos en pensar que todo hecho humano es intencional cual maquinas de
deseos. Siendo así, el proceso social prioriza [según los limites de cada ocasión] unos u
otros de los contenidos en el imaginario colectivo.
6
Judith Valencia. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora adscrita
al Departamento de Economía Teórica de la Escuela de Economía. Facultad de Economía y Ciencias
Sociales. Cátedra de Economía Política. Caracas.
110
Estando todo allí contenido, los deseos libertarios prohibidos y/o permitidos, formalizan
y/o revolucionan las sociedades. De un tiempo para acá, los pueblos nos encontramos
sumergidos [ahogados] en/por las normas del capitalismo transnacional, ejerciendo el
gobierno mundial del imperio bélico, a través de la globalización, dispositivo que actúa tal
cual la cuarta guerra mundial.
Guerra política mimetizada bajo el concepto contemporáneo de gobernabilidad,
impulsada con un enfoque de democracia que al priorizar los derechos humanos de las
minorías, actúa contra la multitud sin derechos. Enfoque de gobernabilidad que vienen
forzando legitimar, a propósito de la seguridad post-11 de septiembre de 2001. Recién
enuncian su certificación en la Asamblea General de la ONU/septiembre 2005, bajo el
concepto de “Paz y Seguridad Colectiva”, junto al de “responsabilidad de proteger”.
Conceptos que legalizarían el imperialismo desde la ONU.
Un dicho de prueba, (4) hace constar que con el capitalismo, el Estado lo es de gobierno:
•
“El gobierno… como una manera de definir las cosas para conducirlas no al bien
común, como decían los textos de los juristas, sino a un fin conveniente para
cada una de las cosas que hay que gobernar… no se trata de imponer a los
hombres una ley sino de disponer las cosas, es decir, utilizar bien tácticas que
leyes, en ultimo termino utilizar las mismas leyes como tácticas: actuar de tal
modo y a través de un cierto numero de medios para que este o aquel fin pueda
ser alcanzado… los instrumentos de gobierno en vez de ser leyes serán tácticas
multiformes…Este Estado de gobierno que se centra especialmente sobre la
población y que se refiere y utiliza como instrumento el saber económico,
corresponde a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad”.
Precisiones.
La ocasión, la Venezuela bolivariana que despliega un poder constituyente, permitiendo
inventar nuevos espacios de libertad que ponen en tensión practicas sociales y a la
misma vez recuperar la energía vital de las culturas milenarias.
El proceso al reconocer la plasticidad historia del sujeto no deja nada ni a nadie fuera.
Las fuerzas libertarias prohibidas y latentes en el imaginario colectivo insurgen preñando
de sentido todo acontecimiento.
Podemos decir, que hasta 1999 el gobierno mundial canalizo la política de hechos
cumplidos [de tácticas por ley] a través de las negociaciones multilaterales y bilaterales.
Aprendimos en el camino que algunos de los nudos del amarre se desanudan, y que es
posible todo a una misma vez. Que no hay que esperar que el capitalismo sucumba para
empezar a sembrar la cosecha. Que a la misma vez que el imperio ofende, podemos
liberar terreno [humano y material] desde donde contagiar el cultivo de la insurgencia,
de lo inédito, de la novedad: de inventar vivir libre en multitud.
El ALBA, como alternativa bolivariana y/o como amanecer es cauce de esa ocasión. Es un
plan de siembra propuesto para cosechar/ocupar territorio [humano y geográfico],
expulsando y/o impidiendo la invasión de la inversión del capitalista, quien como todo
humano actúa con su intención.
ALBA & ALCA, filosofías contrarias en esencia, se baten en lucha por un mismo territorio,
con intensiones opuestas y a un mismo tiempo. La lucha por territorio deriva entre
victoria o derrota. Necesario es vencer.
El ALBA tuvo un punto de partida, en el deseo manifiesto del Comandante Hugo Chavez,
en diciembre 2001 cuando expuso la magia de la integración entre los pueblos,
oponiéndose al ALCA en tanto mandato del Imperio. Sin embargo, el ALBA echa a andar
cuando en el imaginario colectivo los pueblos van reconociendo y hacen suya la
intención expresada en el deseo enunciado.
111
En el contexto de situaciones entre abril y diciembre 2002, el ALBA amanece
socialmente. Los pueblos asumen hacer posible los proyectos de vida inconclusos,
abortados, reprimidos. La energía vital del pasado se hizo presente en las calles.
El proceso bolivariano lo aprueba y comprueba. Podríamos enumerar los artículos de la
Constitución/99 que enuncian la posibilidad de ALBA`s. Avanzado el proceso es necesario
reconocerlo en la Constitución, mas no es suficiente. Lo enunciado, aprobado y
refrendado vino sucediendo como intención manifiesta y protagónica.
Entre abril y diciembre 2002, derrotando el golpe de estado de abril y el sabotaje
petrolero de diciembre los pueblos en las calles reconocieron sus carencias y sintieron su
fuerza y la urgencia. Sin disolver el Estado, la sociedad asumió misiones de gobierno. Un
colectivo en tensión, reconociendo la Constitución refrendada el 15 de diciembre de
1999, sabiendo de las Leyes Habilitantes del 13 de noviembre de 2001, asalto la
posibilidad de convertir planes de gobierno en tareas de pueblo protagónico. La
reconquista del terreno político [con el contra-golpe del 13 de abril 2002] de PDVSA y del
ingreso petrolero [en marzo de 2003] dieron condiciones e hicieron realidad la voluntad
política presidencial de “darle poder a los pobres”, al asumir compromisos con las
misiones.
El ALBA es hacia adentro de lo humano y de la geografía, celebrando un proceso social
en el que lo pobladores laboran su propio destino soberano, ocupando territorios.
Digo los pueblos: indígenas, campesinos, citadinos. Todos, los más diversos sujetos
planteando lo suyo, sin sujetar a los otros. Con la intención manifiesta de cerrarle el
paso, a las tácticas emanadas del Estado de gobierno mundial, que instrumentaliza la
anexión de territorios mutilando a sus pueblos pobladores.
Con el ALBA, nos proponemos integrar las capacidades humanas junto a las riquezas
territoriales, para satisfacer necedades y necesidades culturales. Necedades y
necesidades de alimento del cuerpo y del espíritu, de abrigo, de ocio, de los deseos porvenir. El ALBA respeta el hecho cierto de que la felicidad es una construcción cultural.
Todos en el ALBA, cada cultura con su perfil.
Los pueblos citadinos tienen costumbres de la ciudad, pero según su región originaria y/
o su raza, son citadinos culturalmente diversos.
Los pueblos indígenas según su geografía, su cosmovisión, labores, ritos y mitos.
Así como los campesinos, indígenas o afrodescendientes, andinos o isleños. Cultivadores
de la tierra y/o del mar o del rió. Cada cual tiene lo suyo no transferible.
Los ritmos de vida están impregnados de cultura, de condiciones del saber. Hay un ritmo
del analfabeta, quien al aprender a leer incorpora su experiencia a la lectura. El ALBA
reconoce los ritmos y los respeta en desacuerdo práctico con los criterios de la
competencia que deshecha multitudes. El ALBA se funda en el respeto de los ritmos de
otros.
Cada quien a su paso pero todos a una misma vez, defendiendo la soberanía de los
territorios preñados de culturas.
Hasta aquí el renacer de las culturas milenarias contenidas en el imaginario colectivo.
Imaginario depositario de otras visiones, construidas en los cruces mestizos de los
haceres mercantiles. Por ello es que en el ALBA`s también se incluyen políticas publicas
comerciales, que pretenden cambios significativos en las maneras de producir bienes y
servicios, concertadas entre privados y entre empresas publicas intergubernamentales.
En la segunda mitad del siglo XX, la naturaleza artificial creada en torno a la tecnología
capitalista, subsumió costumbres y tradiciones. Formuló maneras de producir y patrones
112
de consumo. El citadino, el profesional libre, las pautas del comercio interinstitucional e
internacional estarán presentes en muchos años por-venir.
Esta verdad tiene sitio en el ALBA`s por ello, inscribimos en la filosofía del ALBA`s, los
Convenios Comerciales Compensados y las Alianzas Estratégicas circunstanciales. Como
variantes en el combate de restarle apoyo real personal/político, a la ofensiva
contrarrevolucionaria con intención hemisférica envolvente y expansiva del inversionista
imperial.
Los Convenios guiados por el sentido del ALBA`s, entienden que en el comercio no esta
el problema, admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado, en la medida
que este resulte mutuamente conveniente, para ampliar y profundizar el intercambio
comercial. Es así como surgen convenios comerciales compensados.
Las Alianzas Estratégicas circunstanciales tienen al petróleo como centro. El gobierno
bolivariano utiliza su recurso abundante escaso en territorios de pueblos hermanos,
negociando intercambios complementarios, sin exigir compensaciones que vulneren la
soberanía y dando condiciones de comercialización solidarias, sustituyendo las exigencias
de las transnacionales privadas. Estas alianzas estratégicas que tienen como centro el
petróleo y el gas son políticas comerciales fundadas en la conservación de los recursos
naturales no renovables, la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre
pueblos. Asegurando el acceso democrático a la energía a precio razonable. Se concibe
como un acuerdo entre gobiernos, concreta esfuerzos en la complementariedad de las
capacidades de nuestras empresas estatales de energía.
De lo dicho podemos derivar que el ALBA’s tiene un amplio trecho por andar. Lento pero
sin pausa. Y en su andar, abarcando la lucha, por no dejar que la Comunidad
Suramericana de Naciones por-venir, quede atrapada en la intención imperial, que
proyecta surcar los territorios con ductos para succionar los recursos energéticos,
biodiversos y de agua (5). Debemos estar alertas porque todos los cargos de mando en
los organismos de integración regionales están en manos de quienes fueron funcionarios
en gestiones anteriores de gobiernos. No pienso en coincidencias. Pero si, en que han
conjugado intenciones. Nuevas tareas para el ALBA’s y con ellas responsabilidades de los
pueblos comprometidos y protagónicos.
Para concluir le doy la palabra a un campesino andaluz propagando semillas de ALBA (6).
Todos eran agitadores
De tal suerte, el incendio
Se propagó rápidamente
Por los pueblos combustibles
Nadie Formulaba peticiones
Ni exigencias, nadie intentaba
negociar (... ) El pueblo quería
cosas más trascendentales
que los meros aumentos salariales
Pero, ¿ cómo vendría el gran cambio ¿ Nadie
lo sabía. En el fondo,
los campesinos pensaban
que tenían que llegar
de alguna forma sí
todos los hombres se
declaraban por él al
mismo tiempo.
Juan Díaz del Morral, 1929
Notas:
(1) Fernando Mires. “ La Rebelión Permanente” Siglo XXI 1988/p448
113
(2) Enzo Del Bufalo. “La genealogía de la Subjetividad” Monte Ávila Editores 1991/p169.
(3) Entre muchos otros no menos valiosos: Marx/1844, Nietzshe/1890, Freud/1905.
Einstein/1920, Picasso/1930, Faucault/1975. Vive en el imaginario colectivo en
poetas y cantautores.
(4) Michel Foucault. “La Gubernamentabilidad” Colección: Genealogía del Poder. Espacios
del Poder. La Piqueta. 1981 (Exposición enero 1978)
(5) La Biodiversidad tiene como base fundamental el reconocimiento de la diversidad
humana la biodiversidad no es solo flora y fauna, suelo, agua y ecosistemas, es
también culturas, sistemas productivos, relaciones humanas y económicas, formas de
gobierno, es en esencia libertad. El imperio tiene la intención de hacer suya la
biodiversidad: Territorio y vida nuestra.
(6) Juan Diaz del Moral es citado por Eric J. Hobsbawn en “Rebeldes Primitivos” Ariel.
1983/p 117.
3.7 AMÉRICA LATINA: INTEGRACIÓN REGIONAL
Y
LUCHAS
DE
EMANCIPACIÓN7
Gustavo Codas
América Latina entró en un nuevo período político con grandes potencialidades
emancipadoras, cuyos contornos y desarrollo aún están en construcción y disputa. Las
dificultades son inmensas pero se trata de una oportunidad histórica única para
conquistar nuestra segunda y verdadera independencia. En ese contexto, la cuestión de
la integración regional es clave para definir el rumbo político que tomará la región…
El objetivo de este artículo es sistematizar algunos elementos de ese nuevo período
político, analizar las dificultades y potencialidades de la actual coyuntura regional, y
plantear algunos desafíos que las izquierdas deben enfrentar – en particular en materia
de integración regional - para hacer avanzar las luchas emancipatorias en América
Latina.
Cuatro procesos
Corriendo los riesgos de toda comparación histórica, pero con la intención de subrayar la
importancia del actual período político, podemos apuntar – como otros autores ya lo
hicieron – que ésta es la cuarta vez en que se vive una oleada emancipadora en nuestra
región en los últimos doscientos años.
Es obvio que no fueron procesos homogéneos. Pero su denominador común fue su
carácter de alcance regional y su potencial de ruptura con el orden colonial e imperialista.
El primero se registró cuando la gran oleada de las luchas por la independencia que tuvo
su epicentro entre los años 1810 y 1830. Conquistamos la independencia formal de
España y Portugal, pero no rompimos las cadenas de la dependencia económica que nos
ataban a las otras metrópolis que en breve se convertirían en el imperialismo
hegemónico. La segunda andanada se expresó en el ascenso del nacionalismo en los
años 1930-40. Intentó crear las bases materiales para la independencia económica pero
faltó una voluntad política que la llevara hasta el final.
Así pasada su primera fase se transformó en un fracasado proyecto que, sin rechazar la
dependencia, pretendía impulsar un desarrollo asociado al imperialismo. El tercero se
abrió con la revolución cubana de 1959. Tuvo un tremendo impacto político-ideoló gico
7
Publicado en “Contexto Latinoamericano. Revista de Análisis Político”, No. 1, septiembrediciembre de 2006, de la editora Ocean Sur, México.
114
sobre la región y generó nuevas condiciones para realizar la tarea propuesta por
Mariátegui (desde Perú, en 1928) de pensar un socialismo indo-americano como creación
heroica y no como calco y copia de doctrinas importadas de las metrópolis. No consiguió
sortear, sin embargo, el feroz cerco de dictaduras militares que el imperialismo
norteamericano y las oligarquías locales a él aliadas impusieron a la región en las dos
décadas que se siguieron (2).
Cada uno de esos procesos tuvo sus conquistas, sus limitaciones y sus derrotas. Lo
nuevo que el actual proceso presenta es que puede reunir, a una sola vez, condiciones
económicas, políticas e ideológicas para generar un proyecto de emancipación de escala
regional. Para discutir cómo conseguirlo, vamos primeramente detenernos en el análisis
de los antecedentes del actual período que nos dará una visión sobre las condiciones bajo
los cuales tenemos que operar.
Neoliberalismo, un proyecto contestado
A mediados de la década pasada, el discurso dominante era del “fin de la historia” y de
que “no hay alternativas”. Entonces, nuestro continente estaba cubierto de gobiernos
neoliberales obedientes al de Washington; y Cuba, solitaria, atravesaba el desierto del
“período especial”.
El neoliberalismo había tenido entre sus pioneras a dos dictaduras militares sangrientas,
la chilena (1973-1989) y la argentina (1976-1983) pero se transformó en proyecto
dominante cuando en los ‘80 fue asumido por el imperialismo norteamericano (con el
gobierno Reagan) como programa a ser implementando mundialmente.
Las crisis del programa socialdemócrata europeo desde finales de los años 1970 y del
socialismo burocratizado en la década de 1980 y el fin de la Unión Soviética en 1991
abrieron espacio para que el proyecto neoliberal se tornara ideológicamente hegemónico
en ese período. Al mismo tiempo, el “fin de la guerra fría” alimentó en algunos círculos la
ilusión de un mundo sin conflictos que no se verificó: surgió un orden mundial más
injusto, más inestable y más violento que el anterior, regido por la unipolaridad del
imperialismo norteamericano.
Entiendo que aún estamos bajo ese doble signo a nivel mundial, de imposición del
programa neoliberal y de la unilateralidad del accionar del imperialismo norteamericano.
Sin embargo, se trata de un orden que presenta resquebrajaduras (aunque hay que
considerar que son resquebrajaduras regionales con características y potencialidades
políticas muy heterogéneas) . De todas ellas, la que más elementos emancipatorios
incorpora es la que vivenciamos en América Latina.
En nuestra región la coyuntura dio un giro. Hay un despertar de los pueblos y el
neoliberalismo es por aquí un proyecto puesto en jaque. La línea del tiempo de la
coyuntura actual la podríamos comenzar en diversos puntos. Y ciertamente, dependiendo
de la ubicación geográfica de quien observa, habría percepciones diferentes de acuerdo
con las experiencias nacionales. El antecedente más distante podría ser el Caracazo de
1989 en Venezuela, primera revuelta masiva contra un ajuste neoliberal,
sangrientamente reprimida por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Entre los antecedentes estaría seguramente el levante indígena zapatista mexicano
contra el TLC (Tratado de Libre Comercio) con EEUU y Canadá en enero de 1994. Pero,
será la rebelión popular en Cochabamba, Bolivia, en 2000 contra la privatización del
agua, la que ponga en evidencia de forma más clara de que ya se había alcanzado una
nueva coyuntura, donde la presión popular era capaz de bloquear la aplicación del
programa neoliberal. A esa cronología habría que poner igualmente los momentos, desde
finales de la década pasada, en que movilizaciones populares echaron a presidentes
neoliberales en Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia. Y cuando los pueblos, a través de
su voto, buscaron alternativas, comenzando con las elecciones venezolanas de 1998,
cuando Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, en una serie que creció
115
expresivamente en los últimos años con Brasil, Argentina y Uruguay y tuvo su momento
alto con la reciente elección de Evo Morales en Bolivia (3).
Ahora bien, que haya cuestionamiento y oposición al neoliberalismo no quiere decir aún
que otro proyecto ya esté claramente en marcha. Lo que significa es que ese programa
se agotó porque no ofrece más perspectivas de gobernabilidad (al menos en un marco
democrático), que está abierta la temporada de formulación, construcción y aplicación de
alternativas. Por otro lado, no hay un programa alternativo ya listo y válido para todos
los casos. Por último, el desenlace de la coyuntura dependerá de la constitución de
voluntades políticas capaces de impulsar a cada país y a la región hacia un proyecto de
superación del neoliberalismo; y serán “capaces” si construyen mayorías políticas (por
ello, el tema clave es el de la “hegemonía” en los procesos nacionales).
Sin embargo, no quiere decir también que en el proceso de ese parto no estén presentes
ya indicaciones del sentido general de las mudanzas. Por ejemplo, no es un detalle
menor que en la Cumbre de Presidentes de Mar del Plata, en noviembre de 2005, el
presidente Bush mismo con la ayuda de sus testaferros regionales (con el mexicano
Vicente Fox a la cabeza) no haya conseguido forzar la retomada de las negociaciones del
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), bloqueada por la oposición de los
gobiernos de Venezuela y del Mercosur. Téngase en cuenta que el ALCA era desde el
tiempo del auge neoliberal la principal estrategia imperialista para completar su
dominación sobre la región. Por las cuentas de Clinton, primero, y Bush, después, el año
2005 sería con el ALCA para todo el continente (excluyendo a Cuba) el equivalente al
1994 con el NAFTA en América del Norte. No fue y no hay perspectiva de que se pueda
retomar a corto plazo.
Lo que le restó al gobierno norteamericano es presionar a los gobiernos nacionales más
susceptibles a su coerción – Chile, Colombia, Peru, países de América Central y República
Dominicana – para imponer TLCs bilaterales. Esto que es un avance del imperialismo
norteamericano por las partes de menor resistencia (gracias a la presencia de gobiernos
entreguistas) es también su confesión de derrota en relación al todo.
Imperio empantanado
Hay muchos indicios de que el auge del imperialismo norteamericano ya pasó. Su
principal argumento – su capacidad de despliegue militar convencional – se empantanó
en Irak. Sus políticas para el mundo árabe y el musulmán fracasaron al no estabilizar un
arco de aliados estratégicos; al contrario, han introducido nuevos elementos de
inestabilidad para sus antiguos aliados. Habiendo entrado militarmente de forma maciza
no tiene como salir tan temprano de allá y – todo indica – no cuenta con fuerzas
suficientes para dos frentes de conflictos agudos al mismo tiempo.
El unilateralismo de su política internacional despertó al “nacionalismo” en otras
potencias capitalistas que sin capacidad de enfrentarle militarmente, sin embargo, se ven
tentadas a buscar un nuevo mapa geopolítico – osadía facilitada por la ausencia del
“peligro comunista”.
Su economía (tomada individualmente) continúa siendo la principal del planeta, pero en
declinio y con problemas crecientes, cada vez más dependiente del financiamiento del
resto del mundo, en particular de China.
Al mismo tiempo vemos que vuelven a crecer movimientos populares de contestación
dentro de los Estados Unidos. El caso más evidente es el de las gigantescas
manifestaciones promovidas por inmigrantes (sobretodo latinos) en defensa de sus
derechos el pasado 1 de mayo de 2006. Pero también tienen su impacto las coaliciones
contra la guerra y las que llevan campañas contra las políticas de las corporaciones
multinacionales norteamericanas.
116
Es debido a ese cuadro coyuntural que América Latina no es hoy la primera prioridad
estratégica del imperialismo norteamericano. También en otras coyunturas cuando se
aflojaron las cuerdas con que el imperialismo ata a la periferia es que hubo mayores
espacios políticos para proyectos emancipatorios. Pero eso no significa que en términos
geopolíticos nuestra región haya perdido su carácter de área natural de ejercicio de la
hegemonía norteamericana (por lo que no hay que esperar auxilio de otras potencias).
Izquierda, crisis y reorganización
Es importante señalar que las izquierdas (sociales y partidarias) arriban a esa nueva
coyuntura después de atravesar una fuerte crisis política e ideológica en la región (y a
nivel mundial). Compárese el escenario de mediados de los´80 con la primera parte de la
década siguiente y se verán dramáticas transformaciones en el mapa de las izquierdas
latinoamericanas con deserciones importantes, con la disolución de organizaciones
políticas que tuvieron peso, con la pérdida de referencias programáticas etc. al mismo
tiempo que las fuerzas conservadoras enseñoreaban su hegemonía ideológica y política
neoliberal en la mayoría de los países.
Sin embargo, la crisis de las izquierdas quince años atrás tuvo un inesperado resultado
positivo: deshizo las fronteras internas (muchas veces sectarias) entre tradiciones,
partidos y facciones establecidas por las experiencias del siglo XX. Éste fue el nuevo
terreno fértil para las amplias convergencias populares ocurridas en el período siguiente,
de retomada de las movilizaciones populares y contestación de legitimidad del proyecto
neoliberal.
Una de sus características, que tanto la diferencia de otros momentos históricos como le
da potencialidades (aunque también dificultades) que aún no podemos medir, es que el
actual proceso acontece sin que haya previamente alguna hegemonía política-ideológica
instalada o pudiendo instalarse en el escenario político popular de nuestro continente.
Eso se debe, probablemente, a que aún estamos en un período de reconstrucción de las
izquierdas sociales y partidarias después de la caída del “socialismo real” que junto con el
vendaval neoliberal, unos quince años atrás, tuvo tremendo impacto sobre la
configuración de las fuerzas progresistas. Pero, todo indica que haremos de este rasgo
actual un principio para que finalmente la liberación de los pueblos la construyamos
buscando la unidad pero rechazando los hegemonismos.
Una intensa actividad desde los movimientos sociales (o de la “sociedad civil” según se
quiera) abonó esta nueva fase. Entre los antecedentes más importantes habría que
nombrar a la campaña continental contra los “500 años de colonialismo” en 1992. Allí, la
convergencia entre movimientos indígenas, campesinos, barriales, de mujeres, de cultura
y comunicadores populares etc. apuntaba para la conformación de nuevos actores
políticos.
Articulaciones continentales o mundiales surgieron o se fortalecieron en ese proceso y en
la nueva coyuntura que se delineaba en nuestra región: la Vía Campesina y la
Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC); los encuentros de
pueblos indígenas que han resultado en coordinaciones (amazónica, andina, entre otras);
Jubileo Sur Américas y “50 años (de FMI / Banco Mundial) bastan”; la Marcha Mundial de
Mujeres y la Red Mujeres Transformando la Economía (REMTE); el Frente Continental de
Organizaciones Comunitarias (FCOC); la Alianza Social Continental (ASC), la Campaña
Continental contra el ALCA y los Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA; la
Convergencia de Movimientos Populares (COMPA); la Asamblea de los Pueblos del Caribe
(APC); el Foro Social Mundial y el Foro Social Américas, el Foro Sindical de las Américas
(primera experiencia de espacio sindical ampliamente unitario desde la Segunda Guerra
Mundial), entre varias otras.
A diferencia de otros continentes y diferentemente de otros momentos en nuestra región,
hoy tenemos en las Américas muy amplios espacios de convergencia, articulación y
construcción de luchas comunes. Son herramientas fundamentales para que, más allá de
117
las diferencias nacionales o sectoriales que hay, vayamos trabajando en perspectivas
cada vez más unitarias de superación de nuestra herencia colonial, de nuestra
dependencia en relación al imperialismo y de las desigualdades sociales, étnicas y
regionales que marcan a América Latina.
Necesidad y posibilidad de la integración
Que este proceso de rearticulación de las izquierdas ha tenido un balance globalmente
positivo – aunque con grandes heterogeneidades – es innegable. La resistencia dio sus
frutos como muestra el hecho de que la negociación del ALCA esté paralizada o de que
hayan surgido en diversos países fuerzas políticas críticas del neoliberalismo y del
imperialismo norteamericano con capacidad hegemónica (y que son gobierno en diversos
casos).
Pero, un proceso de emancipación no depende solamente de la construcción de fuerzas
sociales y políticas con capacidad hegemónica, depende también de que haya una base
material que lo permita.
Hasta 1991, las revoluciones que hubo en el siglo XX posteriormente a la soviética,
contaban – independientemente del mayor o menor entusiasmo que tuvieran por la
misma – con la retaguardia estratégica de la URSS, es decir, tenían disponible, fuera del
circuito económico dominado por el imperialismo, un mercado para sus exportaciones,
una fuente de aprovisionamiento de productos que les faltara, una plataforma de
tecnologías de punta a la cual poder acceder, etc. Y como el mundo estaba dividido por la
confrontación URSS-EEUU había interés por parte del gobierno soviético de ampliar sus
áreas de influencia. Pero, frente al hecho de que la URSS había alcanzado esa condición
venida de la tragedia de la opción estalinista en la décadas de 1920-30, había que
equilibrarse entre utilizar esa retaguardia estratégica y no perder el carácter del proceso
revolucionario, dura prueba por la que pasaría la experiencia cubana.
La cuestión es: desaparecida la URSS, ¿cuál sería la actual retaguardia estratégica? Si el
proceso emancipatorio se da en un país periférico, ¿habría condiciones de mantener y
profundizar su rumbo revolucionario inserto en un mercado mundial dominado por el
imperialismo? Ni el pensamiento revolucionario (desde Marx y Engels en mediados del
siglo XIX) ni el pensamiento y el accionar estratégico del imperialismo (desde 1917) han
admitido tal hipótesis.
En el caso de nuestra región, sin embargo, hay una brecha que podría ser utilizada.
Producto de la combinación de la existencia de amplias reservas de recursos naturales de
todo tipo y del esfuerzo de industrialización en las fases anteriores al neoliberalismo,
América Latina tiene un potencial regional de constituir capacidades autónomas frente a
la presión del capital imperialista. Pero no hay ningún país que aisladamente lo pueda
hacer, debiendo ser un proyecto común a varios.
La integración regional es pues una necesidad para los proyectos emancipatorios, pero
también es una posibilidad concreta, gracias al surgimiento, consolidación y crecimiento
de las fuerzas que mencionábamos más arriba.
Las dificultades residen, sin embargo, en el carácter inédito de un proceso así. Hasta
entonces la integración regional era enfocada y entendida dentro del área de influencia –
y como parte de la influencia – de una potencia hegemónica. Mismo el proceso que
resultó en la Unión Europea tiene que ser entendido como parte de la estrategia de los
EEUU de contención de la URSS.
Ahora bien, un proceso de integración regional sin el liderazgo de una potencia
hegemónica y, peor, contra las pretensiones hegemónicas de la única actual
superpotencia (EEUU) no cuenta con una doctrina que le de antecedentes y consistencia
programática: habrá que elaborarla sobre la marcha. Ésta es la tarea dramática que se
118
impone a las izquierdas latinoamericanas como resultado de los éxitos cosechados en la
fase anterior.
Agendas
1. Si éste es el cuarto momento histórico de la larga marcha por la emancipación indoamericana, será importante sistematizar las propuestas y las lecciones de los tres
esfuerzos anteriores. Eso incluirá, ciertamente, el rescate crítico de los debates
propuestos por Simón Bolivar (a cuyas iniciativas los Estados Unidos respondieron con la
Doctrina Monroe), José Carlos Mariátegui (en diálogo y polémica con Haya de la Torre),
pensadores de la CEPAL (como Raúl Prebish, Celso Furtado, Aníbal Pinto y María C.
Tavares), Ernesto Che Guevara, entre otros.
2. ¿Cuál deberá ser la identidad política de ese amplio proceso? ¿Idendidad o
identidades? El nacionalismo en los países periféricos o dependientes tiene un carácter
revolucionario cuando es antiimperialismo (4). Pero cuando se orienta a disputas entre
países de la periferia se hace patrioterismo de la peor especie, fácilmente manipulado por
intereses imperialistas. En la región hay conflictos latentes entre países que si dejados a
esa dinámica llevarían a la desagregación política y al fracaso de la idea de que hay
alternativas a la hegemonía imperialista en América Latina. Para superar ese escollo, el
presidente Chávez ha propuesto el "bolivarianismo" y, de hecho, el legado de Bolívar
tiene gran actualidad para las tareas que hoy están colocadas. Sin embargo, hay que
preguntarse – partiendo incluso de las experiencias del siglo pasado – de la pertinencia
de la búsqueda de una sola identidad política, mismo que ideológicamente amplia. Nos
parece que lo más correcto será buscar la convergencia desde diversas identidades desde
que orientadas por el objetivo estratégico común de una construcción contra-hegemó
nica en la región.
3. ¿Cuáles deben ser los contenidos de ese proceso? O sea, ¿cuál sería su "programa"?
Como decíamos más arriba ésto no está listo: es y será un proceso. Y si admitimos una
pluralidad de identidades convergentes, debemos considerar incluso una pluralidad de
programas. No obstante, hay algunas directrices que podemos afirmar desde ahora. Es
lógico y comprensible que cada gobierno inicie el proceso utilizando los medios que su
economía nacional tiene actualmente. Sin embargo, si se queda en eso, sería la mera
reiteración del modelo actual (de dependencia y subdesarrollo) que justamente se quiere
superar. Por eso es fundamental vincular los debates sobre la superación del
neoliberalismo dentro de nuestros países al proceso de integración regional. Por otro
lado, nuestras economías fueron construidas históricamente para servir a las metrópolis,
tienen incluso características de unidades competidoras entre sí en los mismos rubros por
mercados del capitalismo central y por capitales imperialistas. Un proyecto de integración
debería así significar un amplio proceso de redefinición de nuestras estructuras
productivas, de las infraestructuras de transporte y comunicación, de las matrices
energéticas etc. para hacer de la región una unidad económica común orientada para las
necesidades de sus pueblos. Por último, no hay entre nuestros países uno que sea capaz
de liderar a los demás, porque ninguno tiene capacidades hegemónicas regionales; esto
significa que en el proceso se construirá un liderazgo compartido entre varios países o no
habrá proceso regional. (Este último es un desafío particularmente importante y
estimulante ya que el pensamiento estratégico convencional no prevé esa hipótesis:
deberá ser una creación heroica de nuestros pueblos).
4. Como señalamos antes este proceso no comenzó ahora ni cayó del cielo. Es resultado
de lentos y persistentes esfuerzos de construcción de actores políticos y sociales en
nuestros países y a nivel regional. Por eso, como método, es fundamental partir de lo
que hemos construido de espacios de convergencias y de capacidades de movilización.
En ese sentido el siguiente paso, definido en el Encuentro Hemisférico de Lucha contra el
ALCA realizado en La Habana, Cuba, en abril de 2006, apunta para la Cumbre Social por
la Integración a realizarse en Santa Cruz, Bolivia, en diciembre de 2006. Será
concomitante a la reunión de presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones,
que bajo la presidencia del gobierno boliviano, discutirá los rumbos de la integración
119
regional. La Cumbre Social será una oportunidad para avanzar en la convergencia de una
pauta de propuestas para caminar hacia aquella construcción regional y para dialogar con
otros actores de ese proceso (gobiernos abiertos al diálogo con los movimientos sociales,
partidos políticos progresistas, etc.)
Notas
(1) Gustavo Codas es periodista y economista paraguayo residente en São Paulo, Brasil,
desde 1983.
(2) Mariátegui, José Carlos. “Aniversario y Balance” (1928), en Textos Básicos
(Selección, prólogo y notas de Anibal Quijano). México, FCE, 1991, pág. 125. La
revolución cubana fermentó también otra tesis mariateguista: de que el antiimperialismo,
para ser consecuente, debe tener una perspectiva socialista. Ver en la misma antología,
“Punto de vista antiimperialista” (1929), pág. 203.
(3) Al momento de escribir este artículo, el gobierno de derechas del PAN en México
fraudaba las elecciones para evitar la victoria del candidato de centroizquierda López
Obrador del PRD.
(4) No así el nacionalismo en los países imperialistas, donde en general es parte
componente de ideologías reaccionarias.
Referencias
Lander, Edgardo. "¿Modelos alternativos de integración? Proyectos neoliberales y
resistencias populares". Revista OSAL, núm. 15, enero. Buenos Aires, CLACSO, 2005.
Mariátegui, José Carlos. Textos Básicos (Selección, prólogo y notas de Anibal Quijano).
México, FCE, 1991.
Moniz B., Luiz A. "¿Qué quiere Brasil con Sudamérica?"( entrevista) . Montevideo, La
Onda Digital, 29 de mayo de 2006. www.uruguay2030.com/LaOnda/
Pinheiro G., Samuel. Desafio brasileiro na era dos gigantes. Rio de Janeiro, Contraponto,
2005.
Ver también el debate realizado sobre el tema de la integración regional por la Agencia
Carta Maior (y transmitido por la TV web Carta Maior) el pasado 3 de julio de 2006 en
Säo Paulo, Brasil, entre el cientista político José Luis Fiori, los economistas Luiz Gonzaga
Belluzo y Paulo Nogueira Batista Jr. y el embajador Samuel Pinheiro Guimaräes
(secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil).
Consultar igualmente los resultados de los Encuentros Hemisféricos en La Habana y otros
documentos de los movimientos sociales de la región en la página web de la Alianza
Social Continental www.asc-hsa. org y en el portal www.movimientos.org
3.8
OS
MOVIMENTOS
SOCIAIS
E
O
MERCOSUL:
APROXIMAÇÕES
E
AFASTAMENTOS
Adhemar S. Mineiro e Clarisse Castro8
Introdução
A percepção do processo de integração representado pelo Mercosul não pode ser vista
como uniforme do ponto de vista dos movimentos sociais brasileiros. De fato, ao longo
do período que vai da segunda metade dos anos 80 até a metade da primeira década
deste novo século, dependendo do setor social com o qual se esteja em diálogo, se
poderá perceber estas visões diferenciadas.
8
Adhemar Mineiro é economista e Clarisse Castro Analista de Relações Internacionais.
120
Do ponto de vista dos movimentos sociais, o processo de integração que surge no debate
ao final dos anos 80 vem dentro de um pacote de discussões que implicava debater o
que fazer com os espaços de democratização que iam sendo conquistados, e ao mesmo
tempo confrontar as políticas de ajuste (patrocinada especialmente pelas instituições
financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento) relativas ao enfrentamento da questão das
dívidas externas dos países da região, que eram o centro da polêmica naquele momento.
Essa não era a perspectiva dos governos, e desta forma o processo de integração foi
visto com cada vez menos interesse por parte dos movimentos.
Da mesma forma, a predominância de uma visão liberal de integração ao longo dos anos
90, fruto de governos quase sempre também hegemonizados por esta perspectiva, e de
um processo de integração guiado apenas pela reestruturação produtiva das grandes
empresas transnacionais à escala mundial (e, portanto, também continental, o que
envolvia pelo menos, na maior parte das vezes, os dois principais parceiros do Mercosul,
Argentina e Brasil) e pela busca de oportunidades de negócios é visto como um processo
hostil, e que tem como reação por parte dos movimentos sociais o seu afastamento da
discussão substantiva do processo de integração em curso ou, em um caso muito
específico, que é o das organizações sindicais representando trabalhadores atingidos
diretamente pelo processo de reestruturação produtiva das empresas transnacionais, a
tentativa de resistir e influir neste processo, negociando de alguma forma.
As crises sucessivas na segunda metade dos anos 90, decorrentes dos processos
estruturais de liberalização financeira levados adiante nos países da região ao longo
daquela década, o processo de discussão internacional sobre uma ainda maior
liberalização, a partir da criação da Organização Mundial do Comércio em 1995, com, e
em decorrência de, a conclusão da Rodada Uruguai de discussões do GATT, e a
instalação do processo negociador para a criação da Área de Livre Comércio das
Américas (ALCA), com o acirramento das resistências dos movimentos sociais no nível
internacional, dos quais a resistência em Seattle e a própria estruturação do Fórum
Social Mundial, como evento e como processo de discussão, na seqüência, levaram a um
recomeço de discussão não propriamente do processo real de negociação que se travava
no Mercosul, mas especialmente da possibilidade de colocar este processo de integração
regional como uma alternativa, com a alteração de sua natureza, dos processos de
integração então em curso.
Essa ainda é a situação hoje, embora o novo governo instalado a partir de 2003 tenha
tornado o processo de discussão mais transparente, e aberto alguns canais para a
rediscussão da essência do processo de integração. O próprio funcionamento do Mercosul
como bloco nos processos de negociação como o para a eventual criação da ALCA, ou as
negociações bi-regionais com a União Européia forçam as instâncias oficiais a pensarem
mais o próprio processo de integração do Mercosul dentro de uma perspectiva que é a de
acertos sobre o desenvolvimento regional.
Apesar de insuficiente, esse processo de discussão novo pode significar finalmente
pensar a integração dos quatro países do bloco, e talvez outros, dentro de uma
perspectiva alternativa que possa ajudar a superar os entraves historicamente
desenhados por países que nunca conseguiram pensar a alternativa da integração como
uma efetiva possibilidade de futuro (vale ressaltar que no momento em que nos
encontramos, o Mercosul é talvez a mais estruturada dessas possibilidades, mas existem
discussões sobre a constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações, ou a proposta
da Alternativa Bolivariana para as Américas - ALBA -, patrocinada pelo governo
venezuelano e também por vários movimentos sociais de todo continente, ou ainda, fora
do âmbito dos estados nacionais da região, a proposta de integração desenhada na
“Alternativa para as Américas”, no bojo da reflexão das entidades e movimentos sociais
da região participantes da Aliança Social Continental(1). Isto porque as estratégias de
desenvolvimento oficiais até aqui levadas adiante envolveram uma estratégia de
integração primário-exportadora, como fornecedor de insumos minerais ou agropecuários
aos países capitalistas centrais, como no período pré-2a. Guerra Mundial, ou estratégias
mais autárquicas, buscando a constituição de uma indústria nacional através de
121
processos também nacionais de substituição de importações, e portanto, naturalmente
endógenos e entrópicos nestes casos. Em ambas as estratégias, a integração não é uma
alternativa, mas ao contrário, ambos os modelos se confrontam com a possibilidade da
integração, pois os países são concorrentes por mercados, no primeiro caso, ou por
capitais, no segundo caso, e portanto, existem nestas duas situações conflitos efetivos de
interesses entre eles que, mais que impedir a integração como alternativa, a colocam
como contradição.
Neste momento, portanto, se o objetivo é pensar a integração como possibilidade e como
alternativa, é importante buscar escapar de seguir trabalhando com a lógica que um
modelo de liberalização financeira, ainda predominante nos países da região, coloca,
especialmente a partir das crises da segunda metade dos anos 90, da constituição de
saldos comerciais como um elemento de obtenção de divisas para seguir honrando
dívidas e garantias à livre movimentação dos capitais. Esse tipo de modelo segue
acirrando o conflito entre os países (que, nesta situação, passam a competidores por
divisas), fazendo com que a integração seja vista apenas do ponto de vista possibilidade
de obtenção destas mesmas divisas (2), acirrando o conflito e forçando novamente um
modelo contraditório com a própria integração em si.
Democratização e Dívida: As Discussões nos Anos 80 e a Percepção da
Integração
Os debates que levaram à formulação da idéia recente de integração dos países do Cone
Sul, na segunda metade dos anos 80, especialmente dos pontos de vista de Argentina e
Brasil (3), tinham na raiz dois elementos aparentemente centrais: a reestruturação
produtiva dos grandes grupos transnacionais atuando na região e a busca destas
empresas por ganhos de localização e escala e, de outro lado e não menos importante, a
busca dos governos novos, que representavam forças do processo de redemocratização
da região, em curso neste período, por alternativas de desenvolvimento que pudessem
se viabilizar como um caminho diverso das políticas de ajuste estrutural ao pagamento
da dívida externa que se constituíam como situação padrão na condução
macroeconômica desses países ao longo daquela década, a partir da elevação das taxas
de juros por parte dos EUA, com o Governo Reagan (4), e a escassez de capitais que se
seguiu no cenário financeiro internacional para a renegociação de dívidas magnificadas
por políticas de endividamento externo levadas adiante nos anos 70 por governos
ditatoriais na região.
Deixando de lado a primeira destas raízes, pois embora com capacidade de influenciar
pesadamente a condução de políticas de Estado, o centro de seu processo de definição
estava fora da região, nas matrizes destes grupos, é importante centrar a discussão aqui
no segundo elemento, a busca por uma alternativa de desenvolvimento.
Isso envolve retornar à dura discussão ao longo dos anos 80, quando de um lado o
conjunto dos movimentos sociais organizados, e muitas vezes setores dos próprios
governos, se confrontavam com as limitações que as políticas de ajuste ao pagamento
das dívidas externas acordadas entre os governos da região e as instituições financeiras
multilaterais, FMI e Banco Mundial à frente. Esta situação, com elementos comuns nos
dois principais parceiros do Mercosul, dá o pano de fundo não apenas para a busca de
alternativas, mas também para uma aproximação nova entre os movimentos organizados
nos dois países em busca de forças para enfrentar a visão de ajuste via geração de
mega-superávits no comércio exterior e compressão do mercado interno patrocinada
pelas instituições financeiras multilaterais.
Para os movimentos sociais, entender a dinâmica do endividamento (resultantes de
processos diferentes em Brasil e Argentina), mas sobretudo a crise da dívida externa,
explicitada a partir da moratória mexicana no começo da década e o início das
negociações dos acordos referentes à dívida externa com as instituições financeiras
multilaterais e a estruturação das chamadas “políticas de ajuste estrutural” leva a uma
aproximação face à hostilidade que estas políticas representavam às demandas
democráticas apresentadas pelos movimentos sociais ao longo dos processos de
122
redemocratização. Na dinâmica do endividamento em si muitas vezes se apresentavam
grandes projetos, com enormes conseqüências negativas sobre o meio-ambiente e na
grande maioria das vezes sobre as populações por eles diretamente atingidas,
patrocinados especialmente por instituições multilaterais de fomento, como o Banco
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que funcionavam para ir criando
canais de aproximação entre os movimentos sociais dos vários países (defensores do
meio ambiente, atingidos por barragens, populações indígenas e outras populações
tradicionais, pequena agricultura familiar, entre outros). Por outro lado, os parâmetros
das chamadas “políticas de ajuste” acordadas com aquelas instituições previam cortes
orçamentários e limitadores ao crescimento econômico, quando não resultavam (como
na maioria das vezes) em estagnação e processos recessivos, com enormes efeitos
negativos sobre a maioria das populações, em especial os trabalhadores menos
organizados, os idosos, os jovens e as mulheres (vale lembrar que uma das
conseqüências das políticas de ajuste foi a explosão inflacionária em vários países).
Assim, o entendimento dos processos e a resistência organizada dos movimentos sociais
em cada país às políticas de ajuste ajudavam a criar laços entre as organizações sociais
dos vários países da região.
Para os governos de Argentina e Brasil na segunda metade dos anos 80 (governos dos
presidentes Alfonsín, na Argentina, e Sarney, no Brasil), estruturados com o processo de
redemocratização de seus países, a tentativa de atuação em conjunto no primeiro
momento, e de integração, no momento seguinte, aparecia como uma forma de resolver
a um dilema que era colocado e discutido na época: o de que a democratização deveria
poder representar uma melhoria geral e efetiva das condições de vida das populações
desses países, ou poderia rapidamente ver erodida a sua base social frente a uma
população que se organizava e apresentava demandas. Do ponto de vista dos governos,
a integração aparecia então como uma possibilidade de alternativa (como se
apresentaram em algum momento planos heterodoxos de estabilização nos dois países,
como o Plano Austral, na Argentina, e o Plano Cruzado, no Brasil) ou pura e
simplesmente como uma forma de aumentar o poder de barganha dos países frente aos
comitês negociadores formados pelos seus credores (a idéia de um cartel de devedores,
nunca efetivado, para poder negociar com o cartel dos credores, este efetivo e
capitaneado pelos principais bancos, era uma idéia que vez por outra voltava a tona, e
exigia uma confiança e capacidade de articulação de interesses e diplomática que
inexistia no período).
Assim, e de forma insipiente, o processo de integração entre Argentina e Brasil, e que
depois veria a ele incorporados Uruguai e Paraguai, aparecia como uma possibilidade de
uma maior articulação defensiva, mas também de construção de um novo tipo de
desenvolvimento (que fosse na sua essência a contraposição às políticas de ajuste), com
crescimento econômico e políticas macroeconômicas articuladas entre os quatro países,
mas também como uma possibilidade de associar a essas políticas os objetivos de
democracia, participação, redução de desigualdades, e sustentabilidade social e
ambiental, que estavam na essência do conflito entre os movimentos sociais e as
políticas de ajuste, e por isso essa possibilidade empolgou os movimentos organizados
dos quatro países da região.
As Relações entre os Movimentos Sociais e entre estes e o Arcabouço
Institucional
Vistos alguns dos aspectos que caracterizam e dificultam o processo de integração entre
Mercosul, vale apresentar a relação entre os movimentos sociais, organizações da
sociedade civil e sindicatos dos países membros, e também apresentar a relação destes
atores através da estrutura organizacional que foi sendo definida no Mercosul. Neste
sentido, destaca-se o papel do Movimento Sindical, do Movimento de Mulheres, do
Movimento dos Trabalhadores Rurais, das Organizações Não-Governamentais que lidam
principalmente com temas fronteiriços, além da importância das Redes e Articulações da
sociedade civil focadas no livre comércio.
123
Em quase quinze anos, desde que o Tratado de Assunção foi firmado, os temas
econômico-comerciais conduziram a agenda do Mercosul, colocando alguns objetivos
essenciais para o processo de integração regional em segundo plano, como por exemplo,
o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, preservação do meio ambiente,
difusão cultural, educação e saúde. Apesar desta constatação, estabeleceram-se
iniciativas e pequenos avanços foram alcançados, sobretudo em aspectos que interagem
com questões fronteiriças e relacionadas ao trabalho. Tais avanços foram discutidos
principalmente, no âmbito das reuniões especializadas e no Fórum Consultivo Econômico
e Social (FCES) - instâncias na qual as ações participativas da sociedade civil são
institucionalizadas.
O movimento sindical, com destaque para a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone
Sul (CCSCS) (5), foi fundamental para a evolução da participação da sociedade civil na
estrutura do Mercosul e no debate sociolaboral dos países membros. A própria história da
Coordenadora e suas reivindicações, mostram como se constituiu este processo de
participação, que levando em consideração as outras esferas sociais, teve uma maior
visibilidade. Desta maneira, cabe apresentar um pequeno histórico de sua formação e
desenvolvimento.
A CCSCS foi fundada em 1986 com o objetivo de defender a democracia e formular ação
conjunta contra a dívida externa. No final de 1990 define como prioridade de trabalho a
necessidade de desempenhar um papel protagonista na integração econômica e social do
Cone Sul. A partir de 1991 aprova em diversos encontros anuais documentos analíticos
contendo importantes reivindicações, das quais podemos destacar a Criação do Subgrupo
de Relações do Trabalho (e instituído pelo bloco em 1992), a adoção de uma Carta de
Direitos Fundamentais para o Mercosul e a criação de um fórum de representação da
sociedade civil, para fortalecer a participação desta na construção do Mercosul. Esta
última reivindicação é apresentada no ano de 1994, mesma ocasião em que se apresenta
o Protocolo de Ouro Preto criando o Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul
(FCES).
O FCES vai ser oficialmente instituído em 1996, mesmo ano em que, a Coordenadora,
como participante ativa do Fórum, consegue incluir o Direito a Iniciativa (direito de
apresentar propostas ao Grupo Mercado Comum por iniciativa própria e não apenas
quando consultado) e apresentar um projeto de um instrumento de proteção aos direitos
trabalhistas, que foi discutido posteriormente em forma tripartidária e aprovado como a
Declaração Sociolaboral do Mercosul. Esta declaração permite uma maior visibilidade dos
efeitos da integração comercial e da ação das empresas uma vez que estabelece
mecanismos que podem viabilizar a negociação coletiva e um espaço de solução de
conflito entre os segmentos econômicos, sociais e entre os países (6).
Apesar de tais conquistas serem consideradas um progresso na participação mais ativa
das representações dos trabalhadores no processo de negociação do Mercosul, é preciso
criar mecanismos efetivos que ampliem a influência do FCES nas definições de políticas
nos setores produtivo e social. Deveriam ainda ser priorizadas as questões sociais no
âmbito do arcabouço institucional do Mercosul – desta forma, seriam dados passos
essenciais no sentido de contemplar o que o Tratado de Assunção menciona: o objetivo
de integração seria alcançado através do desenvolvimento e a estabilização econômica
com “justiça social”.
No que se refere à influência e participação do Fórum, chamamos à atenção para as
manifestações de seus representantes nos anos que seguiram a sua criação. Estas
tinham o objetivo de relembrar aos Presidentes da importância de se efetivarem as
consultas, tendo em vista a finalidade e o espírito em que o Fórum foi criado: “O FCES
poderá cumprir com seu papel de agente consultivo se for devidamente consultado
dentro de um processo onde disponha das devidas informações e condições para a
elaboração de sua Recomendação, situação que até o momento não ocorreu (Ata da VI
Reunião Plenária do FCES)” (7).
124
Mesmo sem representatividade efetiva nas instâncias responsáveis pelo processo
decisório no Mercosul, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais dos
quatro países membros se articulam, elaboram declarações conjuntas e desenvolvem
atividades integradas. Anualmente, são realizados diversos encontros, seminários e
atividades sobre temáticas especificas dos movimentos, ou fóruns mais amplos que
abarcam temas sociais gerais comuns aos quatro países do Mercosul e da América Latina
como um todo. O Fórum Social Mundial, Fórum das Américas e encontro “O Mercosul que
Queremos”- idealizado pelas Organizações Sindicais e Sociais do Mercosul, com destaque
para a Aliança Social Continental e CCSCS - são alguns exemplos de iniciativas da
sociedade civil no sentido de promoverem a integração, pensarem conjuntamente ações
para enfrentarem os problemas sociais e ainda pressionarem seus governos para que
suas críticas sejam ouvidas e suas reivindicações incorporadas.
Não há dúvidas que os tratados de integração regional - não conduzidos por uma agenda
neoliberal e em favor das transnacionais – podem trazer benefícios aos povos envolvidos,
porém este processo deve contar com a participação efetiva e a aceitação das
sociedades. Dessa maneira a informação e a mobilização da sociedade civil dos países
envolvidos são essenciais para que as cláusulas trabalhistas, sociais e democráticas
incluídas nos acordos de liberalização comercial sejam cumpridas e priorizadas.
Os movimentos sociais da região se fortalecem no cenário em que o Mercosul se volta
para uma agenda externa pautada no livre comércio. O Mercosul foi concebido dentro do
princípio de integração regional aberta, não se limitando a incrementar o comércio entre
os países que o integram, mas prevendo relações com os grandes blocos econômicos
existentes. No ano seguinte à assinatura do Tratado de Assunção, formalizou-se o
vínculo com a União Européia, através do Acordo Bilateral de Cooperação
Interinstitucional, porém é somente em meados dos anos noventa que se dá ênfase à
agenda externa do Mercosul.
As Redes, Alianças de organizações da sociedade civil e movimentos sociais surgem na
segunda metade dos anos noventa como resistência aos processos de negociação em
curso da ALCA e do acordo bi-regional Mercosul–União Européia e contra as políticas
neoliberais impostas às sociedades. A Aliança Social Continental (ASC) pode ser citada
como exemplo de integração entre diferentes tipos de organizações e movimentos sociais
do continente, buscam alternativas de integração regional que vão efetivamente além
das questões econômico-comerciais, que garantam os direitos dos cidadãos e sejam
baseados na “implementação e coordenação de políticas nacionais e regionais de
desenvolvimento econômico e inclusão social (8)”. É através da bandeira de “não
aceitação de nenhum acordo que, a pretexto de promover o livre comercio, represente
uma ameaça ainda maior ao meio ambiente, aos direitos humanos, a igualdade das
mulheres, direitos sociais e trabalhistas” (9), que a ASC se forma e luta contra a ALCA e
qualquer acordo que não representem ganhos sociais países que ela representa.
Com esta percepção, grupos de mulheres dos quatro países membros do bloco, vem
conseguindo construir uma forte relação e integração entre si e em relação aos
mecanismos e processos em curso do Mercosul. Foram abertas algumas portas para a
participação desses grupos, mas assim como acontece com o movimento sindical,
precisa-se de maior vontade política para que questões sociais passem a integrar as
estratégias de desenvolvimento do bloco.
O movimento de mulheres pretende sensibilizar os atores sociais na luta pela garantia da
cidadania e da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nos diferentes
âmbitos de negociação do Mercosul. No contexto da liberalização comercial, trabalham as
relações desiguais entre norte-sul, a divisão sexual e internacional do trabalho, e contra
os interesses das corporações transnacionais.
Desde o ano de 1995 foram realizados seminários “Mulher e Mercosul”, onde foram
apresentadas análises sobre a situação da mulher no trabalho e as legislações
comparativas, realizadas propostas nas áreas legislativas, políticas públicas e
especialmente para as articulações regionais. Participantes do FCES, as feministas
125
reivindicaram sua participação nos subgrupos da Saúde; da Indústria; e do Trabalho,
Emprego e Seguridade Social e conseguiram instaurar a Reunião Especializada da Mulher
– na qual participam Ministras ou autoridades dos órgãos governamentais competentes
em políticas para as mulheres e grupos da sociedade civil. Este ano aconteceu o
seminário "Mercosul, Sociedade Civil e Direitos Humanos" que contou com a participação
dos grupos feministas entre outros atores sociais na esfera institucional do Mercosul,
organizado pelo Observatório de políticas de Direitos Humanos do bloco. Esses exemplos
sinalizam para a existência de um caminho iniciado e que deve ser percorrido, mas que
se precisa de mais iniciativas para que os objetivos sejam alcançados.
Outra representação, que vem trabalhando também com temas referentes aos acordos
de liberalização comercial, são os movimentos que se relacionam à defesa da agricultura
familiar. Tal movimento para atuar nos temas reativos ao Mercosul e ALCA, se fortalece
através da articulação conjunta entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, Frente Sul da Agricultura Familiar, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra,
Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento dos Atingidos por Barragens,
Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, Via Campesina, Coordenadora das
Organizações dos Agricultores Familiares entre outros. Além das organizações voltadas
para o tema da agricultura familiar, o movimento busca o apoio e a integração com as
Centrais Sindicais e com organizações e outros movimentos da sociedade civil.
Fazendo frente a liderança dos interesses da grande agricultura comercial dos países do
Mercosul, nas negociações dos acordos de liberalização comercial, o movimento dos
agricultores familiares assumem um importante papel em defesa da segurança alimentar,
reforma agrária, proteção ambiental, fortalecimento da agricultura campesina e familiar.
Ainda, suas reivindicações vão em direção a um processo de integração que levem em
conta a participação da sociedade civil, justiça social e o aumento da qualidade de vida
das populações rurais.
Reconhecida a relevância deste movimento no âmbito do Mercosul, o governo brasileiro por iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário - propôs ao Grupo de Mercado
Comum (GMC) do Mercosul, a primeira sessão da Reunião Especializada de Agricultura
Familiar (REAF). A reunião aconteceu em 2004 e seu objetivo foi pensar políticas
específicas para a agricultura familiar e a inclusão do tema na pauta do bloco. Na
segunda reunião foram recomendadas ao GMC, e estabelecidas entre os representantes,
prioridades de desenvolvimento no seguro agrícola e em créditos de financiamento, e
regras para a implementação de políticas comuns quanto ao tratamento especial e
diferenciado da agricultura familiar. Também foi instituída a construção de uma política
comum de gênero.
As reuniões especializadas constituem um importante canal de diálogo entre os
governos, e a sociedade civil. Adicionando o Fórum Consultivo Econômico e Social, e
alguns Subgrupos às Reuniões Especializadas, podemos considerar que estão sendo
abertos canais de participação da sociedade civil na estrutura do Mercosul e que por
mérito desta participação, alguns importantes logros foram conseguidos neste processo.
Ainda há muito a ser considerado, mais o caminho começa a ser esboçado, faltando
ainda a vontade efetiva dos governos de colocarem as questões sociais como prioridades
no processo de integração.
Algumas Idéias Sobre Dificuldades e Possibilidades
Apesar da participação efetiva e da tentativa sistemática de abrir novos espaços de
discussão e participação no interior do bloco, os movimentos sociais se confrontam
permanentemente com uma lógica de integração centrada na visão de predomínio de
aspectos não apenas econômicos, mas de uma economia dominada pela hegemonia dos
interesses financeiros, onde a liberalização comercial aparece como a contraface da
desregulamentação financeira, buscando pela obtenção de saldos em divisas, manter a
normalidade aparente dos fluxos financeiros.
126
Se ao longo dos anos 90 isso foi explícito e defendido de forma clara pelos governos da
época agora, embora ainda prevalecente, não aparece de forma tão aberta. A explicação
básica para esse novo comportamento parece ser que a sucessão de crises financeiras a
partir de meados da década passada levou a um comportamento muito mais pragmático
dos agentes negociadores, que passavam a ter o livre comércio e a abertura não como
um fim em si mesmo, como se desses processos pudesse resultar quase que
automaticamente um mundo de maior eficiência e melhor funcionamento para todos,
mas como a possibilidade de fazerem crescer um saldo que aparece como a única
esperança de seguirem tentando manter a normalidade dos fluxos financeiros, ou
diminuírem a sua vulnerabilidade face à volatilidade desses mesmos fluxos financeiros.
O processo de integração visto desta forma tem enormes dificuldades em se sustentar,
posto que na sua própria busca está a raiz dos conflitos que permeiam o processo. Se no
passado os estados nacionais da região competiam eventualmente por mercados para
seus produtos primários, ou por capitais de investimento direto para alavancarem seus
processos (nacionais) de industrialização por substituição de importações, agora
competem por capitais financeiros, pela obtenção dos saldos que lhe permitam manter a
tranqüilidade destes capitais e honrar seus compromissos externos com credores e
aplicadores.
Mais do que isso, esse processo não é apenas conflitivo entre os vários países, mas
conflitivo também com os movimentos sociais no interior de cada país, e de difícil
capacidade de hegemonizar essas sociedades enquanto projeto de futuro em ambiente
democrático (10).
Assim, a questão essencial que era capaz de sensibilizar os movimentos sociais
organizados no início do processo de discussão da integração na segunda metade dos
anos 80 – a capacidade de, a partir da integração, ser possível gerar uma forma
alternativa de desenvolvimento, sem subordinação no cenário internacional, e capaz de
ser social, regional e ambientalmente sustentável – permanece colocada para os
movimentos, e sua persistência motiva uma adesão crítica e parcial aos instrumentos do
processo de integração em curso. Como se viu anteriormente, a suposição aqui é que
essa incapacidade de gestação de uma alternativa de desenvolvimento com estas
características não é apenas uma dificuldade para o processo de integração, ela segue
colocada como uma dificuldade para a efetivação da própria democracia na região.
Assim, do ponto de vista dos movimentos sociais, parece muito difícil discutir de forma
substantiva um processo de integração com democracia e participação social, sem que
temas como soberania, bem estar social, redução de desigualdades e sustentabilidade
ambiental possam estar também colocados, que aparentemente é o que se nos oferece à
discussão mantendo-se as premissas do modelo de integração guiado pela abertura
comercial e hegemonia financeira. Discutir e avançar substancialmente no processo de
integração significa, deste ponto de vista, rediscutir as próprias premissas do modelo. Ou
seguir fazendo a discussão de forma crítica e parcial, como vem sendo feito até o
momento presente.
Notas:
(1) Aliança Social Continental, “Alternativa para las Américas”, disponível em www.asc-hsa.org,
com atualizações.
(2) O pensamento econômico liberal hegemônico reafirma permanentemente a convicção de que o
livre comércio e o livre fluxo de capitais podem, juntos, gerar um ambiente econômico capaz de
estimular o desenvolvimento e responder às demandas sociais. No entanto, não costuma responder
à objeção de que o comércio não pode ser livre para países que precisam enfrentar o peso dos
encargos da dívida externa e das remessas relacionadas à liberalização dos fluxos financeiros, e
que obrigam à necessidade de geração de enormes superávits comerciais. Para estes, o comércio
internacional acaba aparecendo como uma obrigação, e não como uma estratégia possível, uma
opção. Em geral, a pressão sobre os países menos desenvolvidos é no sentido de que se integrem
mais no fluxo internacional de comércio, para tornar possíveis as transferências financeiras
relacionadas aos pagamentos de dívidas e outros passivos externos”. (MINEIRO, A.S., “Da Alca
127
Light” aos Impasses de Puebla: Alca, Agricultura e Contradições”, em ActionAid Brasil e REBRIP,
Negociações Comerciais Internacionais na Era Lula – criação do G-20 e embates entre o
agronegócio e a agricultura familiar, Rio de Janeiro, Nov. 2004, p. 74.
(3) No âmbito oficial, vale lembrar, por exemplo, a Ata para Integração ArgentinoBrasileira, de meados de 1986, que instituía o Programa de Integração e Cooperação
Econômica (PICE).
(4) A taxa de juros norte-americana expressa na prime-rate passa de cerca de 7,5% em
1979 a cerca de 21% em 1982.
(5) Atualmente, representa as centrais sindicais da Argentina (CGT e CTA), do Brasil
(CGT, CUT e FS), do Chile (CUT), do Paraguai (CUT) e do Uruguai (PIT/ CNT).
(6) CASTRO VIEIRA, J de. Dinâmica Polieconômica do Mercosul, frente à Globalização.
Tese de Doutorado. Brasília, UNB/Centro de Pesquisa e Pós Graduação sobre América
Latina e o Caribe, 2001.
(7) Apud WANDERLEY, L. E. W., “Mercosul e Sociedade Civil”. São Paulo em Perspectiva,
16(1): 67-73, 2002.
(8) MELLO, F. (org.), “Fórum Continental: atores sociais e políticos nos processos de
integração”. São Paulo, 2000.
(9) Idem.
(10) “Outra hipótese central baseia-se na proposição de que sem a resolução da questão social o
processo de integração regional padece de substantividade e a democracia não se sustenta.
Partindo da concepção dominante que desvincula o plano econômico do político e social, que cogita
em crescimento econômico na lógica do mercado e ignora o desenvolvimento humano e
sustentável, que contrapõe os atores tecnoburocratas e os político-sociais, que leva os governantes
e setores empresariais, em geral, a descurarem do social, encarando-o como algo subordinado ou
efeito automático do econômico, que usa o social como tema retórico, não há uma preocupação
verdadeira no encaminhamento das questões sociais. Daí os embates permanentes com
trabalhadores organizados e crises sucessivas nos países do Bloco, nos quais as condições sociais
existentes são de extrema perversidade e vulnerabilidade.”, WANDERLEY (2002), op. cit:. 67.
3.9 INTEGRACIÓN
Y
ENERGÍA9
Pablo Bertinat10
La discusión de la integración en el sector energético nos brinda elementos concretos
para poder ejemplificar la brecha entre el modelo imperante de integración y la
construcción de un modelo alternativo. El sector energético constituye un aspecto
sensible de los proyectos de desarrollo, especialmente en lo que respecta al rol de la
energía como dinamizador de los proyectos productivos en la región; por esta causa, las
iniciativas oficiales de integración siempre han estado vinculadas a proyectos
energéticos. Los aspectos críticos de estos procesos y las propuestas alternativas desde
las organizaciones y movimientos sociales, se presentan a continuación.
1. Critica al paradigma y la política energética
Las matrices energéticas de los países industrializados y no industrializados presentan
algunas características comunes: uso intensivo de fuentes fósiles, cada vez más escasas
y con altos costos ambientales y económicos; agudizados en nuestra región por la
promoción de megaproyectos energéticos, principalmente hidroeléctricos (con graves
impactos sociales y ambientales).
a- Aspectos económicos y políticos
9
10
Documento de trabajo Cone Sul Sustentable.
Pablo Bertinat es del Programa Argentina Sustentable.
128
En la última década, los proyectos de integración energética en base a recursos hídricos,
petróleo, gas natural y energía eléctrica han cobrado gran relevancia en las agendas de
los Estados nacionales y las empresas del sector, en coherencia con el modelo exportador
primario de las economías de la región y la necesidad de garantizar la seguridad
energética para la producción-extracción de recursos en sectores intensivos en energía,
tales como minería, celulosa, siderurgia, etc.
Por ello, instituciones como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE),
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Corporación Andina de Fomento
(CAF), la Comisión para la Integración Energética Regional (CIER) y el acuerdo
MERCOSUR, además de bancos nacionales de fomento como el BNDES (Banco Nacional
para el desarrollo Económico y Social) de Brasil han impulsado obras de infraestructura
energética destinadas a la generación y distribución de energía, al servicio del modelo
exportador y la integración comercial.
De todas maneras estos proyectos tuvieron un lento desarrollo durante las décadas
anteriores adquiriendo un importante impulso en la última década asociado a una
profundización del modelo exportador primario y a la necesidad de garantizar la
seguridad energética para la producción-extracción de recursos de la región ante la
demanda creciente de energía y el agotamiento relativo de los recursos para producirla
en diferentes países y regiones.
Históricamente, se advierte una transformación del sector energético regional pasando
progresivamente de un manejo estatal de la planificación, prospección y producción
energética, a un modelo dominado fundamentalmente por las empresas privadas de la
energía, cuyo interés principal, lejos de orientarse a la satisfacción de las necesidades
energéticas de las personas y las comunidades, se focaliza en la venta de energía como
bien económico al servicio de la matriz exportadora.
Este cuadro se torna aún más complejo en aquellos países como Brasil y Venezuela,
donde la planificación energética sigue estando en manos del estado (a través de
órganos de planificación). Si bien el hecho de conservar o recuperar el rol de la
planificación energética puede representar una potencialidad de cambio también significa
una fuerte amenaza si las políticas son orientadas a satisfacer las demanadas de grandes
sectores industriales que elaboran productos con bajo valor agregado destinado a la
exportación. Este es el caso por ejemplo del sector siderúrgico de Brasil que recibe el
apoyo y financiamiento para las obras de infraestructura necesarias para atender la
demanda energética de su producción. Estos financiamientos según declaración de un
técnico del BNDES se dan en un nuevo marco de gestión de las empresas no más atadas
“a uma lógica empresarial associada a interferências políticas e econômicas dos
governos, que funcionavam como limitadores de uma gestão orientada para a obtencao
de resultados e da realização de uma ação estratégica competitiva” (1).
Esta misma actuación de los estados podemos observarla en otros países donde los
dineros públicos son utilizados en el desarrollo de la infraestructura necesaria para estos
sectores, en el caso de Argentina lo podemos visualizar para el caso de la minería como
del sector agroexportador.
El papel creciente del sector privado transnacional y de la lógica orientada por este
patrón de actuación en el sector energético también queda claro al revisar las
declaraciones de las instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID):
“En el pasado, tanto la construcción de centrales eléctricas binacionales,
como líneas de interconexión eléctrica entre países, respondían a decisiones
de los gobiernos, que eran llevadas a cabo por empresas, asimismo públicas.
Entre los proyectos de ese período, que contaron con la participación del BID,
figuran, la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, construida para conectar
los sistemas eléctricos de Argentina y Uruguay; así como la Central
Hidroeléctrica de Yacyretá, que liga los sistemas de Argentina y Paraguay. El
129
proyecto más reciente es el gasoducto Brasil-Bolivia, con capacidad para
transportar treinta millones de metros cúbicos de gas por día, vinculando
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, con San Pablo y Porto Alegre en Brasil, a lo
largo de 3150 Km.
Al hilo de las reformas de los sectores energéticos, una nueva dinámica
apareció en los procesos de integración antes mencionados. En los países
donde las reformas se encuentran en estadio más avanzados, como Chile,
Argentina, Bolivia y Brasil, agentes privados reemplazaron a los gobiernos,
pasando a convertirse en importantes actores en los sectores energéticos. De
forma tal que el sector privado ocupa hoy una posición privilegiada a la hora,
tanto de evaluar las ventajas relativas entre los países, como de aprovechar
las oportunidades de comercializar los intercambios de energía al por mayor
entre los respectivos mercados” (BID, 2001).
De esta manera, la “eficiencia” de la integración se evalúa en función de la generación de
un sistema de compra y venta de energía que garantice más que la seguridad de
abastecimiento de los habitantes, la rentabilidad de los proyectos productivos asociados
a los mismos. En definitiva, se aspira a garantizar la circulación de la energía como
mercancía (tal como sucede en el caso del agua y commodities agrícolas, forestales o
mineras), optimizando las ganancias no sólo de las empresas del sector -que se apropian
de la generación, distribución y comercialización de energía a precios subsidiados- sino
consolidando importantes ganancias a las empresas que tienen a su cargo la
infraestructura y la producción energética.
En la región latinoamericana, los grandes beneficiarios en el proceso de integración
energética son el reducido grupo de empresas transnacionales y algunas estatales
orientadas en una perspectiva de inserción competitiva en el mercado regional que
operan en los diferentes países, aprovechando las ventajas comparativas de sus
legislaciones y regulaciones para elevar sus tasas de ganancia a niveles exhorbitantes.
Tal es el caso de la empresa REPSOL, que en el año 2004 teniendo en Latinoamérica solo
el 28,2% de sus ingresos por explotación, representó el 61,9% del total de las ganancias
obtenidas a nivel mundial por el grupo (Arelovich S, Bertinat P, 2006). ENDESA, otra
gigante transnancional de fuerte presencia en la región latinoamericana, presenta una
relación similar en términos de inversión y capitalización por ventas de energía. Sólo en
los primeros nueve meses de 2006 las ganancias de ENDESA aumentaron en 61,2%. El
mayor incremento se presenta en sus filiales latinoamericanas: en Europa creció un 50,5
y en Latinoamérica un 120% (Economía y Negocios, 25/10/2006).
También podemos incluir aquí a Petrobras, que impedida por la legislación de su país de
origen (Brasil) de explorar en Parques Nacionales y territorios indígenas en su país, se
aprovecha de una legislación más permisiva en Ecuador para iniciar un proceso de
exploración en el Parque Nacional Yasuni, una reserva de biósfera, considerada una de
las zonas más frágiles y diversas de la Amazonia ecuatoriana. Vale recordar que
Petrobras es una de las mayores empresas de América Latina en busca de oportunidades
de negocios en el exterior.
Estas empresas incorporan a sus haberes y gestión toda la cadena energética de los
territorios donde se instalan (exploración, generación, distribución, comercialización) y
desarrollan verdaderos monopolios energéticos en la región. Los actores empresariales se
repiten y gran parte de las transacciones comerciales de energía son en la práctica
ejemplos de comercios intrafirma. En el Anexo A podemos observar al conjunto de
empresas que componen los grupos Repsol y Endesa quedando claro quienes son los
verdaderos actores de la integración energética actual.
Es importante ver el marco en el que se da este proceso. Si se contrastan las tendencias
de producción de gas y petróleo y energía eléctrica en la región con los indicadores de
crecimiento económico, vemos que el “negocio” de la energía crece a un ritmo incluso
más acelerado que la economía medida con los parámetros convencionales de
130
crecimiento (2). Tal es el caso de Chile, donde la demanda de energía creció un 7%
anual entre 1993 y 2003, casi duplicando el promedio de crecimiento económico del país
en el mismo período (5%) (3).
Esto configura al sector energético en un sector altamente atractivo en sí mismo para las
empresas transnacionales que visualizan a la energía no como un servicio sino como una
oportunidad de negocios con tasas de crecimiento superiores a muchos sectores
industriales.
A ello se agrega el crecimiento sostenido de la demanda energética en la región, a causa
de la presión ejercida por el sector productivo, particularmente los sectores
energointensivos (como la minería, siderurgia, la industria de celulosa, aluminio, etc), lo
que se traduce en un incentivo constante a la oferta de electricidad, petróleo y gas como
fuentes de abastecimiento.
Tal es el caso de la región norte de Brasil, donde por ejemplo las dos terceras partes de
la energía producida por la hidroeléctrica Tucurui (8370 MW de potencia instalada) es
utilizada para atender la demanda de grandes industrias del aluminio, cuya producción es
direccionada principalmente a la exportación. La inversión realizada para la producción
de energía fue del orden de los 8 mil millones de dolares y el número de empleos
generados no sobrepasa los 1200. Solamente una pequeña parte de la riqueza generada
por este emprendimiento queda en dicho país. Si a esto le agregamos el costo
socioambiental de la represa y de toda la cadena del aluminio podríamos dimensionar el
pasivo generado sobre los derechos colectivos del continente.
En definitiva, la región latinoamericana presenta gran concentración entre las empresas
generadoras, comercializadoras y explotadoras de los yacimientos energéticos; fuerte
presión sobre los recursos energéticos disponibles; devastación de los territorios
abordados por la empresas energéticas; millones de excluidos, afectados y desplazados
por los proyectos energéticos y asociados; e insatisfacción de las necesidades básicas de
millones de habitantes del continente, debido a los costos crecientes que impone la lógica
de libre mercado en el acceso a los servicios básicos.
Actualmente, existen proyectos concretos de integración energética para facilitar la
comercialización de energía y su aporte a los procesos productivos orientados a la
exportación, que vienen a reforzar esta tendencia. Tal es el caso de los proyectos
incorporados en IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana) que
intentan consolidar la infraestructura necesaria para apoyar el modelo extractivista
imperante a través de los llamados “ejes de integración”, o el caso también de la
propuesta de Anillo Energético.
IIRSA
En la
recientepara
XXXVII
reunión dede
Ministros
de Energía,Regional
realizadaSudamericana
el 8 de septiembre
“La
iniciativa
la Integración
la Infraestructura
(IIRSA)dees
2006
en la realizado
ciudad de
México,
en eldemarco
de del
la Organización
Latinoamericana
de ejes
la
un
acuerdo
entre
12 países
América
Sur, materializado
a través de 10
Energía
(OLADE), las autoridades
públicas diversos
decidieron proyectos
autorizar a de
la secretaría
de OLADE
de
comercialización
que comprenden
infraestructura
que
a “buscar losuna
recursos
económicos
para que de
se comunicaciones
apoye a los Países
Miembros, en
la
consolidarán
importante
red energética,
y transportes.
Dichos
instrumentalización
y desarrollo
de marcos
jurídicos por
de organismos
integración,multilaterales
en los diversos
proyectos
son impulsados
y financiados
principalmente
(BID,
acuerdos
energéticos
regionales,
subregionales,
binacionales
e incluso
llamados
ejes
CAF,
FONPLATA)
llevando
a los países
sudamericanos
a un aumento
de los
su deuda
externa,
integración”.a Ylas
enempresas
su declaración
final plantean:
“Manifiesta
la voluntad
políticapara
parala
ydebeneficiando
transnacionales
que utilizarán
esta
infraestructura
continuar apoyando
el proceso
de integración
energética
por subregiones,
impulsando
el
explotación
de nuestros
recursos
de forma de
poder abastecer
sus mercados.
De esta
desarrollo
marcos jurídicos,
que apermitan
inversiones
públicas yeconómico,
privadas, de
manera
la de
infraestructura
llevará
un importante
crecimiento
el manera
cual no
de utilizar recursos
abundantes,
limpios
económicos
disponibles
en la
región talpara
cualla
promoverá
el desarrollo
de la región
sinoy que
creará los
mecanismos
necesarios
son la hidroelectricidad
y elcapitalista.
gas natural”Asi
(4).mismo se promoverá la liberalización de los
reproducción
del sistema
mercados internacionales, tal como lo impulsa EEUU a través del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA).
Esta iniciativa se ha estado implementando desde el año 2000 de forma aislada y bajo un
total desconocimiento social, lo que explica la ausencia de participación por parte de las
comunidades locales, alejándose de una posible integración interna, dejando como
resultado solamente una integración física del continente que aumente la eficiencia del
mercado.
Es así que IIRSA generará una integración económica a expensas de la desintegración
sudamericana, pérdida de soberanía, aumento de la inequidad social y pérdida de recursos
131
naturales.”
Fuente: IIRSA. Otro paso en la explotación de los pueblos y territorios sudamericanos
Programa Uruguay Sustentable. Redes-AT, 2006
Es imprescindible que los gobiernos y organismos como OLADE abran el debate de los
diferentes proyectos energéticos para la región, en base a criterios que respondan a las
necesidades de los pueblos y reorienten las matrices energéticas hacia fuentes
renovables no convencionales utilizadas sustentablemente, reduciendo significativamente
los impactos ambientales y sociales de los proyectos energéticos convencionales.
Por cierto, este camino no resulta fácil si se considera que incluso en los proyectos de
integración promovidos por gobiernos “progresistas” se advierte la presencia del
paradigma convencional. Los proyectos son orientados para seguir abasteciendo una
demanda creciente de energía, considerada inclusive como indicador de “crecimiento” de
los países. Iniciativas que podrían llegar a cuestionar el modelo orientado al mercado y al
libre comercio como la reciente nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia fue
recibida con gran resistencia por los medios de comunicación y los voceros de las
corporaciones que intentan amordazar el margen de maniobra de los gobiernos que
intentan emprender un camino distinto
Es preciso que el debate regional inste a los gobiernos de la región a no consolidar el
modelo extractivista actual, que favorece el rol y beneficio de las empresas
transnacionales o del sector privado, por sobre el rol de los Estados y beneficio de los
pueblos.
Anillo Energético:
“La iniciativa del Anillo Energético Sudamericano corresponde a una de las respuestas
gubernamentales frente a la crisis de suministro que han sufrido los países de la región
desde fines de los 90. Pero también representa una de las fórmulas de cómo algunos
gobiernos han concebido la integración regional, y en particular la integración
energética.” En este caso esta iniciativa se vincula a una iniciativa de infraestructura
bajo iniciativa privada que intentaba aprovechar el gas de Camisea (Perú)
Fuente: Anillo Energético Sudamericano. Desafíos para la integración energética del
Conosur. Chile Sustentable, 2005
b- Aspectos sociales: No acceso, in-satisfacción de necesidades, destrucción de
comunidades y derechos de subsistencia
Según la Agencia Internacional de la Energía en el año 2002 en América Latina 46
millones de personas no tenían acceso a la energía eléctrica y 79 millones de personas
utilizan biomasa para cocinar.
En el Anexo B podemos observar la distribución de la población sin acceso a la energía
eléctrica por países en América Latina.
Se sigue imponiendo en América Latina la idea desarrollista de que detrás del
“crecimiento” de la economía existirá un goteo que permita mejorar las condiciones de
vida de los excluidos. Sin embargo ya todos sabemos que se necesita un crecimiento
exponencial para evidenciar un tímido goteo y este crecimiento se realiza a expensas de
132
los recursos de la región, de la integridad y soberanía de los pueblos y comunidades
locales.
Esta parece ser la visión actual de los gobiernos progresistas de la región que intentan
revitalizar los proyectos de infraestructura concebidos por las transnacionales,
incorporándoles algunos matices no menores como el abastecimiento de las regiones en
donde las mismas se implanten, pero consolidando un modelo extractivista y de
exclusión social.
Los indicadores tradicionales sobre consumo energético en la región esconden que el
crecimiento sostenido de la demanda de energía radica en los sectores industrial,
transporte, minería y demás sectores productivos, mientas que el consumo residencial es
muy bajo y relativamente estable. Mientras en un país como Bolivia con recursos
energéticos abundantes el consumo energético es de 4,069 BEP/hab, en Chile el
consumo es de 13,42 BEP/hab y en Venezuela es de 20,75 BEP/hab. A esta realidad se
agregan las inequidades internas existentes en cada país.
Otra cara de la moneda es el análisis de los precios de la energía, donde podemos ver un
fuerte subsidio sobre los sectores industriales a expensas de un mayor costo sobre el
sector residencial. En el Anexo C podemos ver la estructura de precios en varios países
de América Latina.
Se trata de poder construir socialmente un conjunto de satisfactores energéticos que
cubra las opciones productivas locales, condiciones culturales de genero, etc.
c- Aspectos ambientales: destrucción de recursos y territorios, Apropiación de recursos
naturales
La integración energética existente también nos muestra su cara ambiental cuando
vemos la devastación de los territorios abordados por la empresas energéticas, a los
millones de excluidos, afectados, desplazados por los proyectos petroleros, gasíferos,
grandes represas, industrias químicas asociadas, transporte , etc.
Las exploraciones petroleras, gasíferas, carboníferas, la construcción de represas y los
programas nucleares son algunos de los proyectos responsables del asedio y la expulsión
de comunidades indígenas, campesinas y urbanas de diferentes regiones de Sudamérica,
con el fin de realizar una extracción indiscriminada de los recursos locales para el
beneficio económico de las grandes corporaciones.
“El SOTE (Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano), sufre tres rupturas a la semana. En
Perú, el gasoducto de Camisea, en menos de un año y medio de inaugurado, ya ha
causado 5 desastres. En un accidente provocado por un gasoducto de Bolivia operado por
Transredes, se quemaron 29 personas y numerosas viviendas quedaron destruídas. En el
gasoducto Norandino a poco tiempo de inaugurado, se produjo un incendio por una fuga
de gas en la región de las yungas argentinas que fue apagado solo después de varios
días”. OILWATCH 2006
Estas son las otras guerras del petróleo, en donde no se enfrentan estados sino
empresas transnacionales y comunidades y entre las que podemos ubicar entre otras en
el continente las de los Mapuches en Neuquen, las de los Sarayaku en Ecuador, las de los
Guaraníes en Bolivia, las de los campesinos en Perú y muchas más.
Se contabilizan más de un millón y medio de personas desplazadas solo en Brasil por
emprendimientos hidroeléctricos y el gobierno brasilero tiene en carpeta más de mil
nuevas represas. Estos son parte de los millones de exiliados ambientales en el
continente, categoría que en nuestra región supera ampliamente a los exiliados por
conflictos armados o políticos.
El inventario de pasivos es grande y podemos pensar en las comunidades originarias
afectadas por la represa de Ralco o las 50000 personas que se debieran desplazar para
133
elevar la cota de Yacyretá fundamentalmente en Paraguay. También los impactos
previstos por la construcción de dos grandes represas hidroeléctricas sobre el río
Madeira, en la frontera entre Brasil y Bolivia, que comprenden riesgos de contaminación
por mercurio (dada la existencia de grandes cantidades de este material en el fondo de
las aguas), pérdida de la calidad del agua, imprevisibilidad de la extensión de las áreas
inundables, diseminación de foco de malaria, aumento del desmonte y pérdida de
biodiversidad, además de los impactos sobre los aspectos socioculturales de las
poblaciones ribereñas.
2. Propuestas de política energética de los pueblos
Los desafíos regionales en materia de energía pasan por el reconocimiento del derecho
de las personas, las comunidades y los pueblos, de acceder en condiciones de equidad a
servicios energéticos seguros, estables y sustentables. Los conceptos de sustentabilidad,
soberanía y seguridad energética resultan apropiados a esta definición.
Avanzar en esta dirección supone contemplar, en primer lugar, la democratización del
proceso de debate y toma de decisiones respecto a los proyectos específicos de
integración energética en la región a través de mecanismos que garanticen la
participación ciudadana. Discutir sobre políticas energéticas significa discutir políticas de
desarrollo e integración; y en este sentido, es imperioso poder entablar el debate
respecto a para qué y para quién deseamos y necesitamos producir energía.
Iniciativas desde la integración para los negocios, con un uso intensivo de energía para la
alimentación de megaproyectos productivos, violan el derecho de los pueblos a decidir
sus opciones de desarrollo del territorio y a satisfacer sus propias necesidades de
energía.
La mayor parte de los emprendimientos energéticos (como el Anillo Energético) y las
estrategias de integración (como IIRSA) generados desde la lógica de los negocios, están
orientados a satisfacer las necesidades de las grandes empresas y sobre todo, a
incrementar las ganancias de un negocio orientado principalmente a vender más energía,
en su calidad de bien escaso de alta demanda. Muchos de estos proyectos alteran
irreversiblemente los territorios donde se localizan; atraviesan los límites geográficos de
los ecosistemas y los límites políticos de las naciones; y obstaculizan el acceso a la
energía a gran parte de la población, por su alto costo o por estar orientados
principalmente a grandes centros de consumo, marginando a las comunidades locales del
acceso a las redes.
Por estas razones, es precisa la construcción de alternativas locales pero articuladas
regionalmente, para enfrentar los megaproyectos energéticos y reorientar la generación
de energía en función de abastecer las necesidades de los pueblos basado en la
construcción del concepto de sustentabilidad y soberanía energética. Tales conceptos
requieren tener en cuenta criterios orientados por las necesidades de la sociedad en su
conjunto no en lo que se refiere a la mera subsistencia, sino fundamentalmente al
ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. Esto
significa tener como criterio orientador de construcción de las políticas energéticas el
respeto de las formas de organización de las comunidades en sus territorios a través de
la inclusión y participación de estos sectores en las tomas de decisión.
No se puede avanzar en proyectos de infraestructura e integración energética sin discutir
previamente para que hace falta esa energía, quien la va a utilizar, con que pasivo social
y ambiental y discutir multicriterialmete las alternativas al “desarrollo” propuesto
anteponiendo el desarrollo de los pueblos.
Algunas premisas orientadoras para avanzar en esta dirección son las siguientes:
•
Revisar el modelo de industrialización actual, de forma de privilegiar el mercado
interno sobre el modelo agrominero exportador y reducir progresivamente la
dependencia de los combustibles fósiles.
134
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El apoyo a las luchas de los pueblos y comunidades que enfrentan proyectos
energéticos devastadores del medio ambiente y las condiciones de vida.
Detener, por lo tanto, las obras y exploraciones que causan fuertes impactos sobre
las poblaciones locales y el medio ambiente, exigiendo a los gobiernos y la sociedad
que impulsen un debate sobre nuevas formas de generación y uso de la energía.
La recuperación de la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales, en
particular los energéticos. Esto conlleva la discusión no solo de la propiedad de los
recursos naturales sino también de los mecanismos de apropiación y utilización de los
mismos. En concreto significa impulsar la nacionalización de los recursos energéticos,
interviniendo junto a los gobiernos para garantizar que el control de la política
energética este direccionada en la construcción de una transición a otro modelo de
producción y uso de la energía teniendo como criterio la sustentabilidad
socioambiental, el bienestar y la solidaridad de los pueblos.
La construcción de las políticas energéticas desde las comunidades y pueblos,
apropiándose de las mismas como parte fundamental de la construcción de otro
modelo de desarrollo.
La eliminación del concepto de energía como mercancía, sujeta a los parámetros de
los mercados.
La concepción de la energía como parte de los derechos humanos ampliados y
derecho de los pueblos a disponer de la misma a fin de garantizar condiciones de vida
digna.
El acceso a los bienes energéticos de manera digna por las diferentes poblaciones de
acuerdo a las particularidades sociales y culturales de cada pueblo.
En la etapa de transición a un nuevo modelo energético la incorporación de las
externalidades de los procesos energéticos perjudiciales al ambiente y la sociedad con
cargo sobre las empresas responsables de las mismas
Creación de mecanismos de participación social que permita una construcción
colectiva de las políticas energéticas locales y regionales
El desarrollo energético regional, además, demanda una reorientación de las fuentes de
energía y los mecanismos de generación y distribución. La incorporación de fuentes
renovables de energía utilizadas sustentablemente; la descentralización de los sistemas
de distribución; la recuperación de los recursos energéticos y sistemas de abastecimiento
como patrimonio público; y el uso eficiente de la energía en los diversos sectores. Estos
son elementos fundamentales para revertir las actuales tendencias en la matriz regional.
La extensión del uso de las fuentes alternativas de energía en el continente, como la
solar, la eólica, la microhidráulica, el gasógeno, las biomasas, los biocombustibles, etc.,
enfrenta un problema de costos, debido a que las fuentes convencionales no tienen en
cuenta los costos del deterioro ambiental, por lo que los precios de la energía son muy
inferiores a sus costos reales. Por esta razón, es necesario generar estrategias
articuladas a nivel regional, para incrementar y masificar el uso de fuentes alternativas
de energía. Además, las alternativas energéticas basadas en los combustibles fósiles
durante el período de transición hacia otras fuentes deben incorporar los costos de su
utilización en términos de la degradación ambiental, daños a la salud pública, vulneración
del patrimonio natural y cultural, entre otros elementos.
Avanzar hacia sistemas de generación distribuida es otro elemento clave en el desarrollo
del marco necesario para el desarrollo de las fuentes renovables. Consiste en sistemas de
generación relativamente pequeños, que están conectados directamente a la red de
distribución (media y baja tensión). Este sistema de generación favorece la
descentralización de actores en la generación y distribución de energía, reduciría las
pérdidas y, por ende, disminuiría significativamente los costos de inversión.
Con estos fines, los Estados latinoamericanos deben asumir la necesidad de diseñar una
nueva política energética, determinada por objetivos que respondan a las necesidades y
demandas de la población. Es deber del sector público diseñar y aplicar una estrategia
energética consistente con el desarrollo sustentable, que aborde desafíos de largo plazo
no considerados por el mercado. Restringir el desarrollo de megaproyectos con una
135
fuerte demanda energética; erradicar de los planes de desarrollo los megaproyectos
hidroeléctricos, por sus fuertes impactos ambientales y sociales; crear marcos
regulatorios que favorezcan el aporte de pequeñas generadoras a la red eléctrica; y
reducir las barreras de entrada que enfrentan las fuentes renovables no convencionales
para ingresar a la matriz energética, son algunas de las tareas que el sector público debe
asumir, con participación directa de la sociedad civil en estas iniciativas.
En esta perspectiva, es necesario reducir el sobreconsumo energético y promover un uso
eficiente de la energía en todos los sectores de la población. Por uso eficiente,
entendemos que es preciso revisar los patrones actuales de consumo y orientar los
esfuerzos para utilizar menos energía, sin afectar las condiciones de vida digna de las
comunidades y los pueblos. Marcos normativos que regulen la intensidad energética en el
sector productivo y campañas ciudadanas de educación para un consumo responsable de
la energía son algunas de las medidas más urgentes de implementar.
Como en todos los casos que hemos visto, el problema del uso sustentable tiene que ver
no sólo con el origen de los recursos, sino también con la escala en la que se utilizan. La
diferencia entre generar combustible a partir de restos orgánicos y a partir de grandes
plantaciones, es la misma que entre las pequeñas centrales hidroeléctricas y las grandes
megarepresas. Como siempre también, la generación de energía en base a grandes
plantaciones beneficiará principalmente a las grandes empresas que surjan en este
sector, interesadas principalmente en vender energía y no en resolver el problema del
derecho de las personas y los pueblos a este recurso básico.
Existen también nuevas amenazas en la región como por ejemplo el fuerte impulso a los
biocombustibles con la intención de abastecer a esta civilización petrolera a expensas de
la soberanía alimentaria. No hay territorio que alcance si se pretende abastecer al
planeta de este insumo para sostener un modelo consumista como el actual. Esto
requiere una fuerte revisión de los intentos de imponer la producción en escala de
biocombustibles a expensas de los territorios y los pueblos.
El otro es el intento de revitalizar la opción nuclear, hasta aquí con nefastas experiencias
en la minería, con el problema de los residuos sin solución, la siempre latente posibilidad
de proliferación armamentista, el endeudamiento por los altos costos del ciclo completo
siempre ocultado y la fuerte vulnerabilidad de las instalaciones sumado a que por los
recursos existentes jamás podría ser una opción de largo plazo.
La prioridad debe ser el abastecimiento de las necesidades locales, compartiendo los
recursos en la medida de lo sustentablemente posible. La integración energética de
Sudamérica en bases sustentables debe implicar un proceso de complementación
energética que fortalezca a la región en su conjunto, que permita lograr aceptables
niveles de autoabastecimiento, respectando los distintos tiempos y realidades específicas
de cada país. La integración energética no debe constituirse en un proceso de
construcción de regulaciones y legislación para que fluya la energía a bajo costo para
beneficio de las grandes empresas.
3. Los actores y las propuestas organizacionales para la plataforma energética de los
Pueblos
Articulación de los pueblos para la promoción del derecho a la energía y la
sustentabilidad energética: Plataforma Energética del Cono Sur
A diferencia del trabajo por la defensa del agua y la promoción de la soberanía
alimentaria, el cuestionamiento a la matriz energética latinoamericana y la construcción
de alianzas de los pueblos para el desarrollo de alternativas enfrenta barreras técnicas e
informativas que es preciso remover. Los debates sobre energía parecen lejanos a las
agendas de movimientos y organizaciones sociales por la dificultad de familiarizar a la
ciudadanía con los términos técnicos propios de estas discusiones. Adicionalmente, este
campo de acción tiende a no ser visto como prioritario por las redes y alianzas que
trabajan en otras áreas o sectores afines.
136
Sin embargo, existe una amplia gama de organizaciones y movimientos sociales que a
partir de los impactos de los grandes proyectos energéticos, particularmente
megarepresas para la generación de hidroelectricidad y actividades
de extracción
petrolera y gasífera, se organizan en la defensa de las comunidades y los territorios. Tal
es el caso del Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) de Brasil; y la Red
Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua
(REDLAR), Red VIDA, la red de resistencia a las actividades petroleras Oilwatch, etc.
El proceso de articulación de las organizaciones y movimientos sociales en torno a la
problemática energética es significativamente más reciente. En el año 2004, a nivel de
Cono Sur, organizaciones de la sociedad civil articuladas en torno al Programa Cono Sur
Sustentable (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) comenzaron algunos
esfuerzos por instalar la temática energética en la agenda de los movimientos sociales y
crear plataformas que recogieran las propuestas y demandas para avanzar hacia una
matriz energética accesible, segura y sustentable para los pueblos de la región. El Foro
Social de las Américas realizado en Quito dicho año fue una de las instancias de discusión
de movimientos de afectados, sociales, sindicales, ecologistas en la búsqueda de
construcción de esta agenda.
Este esfuerzo se orienta a la visibilización de impactos de los proyectos energéticos
convencionales, de las propuestas de integración energética regional y la promoción de
alternativas locales sustentables para la transformación de la matriz regional, incidiendo
también en los procesos de discusión de políticas públicas, los marcos regulatorios y las
instituciones públicas.
A través de espacios de encuentro regionales y procesos de discusión locales, se está
construyendo la Plataforma Energética Latinoamericana, que cuenta con la participación
de organizaciones ecologistas, sindicatos del sector energía y
representantes de
comunidades locales e indígenas afectados por megaproyectos energéticos en América
Latina. Paulatinamente, organizaciones y movimientos se están integrando a esta
discusión, que está cada vez más presente en el debate público por su carácter
estratégico en el desarrollo de los países, y por los crecientes impactos de los proyectos
convencionales de energía sobre las comunidades.
En el intento dotar a los movimiento sociales de algunas herramientas se discutieron
algunos ejes durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre en el 2005 de lo que se dio a
llamar Plataforma Energética de los Pueblos.
Plataforma Energética de los Pueblos
Energia : derechos y soberania
- La energía es un derecho: subsistencia (calor, cocción), mejoramiento de condiciones
de vida y sus sistemas productivos. Las comunidades tienen derecho al territorio
y a los recursos naturales (tierra, bosques, recursos energéticos etc.)
- Los estados tienen el deber de proveer a la población de este servicio y asegurar el
acceso de todos a la energía.
- La población debe participar democráticamente en los procesos de decisión sobre las
políticas y proyectos energéticos, opciones tecnológicas y el uso de las fuentes
energéticas de su país.
- Las políticas y proyectos energéticos deben prevenir los impactos sociales y
ambientales locales (comunidades y países) y globales (calentamiento global,
contaminación local, etc ).
- Esto requiere un cambio estructural del actual sistema de producción y consumo de
energía (detener la destrucción ambiental y destrucción de comunidades, identidades y
economías locales).
Energía: seguridad y soberanía
- La seguridad y soberanía energética debe estar basada en la soberanía de los
pueblos, sobre sus recursos energéticos y en las decisiones democráticas sobre su
137
uso.(priorizar las necesidades locales y nacionales; y orientarlas al uso de
energías propias y limpias)
- La soberanía energética requiere localizar el uso de las fuentes energéticas a escala
local, regional y nacional; permitiendo acceso y participación de la población, y la
estabilidad ambiental y política de los sistemas energéticos.
- Reducir el consumo: al igual que todo el comercio global motivado por un consumo
excesivo de los países industrializados, la explotación y uso excesivo de los
recursos energéticos y la energía, debe camb iar radicalmente. Es necesario
reducir el consumo energético y la dependencia de políticas basadas en la
explotación petrolera,
centrales nucleares y grandes represas. (problemas
ambientales globales como el calentamiento global, también exigen el cambio
hacia fuentes renovables y limpias.)
- Las relaciones entre los pueblos, deben orientarse hacia la cooperación y
complementación energética para las necesidades de los pueblos y no la
apropiación de las fuentes energéticas por unas pocas elites o por trasnacionales
para hacer negocio y acumular riqueza. Hoy se promueve modelos de integración
regional y global en base a criterios de libre mercado: i.
Acento en la
privatización; ii.
Marcos regulatorios favorables a empresas; iii.
Integración
basada en prioridades de negocio de grandes empresas y no a necesidades de la
población, ni prioridades nacionales ni locales; iv Exportaciones masivas hacia el
Norte y busqueda de rentabilidad corporativa de compañías para aumentar su
capital, responder a las demandas de crecimiento interno y las exportaciones;
v. Proteger inversiones (paneles de arbitraje).
Es necesario cuestionar el tipo de bienes que vamos a producir y hacia quienes están
dirigidos. De que manera se producirán y a quienes benefician estos procesos.
- La soberanía energética requiere: i.Acceso a energía y recursos energéticos;iiEquidad en el acceso, y ; iii-Sustentabilidad socioambiental de sistemas
energéticos.
Hacia el Foro Social Energetico: Programa Cono Sur Sustentable. Porto Alegre enero
2005.
Construir otra política energética es posible, pero para ello es necesario que se construya
o articule un movimiento social capaz de llevarlo adelante. En la medida en que no
podamos profundizar una amplia discusión publica, liderada por estos movimientos, de
las causas y cuales debieran ser las perspectivas en este aspecto resultará muy difícil
quebrar el dominio económico e ideológico de las empresas transnacionales en este
rubro.
En el Proceso de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos realizada en
diciembre en Cochabamba se visualizan muchas de las dificultades y fortalezas de la
construcción de un movimiento que pueda torcer el rumbo energético en la región.
En este proceso podemos identificar las siguientes características:
1- Relación entre la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de los presidentes:
El proceso que se dio en diciembre mostró la posibilidad de contacto directo entre ambas
cumbres. Desde los movimientos sociales esto surge como una exigencia desde quienes
construímos la posibilidad histórica de avance de los gobiernos progresistas en la región.
Lejos de legitimar las acciones de los gobiernos, la exigencia de los movimientos pasa
por ser partícipes de la construcción de una nueva realidad.
Sin embargo, el diálogo con los gobiernos mostró en lo que respecta a las políticas
energéticas de la región una preocupante opción por adaptar los proyectos de
infraestructura regional energética a las nuevas condiciones. Si bien existe la visión de
mejorar los mecanismos de intercambio de los bienes energéticos entre los países de la
138
región de manera de mejorar la posición relativa de los países proveedores de recursos,
esto no altera la estructura extractivista en beneficio de las transnacionales instaladas en
la región. En este sentido nos referimos no solo a las transnacionales del sector
energético sino al resto de las cadenas productivas que incorporan a la energía en
condiciones favorables para viabilizar otros proyectos extractivistas y contaminantes
como la minería, la siderurgia, el aluminio, etc.
Es necesario en este caso intentar repetir al interior de los países los mecanismos de
dialogo que nos permitan cuestionar el curso del desarrollo y generar espacios
participativos locales.
2- Movimiento sindical
El sector sindical del continente muestra un fuerte activismo por la recuperación de los
recursos naturales con importantes hitos como por ejemplo la posición de los petroleros
de Brasil en el conflicto entre el gobierno de Bolivia y Petrobras.
Esta posición reclama fundamentalmente la recuperación de la renta del sector a fin de
ponerla al servicio de proyectos en muchos casos de características nacionalistas . Tal
vez el punto de mayor discusión pase por el debate respecto a que se debe construir con
dicha renta y como poder dar sustentabilidad al desarrollo. El presente modelo es
inviable en el largo plazo aún a condición de recuperación de la renta del mismo, por ello
se hace necesario poder profundizar el debate respecto al modelo. Este debate debiera
despojarse de anhelos ligados exclusivamente a la defensa de determinados espacios
como por ejemplo el de los trabajadores del sector nuclear de Argentina y Brasil y otros
sectores que posiblemente debieran disminuirse en beneficios de muchos otros que
debieran crearse o fortalecerse en la construcción de otro modelo de desarrollo. Sobre
esto hay experiencias internacionales a analizar y la realidad muestra por ejemplo que el
desarrollo de las fuentes renovables aportan mucho más empleo que las convencionales.
Pero este es un gran debate que debiera ser impulsado por el conjunto de la sociedad sin
preconceptos.
3- Movimientos de afectados y ecologistas
Los innumerables movimientos de resistencias en todo el continente han permitido poner
en debate las características del actual modelo energético. Han permitido también el
fortalecimiento de coaliciones intercambiando experiencias de lucha. Sin embargo la
deficiencia fundamental pasa por la falta de construcción de alternativas. Sin querer
hacer recaer toda la responsabilidad de la generación de las alternativas en estos
sectores, es importante el desarrollo del análisis crítico del actual sistema de producción,
apropiación y consumo de los bienes energéticos en la región.
Creemos que se hace necesario fortalecer aún más las alianzas existentes y poder
dotarlas de herramientas conceptuales que permitan mostrar la cara del desarrollo
actual y poder construir la cara del desarrollo deseado.
4- Sectores políticos progresistas
Estos sectores tal vez sean los que más se han apropiado del discurso neoliberal de la
integración, planteando que el solo hecho de que cambie de manos la conducción del
proceso es garantía de otra realidad. Los hechos muestran que los mismos desastres
sociales y ambientales pueden ser realizados en nombre de las transnacionales pero
también en nombre de los estados progresistas. Para muestra podemos ver la actuación
de la transnacional estatal Petrobras en Ecuador o el papel del estado uruguayo en el
caso de las celulosas en Uruguay.
Esto también estuvo claro en el proceso de la Cumbre de Cochabamba donde aparece
una apropiación del discurso de la integración de los pueblos por parte de los gobiernos
pero impulsando las mismas obras, las mismas políticas que sus antecesores. Esto, de
139
cualquier manera, debe ser visto en un espacio en disputa donde se observan diferentes
posiciones de los diferentes gobiernos.
La oportunidad de los movimientos sociales de impulsar realmente otra integración pasa
por fortalecer el debate interno respecto a la misma pero fundamentalmente por seguir
impulsando los espacios de debate con los gobiernos.
s imprescindible poder construir mecanismos de participación pública y local de manera
de poder abrir el debate en estos aspectos.
Sin dudas el presente es un proceso de cambios y debe ser visto como tal. Esto implica el
poder visualizar y construir el modelo de sociedad que necesitamos, el modelo de
apropiación de los recursos naturales que nos permita garantizarlos para nosotros y las
generaciones futuras y verlo como un proceso posible de construir en etapas en la
medida de que estén claros los objetivos finales.
Referencias:
AEDO, 2006. Endesa en América Latina. Impactos en la matriz energética y la
sustentabilidad regional. Aedo, María Paz. Conosur Sustentable, marzo 2006. Trabajo
realizado para la Alianza Social Continental
ARELOVICH, Bertinat y ot., 2006. Repsol en Argentina. Aproximación al perfil e impactos
de la empresa, Arelovich, Sergio, Bertinat, Pablo y ot. Conosur Sustentable, marzo 2006.
Trabajo realizado para la Alianza Social Continental
BID, 2004. Integración Energética en el Mercosur Ampliado, Washington DC, 2001
HONTY, 2006. Renovables y Sustentables, Gerardo Honty, presentación en el 3º Foro
Regional de Energías Renovables, 19-20 de septiembre 2006, Buenos Aires
LEROY, Jean Pierre e MALERBA, Julianna. Petrobrás: integración o explotacion? Rio de
Janeiro: FASE, 2006
OILWATCH 2006. Frente al gasoducto del sur. Declaración de Oilwatch, abril 2006.
O Valor Econômico. 20/12/2006.
Anexo A:
Empresas del grupo Repsol en América Latina:
Área Gas natural y electricidad
Central Dock Sud, S.A. (1)
Compañía Mega, S.A.
Gas Natural SDG Argentina, S.A.
Gas Argentino, S.A. GASA (1)
Gas Natural BAN, S.A.
Metrogas, S.A. (1)
Natural Energy, S.A.
Natural Servicios, S.A.
Ceg Río, S.A.
Compañía Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, S.A.
(C.E.G.)
Gas Natural de Sao Paulo Sul, S.A.
Gas Natural do Brasil
Serviconfort Brasil, S.A.
Gas Natural Cundiboyacense, S.A.
Gas Natural del Oriente, S.A. ESP
Gas Natural ESP
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
140
Gases de Barrancabermeja, S.A. ESP
Servicorfort Colombia, S.A.
Administradora de Servicio de Energía de México, S.A. de
CV (ASEMSA)
CH4 Energía, S.A. de C.V.
Comercializadora Metrogas, S.A. de CV
Energía y Confort Administración Personal, S.A. de CV
Gas Natural México, S.A. de CV
Gas Natural Servicios, S.A. de CV
Sistemas de Administración y Servicios, S.A. de CV
Transnatural SRL de México
Buenergía Gas & Power, Ltd.
Área Exploración y Producción
YPF, S.A.
Pluspetrol Energy, S.A.
Empresa Petrolera Andina, S.A.
Maxus Bolivia Inc.
Pacific LNG Bolivia S.R.L. (1)
Repsol Exploración Securé S.A.
Repsol YPF Bolivia, S.A.
Repsol YPF E & P Bolivia, S.A.
Transierra, S.A. (1)
Repsol YPF Brasil, S.A.
Repsol YPF Eléctrica de Brasil, S.A.
Repsol Exploración Colombia, S.A.
Repsol Occidental Corporation
Repsol YPF Cuba, S.A.
Repsol YPF Ecuador, S.A.
Repsol YPF OCP Ecuador, S.A.
YPF Ecuador Inc.
Oleoducto de Crudos Pesados, Ltd. (1)
Repsol Exploración Perú, S.A.
BPRY Caribbean Ventures Llc.
Repsol Exploración Tobago, S.A.
Repsol Exploración Trinidad, S.A.
Repsol Exploración Venezuela, BV
Repsol YPF Venezuela, S.A.
Atlantic LNG 2/3 Company of Trinidad & Tobago
Atlantic LNG Company of Trinidad & Tobago
Colombia
Colombia
México
México
México
México
México
México
México
México
Puerto Rico
Argentina
Argentina
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Cuba
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Islas Cayman
Perú
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Venezuela
Venezuela
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Empresas del grupo ENDESA en América Latina:
141
142
Anexo B:
País
Argentina
Bolivia
Brasi
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Otros
TOTAL América Latina
Población sin electricidad
(millones)
1.9
3.0
9.5
0.5
4.3
0.1
0.5
0.7
1.3
1.5
1.9
5.5
2.7
0.3
2.8
0.5
0.8
6.5
0.0
1.5
0.5
46.3
Fuente: World Energy Outlook, 2004. Agencia Internacional de Energía
Anexo C:
Comparación de precios de la energía en sectores residencial e industrial:
País
Precio interno residencial con
Precio interno industrial con
impuesto
4.14
5.49
8.27
8.56
5.60
10.55
impuesto
2.08
3.98
3.84
5.56
3.76
3.89
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Fuente: Honty, 2006
Notas:
(1) Investimento deve crescer 140% em 5 anos. O Valor Econômico. 20/12/2006.
(2) La relación entre ambas tendencias es lo que entendemos como “intensidad
energética”
(3) Márquez, Miguel, publicado en diario electrónico “El Ciudadano” nº 36, 17/06/2006
(http://www.elciudadano.cl/2006/06/17/el-estado-castiga-a-los-pobres).
(4) OLADE, XXXVII Reunión de Ministros, Resumen de Decisiones y Declaraciones
Ministeriales,
página
2
(http://www.olade.org/documentos/DECISIONES%20Y%20
DECLARACIONES%20MINISTERIALES.pdf)
3.10 ELEMENTOS
11
PARA UMA INTEGRAÇÃO GERADORA DE IGUALDADE
11
Este artigo foi publicado no Caderno da SOF.
143
Nalu Faria12
Adotar uma perspectiva de construção da igualdade pressupõe compreender que a
sociedade é composta por homens e mulheres envolvidos numa relação social específica.
Ou seja, uma sociedade sexuada, estruturada transversalmente pelas relações de
gênero. Disso, decorrem práticas sociais distintas; e também, uma relação desigual e
hierárquica entre homens e mulheres. Tal relação tem por base material a divisão sexual
do trabalho, que atravessa todo o campo social. Portanto, não há como se questionar o
modelo se não se questiona essa desigualdade (Daniele Kergoat, 1996).
O debate sobre economia feminista buscou, em primeiro lugar, visibilizar as mulheres
como atoras econômicas, e assim, enfocar o grande volume de trabalho doméstico e de
cuidados realizado pelas mulheres, considerados parte do mundo dos afetos, e não
reconhecido como trabalho. Dessa forma, desconsidera-se a contribuição das mulheres
para a economia. Como categoria de análise, utiliza-se o conceito de divisão sexual do
trabalho, que permite abordar a relação entre produção e reprodução, mas também, a
exploração diferenciada das mulheres no mundo produtivo e no trabalho assalariado.
Mas é importante compreender as particularidades dessa chamada nova ordem da
globalização neoliberal, que estendeu de forma profunda o que chamamos de sociedade
de mercado. Nesse modelo, o livre mercado se impôs, organizando a forma de viver da
população.
O impacto da divisão sexual do trabalho
A presença das mulheres no trabalho considerado produtivo está marcada pela divisão
sexual do trabalho, que separa o trabalho das mulheres do trabalho dos homens, e
também os hierarquiza, valorizando mais o trabalho masculino. Além do mais, a
presença das mulheres no trabalho assalariado ou no campo não altera em nada a
questão da responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico e de cuidados.
Mesmo depois das lutas feministas em vários países, isso mudou muito pouco, inclusive
na realidade européia.
A privatização dos serviços básicos impede a garantia de direito a água, eletricidade,
saúde e educação. Com isso, sobrecarregam-se as mulheres com o trabalho de cuidado,
pois essa responsabilidade não é dividida adequadamente nem com os homens, nem
com o Estado. Ainda que seja crescente o negócio de tecnologias domésticas e produtos
que possam facilitar a realização desse trabalho, seu acesso está condicionado pelos
recursos necessários para adquirir tais produtos. Com mais ou menos tecnologia
doméstica ao alcance, a responsabilidade das mulheres nas tarefas de reprodução segue
sendo central, e determina o uso do nosso tempo, opções e construção da subjetividade.
O segundo aspecto é que, sob este modelo de globalização neoliberal, a atual divisão
internacional do trabalho é estruturada pela divisão sexual do trabalho. As mulheres
estão concentradas em setores da produção internacionalizada, como em determinados
ramos do agronegócio como a produção de frutas no Chile, aspargos no Peru, castanhas
na Bolívia, flores na Colômbia, beneficiamento de pescados em outros. Na indústria,
estão nas maquilas do México, da América Central ou Ásia.
Como característica da divisão internacional do trabalho, esse modelo utiliza a
precarização do trabalho feminino. Nos países do Norte, isso se dá por meio da
modalidade de trabalho em tempo parcial, enquanto nos países do Sul, via trabalho
informal e precário.
Há que mencionar, como parte desse processo, o turismo sexual no Sul, e a migração e o
tráfico para o Norte, que incrementa, por um lado, a prostituição e a indústria do
entretenimento, e de outro, o emprego doméstico no Norte, o que Cristina Carrasco
chama de “globalização do trabalho de cuidar das pessoas”.
12
Nalu Faria é coordenadora da SOF – Sempreviva Organização Feminista.
144
Por outro lado, há o fato tão mencionado de que, sob essa globalização, aumentou o
trabalho assalariado das mulheres. Porém, o desemprego segue mais alto para as elas, e
no campo, o balanço em relação ao acesso a trabalho e a renda para as mulheres é
negativo. Ocorre, inclusive, uma diminuição da população no campo e maior migração
das mulheres. Sabe-se que isso tem a ver com a ocupação de nossos territórios pelas
transnacionais e, portanto, da concentração da terra em poucas mãos.
Nas palavras de Julia Di Giovanni (Folha Feminista, 2004): “Na globalização neoliberal,
nas novas e velhas formas de imperialismo, vivemos sob uma combinação perversa entre
mercado e patriarcado. A mesma força do patriarcado que nos mantém caladas como
objetos do poder masculino, permite ao movimento da ‘mão invisível’ do mercado que
negocia nossas vidas e direitos, é a mesma força do punho militarista que também se
move impune por detrás das liberdades do capital”.
Autonomia sobre seus corpos e suas vidas
Essa realidade também significa um retrocesso em várias conquistas feministas dos anos
70 e 80. Como parte desse processo, o mercado se apropriou do modelo de feminilidade
tradicional e isso pode ser constatado em múltiplas dimensões, mas tem como ponto
central a idéia de que as mulheres devem viver para agradar o outro.
Foi dentro dessa lógica de mercantilização de todos os aspectos da vida que voltou a ser
imposto um padrão de beleza estrito, vinculado a uma indústria que coloca a
possibilidade da compra de tal beleza no mercado. Para isso, há toda uma parafernália
que inclui regimes para emagrecimento baseados na medicalização, cosméticos,
academias de ginástica, botox, lipoaspiração, cirurgias plásticas, etc.
Segue também a idéia de que uma mulher só é completa com a maternidade. Nesse
caso, há uma apropriação perversa da luta das mulheres por emancipação e, hoje, a
mulher é cada vez mais a única responsável pela família, em particular, nos setores mais
pobres. Ao mesmo tempo, dentro dessa apropriação perversa, as mulheres são
visibilizadas dentro do modelo como as pobres. Ou seja, o mercado se apropriou também
do reconhecimento das mulheres como atoras econômicas. São vistas como aquelas que
vão gerir a pobreza, gerenciando as políticas focais de alívio da pobreza. Ao mesmo
tempo, esse modelo criou uma falsa dicotomia entre o econômico e o social. Magdalena
León (2005) colocou o tema da seguinte forma: “... essa velha problemática da economia
feminista, com a globalização, transformou-se em outra, que é voltar a lutar pelo status
econômico que tem a ver não só com a reprodução, mas com uma parte da produção
feita pelas mulheres. Um problema central é que está traçada uma linha divisória entre o
que é econômico e o que é social, em termos de temas, problemas, fenômenos, mas
também de competências (....) O principal nesse campo são as finanças públicas, as
taxas de juros (...) as questões relacionadas ao mundo monetário e financeiro. Foi-se
separando cada vez mais alguns temas como sociais, por exemplo, o trabalho. Então, em
geral, para toda a população, o trabalho, a pobreza e, claro, a saúde, a educação, etc,
são vistos e tratados como temas sociais”.
É fundamental ir além da avaliação dos impactos diferenciados das políticas econômicas
sobre as mulheres, ou seja: atuar para explicitar a centralidade das relações de gênero
no modelo econômico. Cabe, portanto, ver as magnitudes e significados das nossas
contribuições nas relações que fazem possível sustentar a vida, a produção e a
reprodução dentro de um modelo ineficiente e depredador.
Por uma integração geradora de igualdade
A integração do continente tem o desafio de mudar as relações de produção
estabelecidas ao longo do colonialismo e do capitalismo neocolonial, que tornaram
145
nossos povos dependentes e subordinados. Além disso, uma integração com igualdade
deve atuar para desmantelar os mecanismos de opressão, que conjugam classe, gênero,
raça e etnia. Nesse sentido, há que se atuar para desconstruir as diversas formas de
discriminação de mulheres, negros, indígenas, homossexuais e todos os setores
oprimidos. Para isso, as reivindicações de tais setores terão que ser assumidas
efetivamente, e o conjunto dos movimentos deve incorporar essas plataformas como
parte de um projeto de integração. Por exemplo, a luta contra a violência que as
mulheres sofrem pelo direito a soberania sobre o corpo e a sexualidade, etc.
A partir dessas considerações, entendemos que uma proposta de integração geradora de
igualdade deve (1):
- Colocar o tema do equilíbrio entre produção e reprodução e atuar para que a
sustentabilidade da vida humana seja o eixo central para a construção de um novo
modelo. Ou seja, a satisfação das necessidades humanas e o bem estar. Isso remete ao
debate da relação entre produção e reprodução. Evidentemente, uma das questões
básicas nesse debate tem a ver com a visão de desenvolvimento e de crescimento que
muito já foi questionada pelo feminismo. O debate é sobre o quê e como produzir, e
como distribuir. Hoje, o mercado impõe um padrão de consumo alimentar baseado na
indústria e comércio da alimentação sob controle das grandes transnacionais, contexto
no qual a distribuição está concentrada nos grandes supermercados. Muitas vezes, esse
padrão é adotado pelas famílias em função de diminuir o trabalho doméstico, uma vez
que isso está sob a responsabilidade individual das mulheres. Isso se remete não só à
forma como se organiza o consumo cotidiano, mas ao modelo energético, à relação com
a natureza, ao padrão de consumo, à produção industrial e camponesa, à organização
dos serviços públicos, etc. Assim, deve-se agregar a importância de visibilizar as
dimensões de gênero em tais decisões.
- Um projeto emancipador só existirá se for garantida a soberania das mulheres
sobre suas vidas. A autonomia sobre nossos corpos, o direito a viver sem violência, a
optar se queremos ou não nos reproduzir, a interromper uma gravidez indesejada. Que
essa soberania seja garantida pelo Estado e que o conjunto da sociedade construa e
reconheça modelos abertos de sexualidade e de família, que não fiquem atados àqueles
impostos pelo patriarcado, o capitalismo, a igreja e a norma heterossexual.
- É estratégico ter a Soberania Alimentar como uma das propostas estruturais de
um projeto de integração dos povos. Em primeiro lugar, ela propõe a defesa do
conhecimento das mulheres e recusa qualquer mecanismo de privatização da vida. Além
disso, é possível visibilizar a relação campo-cidade e a importância de considerar a interrelação entre o consumo alimentar na cidade com a produção e distribuição de
alimentos. A integração alternativa é indispensável para, finalmente, romper a matriz
colonial que se mantém em nossas economias, pois nos atribuiu e nos atribui o que
devemos produzir, e em que condições, fato que, na fase neoliberal chegou a afetar a
estrutura básica de produção alimentar que haviam construído as economias indígena e
rural.
- É fundamental recolocar o papel do trabalho com centralidade. Seja no sentido de
recuperar que o trabalho humano é o principal construtor das riquezas existentes, seja
no sentido de atuar para a desalienação do trabalho e a reorganização do mesmo. Nisso
se insere não só o debate dos direitos e das condições de trabalho, mas também, a
construção de uma crítica e uma alternativa a fenômenos ainda considerados um pouco
fora da agenda dos movimentos. Por exemplo, o tema da migração, turismo sexual,
tráfico sexual e prostituição. Não se trata apenas de reivindicar os direitos dos/das
migrantes nos países para onde foram. Trata-se de questionar a extensão, o significado
desses fenômenos, principalmente desmascarando tanto o papel das máfias envolvidas,
como a hipocrisia de muitos governos que vêem nesses processos possibilidades de
aumentar a entrada de dólares no país. O neoliberalismo fez com que nossa produção
fosse destinada ao exterior, o que impõe um modelo de desigualdade ao interior dos
países. Garantir trabalho digno para todos e todas, emprego com direitos, erradicação da
146
pobreza, a oportunidade de não ter que migrar e possuir condições para viver onde
queiram, são questões que se vinculam diretamente com decisões soberanas sobre o
modelo e a política econômica.
- Recuperar o sentido público do Estado. Na maioria dos nossos países, o Estado
não é mais reconhecido pela população como provedor de direitos, e o neoliberalismo
tem atuado sobre isso. É necessário recuperar o papel do Estado como o que garante
esses direitos, que esteja a serviço da sociedade e do povo, que exerça seu poder e
execute a gestão de forma democrática, transparente, com participação popular.
Portanto, o conjunto dos governos deve romper com a visão monetarista de acordo com
a qual atuam, baseada no ajuste, sem colocar a questão da garantia de direitos como a
sua principal função. Um Estado comprometido com a autodeterminação dos povos, que
respeite a diversidade e que esteja comprometido com a construção de uma sociedade
igualitária. Isso significa que os governos devem enfrentar os privilégios com as elites
que impedem que nossos povos tenham seus direitos garantidos.
- Uma ampla e urgente democratização dos meios de comunicação que rompa com
intermediação dos meios transnacionais e empresariais que impõem suas próprias
agendas de comunicação, invisibilizam as mulheres em sua ação pública e criminalizam a
ação social. Precisamos nos apropriar da comunicação no sentido da cidadania, a fim de
estabelecer diálogos entre países e povos que propiciem o conhecimento e entendimento
mútuo.
Perspectiva feminista para enfrentar o mercado
Por outro lado, ainda há um conjunto de temas vinculados à questão de alternativas que
devem ser construídas a partir de uma visão feminista. Os temas da energia, de
investimento, da crítica à empresa como a suposta unidade econômica, e alguns ramos
da tecnologia, em geral, refletem espaços nos quais as mulheres permanecem excluídas.
Não é por acaso que em temas como a defesa da biodiversidade e a crítica às patentes,
as mulheres têm sido protagonistas, pois sua experiência cotidiana, ainda que marcada
pela divisão sexual e seu lugar na família, permitiram acumular conhecimentos e
construir posições críticas às tentativas de dominação por parte do mercado e, ao mesmo
tempo, apresentar alternativas.
A visão de integração que queremos construir é baseada na ética e em valores de
humanidade, não apenas no mercado. Propõem-se mudanças no modelo econômico,
pelas quais noções como crescimento, mercado, modernização e desenvolvimento são
questionadas. No debate atual, há enunciados gerais que coincidem com princípios-chave
da economia feminista: solidariedade, cooperação, reciprocidade e justiça. O desafio é
que passem de um discurso retórico a práticas e políticas concretas.
A reapropriação coletiva de nossos recursos, a adoção de formas variadas de organizar a
produção, a prioridade para o cuidado e bem estar humanos, o fortalecimento das
diversidades e autonomia plena das mulheres são imperativos para Outra Integração.
É no processo de luta e organização que se dá a construção das bases desse sujeito
coletivo histórico, que luta por uma sociedade sem exploração, sem desigualdade em
relação às mulheres, sem racismo, com respeito à liberdade de orientação sexual e a
garantia da soberania dos povos unidos em sua diversidade.
Notas:
(1) Algumas propostas contidas nesse texto estão baseadas no panfleto Mulheres
construindo alternativas para outra Integração, elaborado para Cumbre Social de los
Pueblos, Cochabamba, dezembro de 2006.
147
3.11 SOBRE
DEL
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN A LA CREACIÓN DEL
BANCO
SUR
Eric Toussaint, maio de 200513
Dos tendencias opuestas están presentes en Latinoamérica. Por una parte, los gobiernos
de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea consiguen sellar con los países de
la región acuerdos bilaterales de libre comercio, favorables a las empresas del Norte. Las
privatizaciones masivas de los años ochenta y noventa se hicieron en beneficio de éstas,
para controlar un gran número de sectores económicos vitales para el desarrollo. Los
flujos de capitales van de la región a los países más industrializados, mediante el
mecanismo de la deuda, la repatriación de los beneficios de las multinacionales del Norte,
la fuga de capitales organizada por los capitalistas latinoamericanos; mientras que la
deuda pública interna sigue en fuerte aumento, las condiciones de vida se estancan y los
más explotados se empobrecen aún un poco más, aunque algunos programas de
asistencia pública limiten los daños (Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador).
Por otra parte, las numerosas movilizaciones populares de los últimos años se reflejan en
la elección de gobiernos, algunos de los cuales buscan invertir el curso histórico de los
últimos treinta años y afrontar la situación descrita en el párrafo anterior, reinstaurando
un control público sobre los recursos naturales del país (Venezuela, Bolivia, Ecuador),
sobre otros sectores claves de la economía (Venezuela) y haciendo fracasar algunos
proyectos estratégicos de Estados Unidos (fracaso del ALCA en noviembre de 2005 y
dificultades para ejecutar el plan Colombia, debido a la oposición de Venezuela, Ecuador,
[2] y Bolivia). Algunos gobiernos emprenden reformas sociales y aplican una política
redistributiva. Venezuela desde 1999, Bolivia desde 2006 —y dentro de poco Ecuador—
han emprendido una modificación de sus constituciones en un sentido más democrático.
La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) agrupa a Venezuela, Bolivia, Cuba,
Haití, Nicaragua y, como observador, Ecuador. Rafael Correa despidió el 26 de abril 2007
al representante del BM en Ecuador. Hugo Chávez anunció el 30 de abril 2007 que
Venezuela se retiraba del FMI y del BM. Bolivia indicó que deja de reconocer la autoridad
del CIADI, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos relativos a las
Inversiones, que depende del BM. En este panorama, la creación de un Banco del Sur[3]
proyectada para fines de 2007 es una pieza importante de esta contra-tendencia.
Los preparativos del Banco del Sur
Desde febrero de 2007, Argentina y Venezuela, a los cuales se ha asociado Bolivia, se
pusieron de acuerdo para crear el Banco del Sur. A estos tres países se agregaron
rápidamente Ecuador, Paraguay, y desde hace muy poco Brasil (oficialmente desde el 3
de mayo de 2007). El texto que fue sometido a discusión a los ministros —antes de que
Ecuador interviniera en la elaboración con una propuesta original— con fecha del 29 de
marzo había sido redactado por Argentina y Venezuela. La propuesta ecuatoriana fue
elaborada por el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Ricardo Patiño, y cuatro
miembros de su gabinete, a los cuales se unieron tres extranjeros, Jorge Marchini [4],
Oscar Ugarteche[5] y yo mismo[6]. Esta propuesta, elaborada en alrededor de 15 horas,
fue sometida el lunes 30 de abril al presidente, Rafael Correa, que ratificó las grandes
líneas. El 3 de mayo, en la reunión ministerial, presidida por el presidente de Ecuador, se
aprobó la Declaración de Quito (http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2630). Lo
que ahora está programado es una cumbre presidencial, que tendrá lugar antes de fines
de junio 2007. En ella se adoptará el texto que definirá qué es el Banco del Sur y
proclamará la creación definitiva de esta institución.
¿Qué orientación propugnaba el texto redactado por Argentina y Venezuela?
13
Eric Toussaint, Doctor en Ciencias Políticas, Presidente del Comité para la Anulación de la Deuda
del Tercer Mundo - Bélgica www.cadtm.org, autor de Banco mundial: el golpe de estado
permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, Editorial Viejo Topo (Barcelona),
2007, autor de Banco del Sur, marco internacional y alternativas http://www.cadtm.org/
article.php3?id_article=2001.
148
El texto inicial redactado por Argentina y Venezuela (el 29 marzo 2007) tiene elementos
que provocan a la vez sorpresa y rechazo. Este proyecto habría sido el único sometido a
discusión de la reunión ministerial de Quito si Ecuador no hubiera decidido elaborar una
nueva propuesta.
Primer elemento: el diagnóstico de partida incluye consideraciones perfectamente
compatibles con la visión neoliberal —la visión del Banco Mundial, del pensamiento
económico dominante, de la clase capitalista— sobre la causa de las debilidades de
Latinoamérica. El texto pone en evidencia que el escaso desarrollo de los mercados
financieros es la causa principal de los problemas de Latinoamérica. Las consideraciones
generales precisan que es necesario promover la constitución de empresas
multinacionales de capital regional, sin especificar que sean públicas, privadas o mixtas.
Sin salir de las consideraciones generales, dice que se trata de estimular el desarrollo de
los mercados de capitales y de los mercados financieros regionales.
Segundo elemento: el proyecto propone la creación de un Banco del Sur, que tendría las
funciones de un Banco de Desarrollo y de un Fondo Monetario de Estabilización, al mismo
tiempo. Un Fondo de Estabilización consiste en un organismo que ayude a los países de
la región cuando, por ejemplo, se vean sometidos a ataques especulativos. Para hacer
frente a estos ataques, los países necesitan reservas de cambio importantes para
protegerse. El proyecto común de Argentina-Venezuela propone un solo organismo,
llamado Banco del Sur, cuyas funciones sean a la vez las de un banco de desarrollo y de
un fondo monetario. No hay en esto nada objetable. Por el contrario, lo que puede
resultar chocante es que se insista en que su función sea el desarrollo de los mercados
de capitales, de la industria, de las infraestructuras, de la energía y del comercio. En este
proyecto no se da prioridad, en absoluto, a la protección del ambiente o a las políticas
culturales y educativas. Visto el diagnóstico de partida, podemos temer que las políticas
macroeconómicas que recomendarán se mantengan en la lógica del ajuste estructural y
de las políticas monetaristas ortodoxas. También que el Banco del Sur se endeudará en
los mercados financieros.
Tercer elemento importante y discutible: la propuesta de Argentina y Venezuela prevé
que los derechos de voto se atribuyan en función del aporte de cada país. Así, si
Argentina aporta el triple que Ecuador o Paraguay, tendrá también el triple de derechos
de voto. Se aplica, por lo tanto, el mismo sistema de repartición de votos que tienen el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo). Se sigue así un criterio antidemocrático y se haría en esta institución, en
cuanto a su funcionamiento, lo que se critica en otro lado. En cuanto a los miembros, la
propuesta de Argentina y Venezuela abre la posibilidad de que Estados de Asia y de
África participen con un estatus de observadores en el Banco. Esto es positivo, ya que de
esta manera aumenta su dimensión como institución del Sur. Pero, a pesar de que no
está explícito, podemos pensar que habrá una plaza para las instituciones financieras
multilaterales. Sabemos, por otro lado, que en las discusiones que tuvieron lugar en
marzo y abril de 2007, algunos miembros de los gabinetes, especialmente de Argentina,
pensaban que el BM y el BID podrían ser accionistas del Banco del Sur, sin derecho de
voto. Lo más grave está en la última parte, en el capítulo 8, donde se habla de
«Inmunidad, Exención y Privilegio», lo que es una reproducción de los estatutos del BM,
FMI y BID. También se dice en este proyecto, en el artículo 42, que los archivos son
inviolables, lo que quiere decir que sería imposible hacer una auditoría al Banco del Sur.
Y en el artículo 45 —allí es simplemente un «cortar y pegar» de los estatutos del BM y
del FMI—, leemos que existe inmunidad total con relación a los procedimientos judiciales
y administrativos, relativos a los actos ejecutados por sus funcionarios en el marco de
sus misiones.
El texto propuesto por Argentina y Venezuela es totalmente coherente con la orientación
política del gobierno de Kirchner en Argentina, pero, por el contrario, es totalmente
incompatible con las posiciones adoptadas por Venezuela. Una explicación plausible es
que los delegados argentinos y venezolanos que redactaron este texto eran técnicos
149
formados en universidades anglosajonas y favorables a la dominante economía
neoliberal. Podemos suponer que este texto nunca fue leído, aprobado y asumido por el
presidente de Venezuela.
Frente al texto argentino-venezolano ¿qué prevé el proyecto presentado por
Ecuador?
Ecuador propone tres instrumentos: un Fondo Monetario Regional, un Banco del Sur y la
creación de una unidad monetaria del Sur, una moneda única sudamericana que
permitiría los intercambios entre los países de Latinoamérica sin tener que recurrir al
dólar, como sucede en general actualmente. Este tercer instrumento fue aceptado por
Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguay y Bolivia.
El texto propuesto por Ecuador comienza con consideraciones generales importantes. La
primera consiste en que los dos organismos, Fondo Monetario del Sur y Banco del Sur, o
el organismo único si sólo se crea el Banco del Sur, deben garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos humanos y permitir la aplicación de los acuerdos, criterios y tratados
internacionales que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales. Se ve
enseguida que el enfoque ecuatoriano no es comercial ni economicista. Es un enfoque en
términos de derechos humanos. Se trata de implementar herramientas económicas que
deben servir para garantizar la aplicación de los derechos humanos fundamentales. En
las consideraciones se tiene en cuenta también que las políticas de tipo neoliberal del BM
y FMI —está dicho implícitamente—, llevaron al agravamiento de las condiciones de vida
de una gran parte de las poblaciones, a un aumento de las desigualdades en la
distribución de los ingresos y de las riquezas, a una pérdida del control de los países de
la región de sus recursos naturales, a un aumento de la tendencia migratoria. Frente a
esto, es necesario poner en práctica políticas públicas tendientes a reforzar las
estructuras que permitan a los países recuperar el control sobre los recursos naturales y
su aparato productivo en la región, de los cuales una buena parte ha pasado a manos de
las transnacionales del Norte.
¿Cuáles son las otras propuestas originales de Ecuador concernientes al Banco
del Sur?
Lo más importante es que estos dos organismos no deben endeudarse en los mercados
de capitales, a diferencia del Banco Mundial y del BID. Hay que decir que el BM, que se
endeuda en los mercados de capitales, justifica a menudo su política neoliberal con el
argumento de que es fundamental mantener la mención AAA como banco de préstamos
en el mercado de capitales para a su vez conseguir fondos con el interés más bajo. Si se
quiere desarrollar políticas que no buscan la rentabilidad a cualquier precio, no hay que
depender de esta notación. Es por ello por lo que el capital del Banco del Sur, que le
permita conceder préstamos, debería provenir de cuatro fuentes:
1. Un aporte de capital de los países miembros.
2. Préstamos que los países miembros le harían al Banco, pero que serían contratos que
no dependieran de los bonos emitidos en los mercados de capitales regionales o del
Norte.
3. Impuestos globales comunes, o sea, diferentes tipos de impuestos globales que serían
aplicados por los países miembros y cuya recaudación sería transferida al Banco de
Desarrollo, tales como la Tasa Tobin, impuestos sobre las ganancias repatriadas por las
transnacionales, de protección al medioambiente, etc.
4. Donaciones.
Si un Fondo Monetario del Sur fuera instaurado, está previsto que el dinero que
dispondrá para ayudar a los países que lo necesitaran provendrá de una parte de las
reservas que cada Estado pone a disposición del Fondo en caso de necesidad. El Fondo
podrá disponer, en caso de necesidad, del 20 % de las reservas de cambio de todos los
países miembros. Por ejemplo si Bolivia sufre un ataque especulativo, inmediatamente el
Fondo pide a los Bancos Centrales de los países miembros que le hagan una
150
transferencia, en pocas horas, del 20 % de sus reservas para ser utilizadas en la defensa
de dicho país. Hay que hacer una precisión importante: esto quiere decir que no se
bloquean los fondos en forma permanente, se los reúne sólo en caso de necesidad.
Otro elemento importante dentro de los principios generales de la propuesta ecuatoriana
es que los interlocutores del Banco del Sur o del Fondo son los Estados miembros. La
idea es conceder préstamos destinados a las empresas públicas, a pequeños productores,
al sector cooperativo, a las comunidades indígenas, etc. En principio, el Banco no
prestará a las grandes sociedades transnacionales del Sur, como las que existen en
Sudamérica: Petrobras, gran sociedad brasileña mixta privada-pública; PDVSA, la
empresa petrolera venezolana; Techint, empresa privada argentina... No es a estas
empresas a las que el Banco les prestará dinero, sino al sector público, a pequeños
productores, a las comunidades locales, a los municipios, a las provincias, etc. Se les
prestará el dinero a través de los Estados miembros. La idea es evitar que el Banco del
Sur se convierta en un «mastodonte», como ocurre con el BM, que tiene cerca de 13.000
empleados que van por el mundo, en múltiples misiones eludiendo el contacto con los
gobiernos centrales de los países del Sur. Estas misiones debilitan deliberadamente a los
poderes públicos. Se piensa en una estructura del Banco sin demasiados empleados y
cuyos interlocutores sean los Estados. El objetivo es que los Estados, de acuerdo con la
orientación del Banco, presten principalmente a quienes lo necesitan, para la aplicación
de un modelo alternativo, respetuoso con el medioambiente, que busca promover la
justicia social y que ayude a los que no tienen fácil acceso a los capitales. Por lo tanto,
por definición, en principio no se prestará a las grandes empresas privadas.
Otras diferencias entre el proyecto presentado por Ecuador y el argentinovenezolano
Según el proyecto ecuatoriano, está previsto que cada Estado miembro debe
implementar un mecanismo para que, todos los años, se rinda cuenta del funcionamiento
y de la actividad del Banco y del Fondo. Este mecanismo debe incluir una discusión
parlamentaria pública.
En lugar de decir que los archivos son inviolables, el principio elegido es que estos
forman parte del dominio público. Puede haber algunas excepciones provisorias, algunas
decisiones del Fondo pueden ser momentáneamente de carácter confidencial en relación
con ataques especulativos.
Los funcionarios del Banco y del Fondo deberán pagar sus impuestos.
No hay inmunidad. Se indica que los funcionarios del Banco o del Fondo son responsables
de sus actos ante la justicia. Finalmente, se prevé que el Banco y el Fondo, en tanto que
personas morales, pueden ser procesados.
¿Qué balance podemos hacer de la reunión ministerial del 3 de mayo de 2007?
En primer lugar, hay que señalar que Brasil, que hasta ese momento dudaba de su
participación en el Banco, afirmó que se adhería a este proyecto. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que este país, conforme a su política económica y social, y a la política
exterior del gobierno de Lula, ve sobre todo a este Banco como un instrumento de
política comercial, habla esencialmente de un bloque económico y toma como modelo,
sin ninguna crítica, a la Unión Europea (UE). Para el CADTM y para una serie de
movimientos sociales —europeos o no— la UE, tal como está constituida, no es en
absoluto un modelo. Por supuesto que hay aspectos positivos importantes: el hecho de
tener una moneda única, un espacio en el cual las fronteras internas se han suprimido y
permiten en gran medida la libre circulación de las personas. Pero es cierto que el
modelo actual de la Unión Europea promueve la aplicación de políticas neoliberales,
favorece mucho más la circulación de capitales que de personas, ya que está restringido
el desplazamiento de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros del Este. La UE
provoca una competencia muy fuerte entre los trabajadores. En el marco de la Unión, no
ha habido nivelación hacia arriba de los códigos de trabajo ni de las obligaciones
151
patronales con los trabajadores. Allí donde todavía existen sistemas de seguridad social
favorables se busca su privatización, como en Hungría después de haber entrado en la
UE.
Esta visión acrítica de la Unión Europea expresada por Brasil, es, con seguridad,
compartida por otros países latinoamericanos, ya sea porque se hacen ilusiones sobre la
UE, ya sea —y es lo más probable— porque con pleno conocimiento de causa comparten
la idea de que es necesario privilegiar un modelo muy cercano al neoliberalismo. Estos
países encuentran que la UE esta muy bien bajo su forma actual.
¿Qué podemos pensar de la adhesión de Brasil al Banco del Sur?
Dado el peso de la economía brasileña en Latinoamérica, la participación de Brasil da un
impulso de salida al Banco significativamente muy importante. El problema con Brasil es
la orientación del gobierno de Lula y del modelo económico y social que pone en práctica.
Está claro que la integración de Brasil en el Banco del Sur lo escora a un esquema mucho
más tradicional, no demasiado alejado del neoliberalismo, mientras que si Brasil no
participara sería más simple llegar una definición más cercana al modelo alternativo que
proponemos. Pero Brasil está en el Banco del Sur porque no puede estar ausente: si las
bases del Banco no hubieran sido elaboradas a iniciativa de Venezuela y Argentina, Brasil
ni siquiera se habría interesado. Pero para mantener su papel dominante no puede estar
ausente del Banco del Sur.
Si nos ponemos en el lugar de Ecuador, Venezuela y Bolivia, comprenderemos el interés
que muestran estos países en tener a Brasil en el Banco, puesto que es una potencia
económica importante y porque una serie de gobiernos progresistas de la región desean
mantener buenas relaciones con este país para evitar que refuerce su acercamiento a
Estados Unidos, lo que debilitaría la región frente a la agresividad estadounidense. Existe
un verdadero juego diplomático y geoestratégico. Lo ideal sería que el gobierno brasileño
adoptara una política realmente de izquierda, alternativa a su alianza con Estados Unidos
y a su apoyo prácticamente exclusivo a la industria agroexportadora o industrial
exportadora que parte a la conquista de los mercados de la región. Pero estamos lejos de
ello.
¿Qué tendencia predomina en el ámbito regional?
El gobierno actual de Paraguay es un gobierno de derecha, y podría ser reemplazado
después de las elecciones presidenciales de este año. Un cura de izquierda podría ganar
las elecciones. Del lado argentino, hay una retórica anti-FMI y anti-neoliberal, pero el
gobierno argentino adopta una orientación de refuerzo al capitalismo en Argentina.
Existen dos grandes iniciativas en Latinoamérica en este momento: por una parte este
Banco del Sur y por otra, el Mercosur, que se extiende. Al principio comprendía Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela, que busca una alianza regional más fuerte en
oposición al ALCA promovida por Estados Unidos, se ha adherido al Mercosur, al igual
que Bolivia, y Ecuador está como observador. Tenemos por lo tanto un bloque económico
que se define principalmente por las relaciones comerciales y económicas, y que está
dominado por el sistema capitalista. Este bloque permite reforzar los intercambios y
favorece cierto tipo de integración regional.
Por otra parte, existe otra iniciativa, el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las
Américas, en la cual participan Venezuela y Bolivia, y se han sumado Cuba, Haití,
Nicaragua y Ecuador en calidad de observador. Cinco días antes de la reunión de Quito
sobre el Banco del Sur, se realizó una reunión en Venezuela sobre el ALBA, que es una
propuesta de integración política cuyo eje central está constituido por Cuba-VenezuelaBolivia. Los gobiernos de estos tres países afirman explícitamente que su orientación está
enfocada a instaurar el «Socialismo del siglo XXI», una orientación anticapitalista y
antiimperialista, que tiene como objetivo la solidaridad entre los pueblos.
Por consiguiente, en Latinoamérica y en el Caribe estamos en un escenario muy
152
particular, donde tenemos dos tipos de proyectos, en parte competidores, pero que
coexisten, puesto que varios países son miembros de ambos. Venezuela y Bolivia están
en el Mercosur y también en el ALBA, ya que ésta tiene una orientación mucho más a la
izquierda que el Mercosur y porque Cuba está en ella. Brasil, sin oponerse a Cuba, afirma
claramente su amistad al gobierno de Washington.
El Banco del Sur está entre estas dos tendencias, aunque más cerca del Mercosur que del
ALBA. No incluye a miembros clave del ALBA, comenzando por Cuba, pero también Haití
y Nicaragua. Por supuesto, sería lógico que el Banco del Sur en un futuro se extendiera al
Caribe y a Centroamérica —y por qué no a México, si hubiera un cambio de gobierno— y
desarrollara relaciones privilegiadas con países en desarrollo de otros continentes, como
África y Asia. El Mercosur es un bloque esencialmente económico, muy dominado por
Brasil, que ejerce un tipo de «subimperialismo», una potencia económica que domina a
sus socios en la región. Que sea Argentina, Venezuela, Ecuador o Paraguay, todos tienen
una balanza de pagos negativa con Brasil. Este país les exporta mucho más de lo que de
ellos importa. Por otra parte, está dotado de empresas transnacionales, como Petrobras,
que controla sectores económicos clave de sus vecinos. Con otras transnacionales esta
petrolera se impone en el sector del gas y el petróleo boliviano; otras empresas
brasileñas tienen una fuerte presencia en Paraguay. El Mercosur, dominado por Brasil,
aliado a Argentina, se parece más a la Unión Europea, dominada por el trío francogermano-británico, con una orientación claramente capitalista neoliberal, mientras que el
ALBA es un proyecto más político que económico, basado sobre todo en los intercambios
de tipo trueque o donaciones. Venezuela hace importantes donaciones a Nicaragua,
Bolivia y Haití. El ALBA me parece un proyecto realmente interesante. ¿Qué es lo que va
ser determinante? Será la orientación política de los gobiernos y la lucha de los
movimientos sociales.
Ecuador tiene una orientación radical, favorable a un reparto de ingresos en favor de los
más explotados, de los más oprimidos. No renovará el acuerdo para ceder la base militar
de Manta a Estados Unidos a partir de 2009. Cuestiona el tipo de explotación petrolera
que destruye una parte de su territorio en el Amazonas, por ejemplo. Se observa con
claridad que la política de Ecuador, desde ese punto de vista, está más próxima a la de
Venezuela y a la de Bolivia que a la de Brasil. En Paraguay se podría producir un cambio,
con un presidente izquierdista. Por otra parte, no hay que excluir grandes movilizaciones
en Brasil, en particular, por parte del Movimiento de los Sin Tierra (MST), que impulsa la
acción por una verdadera reforma agraria, en oposición a la política de Lula. Se podría
tener en los meses y años venideros un refuerzo de la dinámica de los pueblos en acción
y del proyecto del ALBA. La orientación del Banco del Sur dependerá de los gobiernos
que sostengan su creación. Aunque hay que temer que predomine la orientación
avanzada por Brasil y Argentina, el juego todavía está abierto. Es ahora cuando hay que
dar todo el apoyo posible para que el proyecto del Banco del Sur concrete todas las
esperanzas que suscita.
Notas
[1] El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que no renovará la concesión de la
base militar de Manta al gobierno de Estados Unidos, cuando finalice dicha concesión, en
el año 2009.
[2] Ver varios materiales sobre el Banco del Sur: http://www.cadtm.org/rubrique.php3?
id_rubrique=1 y http://www.cadtm.org/es.mot. php3? Id _mot=336
[3] Miembro de Economistas de Izquierda de Argentina (EDI), miembro del Observatorio
Internacional de la Deuda (OID) y profesor de Economía en la Universidad de Buenos
Aires.
[4] Profesor de Economía en la Universidad de México. Miembro de la Organización
Latindadd y del OID.
[5] El presente texto sólo compromete a su autor.
3.12 EL ALBA – UN
NUEVO
AMANECER?
153
Esperanza Martinez, 200614
Alba que trae la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…
América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la
tierra. El Movimiento Sin Ti erra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y
Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.
De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en
varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean
nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá.
En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).
La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a
perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.
Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de
materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para
sostener su modelo agroindustrial y de sobre-consumo energético.
Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y
deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del
neoliberalismo.
Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión
colonial.
El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973).
Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578).
La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de
dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y
resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la
primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la
segunda hace frente a la agresión colonizadora.
El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos
momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo
cuando se habla de integración.
América Latina: exportar energía e importar alimentos
América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es
bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas
posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo
el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun
presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas:
papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores
condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes
yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países
industrializados.
Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran
deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda
Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6
14
Esperanza Martínez es de Oil Watch.
154
millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655
mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10
millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil (1). La diferencia la exporta
justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8
billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en
América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el
2001 a 135.6 en el 2005.
La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para
someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus
productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.
El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país
que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería
una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso,
cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de
seguridad nacional”(2).
El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y
el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.
Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y
estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y
el Caribe.
Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7%
en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del
campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la
ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan
poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en
los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a
nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo
de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en
nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.
El ALCA, el IRSA, y el PPP
Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América, como son el
TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención
de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las
economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la
libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.
Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la
construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los
tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos
naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además
levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad,
su trabajo sea cada vez más barato.
Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el
IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan
Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como
son el TLCAN, el CAFTA, el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales
con Colombia, Ecuador y Perú.
Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores
de oleoductos, gasoductos, y mineroductos, que comunican los centros de extracción
con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los
155
corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda
clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores
de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores
hacen posible el acceso y control de los recursos naturales: energéticos, minerales y de
biodiversidad y agua.
Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son
ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas
como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas,
y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la
producción agrícola.
La integración desde el ALBA
En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo
que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al
fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la
mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea
además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de
bienes agrícolas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el
desmantelamiento del ALCA.
Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque
a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los
países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de
actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al
contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un
preocupante silencio en relación a las transnacionales.
Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el
punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar
una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de
lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un
recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de
los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como
nacionales.
Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la
construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando
los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.
En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el
ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la
integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el
avance en la construcción de la carretera"(3).
El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban,
en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225
kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no
sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se
convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica”(4).
En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto
que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de
Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo
era fomentar el libre comercio.
156
Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de
los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción
tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a
Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de
hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en
que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.
Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas
y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y
eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.
Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región,
atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región
una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e
incendios son inevitables.
Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas
que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.
Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se
convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para
el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.
Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la
industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso
aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que
tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.
¿Qué pasa en el mundo petrolero?
Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas
las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades,
tampoco se factible hablar de redistribución de riquezas y es final mente una fuente de
destrucción de territorios y riquezas naturales.
Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como
son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos
como se ha ido privatizando el negocio petrolero:
- En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la
información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de
los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de
Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde
el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos
controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de
territorios ancestrales indígenas.
- En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales
que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales
las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las
diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las
beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el
cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.
Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan,
suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa
157
son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los
yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor
cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fu entes de agua, contaminando
los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.
- En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como
inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La
mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos
serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la
pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.
En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas
transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el
transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el
país.
- En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías
estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos
y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el
equilibrio ecológico.
- La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en
privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las
empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la
mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las
comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas
de peligro y de contaminación.
- El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene
la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios
y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor
capacidad adquisitiva.
- La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que
se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y
remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de
remediación.
Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su
imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que
nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de
limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren
derrames.
- La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las
mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay
transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control,
veeduría o auditoría.
¿Es posible la soberanía energética?
En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una
parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de
recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.
Pero la disyuntiva “privatización - soberanía”, va más allá que la confrontación entre la
empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién
158
debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien
controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?
La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay
temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las
comunidades y sus territorios.
Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas
transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la
región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se
cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses
trasnacionales o de elites nacionales.
Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus
prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más
alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales
quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.
La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo
control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:
·
Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la
salud de la naturaleza.
·
Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.
·
No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y
equidad.
La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus
riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a
intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es
una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades
sin sacrificar otros recursos.
Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes
descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad
simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente
Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que
desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que
permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y
restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el
saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos
lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un
agenda de unidad regional.
Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada
por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de
plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos,
diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.
Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización
petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se
retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan
al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las
guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se
subrayan de forma cada vez más letal.
159
No hay oscuridad más profunda que la que precede al Alba. Los mitos indígenas que
hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de
años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…
3.13 QUE
INTEGRAÇÃO REGIONAL?
Jean Pierre Leroy15 com a colaboração de Marcelo Achkar16, janeiro de 2007
I. As integrações em curso
Quais são os significados da Integração regional no contexto atual, o de cada país, da
região e do mundo? Levando em conta os múltiplos interesses que atravessam o debate
e as iniciativas em curso, aparecem várias ambigüidades e contradições que impedem de
simplificar a questão.
A integração está sendo imposta no contexto econômico global que leva à abertura
indiscriminada das economias locais, com a presença crescente de multinacionais, à
privatização das empresas públicas e, ainda em curso, à privatização dos serviços que
eram públicos, à liberdade de movimentação do capital financeiro. A integração
entendida assim tende a nivelar por baixo direitos trabalhistas, sociais e ambientais dos
países envolvidos e a criar um ambiente político e econômico que permite às firmas
transnacionais se mover na região exclusivamente em função dos seus interesses.
Essa integração regional busca um re-ordenamento das economias locais e um tipo de
integração que oscila entre a busca de um melhor posicionamento na economia global e,
do outro lado, secundariamente, a formação um mercado regional. Aparecem então os
interesses das principais economias da região (Brasil, Argentina) que ganham no
comércio regional ao mesmo tempo em que o Mercosul lhes dá maior poder de barganha
frente à economia mundial.
Ao mesmo tempo em que os Estados-nações mais sólidos economicamente buscam se
fortalecer através da integração econômica, contraditoriamente, mas coerentemente, são
levados, eles e os outros países da região, a abrir mão de parte da sua soberania em
nome de regras e instâncias supra-nacionais, estabelecidas dentro do bloco e fora dele.
Isso é coerente com o que já acontece no plano de cada país, quando os Estados
cumprem o papel de facilitadores de uma economia sempre mais aberta e que dita,
através dos quadros dirigentes das grandes corporações e dos seus aparelhos, os rumos
do crescimento, em nome do dogma que é esta economia que vai gerar riqueza,
empregos e melhorias sociais.
A integração, nesse sentido, atua em mão dupla, embora os fluxos, do “norte” para o
“sul” e do sul para o norte, sejam incomparavelmente desiguais. De um lado, ela facilita
o domínio das grandes corporações produtivas, comerciais e financeiras e das economias
dos Estados mais fortes da região, ao permitir aos segmentos exportadores regionais ter
mais força para penetrar no mercado mundial, fazendo uso das suas vantagens
comparativas, e aos setores produtivos da região importar na expectativa de participar
do crescimento esperado. De outro lado, ao abrir o comércio regional, colocando-o sob as
regras do livre-mercado, prepara o terreno e o ambiente para a liberalização completa
das economias nacionais.
Essa estratégia, bem ou mal, significa o início de uma política regional concertada, que
construa uma integração não só econômica, mas também política. A integração é o
embrião de um futuro poder supra-nacional que garante ao mercado as condições para a
sua plena realização. A Comunidade andina de Nações – CAN (1) e o Mercosul (2) podem
ser vistos nessa perspectiva. Numa cartilha que apresenta os processos em curso de
15
Educador. Coordenador do projeto Brasil Sustentável e Democrático/Fase, membro do Programa
Cono Sur Sustentável.
16
Sociólogo. Professor da Universidade de Montevidéu, membro de Rede Amigos de la Tierra
Uruguay e do Programa Cono Sur Sustentable.
160
integração regional (3), Fátima Mello, citando a professora Sônia Camargo (4), destaca
que as políticas econômicas do Mercosul “passaram a se voltar, prioritariamente, para
uma melhor adequação às exigências de competitividade impostas pelos processos de
liberalização dos mercados e de sua integração global”; e comenta que, “frente à
aceleração dos processos de indiscriminada liberalização e desregulamentação comercial
e financeira, foi levado a converte a dinâmica sub-regional em um modelo de
regionalismo aberto, visando a inserção competitiva no mercado globalizado”(5).
Várias iniciativas dos governos da região exemplificam essa relação tencionada e
contraditória entre a lógica do mercado e vontades – ou veleidades – políticas. Se a
resistência à proposta norte-americana de formação da Alca prevaleceu, sob a liderança
do Brasil e o forte movimento popular sul-americano, o projeto dos EUA de colocar de
maneira duradoura a região sob a sua dependência pela via econômica está sendo posto
em ação pelo caminho de acordos bi-laterais. Os EUA esperam assim criar com os países
que aceitarem esses acordos laços que tornem impossíveis uma integração regional com
uma real autonomia. O Mercosul e a CAN, nesse caso, não desapareceriam, mas não
ultrapassariam o estatuto de acordos comerciais entre vizinhos, dentro do marco mais
geral hoje sinalizado pela OMC, mas também ditado pelos interesses norte-americanos,
via o conjunto de acordos bilaterais com diferentes países e o poder das suas
multinacionais presentes na região. O Chile, que se retirou inclusive em 1975, durante a
ditadura de Pinochet, da CAN, é o precursor e o paradigma em matéria de acordos bilaterais. O Peru e a Colômbia assinaram acordos bi-laterais com os EUA e o Equador
estava, antes das últimas eleições, se preparando. A decisão da Colômbia provocou a
saída da Venezuela da CAN. Por sua vez, o Paraguai e o Uruguai, primos pobres do
Mercosul, manifestam o seu interesse em assinar acordos bilaterais.
A Iniciativa para a Integração da infla-estrutura sul-americana - IIRSA – expressa bem a
tendência predominante, à “transnacionalização dos espaços, de abertura das fronteiras
nacionais para garantir as determinações das corporações e empresas com capacidade
suficiente para manter fluxos no espaço mundializado... Na prática, o discurso da
integração regional se reduz ao acondicionamento físico dos territórios para a livre
circulação das mercadorias (todos os elementos que possam ter um valor de mercado) e
os aspectos parciais administrativos (levantando as restrições burocráticas dos EstadosTerritórios)”(6).
Na IIRSA, os Andes, a Floresta Amazônica, rios, pantanais, e, em geral, ecossistemas
ainda preservados (e suas populações) são apreendidos como obstáculos à integração
efetiva da região na “busca pela competividade”, conforme diziam o então presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, banco de fomento
brasileiro, e o presidente da CAF, Sr Henrique Garcia em seminário realizado em 2003.
(7) Se a IIRSA é iniciativa dos governos da região, ela “está fundamentalmente voltada
para o atendimento das demandas dos segmentos com forte atuação no mercado
internacional” (8).
Na mesma linha, vale lembrar a proposta de Anillo Energético Sudamericano, surgida no
final dos anos 90, que interligaria os gasodutos da região, disponibilizando em particular
o gás de Camisea, na Amazônia peruana, para o Chile. A idéia não se viabilizou, já que o
gás de Camisea não poderia suprir ao mesmo tempo as necessidades do mercado interno
peruano e dos seus clientes do Golfe do México e, do outro lado, o atendimento à região.
Sara Larrain vê esse projeto, em coerência com a IIRSA, como “conexão de infraestrutura sob a iniciativa privada” (9).
A chegada ao poder de governos “progressistas moderados” no Brasil, na Argentina e no
Uruguai, de um lado, e, do outro, de “progressistas radicais” na Venezuela e na Bolívia,
tende a modificar o quadro traçado acima. Dois projetos de integração estão se
desenhando. Simplificando, podemos dizer que o governo do Presidente Lula é bem
representativo do primeiro projeto. Segundo explicação do Dr. Guido Mantega, então
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o atual
governo brasileiro reconhece que a globalização da economia é irreversível, e pretende
participar desse processo como protagonista e não como coadjuvante. Para isso, o
governo brasileiro empreendeu uma vigorosa política externa com vistas a estabelecer
uma nova correlação de forças através da diminuição da dependência dos países
161
emergentes, do aumento da autonomia dos países, da união de interesses comuns, e da
ampliação do diálogo Sul-Sul (10). O Brasil quer convencer os seus vizinhos que todos
sairão ganhando ao se integrar coletivamente, com mais força, sem servilismo, na
economia mundial. Podemos arriscar defini-lo, do ponto de vista política, como antiimperialista e anti-hegemônico.
As mudanças no Mercosul, com a entrada no bloco da Venezuela, a criação do
Parlamento do Mercosul e a aprovação do Fundo de Convergência Estrutural, destinado
em particular a enfrentar as assimetrias sociais, econômicas e estruturais entre os países
do bloco, apontam nessa direção. No entanto, o Mercosul está mergulhado em crises e
impasses sucessivos no plano econômico (economias da Argentina e do Brasil
esmagando os seus pequenos vizinhos; barreiras persistentes a produtos vindo de outros
países do bloco e abertura indiscriminada para produtos de fora do bloco) e político (crise
das papelereiras entre Argentina e Uruguai; acordos militares entre o Paraguai e os
EUA).
Frente aos limites dos processos de articulação em curso, os governos da região criam a
Comunidade Sul Americana de Nações – CASA, que une os países do Mercosul e da
Comunidade Andina, Chile, Guiana e Suriname, “como opção para aprofundar a
integração da economia regional, elevando o poder de barganha nas áreas hemisférica e
internacional” (11). Mas a opção progressista da maioria dos governos faz com que não
queiram reduzir a CASA a um mero instrumento de mercado. A Cúpula de Cochabamba,
de dezembro 2006, manifesta a intenção dos governantes da região em ultrapassar uma
união econômica. Na sua Declaração, eles afirmam que
“la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones busca el
desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico,
financiero, ambiental y en la infraestructura. Esta integración sudamericana
no es sólo necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la
región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes,
que se han transformado en los últimos años en una preocupación central de
todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un
mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz” (12).
E eles inscrevem no seu programa, além da pauta econômica, outros pontos: Agenda
social sul-americana; Meio ambiente; Cidadania sul-americana; Identidade cultural e
Participação cidadã no processo de integração.
Mesmo participando dessas iniciativas, Hugo Chavez e Evo Morales, talvez possam
representar um outro modelo emergente que pretende se construir em oposição ao
mercado dominante. Mercosul, CAN e Casa pretendem atuar conforme as regras do
mercado liberal. Já, a Alternativa Bolivariana para as Américas – Alba, oficializada em
2004 pelos presidentes de Cuba e Venezuela, e que junta em várias iniciativas
Venezuela, Cuba e, mais recentemente a Bolívia, segundo o Professor Emir Sader,
“ainda em estado embrionário, e sem prejulgar seu sucesso... é uma tentativa
ambiciosa de integração regional que escapa às lógicas de mercado... “A Alba
pretende ser o contraponto da ALCA. Pretende integrar economias dissimiles
desde baixo, envolvendo a todos os atores econômicos e sociais - como
cooperativas, pequenas empresas, empresas públicas, empresas privadas
grandes, médias e pequenas -, priorizando o atendimento de problemas
essenciais para a massa da população, como alimentação, moradia, indústria
e meio ambiente. Enquanto que a ALCA não diferencia entre países grandes e
pequenos, entre países com grandes recursos naturais, financeiros,
energéticos e os outros, acentuando mecanismos em que ganham os mais
fortes - neste caso, os EUA. Além disso, a ALCA pretende impor aos países
critérios de segurança jurídica que favorecem as grandes corporações
multinacionais, não se dispondo a atender aos países mais fracos (13).
Cooperação, complementaridade e solidariedade são palavras chave. É assim que a
Venezuela, no seu Acordo com Cuba, por exemplo, troca petróleo por médicos e
oftalmologistas. No entanto, essa oposição não significa ruptura com o modelo de
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desenvolvimento dominante nem com o seu mercado, já que o seu principal expoente,
Hugo Chavez, assenta a sua proposta sobre a economia do petróleo. Tanto ele quanto
Evo Morales querem que a renda propiciada pelos hidrocarbonetos sirva em prioridade
para reorientar o desenvolvimento dos seus países para a população pobre, mas, além
disso, Chavez aproveita dessa renda para alavancar o seu projeto de integração
bolivariana. Esse modelo se apresenta com uma face venezuelana a tendências
populistas e patriarcais e com uma face boliviana mais popular. Pois, se o governo
venezuelano carece de movimentos sociais organizados para sustentar internamente seu
projeto, não é o caso da Bolívia, cujo presidente, levado ao poder por um forte
movimento social e étnico, é compelido a apresentar e defender um projeto de nação e
de integração cuja centralidade esteja no resgate da autonomia do seu país e da
dignidade e inclusão dos seus povos.
Talvez a questão da nacionalização das jazidas e das empresas de produção,
transformação e comercialização de hidrocarbonetos possa ser vista como o começo de
uma experiência de uma outra integração. Pois, países vizinhos, em particular o Brasil,
afirmaram o direito do povo boliviano e do seu governo a exercer a sua soberania.
Gasodutos, sim, mas sob regras que beneficiam à população boliviana. Falta dizer e fazer
com que esse gás seja distribuído para o bem real dos países e das populações dos
países que o recebem.
Assim, a criação da Comunidade sul-americana de nações bem como a entrada da
Venezuela no Mercosul e a intenção manifestada por Evo Morales de seguir o mesmo
caminho, colocam novos ingredientes, não só para uma integração econômica no marco
do mercado global, desejada e procurada dentro de um marco anti-hegemônico, não
mais por países que aceitem sem contestar a sua subordinação e sua dependência, mas
para uma integração orientada para a região. Têm como um de seus pilares um novo
discurso político, de unificação dos nossos destinos, de reconhecimento das assimetrias,
de solidariedade e de apoio mútuo.
Algumas questões que esses processos levantam.
1/ Fragmentação do território
Os Estados-nações eram também Estados-territórios. As nações se definiam pela
extensão do seu território e a cidadania pelo pertencimento a esse território. A
construção dos Estados da região pode ser interpretada como uma história de tensão
permanente entre a busca de unificação do território e dos seus habitantes pelo poder
econômico e político e as múltiplas resistências exercidas por populações inseridas em
territórios extremamente diversificados, biológica e humanamente. Mesmo que certos
setores tenham imposto certas formas de exploração do território nacional que marcaram
a economia do país, tais como mineração, pecuária, culturas da cana ou do café, etc.,
cada país manteve uma fisionomia própria diversificada: países das pampas, dos chacos,
dos cerrados, das serras e dos altiplanos, dos bosques boreais e das florestas tropicais,
dos desertos e das caatingas, dos pantanais e dos humedales. Cada ecossistema com
seus povos.
Subordinados ao mercado global, “os espaços de integração regional oficialmente
definidos apontam para a padronização da diversidade, a uniformização espacial e a
intenção de hegemonia cultural” (14). Por exemplo, a produção de soja ou de eucalipto e
pinheiro uniformiza o espaço ao mesmo tempo em que exclui as populações locais das
suas atividades tradicionais. Os espaços se tornam mero suporte para a atividade
produtiva, sem a relação duradoura entre a atividade econômica e o ecossistema, que
permite que uma realimente a outra; sem envolvimento da população local, que se torna
obstáculo. E, quando não servem ao capital, são desprezados e abandonados. Essa
integração, que desconsidera a diversidade dos ecossistemas, a fortiori ignora as
populações locais na sua diversidade, étnica, de gênero, produtiva, cultural. Assim,
“matrizes uniformizantes sobre territórios biodiversos consolidam a fragmentação dos
espaços... Os Estados-Territorios procuravam a formulação de normativa de aplicação
universal no interior do espaço da Nação, os processos de integração geram
fragmentações orientadas pelos fluxos e reservatórios dos fatores de produção” (15). O
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desafio consiste em promover uma integração que barre a definitiva fragmentação,
substituindo-a pela diversidade de projetos promovidos por atores e grupos sociais que
se reconheçam plurais, mas solidários.
2/ Nacionalismos e Nações autônomas
Uma verdadeira integração exige Estados nacionais autônomos para que a integração
não se comute em sub-imperialismo disfarçado ou não seja uma entregue total ao
mercado global, como mencionado acima. Estado nacional autônomo não significam
nacionalismo. O nacionalismo associa-se à defesa das fronteiras e da integridade do
território nacional, tendo por isso mesmo um forte componente militar. Para prosperar,
ele precisa do conflito, aberto ou velado, real ou artificial. O nacionalismo precisa de
inimigo a quem se opor. Ele é facilmente acionado quando um governo precisa fortalecer
a sua imagem ou justificar certas das suas ações, quando é preciso desviar a atenção de
certos problemas, re-unificando a nação, quando ajuda a mascarar processos antinacionais. A ditadura militar brasileira cunhou assim a respeito da Amazônia brasileira o
slogan Integrar para não entregar. A imprensa brasileira e certos setores políticos
responderam à decisão da Bolívia de nacionalizar as jazidas e as indústrias de
hidrocarbonetos com um apelo nacionalista rasteiro, lembrando que “as nações não têm
amigos, só interesses”.
Sob o discurso nacionalista, se esconde frequentemente
interesses econômicos que pouco têm a ver com os verdadeiras interesses os povos.
Mudam os interesses e muda o discurso, como o mostra a reivindicação de autonomia de
alguns departamentos bolivianos. Como um filme em negativo, ela mostra como a noção
de nação pode ficar subordinada a interesses econômicos.
Apesar de que os países reconheçam em tese a assimetria existente entre eles e queiram
reduzi-la, o que tem ocorrido é que, ao mesmo tempo em que buscam construir uma
política comum, defendem com unhas e dentes seus interesses. Quando o BNDES
empresta dinheiro para obras em países vizinhos, o faz para financiar a produção de
bens e serviços para essas obras no Brasil e para financiar as empresas brasileiras que
vão executá-las. Atualmente, busca-se abrir o BNDES para que fomente atividades
econômicas nos países vizinhos Mas, si é difícil falar de sub-hegemonia, é inegável que o
Brasil se posiciona de modo a que sua liderança no processo de integração esteja
garantida (16). Frente ao “rolo compressor” da Argentina e do Brasil, a tentação é
grande para o Paraguai e o Uruguai aceitar e mesmo promover uma integração a
qualquer custo.
Não se precisa de nacionalismos, mas de nações autônomas e de Estados soberanos
fortes. E, para isso, precisa-se que cada povo tenha sua existência reconhecida dentro de
cada nação, e que se reconhecem como povos que participam de um projeto de nação,
não fundado sobre a oposição a outros povos e nações, mas sobre um projeto próprio
que os integre num projeto regional.
3/ O modelo de desenvolvimento
Ao mirar os processos de integração em curso, o modelo de desenvolvimento pretendido
pelos governos da região, para além das retóricas, não aparece ser outro, com algumas
nuances, do que o que está em curso. Tratar-se-ia de aprofundar um modelo primárioexportador, com algumas poucas áreas de excelência industrial ou agrícola, sugando e
destruindo os recursos naturais e, cada vez mais excludente do ponto de vista social.
O mais preocupante é que, admitindo que caminhemos para uma alternativa política, na
nossa perspectiva, essa alternativa encontrará seus limites cedo. O modelo de
desenvolvimento, proposto inclusive pelos que buscam uma outra integração, é fundado
sobre o mesmo padrão de produção e consumo. Esse padrão chegou a tal grau de
sofisticação e de integração de mercado que dificilmente pode permitir, no curto e no
médio prazo, bifurcar e tomar outro rumo.
Ele enreda os governos em redes
tecnológicas, comerciais e financeiras tais que somente profundas crises e intenso apoio
popular permitiriam iniciar as rupturas necessárias para construir uma alternativa real.
O segundo limite é devido ao fato que a maioria dos setores progressistas no poder ou
que gravitam ao seu redor acreditam que somente o crescimento no quadro desse
modelo permitirá fornecer empregos e reduzir assim a pobreza. Crença ou medo de
enfrentar a construção dolorosa e pouco gratificante no quadro da política tradicional de
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um outro desenvolvimento? O certo é que essa opção faz com que os dirigentes políticos
progressistas estejam mais próximos dos que manejam há décadas, e mesmo séculos, o
modelo dominante do que dos que os levaram ao poder.
O terceiro limite está na crise estrutural provocada pelo modelo adotado. Crise de
empregos, pois, mesmo que haja ainda lugar em nossos países para um crescimento real
dos empregos, sempre mais pessoas são dispensáveis, tanto como produtoras quanto
como consumidoras. Crise de cidadania, pois o mercado constituído sobre esse padrão de
produção e consumo substitui a democracia substantiva por um faz-de-conta no qual os
rituais eleitorais mal disfarçam a descartabilidade de parte da população. Crise
ambiental, pois, se há maior sensibilidade para com as grandes crises ambientais que
estão se gestando – água, energia, clima, solo e biodiversidade – essa sensibilidade não
afeta, senão marginalmente, a máquina embalada do crescimento a qualquer custo.
II. A integração que construímos
A construção de uma integração só pode ser um processo histórico. Países e impérios se
construíram e adquiriram identidade tanto em oposição a outros países e/o povos quanto
por processos internos de afirmação e de pertencimento (construção da ocupação do
território, do sistema jurídico, de valores, da função e dos aparelhos do Estado, as
formas do desenvolvimento...). As guerras e os conflitos resultantes do fim de impérios e
do colonialismo e da decadência de certos Estados, de um lado, e, do outro, do processo
de transnacionalização do território sob a hegemonia neo-liberal, bem como a
transformação do mundo em “aldeia global”, graças aos meios de comunicação, colocam
limites aos Estados-nação/Estados-território. Não estamos aqui negando a soberania dos
países da região sobre seus territórios, mas, frente à entrega dos nossos territórios à
sanha do grande capital, já vemos que se quer reduzir os nossos Estados a guardiões da
nova ordem econômica internacional, com seus aparatos ideológicos e repressivos
voltados para a manutenção da ordem social e suas fronteiras se tornando barreiras de
contenção às migrações. Enquanto isso, sempre mais pessoas se vêm excluídas de uma
cidadania ativa. “A soberania nacionalista, construída sobre a idéia da existência de um
Estado Nação em um território; e uma sociedade que se comporta como um grupo social,
compartilhando interesses e objetivos” (17) está sendo destruída pelas mesmas classes
dominantes que a defendem nos seus discursos, pois a sua manutenção serve a seus
interesses escusos. Continua Achkar:
“Frente a estos procesos contradictorios: integración – fragmentación, las sociedades
desde sus distintos niveles de organización, confrontan otras alternativas de integración
de los territorios. Partiendo de la lógica de ocupación territorial, el territorio es aquella
porción del espacio ocupado organizado y gestionado por una comunidad, como categoría
densa que contiene la historia que lo contiene.
Desde esta interpretación el concepto de soberanía territorial se diferencia
sustancialmente de la soberanía nacionalista: La soberanía territorial se asocia a la
capacidad de una grupo social de construir la historia que contiene y esta contenida en
un territorio concreto. La integración aparece entonces como la consolidación de
diversidad de territorios soberanos, con instancias de gestión participativa de los bienes
de la naturaleza que integran el espacio. La complementariedad entre esta diversidad de
territorios constituye la matriz de esta integración territorial. Esta complementariedad es
un proceso de creación diversa según los objetivos diferentes de cada grupo social que
estructura su espacio”.
Esse processo de criação exige a participação diferenciada dos homens e das mulheres,
para que não se reproduzam os esquemas de dominação de gênero e que a diversidade
dos projetos seja realmente posta a prova. Portanto, resulta pouco provável a definição
de uma matriz homogênea, de aplicação universal para a complementaridade territorial a
nível regional.
Esta integração territorial não se opõe forçosamente à soberania nacional. Os Estadosnação, na medida em que se consegue inverter a sua identificação com as forças do
mercado neo-liberal e com as classes dominantes, voltando a ser a expressão dos povos
e das populações inseridas no seu território, são o ponto de partida da integração que
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buscamos. Partindo da afirmação das nossas soberanias nacionais assim entendidas e
das expressões das nossas soberanias territoriais, a integração territorial parece tender a
ser um processo que se deve construir a partir das experiências de cada grupo social. É
isso que estamos ainda iniciando.
Reconhecemos que começamos um processo de integração por oposição ao modelo e às
iniciativas já existentes. Antes de ser um projeto articulado de uma outra integração, é
uma ação coletiva de resistência. Não poderia ser de outra forma já que não detemos os
recursos e o poder de realizar e de influenciar decisivamente um projeto público de
interação regional. Nosso “contra” não é de protesto por princípio ou por uma vaga
utopia, mas de esperança numa transformação tanto possível quanto necessária:
1/quando juntos travamos lutas contra a Alca, a OMC, o FMI, a dívida externa, o
expansionismo norte-americano, a militarização do sub-continente, a concepção de
integração da IIRSA;
2/ e, mais próximo, por exemplo, contra a hidrovia Paraguai-Paraná, contra a hidrovia e
represas do rio Madeira, contra o gasoduto norte-sul, contra os impactos sociais e
ambientais das empresas de hidrocarbonetos, de produção de papel, celulose e carvão
vegetal, contra uma siderurgia no Pantanal, contra a monocultura da soja e os
transgênicos e, mais amplamente, contra uma agricultura baseada sobre um pacote
tecnológico que concentra o poder nas mãos da agroindústria e tende a reconcentrar a
terra, excluindo boa parte do campesinato; contra a transnacionalização de uma zona de
glaciares entre o Chile e a Argentina para a mineração, etc.
3/ Quando apoiamos lutas em países vizinhos, por exemplo contra represas que afetam
os Mapuches; uma usina nuclear na Patagônia, a repressão na Colômbia, a Petrobrás no
Equador;
Essas lutas podem aparecer como ações meramente reativas, mas, ou porque é um
projeto nosso em construção que nos faz reagir ou porque na própria reação e negação é
que formulamos nossas alternativas, é nestas lutas de resistência que se esboça uma
outra integração. Mas também esta se afirma positivamente:
1/ Quando dizemos que “Uma outra América Latina é possível” e fazemos do FSM e dos
nossos encontros internacionais espaços de construção de integração, e, mais
concretamente,
2/ quando defendemos uma agricultura camponesa, dentro dos marcos da soberania e
da segurança alimentar e nutricional. Note-se que nosso projeto não é de integração das
agriculturas da região, senão quando são claras as complementaridades, devido a
tradições, climas, disponibilidade de espaço. A integração está na formulação de
alternativas (o que pode significar integrar/descentralizar centros de pesquisa e
tecnologia, certos elementos de agroindústria, por exemplo), na sua defesa e na sua
implementação, cada um no seu país. A integração está na criação de movimentos como
a Via Campesina e da CLOC e no debate travado por essas organizações e seus aliados,
em particular sobre a soberania alimentar. Queremos dar prioridade á produção e aos
mercados locais.
3/ quando propomos uma plataforma energética para a região que tenha como ponto de
partida a soberania energética. A partir do questionamento dos usos da energia:
quantidade e destino. Para indústrias eletro-intensivas e agricultura voltadas para
exportação ou para indústrias locais e que agregam valores e para diminuir a igualdade
social (cesta energética)? Para sustentar o transporte individual e o transporte rodoviário
ou para promover o transporte público urbano, as ferrovias e a cabotagem e reduzir as
necessidades de transporte de mercadoria, aproximando a produção do consumo? Com
mais construções de hidroelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, gasodutos e
oleodutos (que não recusamos em bloco numa perspectiva de transição) ou dando ênfase
às energias renováveis, à economia e à conservação de energia? Com energias
renováveis entregues ao mercado ou energias sustentáveis, com controle social?
4/ quando nos juntamos na resistência à privatização da água e defendemos uma gestão
pública e participativa dos usos da água;
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5/ quando propomos que as regiões vistas por IIRSA como obstáculos à integração ecossistemas ainda preservados, Altiplano andino, Chaco, Pantanal, Floresta Amazônica sejam consideradas como regiões onde populações na sua maioria tradicionais (povos
indígenas e/ou negros ou mestiço instalados há tempo nessas regiões nas quais
desenvolveram formas de viver e de se reproduzir adaptadas ao ecossistema) possam
assegurar a sua soberania territorial e, ao mesmo tempo, reforçar coletivamente, de
maneira transfronteiriça, suas formas de produzir e de viver.
6/ quando, frente à IIRSA, propomos que as vias e comunicação priorizem as ligações
entre territórios onde povos e setores da população constroem seus projetos
diversificados de vida e de reprodução sustentáveis; entre as cidades e seu entorno,
valorizando a produção camponesa e as suas estratégias de diversificação da agricultura
e suas formas de gestão do território rural que garantem, por exemplo, o fornecimento
de água de qualidade às cidades;
7/quando propomos que, frente ao modelo automotivo,
transportes coletivos;
sejam privilegiados
os
8/ quando, frente ao mercado neoliberal, afirmamos o potencial da economia solidária;
9/ quando propomos que as atividades de empresas na região e os empreendimentos
públicos tenham como referência o padrão de leis ambientais, sociais e trabalhistas mais
alto dentro da região (18), sugerindo assim um caminho para uma regulação pública
regional.
III. Os desafios
1/ Os setores sociais que valorizam a ascensão ao poder em vários países de presidentes
de esquerda, sobretudo com Chaves e Evo Morales, se empolgam com as perspectivas de
redução da dependência em relação à globalização neoliberal e de construção da
integração regional. Mas será que significa mudanças profundas na maneira de fazer
política e de conduzir o Estado? A maioria não se mantém distante dos movimentos
sociais que os levaram ao poder?
Quanto a sua visão de desenvolvimento, não continua sendo uma visão tradicional? É o
padrão de produção e de consumo atuais dominantes que continuam sendo a sua
referência. Se preocupam com o trabalho, mas continuam pensando que o crescimento
da economia vai resolver o problema. O meio ambiente é uma preocupação periférica.
Continuam pensando que o meio ambiente não pode atrapalhar o desenvolvimento.
2/ Se os governos de esquerda pensam assim, é em parte por convicção e em parte por
avaliar que a conjuntura, mundial e, freqüentemente, a nacional não lhes permitem se
afastar dos cânones e das classes dominantes; mas também porque a maioria dos
movimentos sociais tem a mesma concepção do desenvolvimento do que eles. O desafio
é, portanto, convencer movimentos e organizações populares, sindicais e políticas e
lideranças que não será possível qualquer integração na base do modelo atual. O marco
desse diálogo é o questionamento da concepção de desenvolvimento corrente aceita de
forma pragmática e, positivamente, avançar numa concepção de sociedade sustentável
que oriente as opções políticas para a construção de uma integração sobre outros bases
do que a meramente econômica.
3/ A credibilidade das nossas idéias é também ligada à aceitação de uma transição do
modelo atual de desenvolvimento e do seu padrão de produção e consumo para formas
diferenciadas de sociedades sustentáveis e à formulação de propostas dirigidas à
economia e à política dominantes para, progressivamente, mudar seu padrão de atuação.
Como, por exemplo, dialogar com uma empresa como a Petrobrás, misto de
multinacional e de empresa pública? Mas devemos dialogar, por exemplo, com os
produtores de soja e as empresas da cadeia? A “responsabilidade social” empresarial faz
parte do nosso ofício?
Estamos assistindo - e até participando – a uma inflexão inquietante na atuação das
ONGs e mesmo de movimentos sociais. Frente às pressões que sofrem da parte dos
consumidores do “norte” e de governos, por causa em particular de compromissos
assumidos com a assinatura de tratados internacionais, grandes corporações e certos
setores da economia tentam melhorar a sua imagem ambiental. Para isso, buscam
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legitimidade no aval da sociedade civil. Em lugar de promover a soberania territorial e a
integração na diversidade, insidiosamente, estaríamos legitimando a transnacionalização
do território.
4/ No plano dos valores, há ainda um enorme caminho a percorrer para nos aproximar
de uma idéia de integração que não seja meramente a busca de supremacia comercial.
Por ocasião das medidas do presidente Evo Morales de nacionalização dos recursos de
hidrocarbonetos e das empresas petrolíferas, as reações no Brasil da imprensa e de
representantes das classes dominantes foram unânimes em dizer que os interesses do
país devem passar antes de quaisquer considerações. Como disse um embaixador
aposentado, citando um presidente norte-americano do passado: “um país não tem
amigos, só tem interesses”. Repetiram em relação à Bolívia a mesma atitude de desprezo
que têm em relação aos pobres no Brasil.
5/ É preciso um debate amplo sobre o Nacionalismo. Assistimos à emergência ou ao
ressurgimento de nacionalismos que reeditem concepções que pouco ou nada têm a ver
com a solidariedade na qual esperamos que uma integração seja fundada. Se
identificamos melhor o nacionalismo que se esconde sob certos interesses econômicos e
políticos transnacionalizados, vemos que o nacionalismo “patriótico”, assumido em
particular pelas forças armadas, defensoras das fronteiras, é usado não somente pelos
que querem uma integração estritamente de mercado quanto por setores políticos de
esquerda. Para nós, a reflexão sobre a soberania territorial que iniciamos aqui indica um
caminho para esse debate.
6/ Frente à fragmentação produzida pela integração promovida pelo grande capital, um
importante desafio, para nós o mais fundamental, está em promover a diversidade.
Nossa utopia, nosso projeto de construção de uma outra sociedade, não é de substituir
um modelo único de produção e consumo e de mercado por outro, também único. Frente
ao totalitarismo do mercado e das suas realizações no território, que não toleram a coexistência com a diversidade social e ambiental, estimamos que o futuro está na coexistência de projetos diferenciados de comunidades, de povos e de sociedades
sustentáveis.
IV Algumas pistas
A guisa de conclusão, colocamos aqui uma reflexão elaborada sobre o Brasil, mas que,
ao que nos parece, pode ajudar a pensar caminhos para a nossa integração (19). Para
que esta utopia saia do estagio das experimentações e se generalize, é indispensável que
se reduzam as relações de dependência. Isso passa pela recusa que a América do Sul
continue sendo uma economia primário-exportadora. Não pregamos o isolamento dos
nossos países e da região do resto do mundo, mas reafirmamos a necessidade desta
região, com os recursos e a população que tem e com a sua abismal desigualdade, se
voltar para um desenvolvimento mais endógeno. Necessitamos de novas e autênticas
políticas de desenvolvimento que dêem prioridade aos mercados internos.
A produção industrial deve ser orientada neste sentido através de claras e permanentes
políticas de estímulos ou desestímulos à produção, conforme o caso. Impostos, créditos e
outros instrumentos que envolvam recursos públicos devem servir a este fim. Deve ser
eliminado todo e qualquer subsídio ou outra forma de incentivo à produção de bens que
não gere quantidade significativa de empregos, requeira o consumo intensivo de recursos
naturais, seja de natureza altamente poluidora ou ameace a saúde dos trabalhadores
envolvidos. Por outro lado, segmentos produtivos que atendam positivamente a estes
requisitos deverão ser estimulados. Caso contrário, eles poderão ser fortemente taxados
pelos danos causados à população e ao meio ambiente.
Tecnologias industriais de risco comprovado e de alto conteúdo energético devem ser
objeto de restrições progressivas ou abandono. A introdução de novas técnicas e padrões
de produção não pode permanecer subordinada à lógica do mercado e da rentabilidade
financeira de curto prazo. A legislação e os recursos públicos podem viabilizar o
desenvolvimento da ciência e tecnologia voltadas para este objetivo. A reutilização e
reciclagem de sucatas e materiais, resíduos e subprodutos do próprio processo, bem
como a redução do consumo de energia, água, matérias-primas e outros insumos em
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processos industriais devem ser objeto de estímulos específicos e as empresas
responsabilizadas quando for o caso. Contra a sua obsolescência programada, deve ser
visado o prolongamento da vida útil dos bens se consumo.
A retomada, o aprofundamento ou o início de verdadeiras Reformas Agrárias numa visão
de sustentabilidade, continuam sendo um imperativo social e de desenvolvimento para a
região. Agricultura familiar e reforma agrária têm que ser vistas também hoje, para além
da função produtiva, como promotores da descompressão urbana, como fatores
importantes da segurança alimentar e nutricional, por garantir potencialmente a
diversidade fitogenética, a diversidade e qualidade alimentar, como prestadores de
serviços públicos ambientais, pela produção e manutenção das águas, da biodiversidade,
etc..
Precisa urgentemente adquirir, do poder público à sociedade, uma visão que pensa o
território e as forças sociais atuantes nele, para que as políticas e as ações possam ser
decididas numa perspectiva mais totalizante e pactuada. Contra a lógica
desterritorializante da globalização, queremos a sustentabilidade dos lugares, que exige
respeito a diversidade cultural e ecológica, regulação social sobre o uso dos lugares e
pactos territoriais. Quanto às políticas industriais, especial atenção deve ser dada aos
padrões de localização da indústria. Por um lado, deve ser incentivada a desconcentração
geográfica da produção, de modo a estimular atividades compatíveis com cada uma das
regiões e cada localidade, aproximar a produção do consumo, economizando assim
energia e produzindo empregos mais descentralizados. Mas, do outro, deve ser
combatida a de localização predatória, orientada pelo menor custo trabalhista, social e
ambiental.
Contra o cerceamento do meio ambiente em áreas circunscritas a Unidades de
Conservação, deixando o resto do território livre para a exploração e depredação,
queremos uma política que percebe o meio ambiente como inserido na trama do
território, nos espaços de produção, de residência, de deslocamento, de serviços. A
gestão do meio ambiente não pode estar, de um lado, restrita a um Ministério e, do
outro, entregue, como no caso da produção de grãos no Cerrado e na Amazônia e da
Água, a interesses econômicos. Em particular, a gestão da água não se resolverá por
acordos entre “usuários” em instâncias em que os interesses difusos da sociedade e do
país não estejam ativamente representados. A necessidade vital de dispor da energia
suficiente para um desenvolvimento endógeno e a supressão das enormes desigualdades
existentes exige também uma visão de território e o debate societário o mais amplo e
esclarecido possível. O desenvolvimento do transporte público de massas, do transporte
de cargas por via marítima e ferroviária deve ocupar boa parte do espaço hoje ocupado
por automóveis e caminhões.
As cidades não podem ser vistas como plataformas que viabilizam nossa “globalização”,
subordinando todas as questões urbanas a essa estratégia. Ë precisa resgatar o sentido
da cidade como lugar da vida, individual e societária, à qual o desenvolvimento deve
estar subordinado, e lugar de vivência de uma cidadania mais igualitária. Precisa de
políticas nacionais que agem sobre a construção do urbano no conjunto do território e
que promovem as necessárias mudanças de estrutura de poder e de gestão nas
metrópoles.
As proposições formuladas aqui supõem mudanças profundas na cultura política. Em
particular, sublinhamos aqui a necessidade de enraizar a prática do controle público e da
sociedade sobre as instâncias que travam discussões e tomam decisões que afetam
nosso futuro.
No que diz respeito aos processos de privatização dos serviços públicos, que envolvem
setores como os de energia elétrica, telecomunicações, petróleo, construção e
manutenção de rodovias, portos e aeroportos, saneamento básico, abastecimento de
água, transporte urbano e suburbano, entre outros, além de exigir que sejam estancados
e revertidos, impõe-se a necessidade de assegurar o controle público sobre esses
serviços. Pois os serviços públicos serem rotulados de “públicos” não garante uma gestão
ao serviço da população. Isso supõe uma redefinição dos órgãos de gestão e controle dos
169
serviços públicos, no sentido da sua capacitação para assumir as atividades de regulação
e fiscalização destas atividades; a criação ou o fortalecimento de conselhos, comissões,
etc., com quadros da função pública preparados para isso e recursos próprios e a
participação de setores da sociedade civil que tenham legitimidade para representar os
interesses difusos da sociedade. As representações do setor privado, da área científica,
das ONGs e das organizações sindicais e populares deveriam passar por órgãos
colegiados cuja representatividade fosse reconhecida ou, quando não houver, por
consultas tão amplas quanto possível.
Embora os Estados estejam se desfazendo da produção direta de bens, as instâncias
regionais públicas em construção não podem renunciar a seu papel orientador de
políticas de desenvolvimento econômico e social nos termos definidos acima. Mas não
cabe mais que tais políticas, que colocam em jogo o futuro do conjunto da sociedade, de
um lado, sejam totalmente subordinadas à política financeira e cambial e, do outro,
sejam discutidas unicamente pela tecnoburocracia supostamente especializada e pela
parte do setor privado que mais se afina com a abertura econômico regional. Cabe
reforçar os órgãos públicos especializados voltados para isso, mas também submetê-los
– e as políticas e propostas de desenvolvimento – à discussão pública.
Notas
(1) A Comunidade andina de Nações – CAN - criada em 1996, é constituída por Bolívia,
Colômbia, Equador e Peru.
(2) O Mercosul foi criado em 1991 por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e
formalizado em 1994. A venezuela passou a integrá-lo em 2006.
(3) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede
brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Integração na América Latina. Subsídios
para debater a integração dos povos. Cadernos de formação 3. ASC, Campanha, Rebrip,
São Paulo, Rio de Janeiro, 2006.
(4) Camargo, Sônia. União Européia e Mercosul: Convergências e Divergências, IRI
Textos, Nº 22, setembro de 1999, IRI-PUC/RJ
(5) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede
brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit:10.
(6) Ver Achkar, Marcel. Una visión territorial de la integración. Cono Sur
Sustentable/Rede Amigos de la Tierra Uruguay. Manuscrito. 2006.
(7) Carvalho, Guilherme. A integração Sul-americana e o Brasil: O protagonismo
brasileiro na implementação do IIRSA. Fase, Belém, 200: 21.
(8) Idem: 71.
(9) De Ovando, Lino Solis y Larrain Sara. Anillo energético sudamericano. Desafíos para
la integración energética del Conosur. Chile sustentable, Santiago, 2005.
(10) Seminario IIRSA, BNDES, 23 de noviembre de 2005.
(11) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede
brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit: 26.
(12) II cumbre de jefes de estado de la comunidad sudamericana de naciones.
Declaración de Cochabamba - Colocando la piedra fundamental para una unión
sudamericana. 8 y 9 de diciembre de 2006.
(13) Sader, Emir. Alternativas latino-americanas. Le Monde Diplomatique, Edições
mensais, fevereiro 2006.
(14) Achkar, id.
(15) Ibidem.
(16) Ver Carvalho, Guilherme. A Integração Sul-Americana e o Brasil: O protagonismo
brasileiro na implementação da IIRSA. Fase, Belém/PA, 2004.
(17) Achkar. Id.
170
(18) ver o artigo de Julianna Malerba e Maria Elena Rodriguez. Extraterritorialidad y
derechos humanos: el doble estándar de la Petrobrás em Yasuní (Ecuador). In Leroy Jean
Pierre y Malerba, Julianna. Petrobrás: ¿integración o explotación”, Fase, Rio de Janeiro,
2005.
(19) Este capítulo foi elaborado a partir do conjunto de estudos do Projeto Brasil
Sustentável e Democrático.
3.14 DA RESISTÊNCIA
INTEGRAÇÃO REGIONAL
FRENTE À
ALCA
ÀS
ALTERNATIVAS POPULARES:
A
HORA
DA
Gustavo Codas17
Apresentação
O tema da integração regional entre países latino-americanos ressurgiu com força na
nova conjuntura marcada pelo ascensão desde 2002, nos mais diversos países, da
oposição popular aos TLCs que os Estados Unidos tentavam impor (e foram derrotados
como no caso da ALCA) ou estão impondo aos países da região (exemplo, o CAFTA-DR).
Da resistência aos TLCs à construção de alternativas, os movimentos sociais de todo o
continente têm enfrentado novos desafios. Mas essa construção da sociedade civil não se
dá – nem poderia se dar – sobre um terreno virgem ou vazio: há heranças de processos
de integração anteriores e há novas iniciativas de governos latino-americanos.
O presente texto analisa os desafios que estão colocados aos movimentos sociais a partir
de uma leitura do texto “Integração e Territórios: Alternativas pra uma Integração dos
Povos”, elaborado pelo programa Cone Sul Sustentável (que recolhe parte importante
das contribuições dos movimentos e campanhas da região) e de outros documentos
elaborados por movimentos sociais da América Latina no período recente. Obviamente,
não se trata de um estudo exaustivo, para o qual precisaríamos de mais tempo e mais
pessoas trabalhando no tema. Aqui apenas aspiramos apresentar alguns aspectos que
deveriam ser discutidos para termos na construção de uma alternativa regional o mesmo
êxito que tivemos em parar a ALCA.
O que mudou na conjuntura regional?
Em abril de 2001, quando foi realizada a Cúpula de Presidentes em Quebec, Canadá,
apenas um governo – o do presidente Hugo Chávez da Venezuela – apresentou tímidas
ressalvas aos termos em que vinha sendo negociada a ALCA. Nada fazia pressagiar a
reviravolta que sofreria a conjuntura regional pouco depois ou pôr em dúvida os prazos
acordados entre os negociadores.
Do lado de fora, a Cúpula dos Povos, organizada pela Aliança Social Continental em
oposição ao evento oficial em Quebec, avançava em duas decisões fundamentais. Por um
lado, todos seus participantes coincidiram em um “Não à ALCA” superando a fase
anterior onde ainda existiam discussões sobre a possibilidade de reformar esse projeto;
pelo outro, foi lançada a campanha pela consulta continental para que os povos da região
decidissem se queriam ou não tal acordo. Quebec nos legou uma unidade na linha
política e um claro formato de campanha continental. Isso foi retomado e trabalhado na
reunião do Conselho Hemisférico da ASC (setembro, 2001, Florianópolis/SC, Brasil) e na
primeira reunião do que viria a ser a Campanha Continental de Luta contra a ALCA em
Porto Alegre/RS, Brasil, em janeiro de 2002. O II Encontro Hemisférico de Luta contra a
ALCA, realizado em Havana, Cuba, na seqüência (noviembre, 2002) viria a constituir o
espaço anual de convergência geral e de definições estratégicas da Campanha e da ASC.
17
Economista e jornalista é assessor da Secretaria de Relações Internacionais da Central Única dos
Trabalhadores (CUT). Escreve aqui a título pessoal.
171
A vitória de Hugo Chávez na eleição presidencial de finais de 1998 na Venezuela foi um
fato isolado numa América Latina ainda dominada por opções eleitorais neoliberais. Mas
tal dominação não resistiria à desmoralização de um programa que lançou a região em
um processo de instabilidade que teve seus momentos mais dramáticos com a crise do
real no Brasil, em janeiro de 1999 e a falência da principal experiência neoliberal, na
Argentina, em dezembro de 2001. A partir daí assistimos em vários países vitórias de
forças políticas que se apresentavam como alternativas às até então dominantes. As
eleições de Lula em Brasil (2002) e Kirchner na Argentina (2003) mudaram o cenário
regional; seguiriam os triunfos eleitorais de Tabaré Vazquez (Uruguai, 2004), Evo
Morales (Bolívia, 2005), Daniel Ortega (Nicarágua, 2006) e Rafael Correa (Equador,
2007). Cuba, saindo do “Período Especial”, completa o quadro da nova conjuntura
regional – ainda que suas raízes estejam em outro ciclo histórico.
É interessante notar que em vários desses países houve fortes mobilizações sociais que
abriram espaços para as vitórias eleitorais – ainda que em nenhum caso se possa afirmar
que ambos sujeitos, os sociais e os eleitorais, fossem idênticos.
Mas foi nessa nova configuração política regional de países com crescentes mobilizações
sociais anti-neoliberais e com vitórias eleitorais que expressavam vontade de mudanças
políticas, que as negociações da ALCA chegaram a um impasse em 2003-4 e tiveram, na
Cúpula de Presidentes de Mar del Plata, em novembro de 2005, seu capítulo final,
quando o governo dos Estados Unidos e seus aliados não conseguiram aprovar sua
retomada. Nesse cenário, o governo Bush começou a negociar acordos bilaterais com os
países que ofereciam menor resistência ou que contavam com governos favoráveis a
essa agenda. Todavia, essa estratégia era também uma confissão de derrota.
No mesmo marco em que as negociações da ALCA entraram em crise, re-emergem as
discussões sobre integração regional – mas agora podendo ter um novo significado –
tanto entre os governos progressistas como entre os movimentos sociais que se
opuseram à ALCA. É nesse período que algumas coalizões nacionais de movimentos
sociais e ONGs alteram suas denominações para incluir a defesa da integração regional
ao lado do rechaço aos TLCs.
A nova discussão sobre a integração regional
A discussão sobre a “integração regional” não é nova. E também não se trata de um
conceito unívoco, com apenas um significado. Ao longo dos duzentos anos de história
independente dos países latino-americanos vamos a encontrar diversas abordagens
sobre o tema. – e mais recentemente, no contexto da globalização neoliberal, a questão
vai aparecer como parte do debate sobre o regionalismo. Para exemplificar com uma
afirmação extrema: ainda em 2005 um membro do Itamaraty – conhecido publicamente
pelas suas críticas à ALCA – afirmou em uma palestra que “também a ALCA é um projeto
de integração regional”. Se é assim, temos que qualificar do que estamos falando aqui e
agora.
Há importantes antecedentes ainda no século XIX, como o Congresso Anfictiónico
realizado em Panamá em 1826 a partir de uma convocação feita por Simon Bolívar dois
anos antes. Mas foi nos anos 1920 que ocorreu um primeiro debate estratégico que teve
como seus mais fortes expoentes os peruanos Victor Haya de la Torre (1895-1979) e
José Carlos Mariátegui (1894-1930). Dentre os vários aspectos por eles abordados há
dois que nos interessam particularmente no presente texto: uma visão de Haya de que
para enfrentar o imperialismo norte-americano era preciso unir nossos países, e a
referência de Mariátegui às necessárias bases econômicas de um projeto indo-americano.
No entanto, nem Haya sustentou sua postura antiimperialista posteriormente, nem
Mariátegui viveu o suficiente para continuar sua elaboração. Trata-se pois de um elo
perdido no debate das esquerdas latino-americanas.
Quando a questão da integração regional voltou pelas mãos da CEPAL – como parte das
políticas para superar os obstáculos ao desenvolvimento – já viria sem vocação
antiimperialista, mas também sem entusiasmo político. As duas décadas (1960-1970)
172
repletas de ditaduras militares afinadas com os sucessivos governos dos Estados Unidos
e com freqüentes conflitos entre si não eram propícias para esse tipo de iniciativas. Os
processos de democratização ao longo dos anos 1980 recolocaram a questão, mas as
negociações moveram-se rapidamente da agenda desenvolvimentista, herdada da fase
anterior, para outra marcadamente neoliberal, própria dos anos 1990. É assim que os
processos de integração regional entre países latino-americanos pareciam cumprir a idéia
de que tais projetos vingavam como forma de organizar a influência na região de uma
potência hegemônica, tal como tinha sido o caso da Comunidade Econômica Européia no
pós-II Guerra Mundial – em ambos casos, ainda que em momentos históricos diferentes,
sob a tutela do imperialismo norte-americano.
No entanto, a mudança de cenário político acima referida alterou profundamente o jogo.
Se fosse necessário um exemplo, veja o papel chave que cumpriu o Mercosul – com três
dos seus quatro governos sob direção progressista – para brecar as negociações da ALCA
em 2004-5.
O tema da integração regional não é novo, como já foi dito anteriormente. Mas o caráter
inédito da atual discussão latino-americana sobre integração regional é que se trata de
esboçar, a partir de iniciativas de um conjunto de governos progressistas, um projeto
capaz de se contrapor de fato à hegemonia norte-americana na região. Desde que os
Estados Unidos proclamaram a Doutrina Monroe, em 1823 – onde sacramentaram que
América Latina era seu quintal dos fundos geopolítico – nunca sequer tinha se chegado
perto de semelhante ameaça à sua dominação.
Novo contexto, nova agenda
A agenda dos movimentos sociais foi gradualmente incorporando a dimensão da
integração regional ao lado da resistência aos TLCs até chegar em 2005 – no V Encontro
Hemisférico de Havana (abril) e na III Cúpula dos Povos em Mar del Plata (novembro) –
a formulações afirmativas sobre a necessidade de uma integração dos povos. Antes
disso, apenas setores do movimento sindical que participavam de instâncias consultivas
do Mercosul e da CAN tinham propostas defensivas em relação a esse tema. E a ASC
tinha elaborado o documento “Alternativa para as Américas” como uma contraposição
ponto-a-ponto com a agenda da ALCA de finais dos anos 1990. Mas eram formulações
que não conseguiriam responder à nova situação: partiam de um critério básico de
resistência frente às iniciativas governamentais (neoliberais), não da possibilidade de se
ter uma verdadeira interlocução e diálogo com políticas governamentais (progressistas).
Porem, que governos são esses cuja existência marca uma nova conjuntura regional?
Estamos falando de situações, trajetórias e histórias nacionais recentes muito
diferenciadas. Contrariamente a alguns analistas de direita ou de esquerda que tentam
dicotomizar o quadro – entre governos de esquerda autêntica versus esquerda traidora,
populistas autoritários versus democráticos, pós-neoliberais versus pró-neoliberais,
atrasados versus modernizadores, etc. – entendemos que suas diferenças emanam de
histórias nacionais diferentes e que se unificam ou têm potencial de se unificar em uma
perspectiva regional comum, de um regionalismo, de uma integração regional alternativa
à dominação imperial. Os processos que se iniciam em 1998 têm em comum o fato de
serem resultados de vitórias eleitorais, da busca de maiorias políticas por parte de forças
de esquerda. Diferentemente de processos revolucionários onde acontecem dramáticas
mudanças estruturais e institucionais em curtos períodos de tempo, esses processos
políticos baseados em vitórias eleitorais de forças progressistas prolongam as disputas
entre continuidades e rupturas por longas fases, combinam avanços e recuos,
embaralham os conceitos, dificultam o entendimento de quem está vencendo a batalha
pelos rumos da nação. Essa percepção é importante porque falamos de cenários políticos
em movimento e disputa e não de regimes que estão consolidados em um ou outro
sentido. Nessa hipótese, as organizações da sociedade civil têm espaços para disputar
seus pontos de vista junto aos governos, porque essa disputa existe também dentro dos
novos blocos políticos governantes.
Temas que desafiam à sociedade civil
173
Em diversos setores da sociedade civil há uma dificuldade de identificar que esse debate
só é possível porque viemos de uma importante vitória estratégica – contra a principal
iniciativa imperialista na região – contra a ALCA. Também não é dito que essa vitória foi
possível porque houve explicita ou implicitamente uma aliança entre movimentos sociais,
forças políticas e governos progressistas com esse objetivo. E que foi no clarão aberto
nessa batalha que recolocou-se, sob nossas condições, a discussão sobre a integração
regional que agora valorizamos pelas suas potencialidades contra-hegemônicas frente ao
imperialismo e para servir de base à um projeto pós-neoliberal. Vejamos a seguir alguns
tópicos que precisariam ser aprofundados para avançar nesse rumo.
Os projetos dos quais são portadores esses governos não têm um sentido unívoco, estão
atravessados pelas contradições de seus processos políticos nacionais, de suas formações
sócio-econômicas, das alianças de classes que expressam etc. Por isso, nos debates que
travamos nesse contexto estamos distantes de uma dicotomia exclusiva e antagônica
entre “integração que prioriza os negócios” (que seria a dos governos, progressistas ou
conservadores, e a das transnacionais) versus a “integração dos povos” (que seria a
proposta pela sociedade civil), como poderia parecer em uma primeira análise. Dissemos
antes que os governos progressistas não têm características de ruptura revolucionária –
pelo menos não nos prazos e nas formas das revoluções que conhecemos até hoje. É
assim que todos eles discutem como incluir em um projeto nacional/regional os
interesses dos capitais investidos em cada país. Então não são dois, mas quatro os
atores econômicos no cenário regional: as corporações transnacionais globalizadas, as
empresas capitalistas com interesses vinculados ao desenvolvimento regional ou
nacional, as empresas estatais desses países e os empreendimentos da economia
popular (cooperativas, autogestão, campesinato, pequena produção etc.).
Nos nossos documentos frisamos que as estratégias empresariais dos três primeiros, em
geral, passam por cima de critérios de sustentabilidade para priorizar o mero crescimento
econômico – via de regra, vinculado às exportações. Esse talvez seja um dos
questionamentos mais contundentes que temos tanto contra as estratégias dos governos
progressistas quanto as daqueles submissos aos ditames do imperialismo norteamericano. Sem descartar nem diminuir a importância desse critério, no entanto, há
outros que também deveriam ser analisados. Uma economia nacional dominada por
transnacionais cujos centros de decisão estão fora do país e cujos objetivos estão
vinculados apenas à satisfação do mercado externo não é o mesmo do que uma
economia nacional dominada por empresas estatais: a questão fica evidente quando
observamos a extração de minérios no Peru (entregue ao capital multinacional) e a
exploração do petróleo e gás na Venezuela (cada vez mais sob controle estatal). As
chances, em um e outro caso, de que a população se beneficie dessa atividade
econômica ou de que ela seja reorientada para objetivos nacionais ou de integração
regional (não do mercado mundial), são completamente diferentes, ainda que a
sustentabilidade de ambas hoje seja igualmente questionável. Para a luta dos
movimentos sociais não é indiferente que o centro de decisão sobre uma atividade
econômica esteja dentro ou fora do país, ou que seja prerrogativa de uma empresa
privada ou de uma empresa estatal.
Foi o aumento persistente no mercado mundial nos últimos anos de preços de alguns
produtos primários (minerais e agrícolas) existentes em nossa região e a voracidade das
transnacionais por seu controle e exploração que deram a base material para a retomada
de um saudável nacionalismo nos nossos países. Para que as populações locais se
beneficiassem da renda excedente somente com controle estatal sobre tais recursos. O
tema do Estado voltou ao centro do debate estratégico, uma vez mais como o velho
“Estado desenvolvimentista”, bom, para enfrentar a estratégia imperialista; insuficiente,
para lançar um novo modelo de desenvolvimento. Porém, nos documentos da sociedade
civil há poucas propostas sobre que fazer,
Na atual conjuntura se combinam tanto sinergias econômicas que vêm da integração
regional, como aquelas impulsionadas pelos preços internacionais de certos produtos e
recursos abundantes em alguns países de nossa região. Como todo processo de
desenvolvimento tem na acumulação de excedentes econômicos (para investi-los em
174
áreas consideradas prioritárias, por exemplo, a industrialização) um dos seus nós, não
parece razoável que esses países abram mão dessa possibilidade via fornecimentos a
mercados mundiais aquecidos (em particular, a China).
A proposta do governo
equatoriano do presidente Rafael Correa de uma moratória da exploração de petróleo no
Parque Nacional do Yasuni em troca de compensações financeiras da comunidade
internacional poderia abrir um novo capítulo no debate. Mas a regra atual é explorar e
vender petróleo aproveitando os altos preços internacionais para reverter os ingressos
excedentes em políticas sociais dentro do país e em iniciativas para a integração regional
– o modelo venezuelano. Alem disso, por se tratar nesse caso de produção de energia –
um bem escasso em torno ao qual haverá intensa disputa com o imperialismo no século
XXI – estamos aqui também em um tema central na definição de um projeto contrahegemônico. Porém, a insustentabilidade de um tal modelo exportador e a instabilidade
dos mercados globais de commodities impõem discutir e negociar uma estratégia de
transição para outro modelo.
Dizíamos acima que a raiz eleitoral dos atuais processos nacionais progressistas
condiciona fortemente o raio de ação desses governos, pelo menos ao início, já que,
obviamente, tais limites sempre podem ser objeto de disputa política na sociedade.
Provavelmente é essa limitação que explica – mesmo parcialmente – que em nenhum
desses países haja políticas visando mudanças de padrões de consumo. No debate sobre
o desenvolvimento anterior à fase de hegemonia neoliberal na América Latina, isto é, o
que aconteceu entre os anos 1950 e 1970, era tema freqüente a crítica às tentativas das
elites periféricas de copiar padrões de consumo dos países desenvolvidos – já que isso só
poderia ser feito via onerosas importações de luxo e às expensas do desenvolvimento
socialmente justo do país. As últimas duas décadas do século passado lançaram nossos
países no sentido oposto, já que a ideologia neoliberal veio junto com o estímulo à
imitação do estilo de vida norte-americano para quem tivesse renda para tanto. Além do
argumento anterior, hoje se sabe que não seria sustentável ambientalmente estender
esse padrão a todo o planeta. Porém, os setores sociais que na fase neoliberal se
conectaram a esse circuito de consumo são hoje um obstáculo político à mudança. Por
sua vez, as organizações da sociedade civil têm um acúmulo sobre esses temas, mas não
têm desenvolvido campanhas e ações políticas em um volume capaz de questionar esse
modelo ou de colocar seus beneficiários na defensiva.
O auge do neoliberalismo significou um aprofundamento e generalização das diversas
formas de precarização do mundo do trabalho que já estavam presentes na fase anterior.
O novo debate sobre a integração regional só muito timidamente está sendo utilizado
pelo movimento sindical da região para colocar em pauta uma visão de desenvolvimento
com direitos sociais e trabalhistas, com valorização do trabalho. E em diversos
documentos da sociedade civil global – sobretudo quando não há participação de algum
ator sindical – essa dimensão sequer é abordada. Trata-se de um imenso déficit para
uma perspectiva de fazer da integração regional base para um projeto pós-neoliberal.
Aquela discussão sobre qual Estado é necessário não deve se restringir a sua dimensão
econômica. Em um projeto de integração regional contra-hegemônico e anti-imperialista
os temas de segurança e defesa são igualmente estratégicos. Ao longo da campanha
contra a ALCA ganhou força a luta contra o militarismo norte-americano na região. As
lutas e campanhas contra as bases militares americanas, contra a “Escola das Américas”,
contra as manobras e exercícios conjuntos, contra o Plano Colômbia, etc. são capítulos
importantes da resistência popular. Porém, um projeto que vise questionar a dominação
da única superpotência em sua área de hegemonia exclusiva – isto é, um projeto de
integração regional na América Latina – deveria ter capacidade de dissuasão frente à
tentação imperialista de intervir militarmente. A longa história de intervenções norteamericanas contra governos que significavam muito menos riscos para sua dominação
que alguns dos processos atuais, deveria servir de alerta. A implementação de outra
política de defesa e segurança será uma necessidade imperiosa se formos vitoriosos na
integração regional contra-hegemônica ao imperialismo.
Em busca de novas sínteses
175
Se essas são questões em que se sente falta de aprofundamento e de elaboração dos
movimentos sociais e ONGs, no entanto, os documentos produzidos ao longo da
campanha contra a ALCA, os TLCs e a OMC - vários resenhados no referido texto do Cone
Sul Sustentável – e os debates acontecidos na Cúpula Social pela Integração dos Povos
em Cochabamba, Bolívia, em dezembro de 2006, mostram uma riqueza de formulações
alternativas em áreas estratégicas para a integração regional e para avançar rumo ao
pós-neoliberalismo. Falta talvez trabalhá-las dentro de um corpo único e articulado e de
uma estratégia política.
Porém, apenas em Cochabamba tivemos uma primeira experiência de amplo diálogo
entre as mais diversas organizações da sociedade civil e vários governos da Comunidade
Sul-Americana de Nações (atual UNASUL) dispostos a construir pontes entre suas
estratégias e as propostas dos movimentos sociais. Em grande medida isso foi possível
pelas características do anfitrião, o governo Evo Morales, que se define como um
governo dos movimentos sociais. Houve na seqüência outras duas experiências: uma, na
Cúpula Social do Mercosul (Brasília, dezembro de 2006) e outra, na constituição do
Conselho de Movimentos Sociais da ALBA (Tintorero, Venezuela, abril de 2007). Cada
uma teve características e dimensões diferentes, mas as três foram apenas embriões de
processos mais amplos de participação social.
É difícil imaginar que apenas com uma estratégia de meras alianças entre organizações
da sociedade civil e de mobilização social se possa alterar a conjuntura no sentido
desejado. A mesma convergência que aconteceu entre a resistência social e as posições
de alguns governos para bloquear a ALCA, se faz agora necessária para a integração
regional. Porém, o desafio é maior porque a unidade na resistência é mais simples do
que na construção de plataformas alternativas.
Precisamos de novas sínteses e os elementos para chegar a elas estão dispersos entre
formulações da sociedade civil, dos governos progressistas e de outros atores chave de
um processo como este, como são os partidos políticos, as universidades, os grupos
religiosos, os movimentos culturais etc. Corremos contra o tempo porque a alternativa
da integração tem que mostrar resultados concretos para se afirmar em oposição à
globalização neoliberal comandada pelas grandes corporações transnacionais e imposta
pela política dos países desenvolvidos. Os desafios que hoje enfrentamos decorrem de
vitórias obtidas nas lutas recentes, mas elas não são suficientes para superar a condição
de subdesenvolvimento, dependência, depredação ambiental e injustiças sociais a que a
atual ordem mundial quer nos submeter. As sementes foram plantadas na fase anterior,
cabe agora colher nesta nova fase aberta em Cochabamba.
Siglas
ALBA – Alternativa Bolivariana para as Américas
ALCA – Área de Livre Comércio das Américas
ASC – Aliança Social Continental
CAFTA-DR – Acordo de Livre Comércio com América Central e República Dominicana
CAN – Comunidade Andina de Nações
CEPAL – Comissão Econômica para América Latina, órgão das Nações Unidas
CUT – Central Única dos Trabalhadores
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
NAFTA / TLCAN – Tratado de Livre Comércio da América do Norte
OMC – Organização Mundial do Comércio
TLC – Tratado de Livre Comércio
UNASUL – União de Nações de América do Sul, atual denominação da Comunidade SulAmericana de Nações
176
Referências:
* A versão completa de “Integración y Territórios: Alternativas para uma
Integración de los Pueblos” está em: www.taller.org.ar/Megaproyectos/Iirsa/Libro
_Integracion.pdf
* Para o debate dos anos 1920, ver:
Haya de la Torre, Victor Raúl. El antimperialismo y el APRA. In: Haya de la Torre, Victor
Raúl. Obras Escogicas. Tomo II. Lima: Comisión del Centenário, 1995.
Mariátegu, José Carlos. Temas de Nuestra América. In: Mariátegui, José Carlos. Obras.
Tomo 2. Havana: Ed. Casa de las Américas, 18=982.
* Sobre a caracterização dos governos progressistas e de esquerda ver:
Elias, Antonio (compilador). Los gobiernos pregresistas em debate. Argentina, Brasil,
Chile, Venezuela y Uruguay. Montevideo: Instituto Cuesta Duarte, 2006.
Guimarães, Juarez. Leituras da crise. Diálogos sobre o PT, a democracia brasileira e o
socialismo. (Entrevistas a Marilena Chauí, Leonardo Boff, João Pedro Stédile e Wanderley
Guilherme dos Santos). São Paulo: Ed. Fund. Perseu Abramo, 2006.
Lucas, Kintto. Rafael Correa. Um extraño em Carondelet. Quito: Ed. Planeta, 2007.
Regalado, Roberto. América Latina entre Siglos. Dominación, Crisis, Lucha Social y
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Stefanoni, Pablo e Hervé Do Alto. Evo Morales. De la coca al palácio. La Paz: Ed.
Malatesta, 2006.
Vários Autores. Bolívia: ¿el fin del enredo? Revista Nueva Sociedad. Mai-Jun, No 209.
Buenos Aires, 2007. Também disponível em www.nuso.org/
Vários Autores. La Izquierda en el Gobierno. Revista Nueva Sociedad. Mai-Jun, No 197.
Caracas, 2005. Também disponível em www.nuso.org/
Villanueva, Omar Everleny Pérez (compilador). Reflexiones sobre economia cubana.
Havana, Ed. Ciências Sociales, 2006.
* Sobre a proposta equatoriana de moratória de exploração de petróleo no Parque
Nacional Yasuni: www.lainsignia.org/2007/agosto/econ_006.htm
* Para análises e documentos oficiais sobre a evolução recente na integração regional,
ver:
Ayerbe, Luis Fernando. Integração Latino Americana e Caribenha. São Paulo: Imprensa
Oficial, 2007.
Benitez, Pável Alemán. ALBA, Venezuela y los retos para la Integración Latinoamericana.
Em: www.inprecor.org.br/inprecor/index.php?option=content&task=view&id=650
Buono, R. A. Dello (editor). Diálogo Sudamericano: Outra integración es posible. Lima:
Ed. La Tierra, 2006.
Fiori, José Luis. Artigos “A Nova Geopolítica das Nações”, “O Sistema Mundial e América
Latina: Mudanças e Perspectivas”, “O discurso e a História” Em: www.inprecor.org.br
Reunião de Chefes de Estado da CSN. 1ª Reunião de Chefes de Estado da Comunidades
Sul-Americana de Nações. Brasília: Fund. Alexandre Gusmão, 2005.
177
Stuart, Ana Maria. “Integração regional e construção da democracia na América do Sul”.
In: Frati, Mila (organizadora). Curso de formação em política internacional. São Paulo:
Ed. Fund. Perseu Abramo, 2007.
3.15 INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA: UNASUL
E
ALBA – PROCESSOS
DE INTEGRAÇÃO
ALTERNATIVOS
Graciela Rodriguez18
O comércio internacional mudou profundamente na década atual, especialmente depois
de fracassada a IV Reunião Ministerial da Organização Mundial do Comércio – OMC, em
Cancun - México, em 2003. Essa reunião terminou sem avanços devido
fundamentalmente à “revolução dos pobres”, tal como foi chamada a atitude dos países
que decidiram travar as negociações ao não aprovar a proposta de declaração final. Esta,
pouco mudava a situação de acesso aos mercados do Norte para os países em
desenvolvimento, já que permitia manter os níveis historicamente elevados de subsídios
à produção agrícola, especialmente na UE e nos EUA. A partir dali muito pouco se
avançou nesse âmbito e a Rodada de Doha, iniciada em 2001, continua paralisada,
especialmente depois do fracasso do G4 (EUA, EU, Índia e Brasil) reunido em Postdam,
em Junho de 2007, numa reunião que apesar dos apelos e esforços oficiais não
conseguiu a retomada da Agenda negociadora.
Nesse contexto, muito se discute sobre os processos de integração regional que são
freqüentemente vistos como novas formas ou alternativas para os países e regiões do
Sul para enfrentar sua inserção em uma economia globalizada que aprofundou as
desigualdades Norte/Sul durante as negociações internacionais do GATT - Acordo Geral
de Tarifas e Comércio – e desde 1995 na OMC.
Muitos dos processos de integração de economias nacionais em desenvolvimento ou de
países “empobrecidos” (1) surgiram assim, como uma maneira de enfrentar as formas
bilaterais ou regionais dos TLCs (Tratados de Livre Comércio) que replicam as
assimetrias e tensões existentes no âmbito global e muitas vezes inclusive representam
negociações “OMC plus” (2).
Na América Latina, em particular no Sul, ocorreram importantes mudanças políticas nos
últimos anos, que provocaram a aparição de propostas chamadas “alternativas” à visão
hegemônica neoliberal para lidar com a economia e o intercâmbio comercial e em
conseqüência com o desenvolvimento dos países e regiões.
Assim, surgiram a partir dessas mudanças eleitorais que provocaram situações políticas
novas, algumas propostas alternativas em relação ao comércio internacional e regional
como ferramenta necessária para o desenvolvimento dos países, embora considerando
que este não é o único ou principal instrumento para impulsionar o desenvolvimento e
que, em diversas situações, pode inclusive impedi-lo ou prejudicá-lo.
A UNASUL (3) - União Sul-americana de Nações e a ALBA - Alternativa Bolivariana para
os Povos da América são propostas que surgiram abrindo caminhos diversos ou formas
alternativas de liderar a integração regional na América do Sul, com reflexos nas vizinhas
regiões do Caribe e América Central. Podemos afirmar que ambos processos surgiram
com objetivos diversos e isto resulta significativo para entender suas diferenças, e ainda
que atualmente suas perspectivas se entrecruzem, seus propósitos não são idênticos.
Veremos mais detalhadamente estas propostas na seção seguinte, para depois nos
ocuparmos do contexto político e social no qual ambas se desdobram, gerando
18
Socióloga e feminista. Coordenadora Global da IGTN – Rede Internacional de Gênero e Comércio.
Membro da REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos e da ASC – Aliança Social
Continental.
178
conseqüências para a população e desafiando a sociedade civil e os movimentos sociais
organizados da região a debater com profundidade tais processos e a dialogar com essas
propostas.
Particularmente para o movimento de mulheres, se faz atual o desafio de formular
propostas políticas que permitam avançar em direção à superação das desigualdades de
gênero existentes em todos os países da região. Especialmente aquelas desigualdades
existentes no mercado de trabalho feminino, aprofundadas pelo atual modelo produtivo
regional destinado à exportação, como também as resultantes das tarefas do cotidiano
de reprodução da vida ainda comumente desempenhadas pelas mulheres. Aspectos
ambos fortemente ligados e impactados, entre outros, pela divisão internacional do
trabalho e pelas definições econômicas de privatização de serviços públicos, erosão da
soberania alimentar dos países e regiões, prioridades da matriz energética e outras.
União Sul-americana de Nações - UNASUL
A América do Sul possui uma enorme riqueza de terras férteis, água doce, uma imensa
biodiversidade que se estende da Amazônia à Patagônia como também uma variedade de
fontes de energia tanto hidroelétricas como petrolíferas e de gás, às quais se soma agora
a produção em longa escala de agro-combustíveis que vêm a diversificar ainda mais a
matriz energética atualmente existente. Todo este potencial outorga à região
características interessantes para sua incorporação ao mercado global, como provedora
de recursos naturais cada dia mais requeridos pelos países industrializados. Assim, os
investimentos das empresas transnacionais se orientaram particularmente na região ao
aproveitamento e à exportação de tais recursos naturais e à produção de produtos
primários especialmente, ao mesmo tempo em que essa inserção no mercado global
continua ocorrendo na forma tradicionalmente subordinada às necessidades dos
mercados dos países desenvolvidos.
A reunião inicial dos países da região, que daria lugar posteriormente à criação da
UNASUL, aconteceu na I Cúpula de Presidentes Sul-americanos realizada em Brasília, em
2000, sob o patrocínio do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Ali, o Brasil
buscava uma forma de liderar o processo de incorporação dos territórios da América do
Sul ao mercado globalizado e ao mesmo tempo ampliar a atuação de suas grandes
empresas em ritmo acelerado de crescimento e com fortes interesses de expansão na
região. No entanto e apesar de ser esta uma proposta impulsionada pelo governo
brasileiro, a construção deste processo não teve caráter integrador e nem um profundo
apoio da diplomacia brasileira que foi conduzindo o projeto sem muita convicção formal e
institucional, embora ao mesmo tempo o mesmo fosse facilitado na prática pelo vigor das
empresas brasileiras em franca expansão dentro da região.
A II Reunião de Presidentes Sul-americanos, realizada em Guaiaquil/Equador, em 2002,
deu continuidade aos debates sobre a proposta, mas sem definição clara de seu rumo e
sua institucionalização.
No entanto, a partir do ano 2003, com a chegada ao governo de Luis Inácio Lula da
Silva, a proposta de integração sul-americana entrou em uma nova etapa, modificando
fortemente o propósito inicial, a metodologia e as formas de buscar sua consolidação.
Para o atual governo, ainda que este processo continue fazendo sentido para uma melhor
inserção no mercado internacional, tem também em si um objetivo regional que é a
construção de um mercado que amplie os âmbitos nacionais e potencialize a capacidade
produtiva da região, ainda permitindo manter a liderança do Brasil.
Assim que, a partir da III Cúpula Sul-americana realizada em Cuzco/Peru no dia 8 de
dezembro de 2004, se constitui a Comunidade Sul-americana de Nações. Esta decisão se
reflete na Declaração de Cuzco, que expressa: “Os Presidentes dos países da América do
Sul reunidos na cidade do Cuzco, (.....) interpretando as aspirações e desejos de seus
povos a favor da integração, da unidade e da construção de um futuro comum,
decidimos conformar a Comunidade Sul-americana de Nações”.
179
E continua, “O pensamento político e filosófico nascido de sua tradição, que,
reconhecendo a primazia do ser humano, de sua dignidade e direitos, a pluralidade de
povos e culturas, consolidou uma identidade sul-americana compartilhada e valores
comuns, tais como: a democracia, a solidariedade, os direitos humanos, a liberdade, a
justiça social, o respeito à integridade territorial e à diversidade, à não-discriminação e a
afirmação de sua autonomia, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica de
controvérsias”.
Também entre as definições da CSN (atual UNASUL) se encontra a criação de um
Parlamento Sul-americano. Todas estas definições foram dando um caráter de
articulação política ao bloco, que inclui também o objetivo explícito de aprofundar a
democracia em uma região que ainda tem feridas abertas pelas ditaduras militares dos
anos 70–80.
Assim, analisando a Declaração de Cuzco pode-se dizer que as bases deste acordo
ultrapassam o âmbito do econômico para se conformar a partir de uma forte ênfase no
político e cultural. Isto, de alguma maneira, foi interpretado como uma opção por realizar
um acordo sobre bases políticas dadas as dificuldades existentes para aprofundar
acordos comerciais sobre tarifas alfandegárias, já que a situação dos diversos países com
relação à liberalização do comércio é muito diversa. Neste sentido, diz-se que
diferentemente da União Européia, que antes de ir em direção à união política produziu
um processo de convergência econômica, a UNASUL pretenderia percorrer um caminho
relativamente inverso com a predominância inicial do político e territorial que pode ir
ampliando acordos no comercial e o econômico.
A composição da UNASUL
A UNASUL é formada por doze países da América do Sul e inclui em sua formação os
países do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, com a Venezuela em
processo de adesão) (4) e os da Comunidade Andina de Nações - CAN (formada por
Bolívia, Colômbia, Equador e Peru) além de Chile, Guiana e Suriname.
Também, entre os blocos sub-regionais MERCOSUL e CAN, existem diversos acordos,
entre eles, o mais velho e profundo do ponto de vista comercial é o MERCOSUL-Bolívia,
país este que atualmente sustenta um processo de incorporação ao Mercosul. Além disso,
o novo presidente do Equador, Rafael Correa, expressou seu interesse em participar do
Mercosul. O Chile por sua parte, não forma parte de nenhum destes blocos, mas tem
acordos de integração com cada um dos países, com exceção da Guiana e do Suriname.
Ao mesmo tempo, estes dois países têm muito pouca relação com o resto e pelo
contrário, mantêm laços profundos com os países ex-colonizadores, Inglaterra e Holanda
respectivamente, e integram o Mercado Comum e Comunidade do Caribe - CARICOM,
processo integrador do Caribe.
A partir desta rede de acordos e negociações bilaterais e sub-regionais, é importante
enfatizar que "explicitamente a CSN quer avançar em direção à integração comercial
usando como base os acordos já existentes” (5). Não obstante, é necessário apontar que
o comércio intra-regional é ainda relativamente pequeno (6) e a região mostra pouca
integração, (Ver em anexo quadros 1 e 2), ao mesmo tempo, em que reproduz o tipo de
inserção tradicional destes países no mercado internacional, já que os produtos que
circulam na região são basicamente agrícolas ou minerais.
Por outro lado, o perfil exportador para fora da região é fortemente orientado para o
mercado dos EUA no caso da CAN, enquanto que o MERCOSUL apresenta uma
diversificação maior no destino de suas exportações. Esta diversidade de mercados
destinatários aumentou recentemente incluindo China, Índia, alguns países árabes e
africanos, além dos tradicionais mercados europeu e americano.
Principais temas da UNASUL
180
Desde o ponto de vista dos principais temas e acordos em negociação, a UNASUL possui
uma agenda ampla que compreende aspectos políticos e de integração física do
continente, e suas declarações deram muita ênfase aos assuntos culturais e de
integração dos povos dos países membros ainda que incluam também os temas
econômicos e comerciais. No entanto, e apesar de toda a retórica, os temas que
apresentam estudos e avanços mais concretos são os ligados à infra-estrutura física da
região e ao debate sobre a matriz energética para o subcontinente.
Assim, o projeto denominado IIRSA – Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura
Regional Sul-americana, apresentado na I Cúpula de Presidentes sul-americanos,
portanto inicialmente desvinculado da UNASUL que se criará posteriormente, tornou-se
atualmente parte extremamente importante desta negociação. Trata-se de um programa
de investimentos que pretende interligar as comunicações e a infra-estrutura na região,
especialmente a integração de estradas, vias fluviais, portos e aeroportos, proposta
visivelmente destinada ao transporte da produção agrícola e dos recursos naturais
(madeiras, minérios, etc) destinados à exportação.
Por outro lado, o tema da matriz energética da região está em pleno e acalorado debate,
dados os interesses divergentes entre os diversos países membros da UNASUL. Por um
lado, os países eminentemente produtores de petróleo e gás como Venezuela, Bolívia e
agora Equador, enfrentam as iniciativas especialmente brasileiras, mas também
argentinas - países também produtores de petróleo, mesmo em menor proporção - que
recentemente se mostram interessados em diversificar suas fontes energéticas, em
particular de forma intensiva com a produção de agro-combustíveis a partir da cana-deaçúcar e também de outros produtos vegetais como soja, palma, mamona, etc.
Ambos tipos de combustíveis (fósseis e agro-combustíveis) continuarão sendo, por um
longo tempo ainda, parte da produção de energia na região, enquanto representam
matrizes diferentes e fazem parte das disputas regionais a cada dia mais fortes, que
incluem também conflitos pelo uso das fontes de energia hidroelétrica, (especialmente
nos casos das hidroelétricas de Yaciretá e Itaipu construídas a primeira entre Paraguai e
Argentina, e a segunda entre Paraguai e Brasil; e da Bolívia com Brasil pela construção
de represas no Rio Madeira).
A recente I Cúpula Energética Sul-americana, realizada nos dias 16 e 17 de abril, na Ilha
de Margarida – Venezuela, demonstrou justamente a extrema prioridade que os temas
da integração física e energética tomaram no processo integrador sul-americano, para os
quais existem propostas concretas, como o Anel Energético Sul-americano, o Gasoduto
do Sul e outros.
De fato, o tema da matriz energética está imbricado ao do modelo produtivo para a
região, já que não se trata de propostas ou alternativas de desenvolvimento nacionais,
mas sim da matriz regional que as corporações transnacionais vem desenhando. E este é
certamente o elemento mais importante da disputa atual na UNASUL. Assim, a quebra ou
não dos princípios neoliberais para a integração regional é atualmente o divisor de águas
entre os governos da região.
Como explicita Sader, “a linha divisória geral que divide o continente não é aquela entre
uma suposta “esquerda boa” e uma “esquerda ruim”. Essa é uma visão da direita, que
busca dividir o campo progressista no continente, para tentar cooptar governos mais
moderados. A linha divisória fundamental é aquela que passa entre os países que
assinaram acordos de livre comércio com os EUA – México, Chile, além dos
procedimentos avançados pela Colômbia e pelo Peru -, que hipotecam seu futuro e
qualquer possibilidade de regular o que ocorra nos seus países, em uma relação
radicalmente desigual com a maior potência imperial do mundo e os que países que
privilegiam a integração regional. Entre esses estão os que, apesar dessa opção, mantém
o modelo econômico neoliberal – como são os casos do Brasil, da Argentina, do Uruguai
– e os que se situam fora dele – Venezuela, Cuba, Bolívia e Equador. Este é um segundo
divisor de águas, mas no marco de um processo de alianças que gera um espaço não
181
apenas de integração – centrado no Mercosul -, mas além disso contribuem para um
mundo multipolar, que enfraquece a hegemonia unipolar dos EUA (7)”.
Esta perspectiva talvez nos permita compreender a complexidade política existente na
região onde as importantes mudanças eleitorais produzidas não determinam
exclusivamente o jogo de forças regionais e, muito menos definem por si mesmas o
rumo das disputas sobre os possíveis “modelos de desenvolvimento” para a região.
Aspectos de gênero
Apesar da Declaração de Cuzco e dos documentos oficiais fazerem referência, de forma
geral, aos direitos sociais, eles não mencionam especificamente os direitos das mulheres,
e ainda de fato a UNASUL não tem entrado com muita ênfase nos temas que fazem a
chamada “integração dos povos”.
Como assinalamos anteriormente, os temas que obtiveram avanços neste processo são
relativamente poucos e limitados quase exclusivamente aos aspectos da integração da
infra-estrutura produtiva.
Especificamente entre os temas sociais, foram mencionadas as migrações e suas
problemáticas como um dos aspectos prioritários a ser enfrentados no debate, incluindo
seus aspectos trabalhistas e de gênero.
A recente criação de uma Secretaria permanente para o acordo e a constituição de
grupos de trabalho específicos que já foram propostos, incluindo um grupo de gênero,
podem ser a oportunidade para que se avance no tratamento destes temas específicos.
De outro lado, já foi lançado o debate (8) para definir a criação dos mecanismos
institucionais para participação da sociedade civil neste processo integrador, que podem
representar uma oportunidade importante para o avanço das propostas de interesse dos
movimentos sociais, que estão no momento aceitando o desafio da participação.
ALBA – Alternativa Bolivariana para as Américas
Por sua vez, a ALBA (9), projeto liderado pela Venezuela, surge diretamente em
contraposição à ALCA – Área de Livre Comércio das Américas (10), e por este motivo
tem características muito diferentes da UNASUL. Assim, desde o início, a ALBA tem uma
clara intenção de superar a lógica dos acordos de “livre comércio”, incluindo para isto os
aspectos culturais, de solidariedade e de complementaridade entre os países parte do
acordo, muito mais do que os temas comerciais. Isto é, não se trata de acordos que
buscam a liberalização progressiva do comércio e os investimentos nos países, mas seus
objetivos são fundamentalmente políticos ainda que também econômicos.
Esta proposta pode ser mais bem entendida a partir da análise da história de sua
formulação. Inicialmente foi desenhada como resultado do processo de resistências à
ALCA protagonizado tanto por alguns governos da região, em particular os países do
Mercosul e a Venezuela, como também pelas mobilizações e campanhas organizadas a
partir dos movimentos sociais hemisféricos. A forte tensão provocada pelo
posicionamento dos governos dos países do Mercosul, aos quais se somou o governo da
Venezuela durante as negociações na Cúpula Ministerial da ALCA em Miami, em 2003,
prefigurou a paralisação da ALCA que foi definitivamente confirmada na Cúpula do Mar
del Plata, em novembro de 2005. Ao mesmo tempo, a mudança ocorrida nos meses
anteriores no rumo das negociações dentro da OMC durante a Ministerial de Cancun,
criou um marco político favorável na América do Sul para o enfrentamento das pressões
dos EUA para alcançar a conclusão do acordo em 2005, imprimindo um tom esperançoso
e de transformações à conjuntura política regional.
A partir dali, foi surgindo com força na região a necessidade de buscar alternativas de
integração sobre bases diferentes às que guiavam a ALCA. Este momento político que
182
encorajava novos rumos para as negociações coincidiu com mudanças políticas que
prefiguravam as tendências progressistas que se consolidariam posteriormente em
diversos países (Argentina, Uruguai, e mais adiante Bolívia e Equador) e com o forte
crescimento dos movimentos sociais e especialmente da Campanha continental contra a
ALCA, que em diversos países realizou plebiscitos, consultas e outras formas de
mobilização social contra o processo negociador hegemonizado pelos EUA.
Neste contexto, em 2004, o governo da Venezuela (11), que vinha ensaiando formas
cada dia mais intensas de enfrentamento com os EUA, lança a proposta da ALBA. Ela
surge com a inspiração e a partir de formulações dos movimentos sociais de resistência à
ALCA, e em particular de contribuições da ASC – Aliança Social Continental. Esta
articulação hemisférica de movimentos sociais diversos que vinha liderando as lutas de
resistência a esse tratado de livre comércio, tinha elaborado o documento “Alternativas
para as Américas”. Este documento - com suas críticas ao modelo de liberalização
comercial - foi fonte de inspiração e neste sentido teve influência definitiva para a
formulação inicial da ALBA, uma peça inicialmente de caráter simbólico que
posteriormente foi sendo delineada nos sucessivos processos e acordos concretos. Deste
modo, a ALBA foi se conformando como um acordo de intercâmbio de produtos e
serviços entre os países assinantes do acordo em um sistema que prioriza a
solidariedade e a cooperação em uma perspectiva antiimperialista (inclusive com alguns
elementos anticapitalistas) e contra a lógica do mercado.
Com essas características, se assina, em dezembro de 2004, o primeiro acordo da ALBA
entre Venezuela e Cuba. Posteriormente continuou-se a assinar acordos neste marco e
ampliando este primeiro, para incluir a participação da Bolívia (2006). Posteriormente,
em janeiro de 2007, assinou-se o acordo com a Nicarágua também no espírito desta
proposta.
Também alguns elementos que formam parte da agenda da ALBA estão sendo
negociados com diversos países da região em forma parcial, ou seja, fora do âmbito de
acordos que possam ser integralmente caracterizados como ALBA. Um bom exemplo
neste sentido é a negociação do “Banco do Sul”, proposta impulsionada pelo governo da
Venezuela dentro da ALBA, que foi acolhida inicialmente pelo governo da Argentina em
acordos de cooperação bilateral, embora não tenham sido caracterizados como um
acordo de tipo ALBA. De outro lado, os acordos da ALBA compreendem negociações com
outros atores que não somente os governos nacionais e se estendem a acordos de
cooperação com governos municipais, estaduais, organizações e movimentos sociais e
outros.
Assim, esta forma diversa que assumem as negociações na ALBA expressa as
características desta proposta, que de fato não tenta a negociação de acordos comerciais
tradicionais, mas que é sim um projeto de superação do modelo neoliberal. E isto a partir
de formulações nos campos econômico–comercial, mas também com princípios de
solidariedade entre os povos, fortalecimento do papel dos estados nacionais e priorização
de acordos políticos, sociais e culturais que fortaleçam a integração latino-americana e
caribenha. Os acordos da ALBA compreendem também os temas de energia,
financiamento, apoio em educação e saúde, ciência e tecnologia e comunicação, entre
seus aspectos mais importantes.
Por tudo isto, para compreender o alcance e os objetivos da ALBA impõe-se a realização
de uma análise política no contexto latino-americano, já que a proposta foi mudando e
oferecendo novas perspectivas e projetos concretos na medida das mudanças e
circunstâncias políticas. Tais perspectivas inovadoras vão desde a criação de uma
empresa petrolífera (Petrosur), de um canal de televisão para a América Latina (Telesur)
e do Banco do Sul, além de numerosos programas e missões de apoio à alfabetização,
assistência médica oftalmológica, apoio técnico na área energética, agrícola, militar,
entre outras.
183
No entanto, e apesar de que nos chamados Princípios reitores da ALBA se outorga “uma
importância crucial aos direitos humanos, trabalhistas e da mulher, à defesa do ambiente
e à integração física”, os aspectos de gênero não aparecem explicitamente tratados nos
acordos assinados. De fato, não se faz neles, como tampouco nos textos da União Sulamericana de Nações, referência a nenhuma medida que tenha por objetivo a igualdade
entre homens e mulheres ou que considere as desigualdades de gênero para tratar sua
superação.
UNASUL e ALBA: Processos de integração regional alternativos?
É difícil responder a esta questão porque se bem se pode dizer que o são – ou podem sêlo - ambas propostas são muito diferentes e carregam consigo inumeráveis contradições,
ao tempo que se realizam no seio de sociedades com fortes disputas de interesses pelo
“modelo de desenvolvimento” em implementação na região.
Quando se fala de processos de integração pode-se estar pensando em âmbitos de
ampliação do “livre comércio” ou pelo contrário, em processos que pretendem estreitar
vínculos entre países mediante bases diferentes à liberalização comercial mesmo que não
dispensem o comercial, mas que incluam também outros instrumentos que permitam
melhorar a inserção internacional desses países.
É a este tipo de integração que nos referimos ao discutir a conjuntura que vive a região
sul-americana, que mostrou a vontade política de formulação destas propostas de
integração, que por isso mesmo são vistas como alternativas, ou contra-hegemônicas ao
processo de aprofundamento do modelo neoliberal impulsionado pelos EUA e pelos
organismos multilaterais desde as décadas de 80–90 na região.
O modelo agro-exportador de recursos naturais e produtos agrícolas - de longa história
na região - foi aprofundado nos últimos anos de liberalismo com maior voracidade e
ímpeto. Tal matriz exportadora, supostamente promotora do crescimento econômico que
traria o esperado desenvolvimento, se sustenta na exportação dos recursos naturais com
relativamente escassa tecnologia e está baseada no uso de uma mão de obra barata e
com baixa qualificação.
Ao mesmo tempo, a implementação de medidas de abertura aos investimentos
estrangeiros, via a liberalização do mercado de capitais, junto à redução do papel do
Estado, deram a tônica a partir da década de 90. Ambos processos se complementaram
na conhecida fórmula de privatização dos serviços públicos que colocaram um vasto
patrimônio construído ao longo de décadas pelos Estados nacionais em mãos das
empresas privadas.
Estes direcionamentos das políticas assumidas nas últimas décadas pelos países da
América Latina, mudando o modelo chamado de substituição de importações, levou estas
economias a um estado de desregulamentação e deterioração.
O caminho de abertura das economias e de incorporação das recomendações surgidas do
Consenso de Washington, expressadas fundamentalmente pelas agências financeiras
multilaterais, como o FMI e o BM, e assumidas pelos governos, levou as economias
nacionais ao aprofundamento da dependência externa.
O resultado foi o enfraquecimento dos mercados internos, a escassa geração de
empregos junto ao surgimento de trabalhos precários, a perda do patrimônio nacional,
processos estes que foram facilitados pela falta de estímulo às indústrias locais, com
exceção da agricultura extensiva e as agroindústrias para exportação, à custa inclusive
da agricultura destinada ao consumo interno.
A abertura dos mercados financeiros e o incentivo a este modelo agro-industrial
exportador ou destinado à extração de minerais e madeira, e em algumas regiões, de
184
pequenas indústrias de montagem têxtil e eletrônica trouxe fortes impactos na
precarização do trabalho, especialmente o feminino, e também no que se refere aos
danos ambientais.
Neste processo, as empresas transnacionais tiveram um papel fundamental e entre elas,
particularmente, as empresas européias com fortes investimentos nos setores de
mineração, pesca, energia elétrica, telecomunicações, bancários, etc. para mencionar os
mais importantes. A liberalização dos serviços, especialmente os serviços públicos de
saúde, educação, distribuição de água e saneamento, energia, etc., muitos deles ligados
a transnacionais européias, afetaram e afligiram especialmente as mulheres que
continuam substituindo com mais trabalho a ausência destes serviços e a falta de
políticas públicas a partir dos Estados “mínimos”.
Podemos assim afirmar que a região se encontra com sérios problemas resultantes de
anos de implementação de políticas neoliberais, com Estados debilitados e ao mesmo
tempo países competindo pela exportação dos mesmos produtos agrícolas e recursos
naturais, com pouca legislação de proteção e controle. Assim, pode-se dizer que ainda
que a especialização produtiva não tenha sido determinada pela competição, de todas
maneiras a região sofre atualmente os resultados dessa concorrência, pois de fato não foi
estruturada na base da complementação produtiva.
E a partir desta situação do modelo produtivo desenhado fundamentalmente pelas
companhias transnacionais, com fortes interesses, portanto, em disputar o modelo
integrador, que as propostas alternativas explicitadas pela maioria dos governos da
região têm que ser criadas e implementadas.
Evidentemente as contradições e tensões não são poucas, inclusive contando com fortes
diferenças na orientação política dos governos, alguns poucos com tendências
conservadoras e vários com diversos graus de vontade política para realizar
transformações substanciais.
A disputa pelo caminho que a integração regional seguirá é o ponto crucial do momento
político que vive a América do Sul. No entanto, o caráter “alternativo” ou não destas
propostas deverá surgir dos conflitos em jogo ao desenhar-se a matriz produtiva
regional, que até o momento continua prioritariamente orientada à exportação de
produtos primários.
Contexto Geopolítico
Apesar das diferenças descritas entre UNASUL e ALBA, ambas se expandem atualmente
como uma forma de gerar alternativas à paralisada ALCA, mas ao mesmo tempo
tratando de ir mais adiante.
A UNASUL vive um processo de institucionalização embora por enquanto é mais um
projeto declarativo sem muitos avanços explícitos, que cresce a partir de processos
existentes e bastante consolidados como são o MERCOSUL e a CAN. De todas as formas,
é uma articulação negociada com caráter amplo, supranacional e que pretende a inserção
global da região como bloco e aponta também para o desenvolvimento de uma infraestrutura física e energética integrada.
No âmbito da ALBA, mesmo se tratando de acordos mais específicos ou limitados, foram
assinados acordos entre Cuba e Venezuela, complementados pelos TCPs – Tratados de
Comércio entre os Povos, propostos pela Bolívia, que avançam muito claramente com um
objetivo de desenvolvimento endógeno e com um caráter antiimperialista (12),
assentados em consensos políticos e ideológicos fortes.
185
Podemos assim afirmar que estes projetos não são incompatíveis e que vão avançando
lentamente, ainda que evidentemente “rivalizem implicitamente no jogo da diplomacia
regional”. E isto sim pode ser assinalado como um risco político que poderá produzir
concorrências, distanciamentos ou impedimentos para a integração. Neste sentido, um
exemplo que pode ser mencionado é o caso da proposta do Banco do Sul, iniciativa do
governo da Venezuela com apoio de Argentina e Bolívia, que vem sendo questionada no
seu formato pelo governo brasileiro em disputa pela sua liderança regional.
Não são poucos os exemplos que podem ser encontrados na região deste tipo de
exercícios de concorrência para encabeçar e dirigir processos. Assim, a partir de
situações como esta, pode-se inferir que existem propostas surgidas unilateralmente que
estão criando conflitos e podem chegar a desafiar a capacidade diplomática dos países
para aceitar certas “imposições” ou “exigências” de uns sobre outros, pondo em questão,
inclusive, liderança pessoais, muito ao estilo tradicional do patriarcado, expondo os vícios
e as fragilidades democráticas da região.
Por sua vez, “ambos acordos têm sérias limitações que os condicionam nas suas
possibilidades futuras. A ALBA parece limitada às possibilidades de influência
internacional da Venezuela e a UNASUL está limitada pelas estratégias de inserção
internacional de seus membros, que são muito dissimiles (13)”.
Concluindo estas comparações, é interessante mencionar que mesmo que ambos
processos integradores não incorporem explicitamente diversas questões específicas, e
em particular as de gênero, existem antecedentes para avançar nesta perspectiva.
Devemos enfatizar que a construção da UNASUL se baseia em grande medida em
acordos existentes entre o Mercosul e a CAN, e estes já possuem um histórico de debates
e de certa institucionalidade ao respeito.
Neste sentido, a Comunidade Sul-americana parte de um nível acumulado sob a
perspectiva de gênero, especialmente no Mercosul, que inclui a temática em vários dos
acordos e grupos de trabalho institucionais (Saúde, Trabalho e Emprego, Educação, entre
outros) como também especificamente conta com a REM – Reunião Especializada da
Mulher, órgão oficial que reúne os diversos mecanismos de Políticas Públicas para as
Mulheres (Ministérios, Conselhos ou outras formas) nos países deste acordo, e que inclui
a participação da sociedade civil. Este espaço institucional foi criado dentro do Mercosul,
em 1998, por pressão dos movimentos de mulheres da região e recentemente cresceu e
ampliou a participação dos movimentos sociais que pressionam permanentemente por
uma maior incorporação de seus temas na agenda deste processo integrador.
Os movimentos sociais e a integração regional
Até o momento, argumentamos que os processos de criação da UNASUL e da ALBA
podem ser considerados alternativos, pois eles se formularam e cresceram no
enfrentamento, mesmo que em diferentes graus, ao modelo neoliberal, e em particular
às negociações para criação da Área de Livre Comércio das Américas. No entanto, se a
resistência a estas negociações contou com a atuação consistente de vários governos,
em essência ela esteve baseada nas mobilizações populares que se transformaram em
lutas e ações extremamente decisivas para entender o caminhar dos processos na
região.
É evidente que as lutas de resistência que foram crescendo na região, provocaram
inclusive as importantes mudanças eleitorais que modificaram o panorama político
regional com uma acusada tendência progressista. A rejeição popular ao modelo
neoliberal vigente na década dos 90 deu o tom aos processos eleitorais da atual década
em muitos países da América Latina. Podemos dizer assim, que a luta contra a
negociação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA, foi a que proporcionou o
marco político para a unificação das lutas de resistência.
186
Trata-se agora de entender os últimos anos como a época que irá contrastar o fracasso
do modelo neoliberal, apesar de ser ainda o modelo vigente, com um tempo que
apresenta inumeráveis formas da resistência, que significam o exercício de novas formas
de poder por parte dos movimentos sociais. No entanto, essas lutas foram realizadas
com outro “modelo” político para organização da resistência, que implicou processos
certamente inovadores.
Uma das características do pensamento neoliberal nos últimos anos foi a negação da
política. Diferentemente, e dentro dos tempos de transformação que vive atualmente a
América Latina, assistimos agora a um processo que poderíamos denominar de retomada
“do político” e de uma defesa renovada do projeto democrático, agora baseado em uma
compreensão diferente das noções de diversidade e pluralidade como bases e essência
da democracia.
Pensamos, portanto, que os movimentos sociais organizados, surgidos a partir da
pluralidade de razões e das especificidades das lutas, aparecem agora como atores
importantes para o debate e a definição dos rumos possíveis da situação política e da
integração regional nas Américas. “Nas últimas décadas se deram na América Latina,
processos paradoxais de debilidade da democracia e enfraquecimento do estado, de
forma paralela com uma dinâmica formidável na sociedade civil e uma renovação
organizativa dos movimentos sociais” (14).
Assim, é notável a aparição de movimentos sociais novos ou de novo tipo, muitos deles
surgidos nos conflitos derivados da implementação do modelo neoliberal, e
especialmente das privatizações que resultaram em lutas específicas. Entre elas, as
relacionadas ao acesso à água, à construção de represas, ao abastecimento de energia
elétrica, entre outras, envolvendo não só trabalhadores desses setores produtivos, mas
também e especialmente, a amplas camadas de cidadãos e cidadãs, usuárias/os dos
serviços públicos privatizados. A participação das mulheres nestas lutas se expressou en
diversas e novas formas de protesto social como os bloqueios de ruas e caminhos, a
ocupação de terras, a defesa dos rios e do acesso à água, como se viu em numerosas
ocasiões liderando tais processos em diversos países da região. Estas lutas deram assim
uma nova dimensão à construção democrática regional e foram interpenetrando e
influenciando os processos políticos na América do Sul.
Este é o outro elemento presente que faz destes projetos (UNASUL e ALBA) propostas
alternativas, pois elas estão sendo construídas em um marco político de disputa pelo
paradigma de desenvolvimento e o modelo de integração regional, por atores públicos
portadores de interesses sociais plurais e diversos, agora presentes de forma ativa.
O cenário formulado pela integração regional nos aspectos econômico e político foi
construindo em contrapartida uma resposta a partir dos movimentos sociais que
ultrapassou as fronteiras nacionais e avançou na articulação política de uma forma
inovadora. Um exemplo disso é a criação da ASC - Aliança Social Continental articulação que atualmente combina a continuidade das lutas de resistência ao “livre
comércio” com a construção de alternativas em escala hemisférica, e que por isto,
acompanha com propostas os processos de negociação em andamento (15).
Os movimentos de mulheres
O movimento de mulheres e feminista na América Latina é parte dessas redes e
articulações diversas, que vem recentemente encarando a diversidade de temas que os
processos políticos e econômicos estão apresentado, além daqueles problemas aos quais
nos enfrentamos historicamente.
187
Os encontros feministas, e a experiência surgida do processo preparatório da Conferência
de Beijing, como também algumas das articulações globais mais intensas (como as
Conferências de Nações Unidas ou recentemente os Diálogos Feministas no marco do
Fórum Social Mundial e Américas), sem dúvida marcaram a última década e definiram
caminhos para a integração das mulheres na região. E também para o avanço das
propostas de políticas públicas nacionais e regionais para as mulheres nestes países.
Os processos atuais de integração econômica regional estão redesenhando os espaços de
encontros e as formas de articulação das mulheres e as feministas. Assim, estão sendo
construídas propostas a partir dos diversos lugares e experiências incluindo diferentes
enfoques e problemáticas em temas relacionados com o desenvolvimento, a pobreza e o
comércio. Estabeleceram-se também novas alianças, na construção continental da ASC,
com a formação do Comitê de Mulheres da Aliança nas lutas de resistência ao livre
comércio e à agenda neoliberal.
Neste sentido, cabe também reconhecer que o feminismo trouxe uma contribuição
histórica muito importante para a construção desta nova visão pluralista da democracia,
a partir de uma renovada forma do “pensar” e do “fazer” político, incorporando a idéia de
que a diversidade não é só um conjunto de diferenças, mas sim um valor que enriquece
a convivência e ao qual é desejável outorgar-lhe reconhecimento, e neste sentido
qualificou processo político de fortalecimento da democracia. Assim, a participação das
organizações de mulheres foi fundamental na ampliação dos processos democráticos na
região nas lutas tradicionais contra o racismo, pela educação, pela saúde e pelos direitos
sexuais e reprodutivos, entre outros. Por esse motivo, os movimentos de mulheres
tiveram na região uma presença notável na construção democrática das sociedades.
Porém mais recentemente vêm tendo um papel importante na resistência ao modelo
neoliberal. Isto pode ser constatado analisando a presença crescente de mulheres nos
movimentos sociais, sindicais, indígenas e em lutas diversas, por acesso à água, contra
as represas e as privatizações dos serviços públicos, enfim em uma gama de lutas
específicas que tocaram o cotidiano de trabalhadoras remuneradas ou não. Assim, a
partir das mulheres foram alentadas propostas e lutas muito concretas, ligadas ao
cotidiano dos povos e que fazem a defesa dos direitos humanos e em particular dos
direitos coletivos, que formam parte da mesma disputa por um modelo de
desenvolvimento eqüitativo e sustentável.
Entretanto, as mulheres ainda não estão suficientemente representadas nos processos
políticos atuais na região e suas questões específicas não se encontram adequadamente
refletidas nos processos formais de negociação mesmo que haja crescido sua visibilidade.
Podemos dizer que se ainda é incipiente a incorporação dos temas econômicos à agenda
geral de feministas e mulheres organizadas, por sua vez e em conseqüência, suas
propostas se encontram em formulação nas diversas lutas em curso. Estas lutas são o
marco genuíno e adequado para a elaboração de propostas e elas estão nascendo com a
força do específico, sendo cada dia mais urgente e decisivo contribuir à articulação dessa
diversidade de experiências das mulheres.
Significarão estes acordos mudanças reais?
Evidentemente os processos de integração regional são políticos e neste sentido a
retórica com que se apresentam e o imaginário social que mobilizam têm um papel
importante. Estes acordos trazem a carga e o ideário integracionista latino-americano
que leva séculos de uma manifesta adesão popular na região.
Ao mesmo tempo, os processos de integração econômica e social são lentos e dependem
do jogo de interesses dos diversos setores sociais, além da vontade política dos governos
e de fatores inclusive mais subjetivos como o são, por exemplo, as lideranças pessoais.
188
As tensões são diversas e - sem entrar no mérito da análise daquelas derivadas dos
interesses econômicos nacionais ou impostos a partir dos âmbitos globais e das
empresas transnacionais -, as próprias contradições e tensões resultantes das diversas
visões dos setores populares já significam um leque de obstáculos e desafios a ser
superado.
A chegada ao poder de governos progressistas ou de esquerda significou de fato a
aparição de novas estratégias de integração regional. Contudo, é preciso “avaliar a
relação que existe entre estes governos e os povos que os sustentam, em termos de
democracia e participação; como também em termos da construção de alternativas reais
de desenvolvimento. Se os governos de esquerda confiam no crescimento econômico
como estratégia para a superação dos problemas de pobreza e continuam utilizando os
recursos naturais de forma intensiva e não sustentável, como instrumento para alcançar
este objetivo, não estão avançando na construção de alternativas para seus países e
para a região. É um risco que estes governos continuem pensando no meio ambiente
como um desafio “periférico” que “obstaculiza o desenvolvimento” (16).
Também para diversos atores sociais e em particular para muitos partidos e setores da
tradicional esquerda latino-americana, são “periféricos” ou “secundários” os aspectos que
fazem a eqüidade de gênero nas sociedades, com as implicações de que disto resulta,
que tornam secundários estes aspectos nas negociações e também nos processos
políticos, inclusive no interior dos movimentos sociais.
Por outra parte, como será processada a perspectiva nacionalista, que é a visão mais
divulgada entre os governos da região, fundadora da matriz ideológica hegemônica na
esquerda latino-americana. De que maneira então, esta esquerda poderá ser a
promotora de um processo supranacional ou de internacionalidades, relegando
necessariamente uma porção da soberania nacional?
A estas tensões e contradições deve-se somar a problemática das identidades e
nacionalidades indígenas, inclusive com as desigualdades e conflitos de gênero no seu
interior, cada dia mais visíveis, o que torna a questão ainda mais complexa.
Estes são alguns dos aspectos e incógnitas que tornam complexos os processos de
integração na região. Assim, se eles significarão mudanças reais para os povos, isto
dependerá do resultado da matriz de tensões diversas, presentes no contexto político
atual.
No entanto, podemos ser categóricas em afirmar que resulta fundamental aprofundar
iniciativas e articulações que buscam a “integração a partir dos povos”, por dentro e por
fora dos processos oficiais, como caminhos da construção de alternativas justas,
sustentáveis e eqüitativas. São processos em construção que devem encorajar iniciativas
que como estas, mostrem que há alternativas frente ao esgotamento do modelo
neoliberal.
ANEXOS
Quadro 1- Produto Interno Bruto total e per capita da UNASUL
Ano 2004
País
PBI
em PBI
PBI
per PBI per capita em
milhões
como % capita
relação à média
U$S
do total
(PPP)
UNASUL
Argentina
153.014
13,0
12.468
160,4
Bolívia
8.421
0,7
2.710
34,9
Brasil
593.091
50,4
8.049
103,6
Chile
94.125
8,0
10.904
140,3
Colômbia
95.686
8,1
6.962
89,6
Equador
30.015
2,6
4.083
52,5
189
Guiana
778
0,1
4.575
58,9
Paraguai
7.029
0,6
4.553
58,6
Peru
67.233
5,7
5.556
71,5
Suriname
1.105
0,1
5.539
71,3
Uruguai
13.215
1,1
9.107
117,2
Venezuela
111.958
9,5
5.571
71,7
UNASUL
1.175.670
100,0
7.772
100,0
FONTE: “Sudamérica y la Economía Internacional. Convergencia comercial
de los países de América del Sur hacia la Comunidad Sudamericana de
Naciones”. Documento elaborado pelas Secretarias de Organismos de
Integração Regional no marco do Programa de Ação da UNASUL.
Quadro 2 - Matriz de Comércio intra e extra-regional da UNASUL
Ano 2004 (em milhões de dólares)
Importador
Exportador
MERCOSUL
CAN
Chile
UNASUL
Resto do Total
Mundo
Argentina
6.878
1.75 4.146
12.783
23.494
36.278
9
Brasil
9.065
3.876
2.778
15.719
85.579
101.298
Paraguai
694
269
97
1.060
647
1.707
Uruguai
811
98
74
983
2.081
3.064
MERCOSUL
17.447
6.003
7.095
30.545
111.801
142.346
Bolívia
876
604
53
1.533
834
2.367
Colômbia
196
3.646
294
4.136
13.165
17.301
Equador
139
1.204
138
1.482
6.103
7.585
Peru
393
755
696
1.843
11.140
12.983
Venezuela*
264
2.333
173
2.770
32.693
35.463
CAN
1.867
8.543
1.354
11.764
63.935
75.699
Chile
1.891
1.529
0
3.420
28.363
31.784
UNASUL
21.206
16.074 8.450
45.730
204.100
249.829
Resto
do 69.648
37.483 13.878 121.009
9.124.162 9.245.171
Mundo
Total
90.853
53.557 22.327 166.738
9.328.262 9.495.000
* Como o ano de informação é 2004, a Venezuela ainda figura como membro da CAN.
FONTE: “Sudamérica y la Economía Internacional. Convergencia comercial de los países
de América del Sur hacia la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Documento
elaborado pelas Secretarias de Organismos de Integração Regional no marco do
Programa de Ação da UNASUL. Não se contou com dados da Guiana e Suriname.
Notas:
(1)
Termo usado por Caputo, Omar. 2003. Santiago-Chile.
(2)
Chama-se assim (plus) aos acordos que avançam na liberalização comercial além
do já acordado na OMC.
(3)
Na I Cúpula Energética Sul-americana, celebrada entre 16 e 17 de abril de 2007,
na Ilha Margarida (Venezuela), os governantes sul-americanos decidiram que a
Comunidade Sul-americana de Nações (CSN) passasse a denominar-se Sul-americana
de Nações (UNASUL) e que se criasse uma secretaria permanente com sede na cidade de
Quito - Equador.
(4)
A Venezuela abandonou a CAN em Abril de 2006 e em Maio de 2006 assinou o
Protocolo de Adesão ao MERCOSUL, no qual indica-se que este país irá se integrando
gradualmente ao bloco até o ano 2014, entretanto recentemente têm surgido conflitos
com relação à essa adesão de Venezuela, fundamentalmente pelos interesses de setores
da direita que se expressam nos parlamentos de Brasil e Paraguai.
190
(5)
Lalanne, Alvaro. Nuevas formas de integración Sur – Sur en América Latina”.
Montevidéu – Uruguai. Mimeo. 2006
(6)
Lalanne, A. Op. cit. “Em 2004, os países sul-americanos compraram na região
somente 27% do total de importações que realizaram e colocaram 18% de suas
exportações”.
(7)
Sader, Emir. “ALBA: do sonho à realidade”. Artigo em Carta Maior, 07/05/2007.
(8)
Reunião Oficial sobre “Mecanismo de Participação da Sociedade Civil na UNASUL”.
25 de Julho de 2007.
(9)
Bolivariana faz referência a Bolívar, prócer da independência venezuelana que
buscou com profundo afinco a integração latino-americana e dedicou esforços militares
para garantir a independência da Venezuela da Espanha, colaborando nos processos de
independência de outros países da América como também junto aos processos políticos
de integração entre os países andinos.
(10)
ALCA – Área de Livre Comércio das Américas foi uma proposta promovida pelos
EUA a partir de 1994 para a criação de uma área unificada de comércio com 32 países
das Américas com exceção de Cuba.
(11)
O governo da Venezuela tinha saído fortalecido em seu posicionamento
antiimperialista com relação aos EUA, depois da tentativa de golpe militar para sua
derrocada em 2002.
(12)
Inclusive, às vezes, com medidas que podem ser caracterizadas como anticapitalistas.
(13)
Lalanne, Alvaro. “Nuevas formas de integración Sur – Sur en América Latina”.
Montevidéu – Uruguai. Mimeo. 2006.
(14)
Sanchis, Norma. “Las dimensiones no económicas de la economía” in: “América
Latina: un debate pendiente. Aportes a la economía y a la política con una visión de
género”. REPEM/DAWN/IFC. 2006. Uruguay.
(15)
www.asc-hsa.org
(16)
“Integración y Territorios”. Cono Sur Sustentable. Mimeo. 2007
4. Lista de links de artículos disponibles en página web
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