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CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS. DIALOGO ENTRE LAS DISCIPLINAS DEL
CONOCIMIENTO. HACIA EL FUTURO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
PROGRAMA SIMPOSIO Nº12
CIUDADANÍA TERRITORIAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS Y RURALES
EN AMÉRICA LATINA. SIGLOS XX Y XXI
Coordinadores
1.
Dra. Celia Basconzuelo. Argentina. [email protected]
2.
Dra. Ely Souza Estrela. Brasil. [email protected]
3.
Mags. Agripino Coelho. Brasil. [email protected]
4.
Lic. María Virginia Quiroga. Argentina. [email protected]
Participación Ciudadana: asociaciones, desarrollo local
y políticas públicas
Emergencia de la ciudadanía activa y global
José Vargas Hernández
Introducción
Aristóteles sostiene que “El ciudadano sin más por nada se define mejor que por la
participación en la administración de justicia y en el gobierno”, (Aristóteles, 1951, Libro
III, 1275ª5,68). La jurisprudencia latina combinó el pensamiento de las polites griego con la
noción cristiana de libertad para construir las categorías de ciudadano del imperio (civis)
quien tenía los atributos de la libertad o liberum arbitrium y la vinculación política a
ordenamientos jurídicos externos (Guyón, 2003). Ciudadano es aquél sujeto que recibe el
estatuto del Estado. El Estado le reconoce como ciudadano, y le brinda su protección y las
garantías individuales.
El término ciudadano, y en su mayor extensión “nacional” en contraposición a extranjero,
denota la adscripción de un sujeto a un Estado nacional trazado por fronteras o a lazos
familiares. En la teoría de la justicia liberal, las fronteras como obstáculos para la
determinación de los derechos de los sujetos por parte del Estado, deben suprimirse. La
dicotomía existente entre lo nacional y lo extranjero se sustenta en los supuestos de la
construcción del Estado y la homogeneidad social que deriva del extranjero en la
composición social. La homogeneidad social ya no es la característica o elemento distintivo
entre ciudadanos y extranjeros. El Art. 4 de la Constitución Francesa que disponía que el
estado de ciudadanía activa se otorgaba a todo extranjero que residiese durante un año en
Francia.
Los planteamientos ético filosóficos que consideran las diferencias en las singularidades de
los seres humanos por sobre las consideraciones universales de los derechos y formas de
vida, centran el concepto de ciudadanía en un marco de referencia del espacio público
heterogéneo. Los principios de política filosófica del liberalismo arrancan el estatus de
ciudadano a los sujetos para abolirles de identidad de alteridad, y convertirlos en carne desnuda, sin sus atributos de polites y cives.
Emergencia de la ciudadanía activa y ciudadanía global
La corriente “neoliberal” del desarrollo pone un énfasis mayor en la efectividad de la
estrategia del racionalismo económico de una “ciudadanía activa”, que más que constituirse
en un foro para la participación política, es reforzada por mecanismos que apoyan la
elección del consumidor y la libertad del mercado. Una ciudadanía activa en el ejercicio de
sus derechos políticos, civiles y sociales y un Estado de Derecho legitimado son requisitos
de un sistema democrático. La democracia necesita de una ciudadanía activa en los asuntos
públicos y en la política para alcanzar altos niveles de legitimación y para convertirse en la
fuerza que guía a una sociedad.
El concepto de ciudadanía global hace referencia al principio de igualdad basado en el
derecho a la diversidad que reconocen los derechos políticos y civiles como indivisibles e
interdependientes con los derechos económicos, sociales y culturales a pesar de que el
ejercicio de estos últimos requiere procesos políticos de exigencia por acción individual o
colectiva para su reconocimiento y para tener el acceso al disfrute de los bienes y servicios
que resultan, aunque en la exigencia y reconocimiento de los bienes públicos globales
todavía no se desarrollan las estructuras institucionales que garanticen la provisión
adecuada de dichos bienes.
Las elites económicas que gobiernan en las democracias de mercado realizan campañas
intensas para convencer a la ciudadanía mundial en el mito de un poder sin precedentes. La
teoría del interés público se centra en los procesos de reforma para fundamentar las
respuestas políticas a las demandas de la ciudadanía que justifica el uso de nuevas formas
de intervención del Estado mediante políticas públicas que dan respuesta a los servicios
demandados al gobierno. El análisis de las políticas públicas es el nuevo diseño
instrumental de la nueva administración pública y de la denominada gerencia pública,
cuyos objetivos no son solamente lograr la eficiencia y la maximización de utilidades, sino
también lograr la legitimidad del modelo económico que postulan mediante la aprobación
ciudadana, tomando en consideración que la conducta y la acción humana se sustenta
también en la cultura y las instituciones. La reforma del aparato burocrático administrativo
del Estado está orientada en el nuevo gerencialismo, procesos de democratización y hacia
los consumidores que en mercados competitivos realizan elecciones racionales, lo que
termina reduciendo al ciudadano en un consumidor.
La identidad ciudadana se abandona y quiere ser sustituida por la condición de súbditos
imperiales y consumidores-clientes. El ciudadano como el titular de derechos humanos o
derechos de hombre que comprenden todos los derechos, los políticos, económicos,
sociales, republicanos patrimoniales, etc., es reducido a su mínima expresión como cliente
o usuario integrado más a un mercado que a una sociedad participativa. El ciudadano existe
a través de un acceso asegurado al mercado bajo la figura de consumidor, puesto como un
punto para determinar la equidad, pero en los términos de una identidad que es acertada a
través de clamores específicamente enumerados. En general, los ciudadanos participan
poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política
ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian.
Por lo tanto, la aplicación al sector público de esta teoría consiste en la creación de un
quasi-mercado que transforma el aparato burocrático gubernamental en un conjunto de
relaciones contractuales entre agencias públicas y privadas que buscan maximizar sus
beneficios a pesar de que el interés de los agentes no siempre es coincidente con el interés
de la ciudadanía. La orientación empresarial del Estado que busca la rentabilidad y la
calidad total en todos los servicios que ofrece a un mercado de consumidores más que a
ciudadanos, asume el bienestar como una función del poder adquisitivo de quien cuenta con
los recursos para comprarla. Para Minztberg (1996), la relación entre gobierno y ciudadano
es distinta de la relación empresa cliente en el sentido de que el gobierno tiene la
legitimidad y el ciudadano derechos que trascienden el mero consumo.
Con las reformas al aparato burocrático del Estado nacional se queda con menos instancias
de relación directa con la ciudadanía, las cuales se transfieren a los niveles de gobiernos
locales mediante procesos de descentralización que tienen en común denominador
el
fortalecimiento de instituciones de gobierno que están más cerca de los ciudadanos para
cerrar la brecha entre los procesos de formulación, implementación y control. La nueva
gestión pública es un proceso de reingeniería y rediseño de las relaciones entre los actores
involucrados en la esfera estatal para la creación de valor público mediante el
fortalecimiento de las instituciones a partir del aumento del capital social y el aprendizaje
organizacional que promueven espacios de confianza entre el sector público, la ciudadanía
y la sociedad civil.
Las nuevas formas de gobierno institucionales privilegian la colaboración entre los líderes
que representan a diferentes grupos de intereses integrados por ciudadanos con diferentes
expectativas. La recuperación del poder por la sociedad consiste en dar a los procesos
democráticos un sentido de gobernabilidad democrática que confiera al ciudadano
participación en las decisiones y en la exigencia de la rendición de cuentas de las
autoridades. El Estado nación ha sido el principal agente globalizador mediante procesos de
cesión de soberanía política que son la causa principal de conflictos entre el Estado y la
nación y entre los ciudadanos y el Estado. Precisamente en los tiempos en que se transita a
la formación de una sociedad global centrada en la información y el conocimiento, se
presenta una crisis de valores institucionales que desvincula a la ciudadanía paulatinamente
de la política y se pierde la confianza en las instituciones democráticas hasta volverse
indiferente a su actuación y desempeño.
A pesar de que la ciudadanía
orienta su actuación por las preferencias, tienen las
habilidades políticas y los recursos para usar medios políticos convencionales y no
convencionales (Dalton, 2002), los individuos cambian sus criterios de toma de decisiones
de factores a largo plazo, tales como la lealtad de los grupos y el afecto a los partidos, por
consideraciones a corto plazo de preferencias de políticas y evaluaciones del desempeño.
Bajo esta concepción, la ciudadanía entra en crisis y arrastra consigo el principio de razón
igualitaria. Esta separación de las concepciones de ciudadanía identifica al ciudadano como
cliente y lo despojan de sus derechos de ciudadano para fiscalizar las funciones públicas,
para exigir su participación, el cumplimiento y la transparencia de las políticas y programas
públicos extender la ciudadanía social a los excluidos socialmente es entrar en un proceso
de democratización de la globalización. La existencia de la miseria, la exclusión y la
marginación dan cuenta del fracaso que ha tenido la ciudadanía social.
La falta de participación y debate de los ciudadanos en los procesos políticos de integración
no contribuyen a crear una identidad social que sea el fundamento a una democracia postnacional. Por lo tanto, la emergencia de nuevos movimientos sociales que actúan
localmente pero que tienen impactos políticos globales se apoyan en el uso indiscriminado
de las nuevas tecnologías electrónicas que promueven una mayor libertad de acción
colectiva que confunde las categorías de lo ciudadano y lo político con la aparición de
actores no convencionales en el escenario global. La tendencia hacia una democracia sin
ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura
en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la
participación política. Para revertir esta tendencia, es necesario disminuir la influencia del
mercado en el desarrollo y asignar un papel protagónico a la “ciudadanía extensiva” y a la
formación de una nueva sociedad.
Discusión
La sociedad civil y el Estado, como esferas interdependientes están llamados a involucrarse
más en la construcción de una ciudadanía más consciente de los cambios requeridos. Por
siglos, las teorías liberales han argumentado por la justicia para todas las personas, pero en
la práctica, esa justicia se ha limitado solo a los ciudadanos, lo cual da lugar a una
diferenciación de las personas en razón de su nacionalidad. En el ámbito social, se señala
una sociedad heterogénea y diversa, la falta del ethos ciudadano que promueve las
libertades. y sustente la legalidad en el ejercicio de la administración pública. El
fortalecimiento de la ciudadanía como participación efectiva de los actores sociales en los
asuntos públicos es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social. Las
instituciones mismas tienen que fortalecer y al mismo tiempo nutrirse de los valores
sociales, como la democracia, la participación ciudadana, etc. El diseño de las instituciones
debe garantizar a todos los ciudadanos un nivel de influencia y control similar sobre los
procesos de gobierno colectivo, mientras que separa los procesos de toma de decisiones
individuales y colectivas. Se debe proponer instituciones democráticas que garanticen igual
acceso de los individuos a los canales de influencia, proporcionar una esfera de autonomía
individual y promover procedimientos que contribuyen a la formación de una ciudadanía
democrática. Los procesos de gestión pública necesitan ser democratizados mediante la
consolidación de la participación de los ciudadanos en la búsqueda de alternativas para una
correcta y eficaz toma de decisiones que garantice su aplicación. Bajo una teoría de la
democracia integrativa, apoderamiento significa la transformación de los individuos en
ciudadanos mediante el incremento de su habilidad para internalizar una perspectiva holísta
de gobierno societal y para desarrollar sus capacidades sociales e intelectuales. La
participación de los ciudadanos es inherente al apoderamiento facilitado por el diseño de
instituciones democráticas.
El reto para integrar la política social en las metas de desarrollo requiere de identificar e
introducir los sistemas representativos y procesos para los gobiernos y ciudadanos, para
hacer elecciones, resolver diferencias y dar cuenta de las decisiones. La emergencia de
nuevos movimientos sociales de resistencia a los procesos de globalización que vienen
aparejados con la implantación del modelo de desarrollo socioeconómico neoliberal
requiere que los ciudadanos adquieran
nuevos planteamientos
conceptuales
y
metodológicos para el análisis de los procesos democráticos y políticos en su fase
postnacional. Sin embargo, se tiene que enfrentar con los retos reduccionistas del
racionalismo económico, no poniendo alguna oposición inherente entre ciudadanía y
mercado, sino delimitando los clamores posibles a la ciudadanía, la ‘titularidad cívica’ y
dando origen a muchos mercados discretos, como por ejemplo, de etnicidad, género, acceso
del medio ambiente y social, salud, etc. Por lo tanto, la discusión de la democracia
postnacional es una discusión que nos compete a todos los ciudadanos y no nada más a
quienes la imponen en nuestro espacio como una forma dominante de gobernabilidad. Pero
más que la discusión, se requiere de una estrategia reorientadora capaz de liberarnos del
poder seductor del capitalismo neoliberal global que bajo la inducción del consumo infinito
es capaz de doblegar a los ciudadanos incluidos en el sistema mientras que excluye a
quienes no son aptos económicamente.
Referencias
Aristóteles (1951). Política. Instituto de Estudios Políticos. Madrid.
Dalton, Russell J. (2002) “Democracy and its citizens: Patterns of political change” Mimeo.
Guyón, Gilles (2003). “Sur quelques fondations de la pensée chréttiene des droits de
Minztberg, Henry (1996). “Managing government, governing management” en Harvard
Business Review, mayo-junio, pp. 75-83.
La Educación Ambiental como estrategia para la introducción
del Pensamiento Ambiental en el ámbito comunitario
Silvia Iris Alegre
El
pensamiento
ambiental
busca
la
construcción
de
una
sociedad
mundial
“ambientalizada”, ó sea una sociedad basada en la ética, la solidaridad y la cooperación
mutua. Una sociedad que aborde los problemas actuales desde el ámbito de la complejidad,
con la mirada integrada de las disciplinas que se han ido construyendo con la propia
evolución humana y el conocimiento del mundo. Una sociedad en armonía con la
naturaleza, basada en el respeto a la diversidad y a la valoración de las diferencias que tanto
nos enriquecen.
Son muchos los pensadores latinoamericanos que han aportado sus saberes para esta
construcción -Augusto Ángel Maya, Eloísa Tréllez Solís, Felipe Ángel, Carlos Galano,
Enrique Leff, y Guillermo Castro, por nombrar a algunos de ellos-, como una alternativa
deseable y posible al paradigma reduccionista y su lógica imperante.
“El Pensamiento Ambiental se constituye como la construcción teórica, inter y
transdisciplinaria, que cruza de manera transversal y compleja la totalidad de las
disciplinas, profesiones y prácticas cotidianas de la cultura, con el fin de construir
conceptos, valores, símbolos y prácticas científicas y tecnológicas que transformen las
tramas de la cultura en la urdimbre de la naturaleza hacia una sociedad ambiental que se
asuma como naturaleza y que, por lo tanto, pase de una actitud de dominio, a una actitud
de respeto por la vida como plétora de alteridades y de la cual, la especie humana es un
hilo que participa del tejido de esa trama…”.
No es nuevo el análisis de la realidad actual en la que nos econtramos, sumidos en una
acuciante de la problemática ambiental mundial. Es necesario, para el abordaje de esta
crítica situación, el incorporar la mirada desde el Pensamiento Ambiental a la gestión de las
comunidades.
Si bien los problemas ambientales tienen un efecto global, la manera más efectiva de lograr
un cambio para revertirlos, es gestionar el ambiente desde lo local.
Es a través de esa visión que hemos de poder reflexionar acerca de lo complejo del sistema
ambiental e ir trabajando los cambios necesarios para intentar salir de esta situación crítica.
Pero más aún, el horizonte que nos alienta, no promueve sólo el solucionar las
problemáticas ya instaladas por una falta de análisis complejo; sino trabajar en el diseño de
los futuros posibles y deseables, con miras a crecer como comunidades, sin que ello
signifique generar nuevos problemas ambientales (Tréllez Solís, 2008)
El Pensamiento Ambiental solo puede ser incorporado a la realidad social comunitaria, a
través de la Educación Ambiental, ya que la misma es una educación inclusiva, basada en
el diálogo de saberes, en el respeto al otro, la ética; la solidaridad y el análisis crítico de la
realidad propia, así como de sus potencialidades. La Educación Ambiental nos recuerda la
pertenencia de lo humano a la naturaleza, pero no al ecosistema (Ángel Maya, 1999), y nos
reafirma en la importancia de la consolidación de los procesos sociales.
A través de la inclusión del Pensamiento Ambiental en el ámbito comunitario, se puede ir
fortaleciendo a la sociedad local, reconociendo sus instituciones y valorando sus saberes,
para que pueda ser posible tomar decisiones de futuro basadas en las propias características
–potencialidades y limitaciones- del ámbito comunitario.
En ese sentido, se utiliza como estrategia el reconocimiento y fortalecimiento de los
espacios de participación ya generados, así como la creación de nuevos espacios donde se
escuchen las diferentes voces que a veces no están presentes por no ser reconocidas como
valiosas.
Con el trabajo de recuperación de estos espacios y la introducción del Pensamiento
Ambiental en ellos, se intenta lograr el emponderamiento de los actores sociales locales en
cuanto a la valorización de su patrimonio tanto cultural como natural. Es en estos espacios
donde se propicia la participación de lo diverso, con lo cual se va generando una trama, una
malla, que actúa como caja de resonancia para hacer oír los reclamos y necesidades. Se
puede así llevar respuestas a cada elemento que constituye la red, generando solidaridad y
fortalecimiento comunitario. Pero en definitiva, lo que se propone es que la sociedad actúe
como el sistema complejo que es, generando nuevas propuestas de crecimiento local que
contemplen a todos y todas.
Bibliografía
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Ciudadanía territorial y prácticas participativas en el
ámbito barrial. aportes para su estudio desde la vecindad
riocuartense
Celia Basconzuelo
Introducción
Entre las organizaciones de la sociedad civil actuantes en nuestra ciudad es de
destacar, entre otras, las asociaciones vecinales. Cuarenta y seis son las que
pueden registrarse actualmente a lo largo del perímetro urbano. Sus comienzos –
según los historiadores- datarían de los años ’50, siendo en la década de los ’80
cuando alcanzaron una gran expansión. Sin embargo, nuestros propios estudios
permiten sostener que los primeros registros de esos ensayos asociativos se
remontarían a principios de siglo XX y, por otra parte, que la modalidad primaria
de la participación barrial cobró fuerza inicialmente con los petitorios elevados a
la autoridad municipal, los cuales por su parte eran incentivados desde la prensa;
luego sobrevino la instancia asociativa la cual una vez consolidada y en la medida
que nuevos barrios fueron conformándose sirvió de modelo para cada una de las
entidades que los vecinos pretendían consolidar en su territorio de base
(BASCONZUELO, 2005).
Estos aspectos del tema hacen referencia a la participación alternativa a la
electoral1, y si bien no existía a principios del siglo XX una oferta de mecanismos
participativos como los que actualmente rigen en muchos municipios del mundo
(participación en la información, consulta, gestión, control de los poderes
públicos), los vecinos de los barrios supieron recorrer por otro camino franqueado y legitimado por el marco legal de ese momento y básicamente por
los derechos constitucionales- una modalidad participativa que implicaba ejercitar
un conjunto de prácticas, entre las cuales destacamos la petición, la asociación y
el desarrollo de una opinión (BASCONZUELO, 2009).
Precisamente ese ejercicio de derechos que devenían en prácticas sitúa el tema
en intersección con la ciudadanía, porque sin derechos no podría referirse la
ciudadanía; y como esas prácticas se desplegaban desde un territorio de base
como lo era el barrio -ese espacio suburbano que a principios del siglo XX
progresivamente asomaba en Río Cuarto- cobra centralidad en este trabajo el
concepto de ciudadanía territorial.
1
Esta línea de indagación fue estimulada inicialmente por los trabajos de Hilda Sábato. Para un referente teórico y
empírico de estas formas alternativas de participación que consistieron en un conjunto de prácticas originadas en la
sociedad civil y cuyo registro puede seguirse en toda América Latina, véase (Sábato, 1999).
Nuestro aporte radica en abordar este problema para el sur de Córdoba y trabajar
desde el enfoque de la teoría de la ciudadanía la participación desde los barrios,
precisamente porque dicho enfoque refiere la cuestión de los derechos. Se trata
pues de indagar en torno del siguiente problema: cómo a partir del ejercicio del
derecho de vecindad, se avanzaba en la conquista de nuevos derechos, los que a
su vez desde la figura del vecino iban al encuentro del ciudadano; y por otra parte
cuáles significaciones particulares y representaciones importaba la ciudadanía
territorial.
Precisiones y alcances del concepto
El concepto moderno de ciudadanía nació asociado a la construcción de la
Nación. A partir de allí hubo distintas tradiciones conceptuales desde las visiones
clásicas a la actualidad. Desde un criterio de ejemplificación selectiva se podría
mencionar a Marshall, quien propuso la teoría según la cual la ciudadanía deviene
del status social de derechos y deberes; los derechos del ciudadano habrían
comenzado con la dimensión civil (libertad individual e institucionalización de la
justicia); continuaron con el derecho a participar en el ejercicio del poder, siendo
el parlamento y las juntas del gobierno local las instituciones de referencia para su
goce y finalizado con la ciudadanía social, obtenida una vez garantizados los
derechos sociales (MARSHALL, BOTTOMORE, 1995). Bendix concibió la
ciudadanía en términos de inclusividad social; Bustelo y Minujin como
organización social inclusiva; Hannah Arendt lo planteó en términos de un
espacio de construcción de lo público donde la ciudadanía enlaza con la
participación colectiva y el compromiso cívico; Habermas lo concibe como status
de derechos y deberes que otorga pertenencia y posibilidades de cambio en el
posicionamiento social; Dahrendorf como rol social real; la escritora argentina
Jelin propuso la comprensión de la ciudadanía desde una dimensión cívica de
actuación de los sujetos en el proceso público; o Muffe que la definió como
identidad política que surge de una construcción colectiva (PEÑA, 2002).
Por otra parte, en referencia a la categoría de “ciudadanía territorial” los aportes
teóricos provienen principalmente de cientistas políticos y sociólogos, en tanto el
análisis histórico aporta su visión también. Al respecto, los historiadores hicieron
alusión al término refiriendo las comunidades locales como fuente de derechos
políticos, un agente particularmente importante en aquellas naciones donde lo
local se sobrepuso a la construcción de la república y la nación (ANNINO, 1999).
Los espacios provinciales aportan algunas sugerentes hipótesis, asociando la
construcción de la ciudadanía con prácticas y libertades que devienen del
ejercicio de los derechos cívicos y se corresponden con la dimensión societaria de
la cuestión y con el marco municipal (RUFFINI, 2007). Por su parte, algunos
cientistas políticos precisaron todavía más la impronta del territorio pero desde
una visión apartada de las clásicas teorías, las cuales cabe recordar consideraban
el territorio como el espacio físico donde se despliegan las actividades del
hombre, hacia un concepto que lo entiende “como actor en contextos concretos”,
donde se revaloriza lo local como expresión de la voluntad de un sector
significativo de la sociedad para definir su propia política y donde el territorio
puede ser generador de comportamientos a partir de procesos relacionales y
decisionales gestados en él. Tal hipótesis concibe un modo sociológico de
conceptuar la ciudadanía, apartado ciertamente de los enfoques institucionales, así
como un modo de entender al territorio no como mero espacio pasivo en el cual
se depositan las actividades para el desarrollo local, sino desde donde se pueden
fortalecer derechos sustantivos de los ciudadanos (ZÁRATE, ARTESI, 2007).
Finalmente, desde una perspectiva sociológica la “ciudadanía territorial” no
referiría una construcción emplazada en el plano jurisdiccional o físicogeográfico sino las representaciones materiales y simbólicas del espacio, es decir,
los aspectos materiales de la vida cotidiana, los discursos sociales construidos y
además la generación de contra-espacios o espacios de resistencia al orden
dominante; de manera tal que el espacio moviliza acciones sociales y a la vez
políticas (SVAMPA, 2005; DELAMATA, 2005).
El objetivo de este trabajo escapa a detenernos en las conceptualizaciones sobre
ciudadanía, sino más bien a presentar un marco de análisis de la ciudadanía
territorial como campo de conocimiento, utilizando los enfoques de la teoría de la
ciudadanía y de los derechos. En primer lugar, importa centrarnos en los
elementos constitutivos de la ciudadanía, entre los cuales se destaca -más allá de
las diversas teorizaciones- el vínculo público entre Estado y Sociedad que nace
con el reconocimiento de deberes y derechos y la consideración de que los sujetos
sociales son titulares de derechos y deberes; por lo tanto se puede referir una
relación entre la adquisición de derechos y la construcción de la ciudadanía
(COHN, 2003; BORJA, 2002b).
Profundizando en esta línea de análisis puede admitirse que el Estado construye
ese vínculo público de la ciudadanía mediante dos dimensiones: una, es la jurídica
constituida por el cuerpo de leyes además de la Constitución Nacional, de las
cuales emanan la declaración de deberes y derechos de los ciudadanos; otra, es la
política que puede generar a través de las políticas públicas, las políticas sociales,
etc. las instancias en las cuales esos derechos se ejercitan, traduciéndose en
beneficios. Desde esta perspectiva se interpreta la ciudadanía como una categoría
dinámica, histórica, lo cual enlaza con la idea de proceso en construcción y, como
tal, se le reconoce un momento de nacimiento –cuando se reconocen
determinados derechos y se otorgan mediante leyes elaboradas en el marco
público del Estado- y la transición hacia otro momento de ejercicio concreto de la
ciudadanía, es decir, de ejercicio de los derechos (LEVÍN, 2000).
Si bien adoptamos esta perspectiva de análisis centrada en el vínculo con el
Estado, nuestros estudios permiten además complementar dicha visión con una
indagación desde la sociedad civil, para mostrar cómo entre la ejercitación de
derechos concedidos, la búsqueda de beneficios para los vecinos de los barrios
con demandas que hacían al bienestar de la población suburbana, y la
incorporación de esas demandas en la agenda pública municipal, se desplegó la
lucha por conquistar nuevos derechos y este desafío se logró mediante la acción
de los propios vecinos organizados y movilizados.
Los vecinos de los barrios trabajaron desde esta dimensión, pero con el objetivo
de trasponer hacia la otra, la dimensión política, procurando mediante múltiples
prácticas transformar los derechos en beneficios -materiales y culturales para el
barrio- y que ellos se vieran plasmados en políticas públicas municipales. Si bien
es aquí el estado municipal quien gestiona el uso y/o ejercicio de los derechos al
trazar nuevas políticas y contemplar en ellas a los barrios, han sido sus vecinos
quien mediante la petición y el apoyo de la prensa escrita lograron advertir sobre
los problemas barriales, anticipar soluciones e instalar el asunto tanto en el ámbito
más amplio del espacio público como en el más acotado de la agenda pública
municipal.
A este análisis podríamos agregar las dimensiones operativas del vínculo de
ciudadanía. Ellas son la socio-económica, que implica para el ciudadano el
sentido de pertenencia al orden colectivo, lo cual permite luchar por el acceso a
nuevas oportunidades y condiciones de bienestar social. Otra es la dimensión
cultural y simbólica que implica una valoración pública por la utilidad social que
representa el desempeño del ciudadano en la sociedad y su participación en los
circuitos de producción cultural y simbólica. En nuestro caso de estudio,
advertimos que la conformación social de los barrios presentaba un componente
compartido de sectores medios y populares; paralelamente, las profesiones y
oficios consignados (servicios, producción en el rubro de alimentación, vestido y
tocador) constituyen un indicio de las actividades económicas incipientes o más
plenamente desarrolladas en el conjunto del marco urbano, y a la vez un indicador
de la demanda de ciertos bienes y servicios por parte de la población tanto urbana
como rural.
En nuestro análisis se asumen esos elementos constitutivos de la ciudadanía –
básicamente entonces los derechos- con la interpretación de la noción de
ciudadanía enlazada al territorio de base -el barrio- y representado éste como un
espacio activo generador de prácticas, relaciones y vínculos sociales, y
significaciones que concurren a cimentar no sólo el pleno sentido de la ciudadanía
territorial, sino la comprensión del proceso general de construcción de la
ciudadanía, en tanto y en cuanto se interprete este último como proceso histórico
que importa una dinámica dentro de la cual concurren los procesos avenidos
desde los espacio locales. Esos vecinos, a partir del reconocimiento que tenían de
derechos legalizados y legitimados por el marco institucional dieron un paso
importante en la visibilidad de nuevos derechos que se reclamaban. Luego,
trataron de posicionarse y pugnar por nuevos derechos. Bregar por sus derechos
era, además, una forma de participar en el espacio público e instalar sus demandas
en la agenda pública municipal que hasta principios del siglo XX había elaborado
políticas destinadas más bien a los vecinos del espacio céntrico de la ciudad.
Aportes para el estudio de la ciudadanía territorial
Esta trayectoria configuradora de ciudadanía desde el territorio barrial devela
una experiencia participativa: un conjunto de prácticas devenidas del ejercicio de
derechos que le permitían a su vez reclamar por otros. Aquí, la construcción de la
ciudadanía arraiga en el espacio barrial, entendido en su dimensión territorial y a
la vez social. Las prácticas desde aquí ejercitadas comprendían:
1. La práctica peticionaria cuyo ejercicio demandaba la movilización de los
vecinos, la exposición de sus reivindicaciones y la presentación de un escrito –la
solicitud- ante las autoridades municipales para su consideración. Peticionar será
así un modo de participar, de involucrarse en la comunidad de base, de buscar
influir para la toma de decisiones que favorecieran a los barrios. Por eso mismo
las primeras entidades asociativas y las actuales nacieron en aquellos espacios.
En su inmensa mayoría las peticiones barriales iban dirigidas al municipio, en
razón de que era interpretado como el nivel administrativo más cercano y
receptivo de las necesidades y problemáticas de los vecinos. No se trataba por
tanto de prácticas participativas que -tal como ocurre actualmente- asumieran en
torno de sus propios actores la gestión vecinal sino que transferían las respuestas
al gobierno municipal, en razón además de un modelo vigente de relaciones entre
el Estado y la Sociedad que privilegiaba el papel del Estado como monopolizador
de la acción pública.2
Luego, si las autoridades asentían a la demanda –respuesta que en términos
generales se consiguió- aquellos actores sociales3 habían logrado instalar el
problema en la agenda pública. En ese trayecto la práctica peticionaria colectiva
encontraba usualmente el acompañamiento de la prensa escrita y a la vez la
propia prédica de la opinión; de manera que ésta cumplía un papel importantísimo
al poner en evidencia frente a la opinión pública a las sucesivas gestiones
administrativas desde el momento en que las interpelaba para lograr su
intervención en las problemáticas barriales.
La petición contenía diversas demandas, entendiendo por tales no la expresión
de cualquier necesidad, sino cuando éstas salían del ámbito primario –barrial- y se
hacían conocer en la sociedad, para con posterioridad y en la mayoría de los casos
instalarse en la agenda pública. La necesidad barrial adquiría el carácter de
visibilidad y se transformaba en una demanda pública. Luego, si el gobierno local
la atendía y la incorporaba en su agenda de gobierno era porque había realizado
una evaluación política de aquella y definido su prioridad para convertirla en
política pública.
2
Esos roles se modificaron cuando en el marco de las reformas del Estado, con la particularidad que observaron en
Córdoba, las políticas públicas se reformularon, dimensionando la gestión descentralizada aunque sin contar con suficientes
recursos, y apareció entonces la posibilidad de gestionar desde las propias asociaciones vecinales y la puja por dotar de
mayores partidas presupuestarias los servicios que aquéllas comenzaron a ofrecer.
3
Entendemos por “actor” en sentido estricto sociológico al sujeto u organización que asume actitudes participativas para
transformar y producir cambios.
Entre esas demandas, la búsqueda de beneficios materiales para el barrio se
convirtió en un motivo frecuente de las peticiones vecinales y comprendía un
amplio abanico de metas. La dotación de una infraestructura vial era una de ellas
y refería usualmente el mantenimiento de las calles o la apertura de otras nuevas
con su correspondiente nomenclatura, la realización de adoquinado así como
también las deficiencias en materia de los caminos existentes en los extremos de
la ciudad. Estos primeros petitorios analizados ya nos permiten reparar en
algunas marcas distintivas del lenguaje vecinal. Tal como lo expresamos en el
capítulo anterior cada petitorio traduce un sentido de pertenencia barrial y a la vez
valoraciones e identidades. Al respecto, los citados documentos nos advierten
acerca de la preferencia por apelar a una valoración por antonomasia del accionar
vecinal, aquella que recorre los fundamentos del conjunto de petitorios: la idea
del bien común, asociada además a una interpretación sobre lo “público” que
pretende ser referencial de lo colectivo y de una demanda proveniente de la
sociedad civil y dirigida hacia el poder público. Esa búsqueda del bien común no
sólo reconocía como punto cardinal el progreso material -un valor tan caro al
relato evolucionista planetario de la época- sino también los bienes culturales que
se esperaba pudieran compartir todos los habitantes del barrio. Pero, ese
contenido amplio que pretendía dársele a las ideas regulativas del accionar
vecinal se nos presenta, paradójicamente, bajo un alcance limitativo si
consideramos el universo social y territorial beneficiario: desde la representación
barrial y los vecinos más destacados hacia el propio barrio.
Visto el problema desde el enfoque de los derechos, evidentemente la esfera
civil les permitía ejercer ese derecho de peticionar donde confluían las firmas de
nativos y extranjeros –inclusive de mujeres- y donde se ejercitaban derechos de
modo independiente, sin coacciones, sin presiones, sin restricciones a la libertad
de decisión; a diferencia del plano de las libertades políticas donde el derecho al
voto –como es sabido- contemplaba intermediaciones.
2. La expresión de una opinión barrial. Esos derechos se expresaban pues en
espacios públicos concretos. Uno, el barrio cuando se trataba de movilizar las
voluntades del resto de los vecinos a fin de que acompañasen con sus firmas los
petitorios. Otro, la tribuna periodística cuando la prensa les concedía la
posibilidad de difundir reclamos o actividades vecinales.
Los actores involucrados lograban instalar el problema en la agenda pública,
bien porque los diarios reproducían las solicitudes o bien porque comentaban una
problemática barrial. Así jugó también su incidencia -junto con el petitorio
vecinal- el actor periodístico y la propia palabra de los vecinos vehiculizada por
él, en los niveles primarios de formulación de las políticas públicas municipales,
las cuales debían entonces atender a esos nuevos espacios barriales que ya
empezaban a exigir el hecho de idear estrategias más complejas de acción en el
espacio urbano.
3. La práctica asociativa. El vecino de los barrios se sentía “parte” de la
vecindad en que vivía y precisamente uno de los de pertenencia a esa vecindad
micro era mediante la sociabilidad. En virtud de esta afirmación podemos
interpretar que los lazos asociativos que devenían de las relaciones sociales
cultivadas al interior del barrio, los vecinos participaban de la búsqueda de su
integración social en los marcos de su espacio suburbano, desde esas dimensiones
participativas: peticionarias, de opinión en la prensa y asociativas.
Asociarse importaba la consagración de un derecho constitucional; pero además
implicaba concretar una organización formal surgida de prácticas específicas: la
petición había impulsado la movilización de los vecinos y precedido la inquietud
por accionar de otro modo, representativo y mediado del conjunto barrial, siendo
propuesta por los vecinos más emprendedores y que reunían algún conocimiento
de estatutos o reglamentos para organizarse, o simplemente motivados por
inquietudes concretas de progreso material y cultural para su barrio. Así se
advierte -en modo indirecto y de acuerdo a los relatos de la prensa- que el proceso
de desarrollo edilicio de los complejos suburbanos y las mejoras culturales se
atribuía sólo en parte a las políticas públicas, y mayormente a la movilización
informal o formal de los vecinos que en todo caso presionaban para ver
concretadas aquéllas. Este proceso, por otra parte, revela su continuidad en el
tiempo y enlaza con un crecimiento acompasado también del complejo urbano en
su conjunto.
Mediante esa participación asociativa materializaban pues a un actor nuevo,
referente del espacio público no estatal. Un nuevo actor concebido por sus
propios gestores en clave de funcionamiento autónomo, porque de eso hablaban
los principios que daban vida a las asociaciones vecinales, las que pretendía
encaminar todas sus acciones participativas en aras del bien común, del interés
general y propender a una redistribución espacial de las políticas públicas que
desde comienzos del siglo XX debían contemplar las realidades barriales, además
del centro de la ciudad, y materializar un nuevo pacto entre el municipio y sus
vecinos que incluyera así a los residentes suburbanos a la hora de distribuir
beneficios y progresos.
Restringiendo el análisis a la asociación la constitución de sus autoridades
suponía, de acuerdo con los estatutos, instancias electorales. En este sentido las
prácticas electorales vecinales, aunque reducidas a los vecinos-socios, daban
contenido sustancioso a esa ciudadanía territorial y por esta vía a la vez
afianzaban la construcción de la figura del ciudadano, a su vez miembro del
estado municipal. Porque, por un lado, aquellas prácticas resignificaban la propia
noción de vecino: éste ya no era simplemente el hombre, propietario, residente en
el ejido urbano, contribuyente que sostenía con su tributación el fisco local y
depositario de derechos, entre ellos el electoral; también podía ejercitar esa
práctica fuera de los tiempos electorales del municipio y concentrarla en su
asociación vecinal. Por otro lado, como esas prácticas electorales vecinales
comprendían no sólo a los hombres nativos sino también a los extranjeros excluidos del derecho electoral más allá del municipio- permitían también por la
vía asociativa además de la partidario-política incluir a este sujeto social en la
dinámica participativa barrial.
Un segundo aspecto relacionado con las conquistas vecinales remite a la
apropiación y ejercitación de nuevos derechos. Se dejó entender al principio del
trabajo que los derechos son facultades que el Estado reconoce legalmente a los
ciudadanos/as y a través de su ejercicio les garantiza su integración a la sociedad
de pertenencia. Los derechos presentan ciertas particularidades: otorgan
contenido a la ciudadanía en la esfera política, social, económica, cultural, y son
dinámicos por cuanto cambian históricamente en función del sistema político y
social vigente en cada sociedad.
Estas prácticas participativas se ejercitaron a través del tiempo, de manera que
permitieron a los vecinos ir a la búsqueda de nuevos derechos. ¿Cuáles? Por un
lado, demandar ante el municipio políticas públicas que hicieran efectivos los
contenidos enunciados en los petitorios. Esa apelación en pos de corregir algunos
disfuncionamientos de la sociedad, particularmente en términos de redistribución
de beneficios materiales y culturales, revelaba una lucha pues por lograr
posiciones más igualitarias en el progreso urbano. Se revelaba aquí con fuerza el
problema de los alcances desiguales de la ciudadanía, si se considera que dentro
de una misma sociedad conviven las desigualdades y por lo tanto parecería que no
todos tenían la misma calidad de ciudadanía.
Por otro lado, esas demandas permiten una doble interpretación: ¿significaba
simplemente redistribuir en beneficio de los barrios a fin de que las políticas
públicas extendiesen su mirada más allá del centro? ¿O además venía a instituir la
idea de la equidad, en el sentido de que según vimos en varios documentos se
esperaba que un “justo reclamo” despertara el sentido de una gestión pública
atenta a los valores colectivos? Si consentimos que pugnaban por la conquista de
sendos derechos advertiremos que en el imaginario de esos habitantes de los
barrios, anidaba otro valor cardinal que les otorgaba sentido fundante. Con pleno
conocimiento de los deberes que comportaba la vecindad, fundamentaban aquella
lucha por la igualdad y la equidad en el hecho de que el cumplimiento de sus
deberes fiscales, contributivos puntualmente, comportaba un derecho de vecindad
y por tanto la legitimidad de disputarlo en un plano de igualdad con los otros
vecinos residentes en el centro. Desde esta perspectiva defendían principios que,
mediante la intervención de los poderes municipales, fueran a disciplinar las
relaciones vecinales, con la expectativa de que entonces sus reclamos obtuviesen
respuesta favorable, o al menos fuesen atendidos. No se trataba entonces de
peticionar para limitar los derechos de otros vecinos, los del centro por caso, sino
invocar la igualdad y la equidad para ampliar los propios, y generar en el
gobierno local una conciencia de solidaridad, según la cual el interés
administrativo municipal fuese el interés social general.
Más aún, esa disputa por la igualación de derechos se instalaba en el espacio
público, en la prensa escrita y con ello se buscaban vindicar otros derechos. En
este plano el derecho a la palabra sobresale de suyo. La demanda de la palabra
libre estaba muy relacionada con la demanda de ciudadanía. En efecto, era un
derecho ya establecido el de expresar las ideas libremente, y que los vecinos de
los barrios comenzaron a ejercitar, permitiéndoles posicionarse de lleno en
nuevos planos, ya que a través de la visibilidad de su voz buscaban
reconocimiento y legitimidad para un discurso vecinal portador de valoraciones
identitarias que así se presentaba frente al conjunto social, ampliando el horizonte
de identidades junto a otras (gremiales, partidarias, religiosas, clericales).
Por lo demás, esos vecinos tenían conocimiento acabado de sus deberes, en tanto
obligaciones que el Estado legalmente les exigía: particularmente el hecho de
abonar la contribución directa. Sabían que la carga impositiva implicaba
satisfacer necesidades del Estado para cumplir con finalidades públicas. En
contrapartida, no olvidaban un criterio que los involucraba: esperaban de ese
estado municipal que además de satisfacer sus expectativas cívicas, ya que eran
votantes, las demandas reclamadas y atendidas les permitían mejorar su
posicionamiento en el acceso del bienestar material y cultural. Es decir, la
prerrogativa vecinal de reclamar por nuevos derechos –apoyada siempre por la
prensa- situaba al propio estado municipal en la encrucijada de asumir nuevas
obligaciones con el vecino-ciudadano.
Aparte de ese repertorio vecinal y la conquista de derechos más sustantivos un
tercer aspecto de fortaleza a destacar es la utilización de canales de representación
alternativos a la política. Eran los que el espacio asociativo les generaba: sus
propios dirigentes electos por el voto directo de los vecinos-socios. Para quienes
asumían esos cargos directivos era vital contar con esas prácticas ciudadanas
ancladas en el territorio de base (peticionaria, asociativa y de opinión). Estas por
su parte denotan procesos decisionales (optar por un estatuto y regular la
asociación en base a ello) pero también relacionales. El trabajo asociativo lo
suponía. Desde el ambiente que generaba la institución asociativa se legitimaban
y se encaran acciones. Las relaciones sociales brindaban una base vincular que
resultaba vital a la hora de decidir movilizar a los otros vecinos para redactar una
petición o formalizar mediante una opción asociativa. El espacio barrial remite
pues a una lógica de relaciones horizontales, donde se encaran acciones y
decisiones de abajo-arriba según lo expresa el discurso vecinal y que coexisten y
compiten con prácticas políticas basadas en la tradicional lógica vertical, por caso
con los partidos políticos que también desplegaban su acción en los barrios.
Frente a esas fortalezas de las prácticas asociativas pueden evaluarse también sus
debilidades. En este sentido habría un aspecto ciertamente limitativo al pretender
conciliar las declaraciones explícitas de autonomía y de apartidismo, formuladas
desde el comienzo por los propios impulsores de las asociaciones vecinales de los
años ’50 y que nos fueran subrayadas en las entrevistas como matriz del
movimiento vecinal, con el seguimiento que hacía el gobierno municipal de turno
cuando no el explícito apoyo a las actividades vecinales evidenciado en los años
’80 por parte del radicalismo.
Las representaciones de la ciudadanía territorial
Así como la ciudadanía política aparece interrelacionada en un campo de
significaciones donde la Nación es uno de sus componentes, la ciudadanía
territorial se construía alrededor de identidades. La barrial era una de ellas. La
mención del barrio importaba la referencia a un espacio físico diferenciado, un
sentido de pertenencia y la apelación a un “nosotros” que unificaba e identificaba.
Ese nosotros refería al “vecino” específicamente. Por eso, en los petitorios cuando
se presentaban lo hacían en calidad de “vecinos”, “propietarios”, “moradores de
tal barrio”, o bien como “contribuyentes del fisco municipal”, “vecinos y
contribuyentes de este municipio”. Efectivamente, el discurso del vecino
peticionante buscaba diferenciarse dentro del barrio cuando de acciones
participativas se trataba. Eran los “vecinos y propietarios” quienes parecían
encarar todas las iniciativas para lograr mejoras en el barrio. Pero, también la
identidad barrial refería una especificidad social. Ya expresamos que la
particularidad de los barrios riocuartenses no consistía en albergar sólo a los
sectores populares sino también a representantes de sectores medios. La
composición social del barrio, tal como lo hemos reflejado en su momento, estaba
lejos de ser homogénea e incluía también a los sectores populares. De esos otros
vecinos también se hablaba. Otros barrios asumieron una identidad más
compenetrada con la clase trabajadora.
Así los vecinos mostraban capacidad de reelaborar una identidad que los ligaba
con el barrio aunque en un marco cultural más amplio: actuaban desde la
vecindad y en este sentido proclamaban conceptos tan genéricos como bien
común, bienestar general, interés público; pero también esas identidades no
parecían desenvolverse en conflicto sino articuladas en el tronco común de la
vecindad y además respondiendo a una significación inclusiva. Esas identidades
precedían los discursos, los alimentaban y validaban en su legitimidad.
A modo de conclusión
Los vecinos de los barrios entendían que la ciudadanía no se agotaba en el
derecho de votar. El procedimiento electoral era clave para la legitimación de las
autoridades locales, pero no era suficiente. La participación política se
complementaba con otras esferas desde donde la ciudadanía también se
desplegaba: la búsqueda de nuevos derechos mediante los cuales se esperaba
mejor posicionamiento para los vecinos de los barrios.
El vecino de los barrios podía así ejercitar prácticas ciudadanas en diversas
instancias y respondiendo a diferentes intereses. En la medida que fueron
sostenidas durante todo el siglo XX y concurrieron junto a la demanda por nuevos
derechos permite indicar ambas variables como una de las contribuciones que
pueden aportar los estudios locales, barriales y las dinámicas asociativas al
problema de la construcción de la ciudadanía en las comunidades políticas
latinoamericanas y particularmente en nuestro país. Todavía más cuando se trata
de barrios que pertenecían al municipio y éstos eran autónomos en orden a la
gestión, revelándose así como un actor componente en el campo de fuerzas que se
desenvolvían entre lo local y lo nacional. Las prácticas ancladas en la vecindad se
desplegaban en medio de la relación entre esas fuerzas: buscaban visibilidad
dentro de la ciudad, trabajan desde el campo de derechos otorgados, pugnan por
nuevos derechos, expresan identidades propias y compartidas. Lo local nos
mostraría así distintas dinámicas y lógicas que desde los niveles micro concurren
en su marco y que pueden desenvolverse en modo complementario,
potenciándose mutuamente, sumando mayor complejidad a aquél proceso de lo
tradicionalmente supuesto. Es necesario considerar los aportes de estos niveles
micro y no interpretarlos simplemente como escenarios que “reflejan” o
“sintetizan” los procesos históricos macro. Debe prestarse atención a estas
relaciones y contribuciones que bajo visiones clásicas han sido presentadas como
reducción o réplica del centro a la periferia.
En el marco de los barrios, la ejercitación de derechos constitucionales y el
hecho de que éstos a su vez permitía asirlos en la conquista de nuevos derechos
iban permitiendo a los vecinos recorrer ese otro trayecto que era la construcción
de la ciudadanía, un proceso que si en lo electoral excluía, desde la petición
desdibujaba distinciones de género o etnia; un proceso que por ello mismo
podemos apreciarlo en una dimensión dinámica que remitía no sólo al status y a
los derechos otorgados, sino también a las prácticas colectivas forjadoras de
nuevos derechos conquistados por quienes las ensayaban.
El hecho de que ese tránsito hacia nuevos derechos se haya registrado en el
momento en que se ampliaba la ciudadanía dentro del universo masculino resulta
fundamental, pues simultáneamente nos ubica en el derrotero inicial de las
prácticas democráticas y en el universo municipal donde la ciudadanía y la
democracia revestían complejidad: votaban los varones adultos nativos pero
también los extranjeros y se calificaba ese voto por la condición de contribuyente
y por momentos inclusive por el nivel de alfabetización. Estos problemas
abordados desde los espacios locales nos permite interpelar el proceso mayor que
se registra a nivel nacional: mientras iba definiéndose la democracia, se afianzaba
el proceso de construcción de la ciudadanía.
Por otra parte, esas prácticas participativas instalaban las problemáticas
suburbanas en el espacio público con sus propias identidades, valoraciones y
representaciones, haciendo visibles nuevos actores asociados con nuevos
espacios. Nuevos actores que ponían evidencia acciones colectivas ancladas en
vínculos relacionales que se renovaban cada vez que renacía la inquietud por
peticionar. Nuevos actores que interpelaban desde un discurso propio de la
vecindad que otorgaba valencia al bien común, los intereses colectivos e instaba
al arbitraje de los poderes públicos comunales; aunque debemos interpretar ese
“colectivo barrial” en el ajustado sentido de los vecinos que activamente
participaban y no de todos los habitantes del barrio. Nuevos actores que, en fin,
mostraban para la ciudad de Río Cuarto a principios del siglo XX la viabilidad de
una arista de la sociedad civil en su desarrollo emergente, desafiada todavía por el
fuerte papel asignado al Estado.
Fuentes
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Concejo Deliberante. 1910-1930.
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Las experiencias participativas en el espacio local. El caso de las
asociaciones vecinales de la ciudad de Río Cuarto
María Belén Rolfi
Introducción
Como se indicó en el resumen de este trabajo, en la actualidad la democracia
representativa como sistema político formal, ha logrado establecerse en América Latina,
pero a medida que ésta avanza y se consolida las promesas incumplidas de este régimen
político se hacen cada vez más evidentes. Es que pensar la democracia como un conjunto
de instituciones y regulaciones parece insuficiente a la hora de abordar sociedades
extremadamente complejas, fuertemente fragmentadas, que no responden a centros
neurálgicos de sentido (Cansino, 2007), donde el concepto de ciudadanía se ha
resignificado, como así también la centralidad que alguna vez tuvo la política.
Frente a este estado de situación es posible advertir en nuestra región la emergencia de
experiencias participativas diversas, que se han constituido en un verdadero laboratorio
social. La sociedad civil crecientemente atravesada por la exclusión e injusticia, no se
resigna a ser objeto de la colonización económica y/o administrativa del Estado (o de su
inacción) y puja por construir nuevas formas de ciudadanía a nivel local, nacional, regional
y global (Reigadas, 2006).
Esta comunicación referirá al caso de las asociaciones vecinales de la ciudad de Río
Cuarto (Córdoba, Argentina) y su participación en la gestión de servicios municipales. Una
experiencia participativa con una trayectoria histórica que nos remonta a mediados de la
década del cincuenta. El análisis tendrá en cuenta las prácticas participativas desplegadas
por estas asociaciones a partir de los procesos de descentralización de servicios municipales
que en la década del ochenta permitieron que estas organizaciones se convirtieran en cogestoras de servicios comunales.
La participación ciudadana en el espacio local. Aproximaciones conceptuales
Desde el punto de vista teórico-conceptual resulta importante destacar que la
participación ciudadana no se presenta como un término univoco. Aunque es cierto que el
involucramiento de las comunidades locales en el proceso de desarrollo cuenta con un
importante apoyo, que se expresa a través de un amplio espectro político-ideológico, el
contenido, alcance y orientación del concepto es variable de acuerdo a los sujetos e
intereses involucrados.
La participación ciudadana puede hacer alusión a aquellos mecanismos que aseguran
mayor intervención de los sujetos sociales para profundizar las experiencias democráticas
en el ámbito local y con la intención de lograr una ciudadanía integral, que permita a las
organizaciones de la sociedad civil tomar parte en las decisiones públicamente vinculantes,
o bien hacer uso de estos mecanismos en pos de privatizar diversas prestaciones en el sector
social carente de recursos y capacidad técnica suficiente.
En tal sentido, y desde la primera visión, los mecanismos de participación ciudadana y
su puesta en práctica a nivel municipal, tienen una relación directa con la democracia
participativa, entendida como aquel modelo que lejos de abordar al régimen democrático de
un modo instrumental reduciéndolo al mecanismo de selección de aquellas elites
gobernantes supone, en cambio, el involucramiento de los ciudadanos en las tareas
gubernamentales, una participación que no es secuencial sino que debe canalizarse hacia el
día a día de las actividades del gobierno.
Por lo dicho hasta aquí, las objeciones frente a las concepciones más tecnocráticas en
materia participativa, enfatizan en la tendencia a tratar la participación como un proceso
técnico o como una cuestión metodológica que no garantiza el diálogo significativo entre la
comunidad y los interlocutores externos, por lo que este tipo de participación representa un
mero ejercicio superficial que cumple con la función política de otorgar legitimidad a la
clase dirigente ante su población objetivo (Rahnema, 1992).
Es importante considerar en el marco de las diferentes perspectivas analíticas existentes,
que la democracia participativa y la participación ciudadana deberían ser entendidas a partir
de la diversidad de las prácticas y la heterogeneidad de las realidades políticas, económicas
y culturales, afirmando que la participación ciudadana implica la voluntad de incidir desde
la ciudadanía en la toma de decisiones del ámbito público (OIDP, 2004-2007). Es por ello
que no hay fórmulas preestablecidas para disponer los procesos de implicación ciudadana,
ni para evaluar sus resultados. Sino que, en última instancia, éstos se dirimen
empíricamente (Chaboux, Rolfi: 2010).
Las asociaciones vecinales: “sector público no estatal” y gestión social de servicios
comunales
Si se piensa en el fenómeno del vecinalismo, considerando su trayectoria histórica, pero
poniendo el acento en los procesos de descentralización de servicios municipales, es
posible reconocer una nueva concepción de ciudadano que no limita su momento
participativo al ejercicio del voto. El vecino se compromete con la realidad barrial y exige a
las instancias político-institucionales una redistribución más justa de los beneficios que
recibe cada sector de la ciudad.
Estos aspectos constituirían una primera etapa en la relación que las asociaciones
vecinales establecieron con el gobierno local. Pero la descentralización implicó desarrollar
la idea de cogestión de servicios municipales. Los vecinos organizados fueron capaces no
sólo de solicitar prestaciones, sino que lograron convertirse en proveedores de algunas de
ellas. Al coordinar voluntades, en lugar de pedir comenzaron a hacer.
Puede observarse un nuevo modelo de actuación pública: las estructuras que los reúnen
les permiten elevar su grado de participación, no sólo peticionar (que puede entenderse
como un modo de participación ciudadana), sino co-producir servicios, avanzando un paso
más en las instancias participativas, si se imaginara este fenómeno como una escalera con
múltiples peldaños.
La descripción realizada tiene una serie de implicancias a la hora de pensar categorías
conceptuales que permitan significar estos hechos sociales. Las transformaciones de las
prácticas participativas del movimiento vecinal, variable según la asociación y de acuerdo
con los momentos históricos, nos permite referirnos, siguiendo la propuesta conceptual de
Nuria Cunill Grau y Carlos Bresser Pereira, a las asociaciones vecinales como
organizaciones pertenecientes al sector público no estatal entendido como aquel formado
por grupos de ciudadanos en la sociedad civil; organizaciones originalmente privadas,
pero cuya actuación ocurre como una ampliación de una nueva esfera social-pública, y
cuyo funcionamiento, en términos colectivos, se caracteriza por una racionalidad extramercantil, extra-corporativa y extra-partidaria (Franco, 1997, citado en Bresser Pereira,
Cunill Grau, 1998).
Las características mencionadas coinciden con el caso de las asociaciones vecinales, con
lógicos matices, en tanto las dependencias político-partidarias suelen hacerse presentes en
ciertos casos, como así también los posibles usos personales de los instrumentos de acción
colectiva.
También desde esta perspectiva analítica se supone que el involucramiento de estas
entidades en los asuntos de interés general, mediante la producción de bienes sociales,
permite ampliar el espectro de lo público, usualmente restringido a los límites del Estado y
eliminar el monopolio que éste o el mercado tienen en materia prestacional, y en general,
como organizadores exclusivos de la vida social.
Una de las ventajas de este esquema de gestión de servicios radica en la pluralización de
la oferta de prestaciones sociales, en contraposición a la provisión monopolista y autoritaria
que caracteriza a la oferta clásica de servicios públicos desde el ámbito estatal. Las
autoridades municipales entrevistadas destacan este punto en sus discursos al igual que los
dirigentes vecinales. El caso de los jardines maternales que cuentan con horarios flexibles y
proveen de asistencia alimentaria, es un ejemplo típico. Estas instituciones, que en un
número considerable de barrios de la ciudad son gestionadas por las asociaciones vecinales,
se organizan en función de las necesidades de cada sector y consideran especialmente los
requerimientos de las familias socialmente más vulnerables.
Otro elemento diferenciador es que el modelo permite desburocratizar la gestión social;
esta es una ventaja que los dirigentes vecinales destacan especialmente en sus testimonios.
La reducción de costos o mayor economía en el gasto de los servicios, otro aspecto puesto
en consideración, se debe a que las asociaciones vecinales pueden recibir distintas fuentes
de financiamiento y en especial el trabajo voluntario que se complementa con los subsidios
otorgados por el municipio.
Finalmente la co-producción de servicios públicos por parte del sector social puede
generar mayores niveles de confianza que aseguran una ventaja competitiva a las
organizaciones sin fines de lucro, basada en las relaciones de vecindad existentes.
Las asociaciones vecinales con las salvedades ya realizadas en cuanto a las distancias que
lógicamente separan el “ser” del “deber ser” se han constituido como una experiencia de
administración de servicios comunales que según las perspectivas teóricas presentadas
hasta aquí, suman a un nuevo modelo de gestión pública y a una nueva matriz estatal que
estos autores denominan Estado socio-céntrico, un esquema superador tanto de la matriz
Estado-céntrica como de la mercado-céntrica y que asigna un rol protagónico a la “sociedad
civil”.
Algunas consideraciones sobre la dinámica participativa de las asociaciones
vecinales en la ciudad de Río Curto
En el texto “Participación y Democracia: Asociaciones y Poder Local” (Brugué, Font y
Gomà: 2003) se propone una tipología que incluye diferentes herramientas participativas
las cuales remiten a formas de vinculación ciudadana de base personal, asociativa o mixta
vinculada a la identificación de los actores que están presentes en un proceso participativo.
Las vecinales se integrarían en los modos de intervención asociativa de tipo territorial, ya
que el barrio actúa como su unidad de referencia. Luego se propone una siguiente
clasificación tomando como criterio la fase del proceso de actuación pública sobre la que se
proyecta la experiencia participativa. Así se diferencia entre aquella participación que se
dirige al diagnóstico de los problemas y a la formación de la agenda local, aquella que se
ocupa de incidir en las decisiones y en la formulación de políticas y aquella que se
concentra en la gestión de los equipamientos y los servicios.
Como consecuencia de los resultados recopilados, y tomando en consideración las
referencias teóricas hasta aquí presentadas, se podría suponer que dentro de las tipologías
participativas trabajadas, la relación de las asociaciones vecinales con el municipio de Río
Cuarto se materializa en mecanismos participativos que incluyen la posibilidad de informar
a las entidades acerca de programas y proyectos impulsados por los gobernantes y
consultarlas ante diversas problemáticas. Las asociaciones vecinales aseguran “ser
escuchadas”, “tenidas en cuenta” o “convocadas” por el Ejecutivo municipal. Es decir,
existe una acción de retroalimentación, donde las autoridades gubernamentales y estas
organizaciones sociales intercambian información, opiniones y diagnósticos. Los dirigentes
vecinales tienen un rol fundamental a la hora de determinar las prioridades de sus
respectivos barrios, las necesidades de sus vecinos, como así también experiencia
acumulada en lo que se refiere a los procedimientos y las formas para lograr que las
demandas sectoriales sean consideradas en la agenda del gobierno local. Sin embargo,
muchas de las problemáticas presentadas o de los proyectos sugeridos dependen de la
voluntad o disponibilidad de las autoridades públicas para alcanzar soluciones o poder ser
concretados.
Y en materia decisional no existen evidencias claras que permitan asegurar la existencia
de un trabajo integral y una planificación participativa, en donde las asociaciones vecinales
tengan un rol protagónico. No se han desarrollado aun herramientas participativas que
impliquen un involucramiento efectivo de las mismas en los procesos decisorios, tal sería el
caso de la puesta en vigencia del presupuesto participativo o la generación de planes
estratégicos. Los mecanismos desarrollados hasta el momento parecen estar orientados a
construir estrategias tendientes a mejorar la legitimidad de las actuaciones públicas y como
un recurso de colaboración en la prestación de los servicios comunales, o la puesta en
práctica de programas municipales.
Sin embargo, aun cuando la participación de las asociaciones vecinales en la actualidad
parece más de carácter deliberativo que resolutivo, la descentralización de servicios se
constituyó como un nuevo modelo de gestión que amplió las prácticas participativas
vigentes hasta ese momento a favor del Vecinalismo, avanzando desde las acciones
peticionales hacia las prestacionales. Sin embargo, no ha logrado aun construir espacios con
permanencia en el tiempo donde el gobierno local reduzca su tradicional papel de dirección,
característico del municipio de bienestar y asuma un rol relacional y facilitador como el que
supone un municipio relacional (Brugué, Font y Gomà, 2003). Un ejemplo claro al
respecto es el reconocimiento normativo de instrumentos de participación ciudadana que
promueven una democracia participativa, pero la ausencia de debate y convocatoria a la
dirigencia vecinal cuando se sancionaron aquellas ordenanzas municipales que regulan la
relación entre estas organizaciones sociales y el Estado municipal.
Reflexiones finales
A lo largo de esta comunicación se pretendió dar cuenta de un fenómeno participativo que
se desarrolla en un nivel de gobierno subnacional, considerando sus particularidades, y con
la intención de reflejar la importancia que tienen los estudios empíricos a la hora de
reflexionar acerca de los modelos teórico-metodológicos disponibles; reconociendo los
aspectos contingentes que condicionan las prácticas sociales y políticas.
En este sentido, es importante tener en cuenta que no todas las formas participativas
revisten un carácter democrático ni la sociedad civil es, por definición, el reducto donde se
concentran los valores de la solidaridad. La misma continúa siendo un lugar de luchas
culturales, de interpretación, inclusión y exclusión, y pugnas por y construcción de la
hegemonía (Lander, 1998). El análisis de experiencias concretas permite, en este caso,
adaptar las categorías conceptuales para abordar estos procesos a partir de su propia
dinámica, obteniendo conclusiones parciales ajustadas al objeto de estudio considerado.
As águas que mudaram as vidas dos atingidos pela hidrelétrica.
Presidente JK, Brasil
Prof. Dr. Eloy Alves Filho; Prof Dra. Arlete Salcides
1. INTRODUÇÃO
É no contexto de embate com a globalização neoliberal, que estão se criando novos
caminhos da emancipação social. Há alguns campos em que as alternativas criadas pela
globalização contra-hegemônica, (Santos, 2002a), são mais visíveis e consistentes, não
apenas porque é neles que os conflitos são particularmente intensos, mas também, porque é
neles que as iniciativas, os movimentos e as organizações progressistas atingiram os níveis
mais altos de consolidação e densidade organizativa.
Sensível às demandas dos movimentossociais do campo, o Ministério do
Desenvolvimento Agrário anuncia, em novembro de 2003, o II Plano Nacional de Reforma
Agrária – PNRA intitulado “Paz, produção e qualidade de vida no meio rural”, na
perspectiva de tornar o meio rural um espaço de paz, produção e justiça social.
O II Plano propõe o redimensionamento de ações – decorrentes da emergência de
uma nova concepção de reforma agrária, possível de ser formulada a partir da construção
de um novo projeto de sociedade.
O novo PNRA objetiva, sobretudo, não reproduzir um modelo de abandono e
exclusão dos assentamentos, e, sim, contribuir para que os assentamentos sejam espaços
produtivos e de qualidade de vida, dentro de uma visão de desenvolvimento territorial e
sustentável.
Pelo novo PNRA, o acesso à terra é apenas o primeiro passo para uma reforma
agrária de qualidade. O objetivo é fomentar a integração espacial dos assentamentos e o
associativismo para que eles tenham melhores condições de comercialização, assistência
técnica e acesso à políticas públicas como educação, cultura e saúde. O II PNRA reconhece
a diversidade de segmentos sociais no meio rural, prevê ações de promoção da igualdade de
gênero, de garantia dos direitos das comunidades tradicionais e propõe estratégias voltadas
às populações ribeirinhas e aquelas atingidas por barragens.
Recentemente, no estado de Minas Gerais, concluiu-se um projeto que, balizado
pelos propósitos constantes no II PNRA, buscou contemplar a articulação de ações relativas
a diferentes dimensões no processo de desapropriação e reassentamento de inúmeras
famílias residentes em áreas rurais de sete municípios.
A obra da Usina Hidrelétrica Presidente JK, concluída em 8 de junho de 2006,
segundo representante da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, foi projetada
objetivando provocar o menor dano ambiental e social possível.
No processo de remanejamento de cerca de mil famílias ribeirinhas, a CEMIG
elaborou um plano de ações voltadas à preservação das comunidades de origem, das
relações de vizinhança e da base produtiva existente. O Projeto previa, ainda, que os grupos
atingidos recebessem terras de qualidade, assessoria e assistência técnica nos
reassentamentos.
No ano de 2002, a CEMIG deu início, mediante a formação de um consórcio de
construtoras, às obras civis para a construção da barragem de Irapé, localizada no alto
Jequitinhonha. O alagamento atingiu núcleos urbanos e áreas rurais numa extensão de 115
quilômetros do Rio Jequitinhonha e de 50 quilômetros de um dos seus afluentes, o
Itacambiruçu. Foram afetadas em torno de 3.564 pessoas, residentes em 47 comunidades
ribeirinhas, localizadas em áreas dos municípios mineiros de Berilo, José Gonçalves de
Minas, Leme do Prado, Turmalina, Grão Mogol, Cristália e Botumirim.
O reservatório de Irapé ocupou uma região formada por comunidades tradicionais,
dedicadas majoritariamente às atividades agropecuárias. São lavradores, roceiros, vaqueiros
e cortadores de cana. Em segundo lugar, numa posição quantitativamente bem distante dos
trabalhadores rurais, aparecem os pequenos comerciantes; os pequenos garimpeiros de
diamante, ouro e cristal; os trabalhadores domésticos; e os que trabalham em
estabelecimentos industriais ligados aos recursos naturais da região, tais como fábricas de
farinha, de cachaça, de rapadura, de doces e de telhas. Pouco menos de dois terços das
famílias afetadas pelo empreendimento residem na área rural; o restante se distribui pelos
povoados da região.
Cabe ressaltar que para a obtenção da licença de instalação da Usina Hidrelétrica
Presidente JK, o Ministério Público Federal firmou com a CEMIG um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) que estabelecia medidas sociais e ambientais a serem
cumpridas pela Companhia Energética de Minas Gerais.
O Termo de Ajustamento de Conduta estabelecia que, na parte sócio-ambiental, os
programas e ações do empreendimento Irapé deveriam garantir, a partir de estudos diversos
da fauna e flora, o salvamento arqueológico, registro do patrimônio cultural, educação
ambiental, comunicação social, dentre outros. Atenção especial deveria ser dada ao
remanejamento das famílias moradoras na área de abrangência do reservatório. Conforme
itens do TAC, os reassentamentos deveriam ser dotados, tal como preconizado no II PNRA,
de toda infra-estrutura, como energia, rede de água, sistema telefônico, construção de
estradas e pontes para melhoria de acesso. Tiveram direito às terras nos reassentamentos os
proprietários, os posseiros, os meeiros, os filhos maiores de 18 anos casados e filhos
solteiros maiores de 18 anos que morassem ou trabalhassem na terra.
Nas novas propriedades, as famílias deveriam receber, em média, 40 hectares de
terras, todo o apoio e recursos para a reconstrução de suas casas e, no caso de haver, serem
indenizadas em dinheiro pelas demais benfeitorias da propriedade de origem. Constava no
documento, ainda, que os reassentados receberiam verba de manutenção e fomento,
sementes e mudas para a primeira safra, os títulos de propriedade de seus novos lotes
titulados e assistência técnica da Emater durante 8 anos de equipes exclusivamente
constituídas para isso. Para atender às necessidades de estudo prévio do meio físico e
biótico, foram contratados pesquisadores vinculados às universidades e instituições de
prestígio no Estado de Minas Gerais.
Entre os programas sócio-culturais a serem implantados, destaca-se o Programa de
Registro do Patrimônio Cultural que deveria gerar inúmeros produtos, como dossiê de 60
fazendas, registro fotográfico e gravação de músicas e festividades da região. Também
foram realizadas entrevistas com setenta e sete fontes orais, produzidos CD’s com músicas
representativas e vídeos sobre festividades, apara compor o acervo de dois Centros de
Referência e Memória a serem construídos.
2. O CONTEXTO
Passados três anos de conclusão das obras da Usina, que passou a funcionar em
2006, muitas são as famílias que denunciam o não cumprimento dos itens do TAC. As
principais queixas referem-se à falta de infra-estrutura dos reassentamentos (falta de
escolas, postos de saúde, energia e de acesso à água tratada). Segundo os trabalhadores,
50% das crianças das famílias que moravam na beira do rio estão sem freqüentar a escola
desde janeiro de 2006, falta transporte público e escolar.
Muitos não plantam há três safras e, por isso, estão sem recursos para pagar a conta
de luz gerada pelo uso de bombas nos poços artesianos perfurados pela CEMIG. As
famílias também enfrentam outro problema: em vários lugares o abastecimento de água é
feito por caminhões Pipa, em outros há o risco de consumo de água contaminada com altos
índices de calcário.
Segundo informações fornecidas por um morador à Federação dos Trabalhadores da
Agricultura do estado de Minas Gerais - FETAEMG, há também uma falta de
responsabilidade. Nas palavras do reassentado: “A Companhia fechou todos os escritórios
que tinham na região e agora não existe mais interlocução. O problema foi o não
cumprimento do acordo de integridade”.
Por seu lado, representantes da CEMIG e do Governo Estadual de Minas Gerais
negam que a empresa não tenha cumprido os acordos firmados com os atingidos e alegam
que os reassentamentos foram dotados de toda infra-estrutura, como energia, rede de água,
sistema telefônico, construção e melhoria de acessos
Dados obtidos junto ao Centro de Documentação Eloi Ferreira da Silva –
CEDEFES, em maio de 2006, após a conclusão dos reassentamentos das famílias atingidas
pelas obras da Barragem JK, demonstram que as famílias de Irapé estão sem assistência.
Depoimentos de representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB,
durante audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e
de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
ressaltaram, dentre outros problemas enfrentados pelas famílias, a falta de escolas e postos
de saúde, falta de transporte público e escolar, de abastecimento de água e energia. Isso sem
mencionar mais detidamente a situação que afeta, de modo particular, a vida da
comunidade quilombola de Porto Coris, cuja mudança imposta pelo processo de
reassentamento dissipou hábitos tradicionais difíceis de ser recuperados. Riqueza esta que
permanece viva na memória dos quilombolas que, ao recordarem de seu passado, se
emocionam. A situação de Porto Coris é apenas um exemplo da extinção de símbolos
preciosos do cotidiano de simples pessoas que trazem na lembrança muitas histórias.
Nas palavras de representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, “não
há valor econômico que pague a perda de um território histórico tradicional. (...) com a
implementação da UHE de Irapé houve uma perda muito superior aos interesses capitalistas
de elites insensatas que vislumbram apenas as transformações econômicas em uma das
áreas que consideram como uma das mais “pobres” do país”.
Informações extraídas do Jornal Estado de Minas, publicado em 7 de junho de 2006,
apontam que 50% das crianças das famílias que moravam na beira do rio estão sem
freqüentar a escola desde janeiro deste ano. A moradora de um dos reassentamentos, em
entrevista ao Jornal, afirmou: "eles destruíram as escolas de origem, mas, não construíram
outras no local de destino", observa uma moradora. Muitos alegam que os prefeitos das
cidades dizem que não foi feito nenhum convênio com a Cemig. Tem-se, ao que parece,
“um jogo de empurra-empurra" que se torna um impasse nas vidas das famílias.
Enfim, estima-se que esse conjunto de informações, anteriormente apresentadas,
justifiquem a importância de um estudo que objetiva gerar conhecimentos que contribuam
tanto para caracterizar a situação de vida da população atingida pela Usina Presidente JK
como para lançar novas luzes ao debate, iniciado desde a publicação do II PNRA, sobre as
mais adequadas estratégias e medidas a serem adotadas quando se pretende, seriamente,
combater a pobreza rural e dissipar históricas desigualdades sociais.
3. A PROBLEMATIZAÇÃO
O presente texto apresenta resultados da pesquisa intitulada “As águas que
desterritorializam e a reconstrução da vida: os reassentados de Irapé – MG”, financiada pela
FAPEMIG, pautada pelo interesse de responder as seguintes questões:
Quem são os reassentados da barragem de Irapé?
Como vivem hoje as comunidades reassentadas, comparativamente às suas
anteriores condições de vida?
Por que, atualmente, há tanta divergência entre o “discurso oficial” da CEMIG e o
discurso daqueles que criticam a falta de cumprimento do acordo estabelecido entre a
Companhia e o Sindicato que representa os moradores das comunidades atingidas?
A investigação objetivou, no primeiro momento, caracterizar os titulares dos novos
lotes e membros de suas famílias, sob diferentes aspectos; identificar o modo de
participação dos reassentados nas etapas de seleção das terras, distribuição dos lotes e na
definição e localização de equipamentos comunitários e de equipamentos públicos como
escola, posto de saúde e posto telefônic; verificar suas atuais condições de acesso à água,
para consumo humano, de animais e atividade agrícola, e à energia elétrica; descrever as
atuais moradias das família, condições de acesso, de produção e de comercialização; e, por
fim, identificar como os reassentados avaliam as ações e empreendimentos voltados à
preservação e manutenção de sua cultura de origem, seus costumes, suas práticas culturais e
religiosas.
4. METODOLOGIA
O estudo envolveu, como participantes, nove presidentes e sessenta e um titulares
de lotes, ou seja, 20% dos associados de cada Associação e Associações de Moradores de
reassentamentos localizados nos municípios mineiros de José Gonçalves de Minas, Leme
do Prado e Turmalina.
Para a caracterização tanto dos participantes como de seu contexto de vida
aplicamos um instrumento que contemplou questões objetivas relativas às seguintes
dimensões: econômica, social, cultural, ambiental (sustentabilidade), assistência técnica,
concessão de créditos, instalações, produção e comercialização, etc.
A organização das respostas às questões viabilizou a construção de tabelas-sínteses
sobre cada aspecto investigado.
5. RESULTADOS
Em primeiro lugar, apresenta-se uma caracterização dos trabalhadores rurais
atingidos pela barragem da Hidrelétrica JK, residentes em três municípios mineiros.
Quanto a faixa etária dos titulares dos lotes demarcados na nova área selecionada
para o reassentamento, veificou-se que 1,64% tem entre 11 a 20 anos; 13,12% entre 21 a
30 anos; 29,50% de 31 a 40 anos; 19,68% de 41 a 50 anos; e, finalmente, 36,06% tem
acima de 51 anos.
Estes dados revelam que 85,24% da população reassentada tem idades acima de 31
anos. Se considerarmos apenas os trabalhadores acima de 41 anos o percentual fica em
55,74% da população, o que possibilita constatar que a maioria dos trabalhadores
remanejados para as novas terras tem acumulados significativos anos de experiência no
trabalho na terra.
Quanto à distribuição por sexos dos titulares dos lotes das famílias reassentadas,
constatou-se que 54,10% são do sexo masculino e 45,90% têm como titular uma mulher.
Quanto ao estado civil da população estudada, 8,20% são solteiros;1,64%
desquitado; 50,82% casados; 3,28% divorciados; 8,20% viúvos ; e, 27,86% amasiados.
Em relação ao acesso à educação formal e nº de alfabetizados; 81,96% dos titulares
dos lotes informaram já terem freqüentaram uma escola; 4,44% com idades entre 11 a 20
anos são analfabetos; 20,00% na faixa de 21 a 30 anos são analfabetos; 2,22% com idades
de 31 a 40 anos são analfabetos; e, por fim, 31,12% com idades acima de 41 anos são
analfabetos
No que tange ao vínculo profissional, observa-se que, na área rural de origem,
apenas 50,83% eram proprietários e 14,75% eram posseiros.
Apresentamos, no que segue, dados que visam caracterizar como vivem as
comunidades reassentadas, comparativamente as suas condições de vida anterior, na área
rural de origem.
A Tabela 1 sintetiza as informações dos participantes acerca das características de sua
moradia na propriedade de origem e no reassentamento.
Tabela 1 – Condições de moradia na área rural de origem e na atual
Condições de moradia
%
A Casa Atual é Melhor que a Anterior
83,61%
A Casa Atual é Pior que a Anterior
9,85%
As Casas são Iguais
3,27%
Não se Aplica
3,27%
Fonte: Dados da pesquisa
No caso dos reassentados da Hidrelétrica Presidente JK, observa-se que a grande
maioria, ou seja, 83,61% dos participantes, considera que a casa atual é melhor que a
anterior. Apenas 9.85% informaram que a moradia no local de origem era melhor que a de
hoje. Pelo que foi observado durante as entrevistas, todas as casas foram consideradas boas
especialmente para os padrões das casas do meio rural no Brasil. Em termos qualitativos
pode-se comparar com certa margem de segurança, pois 85,25% das casas anteriores eram
de adobe e apenas 6,55% eram de alvenaria. Por outro lado, 95,09% das novas casas
construídas pela CEMIG ou com os recursos da indenização são de alvenaria e apenas
1,64% é de madeira, demonstrando uma significativa melhoria no padrão de qualidade das
casas.
Na Tabela 2 apresentamos dados relativos ao tipo de iluminação utilizada pelas
famílias tanto no local de origem quanto no reassentamento.
Tabela 2 - Tipo de Iluminação nas residências de origem e na atual dos reassentados
Atual Propriedade
Tipo de Iluminação
Propriedade de Origem
%
%
Energia Elétrica
34,42%
95,08%
Lamparina
55,74%
1,64%
Lampião
9,84%
0,00%
Outros
0,00%
3,28%
Fonte: Dados da pesquisa
Como pode-se observar, apenas 34.42% tinham acesso à energia elétrica na área de
origem e no reassentamento este percentual saltou para 95,08% dos moradores. Ressalta-se
que energia elétrica reflete não apenas uma facilidade na casa, seja para iluminar, conservar
alimentos, preparar comida e permitir atividades de lazer como assistir programas de
televisão e ouvir rádio, mas também um elemento importante para qualificar a produção,
especialmente para uso de equipamentos adequados ao processamento de alimentação de
animais.
A Tabela 3 apresenta os tipos de abastecimento de água nas residências dos
agricultores atingidos pela Hidrelétrica Presidente JK tanto no local de origem quanto no
atual reassentamento.
Tabela 3 – Fonte de Abastecimento de Água no local de origem e no reassentamento
Fonte de Abastecimento de
Água
Origem %
Reassentamento %
Rede
22,95%
73,76%
Rio
39,35%
1,64%
Poço
3,28%
13,12%
Mina/Fonte
18,03%
4,92%
Outras
16,39%
4,92%
Não se Aplica
00,0%
1,64%
Fonte: Dados da pesquisa
Como pode ser observado na Tabela 3, os dados revelaram uma significativa melhoria
no abastecimento de água entre uma situação e a outra. Enquanto apenas 22,95%
dispunham de abastecimento de água via rede no local de origem, no reassentamento este
percentual sobe para 73,76%, representando uma significativa mudança nas condições de
acesso a uma facilidade indispensável para a qualidade de vida e sustentabilidade familiar.
Verificou-se, também, uma vertiginosa redução no acesso a água de rios e de minas.
No caso dos rios, a redução foi de 39,35% para 1,64% e no das minas de 18,03% para
4,92% o que significa maior conforto para as famílias, redução de custos e perda de tempo
para buscar água muitas vezes distante da residência.
Os dados relativos ao serviço de telefonia nas duas situações, anterior e atual,
podem ser visualizados na Tabela 4.
Tabela 4 – Serviço de telefonia no local de origem e no reassentamento
Origem
Reassentamento
Serviço de Telefonia
%
%
Não Existia
49,19%
27,86%
O Posto Telefônico era Distante
13,11%
16,40%
O Preço das Tarifas era Alto
0,00%
0,00%
Mal Funcionamento do Serviço
6,55%
9,83%
Orelhão da Associação
31,15%
44,27%
Outros
0,00%
Não se Aplica
1,64%
Fonte: Dados da pesquisa
Como pode ser observado na Tabela 4, houve melhoria na disponibilização deste
serviço no reassentamento, uma vez que 49,19% dos reassentados não tinham acesso a essa
facilidade e no reassentamento apenas 27,86%. Quanto à distancia do posto telefônico mais
próximo da residência, observou-se um pequeno retrocesso, pois 13,11% dentre aqueles
que dispunham do serviço na comunidade de origem afirmaram que o posto era distante de
sua residência e no reassentamento este percentual sobe para 16,40%. Esse distanciamento
do posto telefônico pode ser ocasionado pelo novo tamanho e parcelamento dos lotes no
reassentamento. As áreas dos atuais lotes são maiores que os anteriores, em atendimento às
exigências legais e ambientais sobre reserva legal, áreas de preservação permanente. Por
outro lado, o número de orelhões nas dependências das Associações de Moradores passou
de 31,15% na área de origem para 44,27% no reassentamento, revelando uma melhoria nas
condições de comunicação das famílias. Em relação ao mal funcionamento do serviço, não
houve grandes alterações, permaneceu dentro dos padrões nacionais para a área rural.
Uma outra variável que pode revelar qualidade de vida ou melhoria entre uma situação
e outra é o número de refeições que uma família possa fazer diariamente. A Tabela 5
apresenta os dados referentes às duas situações das famílias atingidas pela barragem da
Hidrelétrica JK tanto na origem como na nova propriedade.
Tabela 5 – Número de refeições diárias das famílias
Origem
Refeições/Dia
%
Reassentamento
%
Uma Refeição
0,00%
0,00%
Duas Refeições
4,92%
4,92%
Três Refeições
42,62%
36,06%
Quatro Refeições
42,62%
42,62%
Mais de Quatro Refeições
9,84%
16,40%
Fonte: Dados da pesquisa
Como pode ser observado, houve pouca alteração no número de refeições diárias das
famílias da área de origem para o reassentamento. Chama a atenção que na condição
anterior de vida 42,62% das famílias realizavam três refeições quando na área de origem
esse valor correspondia a 36,06%. Por outro lado, observa-se um considerável aumento
entre o percentual de unidades familiares que faziam mais de quatro refeições diárias e o do
reassentamento, ou seja, este vaor passou de 9,84% para 16,40%, revelando uma sensível
melhoria nesta importante variável. Pode-se depreender que a produção de alimentos na
nova propriedade ou elevação da renda familiar para adquirir estes produtos tenha
permitido aumento do consumo.
As informações sobre o acesso ao serviço de saúde das famílias desalojadas pela
barragem da Hidrelétrica JK no Rio Jequitinhonha estão apresentadas na Tabela 6.
Tabela 6 – Acesso a serviço de saúde dos reassentados na área de origem e na atual
Origem
Existência de Posto de Saúde
%
Reassentamento
%
Existia
42,62%
54,10%
Não Existia
57,38%
45,90%
Fonte: Dados da pesquisa
Embora se reconheça que é dever do Estado e não da Companhia responsável pela
construção da barragem, o TAC previa a garantia de atendimento à saúde da população
reassentada, ação que os dados não revelam na dimensão esperada. No entanto, percebe-se
uma razoável melhoria no número de Postos de Saúde disponíveis que passou de 42,62%
na área de origem para 54,10% no reassentamento. Isto deve-se ao fato de que nos casos em
que os atingidos pela barragem optaram por morarem em agrovilas, a CEMIG construiu na
um posto de saúde, ficando o atendimento médico por conta da prefeitura local.
Outra variável estudada e que tem relação direta com a maior ou menor qualidade de
vida é o acesso à infraestrutura de lazer na área de residência. Os dados reraltivos a essa
variável estão sintetizados na Tabela 7.
Tabela 7 – Existência de infraestrura de lazer na área de origem e no reassentamento
Origem
Reassentamento
Infraestrutura de Lazer
%
%
Havia
44,26%
14,75%
Havia Parcialmente
21,31%
18,03%
Não Havia
34,43%
65,58%
Fonte: Dados da pesquisa
É recorrente no meio rural a carência de infraestrutura de lazer para uso da população,
especialmente para os jovens. No entanto, no caso dos reassentados da Hidrelétrica JK
percebe-se um piora entre a situação de origem e a atual. Enquanto às margens do rio para
44,26% havia infra-estrutura de lazer no reassentamento apenas 14,75% afirmaram o
acesso, o que revela descumprimento do que fora assegurado no TAC. Sobre esse ponto é
necessário destacar que nas comunidades de origem, conforme depoimentos dos
participantes, os banhos de rio e de cachoeira eram considerados como viáveis alternativas
de lazer, assim como as atividades de pesca, práticas que deixaram de fazer parte do
cotidiano das famílias na nova condição. Ressalta-se, também, que nas agrovilas foram
construídos na área das Associações, piscinas, campos de futebol, praças e salões
comunitários.
Outro aspecto relevante em relação às atividades econômicas desenvolvidas pelos
trabalhadores rurais, relacionado à sustentabilidade das famílias, é a comercialização da
produção. A Tabela 8 apresenta os dados sobre o acesso dos trabalhadores rurais às
políticas de comercialização tanto na área de origem como no reassentamento.
Tabela 9 – Acesso às políticas de comercialização da produção
Origem
Reassentamento
%
%
Sempre
19,67%
8,20%
Algumas Vezes
19,67%
34,42%
Sem acesso
59,02%
55,74%
Não se Aplica
1,64%
1,64%
Acesso a Políticas de Comercialização
Fonte: Dados da pesquisa
Os dados revelam que a condição de acesso dos agricultores de Irapé às políticas de
comercialização não difere muito do que acontece com a maioria dos trabalhadores rurais
brasileiros, ou seja, vigora uma carência muito grande de consistentes e contínuas políticas
de apoio ao aumento da venda da produção. Como pode-se verificar, em ambas as
situações, os percentuais de 59,02% no local de origem e 55,74% na nova área revelam essa
carência de apoio. A agricultura familiar, especialmente numa região de acentuada pobreza,
escassez de chuvas, falta de capital para produzir, armazenar e comercializar, é bastante
difícil conseguir bons preços para comercialização dos produtos, particularmente no
período de safra.
Dois aspectos merecem reflexão sobre essa variável. Em primeiro lugar, esses agricultores
saíram de um lugar onde já tinham as áreas para cultivo determinadas, preparadas e
disponíveis para plantio. No reassentamento, cada lote era bruto, ou seja, o produtor teve
que começar pela seleção, obter licença ambiental, desmate, correção do solo, fazer
pastagem, etc. e somente depois pode começar a exploração agropecuária. Esse processo
leva anos, sobretudo quando a carência de capital é notória. Por outro lado, chama a
atenção que a CEMIG contratou a Emater para prestar assistência técnica aos reassentados
pelo período de oito anos, fato que deveria se traduzir tanto no aumento da produção como
na organização coletiva dos reassentados nas estratégias de produção e comercialização dos
produtos. Considerando, também, as condições climáticas e a aptidão do solo na região e,
ainda, a demanda do mercado por carvão e madeira, uma das atividades econômicas
dinâmicas observadas foi a plantação de eucalipto que, como se sabe, é uma atividade
econômica de médio e longo prazo. O que se pode verificar foi uma agricultura de
subsistência e a comercialização do excedente.
Os dados relativos à avaliação dos reassentados quanto ao cumprimento do TAC
revelaram significativo reconhecimento dos atingidos pela barragem da Hidrelétrica
Presidente JK quanto a sua participação no processo de seleção das fazendas a serem
adquiridas pela CEMIG para reassentamento dos agricultores.
Indagados sobre a escolha das propriedades, 91,80% afirmaram terem participado
na etapa de seleção das terras; e 78,69% afirmaram ter participado no processo de
distribuição dos lotes às famílias.
Em relação aos prazos estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta e pelas
contínuas negociações: 54,09% consideram que a CEMIG cumpriu os prazos; 31,15%
acham que cumpriu apenas parcialmente; 11,48% afirmam que não cumpriu; e 3,28% não
opinaram.
Quanto à avaliação das terras e benfeitorias no local de origem, 62,30% afirmaram
que houve avaliação prévia de benfeitorias produtivas e não produtivas de seu lote; 24,60%
referiram que a avaliação foi parcial; 9,83% disseram não ter havido uma avaliação prévia;
e 3,27% não opinaram
Questionados se o pagamento das indenizações monetárias atendeu as suas
expectativas, 50,81% afirmaram que sim; 24,60% disseram que parcialmente; 22,95%
responderam que estavam insatisfeitos com o valor recebido; e 1,64% optou por não
expressar sua opinião.
. O procedimento adotado pela CEMIG foi o pagamento de indenizações das
benfeitorias e o financiamento daconstrução de uma casa com o mesmo número de
cômodos da anterior, em alvenaria, com acesso à energia elétrica e água. No caso das vilas
ou agrovilas, houve, também, a apicação de recursos na urbanização da área e na
construção de escolas, igrejas, sedes para a associação, campos de futebol e uma piscina,
em um dos casos analisados.
Na avaliação de 31,15% dos reassentados, a CEMIG garantiu o apoio prometido às
famílias; 44,26% avaliaram que houve apoio parcial; 18,04% disseram não terem sido
apoiados; 6,55% não opinaram.
No que diz respeito à definição e localização dos bens comunitários no
reassentamento, tais como escola, posto de saúde e posto telefônico, 44,26% dos
reassentados afirmaram terem participado; 14,75% disseram que em parte; 39,35%
afirmaram que não participaram de nenhuma reunião que tratasse desta questão;1,64% não
opinou.
Na avaliação geral dos reassentados sobre o cumprimento dos itens constantes no
Termo de Ajustamento de Conduta por parte da CEMIG; 26,23% consideraram que a
Companhia cumpriu com o prometido ; 37,70% afirmaram que parcialmente; 22,95%
consideram que não houve cumprimento; e 13, 12% não expressaram suas posições.
Um outro ponto negativo destacado, segundo a avaliação de 52,45% dos reassentados,
foi a carência de ações voltadas à preservação de sua cultura de origem. Nesse caso,
21,31% consideraram as ações pouco suficientes; 19,68% avaliaram como suficientes; e
apenas 1,64% avaliam como excelentes, sendo que 4,92% nem quiseram expressar sua
opinião. De fato a CEMIG providenciou o translado parcial dos ossos dos familiares dos
reassentados dos cemitérios das áreas de origem para um outro situado em área próxima ao
reassentamento; reconstruiu a igreja mais antiga e tradicional de uma comunidade
quilombola e construiu um Centro de Memória. Lamentavelmente, esse Centro de Memória
fica localizado junto à casa de máquinas da hidrelétrica, lugar de extrema segurança, com
acesso restrito, possibilitado somente através de agendamento prévio, isso sem mencionar a
dificuldade de acesso por meio de transporte público.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo a FETAEMG – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais, o acordo firmado com a CEMIG por ocasião da construção da Usina
Hidrelétrica Presidente JK foi um dos melhores já firmados no Brasil até aquela data.
A ameaça eminente de desalojamento de pequenos agricultores, posseiros e
trabalhadores, fez com que os atingidos se unissem, organizassem e buscassem apoio de
entidades representativas de sua categoria profissional.
Considerando que as identidades culturais não são rígidas, nem imutáveis, são, sim,
resultados sempre transitórios de processos de identificação possíveis de acontecer no
interior das relações e nos âmbitos diversos que caracterizam os espaços sociais, políticos,
culturais, tais como os reassentamentos rurais, cabe lembrar Melucci (1996), quando afirma
que a ação coletiva se constitui a partir de redes de apoio que se constituem em diferentes
cenários e resultam em processos sociais organizados.
Nas sociedades complexas, conforme analisa Melucci (1999:172), “seria ilusório
pensar que a democracia consiste meramente na competência pelo acesso aos recursos
governamentais”. Ela requer, sim, condições que permitam aos indivíduos e aos grupos
sociais se afirmarem e serem reconhecidos pelo que são e pelo que desejam ser. Ou seja:
requerem de condições que aumentem o reconhecimento e a autonomia dos processos
significativos individuais e coletivos. A democracia deve incluir a possibilidade de rejeitar
ou modificar as condições dadas de representação, assim como a possibilidade de
abandonar processos de significação constituídos para produzir outros novos.
Nas áreas de origem, antes do processo de reassentamento, apenas 27,87% dos
trabalhadores eram vinculados a alguma associação de moradores. A situação de risco
social eminente, por exigências da luta para defenderem seus direitos, elevou para 91,80%
o percentual de trabalhadores vinculados a uma associação de moradores.
Contrariamente ao que se formula na teoria da sociedade de massas, segundo
Melucci (1999:62), “quem se mobiliza nunca são indivíduos desgarrados. As redes de
relações presentes na fábrica social facilitam os processos de envolvimento e reduzem os
custos da invenção individual na ação coletiva”.
Analisando uma série de características comuns a muitas formas recentes de ação
coletiva nas sociedades contemporâneas, Santos (2002a;2002b) ressalta a especificidade
dos conflitos emergentes que mobilizam grupos sociais em busca da concretização de
conquistas dificilmente observadas se travadas individualmente.
Diferente de uma estratégia recorrentemente adotada na avaliação de políticas e de
projetos que envolvem a aplicação de recursos, ou seja, a prática de análises e críticas
formuladas por experts encarregados de verificar a maior ou menor eficácia de ações
precedentes àquelas que se ambicionavam cumprir, optamos por dar voz aos beneficiários
para que falassem de suas próprias condições de vida.
A avaliação ou controle de impacto pode contribuir à iniciação de um novo ciclo, ou
seja, a uma nova fase de percepção e definição de novas estratégias de ação, como parece
ser o caso.
Assim, se concordarmos que estamos vivendo uma “nova democracia”, tal como
sugere Santos (2002), e se acreditamos que novas formas de emancipação sejam possíveis,
podemos dizer que temos hoje, uma sociedade-providência transfigurada, que sem
dispensar o Estado das prestações sociais a que o obriga a reivindicação da cidadania
social, sabe abrir caminhos próprios de emancipação.
Estima-se que o destaque aos acertos e, também, aos limites que ainda precisam ser
superados, na perspectiva dos próprios beneficiários, venha a repercutir na reformulação de
ações indispensáveis na direção de construção de um novo mundo rural, no qual estejam
garantidas a paz, a produção e melhores condições de vida.
7. REFERÊNCIAS
MELUCCI, Alberto. A experiência Individual na Sociedade Planetária. Revista Estudos
Feministas. Lua Nova, 1996. n° 38, pp. 199 – 221.
MELUCCI, Alberto. Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia. México: El Colegio,
Centro de Estudios Sociológicos, 1999.
SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.). Produzir para Viver: os caminhos da produção não
capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2002a.
SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.). Democratizar a Democracia: os caminhos da
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2002b.
Desenvolvimento, Espaço Urbano e Políticas Públicas
Barbara Holzmann Mass, Lenir Mainardes da Silva, Lucas de Moraes Barros
Introdução:
O conjunto de diferentes usos da terra, justapostos entre si, forma o espaço de uma
grande cidade capitalista. Esses usos definem áreas, que são a organização espacial da
cidade, ou, simplesmente, o espaço urbano.
O espaço urbano é, ao mesmo tempo, fragmentado e articulado. É fragmentado, pois
constitui-se de diferentes espaços com diferentes usos da terra (centro da cidade, locais de
uso industrial, locais de comércio etc). E é articulado porque suas partes mantêm relações
espaciais com as demais através de fluxos e deslocamentos, e de circulação de decisões e
investimentos.
A divisão articulada do espaço urbano é uma expressão espacial de processos
sociais. Assim na cidade capitalista, vê-se uma forte divisão em áreas residenciais
segregadas, refletindo a estrutura social em classes e a profunda desigualdade. Conclui-se
então que o espaço urbano é reflexo de ações do presente e também do passado, sendo
porém mutável.
A cidade é fragmentada, articulada, reflexo e condicionante social, um conjunto de
símbolos criados pelas diversas classes sociais que nele vivem, e também o cenário e o
objeto das lutas sociais. É, assim, a própria sociedade, em uma de suas dimensões,
materializada nas formas espaciais.
O processo de urbanização crescente, com o aumento da população urbana, não foi
acompanhado pelo investimento necessário em infra-estruturas, gerando grandes desníveis
na ocupação do solo entre as áreas centrais, que concentram benefícios, e as áreas
periféricas, com bolsões de pobreza e falta dos serviços básicos. As diferenças sociais,
econômicas e culturais, existentes na sociedade capitalista, espacializam-se formando o
território da cidade.
Grupos dominantes e elitizados usufruem mais vantagens territoriais, pois moram
em regiões mais valorizadas pelo poder público, possuindo assim ruas pavimentadas,
sistema de esgoto, fácil acesso ao transporte coletivo, e proximidade do centro. A
espacialização da cidade confirma as diferenças sociais existentes e as reforça, tornando-se
sociais e espaciais. O espaço oprime e exclui, havendo uma urbanização excludente
baseada nas desigualdades sociais e econômicas e em um contexto de forte concentração de
renda e poder. Assim há uma urbanização sem urbanidade, sem justiça social (Ferreira ET
AL., 2008).
Souza (2004) destaca que, ao contrário do que muitos pensam, planejamento e
gestão não são termos intercambiáveis, pois possuem referenciais temporais diferentes e se
referem a diferentes tipos de atividades. Muitas vezes ouve-se falar de abdicar o
planejamento para priorizar a gestão; fazer isso seria incompatível com uma vida social
organizada.
Planejar remete ao futuro, significa tentar prever a evolução de um fenômeno,
tentar simular os desdobramentos de um processo para melhor precaver-se contra prováveis
problemas ou, para melhor tirar partido de prováveis benefícios. Já gestão remete ao
presente: significa administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos disponíveis e
tendo em vista as necessidades imediatas. São conceitos distintos e complementares, pois o
planejamento é a preparação para a gestão futura, e a gestão é a efetivação das condições
que o planejamento passado ajudou a construir.
Souza (2004) afirma que a cidade não é uma massa passivamente modelável, nem
perfeitamente controlável pelo Estado; e sim um fenômeno gerado pela interação complexa
de vários agentes modeladores do espaço, interesses, significações e fatores estruturais. A
autocriação da realidade não é sinônimo de espontaneidade, pois o poder da vontade e a
ação premeditada nunca estão ausentes. Sendo assim, o planejamento, feito por arquitetosurbanistas e cientistas sociais, deve possuir uma visão flexível suficiente para relativizar
esse dualismo entre espontâneo e planejado, e deve ser feito em uma democracia
participativa por indivíduos livres e lúcidos com olhar crítico; pois a população conhece
suas particularidades e necessidades cotidianas.
Na prática, o planejamento vem perdendo espaço diante do imediatismo e do
privatismo característicos da ação do Estado pós-desenvolvimentista no Brasil. Isso
promove uma gestão submetida apenas a questões imediatas e elitistas, não respondendo às
demandas dos habitantes da cidade.
1- DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL
Em sua obra, Souza (2004) afirma que as discussões sobre desenvolvimento têm se
apresentado viciadas, pois o usual é tomar desenvolvimento como desenvolvimento
econômico ou como modernização da sociedade, negligenciando a dimensão espacial. Para
o autor, desenvolvimento é visto como uma mudança social positiva.
Um autêntico
processo de desenvolvimento sócio-espacial promove uma melhoria da qualidade de vida e
um aumento da justiça social, com resultado nas relações sociais e na espacialidade.
Melhoria da qualidade de vida é a crescente satisfação das necessidades de uma
parcela cada vez maior da população. O aumento da justiça social é “tratar os iguais
igualmente e os desiguais desigualmente” (cf HELLER, 1998:16), por exemplo, dar acesso
diferenciado a deficientes físicos a aparelhos culturais para que possam ter igualdade
essencial.
Tendo como base o pensamento de Kevin Lynch (LYNCH, 1994:221), a eficiência
de um planejamento urbano não deve ser considerada um fim, e sim um meio a serviço da
melhoria da justiça social (relacionada à esfera pública) e da qualidade de vida (que remete
á esfera privada). Ele deve buscá-la para concretizar seu objetivo final. A finalidade última
do planejamento e da gestão é a de contribuir para a mudança social positiva, colaborando
na superação de problemas, como fatores de injustiça social, e na melhoria da qualidade de
vida.
Por outro lado o espaço público como espaço urbano se configura como lugar
inscrito na cidade que qualifica o exercício político da cidadania no território urbano. A
importância da territorialidade no âmbito da cidade se dá nas expressões de forças políticas
que condicionam o espaço social da cidade a ações que definem o uso do espaço urbano.
Por tanto, o espaço social da cidade é um espaço urbano com potencial público, e não
necessariamente público.
É característico que as duas acepções de espaço público, seja urbano ou de esfera
pública, sejam usadas indiscriminadamente pelos mais desavisados. É certo que não são
conceitos dicotomizados, mas ações referenciadas. Até porque as decisões públicas são
tomadas em espaços de lutas políticas onde as práticas sociais ganham sentido concreto,
seja no âmbito da cidade como espacialidade ou no âmbito das ações da esfera pública.
O presente trabalho visa discutir conceitualmente a questão das políticas públicas
concernentes ao espaço urbano de modo a melhor distribuir o território às pessoas a fim de
garantir a democratização do direito à cidade, sem perder de vista o desenvolvimento
econômico e social sob o enfoque do princípio do desenvolvimento.
Para Marcelo Lopes de Souza, o conceito de “desenvolvimento” contém sérios
equívocos enraizados através de discursos ideológicos/políticos, além do mais, diz que a
“sustentabilidade” como estratégia “conciliadora” entre o desenvolvimento econômico e a
preservação ambiental é pouco crítica às condições que o capital mundial impõe às nações.
(SOUZA, 2001, p. 75).
Há necessidade de superação desta concepção de desenvolvimento simplesmente
como “desenvolvimento econômico” ou “desenvolvimento urbano” apenas pensando na
modernização das cidades. Para um desenvolvimento que considere as diferentes
dimensões do problema sócio-urbano são imprescindíveis as reflexões sobre o sistema
político de valores, os padrões culturais e a organização espacial com vista à justiça social e
a qualidade de vida. O que se quer dizer com isso? A maneira que o espaço
urbano/território é ainda interpretado hoje só poderá gerar mais disparidades, pois seu fim
último é o lucro e suas estratégias de planejamento e gestão ainda são monopolizadas por
poucos.
Uma das características da redefinição do papel do Estado, tem sido a revalorização
do poder local, através de inúmeras propostas de descentralização, que vem assumindo
contornos diferentes em cada um dos países em que foram implantadas. O que de forma
geral, leva a descentralização a ser definida como a transferência de poder do nível nacional
para instancias subnacionais, para planejar, gerir, executar e tomar decisões.
Refletir sobre o espaço urbano e a construção de conceitos como desenvolvimento,
território e a relação com as políticas públicas permitiu avaliar se uma “mudança social
positiva” é possível no cotidiano das cidades. A justiça social e a qualidade de vida são
nossos termômetros sociais. Cabe agora entender qual justiça social e que qualidade de vida
queremos ao tratar do desenvolvimento no espaço urbano.
“Temos o direito a ser iguais sempre que as diferenças nos inferiorizam. Temos o
direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. Boaventura Santos
A frase acima demonstra a complexidade colocada pela consolidação política dos
indivíduos como sujeitos de direitos. No mais concordamos com Marcelo Lopes de Souza
(SOUZA 2001) que o desenvolvimento não é desenvolvimento sem qualidade de vida e
justiça social,
Apesar do que nos propomos, entendemos que o espaço público urbano é
constituído no mínimo de duas dimensões: O espaço físico e um espaço simbólico. Esses
dois contextos nos dão idéia da extensão que podemos dar a um cenário de relações sociais.
Como espaço político, a incidência de legislações, de estratégias da política urbana, das
relações de força que incidem nesse espaço. Como espaço de cultura, expressões e
afetividades a qual se dá sentido a um lugar. Como espaço de lazer, atividades consideradas
nas condições de tempo e atitude do sujeito. Como espaço de medo, como espaço de
violência, como espaço contemplativo, como espaço de diversão, etc.
O espaço urbano só é público quando é portador de algumas qualidades. Entre elas a
de ser um espaço democrático onde todos possam sentir-se participantes da sua
constituição. Nilva Souza Ramos (2002) trazendo Pedro Demo para o debate das políticas
públicas afirma que a qualidade de vida não está dissociada da participação. Nesse sentido,
as políticas sociais com relação ao planejamento urbano, deveriam ser pensadas a partir de
estratégias onde seja possível a comunidade local participar das decisões urbanas antes que
determinada intervenção seja qualificada como pública.
Nosso intuito aqui foi justamente trazer reflexões que demonstrem a importância da
transformação do espaço urbano em espaço público, conforme previsto em lei. São as
práticas sociais que qualificarão o espaço urbano como espaço público, ou seja, a
efetividade das políticas públicas tendo por princípio as garantias da legislação é o primeiro
passo que devemos dar se esperamos compartilhar se não respostas, possibilidades de
realização de um espaço público urbano.Outro aspecto a ser destacado é a transversalidade
das políticas publicas a esses eixos. Para OFFE (1984), política pública é: “O conjunto
daquelas relações e estratégias politicamente organizadas que produzem continuamente
essa transformação do proprietário de força de trabalho em trabalhador assalariado, na
medida em que participam da solução dos problemas estruturais”. (p. 24).
Considerações Finais
Pudemos perceber que a implantação de espaços públicos,são aparentes conquistas
da cidade,porém não expressam as demais dificuldades geradas por elas, sejam em relação
aos problemas ambientais, ou mesmo, os problemas sociais urbanos de violência e
segregação espacial. Pode-se chamar “desenvolvimento” uma mudança em que se
desconsideram os “efeitos colaterais” em termos sociais e ambientais? (SOUZA, 2001, p.
61).
Até que ponto podemos considerar os avanços democráticos em relação às decisões
frente ao planejamento e a gestão urbana? Quais são as estratégias de desenvolvimento em
pauta nas conferências da cidade?O que efetivamente se implanta como política Pública das
discussões e debates de espaços de participação ?
As questões levantadas até aqui não possibilitam emitir conclusões, referem-se antes
a questionamentos ou indagações não respondidas no decorrer da pesquisa, isto se deve ao
nosso ver pela multiplicidade de conceitos trabalhados e também estes possuírem diferentes
interpretações.O objetivo foi trazer as reflexões a cerca do espaço urbano e seus
determinantes tais como conceito de espaço gestão , construção de espaços democráticos
entre outros, portanto a idéia do grupo não foi indicar posições fechadas mas sim
oportunizar uma reflexão sobre a temática.
Referências Bibliográficas:
CALDEIRA, T. P. do R. Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São
Paulo. São Paulo: Ed. 34 / Edusp, 2000.
CORREA, R. L. O espaço urbano. São Paulo: Bom Livro, 1989.
FERREIRA, I.C.B.; VASCONCELOS, A.M.N.; PENNA, N.A. Violência urbana: a
vulnerabilidade dos jovens da periferia das cidades. In: XVI Encontro Nacional de
Estudos Populacionais. Caxumba, 2008.
HELLER, A. O cotidiano e a História. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
MARCELLINO, N. C.; BARBOLSA, F. S.; MARIANO, S.H. As cidades e o Acesso aos
Espaços e Equipamentos de Lazer. Piracicaba: Impulso, 2006.
OFFE, Claus.
Problemas estruturais do estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1984.
SILVA,José Aparício. Fatores endógenos e exógenos que levaram à migração
/resistência de pequenos produtores do distrito de Itaiacoca -Ponta Grossa –Pr, na
década de 1970.Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas –UEPG-2008.
SOUZA, M.L. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e gestão
urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
SOUZA, Marcelo., (1998), Desenvolvimento Urbano: a problemática renovação de um
“conceito”- problema: In Revista Território, nº 5. p 5-29.
SOUZA, Marcelo., (2001), Mudar a cidade: Uma introdução critica ao planejamento e
à Gestão Urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Desarrollo empresarial y competitivo del sector agroindustrial
del Caribe colombiano: el caso de la Yuca
Lourdes Isabel Meriño Stand, Juan David Sepúlveda Chaverra.
INTRODUCCIÓN
A partir de la década de los 80 en la región Caribe, confluyen dos etapas importante en el
estudio de la yuca, por una parte, el periodo de proteccionismo, el cual es declarado por
Gottret et al (2002) como el periodo comprendido entre los años 1975 y 1982, durante estos
años, el cultivo de yuca se centraba en las zonas cafeteras, debido a su adaptabilidad a
climas templados. De acuerdo a Ceballos (2000) con el auge de los cultivos cafeteros, que
tuvo lugar principalmente en la bonanza del año 1975, se redujo la dimensión de los
terrenos de cultivo y la yuca fue desplazada de las zonas cafeteras. Otro elemento
influyente, para el desplazamiento de la yuca hacia zonas cálidas, en este periodo, fue la
influencia de los cultivos de cereales la que proporcionaba rendimientos mayores, lo que
sumado a la etapa proteccionista que vivía la economía, dio como resultado una
especialización productiva en cereales en detrimento de la yuca.
Por su parte, el periodo de preapertura (1983-1991) se caracterizó por la desaparición total
de la producción en las zonas cafeteras y el aumento de su presencia en otras zonas del país,
consiguiendo en este periodo una consolidación en la costa atlántica. Durante este periodo
la costa generó un 35% de la producción total de yuca del país. De acuerdo a Janssen
(1986), en la década de los 80, la yuca constituyó una de las principales fuentes de ingresos
para los pequeños agricultores del Caribe, incluso, en la actualidad la región sigue
liderando en el proceso de cultivo y comercialización de la yuca, representando el 40% de
la producción nacional, del cual Bolívar representa el primer lugar a nivel nacional con un
15% de la producción, para un total de aproximadamente 300 mil toneladas anuales (DNP,
2010).
De igual forma, el movimiento asociativo alrededor de la yuca tiene un impacto positivo
sobre indicadores de empleo, reducción de la pobreza y aumento de la participación de los
productores en los mercados nacionales, inician los procesos de establecimiento de las
rayanderías en el Cauca, los proyectos de Yuca seca en la Costa Atlántica y nuevas
estrategias de comercialización de Yuca fresca en todo el territorio, por parte de las
estrategias empresariales.
1. OPCIONES DE MERCADO
Para Comfecampo (2006)
“La yuca, por las diferentes opciones de explotación que representa, es, al
mismo tiempo, una fuente alimenticia básica4, y un producto con posibilidades
de expansión en Colombia y muchas zonas tropicales. En la década de los 80,
la mayor parte de las raíces cosechadas se destinaba a consumo humano y una
pequeña cantidad se comercializaba. En la década de los 90, el nuevo modelo
de apertura económica orientó los productos agrícolas más hacia el mercado.
Se diversificaron, por tanto, los productos derivados de la yuca con el fin de
mejorar la competitividad del producto agrícola, de generar mayor valor
agregado y de comercializar mayores cantidades”
En el año 2006, a partir de un estudio de caracterización de productos con potencial
exportador del país, Araujo-Ibarra (2006) muestran que para el departamento de Bolívar, la
yuca representa, dentro del sector agrícola una fuente potencial importante de desarrollo;
dichos autores, a partir de los estudios de Mogollón y Otero (2006) identifican dos posibles
áreas de explotación de la misma, como materia prima para la producción de alcohol
carburante, con fines exportadores, y por otra parte, establecen un nicho de explotación
4
En este sentido, diversos autores citados a lo largo del documento (CLAYUCA, 2002. Balcazar y
Mancilla, 2009. Ceballos, 2000) demuestran que la yuca, en regiones tropicales de países en desarrollo es
una opción atractiva para la obtención de calorías en la dieta humana, que al mismo tiempo representa una
alternativa económica frente a otros productos como el arroz y el maíz.
utilizando la harina de yuca y el almidón como materia prima en la industria química, de
cosméticos, pegantes, farmaceúticos y otros productos.
En este sentido, para el mercado internacional, Diversos estudios (IFAD, 2004.
Gobernación de Antioquia, 2005. Comfecampo, 2006) establecen que el mercado mundial
de la yuca puede ser diferenciado en cuatro diferentes categorías de productos, que parten
de la presentación en Fresco para consumo humano, como insumo en la industria
alimenticia (Snacks y chips), como materia prima en la elaboración de alimentos
balanceados para animales
y como Almidón para industrias no alimenticias (Papel,
Textiles, Adhesivos, Confecciones, Química y Materiales de construcción).
2. CAPACIDAD TECNOLÓGICA
En la primera parte de este apartado se enumeran los elementos más importantes que
intervinieron en el desarrollo técnico, tecnológico y producto de la cadena de producción de
yuca seca para el sector de alimentos balanceados para animales, elementos que
aparecieron en la región Caribe en el periodo 1978-1993, llamado de preapertura (Gottret et
al, 2002), y el segundo, que enumera los retos competitivos a nivel tecnológico necesarios
para el desarrollo tecnológico y productivo del sector en las nuevas condiciones de mercado
para el periodo posapertura.
2.1.
Desarrollo de capacidades tecnológicas en el periodo de preapertura
El proceso de desarrollo empresarial tecnológico y competitivo de la Yuca durante la
década de los ochenta atravesó por cuatro diferentes fases de implementación (Balcázar y
Mansilla).
a.
Etapa piloto (1980-1983)
Inició con la consolidación de la primera asociación de cultivadores compuesta por 15
pequeños agricultores en el municipio de San Juan de Betulia en Sucre, con el apoyo del
programa integrado del DRI y la asistencia técnica del equipo de I+D del Centro Integral
de Agricultura Tropical (CIAT) (Balcázar y Mansilla). Gottret y Ospina (2004) explican
que esta etapa fue exitosa para el proceso de Desarrollo Empresarial del sector en la
medida en que se cumplieron cuatro condiciones básicas:
-
El establecimiento de un sitio piloto del proyecto que permitió que todos los actores
involucrados en él (técnicos, científicos, gubernamentales, académicos y los cultivadores)
participaran en los desarrollos del proyecto.
-
La ubicación piloto fue seleccionada con base en las necesidades percibidas por los
actores gubernamentales, y por DEMANDA de los cultivadores
-
El proceso de Innovación se desarrolló a través de una fase que permitió probar,
aprender e identificar las mejores soluciones antes de un lanzamiento de los productos.
-
El acceso a los desarrollos tecnológicos y las innovaciones relacionadas era de libre
acceso para los cultivadores y la sociedad en general.
b.
Etapa de escalado (1983)
La segunda etapa, llamada por Balcázar y Mansilla, como la etapa de escalado, se realizó
en el año 1983, y entre sus acciones se encuentra la verificación de las condiciones
operativas y reordenamiento operacional, el inicio oficial de la operación comercial del
proyecto de Betulia y el inicio de las acciones de transferencia tecnológica para la
operación de otras plantas.
Gottret y Ospina (2004) explican que en el periodo de escalado se trabajó además en
función de organizar nuevas cooperativas de productores, intensificar el proceso de
investigación y desarrollo tecnológico e incluir el proceso organizacional dentro del
paquete tecnológico transferido a las nuevas cooperativas.
c.
Etapa de Expansión (1983-1989)
El propósito de esta etapa fue expandir en la región los resultados del proyecto piloto, de
manera que existiera una mayor confluencia operativa en la dinámica de desarrollo
empresarial propuesta inicialmente. En este sentido, el proyecto cooperativo se expandió
por toda la región Caribe, permeando inclusive la iniciativa privada, que vio una
oportunidad importante en función de los procesos desarrollados.
Al final de esta etapa existían aproximadamente 50 iniciativas, de las cuales un poco más
del 80% eran de corte cooperativo y el porcentaje restante correspondía a empresas
privadas; los márgenes de producción alcanzaron más de 5000 toneladas lo que significó la
necesidad de una estrategia de mercadeo de mayor nivel, en este sentido, durante este
periodo aparece la ANPPY (Asociación Nacional de Productores y Procesadores de Yuca)
la cual tenía la misión de promover el mercadeo de la producción derivada en las empresas
cooperativas (Gottret y Ospina, 2004).
2.2.
Retos del periodo de posapertura
Para Martínez y Esquivia (2007) para la superación de los problemas de mercado existentes
en el proceso agroindustrial de producción de yuca seca, destinado a la cadena productiva
de Alimentos balanceados para animales, se dividen inicialmente en dos grupos; por una
parte, está el problema de la decisión de los involucrados basada en precios, que indica que
los cultivadores, toman la decisión de venta de su producción, al mejor postor (Seca para
agroindustria o fresca para consumo) en función de precios variables, que son generalmente
superiores en el mercado fresco) (Gottret y Ospina, 2004), esta primera condición, es
generadora de un flujo no constante de producto al mercado, que, aunque ha demostrado su
interés y capacidad de absorción de la producción, se orienta a la consecución de materias
primas de más fácil adquisición y garantía de abastecimiento (CCI, 1997).
El otro escenario problémico para el desarrollo productivo, competitivo y empresarial en el
sector en el periodo posterior a la apertura, se basa en las deficiencias competitivas, de
precio y calidad, del mismo frente al mismo producto importado desde Tailandia. (Martínez
y Esquivia, 2007)
La superación de estos problemas, para diferentes autores (Gottret, V. Raymond, M, 2003.
Martínez y Esquivia, 2007. IFAD, 2004. Gobernación de Antioquia, 2005.) Se basa en la
aplicación de elementos de desarrollo productivo en tres diferentes etapas del proceso, las
cuales se muestran a continuación:
-
Mejora en los procesos de siembra y recolección basada en la tecnificación de los
cultivos.
-
Utilización de variedades Mejoradas.
-
Implementación de técnicas de secado artificial.
Estas estrategias en conjunto permitirán, en primer lugar, equiparar la competitividad del
sector en la región Caribe, en función de costos y calidad, con los mismos productos
importados provenientes de Tailandia o Brasil.
3. ESTRATEGIAS
3.1.
Modelo de desarrollo empresarial competitivo del Sector
Para el diseño y propuesta de las estrategias de desarrollo empresarial competitivo para el
sector agroindustrial del Caribe, y en particular de la yuca en el Departamento de Bolívar,
se han extraído los principales elementos encontrados, tanto en el análisis histórico
evolutivo del sector y las lecciones aprendidas, como de las experiencias particulares y
elementos reseñados en análisis globales realizados para el mismo producto. A
continuación, la figura 1 muestra el modelo de desarrollo empresarial competitivo del
sector extraído de los elementos reseñados anteriormente, y a partir del cual se plantean un
conjunto de 5 estrategias base para alcanzar un nivel productivo y competitivo razonable en
la explotación agroindustrial de la Yuca.
Figura 1. Modelo de desarrollo empresarial competitivo de la Yuca. Fuente:
Elaboración propia con base en las conclusiones del estudio
El modelo presentado, plantea en primera instancia la integración de diferentes actores al
proceso de fortalecimiento del sector, partiendo del Estado quien establece las normas y
garantiza la infraestructura necesaria, y soportado en el apoyo brindado por otras
instituciones quienes garantizan que el aprendizaje, desarrollo, transferencia y adaptación
tecnológica sean adecuados a las condiciones particulares de la organización y el producto.
Por otra parte, en medio de las estrategias se ubican el sector yuquero en particular, quien
es usuario y participe de los procesos de desarrollo tecnológico y organizacional y quien
por medio del establecimiento de alianzas y con apoyo externo técnico y financiero,
adquiere la capacidad productiva necesaria para dirigir sus productos al mercado, actor y
agente que participa del modelo en la medida en que como usuario y apoyo, favorece el
desarrollo del sector. Con miras a la dinamización de este modelo, la sección siguiente,
muestra el planteamiento de las estrategias necesarias para un correcto funcionamiento del
mismo.
3.2.
Estrategias de desarrollo empresarial competitivo de la Yuca
A partir del modelo de desarrollo empresarial competitivo de la yuca identificado, y
tomando en cuenta los planteamientos que dan soporte al mismo, a continuación se
muestran las estrategias definidas para la dinamización y alcance de un nivel de
competitividad y desarrollo empresarial para la yuca en el Departamento de Bolivar.
•
E01: Fortalecimiento de los cultivadores: El desarrollo de esta estrategia se basa
en los elementos claves fundamentados del análisis histórico de la evolución del proceso
productivo de la Yuca en la región y el análisis del modelo propuesto, se basa en tres
elementos principales, el fortalecimiento empresarial y en sistemas de Gestión, el
Fortalecimiento asociativo y el fortalecimiento técnico, al mismo tiempo que se busque el
incremento de las capacidades productivas de la mano de obra asociada a los cultivos que
permitan a los pequeños empresarios alcanzar:
o
Economías de escala: Basado en la unión asociativa de pequeños productores
(Martínez y Esquivia, 2007)
o
Incremento de los niveles de Calidad y producción: Basado en el fortalecimiento
técnico de los productores, la formación a niveles técnicos y tecnológicos y el aprendizaje y
aplicación de los principios de Buenas Prácticas Agrícolas (Gottret, V. Raymond, M, 2003)
o
Incremento de la fortaleza para las negociaciones: Basado en la capacidad asociativa
de negociación ((Martínez y Esquivia, 2007)
•
E02: Integración de Actores: Para la identificación de actores, se toma como base
el modelo de 4 entornos propuesto por Fernández de Lucio y otros para los sistemas de
innovación. Con este proceso de integración de actores, será posible alcanzar:
o
Adquisición de tecnología: La integración de actores gubernamentales en el proceso
de desarrollo empresarial competitivo, permitirán asegurar un alto nivel de sinergia en los
procesos de inversión para el cambio tecnológico.
o
Desarrollo Científico: Actores como CIAT, CLAYUCA, Universidades, Centros de
Investigación, Cámara de Comercio, y asociativas de productores, permitirá la integración
de conocimientos necesarios para el desarrollo técnico y científico.
o
Adaptación y transferencia de Tecnología y Conocimiento: La presencia de actores
como el SENA e Instituciones Tecnológicas de la Región, en alianza con el sector
productivo, permitirán que los procesos de adaptación de tecnologías, Vigilancia, Compra,
Transferencia y Generación de la misma.
•
E03: Desarrollo Técnico-Productivo del sector: Los procesos de Adquisición,
Adaptación, Generación y Transferencia de Tecnología permitirán al sector, el incremento
de sus capacidades en función de que los desarrollos conjuntos facilitan el aprendizaje y un
mayor nivel de desarrollo. Al mismo tiempo, la adquisición y transferencia de tecnología en
el sector, permitirá elevar la productividad del sector al mismo nivel de Tailandia el
principal competidos en escenario global (Martínez y Esquivia, 2007) de Igual forma, con
la aplicación de esta estrategia, los beneficiarios estarán en capacidad de alcanzar:
o
Disminución de los costos de producción.
o
Incremento de los niveles de Calidad.
o
Mayor nivel de utilidad
o
Menores niveles de inconstancia en la producción
•
E04: Desarrollo Científico-Tecnológico del producto: La necesidad de alcanzar
unos niveles de desarrollo científico del producto y la integración de actores con el interés y
la capacidad para ello favorecen el desarrollo empresarial competitivo del sector en la
medida en que permiten:
o
Desarrollo de nuevos productos y variedades.
o
Superación de problemas de cultivo y fitosanitarios.
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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• MARTINEZ, A. ESQUIVIA, M (2007) La competitividad de la yuca seca en la
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57, Nº. 1, 2007 , pags. 20-23
• OSPINA, B. (2004) Presentación orígenes y desarrollo de CLAYUCA. CLAYUCA.
Cali Colombia.
Trajetórias do Planejamento Urbano no Município de
Araraquara
Rodrigo A. Toledo
Descrição da pesquisa
Pretendemos produzir análises das forças sociais, políticas e econômicas
em dois momentos fundamentais para a cidade de Araraquara: o processo de elaboração do
plano diretor iniciado na década de 1950 e o iniciado no ano 2000.
Primeiramente nossas análises se fundamentarão na contextualização
histórica do processo de elaboração do plano diretor da cidade iniciado em 1950. Como
sabemos, Araraquara passava por um ciclo intenso de desenvolvimento na década de 1950.
Basicamente esse ciclo se vincula ao desenvolvimento da agroindústria sucro-alcooleira e à
diversificada produção industrial com a instalação de indústrias ligadas à fabricação de
máquinas e implementos agrícolas e de empresas produtoras de equipamentos hidráulicos.
Essa nova dinâmica econômica fortaleceu as associações de serviços e de
classes: Associação Comercial, Sindicato do Comércio Varejista, Associação de
Engenharia e Rotary Club. O histórico de Araraquara desde o início do século XX
demonstra que a necessidade de planejar urbanisticamente a cidade, devido aos desafios
impostos pelo combate às epidemias, como a da febre amarela, criara massa crítica
suficiente para que a Associação de Engenharia e o Rotary Club capitaneassem os debates a
respeito de instrumentos eficazes para ordenamento da ocupação e do uso do solo. Há,
portanto, uma centralização dos debates sobre o planejamento da cidade na Associação de
Engenharia e no Rotary Club, que orientaram a Prefeitura Municipal no processo de
elaboração do plano diretor de Araraquara iniciado em 1950.
O que nos chamou atenção foi a rede de contatos que foi estabelecida para
conduzir esse processo de construção do plano diretor. Essa rede contou com a participação
de personalidades formuladoras do pensamento urbanístico paulista durante o século XX:
Professor Prestes Maia, Anhaia Mello e Geraldo Horácio de Paula Souza, ícones da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Esse fato suscita alguns questionamentos
que nortearão o procedimento de pesquisa deste projeto de tese de doutorado, tais como:
Quais eram as características sociais, políticas e econômicas que, a partir
da década de 1950, engendraram a criação de espaço privilegiado de debate centrado nos
integrantes da Associação de Engenharia, no Rotary Club, com profícua participação de
peritos, pesquisadores e estudiosos da FAU-USP?
Quais forças políticas e sociais compunham o contexto da cidade de
Araraquara, em um momento de característico centralismo decisório com tanta influência,
que serviram de instrumento de pressão para criar as condições necessárias para
compartilhamento entre Prefeitura e Associação de Engenharia e
Rotary Club na
elaboração do plano diretor?
E, por fim, em que medida houve efetiva influência das principais correntes
do pensamento urbanístico paulista do século XX no processo de elaboração e posterior
concretização do plano diretor iniciado na década de 1950?
Em segundo lugar, focalizaremos o movimento iniciado em 1950 e
estabeleceremos uma análise comparativa com o iniciado no ano de 2000. Pretendemos
compreender que influências a cidade teve no processo de elaboração do plano diretor em
1950 e sua consequente sedimentação em uma lógica na elaboração de planos, a ponto de
ser replicada na metodologia proposta para a elaboração do iniciado no ano de 2000.
Pretendemos também caracterizar o contexto mundial de reorganização do conceito e das
práticas democráticas em países em desenvolvimento como o Brasil na criação de
imposições à metodologia de elaboração do novo plano diretor no ano de 2000 na cidade de
Araraquara.
Referencial teórico
Em pesquisa realizada anteriormente foi identificada, na elaboração do
primeiro plano diretor de Araraquara – 1950-1977 –, uma participação efetiva do Rotary
Club local, da Associação de Engenharia e do Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos
da FAU-USP. Naquele momento, provavelmente, essas associações dispunham de forças
econômicas e políticas suficientes para mobilizar a sociedade local em torno da proposta do
plano diretor para a cidade de Araraquara. O que norteou esse debate foi o processo de
desenvolvimento urbano pelo qual a cidade estava passando. Além desse aspecto, a
proximidade que essas associações mantinham com a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP possibilitou um amplo debate que se arrastou por cerca de dez anos – de
1950, quando ocorrem os primeiros encontros em Araraquara, com a participação de
personalidades políticas e intelectuais paulistas, até o início da década de 1960, quando é
iniciado o processo de elaboração do plano diretor.
O debate em torno da metodologia levou em consideração estratégias que
pudessem mobilizar a população e setores sociais em torno do tipo de cidade que seria
planejada para o processo de desenvolvimento a que assistiam. É possível identificarmos
como pano de fundo desses debates as divergências entre as concepções e propostas
urbanísticas de Anhaia Mello e Prestes Maia, que deram a tônica do debate sobre o
planejamento urbano, sobretudo entre os profissionais da época, na década de 1950.
Anhaia Mello e Prestes Maia foram, muito provavelmente, os dois
estudiosos que mais se destacaram a partir de meados dos anos 1920 no urbanismo
paulistano. Ambos exerceram enorme influência na difusão de ideários urbanísticos, na
formação de quadros técnicos, na divulgação de teorias e na prática política de adoção de
zoneamento. Eles foram, certamente, os principais representantes do urbanismo e das
políticas de zoneamento na cidade de São Paulo, naquele período. Destarte, podemos
afirmar que suas teorias e propostas para a cidade representaram os ideais urbanísticos entre
os profissionais – engenheiros e arquitetos, sobretudo – que atuaram nessa área.
Na década de 1950, os discursos de Anhaia Mello e Prestes Maia
distanciaram-se e passaram a liderar duas correntes de pensamento distintas sobre a cidade
e capitanearam diferentes propostas e métodos de intervenção estatal no espaço urbano e
regional paulistano.
Para podermos caracterizar com precisão esse período, produziremos
levantamento bibliográfico e documental que nos permita visualizar claramente as
propostas urbanísticas de Anhaia Mello e Prestes Maia, principais ícones do conhecimento
urbanístico da época.
Ao analisarmos esse período e as principais correntes teóricas que o
influenciaram, produziremos uma caracterização minuciosa do papel do Rotary Club e da
Associação de Engenharia de Araraquara, principais interlocutores entre a administração
pública local e estudiosos urbanistas da FAU-USP. Essa caracterização vincular-se-á à
análise das forças políticas do Estado de São Paulo durante o período de 1950 a 1970.
Anhaia Mello e Prestes Maia foram importantes políticos que chegaram a ser prefeitos da
cidade de São Paulo em determinados momentos; mas esses pensadores urbanistas também
tinham uma atuação político-partidária efetiva no estado.
Além desse aspecto, especificamente com relação a Anhaia Mello,
pretendemos realizar análises documentais e entrevistas para construirmos um quadro
interpretativo que nos permita compreender seu engajamento em questões políticas e
sociais. Ou seja, pretendemos compreender os laços que Anhaia Mello possuía com o
Rotary Club para ter estabelecido um contato tão próximo com o de Araraquara E este, por
sua vez, com o poder público local. Em outras palavras, quais eram as características
sociais, políticas e econômicas que engendraram, a partir da década de 1950, a criação de
espaço privilegiado de debate centrado nos integrantes do Rotary Club, da Associação de
Engenharia e do Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da USP? Pretendemos analisar
o traço específico do poder político local do período: centralismo decisório com
participação do Rotary Club e da Associação de Engenharia. Quais forças econômicas,
políticas e institucionais compunham esse momento histórico da cidade de Araraquara que
permitiu uma mobilização de setores da sociedade em torno da elaboração de um plano
diretor com provável envolvimento de peritos da FAU-USP e setores da sociedade local?
Em um segundo momento, pretendemos caracterizar a nova proposta de
elaboração do plano diretor em 1999 com os mesmos procedimentos metodológicos
adotados na análise do período de 1950-1977. Há um novo contexto histórico-social que
teria criado condições de imprimir uma nova dinâmica no processo de elaboração do plano
diretor? Ou seja, em um momento de exaltação das propostas democráticas participativas
de governos no âmbito local, qual a relação dessa nova proposta com o processo de
elaboração do plano diretor de Araraquara em 2000? O primeiro recorte a ser feito para
compreensão desse processo será o confronto da proposta participativa do governo local do
PT com um redesenho da gramática social na recomposição de forças sociais no processo
político decisório em democracias de países emergentes como o Brasil. Ao analisarmos
esse processo, provavelmente será possível definirmos quais raízes históricas da proposta
de administração de parte dos investimentos públicos foram decididos em fóruns locais. O
segundo recorte partirá da análise desse novo contexto mundial de reorganização de
práticas democráticas – que pressupõe práticas democráticas participativas amplas e
complexas, que englobam diversos atores e segmentos sociais – com o também complexo
processo de elaboração de instrumentos técnicos de regulamentação do uso e exploração do
solo urbano, como o plano diretor. Buscaremos responder a seguinte questão: como
conjugar a criação de um instrumento técnico como o plano diretor de uma cidade que
depende da intervenção direta de peritos com a ampla participação de atores e segmentos
sociais com interesses específicos?
Una aproximación al análisis de los movimientos de resistencia
social en América Latina en el último cuarto del siglo XX
Alicia Lodeserto; Ana Sánchez
Introducción
La rebelión lacandona-zapatista en enero de 1994 abre las puertas a una larga
década de movilización social en América Latina: en los noventa fueron las revueltas de
trabajadores rurales y campesinos a través del MST en Brasil, la Federación Nacional
Campesina en Paraguay, los cocaleros en Bolivia, las FARC en Colombia, la CONAIE en
Ecuador, y, en junio de este año, la duramente reprimida protesta de poblaciones indígenas
de la Amazonía peruana. El panorama se completa en los primeros años de la década en
curso, con las movilizaciones de trabajadores urbanos desocupados, la toma de fábricas
quebradas a través de Piqueteros en Argentina, y las manifestaciones multisectoriales en
Colombia, México, Brasil y Paraguay. Todas ellas se han desarrollado bajo modos
heterogéneos de composición social, estrategias organizativas y tácticas de lucha, pero
comparten su carácter de respuesta al avance de inusitadas formas de explotación del
trabajo y despojo de recursos. En el meollo de la “cuestión social” latinoamericana se halla
la violencia extrema de un proceso de “recolonización” de los pueblos implicado en la
acumulación capitalista en su actual fase de mundialización.
Este trabajo procura aportar al análisis de la movilización social en América Latina
a través de examinar la naturaleza excluyente de la globalización en el último cuarto del
siglo XX y el modo cómo el continente se inserta en ella. Parte de la premisa de que las
sucesivas oleadas de “acumulación por desposesión” –el concepto es de Harvey (2005)- y
la violencia intrínseca con la que el sistema se mundializa han dado y están dando lugar a
distintos modos de resistencia tanto frente al capital trasnacionalizado como a la hegemonía
de Estados Unidos. Si -como dice Sartre en el prólogo a “Los condenados de la tierra” de
Fanon-, la violencia de colonialismo es fuente de una violencia recíproca (Sartre, 1968),
también hoy la dinámica expansionista de la globalización lleva implícita la resistencia y la
movilización social.
La Globalización: su impacto en la economía, en los últimos treinta años del siglo XX
El origen de la globalización, lo podemos encontrar en la crisis del modelo de
acumulación, del año 1970, que concreta el traspaso de capital desde la esfera productiva a
la financiera. Serán una serie de acontecimientos políticos sobre los que se desarrollará,
.Acontecimientos que a la vez determinará la ampliación del mercado capitalista, el
dominio del capital financiero en el mercado mundial, y la resubordinación de las periferias
que ingresan a la globalización en una situación de absoluta dependencia y vulnerabilidad.
Ahora bien, ¿Cuál es esa secuencia de acontecimientos políticos?, en primer lugar,
la declaración de Nixon de 1971 sobre la inconvertibilidad del dólar destinada a limitar la
salida de reservas pero que en los hechos liberaliza todo el sistema monetario internacional,
poniendo en competencia a las principales monedas. 2) Los dos choques petroleros de 1973
y 1979 que favorecen el tránsito hacia una acumulación basada en la renta financiera y la
especulación, a través de otorgarle a Estados Unidos el privilegio de reciclar dólares y
reinsertarlos en la economía mundial (Harvey, 2005). 3) El predominio de las políticas
neoliberales en los ochenta, que desregulan los movimientos de capital y tasas de interés
afectando no sólo a países del mundo occidental sino también de oriente, como lo
ejemplifica la decisión de Deng Xiao Ping en 1978 de autorizar el desarrollo de
mecanismos de mercado e industrializar una región de China con capital extranjero (Satas,
1996). 4) La desaparición y desmembramiento de la Unión Soviética y el denominado
“Socialismo Real” que indudablemente significa el final de un orden mundial de carácter
bipolar, pero que en efecto se traduce en la eliminación de uno de los obstáculos a la
transnacionalización del capital, dando lugar a la apertura de un espacio que había
permanecido cerrado desde 1917. 5) Y por último, bajo el argumento de la crisis de la
deuda en “economías inmaduras” como las latinoamericanas, el Consenso de Washington
de 1989 define los principios políticos del nuevo modelo a través de la eliminación del
déficit presupuestario como medio para solventar el gasto social, el estímulo a una reforma
fiscal encaminada a buscar bases impositivas amplias en todos los sectores sociales, la
apertura financiera y liberalización de los tipos de interés y comercio reduciendo las
barreras arancelaria, y la apertura a la entrada de inversiones directas (Lettieri, 2003: 269).
Entonces para el año 1990 este sistema que lo definimos como fase histórica
globalizada, ha adquirido todos los rasgos y lo podemos sintetizar de la siguiente manera a)
En la actualidad se contabiliza que son unas cien empresas transnacionales las que manejan
la inversión extranjera directa y el comercio y unos cincuenta bancos y entidades
financieras los que dominan el colosal movimiento de capitales (Minsburg, 1999). b) La
hipertrofia del mercado financiero a partir de la existencia de una enorme cantidad de
capitales que a diario circulan por el mundo especulando con divisas, bonos, títulos,
acciones y papeles de deuda. Su predominio se expresa en la expansión inusitada de los
fondos de inversión, los fondos de pensiones y jubilaciones, así como también la
sofisticación que han adquirido los sistemas e instrumentos financieros con el desarrollo de
fondos de alto riesgo y productos derivados. Se trata de un capital con gran volatilidad y
velocidad de circulación capaz de arrasar con enteras economías regionales en su
desplazamiento espasmódico. c) Frente a la monopolización más acentuada que haya
conocido la historia del capitalismo, la globalización se caracteriza por la exclusión de
inmensas mayorías de la población empobrecida. El capital, con grandes posibilidades para
desterritorializarse y deslocalizarse, se ubica en aquellas regiones donde encuentra ventajas
comparativas y mano de obra barata que permiten altas tasa de plusvalor. Este ha sido el
caso del mercado asiático –especialmente chino- que ofrece a las empresas
trasnacionalizadas elevados índices de rentabilidad sobre la base de la desruralización y la
pauperización. (Xing, 2002) Como dice Husson, la globalización es un fenómeno
excluyente que polariza a las sociedades entre aquellas que pueden incorporarse al mercado
mundial y las que no (Husson, 2006).
El comienzo del segundo milenio, encuentra a la economía mundial inmersa en un
nuevo ciclo recesivo que, en el mediano plazo, conduce a la crisis estructural de 2007-2008.
En 2001 los indicadores recesivos de la economía de Estados Unidos y sus dificultades
explícitas para sostener su liderazgo mundial obligan a profundizar los mecanismos propios
de la fase globalizada, especialmente la creación desmesurada de capital dinero o capital
ficticio mediante la ampliación sin límites del crédito –en especial del crédito de alto
riesgo- y de nuevas tecnologías financieras -como las de titulización de préstamos-,
conducentes a mantener –aunque artificialmente- el dinamismo del consumo mundial.
Ambos mecanismos financieros han tenido la virtud, a lo largo de seis años, de posibilitar
una demanda en alza y sostener liquidez en los mercados pero, en contraposición, han
aumentado de forma desmedida la masa de capital ficticio y el endeudamiento
generalizado. Entre marzo de 2007 y octubre de 2008, el estallido de la “burbuja
inmobiliaria, el siguiente colapso de las finanzas internacionales y el estancamiento
económico, revelan el agotamiento de los mecanismos para continuar sosteniendo el
crecimiento de la economía mundial. Sin embargo hemos podido observar, cómo los
gobiernos de los países ricos volcaron en el sistema financiero enormes recursos para evitar
un colapso económico generalizado.
Así desde mediados del año pasado, en Estados Unidos un grupo de grandes bancos
empezaron a devolver los fondos recibidos y en la actualidad ya no tienen deudas. Cabe
preguntarnos ¿Cómo es posible? ¿Acaso la crisis no fue tan grave?.
Movilización social en América Latina: violencia y resistencia
A lo largo de la configuración histórica de la globalización, vemos cada día como este
sistema con su violencia se expande y planetariza. Se trata de una violencia inmanente que
solapa, por un lado, una violencia por desposesión que se deriva del proceso de
acumulación originaria que, como en la industrialización del siglo XVIII, incluye el
despojo de amplios sectores de la población pero, en el presente, además con una feroz
destrucción de recursos naturales (Harvey, 2005). En la actualidad, la violencia por
desposesión encuentra tres fuentes fundamentales: una es la inversión directa extranjera que
se asienta en países periféricos o en desarrollo; otra son las políticas de privatización
propias de las décadas neoliberales y la tercera se vincula a los sacudones especulativos en
las principales bolsas de valores del mundo, porque mientras para algunos significan
triplicar sus fortunas para otros miles implican la pérdida de recursos y medios de
subsistencia. Las tres se verifican con amplitud en América Latina. Sólo para citar un
ejemplo: en la década del noventa mientras el desempleo aumenta en 11,1 millones y el
36% de las familias latinoamericanas (220 millones de personas) viven en condiciones por
debajo de la línea de la pobreza, la inversión extranjera directa –concentrada en unas pocas
grandes empresas trasnacionales- se triplica del 9,3 mil millones de dólares en 1989 a 375
mil millones en 1997 (Coggiola, 2007; Minsburg, 1999). Aunque los casos son múltiples,
puede recordarse el de las comunidades mapuches de la VIII, IX y X región en Chile que
desde 1997 se movilizan contra un modelo forestal que asegura el avance de empresas
forestales poniendo en riesgo su supervivencia económica, social y cultural (Lodeserto y
Tamagnini, 2001).
En segundo lugar, una violencia por exclusión derivada de la expulsión de
trabajadores del mercado laboral. Desde finales de la década del setenta se registra un
progresivo, regular y sistémico descenso de las tasas de empleo. Después del segundo
choque petrolero en 1979, el crecimiento del empleo se ralentiza y cae a índices negativos;
en 1987 -después del crack de la Bolsa de Valores de Nueva York-, si bien los indicadores
de empleo no se modifican comienza una firme tendencia hacia la precarización laboral,
manifiesta en el predominio del trabajo temporario y la jornada laboral de medio tiempo; y
en la década neoliberal las tasas de desempleo vuelven a descender para llegar a los
noventa con una tasa media del 10% en Europa continental (Aracil, et al, 1998) y del 9,2%
en América Latina. Según Coggiola, en este continente, en 1999, el porcentaje de población
asalariada cae estrepitosamente en un 51% con la pérdida de 4,7 millones de empleo (tres
millones corresponden al sector industrial) (2007:20).
Evidentemente el tránsito hacia la economía financiarizada de la globalización lleva
en su seno la desocupación. Ella requiere la eliminación de un sector amplio de
trabajadores de la esfera productiva, de modo que la exclusión se convierte en una
necesidad intrínseca del desarrollo del capitalismo en su forma dineraria. Las consecuencias
se traducen en un verdadero drama social que no sólo ancla en la expansión de la pobreza y
la indigencia -lo cual ya es muy grave- sino también en la experiencia subjetiva de una
vulnerabilidad existencial basada en la incertidumbre y en la situación de externalidad. El
caso emblemático es el de los “corte de rutas” y piquetes masivos de trabajadores
desocupados que, comenzando por las ciudades argentina de Cutral Co y Plaza Huincul en
las jornadas del 20 y 26 de junio de 1996, protestan contra el recorte de empleo y cierre de
fábricas que resultan del proceso privatizador (Petras y Veltmeyer, 2003).
En tercer lugar, una violencia por desarraigo derivada de la desestructuración,
fragilización y pérdida de los lazos sociales y familiares en trabajadores expulsados de los
circuitos productivos como de las redes ordinarias de intercambio social (Castel, 2004). El
caso de los trabajadores migrantes (ya se trate de migraciones internas o internacionales),
quizás sea paradigmático puesto que a la pauperización, la exclusión, la descalificación, se
suma el desarraigo.
Según el informe anual de la OIM, el número de migrantes internacionales ha ido
incrementándose de forma acelerada en las últimas décadas, llegando en 2003 a unos 191
millones de migrantes (unas 2,5 veces mas que en 1965). La mayoría procede de países en
vías de desarrollo para alojarse en países de la OECD en Europa, Norteamérica, Australia,
Nueva Zalanda, Asia del este (como Japón, por ejemplo) y en los productores de petróleo
del Golfo Pérsico (OIM, 2008). Particularmente, 25 millones de migrantes internacionales
son latinoamericanos, procedentes principalmente de México y la Comunidad del Caribe
para asentarse fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Los problemas de las
poblaciones migrantes son múltiples y variados, por ejemplo, el Informe del Relator
Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2001
denuncia distintos casos de desconocimiento de los derechos humanos de estos
trabajadores, como por ejemplo situaciones de explotación de nicaragüenses en Costa Rica,
de bolivianos en Argentina o expulsiones masivas y racialmente discriminatorias en
República Dominicana. La situación de los indocumentados es profundamente mas
dramática, no sólo por las cifras que alcanzan (se estiman unos 12 millones en EEUU, unos
15 mil que en Italia en 2008 y entre 750 mil y dos millones en Libia) sino también por las
condiciones de traslado y tráfico. Aún es incalculable el número de muertes ocurridas en el
cruce del río Bravo, o en el desierto del Sahara o en las aguas del Mediterráneo desde
Nigeria, Eritrea, Somalia y Etiopia al continente europeo.
La descripción muestra que la expansión de los vínculos globales se hace sobre la
base del desarrollo desigual y la apropiación asimétrica de la renta mundial que condena a
regiones enteras al subdesarrollo mientras que moderniza otras. La desruralización, la
asfixia económica, la exclusión obligan a amplias regiones del sur de Asia, América Latina
y África a una intensificación de los flujos migratorios, cediendo trabajadores a los
mercados nacionales como internacionales.
Conclusión
Como América Latina, posee uno de los mas vastos depósitos de petróleo, de las
mas grandes reservas de agua potable, y alberga una extraordinaria biodiversidad, además
ofrece una enorme masa de trabajadores al mercado mundial y, como señala Borón
(Moreno, 2005), por su ubicación geográfica puede desempeñar una función del territorio
continental norteamericano ha cumplido y cumple un rol de excepcional importancia en el
proceso de desarrollo histórico de la globalización. A diferencia de lo que muchas veces se
cree, América Latina ocupa un lugar fundamental en le proceso globalizador, pero, en
contrapartida, experimenta todos los rigores de la actual fase de mundialización.
La globalización anuda en su seno un proceso de acumulación originaria persistente
que se agudiza en este continente, dando lugar a un nuevo despojo y a una renovada
situación de exclusión, miseria y opresión. La violencia con la que el sistema se expande y
planetariza origina, dialécticamente, la movilización y la resistencia social en América
Latina.
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Movimento de mulheres camponesas e agrobiotecnologias:
buscando significados a partir da relação entre cultura, política
e tecnologias
Márcia Tait Lima; Renato Peixoto Dagnino
“A burguesia colonialista, quando registra a impossibilidade de manter sua dominação
sobre os países coloniais, decide fazer um combate de retaguarda no terreno da cultura,
dos valores, das técnicas, etc. Ora, nunca deve se perder de vista que a imensa maioria dos
povos colonizados é impermeável a esses problemas. Para o povo colonizado o valor mais
essencial, porque concreto, é o primeiro, a terra: a terra que deve garantir o pão e a
dignidade”. (Frantz Fanon, in Os condenados da terra, publicado pela primeira vez em
1961, pág. 61)
Introdução
A citação de Fanon que abre este artigo ressalta a importância de questões materiais, como
acesso a terra, para os povos colonizados e sinaliza uma “impermeabilidade” em relação
aos problemas inseridos nas dimensões técnicas e culturais. Neste artigo buscaremos
explorar essa tensão entre material e simbólico como forma de compreender as ações e
discursos de alguns movimentos de mulheres camponesas existentes no Brasil
contemporâneo.
Serão destacadas noções e relações que possam contribuir para entender à imbricação entre
cultural e político nos discursos de movimentos de mulheres camponesas, buscando
estabelecer vínculos entre valores, propostas políticas e ações desses movimentos.
Pretende-se com isso, contribuir para o entendimento do protagonismo e radicalidade que
os movimentos de mulheres camponesas têm assumido dentre os movimentos contrários as
agrobiotecnologias.
Para isso, a discussão teórica será desenvolvida conjuntamente com a análise dos discursos
produzido pelo Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), que integra a Via
Camponesa do Brasil; e em duas publicações coordenadas por mulheres, a primeira
resultado das reflexões do Grupo de Trabalho de Gênero da Articulação Nacional de
Agroecologia (AEA); e a segunda uma publicação da Sempreviva Organização Feminina
(SOF) sobre o tema agricultura e sociedade de mercado.
Os discursos desses movimentos apontam para existência de concepções de mundo e
projetos políticos alternativos ao modelo de desenvolvimento agrícola pautado pelo
agronegócio e utilização massiva das agrobiotecnologias. Conseguem articular a luta “pela
terra e pelo pão” (soberania alimentar) e por dignidade humana a discursos que pedem
mudança de práticas e valores e propõem formas alternativas de cultivar a terra, produzir
alimentos e, de modo mais amplo, formas distintas de sociabilidade e relações com meio
ambiente.
1- Movimentos Sociais como agentes de política cultural: breve contextualização e
indefinições
Estabelecer uma identidade ou uma noção geral que abarque todos dos movimentos sociais
contemporâneos - definir o “quem são” e quais as características de um movimento social significa adentrar um terreno conflituoso. A noção de movimento desde o começo de sua
utilização passou por diversas revisões e mesmo negação de sua pertinência enquanto
categoria analítica.
Adotamos como ponto de partida a perspectiva de que para fazer uma reflexão sobre os
movimentos sociais não é necessário aderir a uma definição, mas sim problematizar a
complexidade que define a própria “natureza” dessas ações coletivas. O “Como?” e “Por
quê?” talvez sejam as questões mais relevantes e que permitemolhá-los como sujeitos
políticos coletivos portadores de uma heterogeneidade constitutiva desafiadora. O modo
como os movimentos de mulheres camponesas articulam seus discursos e os motivos
expressos para sua mobilização, tratados no decorrer desse artigo,poderão ajudar a
compreender um pouco melhor a constituição desta “entidade complexa” chamada
movimento social.
A discussão deste trabalho sobre movimento de mulheres camponesas será feita no
contexto latino-americano atual. Após o período chamado por alguns autores de emergência
da “nova sociedade civil5” (Lavalle, 2003 e Dagnino, 1994), na qual os movimentos sociais
foram incluídos como componentes centrais (Dagnino, 1994, Evers, 1984 e Paoli, 1995).
Atualmente os movimentos sociais estão imersos no processo de globalização neoliberal,
que intensifica as desigualdades sociais e “redefine de forma significativa o terreno no qual
devem empreender suas lutas”. Essa conjuntura estaria conduzindo, muitas vezes, ao
enfraquecimento dos movimentos populares e abalado suas linguagens de protesto
(Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 46).
No Brasil a discussão sobre movimentos sociais ganha força no período de
redemocratização política no final da década de 80. Um contexto de “ambivalência6”
decorrente da conquista de direitos expressos na Constituição de 1988. A ação de
movimentos como, o de mulheres, negros, homossexuais e indígenas tiveram uma
contribuição importante para re-significar a relações entre cultura e política (Alvarez,
Dagnino e Escobar, 2000). Por terem uma preocupação com “novas” questões - como o
fortalecimento e reconhecimento de identidades novas visões sobre a política e a
5
A sociedade civil designa um espaço ainda mais heterogêneo do que a noção de movimentos sociais.
Pode ser entendida como um espaço específico de ação de organizações que se distingue do Estado e do
Mercado. Inclui tanto o chamado Terceiro Setor (principalmente ONGs), quanto os movimentos sociais e
organizações de responsabilidade empresarial. Como algumas noções articuladoras da sociedade civil
podem ser apontadas: o caráter de independência e de mediação em relação ao Estado; um lugar de
publicização de diferentes interesses; lugar de estabelecimento de regras formais e informais para um “viver
bem” em sociedade. Mais subsídios sobre a discussão atual acerca do conceito sociedade civil e relação com
cidadania e movimentos sociais ver Lavalle (2003), Dagnino (2002) e Dagnino (2004).
6
Ao mesmo tempo em que a Constituição garantia o direto a organização de sindicatos e movimentos e vários
outros direitos fundamentais, fortalecendo um discurso de isonomia entre os indivíduos; as dificuldades
sociais e econômicas da realidade vivida evidenciavam os limites e fragilidades dos direitos inscritos na
Constituição (Telles, 1994).
sociabilidade - esses movimentos foram designados por muitos autores comonovos
movimentos sociais.
Segundo Paoli (1995), a noção de movimentos sociais teria surgido como um “imenso
guarda-chuva que (mal) abriga ações coletivas diversas com diferentes significados,
alcance e durações” e mostrava como os movimentos não poderiam ser analisados como
atores sociais ou sujeitos políticos homogêneos.
Na década de 80 Durham (1984) eEvers (1984) já ressaltam a inadequação dos modos de
percepção e noções utilizadas para entender a constituição dos movimentos sociais. As
características dessesnovos movimentos sociais subverteriam antigas categorias utilizadas
na sociologia como a de poder político e a dicotomia alienação-identidade.
Para Evers, o novo dos novos movimentos sociais consistiria na criação de pequenos
espaços e práticas no qual o “potencial de transformação” não é centralizado na política,
mas acontece na dimensão sócio-cultural. No potencial de criar e experimentar formas
diferentes de relações sociais cotidianas, uma espécie de “contra-cultura micrológica” com
“raízes nas práticas diárias” que pode ou não gerar autonomia e uma real ameaça à ordem
dominante (Evers, 1984: 14-15).
Segundo Evers (1984), o processo de constituição dos novos movimentos sociais é marcado
por contradições e impõe novas formas de interpretar as relações de poder. Não estariam
questionando uma forma específica de poder político, mas a própria situação central do
critério de poder. Estariam em ação, principalmente, processos de renovação de padrões
sócio-culturais e sócio-psíquicos e não uma luta convencional pelo poder político
representado pelo Estado (Evers, 1984: 12).
Sáder (1988) também sublinhava o impasse de abordagens simplificadoras que utilizam
explicações estruturalistas ou fixadas na categoria classes sociais para entender a natureza
desta “nova configuração das classes populares que despontava no cenário público” e que
não poderia ser analisada a partir das “determinações estruturais” (Sáder, 1988: 39).
Atualmente parece não fazer maisnenhum sentido restringir a atuação na cultura àqueles
grupos mais claramente culturais e incorporar a definição de “velhos” e “novos”
movimentos sociais porque “todos os movimentos sociais na América Latina atual põem
em prática alguma política cultural” (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 22).
Os próprios movimentos de mulheres camponesas não podem ser adequadamente
entendidos utilizando essa separação. Esses movimentos estão inseridos nos “tradicionais”
movimentos camponeses e partilham de muitas de suas reivindicações históricas e
“materiais” (acesso a terra, alimento, trabalho digno) e, ao mesmo tempo, colocam questões
de identidade, gênero, novas sociabilidades.
Os movimentos de mulheres camponesas que produziram os discursos analisados neste
artigo têm em comum: uma militância explicita contra o agronegócio políticas neoliberais
(principalmente relativas ao comércio e agricultura) e a utilização de agrobiotecnologias
transgênicas; e propostas de práticas agrícolas alternativas com importante adesão a
agroecologia7. Todos também fazem referência com ênfases distintas às “origens
trabalhadoras”, questões de gênero e fundiárias.
Em documentos produzidos pelo MMC é possível observar como as integrantes
reafirmam sua identidade como trabalhadoras, mas também mostram sua preocupação em
definir uma identidade particular.
Somos mulheres camponesas: agricultoras, arrendatárias, meeiras, ribeirinhas,
posseiras, bóias-frias, diaristas, parceiras, extrativistas, quebradeiras de coco,
pescadoras artesanais, sem terra, assentadas... Mulheres índias, negras, descendentes
de europeus. Somos a soma da diversidade do nosso país. Pertencemos à classe
trabalhadora, lutamos pela causa feminista e pela transformação da sociedade. Lutar
sempre foi nossa condição. Desta forma, construímos nossos movimentos
autônomos de mulheres8.
7
A agroecologia pode significar ao mesmo tempo ou separadamente: produção de conhecimento (ou campo
disciplinar), um movimento social e uma prática agrícola. Os movimentos de mulheres camponesas
analisados parecem incorporar essas três dimensões. A agroecologia como forma de produzir conhecimento
enfoca os agroecossistemas enquanto unidade de estudo e ultrapassa a perspectiva unidimensional, incluindo
as dimensões ecológicas, sociais e culturais. A prática agroecológica teria como objetivo tornar o
agroecossistema independente de recursos externos, como os produtos agroquímicos e energia. Existem
estudos e relatos sobre a implementação (ou tentativa de implementação) de modelos agroecológicos em
assentamentos e por movimentos sociais, como o estudo sobre a “formação discursiva agroecológica do
MST” (Barcellos, 2009) ou sobre a “agroecologia militante” (Guterres, 2006).
8
Trecho extraído da página inicial de seu sítio eletrônico do MMC < http://www.mmcbrasil.com.br/>
2- Dimensões político-culturais e tecnocientíficas nos discursos de Movimentos de
mulheres camponesas
A pesquisa em sítios eletrônicos9 de mídias independentes e de movimentos de origem
camponesa apontou o envolvimento expressivo das mulheres em questões relativas à
segurança alimentar e oposição às agrobiotecnologias, principalmente transgênicos. As
mulheres, tanto atuando dentro de movimentos camponeses10, quanto constituindo
movimentos específicos de mulheres, pareciam manifestar uma opinião mais radical contra
as agrobiotecnologias e pela soberania ou segurança alimentar. Outras análises também
ressaltaram o papel das mulheres na manutenção da crítica política11em alguns
movimentos.
No caderno Mulheres construindo a Agroecologia (2008) do Grupo de Mulheres da
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) encontramos referências “ao papel
fundamental das mulheres em todas as etapas da alimentação”; “seu papel fundamental na
preservação da biodiversidade”; e combate a sua “desvalorização enquanto construtoras da
agricultura” (2008: 25).
A interface entre política, cultura e tecnologia está presente nesse documento não apenas
nos casos referentes à oposição às agrobiotecnologias. Aparece também no questionamento
aos avanços tecnológicos destinados à produção de alimentos com intuito de “aliviar” a
9
Alguns sítios eletrônicos utilizados como fonte foram: O centro de mídia independente
(www.midiaindependente.org/), Frente Popular Dário Santillan (http://www.frentedariosantillan.org/fpds/),
Marcha Mundial das mulheres (http://www.sof.org.br/marcha/).
10
Ao escolher os movimentos camponeses não se desconhece a atual revisão de conceitos como
camponeses e campesinato dentro dos estudos sociais, porém optou-se por manter a autodenominação
desses grupos e acompanhar a discussão feita pelos estudiosos que mantêm o uso da categoria camponês,
adequando-a a complexidades do contexto que marca o rural e o campo na atualidade. Como analisou
Almeida (2007), se de um lado parece haver um declínio nos estudos sociológicos sobre os camponeses, de
outro, os movimentos sociais no campo – como zapatistas em Chiapas e Movimentos dos Trabalhadores
Sem Terra no Brasil – emergem na sociedade contemporânea como dois dos principais movimentos sociais
latino-americanos.
11
Na análise de Pinassi (2009), as mulheres atuariam no interior dos movimentos como promovedoras
de autocrítica permanente e manutenção de ideais e objetivos de longo prazo.
sobrecarga doméstica das mulheres, mas que não apresentam uma solução para as questões
estruturais que determinam a divisão sexual do trabalho (2008: 27). Em questionamentos
que apontam para a relação entre a “mercantilização do corpo das mulheres”, a
“industrialização de alimentos e o uso de tecnologias e insumos químicos no manejo da
terra” (2008: 32). Ainda nesse texto aponta-se também a necessidade de integrar a luta
pelos direitos sexuais, ao uso de alimentos saudáveis e práticas agroecológicas.
As mulheres da ANA também discorrem sobre a necessidade de construção coletiva do
conhecimento e fazem reflexões sobre a desigualdade de poder como elemento chave para
uma agricultura alternativa e que, portanto, devem integrar a proposta agroecológica. “Em
primeiro lugar, é necessário compreender que crítica à modernização da agricultura e as
suas diversas implicações está intimamente relacionada à crítica às desigualdades nas
relações de poder, que concretamente refletem nas relações sociais, de gênero e de etnia”
(2008: 59).
Na publicação, Agricultura na Sociedade do Mercado (2006), produzida pelo movimento
Sempreviva Organização Feminina (SOF), as críticas aos transgênicos e agrobiotecologias
aparecem de forma direta. Um dos capítulos intitula-se “Transgênicos e Biotecnologias: a
ciência a serviço da dominação e do lucro”. Sobre os transgênicos encontramos no capítulo
citado um trecho que mostra a racionalidade e contundência da crítica:
As grandes transnacionais desenvolvem tecnologias e mudanças segundo seus
interesses e para manter seu poder mundial. Foi assim que chegaram hoje à
tecnologia genética para produção de espécies transgênicas. Em defesa dos
transgênicos se diz que essa tecnologia sempre existiu, pois camponeses e indígenas
sempre produziram mudanças em plantas e domestificaram espécies. É verdade que
foram essas populações que a cada colheita selecionaram as sementes que seriam
guardadas e multiplicadas (...).Mas o que é mais importante é que os camponeses e
indígenas desenvolveram suas técnicas para melhorar sua vida e da comunidade e
compartilhavam seus conhecimentos como uma riqueza de seus povos. As empresas
desenvolvem apenas técnicas para aumentar os seus lucros e poder de controle
(2006: 44-45).
Em outro trecho do mesmo livro, são feitas críticas ao sistema de patentes e a privatização
da semente. As patentes de seres vivos são criticadas como forma de privatizar elementos
da natureza, conhecimentos e práticas que sempre foram comuns à humanidade e que,
quando utilizadas pela empresa, se converteriam em instrumento de dominação e
concentração de riqueza (2006: 49).
Um dos capítulos finais dessa publicação refere-se à importância da mulher para construção
de uma sociedade mais justa, igualitária e em equilíbrio com a natureza. Isso se daria por
meio, principalmente, da valorização de técnicas, conhecimentos e características da se
sociabilidade que hoje são consideradas femininas. Essa valorização, é ressaltado no texto,
não deve acontecer por se considerar essas características “naturais” de mulheres, mas por
apontarem para uma forma de gerir a sociedade e a vida distintas da capitalista industrial.
3- Políticas culturais para transformação das culturas políticas
A leitura dos fragmentos discursivos de movimentos de mulheres camponesas tornou
visíveis as relações entre política, cultura e tecnologia. Os argumentos, ideias e modos de
contestação presentes nesses documentos parecem apontar para uma política cultural, no
sentido expresso por Alvarez, Dagnino e Escobar (2000). Segundo os autores, o termo
política cultural foi concebido para “chamar a atenção para o laço constitutivo entre
cultura12 e política e a redefinição de política que essa visão implica”. Com a expressão
política cultural querem ressaltar o processo pelo qual a cultura se torna política (Alvarez,
Dagnino e Escobar, 2000: 17).
Esse novo sentido atribuído à expressão política cultural é bem diferente do difundido na
América Latina, onde a expressão é comumente usada para designar ações do Estado e
outras instituições em relação à cultura, como um terreno específico separado da política.
Muitas vezes, reduzido a políticas públicas segmentadas e relacionadas à produção e
consumo de bens culturais que são ditadas pelo Estado.
12
A cultura é entendida como concepção de mundo, conjunto de significados que integram as práticas sociais
e que não pode ser entendida adequadamente sem a consideração das relações de poder embutidas nessas
práticas. Entende a cultura não como uma esfera separada, e sim como uma dimensão de todas as instituições
econômicas, sociais e políticas (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 17).
Quando esses discursos abordam simultaneamente e numa lógica inseparável as questões
como: poder, trabalho, desenvolvimento agrícola, construção coletiva de conhecimento e
alternativas tecnológicas; valores em relação à vida e intervenção no meio ambiente – estão
mostrando com na realidade o significado e as práticas, as necessidades materiais e
simbólicas não podem ser desvinculadas.
A oposição à agricultura convencional (monocultura, utilização de biotecnologias,
multinacionais, etc) se articula a várias outras oposições e proposições que poderiam
conduzir a rupturas importantes no sistema. Como coloca Evers (1984), osistema
dominante é sustentado pela ação de sujeitos, pelos pequenos atos cotidianos de obediência,
por suas crenças, valores e orientações. A rebelião dos movimentos sociais pode ser contra
a alienação em todos os seus aspectos: em relação aos próprios integrantes, outros grupos e
em relação à natureza. A afirmação de uma identidade - como mostram as mulheres
camponesas - faria parte desse processo que se contrapõe a alienação e reafirma a
dignidade.
Essa abordagem remete aos Estudos Culturais e a visão de Williams (1979) da cultura
como um elemento central da hegemonia13. Falar em hegemonia é falar da inevitável
politização do conceito de cultura, que para Williams, não pode ser analisada simplesmente
como parte da superestrutura e, portanto, como subordinada a estrutura produtiva. Williams
(1979) propõe que a construção de uma hegemonia alternativa poderá emergir a partir de
diferentes formas de luta, inclusive, aquelas não facilmente identificáveis como políticas.
Por isso, a parte mais interessante e difícil da análise da cultura nas sociedades complexas e
a busca de entender o hegemônico em seu processo formativo, ativo e transformacional.
Nessa abordagem cultural-política, a produção de condições materiais e a produção de
significados seriam, na prática, um mesmo processo. Assim, as demandas materiais dos
movimentos sociais são vistas como “construções seletivas politicamente apresentadas” e
13
A hegemonia é entendida pelo autor como um conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da vida;
envolve a percepção de nós mesmos e do mundo dentro de um sistema vivido de significados e valores
(Williams, 1979: 113). É sempre um processo - não existe apenas como forma de dominação - e precisa ser
recriada e renovada continuamente (Williams, 1979: 115).
transmitidas em campos de relação social que também influenciam a sua significação
(Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 19).
Partindo dessa abordagem, os movimentos sociais e suas políticas culturais podem ser
entendidos também como formas de ação coletiva que tentam desestabilizar a cultura
política dominante, redefinir o que é político e relações de poder. Dessa forma, poderiam
forjar culturas políticas em direção de modernidades alternativas.
3- Considerações finais
As lutas por um modelo de desenvolvimento alternativo no espaço rural brasileiro,
protagonizada por movimentos - como os movimentos de mulheres camponesas - ainda
remete, de certa forma, àqueles “condenados da terra”, que lutam para deixar a condição de
colonizados retratados por Fanon em seu livro Os Condenados da Terra (2005). O autor
salienta a necessidade da violência exercida pelo povo. Essa violência hoje pode ser reinterpretada e pensada - menos como a violência física que ainda permeia os confrontos
fundiários na América Latina - e mais como a necessidade de uma ruptura, de atos de
violência simbólica, de políticas culturais que confrontem antigos modelos baseados na
exploração entre os indivíduos e dominação da natureza. Discursos e ações como as de
movimentos de mulheres camponesas podem ser vistos como políticas culturais pautadas
por valores e práticas que ajudem a delinear modelos de modernização alternativos.
Fragmentos de utopias postos em marcha que já compõem projetos políticos alternativos
num horizonte incerto de novas culturas políticas e, quem sabe, de construção de uma
hegemonia alternativa. Como salienta Fanon, na luta pela libertação, os povos colonizados
descobrem na práxis concreta uma nova política que não se parece nada com a antiga.
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Mujeres y educación laboral en Córdoba en las décadas del ’40 y
‘50
Lucía Rubiolo
Introducción
El punto de partida del presente trabajo se origina en el campo de la historia de la
educación. Desde ese lugar, se consideran aspectos relacionados con la formación laboral de
la mujer y las políticas públicas desarrolladas para tal fin, por los gobiernos de la provincia
de Córdoba durante el período 1940- 1950. En rigor de verdad, el estudio analiza una arista
particular de la formación laboral femenina, la relacionada a una de las experiencias
educativas que inician a principios del siglo XX y se extiende hasta mediados de la década
del ’60, la de las Escuelas Profesionales de Mujeres (EPM).
La referencia empírica del estudio se centra en la actuación de las EPM de la
provincia de Córdoba, buscando explicar sus propósitos educativos desde los enunciados
oficiales, considerando las voces de las destinatarias del mencionado proyecto educativo, en
particular de las que asistieron a la EPM de la ciudad de Río Cuarto, Moldes y Jovita, todo
en ello en el marco del contexto histórico del momento en lo relativo a las transformaciones
educativas que transitaba el país en ese momento y las cuestiones relacionadas con el
género.
En este marco referencial, el propósito es poner en diálogo cuando no en conflicto,
las pretensiones de determinadas políticas educativas, como la de las EPM,
que con
prácticas formativas de tono conservador al preparar a la mujer para la domesticidad,
parecían entrar en contradicción con el proceso histórico del momento que marcaba una
mayor participación de la mujer en los espacios públicos, fuera del ámbito del hogar.
“Formación para la domesticidad”: las EPM y su actuación en el ámbito provincial.
Tal como lo indica el nombre, las EPM eran escuelas destinadas a la mujer. Se
trataba de instituciones de carácter terminal, de manera tal que no habilitaban para seguir
estudios superiores. La primera escuela surge a principios del siglo XX, pero fueron las
décadas del ’40 y ’50, presididas en gran parte por gobiernos justicialistas las que
provocaron el salto cuantitativo de las EPM de la provincia de Córdoba.
Se crearon en el período más de 26 establecimientos, distribuidos en una parte
importante del territorio provincial, convirtiéndose así en la oferta educativa más numerosa
de la provincia, sus establecimientos representaban el 65% del total de la oferta educativa en
formación laboral sostenidas a partir del presupuesto estatal.
Siguieron ese ritmo creciente hasta avanzada la década del ’50, en trabajos anteriores
se ha desarrollado con más detenimiento sobre las posibles causas del proceso expansivo,
sintéticamente puede decirse que el nuevo rol protagónico de la mujer sumado a los cambios
que evidencia la educación técnica, acorde al proyecto de país industrializado que se
intentaba llevar a cabo, permiten explicar en parte la recuperación de un proyecto educativo
que tiene su origen en la provincia de Córdoba a principios del siglo XX.
Del dato cuantitativo surge una mirada más sugestiva, de la que dan cuenta a partir
de su experiencia, las destinatarias de las EPM. Las alumnas comentan que la elección de la
escuela estuvo condicionada a una realidad de contexto. En muchos casos asistir a una
Profesional representaba la única posibilidad que sus lugares de residencia les brindaban
para acceder a una formación posprimaria y obtener así un título oficial.
Por ser mujeres, el adulto responsable, en particular el padre, no le permitía viajar u
hospedarse en lugares donde había escuelas de nivel medio, por lo tanto la EPM, significó
para ellas, la alternativa disponible, desde donde poder proyectar y dar forma a las
necesidades que chicas de 12 o 14 años tenían a esa edad, alejadas todavía a la pretensión
social de seguir en el hogar, casarse y tener hijos.
Para formar de una EPM, los requerimientos se orientaban principalmente, hacia dos
o tres cuestiones, la edad, el sexo y a la integridad de la persona, en cuanto a lo físico –
gozar de buena salud- y lo legal, ya que la alumna aspirante, debía presentar certificado de
buena conducta. A continuación se detallan:
[…] ser mujeres mayores de 16 años, presentar certificado de vacuna, buena
salud y conducta. No hacía falta poseer constancia de haber aprobado el
primario, permaneciendo la inscripción abierta todo el año (…) Eran
consideradas alumnas quienes solicitaran su inscripción y asistieran con
regularidad a las clases. [...] (Alvarez, 1999: 8).
Como se observa, las condiciones de ingreso a la institución eran amplias, ya que se
podía ingresar a la institución sin tener el primario completo y en cualquier época del año.
Las EPM funcionaban de manera complementaria en dos partes. Por un lado, estaba
el dictado continúo y regular de las asignaturas y talleres, y por el otro, se encontraban los
cursos libres, que consistían en la preparación teórica y práctica de una actividad manual en
particular. Quienes desearan tomar clases en los cursos libres, podían escoger entre,
bordado, corte y confección, cocina, y otros que pudieran dictarse. La organización de los
mismos estaba a cargo de la directora de la escuela y se llevarían a cabo, sólo si, hubiera
personal disponible para hacerlo (Alvarez, M. 1999). De esta manera, el funcionamiento de
los mismos no ocasionaría gastos al Estado, porque los cursos serían dictados por aquel
personal de la escuela que no hubiera cubierto las horas semanales mínimas.
Correspondiendo, para la maestra de taller 24 horas, para la maestra especial 15 horas y 30
horas para la ayudante de taller por especialidad.
Pero la disponibilidad horaria, no era el único requisito para hacerse cargo de un
curso, se tendrían en cuenta además, la idoneidad del personal docente y las exigencias del
medio, que en tal caso y en la medida de lo posible, debían ser superadas con propuestas
educativas innovadoras (Alvarez: 1999).
En gran parte, los objetivos de estos cursos anexos están asociados al espíritu
sacrosanto y de exaltación nacionalista que envolvía el período. Así se puede leer que los
mismos procuraban:
“contribuir a la formación de la mujer argentina con un contenido acorde en
lo espiritual como en lo cultural (…) Por razones de organización se llevaría
un registro de inscripción de las alumnas, además se haría un control de
asistencia aunque ésta no era obligatoria. No se preveía ningún tipo de
evaluación especial para la aprobación de los cursos y tampoco se otorgaban
certificados habilitantes. (…)Los cursos tenían por objeto llegar con
formación a todos los sectores sociales femeninos con el fin de
proporcionarles conocimientos útiles para el mejor y más fácil desempeño de
las tareas domésticas o una mayor aptitud en la práctica de una ocupación
ejercida profesionalmente” (Alvarez, 1999: 7).
De las explicaciones y observaciones que aparecen en el párrafo anterior hay una que
se manifiesta con cierto interés para este estudio. Es la línea que deja en claro los
lineamientos ideológicos dominantes de la época, resaltando la mirada nacionalista
preponderante en el período y donde la mujer desarrollaba un rol específico, ella era
considerada el puente necesario entre el ciudadano y la nación.
Desde ese lugar, que ve a la mujer cumpliendo una función pre- determinada la
propuesta de las EPM, parece estar asociada directamente con “las relaciones y las formas
de poder basadas en las diferencias sexuales” (Lobato, 2008). De modo tal, que la presencia
de las EPM en el espacio provincial, no sólo respondieron a situaciones de contexto y de
cambios históricos, especialmente los motivados en el período de posguerra, sino más bien,
tal como lo plantea la autora citada, tenían que ver con una situación de fuerte permanencia
a lo largo del siglo XX, emparentada con la necesidad de ordenar el mundo femenino, y la
sociedad en general, una realidad nada nueva para la segunda mitad del siglo XX
(Barrancos, 2008), y menos aún para la provincia de Córdoba. (Viel Moreira, 2001).
Considerando lo anterior, parece aceptable pensar, que las EPM cumplían un
propósito político bien definido, mantener la vigencia del orden social, ubicando la mujer en
el ámbito de la domesticidad. La formación de la mujer en “Artes Domésticas” formaba
parte de las inquietudes públicas de la época, como así también de aquellos hombres
involucrados con la tarea educativa (Caldo, 2007). Esta inquietud estaba presente también en
la mayoría de las instituciones educativas de la provincia de Córdoba dedicadas al trabajo y
que contaban entre su alumnado a mujeres, escuelas que a pesar de presentar y promover
diferentes modalidades -Bachiller, Comercial, Magisterio y otras- tenían en su currícula,
preparación en actividades manuales hogareñas, tales como cocina, bordado, costura, etc.
(Terreno, 2007).
Síntesis Final:
A lo largo del presente trabajo se indagó sobre una de las formas que adquirió la
cuestión de género en el campo de la Historia de la Educación en nuestro país durante el
período comprendido entre las décadas de 1940- 1950. Desde la temática, modalidades de
educación para el trabajo, se deconstruyeron documentos oficiales, con la intención de
conocer las representaciones sociales que el poder político provincial, tenía sobre un sujeto
en particular, las mujeres.
La problemática de género, entendida como relaciones de poder, donde lo sexuado –
femenino y masculino- es la manera en que se manifiesta pero no el eje que lo sustenta,
indagó sobre las características que presenta la temática a lo largo del mencionado siglo XX,
acentuando la mirada en períodos específicos. Se fue observando que, paralelamente al
intento por dar una mayor participación de la mujer en el ámbito público, y participar de lo
educativo es visto como parte de él, los cambios se dieron, no sin ofrecer resistencia, porque
como contrapartida a las renovaciones surgidas, se reforzó por otra parte, la función
reproductiva de la mujer en la sociedad, postura que se consolidó, eclipsando en detrimento
de ella, el reconocimiento de la función productiva, que siguió siendo coto del hombre.
Finalmente, la visibilidad discursiva de las destinatarias del proyecto educativo, permitió
desarticular el supuesto por el cual frente a una verdad dada, algunos mandan y otros
obedecen, y así construir una representación diferente, en el marco de las transformaciones
de la época. En el cual, el nacionalismo católico, desde décadas anteriores, iba imponiendo
formas de ser “femeninas”, procurando la domesticación de la mujer, activando estrategias
relacionadas con la moral y la educación, situación nada nueva ya que, en la Córdoba de
fines del siglo XIX tenía sus antecedentes más inmediatos.
A atuação da Igreja Católica no processo de organização e
fundação do sindicato dos trabalhadores rurais de Mutuípe –
Bahia/Brasil (1980-2000)
Luiz Argolo de Melo
As relações entre religião e organização social tem sido parte de estudos no campo
das ciências sociais contemporâneas. A história centraliza lutas camponesas geradas e
impulsionadas por motivações religiosas, assim como mostra o papel das religiões no
conformismo e no ajustamento de novas éticas.
As igrejas, quase sempre vinculadas às forças dominantes buscaram ajustar os
sujeitos sociais às normas da sociedade nas quais eles se encontravam. Mas,
contraditoriamente, ao longo da história, são diversos os movimentos e organismos de
cunho religioso que se engajaram nas lutas pela terra, pelos direitos trabalhistas, por saúde e
educação. A Igreja Católica, neste caso, mesmo que sua atuação inicial não estivesse
situada no campo social, vem buscando, ao longo dos séculos, influenciar nos poderes
políticos, sociais e econômicos do Estado.
Neste sentido, para que a Igreja Católica adotasse este “jeito novo”, foi decisivo o
Concílio Vaticano II. As decisões do referido Concílio movimentaram a Igreja, que se
examinou sobre o seu papel, levando-a a gerar mudanças no seu interior. Como
consequência, teve-se a afirmação de que “é a pessoa humana que deve ser salva. É a
sociedade humana que deve ser renovada. É, portanto, o homem considerado em sua
unidade e totalidade, corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade.”i Com
isto, destaca-se uma “nova forma de ser Igreja:”ii as CEBs (Comunidades Eclesiais de
Base).
Brotadas no clima de renovação do Concílio Vaticano II e ressignificadas nas
Conferências Episcopais de Medellín e Puebla as CEB,s representam uma ruptura na
tradição católica latino-americana, à medida que, ao invés do anticomunismo militante,
assumem a defesa dos Direitos Humanos e isso a leva às atitudes sociais e política de
esquerda. Esse “novo jeito” da Igreja, que une fé, militância política e social, tem sua
elaboração teórica na Teologia da Libertaçãoiii, que dialeticamente conduz as CEBs e as
Pastorais Populares, constituindo “uma nova forma de ser igreja.”iv
É importante ressaltar que mesmo antes da realização do Concílio Vaticano II, a
Diocese de Amargosa, na década de 1960, torna-se pioneira em abancar suas primeiras
discussões, no sentido de “promover meios que favoreçam a formação de um
relacionamento humano para a criação das comunidades de base.”v Porém, esta proposta só
é posta em prática no ano de 1975, por ocasião do planejamento diocesano, no qual
participavam leigos, religiosos e padres, decidindo por investir na “Comunidade Eclesial de
Base como prioridade para a ação pastoral”vi. Nesta época, mais precisamente nas últimas
duas décadas do século XX, viveu-se na Igreja Católica, diocesana, em consonância com as
diretrizes nacionais da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil),vii a formação
das CEBs, onde as reflexões, à luz da Bíblia, baseavam-se na concepção de que “o Reino
de Deus começa no meio do povo, na busca de condições dignas de sobrevivência.” viii
Muitas experiências nas CEBs passaram a ser difundidas pela força do testemunho e
exemplo, garantidas pela radicalidade do Evangelho. Buscava-se uma igreja renovada, que
pudesse assumir os problemas, as dificuldades e as alegrias dos empobrecidos: uma
comunidade adulta, comprometida com Jesus Cristo, mas igualmente com o povo e com a
sua libertação; uma comunidade animada pelo Espírito Santo, marcada pela vida de
comunhão e de ajuda fraterna. As narrativas abaixo centralizam a palavra de Deus na vida
das comunidades.
[...] começamos a fazer as reuniões e ler a palavra de Deus... e começamos a
entender. Porque antes ninguém entendia muito a palavra de Deus. Achava
que pobre só tinha que rezar e esperar a salvação. O Evangelho veio clarear.ix
[...] quando se refletia o evangelho, não era só refletir e deixar por aí. Era
refletindo o Evangelho, fazendo comparações com a nossa vida e vendo que o
sofrimento não era porque Deus queria. Porque até então eram assim: o
pessoal dizia é porque Deus quer, ficava calado, não reivindicava, não
procurava ver os seus direitos. Então, com o trabalho da comunidade, as
pessoas foram descobrindo que Deus era Pai de todos nós. E o que é que a
gente precisava fazer? Lutar para poder, defender o que era nosso.x
Um elemento que se destaca em todas as reflexões pertinentes sobre as CEBs é o
lugar conferido à Bíblia nas experiências das comunidades. Ela constitui o núcleo fundante
das CEBs, o elemento identificador de sua eclesialidade. Trata-se da base de sustentação e
vitalidade das comunidades, do núcleo conformador do universo motivacional dos mais
pobres. A acolhida da Palavra de Deus e a vivência comunitária da fé são indissociáveis na
história das CEBs em Mutuípe. A Bíblia faz parte do dia-a-dia das comunidades, estando
presente nas novenas, nos grupos de jovens, na catequese, nos momentos de formação, nos
círculos bíblicos, na reza e nas ações que visam superar as desigualdades e injustiças da
comunidade. A Bíblia passa para as mãos do povo, onde ocorre um redescobrir da palavra
de Deus. As CEBs, vem dá um novo significado para a Bíblia, pois passa a ser proclamada
numa linguagem em que o povo compreendia. D. João Nilton, bispo diocesano completa
este pensamento:
O que era a Palavra de Deus para o povo? Praticamente nada. O povo apenas
ouvia a Palavra de Deus na Igreja, na proclamação do Evangelho e, a partir de um
determinado momento, o povo passou a escutar na sua própria língua. Houve uma
redescoberta da Bíblia, como livro de Fé. A Bíblia nas mãos do povo.xi
As novenas, os círculos Bíblicos eram espaços privilegiados, em que o leigo se
coloca como sujeito eclesial, assumindo seu lugar na comunidade e na sociedade. As
reflexões eram orientadas pelo método da Ação Católica: Ver, Julgar e Agirxii, fazendo com
que o protagonismo dos leigos nas CEBs se tornasse a expressão viva de uma Igreja que se
renova animada pelo Espírito Santo. Foi a partir da reflexão bíblica que as comunidades
começaram a visualizar os problemas sociais nelas existentes. Os subsídios utilizados,
nesses encontros, eram preparados pela própria diocese com a participação de padres,
religiosos e leigos, obdecendo a um novo esquema pastoral baseado no método ver-julgaragir, no qual buscavam olhar a realidade em que viviam (Ver), julgá-la com os olhos da fé
(Julgar) e encontrar caminhos de ação impulsionados por este mesmo juízo à luz da fé
(Agir). A ação encontrava respostas variadas segundo as circunstâncias, transcendendo os
limites da igreja. A narrativa de Angelina Reis explicita este fato.
No livro da novena era sempre assim: tinha uma parte do evangelho, mas
também tinha um fato da vida, contava sempre um problema do povo. E a
partir daquele problema, quando a gente começava a refletir, via o problema
da comunidade. Levantava os problemas da comunidade e dava um
direcionamento.
As CEBs instauram, portanto, uma nova hermenêuticaxiii bíblica nas comunidades,
propiciadora de uma leitura libertadora da Palavra de Deus. “Compreender o eu no
outro.”xiv Trata-se de uma interpretação dinamizada pela opção em favor dos pobres, que
revela uma íntima ligação da Palavra com a vida do povo. Com a nova maneira de ler a
Bíblia, as pessoas na comunidade passam a compreender e reconhecê-la como sua obra,
que reflete como espelho a sua própria realidade. A familiaridade que as CEBs trouxeram
em relação à Bíblia fez com que os pobres e menos esclarecidos tivessem acesso a este
livro, deixando de ser “misterioso e obscuro, para ser a Palavra de Deus, para ser pão, para
ser comida por todo mundo”xv. Neste caso, os membros das comunidades (re)apropriam-se
da Palavra de Deus que passa a expressar, para eles, fonte de animação e vida. Entretanto,
são instauradas nas comunidades, novas formas de participação dos leigos na vida de fé,
nos serviços e na organização da comunidade, em que cada indivíduo passa a se considerar
sujeitos eclesiais, adotando, com responsabilidade, os serviços das CEBs.
Questionados sobre o que eram as CEBs, os depoentes destacaram: “a CEB é o
lugar onde nós pisamos”xvi e, ainda, “o chão, o lugar onde a pessoa humana se redescobre
na missão para construir uma sociedade nova”xvii, “o lugar onde você aprofunda sua Fé e
abre o olho para ver os problemas”xviii e, ainda, “um modo de viver a Fé cristã, viver o amor
de Jesus Cristo destinado à toda humanidade”xix.Observa-se, portanto, que as CEBs são um
“espaço praticado”xx, um “espaço vivido,”xxi onde as pessoas começaram a perceber-se e
interferirem no poder econômico, social, religioso e político. Nesse contexto, as CEBs de
Mutuípe são percebidas a partir de vivências e experiências comuns da cultura, do social,
da política, do religioso. Por conseguinte, a Comunidade é o espaço erguido pelas
diferentes formas como é planejado, usado e praticado.
Portanto, a construção das CEBs em Mutuípe passou pelas etapas que Betto (1981)
aborda em sua obra o que é Comunidade Eclesial de Base?xxii Sendo a primeira centrada em
sua motivação religiosa, buscando no evangelho indicações para suas atividades sociais; é o
que podemos observar até a primeira metade da década de 1980, quando a motivação
central estava no evangelho. Na segunda etapa, surgem movimentos populares,
reivindicações por estradas, escolas, na qual a dimensão social supera a religiosa, sendo,
muitas vezes, as CEBs acusadas de só falar de política ou de lutar. Recorda Angelina Reis.
[...] quando começamos a fazer o trabalho de comunidade aqui muita gente
começou a dizer que a reza era só para falar de política ou de lutas..., muita
gente que não entendia...Mas quando as pessoas foram entendendo
descobriram que não era isso não.
Com a atuação das CEBs nas questões sociopolíticas, seus participantes
conquistaram força e visibilidade para intervenção na sociedade. Neste período, não
existiam instituições que representassem os trabalhadores rurais, daí a força da Igreja
Católica, através das CEBs, para reivindicar benefícios para a comunidade, como narra o
relato a seguir: “O sofrimento era muito. Então, muita gente corria para a comunidade para
falar dos seus problemas e buscar soluções.”xxiii
Pelo grande destaque das questões sociopolíticas, houve, de certa forma, algumas
interferências de pessoas no trabalho desenvolvido pelas CEBs, principalmente junto aos
trabalhadores rurais. Pessoas que, segundo Miralva Helena, “eram pequenos, mas tinham
cabeça de grande”. Esse discurso era realizado nos encontros da comunidade para mostrar
que os pequenos deveriam acreditar nos pequenos.
Com o amadurecimento das CEBs, as pessoas tornaram-se mais conscientes e
perceberam que tinham direitos, que eram cidadãos possuidores de Vez e Voz. Nesta fase,
as CEBs dão um salto qualitativo de aprofundamento da consciência da própria dignidade e
da identidade pessoal e comunitária, que dão consistência e significado ao conjunto das
atividades.xxiv Os sujeitos populares nas CEBs eram dotados de certa concepção de
sociedade, e, por meio do trabalho em conjunto, buscavam fazer uma intervenção social, no
sentido de chegar a um novo modelo de sociedade que acreditavam, igualitária e justa. As
narrativas a seguir centram o envolvimento dos membros das CEBs nas questões sociais na
busca de dias melhores:
[...] na medida em que a gente cresceu na Fé... a gente não tem mais só que
rezar, a gente tem que lutar pela vida e buscar os seus direitos. Foi uma
benção de Deus, porque até aí os pobres não conheciam os seus direitos,
tinham até vergonha de falar com os ricos. Nós começamos a nos despertar...
ver que as injustiças sociais eram muitas... Fomos estudando que era
importante a gente se organizar, através do Sindicatoxxv.
Se a nossa Fé não fosse movida pela Ação, não tinha tanto resultado. A nossa
missão era viver a Fé em Deus, mas também lutar pelos nossos direitos, por
um mundo melhor, mais digno, por aquilo que era bom para o povoxxvi.
Em algumas narrativas a preocupação dos líderes com o papel social das CEBs foi
frequente. Assim, as comunidades identificaram alguns problemas que afetavam
diretamente a vida das pessoas mais pobres como saúde, escolas, estradas. Ao serem
suscitados todos esses problemas nos encontros da comunidade, as pessoas foram
percebendo que o problema de um era do outro também. Como consequência, algumas
bandeiras de lutas foram levantadas nas Comunidades Rurais, bem como na região do Vale
do Jiquiriçá, conforme evidenciam as narrativas seguintes:
No ano de 81, teve uma grande concentração em Jiquiriçá; fizemos a
reivindicação da Previdência Social, para melhorar a situação do povo na
regiãoxxvii.
... aqui no Pastinho antes de ser uma comunidade, a escola funcionava na casa
de uma pessoa, até mesmo numa casa de farinha; as crianças estudavam
debaixo de uma árvore. Quando a gente começou a refletir aqui na
comunidade, descobrimos que a gente tinha o direito de ter uma escola digna,
um prédio. Aí lutamos... fomos até o poder público e conseguimos uma
escola, um prédio para a comunidade. Estrada não tinha e mesmo a gente não
tendo uma associação organizada, mas na CEB, na Igreja, a gente criava uma
comissão e ia até o poder público reivindicar esses direitosxxviii.
Observa-se nestas narrativas que a Igreja Católica, através das CEBs, estava sempre
presente para orientar as lideranças e procurar a melhor forma de encaminhar os problemas
das comunidades, tanto na esfera local como na regional, fato que desagradava muitos
daqueles que não apoiavam o movimento de luta por dias melhores na comunidade.
Os líderes da CEB do Pastinhoxxix atuavam na formação das lideranças das
comunidades que iam se organizando no município e disseminando a necessidade dos
trabalhadores rurais de possuírem uma instituição que os representasse, visto que as CEBs
tinham seus limites, pois não podiam representá-los em determinados segmentos da
sociedade. As narrativas abaixo expressam a referência que a comunidade do Pastinho tinha
no município:
...era uma referência para o trabalho comunitário, tanto no município e até
mesmo no Vale do Jiquiriçá. Porque foi aqui na Comunidade do Pastinho que
a gente começou a ver as necessidades do povo e pensar em fundar um
sindicato dos trabalhadoresxxx.
A CEB do Pastinho foi a primeira a pensar que era preciso ter alguma
organização que representasse os trabalhadores rurais. Aí surgiu a idéia do
sindicato dos trabalhadores rurais... o sindicato foi um grande instrumento
para o trabalhadorxxxi.
Reportando ainda a Betto (1981), as CEBs, em Mutuípe, atravessam pela terceira
etapa de sua organização, contando com o fortalecimento do movimento sindical; e a
confluência destas três últimas etapas os leva à quarta, caracterizada pelas novas formas de
direcionar as demandas do grupo, através de canais como os partidos políticos de onde
começa a inserção dos seus membros na disputa política partidáriaxxxii.
Até a segunda metade da década de 1980, na paróquia de Mutuípe já existiam
muitas comunidades rurais e assim eram denominadas as CEBs no município. Neste
mesmo período, entre os anos de 1984-86, os estudos sobre o sindicalismo rural foram
sendo intensificados nas CEBs Rurais. Recorda Gil do Sindicato, na sua narrativa, que o
Brasil se encontrava, ainda, na ditadura militar, apesar de algumas aberturas políticas,
contudo experimentavam o medo do poder local que dominava a cidade há mais de 60
anos, impedindo, muitas vezes, a realização do trabalho comunitário.
Nós tínhamos um pouco de receio, porque estávamos em pleno regime
militar, ainda. O poder local não permitia que se usasse uma sala de aula, uma
escola na roça para fazer uma reunião com os trabalhadores; muitas vezes,
éramos obrigados a reunir nas casas das pessoas às escondidas, mas as
pessoas também tinham medo, até mesmo aos domingos, debaixo de uma
árvore. A liberdade de expressão era totalmente proibida, pois os poderosos,
que dominavam o município há mais de 60 anos, não permitiam isso.
A partir desses novos estudos sobre o sindicalismo, as CEBs começaram a
enumerar outros problemas nelas existentes como a falta de crédito agrícola, exploração do
trabalhador rural e falta de aposentadoria. Com o conhecimento da realidade social, os
líderes das CEBs, juntamente com os trabalhadores começaram a articular uma maneira de
mudar a situação, articulando com outros municípios formas de lutas e organizações
trabalhistas.
Porém, no ano 1982 em Mutuípe, foi realizada uma manifestação pela falta de
atendimento médico no município, pois, para as pessoas serem internadas, tinham que
pagar uma taxa no hospital, o qual, muitas vezes, não estava ao alcance dos trabalhadores
rurais, como relata Angelina Reis:
... nesse ano, surgiu uma grande dificuldade. O trabalhador, que fosse se
internar, tinha que pagar uma taxa de mil cruzeiros; muitos não podiam e
algumas mulheres ganhavam neném na porta do hospital ... para uma mulher
rural ter criança, era preciso pagar essa taxa; então tinha uma diferenciação no
tratamento desigual do trabalhador da cidade com o trabalhador do campo.
O discurso de Angelina focaliza que o trabalhador rural era expropriado de alguns
benefícios em relação aos trabalhadores da cidade. Porém, foi nesta perspectiva, que os
trabalhadores rurais foram se organizando nas CEBs e conseguiram eliminar a taxa de
internamento que era cobrada pelo hospital de Mutuípe. Para tanto, foi necessário trazer ao
município o Superintendente do INAMPSxxxiii(Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social), além de participar de audiência com os representantes do Ministério da
Previdência e Assistência Social.
Assim, foram-se criando as bases para a Fundação do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais. Processo demorado e cheio de interferências políticasxxxiv. Entretanto, no dia 10 de
agosto do ano de 1986, foi fundado o (STR) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Mutuípe pelos próprios trabalhadores, em manifestação pública, no centro da cidade, como
recorda Angelina Reis: “foi a primeira manifestação pública em Mutuípe pelos
trabalhadores”. A partir desse momento, as mobilizações populares em todas as
Comunidades Rurais iam aumentando, surgindo novas associações comunitárias que
atuavam nas localidades e que terminavam por tornando mais visível o movimento sindical.
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutuípe, além das interferências do poder
político local, passou por sérias dificuldades no que se refere à estrutura física, bem como o
seu reconhecimento a nível nacional. Até o ano de 1988, os Sindicatos eram atrelados ao
Estado, o qual estabelecia normas e regulamentos como, por exemplo, estatuto padrão
expedido pelo Ministério do Trabalho. Com a promulgação da Constituição Cidadã (1988),
é aprovado o princípio da liberdade e autonomia sindical. Este fato proporcionou maior
abertura e credibilidade ao Sindicato para empreender suas lutas e para definir com
características locais seu Estatuto Social. Com isto, o STR de Mutuípe obteve do Ministério
do Trabalho a Carta Sindical que homologava o Estatuto, reconhecendo como órgão
representativo da categoria profissional -Trabalhador Rural - integrando ao Plano da
Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) em março de 1988xxxv. Os
Artigos 1º e 2º do Estatuto Social do STR fixam suas bases territoriais e sua categoria
profissional:
Art. 1º. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutuípe é um órgão classista de
massa, autônomo e democrático, constituído para fins de defesa e representação
legal da categoria profissional dos trabalhadores rurais na base territorial de
Mutuípe.
Art. 2º. A representação da categoria profissional abrange os assalariados na
lavoura, na pecuária e similares e na produção extrativa rural, bem como os
trabalhadores rurais autônomos e sobre qualquer forma de parceria, os pequenos
produtores rurais, ou ocupantes de terras a qualquer título habitual ou regular,
aposentados e pensionistas rurais.
Para o fortalecimento do movimento sindical, e superação de tais dificuldades, os
diretores do Sindicato e os líderes das CEBs continuavam realizando o trabalho de
sindicalização e atendimento ao trabalhador rural de forma voluntária, como se pode
observar nas narrativas de Manoel Martins, ex-presidente do STR: “fazia de coração o
trabalho, tirava dois dias do meu trabalho para atuar no sindicato...” e como confirma
Beatriz Evangelistaxxxvi: “participo dos encontros e das assembléias do Sindicato e gostaria
de fazer muito mais, só que minhas tarefas são grandes.” Além dessas atividades, era
realizada formação de equipes de estudos que faziam trabalho de base nas Comunidades
Rurais sobre o sindicalismo.
De início, o número de associados ao STR foi bastante elevado, pois os
trabalhadores associavam-se na intenção de viabilizar o cartão do INAMPS, fato que
tornava a instituição de caráter mais assistencialista do que reivindicatório. Registra-se,
portanto, até o ano de 2000, um número de 1900 associados. Todavia, em média, apenas
250 sócios contribuíam com a mensalidade sindical; fator que dificultava uma maior
autonomia econômica do Sindicato. O processo de sindicalização ocorreu a partir dos
líderes das CEBs, que ‘conscientizavam’ o trabalhador a filiar-se a um órgão
verdadeiramente representativo da classe, conforme relato de Gil do Sindicato:
...mostrávamos aos trabalhadores que, através do STR, podíamos
encaminhar aposentadoria rural e os projetos do PRONAF, além do
acompanhamento aos trabalhadores nas questões trabalhistas.
Dessa forma, as reivindicações realizadas pela classe trabalhadora foram se tornando
políticas públicas e o STR de Mutuípe passou a expedir declarações para os trabalhadores
que estavam para se aposentar, além de outras questões referentes às causas trabalhistas no
município. Entre os anos de 1980 a 2000, o STR de Mutuípe atuou de forma mais intensa
desenvolvendo trabalhos significativos no campo social e político. Observa-se, portanto,
que as CEBs alteraram profundamente a atuação da Igreja Católica em Mutuípe, bemo
como em toda diocese de Amargosa, momento marcado por uma experiência inovadora,
plural e empenhada com as causas sociais.
i
COMPÊNDIO DO VATICANO II, 1968.
O Documento 25 da CNBB destaca as CEBs não como movimento, mas como uma “nova forma de ser
Igreja.”
iii
A Teologia da Libertação foi criada na década de 1960 e teve grande expansão e atuação na década de
1970, com sua ação voltada em favor do povo excluído.
iv
Essa expressão é utilizada pelo documento 25 do qual a CNBB dá seu reconhecimento e imprime suas
orientações às CEBs, em 1982.
v
Secretariado Diocesano de Pastoral de Amargosa - Bahia. Arquivo 3, p 1-6.
ii
vi
Idem.
A CNBB foi criada em 1952, idealizada pelo Monsenhor Helder Câmara. A criação da CNBB foi muito
importante para o povo nordestino, pois a maioria dos bispos pertencia ao Nordeste ou atuava no nordeste.
viii
Angelina Reis é professora do Ensino Fundamental e líder da Comunidade do Pastinho.
ix
Francisquinha Macedo é professora e animadora da Comunidade do Pastinho.
x
Angelina Reis.
xi
D. João Nilton dos Santos, atual Bispo Diocesano.
xii
Tanto a Teologia da Libertação quanto a Educação Popular incorporaram o conhecido método
utilizado pela Ação Católica Brasileira – ver-julgar-agir – e ajudaram a entender as causas da pobreza, da
miséria e da exclusão social. Com a apropriação da pedagogia libertadora que valoriza o diálogo, a
participação e a práxis houve um avanço significativo no processo de capacitação cidadã e empoderamento
popular. MESTERS C, OROFINO F, Sobre a Leitura Popular da Bíblia, disponível
em:http://ar.geocities.com/rebilac_coordcont/mesters_orofino, acesso em: 27 julho 2010.
xiii
Segundo ALBERTI, “o modo de pensar hermenêutico, que não se resume obviamente à filosofia de
Dilthey, consiste em valorizar o movimento de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo e em
acreditar que as coisas (o passado, os sonhos, os textos, por exemplo) têm um sentido latente, ou profundo, a
que se chega pela interpretação. Ver, a respeito da hermenêutica e de Dilthey, Alberti, Verena. “A existência
na história: revelações e riscos da hermenêutica”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, CPDOC-FGV, v.9,
n.17, 1996, p.31-57 (disponível para download no Portal do CPDOC: www.cpdoc.fgv.br).
xiv
Idem
xv
D. João Nilton Bispo Diocesano.
xvi
Miralva Helena Agente Comunitária de Saúde
xvii
Gil do Sindicato, vereador.
xviii
Angelina Reis
xix
D. João Nilton, Bispo Diocesano
xx
CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: as artes de fazer. Petrópolis: vozes, 1994.
xxi
FREMONT, Armand. A Região, Espaço Vivido. 1980.
xxii
Frei Betto: O que é Comunidade Eclesial de Base. 2a edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981.
xxiii
Erasmo Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
xxiv
PETRINI, p. 90
xxv
Francisquinha Macedo líder de comunidade.
xxvi
Angelina Reis
xxvii
Francisquinha Macedo.
xxviii
Miralva Helena
xxix
Esta Comunidade foi a primeira a se organizar com características de uma CEB.
xxx
Miralva Helena
xxxi
Gil do Sindicato
xxxii
No ano de 1992 é leito como vereador Gil do Sindicato pelo o Movimento Sindical e pelas as CEBs.
xxxiii
O INAMPS foi criado pelo regime militar em 1974 pelo desmembramento do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); era uma autarquia
filiada ao Ministério da Previdência e Assistência Social (hoje Ministério da Previdência Social), e tinha a
finalidade de prestar atendimento médico aos que contribuíam com a previdência social, ou seja, aos
empregados de carteira assinada. O INAMPS dispunha de estabelecimentos próprios, mas a maior parte do
atendimento era realizado pela iniciativa privada; os convênios estabeleciam a remuneração por procedimento
xxxiv
Angelina Reis recorda que “uma vereadora neste período foi até a FETAG e pegou o Estatuto do
Sindicato para ela fundar o sindicato. Quando ficamos sabendo desse fato, Francisquinha foi até a casa dessa
vereadora e pegou o Estatuto”
xxxv
Arquivo do STR.
xxxvi
Líder da Comunidade Serra da Esperança.
vii
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Armando Boito (org.), O sindicalismo brasileiro os anos oitenta, Rio de Janeiro, Paz e
Terra.
O Movimento Social dos Estudantes Católicos na Bahia dos anos
60
María de Fátima di Gregorio
1 Introdução
Antes de falar sobre o movimento social dos estudantes católicos na Bahia nos anos 60,
torna-se mais pertinente a apresentação de alguns conceitos sobre o que se constitui o
fenômeno chamado de movimento social. Sob a óptica de Touraine (1978) “movimentos
sociais podem ser conceituados como ações coletivas associadas à luta por interesses,
associados à organização social, a mudanças na esfera social e cultural, sendo fruto de uma
vontade coletiva”. Eles falam de si próprios como agentes de liberdade, de igualdade, de
justiça social ou de nacionalismo, ou ainda como se apela na modernidade a liberação de
forças novas, num mundo repleto de tradições, preconceitos e privilégios a determinados
grupos. Os movimentos, não seriam grupos de heróis, acontecimentos isolados, mas parte
do sistema de forças sociais da sociedade, disputando a direção de seu campo cultural. Ao
mesmo tempo, Touraine assinalou que certamente essa movimentação é normalmente
realizada contra opositores, que resistem aos embates de mudanças. Na compreensão de
Gohn (1997) Touraine lembra que os movimentos são as forças centrais da sociedade por
serem sua trama, o seu coração. Suas lutas não são elementos de recusa, marginais à ordem,
mas ao contrário, de reposição da ordem. Ele chegou a postular que a sociologia
contemporânea seria o estudo dos movimentos sociais, pois tratar-se-ia de um objeto de
análise que traz o ator social de volta. (TOURAINE, 1997, p145).
Touraine percebe um movimento social como resultado de ações conflitantes de agentes
das classes sociais, quando estes lutam com garra pelo controle do sistema com ação que
marca a história. Estas ações implicam num conjunto de influências em determinada prática
social, produzindo a sociedade por si mesma, e esta sociedade se mostra através da luta
entre classes, visando controle. Por esta razão, os movimentos sociais acontecem dentro de
contextos contraditórios pela manutenção de uma proposta que passe a direcionar a
sociedade. Nessa perspectiva, os movimentos sociais são forças centrais que lutam contra
outras forças com intenção de repensar a sociedade, controlando sua produção, criando
direção da historia. E para um movimento se caracterizar como social torna-se necessário
que ele seja ou uma luta embates, contradições e objetivos em comum.
2 Identidades e práticas sociais de grupos
O caráter propriamente propositivo dos movimentos sociais se amplia na medida em que
estudos contribuem para as análises de práticas e identidades contraditórias ou não. Castells
(1997, p 78), pensando a questão, mostra que a influência de vários fatores geram
movimentos em grupos reconduzindo o proceso de construção identitária das pessoas ou
mesmo dos grupos, pois as identidades são construidas nessas relações. Para Castells,
movimentos sociais são sistemas de práticas sociais que controvertem a ordem estabelecida
a partir das contradições específicas. Assim sendo, as contradições inseridas na luta pela
transformação estrutural de um sistema não seriam para o autor, condição para que o
movimento se caracterize como um movimento social, mas sim o estabelecimento de uma
meta coletiva para o teor de sua luta.
Na opinião de Tarrow (1994), os movimentos sociais se mostram como reflexo de
expansões de atividades políticas que eclodiram a partir do século XIX, movimentações
que defendiam interesses próprios e com intuito de provocar mudanças em instituições
poderosas.
Citadas as definições, analisa-se neste texto como os estudantes católicos na Bahia dos anos
60 se movimentaram de forma critica nesse contexto contraditório de uma política externa e
interna que exigiam enfrentamentos políticos. Período de uma historiografia de promessas
reformistas do Governo de João Goulart e conflitos entre grupos conservadores e
reformistas, ao passo em que a contracultura pairava sob forma de protesto pelo mundo,
fomentando em jovens, sonhos por uma possível mudança na sociedade brasileira.
Considera-se aqui que o movimento dos estudantes católicos na Bahia, cumpriu com um
papel transformador e educativo na sociedade brasileira, pois foram eles que ao lado de
outros grupos de esquerda nacional, impulsionaram e acabaram provocando rupturas junto
a setores tradicionais que concentravam e manipulavam riquezas no país. Por esta razão, o
Golpe de 1964 mostrou-se como uma reação de grupos conservadores contra a possível
ascensão de setores populares tais como os estudantes, operários e independentes que
lutavam em prol das anunciadas reformas brasileiras. Compreende-se que toda essa
hierarquia e os interesses de grupos dominantes não acordavam com a esquerda do país,
especialmente com a católica, mentora de muitas discussões. O entrevistado P conta que:
Éramos vistos como comunistas e perigosos e de certa forma as pessoas sempre nos diziam
piadinhas na faculdade, nas ruas e meus pais ficavam muito apreensivos pelos meus irmãos
que também sofriam humilhações pelos colegas.
Vista por muitos como uma esquerda disfuncional, desarticulada, os estudantes leigos
católicos eram sonhadores, inicialmente presos aos princípios de ações ligadas à Igreja
Católica, pois eran leigos de ação religiosa que adentraram nesse movimento diante dos
impasses de uma sociedade em crise. Compreende-se que os estudantes universitários
católicos faziam parte de um amplo movimento cristão que se inicia no após II Guerra
Mundial, mas que já vinha tomando corpo desde a crise mundial de 1929 atuando como um
catalisador das contradições entre a burguesia ligada ao complexo cafeeiro e as camadas
desfavorecidas. E a partir da segunda metade da década de 1950, o movimiento social vai
ganando forças com as ações mais especializadas.
O contexto no qual surge o movimento dos estudantes católicos é o da Igreja Católica
renovada, quando esta reage contrariamente às injustiças sociais, captando leigos para suas
ações. No entanto, com a chegada do Partido Comunista Brasileiro nos anos 20, a Igreja
reage, principalmente, porque poderia perder a legitimidade da condição de avalista moral
do grupo. A política nacionalista, o capitalismo desenfreado, os setores de esquerda não
tinham maturidade e experiência política para afrontar grupos hierarquicos e
manipuladores, considerando-se a idade e a própria utopía que pairava nos anos 60.
Em entrevista realizada com o depoente J, ele conta:
Os jovens não tinham medo, mas o golpe pegou todos nós de surpresa. Os jovens pulavam
cercas, saltavam janelas altas quando havia estouro em residências e conversavam sobre
direitos políticos, alegando necessidade de mudança para o povo brasileiro, mas o clima
piorou com a pressão civil e militar. A política e a economia pegavam fogo e nós também.
Fomos tão perseguidos nesses estouros em casa que hoje penso que nem teria tanta garra
para fazer o que fazíamos nesses anos de revolução.
Como se percebe nesta fala, a coragem era marca desses jovens, mas o receio aos meios de
repressão eram marcantes. A praxis estava voltada para a inserção em debates nos ámbitos
da Igreja e na Universidade. O teor político denunciava as desigualdades sociais gritantes
no Brasil, a dissolução das formas abusivas de poder, os diálogos inexistentes entre Estado
e população, pensavam os direitos sociais,enfim, buscavam uma nova sociedade. No
entanto, essa prática ainda necessitavam de articulação, de poder decisório, de novas
formas de luta.
3 Identidades construídas entre a militancia católica e a utopía universitária
Os jovens atuavam entre os contextos da Igreja Católica e da Universidade. De início eram
leigos articulados a serviço da messe cristã, com identidade religiosa, organizando-se
políticamente na Universidade para lidar com a luta mais radicalizada. Em sua origen , o
grupo era híbrido entre Igreja e Universidade.
Ricoeur (1986, p. 49) diz que “a utopia que reinava nesses anos era promotora de uma
imaginação produtiva, que não se movimenta de forma meramente crítica, mas histórica”.
A utopia é a maneira pela qual repensamos radicalmente a natureza da família, do consumo,
da autoridade, da religião, etc., a fantasia de uma sociedade alternativa e a sua
exteriorização “nenhures”, que atua como uma das mais formidáveis contestações do que
existe. A utopia atua não só desreificando as nossas relações presentes como apontando as
possibilidades que podem ainda vir a ser nossas. (RICOEUR, 1986, p. 49).
Utopia que, de certa forma, veio também contribuir para a construção da identidade
nacional do grupo que eclodia com novos ideais de luta no país, resultado de contradições e
conflitos nas relações de trabalho. Os estudantes católicos, movidos pela utopia desses
anos, se mostraram fortes no enfrentamento político, mas fracos em articulação e
organização de luta. Para Ricoeur (1986, p. 449), “as utopias são efluxos de um estrato
social não só por estarem inseridas num desejo dominante e no contexto em que se analisa”.
Conclui-se que nesse contexto, o grupo construiu suas identidades na práxis advinda de
teorias e práticas inseridas no contexto brasileiro de lutas entre grupos que se enfrentaram e
pensaram formas de intervenção na política nacional. Contudo, pode-se considerar que, em
todas as suas formas de participação e domínio, o grupo não teve força para resistir aos
grupos hegemônicos, se debatendo entre o ideário e a realidade brasileira. Lutaram em ruas,
universidade e meios rurais, mas faltou a legalidade de um plano para o enfrentamento do
lado oposto.
Em frente a essa exposição, na década de 1960 a luta estava entre os ideários de setores
conservadores e a força estudantil que fortemente atuava no Brasil, especialmente na
Universidade da Bahia, causando embates com grupos conservadores que temiam a
implantação da ideologia comunista e perda de sua hierarquia. Ideologia presente nos
grupos de empresários ligados às multinacionais, nos latifundiários e em parte dos oficiais
das Forças Armadas vinculados a grupos burgueses, e também na Igreja conservadora,
grupos que se uniram em consenso ideológico pela defesa do status quo. Desse modo,
quando esses momentos ideológicos utópicos de mudança perderam força de consenso
integrador, a utopia enfraqueceu, a ideologia se fez presente nos grupos que se enfrentaram,
instaurando conflitos.
Todavia, Gorender (1987, p. 42 - 43) defende a idéia de que esses grupos tinham
ideologicamente um paradoxo que resultou na própria abertura para o Golpe de 1964. A
esse respeito pensa-se em resistência e ao mesmo tempo em circularidade de ideologias e
isso se torna interessante, quando a história se mostra em seus princípios. Com toda essa
expressão do movimento, porque a esquerda católica juntamente com os grupos congêneres
de atuação não reagiu ao Golpe? Teriam um plano de resistência ou nada poderia ser feito?
O período 1960-1964 marca o ponto mais alto das lutas dos trabalhadores brasileiros neste
século XX. O auge da luta de classes, em que se pôs em xeque a estabilidade institucional
da ordem burguesa sob os aspectos do direito de propriedade e da força coercitiva do
Estado. Nos primeiros meses de 1964, esboçou-se uma situação pré-revolucionária e o
golpe direitista se definiu, por isso mesmo, pelo caráter contra-revolucionário preventivo. A
classe dominante e o imperialismo tinham sobradas razões para agir antes que o caldo
entornasse. (GORENDER: 1999, p. 44).
Fortes lutas ideológicas, esquerda católica não articulada, militares com decisões rápidas. O
autor compreende duas linhas interpretativas para o Golpe: a do papel determinante do
estágio em que estava o capitalismo nacional e a de caráter preventivo dessas ações, numa
espécie de conspiração desarticulada, tendo em vista as constantes ameaças revolucionárias
no país.
Na mesma linha de pensamento de choques e articulações entre grupos, Daniel Aarão Reis
Filho apresenta a ideia de golpe e de medo das reformas em vários segmentos nacionais,
que juntos se aliaram ao não ao estabelecimento de uma nova ordem.
Sentiam obscuramente que um processo radical de redistribuição de riquezas e poder na
sociedade brasileira, em cuja direção apontava o movimento reformista, iria atingir suas
posições, rebaixando-as. E nutriam um grande medo de que viria um tempo de desordem e
de caos. (REIS FILHO, 2002, p. 27). Admitem-se paradoxos entre grupos de latifundiários,
empresários, industriais, comerciantes, políticos, Igreja Católica magistrados e da classe
média junto a outros setores. Consensos que vieram para reforçar a hegemonia do capital
internacional no bloco do poder, e asseverar a ideia de um golpe, e isso só foi possível
graças ao caráter amplo e heterogêneo da frente social e política atuante nesses anos no
cenário brasileiro. Golpe imposto pelo apoio de parte da população civil e militar, partidos
em oposição ao governo (REIS FILHO, 2002, p 22-27).
4 O Golpe como movimento político civil-militar na memória nacional
Vindo a partir de uma tomada de decisão desses grupos conservadores, o Golpe de 1964 foi
um movimento político civil-militar que marcou a memória nacional, sendo deflagrado pelo
temor ao expansionismo comunista, com a finalidade de manutenção de grupos
dominantes, de conservação do capital estrangeiro na administração do país. Visava ainda a
manutenção de um regime de exceção e privilégios, com descarte de um Governo de
esquerda que anunciava medidas reformistas. A implantação de um freio às transformações
do Governo Goulart e os movimentos sociais levaram ao colapso do populismo brasileiro.
Era esse, inevitavelmente, o desfecho, o golpe, pelas esquerdas ou pelas direitas.
A rápida vitória do grupo de civis e militares apanhou desprevenidas as organizações de
esquerda e os estudantes universitários católicos não tinham plano estratégico para a
resistência. A surpresa da força do Golpe, a derrota de seu ideário foram experiências
dolorosas e desagregadoras do grupo e o momento exigia uma reflexão crítica sobre as
bases sociais e históricas do desenlace inesperado. E porque a esquerda unida e reconhecida
como “Frente Única” não reagiu articulada? A nova situação impunha os programas, as
estratégias, as táticas, os métodos de trabalho civil militar, as anunciadas lutas em grupo, o
posicionamento das esquerdas acabou reorganizando as bases militares, mas a esquerda não
tinha estrategicamente construído um plano de resistência, o que leva a crer que a ideologia
se misturou com a utopia e as falsas promessas do Governo de Goulart osfucaram o ideário.
E assim, o Golpe foi resultado de rápidas e fortes articulações conservadoras reagindo
contra o reformismo nacionalista.
Essa incapacidade de conciliação e diálogo entre instituições seculares como Estado e
Igreja Católica, entre grupos hegemônicos e classes populares, foi desenvolvendo um
quadro de crises que passaram a definir a política nacional de incapaz.
As instituições políticas pareciam incapazes de conciliar os interesses dominantes e
canalizar em ordem as pressões e a insatisfação dos dominados. O Parlamentarismo, em
vigor desde setembro de 1961, arrastou-se, enquanto durou, por uma sucessão de crises.
(REIS FILHO, 1985, p. 21). Os estudantes católicos estavam divididos diante das
reivindicações do grupo de Ação Popular criado em 1962, a Igreja Católica e as tentativas
de reorganização política do país. Enquanto movimento social de grande voz em defesa da
Democracia, o grupo ficou emperrado, renitente, incômodo a grupos manipuladores. O
Golpe de 1964 encontrou um país em confronto, mas propicio para se instaurar. A estrutura
comprometida, os boatos da chegada do Comunismo, a expressão de interrupção de uma
proposta reformista de Goulart, o descontentamento de setores mais conservadores da
sociedade, as oligarquias agrário-exportadoras sendo ameaçadas, as forças sociais
populares eclodindo, especialmente os estudantes universitários católico resultou no Golpe.
O contato entre estudantes e setores conservadores gerou forte impacto para o clima
golpista. Não haviam negociações e consenso entre eles e a nova militar política de Estado
e o projeto das ações conservadoras não abriam campo para o diálogo. Ora, o fracasso das
comissões de negociação como as da Igreja, tornava os projetos eram inconciliáveis
gerando descontentamento. Um outro aspecto está na ideia do despreparo dos cidadãos
brasileiros para escolha de seus líderes, a inabilidade da juventude em lidar com a política
advinda do coronelismo e à incapacidade do Governo Goulart de lidar com o verdadeiro
sentido da Democracia, além da demora de decisão.
Ora, as crises políticas no país vieram a partir de uma série de acontecimentos e ações que
endossaram a investidura militar e essas ações estavam ligadas não só ao receio de quebra
de hierarquia, mas pelo medo da chegada do Comunismo, que era visto como uma
ideologia vermelha perigosa às famílias. O golpe civil militar e a derrotada sem resistência
das forças ditas progressistas em 1964 marcaram profundamente os partidos e movimentos
de esquerda brasileiros. Era momento de paralisia decisória2 e a mobilização das massas
via populista foi a prova de que o conflito tornou-se irresoluto. Mas, com a adesão de
muitos grupos conservadores aos golpistas, as relações entre comunistas e estudantes eram
marcadas, ora por diálogos que os aproximava no mesmo campo de lutas, ora por disputas
pela atuação estudantil que era vigiada.
2 Entende-se aqui por “paralisia decisória” a situação limite de incompatibilidade das ações
e desejos do governo perante o Congresso e vice-versa.
Figuravam nesses anos, políticos como Magalhães Pinto e Carlos Lacerda considerados
chefes civis politicamente manipuladores e que acabariam fortemente envolvidos na
conspiração golpista e apoio direto aos militares. No entanto, se o Golpe de 1964 parecia
passar despercebido pelo Presidente Goulart e seus aliados, concretamente as articulações
já vinham sendo preparadas por anos a fio. Os militares foram aqueles que, inseridos nesses
grupos burgueses, acabaram levantando a bandeira de guerra no país, impulsionados
ideologicamente pelo objetivo de restaurar a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas e
bloquear a implantação do Comunismo no país pela subversão da ordem. Tarefa que estava
subjacente em seus princípios.
A linha de pensamento do marxista Moraes (2001) compreende que o que aconteceu em
março-abril de 1964 foi um golpe reacionário da direita, dos quais os militares constituíram
o instrumento decisivo para descartar uma possível revolução no país.
Por que o golpe? Devido às restrições da aliança de classes que estava no poder e ao
deslocamento que, nessa aliança, algumas sofrem em detrimento de outras. A burguesia
estava sendo deslocada, pelo próprio processo da expansão capitalista, de seu lugar central;
ela não era mais a única detentora de um poder de classe dominante, senão que, devido ao
crescimento e à recepção dos capitais internacionais, aquele lugar estava sendo ocupado por
outro autor [...]. Evidentemente, a burguesia não desapareceu, mas perdeu importância; ou
melhor, exclusivamente; compete, então, com a burguesia internacional no comando da
economia nacional. (MORAES, 2001, p. 26-28).
Os militares apenas tomaram a decisão em nome de grupos reacionários da direita que já
vinham desenvolvendo articulações. Então, para o autor, o Golpe veio a partir de uma
política externa que havia se aliado à interna, o qual vinha perdendo valor no Governo
populista, cabendo a ação aos militares, numa fase em que havia certo esgotamento
econômico que afetava a burguesia. Os socialistas se batem resolutamente pela
Democracia; não de forma abstrata. Lutavam os grupos de esquerda por uma Democracia
de maioria, com liberdade e igualdade social, e um Estado sob controle popular.
A Democracia é um valor no processo da construção de oportunidades iguais - uma forma
política e social a ser permanentemente transformada e aperfeiçoada.
5 Considerações Finais
Como os estudantes universitarios católicos como se posicionaram nessa luta? O
desencadeamento do Golpe de 1964 foi forte e efetuado rapidamente por falta de resistência
face à presença dos militares que encontraram na população civil uma apatia,
desarticulando todos e a falta de um plano de estratégias de ações e resistência, caso fossem
atacados não estava esboçado. O Golpe foi forte pela ideologia, rápido porque não
encontrou resistência que teria sido suficiente, e fácil porque se instaurou sem resistências
significativas.
Contudo, à primeira vista, pode-se pensar que eles não resistiram, mas a questão era muito
mais ampla: o momento histórico no contexto do país, o exercício da Democracia. A práxis
foi desvelando a conspiração e configurando sua identidade de manutenção da “dita
ordem”.
Como conseqüência de toda essa(s) trama(s) e contexto(s), a(s) ideologia(s) movida(s) pela
utopia desses jovens foi definindo e instigando pouco a pouco o jogo de intrigas, revelando
perdedores e ganhadores. Jogo que marcou o país mostrando a transição efetiva de modelos
econômicos, culturais associados, implicando na combinação e reagrupamento de grupos
hegemônicos (políticos, militares, tecnocratas, empresários, burgueses e outros) que
pretendiam conservar a cultura de dependência.
A pesquisa mostrou que os estudantes católicos formaram um grupo bastante significativo
nos anos 60, com identidade constituída entre a militância sociorreligiosa concebida no
contexto renovado da Igreja − o da Neocristandade e da Universidade – que lhe confere
uma identidade nacional ao lado de grupos atuantes no país, criando clima de conflitos e
embates que resignificam sua práxis e identidade(s) . Forças que continuam no poder,
embora com outra roupagem, mas que ainda ditam ordens num regime capitalista, onde o
sonho de uma sociedade mais igualitária ficou nas memórias de um passado, embora
recente.
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Conflictos ambientales en territorios indígenas y nuevas formas
de acción colectiva
Marcela Herrera Vergara
El trabajo que se presenta enfrenta los conflictos ambientales como conflictos
sociopolíticos e indaga en las nuevas formas de acción colectiva que allí se construyen y se
diferencian específicamente cuando estos conflictos se desencadenan en territorios
indígenas.
Interesa desentrañar la especificidad de la acción política que se desencadena tras el
conflicto, dilucidando formas tradicionales de acción como las emergentes. En este sentido,
se torna relevante el proceso de globalización e imbricamiento de redes sociales que
articulan los espacios locales y supralocales más allá del territorio indígena local.
Para esclarecer esta indagación centraremos la mirada en el caso originado por la
instalación de la planta celulosa Valdivia de la empresa Arauco y Constitución, CELCO. El
detenimiento en este caso nos permitirá comprender el fenómeno desde perspectivas
teóricas que nos resitúan en el vínculo política y sociedad y desde ese horizonte posibilitan
nuestra lectura sobre la acción colectiva y los movimientos sociales en el que se instala el
fenómeno. Este posicionamiento teórico permitirá finalmente dialogar con las
conceptualizaciones predominantes en torno a los conflictos ambientales.
I. Sociedad y política.
Es de interés como punto de partida de la exposición enfatizar a la luz del contexto
histórico actual y bajo el cual se insertan los conflictos que abordamos, la relevancia que
adquiere la política en la constitución de la vida social de los individuos que los alcanzan en
su cotidianidad. Esta preocupación no es casual, diversos autores desde distintos
posicionamientos han relevado el vínculo tras las tendencias teóricas que referían a un pos
y/o despolitización de la sociedad. Por cierto que aquello plantea una redefinición de lo
social. Precisamente, Rosanvallon nos sitúa en la política en la era de la desconfianza en las
sociedades democráticas. Esta desconfianza generalizada que refiere el autor es política, se
expresa y se organiza de diversas formas. Distingue tres modalidades: los poderes de
control, las formas de obstrucción, y la puesta a prueba a través del juicio.
Estos tres contrapoderes llevan a lo que este autor denomina contrademocracia, “es una
democracia que se contrapone a la otra, es la democracia de los poderes indirectos,
diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la
democracia de la legitimidad electoral. Rosanvallon es claro en señalar que no nos
encontramos en una era de apatía política y que la idea de un creciente repliegue sobre la
esfera privada no tiene fundamento, y que conviene hablar más bien de mutación que de
declinación de la ciudadanía. Observa que se han diversificado los repertorios de la
expresión política, más allá del ejercicio electoral y que refieren a los poderes indirectos.
Se considera fundamental además, en este relevamiento de la política en lo social, destacar
la preeminencia del conflicto en tanto efecto desatador de la acción colectiva. Para ello
destacamos los planteamientos de Mouffe (2007). Para esta autora existe la imposibilidad
de erradicar la dimensión conflictual de la vida social, lejos de socavar el proyecto
democrático es la condición necesaria para comprender el desafío al cual se enfrenta la
política democrática.
Señala Mouffe que los conflictos ya no derivan únicamente hacia el consenso forzado o el
enfrentamiento violento, sino que se “gestionan” a través de relaciones entre “adversarios”
que comparten ciertos espacios simbólicos, aquello refiere a la existencia de un modo
agonista de la relación conflictual.
II. Aproximaciones sobre Acción colectiva.
Por cierto esta imagen del adversario adquiere particular sentido cuando nos situamos en la
problemática de la acción colectiva y ahora instalada en la contrademocracia.
Tourraine (1995) señalaba precisamente que además de los principios de identidad y de
totalidad que caracterizan a la acción colectiva, desde su perspectiva, aquella conducida
hacia un movimiento social era precisamente, el principio de oposición: Un movimiento no
se organiza más que si puede nombrar a su adversario, pero su acción no presupone esta
identificación. El conflicto hace surgir al adversario, forma la conciencia de los actores en
presencia. (Tourraine, 1995:251).
Nos detendremos en Melucci (2002) autor que señala que las formas contemporáneas de
acción colectiva son múltiples y diversas, y descansan en varios niveles del sistema social.
Por lo tanto, afirma, ‘’debemos comenzar por distinguir entre el campo del conflicto y los
actores que sacan a la luz tal conflicto. Dado que los actores no son inherentemente
conflictivos, la naturaleza de la acción es temporal, puede involucrar a diferentes actores y
desplazarse entre varios ámbitos de sistema. Tal multiplicidad y variabilidad de actores
hacen más explícita la pluralidad de significados analíticos que están contenidos en el
mismo acontecimiento o fenómeno colectivo al cual suele atribuírsele una unidad cuasi
sustancial, cuando en realidad en el resultado temporal de un campo múltiple de fuerzas y
de procesos analíticos diferentes” (Melucci, 2002: 12).
Por otro lado, los conflictos sociales contemporáneos no son solo políticos, pues afectan la
producción cultural del sistema. Salen de esta manera del tradicional sistema económicoindustrial hacia las áreas culturales: afectan la identidad social, el tiempo y el espacio en la
vida cotidiana; la motivación y los patrones culturales de la acción individual.
Además, los actores de los conflictos son cada vez más temporales y su función es revelar
los problemas, anunciar a la sociedad que existe un problema fundamental en un área dada.
Tienen una creciente función simbólica, tal vez podría hablarse de una función profética.
Son una especie de nuevos medios de comunicación social... No luchas meramente por
bienes materiales o para aumentar su participación en el sistema. Luchan por proyectos
simbólicos y culturales, por un significado y orientación diferentes de acción social.
(Melucci, 2002:70)
Melucci utiliza de manera provisional un nuevo concepto red de movimiento para cubrir la
ausencia de definiciones más satisfactorias. Afirma que los movimientos sociales están
cambiando sus formas organizacionales que están volviéndose completamente diferentes de
las organizaciones políticas tradicionales. Además están adquiriendo autonomía creciente
en relación con los sistemas políticos se crea un espacio propio para la acción colectiva en
las sociedades complejas como un subsistema específico. Hoy la situación normal del
movimiento es ser una red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana que exige que
las personas se involucren en la experimentación y en la práctica de la innovación cultural.
Las redes de movimiento tendrían las siguientes características: a) propician la asociación
múltiple; b) la militancia es solo parcial y de corta duración y c) el desarrollo personal y la
solidaridad afectiva se requieren como una condición para la participación en muchos
grupos. Este no es un fenómeno temporal, sino una alteración morfológica en la estructura
de acción colectiva.
Como veremos estas conceptualizaciones adquieren total sentido al abordar la acción
colectiva en los conflictos ambientales.
III. Los conflictos ambientales. El caso de la Planta de Celulosa Valdivia.
Como punto de partida, es importante enfatizar que nuestra mirada se dirige en particular
hacia aquellos conflictos que son provocados por la instalación y funcionamiento de
proyectos de desarrollo, de origen predominantemente privado y transnacional. Estos
conflictos se suscitan mayoritariamente en territorios de pueblos indígenas, porque es en
aquellos donde se encuentran los recursos de mayor demanda por el capital de inversión:
mineros, forestales e hídricos.
Como bien define Sabatini (1997) son conflictos ambientales que giran en torno a la
distribución de las denominadas externalidades o efectos externos derivados de cambios en
el uso del suelo es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en el lugar. En este
sentido, el autor hace la diferencia con aquellas disputas causadas por el acceso y control de
los recursos del medio ambiente especialmente de la tierra, pero también de las aguas, los
minerales y otros. Ambos conflictos son distributivos, pero, mientras unos dependen de las
dificultades para que las externalidades sean asumidas por quienes la generan, los otros
dependen de la dificultad para definir la propiedad sobre los recursos. (Sabatini, 1997:52).
Ahora, como veremos, llevados a territorio indígena, estas modalidades de controversia, se
pueden presentar de manera simultánea, y también en forma mixta. Dado que el problema
central no deja de ser la accesibilidad a los recursos naturales, aún cuando el conflicto sea
también por los impactos que generan los proyectos de inversión.
El conflicto ambiental provocado por la instalación de la planta de celulosa Valdivia surge
en principio por la valoración a los impactos ambientales que eminentemente puede
provocar la planta productora de celulosa (Planta Valdivia) de la Empresa Celulosa Arauco
y Constitución, CELCO y en particular, una fase productiva, como es la descarga de sus
residuos industriales. Autores que han analizado este caso, Sabatini, Sepúlveda y Blanco
(2000) señalan el inicio de la controversia en junio de 1995 tras la presentación de CELCO
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. A partir de este hito se generaría la
oposición entre actoresxxxvi.
Para dar cuenta del curso seguido en este caso de conflicto, se distinguen cinco etapas que
refieren a la configuración diferencial de actores en cada una de ellas. Queremos relevar en
este sentido, el campo del conflicto a través del relacionamiento entre actores.
Precisamente, hablaremos de bloques para dar cuenta del conjunto de actores que se
diferencian en consideración a su posición frente al proyecto. Cada uno de estos bloques
construyes sus propias redes y articulacionesxxxvi. Lo significativo de este enfoque es que
nos permite abordar el campo del conflicto y no remitirnos solamente a un actor social
particular.
Abordamos un conflicto ambiental que se ha prolongado por más de 15 años –aún no
acaba. A lo largo de su desarrollo, los actores y más aún sus redes se mueven y se
transforman primero en relación a la localización del conflicto que se ha desplazado entre
dos localidades, Río Cruces (Santuario Cisnes) y Caleta Mehuín (ducto al mar), y siempre
en consideración a la descarga de residuos de la planta de celulosa Valdivia. Este
desplazamiento de lugar da cuenta de objetos de controversia distintos, aún cuando su
origen es el mismo: la planta de celulosa. Pero, esta distinción no es sólo de lugar, es
posible observar que dentro del conflicto se desarrollan y entrecruzan diversas disputas lo
que diferencia a actores y redes en momentos claramente diferenciados. Lo que nos
recuerda la definición que hace Melucci (2002) y también Diani (2003) en relación a la
acción colectiva en la sociedad contemporánea, concebida como red, y más aún como una
red de movimientos; y un conflicto objeto permanente de redefinición.
En este caso, cuando el conflicto se centraba sobre el río cruces, la convocatoria de
oposición recaía básicamente en organizaciones ambientalistas, académicas y ciudadanas
diversas, ubicables en lo fundamental en Valdivia pero también con coordinación con
organizaciones en Santiago.
Cuando es el ducto al mar el objeto del conflicto, los actores que constituyen red de
oposición cambian drásticamente, a pesar de constituir algunos vínculos entre sí. En este
escenario se distinguen tres momentos, y si bien en el primero se observan diversos actores
y una configuración de relativa jerarquía, la movilización no deja de ser local, es esa
espacialidad la que orienta la acción colectiva y le da fundamento identitario. Surge en esta
etapa una organización específicamente dirigida a liderar la oposición, el Comité de
Defensa de Mehuín. Similar es la representación del segundo momento. Sin embargo, el
tercer momento da cuenta de un movimiento social eminentemente indígena, más allá de
posibles asociaciones con otros grupos no indígenas. En este caso, la identidad colectiva
que moviliza a los actores es inseparable del proceso histórico y corpus identitario que el
grupo ha construido a lo largo de ese proceso. Por cierto, el discurso de oposición que
construye, apela a la amenaza que implica el proyecto del ducto para la continuidad de sus
prácticas económicas tradicionales y para su identidad como pueblo. En este sentido, se
entiende la conflictividad de estos actores con el grupo no indígena firmante del acuerdo
con CELCO, con quienes no comparten este corpus identitario.
Otra característica de este conflicto refiere al énfasis local de las redes que circulan. Estas
se configuran y articulan en Valdivia a través de un movimiento ciudadano y ambientalista
y también a través de las organizaciones indígenas y sindicales pesqueras en el litoral de
San José de la Mariquina, principalmente en Mehuín. En los puntos más álgidos del
conflicto adquiere cobertura nacional con la presencia de los medios de comunicación, es la
instancia en que se apela a las instituciones jurídicas (Corte Suprema), políticas
(presidencia, CONAMA), y económica empresarial (Directorio CELCO).
El conflicto y
sus disputas no alcanza ribetes internacionales, lo que no significa que no existan redes
sociales a este nivel, sólo que aquellas no se visibilizan y no impactan sobre el despliegue
del fenómeno.
Es posible establecer como hipótesis que los vínculos establecidos en una determinada fase
pueden facilitar nuevos cambios en un contexto o etapa diferente del conflictoxxxvi. En el
caso observado, las organizaciones desarrollaron contactos a través de la participación
común en estos movimientos tanto en el de carácter ciudadano como en el indígena lo que
podría significar que más tarde utilicen estos lazos para promover iniciativas a otros
movimientos sociales y ambientales. En este sentido la red es un producto, de tal manera
que no sólo vincula la acción.
Por otro lado, este conflicto no se escapa de la llamada sociedad de la desconfianza que nos
refería Rosanvallon (2007). Los conflictos ambientales precisamente, dan cuenta de este
descrédito en la gestión del riesgo que propician los marcos jurídicos tecnológicos como el
SEIA. En este sentido, no hay confianza que se controlen los impactos de la planta de
celulosa tanto sobre el río Cruces como sobre el mar. Y los actores sociales perciben el
riesgo es entonces que observamos la manifestación de diversas formas políticas vinculadas
a los poderes indirectos que refería este mismo autor. En particular, los actores y sus redes
que en distintos momentos constituyeron el bloque 2 ejercieron una contrademocracia, una
democracia de la intervención, que genera una acción colectiva en oposición al proyecto.
Por cierto, que el conflicto se constituye en relación al adversario, que en este caso es un
agente económico, pero también se demanda a las autoridades políticas para que ejerzan su
rol fiscalizador.
Los actores ejercen entonces los poderes indirectosxxxvi. Se hacen parte de la vigilancia, de
la denuncia y la obstrucción, ésta última al oponerse por ejemplo a que le hiciera sus
estudios para su EIA que debían presentar a la autoridad ambiental. También tuvo lugar la
judicialización del conflicto en diversos momentos, lo que en definitiva nos lleva a la
judicialización de lo político. Una dimensión que es explicada por Rosanvallon como
producto de la ‘’evolución de las condiciones en la que se pone en juego la responsabilidad
de la acción política’’. De esta manera se produce un desplazamiento de las democracias de
confrontación y de representación a las democracias de imputación.
Ahora, ¿podemos hablar de nuevas formas de acción colectiva? Cabría indagar con mayor
profundidad, pero en principio podríamos sostener que lo que ha tenido lugar en este campo
del conflicto que hemos observado, es una expresión contemporánea de acción colectiva,
como la evidenciada por Melucci (2002) donde participan una diversidad de actores que
configuran redes de distintos carácter y distintos niveles de articulación. Deteniéndonos en
el bloque 2, más allá de su configuración diferente en cada etapa, confluyen actores
sociales que provienen de distintas matrices socioculturales, incluso al interior de las
organizaciones ambientalistas convocadas y conformadas a propósito del conflicto, se
podrían apreciar posicionamientos políticos e ideológicos diferentes. Y por otro lado, si
bien esta distinción de lugares dentro conflicto refiere también a una distinción étnica, dada
la presencia o ausencia de indígenas en el movimiento, se observa una confluencia de
mixturas identitarias, pero la pertenencia al movimiento construye a la vez identidad
colectiva, tras objetivos compartidos. Se coincide en este sentido, con la caracterización de
Diani (2003) de actores que comparten una identidad colectiva y a su vez mantienen su
identidad individual como activistas o miembros de otras organizaciones que se identifican
como parte de esfuerzo colectivo; y actores (individuales como organizacionales) que
intercambian recursos simbólicos y prácticas a través de redes informales.
Se conforma entonces, una red de movimiento social como señalaban Diani (2003) y
Melucci (2002), o una red de movimientos, considerando que se conectan movimientos
ciudadanos locales, supralocales, también movimientos con mayor presencia indígena. El
movimiento de Acción por los Cisnes reúne por su cuenta organizaciones y otras redes. Lo
mismo ocurre con el Comité de Defensa del Mar. Ambos movimientos se conectan entre sí
con diverso grados de articulación, pero con objetivos que los une más allá de sus posibles
diferencias. Con todo, esta red de movimiento/s no se sustenta o apoya en las instituciones
políticas tradicionales, aún cuando en diferentes momentos aquellas intervienen, como en el
caso del sindicato de pescadores. Con todo, las estrategias de acción varían dependiendo
del contexto. Hay movilización callejera en la ciudad como también simbólica en el mar.
Hay orgánicas que se construyen de manera coyuntural, pero que se apoyan de liderazgos
ancestrales, pensando en la figura del lonko y del werken que emergen en Mehuín. Hay
también, reivindicación identitaria a propósito del conflicto, como la referida a la identidad
mapuche-lafkenche, que intensifica su discurso en la coyuntura o visibilidad de éste.
Por otra parte, las redes que se constituyeron en este conflicto utilizaron y siguen utilizando
las nuevas tecnologías como la Internet para divulgar su acción y reconstituirse. Lo que nos
recuerda la función profética del movimiento que nos hacía notar Melucci (2002).
Otro punto importante que emerge de este trabajo es la especificidad que adquieren estos
conflictos cuando se provocan en territorios indígenas. En el caso que abordamos, el
conflicto genera en un principio un movimiento eminentemente ciudadano, en el sentido
que no hay organizaciones políticas tradicionales detrás, son actores y organizaciones
académicas y ambientalistas que provienen de la ciudad. Si bien la planta de celulosa se
instala en un espacio territorial donde se ubican comunidades mapuche y también otras
familias no indígenas, aquellas no se movilizan -la percepción de riesgo tendrían algo que
decir al respecto. Cuando el conflicto se desplaza al mar, por la construcción del ducto
emerge con claridad un discurso indígena reivindicativo de su identidad, y en ese sentido el
proyecto es una amenaza a esa identidad. Se confronta de esta manera con sus prácticas
económicas tradicionales, con su universo simbólico. Desde este discurso, se confrontan
visiones de mundo diferente, a cerca de la naturaleza, del desarrollo y del progreso. Desde
este discurso, se percibe la amenaza del proyecto para la territorialidad indígena, una
territorialidad vinculada profundamente a sus matrices identitarias. Allí puede residir la
especificidad del conflicto, que por cierto no sólo se traduce a nivel del discurso, también
se vivencia, y se objetiviza no sólo por los indígenas también por los actores de la sociedad
externa.
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O movimento indígena, uma forma de luta e resistência étnicopolítica: avanços e desafios
Alejandra Aguilar Pinto
1. INTRODUÇÃO
O objetivo principal deste documento é apresentar a situação atual e os antecedentes
históricos do surgimento do movimento indígena na América Latina, considerando,
sobretudo o caso do Brasil e o surgimento do movimento etno-político na América Latina.
Fez-se finalmente uma revisão bibliográfica nas mais destacadas bases de dados
internacionais e nacionais no Brasil, (Sociological Abstract, Social Service Abstract, etc.)
para conhecer a situação e a evolução no tema, o qual demonstrou uma vigência e ampla
produtividade no âmbito das ciências sociais.
2.O MOVIMENTO INDÍGENA NA AMÉRICA LATINA E O BRASIL.
O movimento indígena nos países da América Latina tem em geral elementos em comum,
mas algumas diferenças, referidas sobretudo ao papel que as lideranças têm desempenhado
como porta-vozes dos seus grupos étnicos , os contatos que têm realizado com autoridades
de governo no país, assim como em organismos internacionais; outra diferença refer-se às
estratégias de luta implementadas pelos grupos étnicos, outra diferença aponta aos graus
de poder adquirido na sua história de reivindicações desde o surgimento das organizações e
logo os movimentos indígenas , entre outras.
2.1. O CASO DO BRASIL.
Segundo GOMES (1988, p.210) “em conseqüência do seu crescimento demográfico, das
novas formas de inserção na nação brasileira e do conjunto de circunstâncias que
promoveram o movimento indigenista dos últimos 20 anos, surgiu também o movimento
indígena.”As diversas entidades governamentais para o “problema indígena” que não tem
sabido até os dias de hoje solucionar as demandas e reivindicações indígenas, levaram a
uma formação paulatina do movimento indígena brasileiro, sendo , por tanto uma resposta
ao papel ineficiente do estado, através de diferentes organizações indígenas.
Contudo, cabe mencionar a presença política de índios na história do Brasil como um
antecedente dos movimentos indígenas. Esta aconteceu no passado, tanto em conjunto com
outras forças nacionais, como na expulsão dos holandeses do Nordeste, nas lutas entre
franceses e portugueses pela conquista de Rio de Janeiro e do Maranhão, na Guerra de
Paraguai, etc., quanto separadamente, e contra as forcas brasileiras que os oprimiam, como
na Cabanagem, na Guerra dos Bárbaros, na rebelião de Antonio Conselheiro. Os heróis
indígenas vão de Arariboia e Felipe Camarão a Ajuricaba, Jandui e Crespim Leão. No
tempo dos holandeses houve participação de índios no parlamento que Mauricio de Nassau
instituiu para administrar melhor Pernambuco e demais províncias conquistadas.
Porém, a partir do Império e durante a República, foi estabelecido um modo de
relacionamento entre autoridades e índios que reduziu estes últimos á condição de quase
menoridade. O surgimento atual de índios no cenário público nacional significou em parte
uma vitória para os índios em geral,vitórias pessoais e avanços conceituais e políticos nas
relações interétnicas no pais. Ficou claro que eles não precisavam de porta-vozes nem
intermediários para comunicar-se com as autoridades e o publico.
Dentro do quadro oficial indigenista, cabe mencionar brevemente as entidades oficiais na
questão indígena. A primeira organização governamental em assumir o tema, foi criada em
1910, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPI),
órgão subordinado ao Ministério de Agricultura, com a missão de fornecer uma assistência
e amparo aos povos contatados. A criação desse Serviço significou uma profunda mudança
no modo de se pensar e tratar a chamada problemática indígena no Brasil. Anterior a esta
organização existiu as Comissões Construtoras de linhas Telegráficas no Estado de Mato
Grosso, que tinha como objetivo unificar o território nacional levando o governo às zonas
do sertão.
A criação do SPI, apesar de uma forte influencia do pensamento positivista, não ficou
desvinculada da lógica capitalista, segundo Borges o objetivo do SPI “era mediar e
estabelecer um dialogo entre as frentes de expansão capitalista e os povos indígenas”. O
SPI fez um trabalho oposto do acontecido no período histórico do Império – eliminação
física dos povos indígenas - a nova lógica burguesa da República se opunha e pregoava a
igualdade e a cidadania como direitos universais, porem, pretendendo sua integração.
A proposta da SPI em certa forma encoberta era integrar os nativos nas relações de
produção capitalista, que ademais liberaria suas terras para frentes capitalistas.
“o ‘problema indígena’ se solucionaria, com
a pacificação dos indígenas e sua
transformação em trabalhadores nacionais a serviço do engrandecimento da nação,
liberando, desta forma, suas terras tradicionais à exploração do capital” (BORGES, 200?,
p.2).
Cabe destacar o seu primeiro e mais marcante presidente, o oficial de exercito Candido
Rondon, quem estabeleceu uma pauta de trabalho: facilitador nos estágios civilizatórios.
Assim o órgão tinha como função principal transformar os índios em cidadãos do século 20
no menor praço possível.
O SPI inaugurou uma nova postura na política indigenista brasileira, o regulamento baixado
pela criação do Serviço de Proteção ao Índio pelo Decreto nro. 9.214 de 15 de dezembro de
1911, organizou as linhas mestras da política indigenista da Republica recente
Apesar de ter uma marcada orientação de proteção esta legislação, os fatos apresentaram o
contrario, em meados de 1960 o SPI foi extinto e em seu lugar foi criado a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), que teve o principal papel de apressar e acelerar essa
integração do indígena à economia de mercado. As diversas frentes de contato, ou de
fricção étnica, com uma clara tendência capitalista, chocaram com as economias
tradicionais, baseadas em sua grande maioria no chamado comunismo primitivo causando
inúmeros prejuízos a estas comunidades. Contudo, segundo Borges estes contatos
permitiram que estes povos e suas lideranças tomaram contato com as sociedade invasoras,
conhecendo esta realidade e assim criarem, novas formas de lutas por meio de intensas
relaborações culturais e políticas.O qual poderia em certa um dos primeiros antecedentes
que motivara o surgimento do movimento indígena.
O antigo indigenismo oficial inaugurado pelo SPI não consegui responder as novas
realidades econômica e históricas, do projeto capitalista imposto à sociedade toda, afetando
as comunidades nativas. Assim não foi possível desvincular-se das estruturas econômicas e
agrárias, cuja política fundiária de abrir novos fronteiras no território nacional, estimularam
o extrativismo e o agropastoreo, que
a partir da década de sessenta com o modelo
desenvolvimento do regime militar, possibilitou ademais o ingresso indiscriminado de
capital internacional, financiado novos projetos. Esta nova situação levou então à criação da
FUNAI, com uma postura agora eminentemente, muito mais integracionista.
O surgimento do movimento indígena no Brasil.
Respeito às primeiras organizações que surgiram foram as Assembléias indígenas, que no
caso do Brasil tiveram um papel chave na nova constituição de 1988, aonde alguns artigos
fazem indicações dos povos indígenas. “Aqui os índios tiveram experiências inter-tribais
bem mais amplas do que poderiam ter em suas áreas ” (ALCÂNTARA, 2000, p.68.)
A décadas dos 70 esta marcada pelas Assembléias Indígenas, em especial no Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, promovidas pelos missionários do CIMI. Entre estes encontros
destacam a I Assembléia de Lideres Indígenas em Diamantino/MT de 17 a 19 de abril de
1974, que contou com a participação de 16 liderancas indígenas representando os povos
Apiakça, Kayabi, Tapirapçe, Rikbaktsa, Pareci, Nambikwara, Xavante e Bororo, nas quais
os indígenas presentes afirmaram que seus problemas eriam resolvidos a partir de “nós
mesmos”. Logo aconteceria a II Assembléia Indígena no Alto Tapajó AM, de 13 a 16 de
maio de 1975, cujas principais reivindicações foram: a luta pela terra, participação na
elaboração das diversas políticas indigenistas oficiais e a necessidade de união entre
diferentes povos. Esses encontros e reuniões foram um fato destacado dos anos 70,
permitiram aos povos segundo Borges “cujos caminhos jamais haviam se cruzado-ou que
ainda eram inimigos-, reconhecerem-se como sujeitos históricos de um mesmo processo de
espoliação e dominação, criando uma consciência comum”
Através das reuniões e assembléias, os povos índios, vão desvendando a verdadeira
situação de suas culturas frente ao estado e seu desenvolvimento capitalista. Perceberam
causas comuns de seus problemas, mesmo com problemas específicos de cada comunidade,
compreendendo a necessidade de se criar uma articulação muito mais abrangente que os
tradicionais laços familiares e de clãs. Nos anos posteriores esta primeira tomada de
consciência vai cimentar a construção de articulações maiores e mais abrangentes.
Assim em 1980 é fundada a União das Nações Indígenas (UNI), sob os auspícios de
antropólogos e indigenistas reunidos no 1er. Seminário de Estudos Indigenistas de Mato
Grosso do Sul. Porém, devido a imensa extensão territorial e a diversidade dos povos
indígenas, a UNI se mostrou com dificuldades para articular um movimento de
representação
nacional e a partir da metade dos 80, o movimento indígena volta-se
novamente para a criação e consolidação de organizações locais e regionais.
Os movimentos indígenas em geral incluem distintos tipos de organizações/entidades que
agrupam etnias afins com seus interesses. No caso do Brasil há que destacar em 1980 o
caso da União das Nações Indígenas (uma tentativa de reunir representantes de varias etnias
indígenas em uma mesma organização de caráter nacional), este foi um tipo organização
de caráter nacional.Porém, a UNI não prospero, sendo a sua contribuição mais destacada
sua participação pela inclusão de alguns artigos sobre direitos indígenas na Constituição
de 1988.
Entretanto, devido à necessidade de uma articulação que respondesse nacionalmente pelos
povos indígenas, em 1992, é criado o CAPOIB (Conselho de Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil) com sede em Brasília.
2.2. OS POVOS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA, SUAS ORGANIZAÇÕES E
MOVIMENTOS ARTICULADOS.
As organizações indígenas da América Latina foram as primeiras entidades que surgiram,
como uma resposta pelo não reconhecimento e respeito de seus direitos. Logo, o
movimento indígena próprio de cada pais, vai surgir como uma forma de articular as suas
demandas, alguns serão mais politizados, formando inclusive partidos políticos, outros
ainda estão na etapa inicial de formação como entidade. Os povos indígenas se deram conta
que unindo forcas, por interesses em comum, era o único jeito de receber alguma atenção
por parte dos governos, para pressionar ou lutar contra setores da sociedade moderna, que
invadiam ou destruam sua terras.
Segundo Marcio Pereira Rufino(200?) (antropólogo e professor da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo) “as culturas indígenas têm reagido ao assedio constante
(...) [sendo ] de maneira espontânea ou resultado da articulação num cenário macro que
atinge América Latina” “na troca com a civilização consumista, diz Rufino, os povos
reconstroem os valores e sentido do muito que incorporam; tentam recriar um realidade que
se identifica as suas tradições a partir dessa troca. Em primeiro plano, as etnias reforçam a
resistência às clássicas ameaças , organizando-se até em dimensão continental” “A própria
experiência política dessas lideranças circulam, por meio dos encontros, assembléias e
atividades comum, por entidades diferentes em equipes e paises distintos”
Para o antropólogo e historiador Jose Maurico Arruti (apud RUFINO 200?) o crescimento
e institucionalização dos movimentos indígenas nacionais na América Latina, começa a
partir de meados dos anos de 1960, e logo a criação de organizações de representação
indígena internacionais, na década
de 1970. Segundo ele no Equador, o movimento
indígena começou a se organizar em 1964 com a Federação do Povo Shuar (bacia do
Amazonas) e se expandiu ao logo dos vinte anos seguintes, assumindo progressivamente
um caráter pan-indigena e nacional, até que , em 1986, surgisse a Confederação Nacional
Indígena do Equador (CONAIE). Na Colômbia, o movimento indígena se institucionalizou,
em 1971, com a criação do Conselho Regional Indígena do Cauca. Ainda que tenham tido
uma grande participação no processo constituinte de 1991, o 2001 aconteceu uma mudança
ao Colômbia ter uma política exterior mais perto dos Estados unidos, passando a denominalos como organização terrorista. No Chile, os Mapuches formaram
desde 1970 sua
organização como forma de resistir aos esforços governamentais de dividir suas terra. Mas
logo de acontecendo o golpe militar muita s de suas reivindicações, que inclusive
considerou o governo de Salvador Allende no seu Plano de Governa faliram. No inicio dos
anos 1980, tiveram uma afinidade política com a oposição ao governo militar, firmando
aliança com outros setores populares, se tornaram importantes atores na processo de luta a
favor de volta da democracia.
Etnias que transpõem fronteiras nacionais, como na região amazônica têm tido um tipo
muito original
de organização, segundo Saulo Feitosa, vice-presidente do Conselho
Indigenista Missionário, citando uma novidade, o recente Encontro Continental dos Povos
Guaranis de paises como o Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. O problema em comum
era a ameaça de seus territórios pelas atividades das grandes hidrelétricas, empresas
petroleiras , madeireiras e agronegocios Assim surgem, as organizações amazônicas que se
articulam em megas movimentos para proteger as fronteiras legais, como é o caso da
COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) e da FOIRNE
(Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro).”A partir do momento em que os
povos no Brasil se relacionam com os de paises como Equador e México, onde a luta é
articulada de maneira mais ampla, unificando interesses indígenas e campesinos, eles
identificam a possibilidade de ampliaram suas articulações ”, diz Saulo.
CONCLUSÕES.
As comunidades indígenas são um tipo de organização social onde o elemento colaborativo
o sentido de vinculo e a etnicidade fazem uma diferença com o sistema ocidental. Essa
característica garantiu sua “sobrevivência” no tempo, mas só de algumas etnias. As suas
lutas/protestas contra a invasão hegemônica só se manifestaram depois que o colonizador
ficou surpreendido pelo encontro com povos tão diferentes, durante um período existiu uma
relativa harmonia, mas logo aconteceu o choque de culturas, levando em geral a toda uma
destruição aniquilação de minorias étnicas. O surgimento do movimento social indígena,
assim surgiu pelo conflito entre culturas, sobretudo pelo não respeito reconhecimento e
respeito aos habitantes nativos, por parte dos povos que chegaram ao “novo” continente.
A política indigenista do século 20, denominada indigenismo, apesar das suas “boas
intenções” só ficaram refletidas na aceitação de culturas minoritárias, mas sempre desde
uma perspectiva hegemônica colonialista, manifestado em um protecionismo/paternalismo
que os considerava incapazes, em vias de evolução. Ao não considerar as capacidades e
independência dos povos indígenas, estes se deram conta e
tomaram consciência da
necessidade, o imperativo e urgência da mobilização através de diversos tipos de expressão.
O movimento indígena, como o passaram a denominar alguns autores das ciências sociais,
só recentemente os pesquisadores começaram a estudá-lo, o que demonstra o longo tempo
que a visão ocidental hegemônica histórica desses estudosos no campo.
Além disso, estas culturas foram marginadas no aspecto político, os tradicionais
partidos(tanto de direita e de esquerda), consideraram em forma quase nula as suas
demandas, dando prioridade a outras reivindicações sociais.
Desde uma tradicional comunidade indígena com a sua própria estrutura-organização, logo
passando por aquelas etnias que têm algum tipo de associação, com representação
legal.Passando por algum tipo de movimento comunitário indígena, até as alianças entre as
comunidades de uma região, estado, e de pais, inclusive atualmente já existem vínculos
entre povos de diferentes paises, que quebram fronteiras. O estudo dos movimentos
indígenas têm tido um transcurso histórico desde o mais micro até o macro.
O questionamento das políticas indigenistas, por parte de seus idealizadores, a
intensificação do processo de globalização econômica, os avanços das tecnologias
eletrônicas, mass mídia, computação e internet, causaram um impacto nos povos indígenas,
os quais como indicou um líder de uma tribo dos Estados Unidos, agora não iam ficar a
margem, especificamente das tecnologias de informação e comunicação (TICs), como
aconteceu com a escrita.
No surgimento do movimento indígena transnacional, aconteceu uma amplitude de alianças
inter-etnicas a nível mundial, encontros, assembléias, com uma troca de informações nunca
antes vista.
Além disso, há que mencionar o aparecimento de alguns movimentos etno-politicos na
América Latina, o que demonstra a reorganização e nova consciência dos povos indígenas,
por organizar-se e fazer valer seus direitos.
Contudo, há que destacar a nova atitude dos brancos ao considerar aos indígenas, segmento
sempre existente na sociedade, na sua inclusão em eventos políticos de caráter mundial,
como o Fórum Social Mundial (FSM), encontro de uma nova esquerda “altermundista”
aonde se está repensando o papel da esquerda em face a uma globalização hegemônica dos
paises “desenvolvidos”. Diferentes grupos têm encontrado aqui um espaço para suas
demandas/necessidades por sempre negadas.
Até onde a visibilidade indígena chegara, é uma inquietação, pois o ganho conseguido em
tão pouco tempo, em comparação com os séculos de opressão, tem sido uma surpresa para
o branco e até os mesmos indígenas, o que esta levando aos Estados Unidos agora ( o que o
demonstra um dos seus últimos estúdios sobre tendências mundiais sobre os próximos 15
anos – Mapping the Global Future: Report of the National I´ntelligence Councils 2020
Project do Conselho Nacional de Inteligência CNI) a considerar como uma das principais
ameaças de segurança da região, o indigenismo radical, o que já tem causado que em
alguns paises
o movimento indígena seja qualificado de “terrorista” pelos governos
nacionais.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.
ALCÂNTARA, Lúcio. Povos indígenas no Brasil: como vivem nossos contemporâneos.
Brasília, 2000. Cadernos de Debates: Coleção Idéias.
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civilizatório.Disponível : www.crpsp.org.br/crp/.../fr_nuestra_america.aspx Acesso:
20.10.2008
Actores y estrategias en el movimiento indígena venezolano,
1998-2010: de la sociedad civil al aparato estatal
Luís Fernando Angosto Ferrández
El impacto de los movimientos sociales en Latinoamérica se ha hecho más extensivo y
constatable durante las últimas dos décadas. En este período de re-democratización
continental se han multiplicado los procesos constituyentes, se tambalearon sistemas de
partidos y nuevos actores procedentes de la sociedad civil irrumpieron en la arena electoral.
No es casual que la consolidación de los movimientos indígenas como actores colectivos
coincida con este período de reajuste de fuerzas políticas y de reacomodos en las formas de
democracia y Estado latinoamericanos. Los añejos reclamos de “modernización” (ligados al
concepto de desarrollo económico y a la demanda de servicios sociales) fueron cada vez
más consistentemente acompañados por reivindicaciones relacionadas con los llamados
derechos de tercera generación, entre los que se incluyen las demandas de reconocimiento
identitario institucionalizado y de mejora cualitativa en la participación política dentro de la
esfera estatal. Los contenidos de las demandas concretas, sus formas de canalización y los
logros efectivos obtenidos por los estos movimientos varían en los diferentes contextos
nacionales, pero se hace constatable que las diferentes luchas y negociaciones se producirán
ahora sobre un generalizado producto tangible de sus reclamos: la constitucionalización de
derechos diferenciados para los pueblos indígenas.
Con ese marco como referencia, esta ponencia presenta una caracterización actualizada del
movimiento indígena venezolano. Desde 1998, año de la primera elección de Hugo Chávez
como presidente de la República, y principalmente a partir del proceso constituyente de
1999 y la subsiguiente aprobación de la Constitución de la república Bolivariana de
Venezuela [CRBV], este movimiento ha vivido profundas transformaciones internas al
tiempo que alcanzaba una considerable presencia en la arena política nacional.
Intentaremos arrojar luz sobre este proceso a través del análisis de tres aspectos del
movimiento indígena: 1. gestación y composición; 2. relaciones que en los últimos años se
han producido entre organizaciones indígenas de la sociedad civil, partidos políticos y el
gobierno nacional. 3. estrategia y táctica discursiva.
Tras esta caracterización abordaremos el debate sobre el estado actual del movimiento
indígena continental en general y venezolano en particular, y se discutirá en qué sentido
puede hablarse de éste como un “movimiento social”.
Gestación y composición del movimiento indígena venezolano
Durante la década de los 90, cuando en otros países de la región entraban en ebullición
algunos de sus pares, el movimiento indígena venezolano parecía inmaduro y refugiado en
los pocos espacios desde los que podía influir modestamente en la conducción de políticas
públicas. Estos espacios eran principalmente mantenidos por las organizaciones civiles de
representación indígena con base regional que, replicando la estructura de organización
político-administrativa federal, se convirtieron apoyo de los órganos gubernamentales para
dirigir sus políticas hacia los pueblos indígenas (Angosto, 2008). Durante esta década el
papel del movimiento fue más de esfuerzo organizativo y de denuncia ante atropellos a
población indígena (invasiones de tierras por parte de mineros o terratenientes) que de
protesta activa y movilización por políticas de reconocimiento y redistribución. Sin
embargo, esto no quiere decir que su estrategia y esencia no fuese la característica de un
movimiento social con aspiraciones de transformación política radical comparables a las
perseguidas por algunos de sus vecinos.
El movimiento indígena en Venezuela se gestó entre aspiraciones de transformación social
sustantiva, pero las condiciones estructurales del país no facilitaron su consolidación y la
atracción de multitudes. Por un lado está el factor demográfico, con una población indígena
muy minoritaria en el país (el censo de 1992 apenas reconocía a un 1,5% de la población);
por otro, la gran diversidad de situaciones objetivas en las que se encuentran situados los
pueblos indígenas dentro del constructo nacional, que complica el desarrollo de
subjetividades “nacionales”; y por último estaba otro elemento que contribuía a la
formación de subjetividades: la profunda crisis política y económica con la que el país
ingresa en los 90, crisis que convertía a los reclamos materiales (antes que los culturales) en
prioritarios y mucho más urgentes para los agentes interesados en el cambio social. A pesar
de ello y del aparente letargo en el que se mantenía el movimiento, sus promotores sí
manejaban una visión holística del lugar que ocupan los pueblos indígenas en los
constructos nacionales (y en la por entonces creciente globalización capitalista) e
intentaban acomodar el reclamo étnico en los proyectos de transformación social. En los 70
se había establecido el giro hacia la “autogestión” y el rechazo del tutelaje político que
suponía la perspectiva indigenista tradicional, y gradualmente se fue complementando con
una perspectiva asociada al etnomarxismo continental. Se teorizaba sobre la necesidad de
articular los intereses indígenas con los de otras fuerzas “populares” para lograr una
verdadera liberación nacional y la subversión del sistema dominante. De las Declaraciones
de Barbados (1971 y 1977) que tanto contribuyeron al proceso organizativo indígena
continental y venezolano, la segunda particularmente reflejaba bien la huella del
pensamiento crítico izquierdista influido por el marxismo continental. Los reclamos de la
población indígena eran y serían teorizados como ligados estructuralmente a los de otros
sectores subalternos de la sociedad. En la Declaración del Primer Consejo Nacional Indio
de Venezuela (1989), del que surge la plataforma nacional de representación CONIVE, se
reflejaba esta visión: el artículo 3.2 apuntaba que “ningún movimiento puede mantenerse en
crecimiento real sin una política de aliados inmediatos, en nuestro caso son los
movimientos más afines: movimientos ecológicos, grupos de cultura popular, movimientos
campesinos, etc.”, y el 3.5 añadía que “una política correcta de aliados debe tener en cuenta
de forma simultánea la política de clases y la política étnica”. Con estas aspiraciones
primigenias de transformación política sustantiva, resumiremos someramente el proceso de
gestación organizativa del movimiento venezolano de la siguiente manera:
En la década de los 70 arranca la creación de algunas organizaciones indígenas regionales.
Estas organizaciones tuvieron una vida efímera o un débil, y no sería hasta finales de la
década de los 80 cuando nacería definitivamente una plataforma nacional agrupadora de las
organizaciones indígenas de la sociedad civil (CONIVE). En los 90 se crean nuevas
organizaciones regionales entre las que destaca por su importancia la Organización
Regional de Pueblos Indígenas (con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la
Iglesia Católica en Puerto Ayacucho), que más tarde influirá a su vez en la creación de
partidos políticos regionales en el estado Amazonas bajo las condiciones estructurales que
genera la descentralización impulsada por “la nueva gobernanza”. Después de 1999 han
surgido nuevas organizaciones civiles de representación indígena, pero su virtualmente nula
actividad fuera de los momentos electorales demuestra que en la mayoría de los casos lo
han hecho como fachada legal para la postulación de candidatos indígenas a los cargos de
representación indígena institucionalizados [1]. También se han gestado desde entonces
nuevos mecanismos de movilización de la población indígena desde el entorno del PSUV.
Por último, han surgido, aunque todavía no sabemos si fugazmente, algunos nuevos
partidos étnicos creados fuera del estado Amazonas por activistas ligados originalmente al
movimiento indígena.
Relaciones en organizaciones indígenas, partidos políticos y gobierno nacional
Con el proceso constituyente de 1999 las organizaciones regionales y especialmente
CONIVE atraviesan un proceso de institucionalización como bisagra de la relación entre
pueblos indígenas y Estado en Venezuela (Van Cott, 2002; Angosto, 2010). Se producirá
una fuerte identificación entre las organizaciones indígenas existentes y los gobiernos
bolivarianos, articulada inicialmente a través del MVR, partido central del bloque
gubernamental. Conforme el proceso político venezolano se decanta explícitamente hacia el
socialismo, Conive y el resto de organizaciones indígenas comienzan a perder influencia
efectiva ante nuevas fuerzas de movilización indígena ya más ligadas al MVR primero y al
PSUV después (surgido en 2007), cambio político que está reforzado por transformaciones
normativas. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, 2005) supone
una reestructuración de los órganos estatales que articulan las políticas relacionadas con los
pueblos indígenas. Se crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) como ente
ejecutor de la política indígena del país, y esto supone un nuevo reajuste para el
movimiento indígena. Una parte de su élite política quasi-profesionalizada (formada
generalmente en las organizaciones civiles de representación indígena) pasa ahora a ocupar
cargos en la estructura regionalizada del INPI; pero también comenzarán a aparecer
alrededor de esta estructura administrativa figuras indígenas principalmente formadas en las
filas partidistas del MVR (y posteriormente del PSUV). Con la creación del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI) en 2007 se confirma una inflexión en el
funcionamiento del movimiento indígena. A la cabeza del MINPI se situará la yekuana
Nicia Maldonado, quien tras haber ocupado la secretaría general de CONIVE en 2005
abandonará de hecho esta plataforma como articuladora nacional del movimiento indígena.
Maldonado, enfrentada a una sección del CONIVE encabezada por la wayúu Noelí
Pocaterra, se decantará por la creación de un frente indígena militante del bolivarianismo y
del socialismo pero fuera de las pre-existentes organizaciones (a pesar de que CONIVE
también se declara revolucionaria y socialista). Las organizaciones civiles indígenas, que
hasta entonces habían sido esenciales en la articulación de políticas gubernamentales para
los pueblos indígenas, pasan a ser prescindibles para el gobierno que cuenta con nuevos
organismos específicos en el aparato estatal.
En las elecciones regionales de 2008 aparecen opciones partidistas propias para los pueblos
indígenas. El movimiento indígena muestra signos más claros de sus crecientes divisiones
al posicionarse explícitamente sus líderes como aliados y/o candidatos del bloque progubernamental o del opositor. En 2010, la campaña de las elecciones a la AN (que tiene
lugar el 26 de septiembre) confirma la división del movimiento indígena entre los que
participan del lado de la llamada Alianza Patriótica (partidaria del gobierno de Hugo
Chávez) y los que lo hacen buscando el apoyo de la denominada Mesa de la Unidad (que
agrupa a los partidos opositores). Adicionalmente, en estas elecciones despuntan
disensiones de fondo en el interior del movimiento indígena inserto en el aparato estatal.
Una parte del movimiento, ligado al entorno de poder del MINPI, cuestiona la legitimidad
de algunos líderes de organizaciones civiles tradicionales y su alianza con el PSUV para
estas elecciones, pues desde su perspectiva esas organizaciones han permitido que emerjan
liderazgos indígenas verdaderamente revolucionarios.
Cuatro momentos básicos se desprenden de este análisis: a) 1998-1999; b) 2000 hasta 2004;
c) 2005 a 2007; d) 2007 a la actualidad.
a) 1998-1999. Apoyo mayoritario de las organizaciones indígenas al Polo Patriótico
(coalición de partidos alrededor de la figura de Chávez) y gestación de la subsiguiente
identificación entre estas organizaciones y las posturas gubernamentales.
b) 2000-2004: El movimiento indígena se identifica fuertemente con el bloque político
bolivariano en el plano organizacional, discursivo y de acción política.
c) 2005-2007: se produce el giro explícito hacia el socialismo en el gobierno bolivariano y
se constata una inmediata reacción del movimiento indígena: giro discursivo y una mayor
politización y partidización del movimiento indígena, que pasa a adoptar la bandera
socialista. Paralelamente se gestan divisiones a lo interno del movimiento, aunque
principalmente todavía bajo la misma bandera bolivariana. Nicia Maldonado, que había
sido Secretaria General de CONIVE, se lanza a las elecciones a la Asamblea Nacional
(AN) a través de una plataforma propia en la región sur y compitiendo contra otro miembro
de CONIVE. Vence, y al año siguiente la facción rival en CONIVE, dirigida por Nicia
Maldonado, adquiere las riendas de esta plataforma nacional mientras que Maldonado
comenzará a gestarse como la figura indígena más ligada al ejecutivo.
d) 2007-2010: fisión interna al movimiento indígena ligado al bolivarianismo. Se crea el
MINPI y cercano a él los frentes socialistas indígenas que funcionan independientemente
de las organizaciones civiles tradicionales. Por otro lado, sectores de estas organizaciones
empiezan a reclamar más abiertamente una recuperación de la independencia frente a los
partidos. Algunos líderes del movimiento indígena que militaron en el bolivarianismo
aparecen en los momentos electorales ligados a las fuerzas opositoras a los gobiernos de
Hugo Chávez.
Estrategia general y táctica discursiva
Pensamos que no hay evidencias para afirmar que la estrategia del movimiento indígena ha
variado en lo sustancial: se aspira a obtener “igualdad cultural”, derechos colectivos (entre
los que se incluyen los de titularidad sobre tierras), participación efectiva en la política
nacional y cuotas de modernización (tanto a través de proyectos de desarrollo como a través
de acceso a servicios sociales). El problema está en cómo se definen esos reclamos,
discusión que no abordaremos aquí. Pero las tácticas sí han cambiado evidentemente: hay
una parte del movimiento que pretende conseguir esos objetivos a través de una
partidización del movimiento o al menos con un nueva orientación del mismo (la línea de
los “frentes indígenas socialistas”); otra parte tampoco rehuye la partidización pero está
interesada en mantener las organizaciones tradicionales del movimiento; otra parte se
desliga ambiguamente de la partidización y pretende volver a posturas originales de
independencia de la sociedad civil; sólo una pequeña parte se ha mantenido permanente
alejada del movimiento partidista. Desde les tres primeras se opta por ocupar el mayor
número posible de espacios de poder institucional en el país, y para conseguirlo los actores
indígenas han desarrollado tácticas discursivas que cabe diferenciar en diferentes fases:
a) 1999 (momento constituyente): el discurso se basa en el reclamo de deuda histórica, en la
equiparación con países del continente e identificación de indigenidad y venezolanidad.
b) 2000-2004: Se modula el discurso hacia un mayor desarrollo de la identificación
indigenidad y revolución; también se destaca un posicionamiento institucionalista (defensa
de la constitución y del marco legal ante golpe de estado y tácticas no institucionalistas de
la oposición).
c) 2005-2007: Se produce un rápido giro hacia la identificación indigenidad=socialismo.
d) 2007-2010: período de diversificación discursiva y táctica. Coincide con la creación del
MINPI, que será el foco de profundización de la identificación indigenidad-socialismo y el
de presentación de medidas gubernamentales como “indígenas” en carácter (por ejemplo, la
de la creación de Consejos Comunales).
Del movimiento social al aparato estatal
Para una parte de los científicos sociales involucrados en el estudio de los movimientos
sociales, y para muchos de los activistas dentro de ellos, la premisa de “mantener distancia
con el poder” se contempla como un axioma. Sin embargo, la realidad del movimiento
indígena en el continente, al fin y al cabo diversa, desmiente que esta sea una posición
universal. Desde los movimientos sociales se han producido transiciones a partidos étnicos
(Van Cott, 2005) cuando algunos de sus integrantes consideran que las condiciones son
adecuadas y potencialmente beneficiosas para ellos, y en otros casos los actores se han
decidido a colaborar estrechamente con partidos políticos ya establecidos, como ocurre en
Venezuela actualmente.
Hay incluso dos posturas bien conocidas al respecto del distanciamiento del movimiento
indígena: la cercana al “cambiar el mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2002) y la
próxima a “tomar el mundo para cambiar el poder” (Díaz-Polanco, 2009). Sin embargo, hay
otra corriente que mantiene que para lograr cambios sociales sustantivos, y especialmente
cambios que puedan lograr transformaciones más allá de las esferas locales o regionales,
urge precisamente tomar el poder estatal, aunque sea para transformarlo. En uno y otro caso
se puede mantener viva la estrategia planteada por el movimiento indígena desde hace
décadas. Sin embargo, también cabe preguntarse si al adoptar estas posiciones no se estará
consolidando una división entre actores más favorables a reclamos de “modernización”,
que parecen ser los que demuestran más predisposición a asumir la participación partidista
y el “asalto al Estado desde dentro”, y aquellos que se inclinan más hacia las concepciones
de autonomía, que se muestran más reacios a entrar en la competencia por el control estatal.
Notas
1. Desde la aprobación de la CRBV las organizaciones indígenas pueden postular
candidatos para ocupar los puestos de representación indígena institucionalizada que la ley
garantiza (en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos y en los Concejos
Municipales). De hecho, este derecho es también una obligación, pues para optar a estos
puestos los candidatos deben ser postulados por organizaciones o comunidades indígenas.
Así, los partidos políticos no han podido postular directamente candidatos para estos
curules y han buscado las alianzas (y el control) de las organizaciones indígenas.
Bibliografía
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Movimientos Sociales, acciones colectivas: étnicos,
territoriales y de trabajadores
A gente está em um jogo de cintura com a comunidade: a
atuação da associação quilombola de Helvécia frente às
empresas de eucalipto
Liliane M. Fernandes Cordeiro Gomes
O objetivo deste artigo é discutir a atuação da Associação Quilombola de Helvécia –
AQH no convívio com as empresas representantes do agronegócio de eucalipto que atuam
no distrito de Helvécia, município de Nova Viçosa-BA. A princípio, o que chama a atenção
neste distrito, não é uma singularidade, mas sim o fato do mesmo, como tantos outros na
região do extremo sul baiano, ter sido, de certa forma, tomado pela plantação de eucalipto.
Entretanto, uma observação mais cuidadosa nos faz ver suas idiossincrasias, e nos revela a
existência de uma comunidade predominantemente afro-brasileira, reconhecida desde 19 de
abril de 2005 como área remanescente de quilombo, que, diante de desmantelamentos
estruturais, busca se organizar a partir de ações individuais e coletivas no sentido de
continuar a existir.
A partir das falas de pessoas que residem naquele distrito é possível identificar
dimensões do cotidiano que revelam o significado do viver com o eucalipto em Helvécia,
suas expectativas e conflitos.
A realização de entrevistas e a análise das falas e silêncios construídos
possibilitaram identificar dimensões do cotidiano sócio-cultural dos homens e mulheres de
Helvécia na sua relação com a terra. Ressalto que o trabalho com fontes orais ocorre a
partir do diálogo entre entrevistador e entrevistado, sendo sempre uma relação dialógica,
em que se deve predominar a delicadeza e a sensibilidade de ouvir o outro falar
(THOMPSON, 1992). São, pois, as minhas escutas, e os meus olhares que aqui serão
apresentados.
Através das análises de entrevistas realizadas com camponeses que residem em
Helvécia desde antes da chegada da eucaliptocultura foi possível identificar uma rotina
associada à posse da terra e ao tempo marcado pela cultura “[...] na qual as tarefas diárias
[...] parecem se desenrolar, pela lógica da necessidade, diante dos olhos do pequeno
lavrador“(THOMPSON, 1998: 271). A autonomia deste trabalho na terra ocorria através do
trabalho coletivo, no qual as famílias camponesas se organizavam no desempenho das mais
variadas tarefas associadas à terra.(MARTINS, 1995). Naquilo que diz respeito à produção
nas terras de Helvécia, a senhora Célia Mª Silva Zacarias natural daquele distrito, ajuda a
compreender um pouco mais daqueles tempos nos quais existia uma exuberância da
atividade agrícola
... o que eu alembro da minha época é assim. Quando eu tomei
entendimento nos meus treze, quatorze anos, a gente mexia com
roça. E era muita dificuldade, que a gente plantava muito e o que a
gente vivia era do plantio da roça: mandioca, amendoim, é... meus
pais gostava muito de plantar assim... é uma horta, nós tirava muito,
lá mermo nós colhia o que nós comia, nós tirava de lá mermo, meu
pai criava porco, essas coisas, muuito dendê.xxxvi
A idéia deste trabalho como uma tarefa árdua, traduzia uma labuta, ao mesmo
tempo em que poderia também indicar a existência de autonomia por parte dessas pessoas,
pois o fruto desta labuta era daqueles que trabalhavam em suas terras, o que faz ver uma
organização familiar alicerçada na posse da roça. Aquilo que era produzido coletivamente
compunha a mesa de refeição daquela família. Cuidar das hortaliças, dos cultivos e da
criação era, em última instância, garantir mesa farta.
A entrevistada também nos disse que vivia do plantio da roça na qual mexia, na qual
seus pais gostavam de plantar. Este tipo de construção não diz respeito exclusivamente ao
mundo do trabalho, vejo aí elementos de outras dimensões de sua vida, da vida de sua
família, em que, além do labor, aparecem os laços de afeto (BRANDÃO, 1999) e respeito
com aquilo que faziam.
Nestas memórias, o distrito de Helvécia aparecia de forma a constituir a idéia de um
lar, “no sentido especial em que ‘lar’ representa uma lembrança e um ideal” (WILLIAMS,
1989: 377), desta maneira as relações de sociabilidade foram lembradas naquilo que
ofereciam de melhor, de mais solidário, mais tranqüilo e seguro.
Na realidade de Helvécia, até o ano de 1966 os produtos agrícolas excedentes
produzidos pelos camponeses eram escoados através da estrada de ferro Bahia e Minas
(LUCCHESI, s.d.). Esta atividade comercial foi afetada em razão da desativação desta
ferrovia e da posterior construção, em 1972, da BR 101. Neste contexto se deu a
implantação da monocultura do eucalipto
Então foi nesse período... que o comércio ficou fraco, muito fraco,
aí depois desse período que Teixeira começou a crescer com a BR
101, Posto da Mata também, então eles foram desenvolvendo e aqui
foi caindo, foi caindo e ficou mesmo fracassadíssimo mesmo.
Então a terra sem valor, depois que já passamos bastante, bem no
fim de oitenta a principio de noventa começou a falar em, não sei se
foi a Aracruz, acho que foi a Aracruz primeiro, essas empresas aí. A
Bahia Sul que hoje é Suzano, Suzano e Aracruz. Começaram a ter
noticia que eles iam investir aqui na região. Então alguns
fazendeiros de lá da região de Aracruz, lá do Espírito Santo, que já
havia lá (o agronegócio do eucalipto) já estava implantado lá,
começaram a vir para cá, começaram vir e comprar terra e aí
comprava terra baratíssimo, né? xxxvi
Este relato diz da existência de uma situação que pode ser apresentada em diferentes
momentos. Em primeiro lugar, os moradores de Helvécia que labutavam com a terra,
tinham experienciado perdas significativas no que diz respeito ao seu modus vivendi.
Por
seu turno, fazendeiros da região de Aracruz (ES), informados da necessidade de amplas
glebas para a implantação da eucaliptocultura, passaram a comprar terras em Helvécia
objetivando promover a especulação.
Também
representantes
das
empresas
responsáveis pelo agronegócio do eucalipto compraram terras em Helvécia. Isto ocorreu em
um tempo em que seus moradores sabiam, porque experimentavam uma depressão
econômica, que suas terras estavam desvalorizadas no mercado. O êxito das empresas
representantes da eucaliptocultura estava intrinsecamente relacionado à necessidade de
terras para o plantio. A este respeito, o governo, desde os primórdios da eucaliptocultura no
Brasil, já havia sinalizado sua postura no intuito de garantir “grandes áreas de terras
contínuas que pudessem ser adquiridas para a implantação de distritos florestais”
(ANDRADE, 2000: 92-93). No I Plano Nacional de Papel e Celulose esta questão foi
abordada da seguinte maneira “... a etapa de obtenção de terras é tão essencial ao êxito do
projeto que o Governo deverá concentrar nela todos os esforços, utilizando meios objetivos
e realistas, inclusive desapropriação...” (MENDONÇA JORGE apud ANDRADE, 2000:
93). Ao que parece, este não foi o caso em Helvécia. Entretanto, outros mecanismos foram
utilizados para aligeirar o processo de venda das glebas de maneira a garantir às empresas
grandes áreas de terras contínuas.
Ora, se levarmos em consideração que muitos dos homens e mulheres de Helvécia
tinham sobre o seu domínio pequenas e médias áreas, isso significa dizer que, para que se
desse, por parte das empresas de eucalipto, a obtenção de terras contínuas, foi necessário
que o processo de venda fosse realizado não por um, ou outro camponês, mas sim pela sua
coletividade. Assim, os mecanismos utilizados para convencer diferentes indivíduos
constituíam um repertório variado, que oscilava desde propostas aparentemente generosas,
para aqueles poucos camponeses que possuíam as escrituras das terras, até a divulgação
incisiva dos códigos legais do Brasil que associam a garantia da propriedade das terras à
aquisição de titulação.
A este respeito, o senhor Manoel Peixoto, comerciante e proprietário de terra em
Helvécia, apresentou o seguinte relato:
Comprava terra quase dado, trocava terra por mercadoria, por
qualquer tipo de mercadoria, [...] Então, é como eu falei, aí eles
compraram terra barato, chegava em pessoas aí, que as terras aqui
eram apenas terras de herdeiros, tudo mais, então naquele tempo
dificilmente uma terra aqui tinha escrituras, essas coisas...xxxvi
Há nesta narrativa uma clara associação entre a esporádica existência do porte de
escrituras das terras, pelos camponeses de Helvécia, e o fato delas terem sido vendidas por
preços baixos ou mesmo terem sido trocadas “por qualquer tipo de mercadoria”. Como
afirmou o senhor Manoel Peixoto, muitas delas eram “fruto de heranças”. Regulamentar
tais posses implicava gastos. Ora, muitos desses posseiros se viram em uma situação na
qual, não tendo dinheiro para regulamentar suas posses, se sentiam ameaçados de perderem
as terras.
A partir das falas dos moradores de Helvécia, no período em questão,
percebe-se que, ali estava se constituindo uma situação na qual “O medo de ficar sem as
terras fez com que os camponeses as” vendessem”, a qualquer preço [...]“ (SILVA, 1999:
46), na verdade, “baratíssimo”, como disse o senhor Peixoto.
Nas entrevistas realizadas foi possível identificar também o uso de um outro tipo de
estratégia, utilizada pelas empresas de eucalipto, no processo da compra das terras. Neste
sentido gostaria de analisar uma narrativa, apresentada pelo camponês Sérvulo Constantino
Filho,
[...] Que as pessoas tinha a terra, chegava lá fazendo conversa
bonita, [...] que vinham comprar as terras, mas não ia tirar eles da
terra, que eles iam ficar na mesma terra onde estava, entendeu?xxxvi
Tais propostas, segundo o entrevistado, foram feitas a partir de códigos comuns aos
negócios realizados pelos camponeses de Helvécia. Esta combinação, que não foi honrada
pelas empresas, não constava em documento escrito, tendo sido empenhada a partir da
palavra dos contratantes.
Essa composição, venda de terras e permanência dos antigos posseiros nas mesmas,
era algo impossível de atender a uma das necessidades prementes ao desenvolvimento do
agronegócio no extremo sul da Bahia. Refiro-me a necessidade da separação entre o
trabalhador e os meios de produção (MARTINS, 1995: 158), condição para a relação
capitalista se constituir plenamente.
Essa transformação espacial contribuiu para que ocorresse a criação de novas
necessidades para aquela comunidade, estabelecendo-se inclusive uma dependência entre
antigos camponeses e os representantes do capital, em que não tendo mais a propriedade da
terra e dos instrumentos para realizar seu labor, restava aos camponeses negociar seu
trabalho como possibilidade de troca por salário (MARTINS, 1995)
Nem todos os camponeses agiram segundo o script das empresas. Por exemplo, o
Sr. Manoel Norberto Henrique de Sena, agiu de forma individual e se recusou a vender sua
pequena gleba “Minha mãe eu não vendo, quando ela não dá uma coisa, ela dá outra. Vocês
gostam de dinheiro, eu gosto da minha mãe. Ela não acaba. Todo o tempo ela é a
mesmaxxxvi“. Tal resistência miúda (SCOTT, 1982) ao que parece não foi capaz de
minimamente abalar o projeto da eucaliptocultura, posto que a referida gleba estivesse
encravada num “mar de eucaliptos”, entretanto é bom lembrar que “Para os camponeses,
pulverizados ao longo da zona rural e enfrentando ainda mais obstáculos para a ação
coletiva e organizada, as formas cotidianas de resistência parecem particularmente
importantes” (SCOTT, 1982: 11), mesmo que estas não sejam lidas por representantes do
Estado e pelas classes dominantes, como significativas.
Outros integrantes da comunidade se organizaram coletivamente, e, independente de
terem ou não vendido suas terras passaram a lutar pelo reconhecimento do distrito como
área remanescente de quilombo. O fato de constar, no pedido de reconhecimento enviado à
Fundação Cultural Palmares, por membros da comunidade de Helvécia, um parágrafo, no
qual os signatários denunciam mazelas associadas ao plantio do eucalipto nas terras de sua
comunidade, é um indicativo de que o processo de reconhecimento de Helvécia como área
remanescente de quilombo estava inserido nas estratégias de grupos organizados daquela
comunidade, de resistência e negociação nas relações com “as firmasxxxvi”.
Este reconhecimento, além de implicar a assunção de Helvécia a ocupação de um
novo lugar (ARRUTI, 2006) tornou ainda mais complexo a composição de poder e luta
pela terra no distrito, que passou a contar com a possibilidade da chancela de dispositivos
legais reconhecidos pelo estado brasileiro, expressos no Artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (BRASIL, 2002: 159), no sentido de proteger e garantir o uso
coletivo das terras de herdeiros. Ao mesmo tempo, conforme relatado por Roseli
Constantino, dúvidas e incertezas foram sendo disseminadas entre integrantes da
comunidade “ser quilombola não era uma coisa boa, [...] Iria perder sua casa, você não iria
ser dono de mais nada”xxxvi. Há indícios que associam essas idéias a pessoas ligadas aos
representantes do agronegócio do eucalipto, sabedoras das implicações legais da
certificação do reconhecimento e do processo de reterritorialização que a mesma poderia
trazer em seu bojo.
Ao conseguir o reconhecimento do distrito como área remanescente de quilombo,
aquela comunidade agiu, não sem confrontos e fissuras, de maneira a contribuir na
composição de um novo cenário, de novos arranjos no jogo de forças entre os atores que
atuam naquele lugar em defesa de diferentes projetos.
No pedido de reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo,
enviado à Fundação Cultural Palmares, em outubro de 2004, os signatários, após um breve
relato sobre Helvécia, encerraram assim o documento: “portanto reiteramos pedido de
certificação como remanescente de quilombos, reconhecendo (sic), delimitação,
demarcação e titulação de nossas terras pelo órgão competentexxxvi”. Entretanto, após o
reconhecimento e os embates suscitados por ele, a AQH passou a agir, segundo a senhora
Roseli Constantino, da seguinte maneira
Helvécia, como eu estava falando já foi reconhecida já como
comunidade remanescente, só que a gente deu essa recuada por
conta dos conflitos que surgiram, até ameaça de morte e aí em
relação a outras comunidades remanescentes, nós tínhamos dois
problemas, porque as outras é uma briga entre a comunidade e os
latifundiários e aqui não, aqui a gente tinha uma briga com as
empresas [referia-se a Aracruz Celulose e Suzano Bahia Sul
Celulose] e uma briga interna em relação à própria comunidade
não se aceitar, tanto é que teve né abaixo-assinado, [...] esses dias
mesmo tivemos contatos com o povo da..., ligaram para nós, o povo
da Fundação Cultural Palmares e onde eles iam discutir já a questão
da territorialidade, a gente falou –: Não, vamos dar um tempo né?
Vamos estar trabalhando nesse momento a questão cultural, [...] não
estamos ainda discutindo a questão da territorialidade até por conta
dessa falta de conhecimento do povo que é negro, a gente também
entende que em Helvécia muitas pessoas têm tido suas terras né? E
aí eu sei que muitas pessoas não vão aceitar, por exemplo, uma
titulação única, então também isso gerou medo em algumas
pessoas, até negras mesmo que têm terra em saber que vai ter essa
titulação única e se mudar de governo e se mudar alguma coisa,
[...]xxxvi
Nesta fala, a líder da AQH deixou clara a permanência do clima de tensão em
Helvécia ao mesmo tempo em que identificou dois pólos de conflitos existentes: “aqui a
gente tinha uma briga com as empresas e uma briga interna em relação à própria
comunidade não se aceitar” O fato de a AQH ter, diante das ameaças veladas e/ou
reveladas, recuado e pedido, informalmente, aos integrantes da Fundação Cultural Palmares
que não desse andamento ao processo de demarcação e titulação das terras indica a
complexidade que este adquiriu na comunidade. Em relação aos conflitos internos, a fala
evidencia que estes estão vinculados à não-aceitação e até mesmo rejeição da identidade
quilombola e aos receios e dúvidas em relação à dinâmica/forma da titulação terra.
Mas não era só, um outro elemento compunha essa relação de tensão em Helvécia.
Ele aparece na fala da senhora Roseli quando a mesma discorre sobre o comportamento das
empresas após o reconhecimento de Helvécia.
Olha com a Suzano a gente não tem muito contato, mas desde que
nós pedimos o reconhecimento a Aracruz já nos procurou, [...]
começou as ligações, a ligar lá para casa, querer dialogar. Mais de
vinte anos de empresa na região, eles nunca vieram, essa vinda dela
a partir do reconhecimento... tem nos procurado sempre e nos
colocando em uma situação muito complicada, porque enquanto
que a Associação, a gente sabe que Associação é contra né? Essa
monocultura, mas aí a comunidade por aquilo que eles
prometem...xxxvi
Por que a mudança de comportamento das empresas de eucalipto – em especial da
Aracruz Celulose – tem deixado as integrantes da AQH “em uma situação muito
complicada”?
Possivelmente porque, dentre as tantas promessas, as firmas traziam
novamente à baila um tema caro à população de Helvécia: a geração de empregos.
Sobre as investidas da Aracruz Celulose, após o reconhecimento de Helvécia como
comunidade quilombola, a senhora Malzinéia menciona um encontro ocorrido em 2007. Na
oportunidade, um representante da Aracruz Celulose sinalizou com a possibilidade de
implantar um viveiro de eucalipto em Helvécia, gerando empregos, inclusive para as
mulheres do distrito. Esta proposição foi feita em reunião com membros da comunidade,
incluindo os integrantes da AQH. Para Malzinéia, que participava da AQH desde sua
fundação aquela foi uma situação de “impasse entre defender a terra e apoiar o viveiro que
está vindo aí justamente para plantar o eucalipto, então é uma contradição muito forte para
a gente, muito forte e dolorosa”xxxvi.
A respeito destas reuniões feitas amiúde pela Aracruz Celulose com a comunidade
de Helvécia, logo após o reconhecimento, a professora Regina Constantino fez a seguinte
análise:
[...] a gente não sabe com que interesse eles estão fazendo isso, toda
vez que eles marcam uma reunião, falam assim: – Chama as
meninas da Associação, né? [...] E aí a gente fala assim: – Gente
será que no meio dessa reunião, eles não vão falar, não querem
jogar o povo contra a gente né? – Ah, não pode ser em Helvécia
porque Helvécia é terra de quilombo, não pode mais plantar esse
tipo de atividade aqui em Helvécia. Então por isso estamos com
medo disso de ser uma jogada da empresa né? Para tentar acabar
com a Associação, ninguém nunca vai saber o que está querendo
né?xxxvi
A senhora Regina vislumbra na ação da Aracruz Celulose, de convidar as “meninas
da Associação” para as reuniões feitas por esta empresa com integrantes da comunidade, a
possibilidade de uma estratégia de “jogar o povo contra” a AQH. Mesmo sem elementos
para asseverar como este tipo de estratégia estaria sendo pensada, a narradora está alerta,
afinal, em sua memória, a Aracruz Celulose, para desenvolver seus projetos em Helvécia,
não respeitou, em um passado recente, as organizações existentes no lugar.
Por outro lado, é importante lembrar que, ao ser reconhecida como área
remanescente de quilombo, Helvécia ganhou visibilidade, exigindo das empresas de
eucalipto que atuam na região ações que fizessem ver a sua propalada responsabilidade
social. Corrobora esta análise, por exemplo, a criação da Associação Arte Helvécia,
parceria da Aracruz Celulose com artesãs da cidade para a construção de “produto
socialmente justo e ecologicamente correto, [...] com resíduos florestais de eucalipto e
sementes da região”.xxxvi Destaco aqui o fato de esta associação ser composta apenas por
mulheres, alijadas do campo de trabalho em razão dos “desmantelamentos” ocorridos no
distrito. Estas ações são indícios de que Helvécia ocupava um novo lugar. Não era apenas
mais um distrito que desde 1980 havia sido tomado pela eucaliptocultura. Este novo lugar
havia sido galgado a partir do momento em que fora nomeado e reconhecido como área
remanescente de quilombo. Arruti (2006, p. 82), ao falar do significado deste termo,
remanescente quilombola, afirma que o mesmo
implica, para a população que o assume (indígena ou negra) a
possibilidade de ocupar um novo lugar na relação com seus
vizinhos, na política local, frente aos órgãos e às políticas
governamentais no imaginário nacional e, finalmente, no seu
próprio imaginário[...]
Este novo lugar, ocupado agora pela comunidade de Helvécia, na relação com as
empresas de eucalipto, é identificado pela senhora Roseli Constantino:
Às vezes eu fico observando que as pessoas só acreditam naquilo
que elas querem, que no fundo, no fundo elas sabem que a vinda da
Aracruz aqui só está acontecendo por causa desse reconhecimento,
mas eles ainda não atentaram para isso, e ao invés de abraçar [a
AQH] ainda há um certa resistência, então a nossa relação com ela
tem sido isso aí, a gente não entrou ainda em conflito, mas em todo
momento a gente deixa claro quais são os nossos objetivos, algumas
pessoas do grupo, da rede [referindo à Rede Alerta Contra o
Deserto Verde] que a gente faz parte até ficavam – Cuidado com
esse povo da Aracruz. Então todas as vezes que nós reunimos com
eles a nossa fala tem sido sempre a mesma, [...] independente de
qualquer coisa que vocês vierem trazer, vocês estão sabendo que
vocês estão cumprindo a responsabilidade social que é de vocês e
que a comunidade em geral quer receber esse beneficio, mas que
nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, que a luta da
Associação vai ser discutir a questão cultural, social e mais tarde
com certeza a questão da territorialidade,[...]?xxxvi
Ela sabe da mudança de composição de forças, engendrada pelo processo de
reconhecimento de Helvécia, e percebe que outros integrantes da comunidade também o
sabem, mas não admitem, em razão dos conflitos internos com a AQH. Referindo-se às
relações entre a AQH e a Aracruz Celulose, a entrevistada compôs uma narrativa como se
fosse um recado à empresa. Neste, ela falou dos benefícios esperados pela comunidade
através de ações de responsabilidade social, ao mesmo tempo em que reafirmou a
continuidade das etapas seguintes do processo de reconhecimento de Helvécia como área
remanescente de quilombo, o que irá implicar a titulação coletiva da terra. Ainda nesta fala,
a senhora Roseli disse do alerta feito por integrantes da Rede “Cuidado com esse povo da
Aracruz”. Este alerta apareceu na fala de outra entrevistada de forma mais explicita:
O pessoal da Rede né? De outras localidades, nos critica, mas eu
gostaria que eles morasse aqui para sentir um pouquinho o que nós
sentimos, porque a gente está em um jogo de cintura com a
comunidade, porque perdeu o apoio da comunidade você não tem
nada, então você fica quase que numa sinuca de bico, tem que saber
jogar [...]xxxvi
Sinalizando que as ações da AQH, no sentido de recuar frente à questão da titulação
das terras, não é consensual entre os pares que contribuíram com o processo de
implementação do reconhecimento de Helvécia. Malzinéia, por seu turno, nos convidou a
ver a complexidade existente no cotidiano, “porque perdeu o apoio da comunidade você
não tem nada, então você fica quase que numa sinuca de bico, tem que saber jogar”.
Lutar pela sobrevivência dessa comunidade, Helvécia, era batalhar pela existência
da mesma no tempo presente e, portanto, a partir das necessidades, costumes e
problematizações agora postas, nas quais se entrelaçava o agronegócio do eucalipto, a
aceitação e/ou negação da identidade quilombola, as resistências das elites locais e de
pessoas que possuíam uma pequena propriedade em aceitar uma titulação única da terra, as
expectativas de movimentos sociais externos à comunidade, os anseios da comunidade por
empregos e ascensão social.
Em conversas nas vendas, nos encontros nas igrejas, nos banhos no rio Peruípe, nas
reuniões nas associações existentes se tecia a história daquele lugar, a partir das ações, de
resistência e acomodação, de seus homens e mulheres.
O Movimento Negro Unificado e as políticas públicas para as
populações negras: elementos para uma análise
Luís Gustavo Santos Encarnação
Introdução
“Quero ver nossas crianças de hoje, no dia de amanhã, de anel no dedo e aos pés de Xangô”
(Mãe Aninha)
O desafio lançado pela mãe de santo do terreiro de candomblé Ilê Opô Afonjá,
citado pela saudosa Ialaxê nilê Axé Opô Afonjá no momento de criação da minicomunidade Oba-biyi – que tinha o objetivo de criar uma nova pedagogia que, através dos
códigos culturais comunitários e do reforço dos valores ancestrais de suas crianças, tentasse
conciliar a busca por um lugar digno em uma sociedade racista e excludente (de anel no
dedo), sem perder a sua identidade cultural (aos pés de Xangô) –, resume de forma precisa
os anseios do movimento negro organizado brasileiro contemporâneo.
Esta análise (embrionária, por tratar-se de trabalho dissertativo de conclusão de
curso de pós-graduação, ainda em andamento) objetiva trazer à luz elementos para a análise
de algumas ações desenvolvidas nas últimas três décadas, por aqueles que aceitaram o
desafio de transformar o sonho daquela mãe de santo em política de estado.
O Estado e os Movimentos Sociais Brasileiros entre as décadas de 1970 e 1980: o
processo de construção da participação social democrática
As décadas de 1970 e 1980, no Brasil, foram marcadas fortemente pelo
recrudescimento das forças da ditadura militar, por um processo de alargamento gradual da
democracia brasileira institucionalizada através da Constituição de 1988 e, por fim,
responsável também pela consagração do princípio de participação da sociedade civil nas
decisões do Estado brasileiro.
Neste sentido, Evelina Dagnino nos sugere que o envolvimento dos movimentos
sociais no processo decisório e executor das ações do poder público (fruto da luta da
sociedade organizada contra o regime militar) encontraria dois marcos importantes neste
período: o restabelecimento da democracia formal – e, conseqüentemente, aposta na
possibilidade da ação conjunta do Estado e sociedade civil em prol do aprofundamento
democrático – e a estratégia do Estado mínimo neoliberal – a partir da eleição do presidente
Fernando Collor de Melo em 1989 – de se isentar de seu papel garantidor de direitos sociais
(Dagnino, 2004).
Reforçando esta idéia, Gisele Cruz nos adverte que, diferente do que preconizam
alguns teóricos, não devemos associar o ressurgimento dos movimentos sociais no cenário
político brasileiro apenas a certa iniciativa do Estado, que, através da “constituição
cidadã”xxxvi, teria aberto as portas para uma participação mais descentralizada e logo, mais
democrática, mas sim que essa nova institucionalidade – introduzida pela reforma do
Estado brasileiro neste período – teria surgido, entre outros, por conseqüência das
aspirações da sociedade civil organizada que, em fins da década de oitenta, já ansiava por
participação política direta (Cruz, s/d).
Segundo Liszt Vieira a própria idéia de sociedade civil só haveria ressurgido devido
a três constatações: primeiro, a percepção da sociedade civil como diferente do Estado e do
mercado e, conseqüente limitação da influência destes sobre aquele. Segundo, sua
institucionalização pelo sistema legal moderno, oferecendo-lhe condições para o controle
do aparelho administrativo do Estado e, por último, o reconhecimento de instituições
intermediárias que se situariam entre o indivíduo, de um lado, e o Estado e o mercado, de
outro, institucionalizando princípios éticos não passíveis de serem produzidos pela ação
estratégica do mercado ou pelo exercício do poder estatal. Entretanto, em sua opinião, todo
o processo de reconstrução e ressignificação do próprio conceito de sociedade civil
organizada haveria sido fortemente abalado pelo recrudescimento da perspectiva classista
marxista e, se veria hoje descaracterizado por uma nova perspectiva meramente
individualista (Vieira, s/d).
Por outro lado, para estudiosos como Regina Pahim Pinto, essa caracterização dos
“novos movimentos” não representariam necessariamente certo esvaziamento do teor
político e coletivo dos movimentos sociais, mas, no caso do movimento negro brasileiro,
representaria uma inovação em relação aos demais movimentos da época, por relacionar a
classe social às questões inerentes ao racismo em nosso país, sem perder as especificidades
do movimento, mas também articulando a questão social com outras esferas como a
política, a econômica, a educacional e a sexual. Em suas palavras, exemplo disso pode ser
notado na tese defendida no III Congresso do Movimento Negro Unificado (MNU) sobre
os temas do sexismo e racismo, quando esta aponta para a necessidade de uma análise da
situação racial/ sexual brasileira que se efetue “em função da estrutura da sociedade de
classes” (Pinto, 1990, p.371).
Sobre a complexidade que envolve a relação entre Estado e movimentos sociais na
atualidade – e, em específico, no caso latino-americano –, o artigo intitulado “Paradigmas
en la investigación de los movimientos sociales en América Latina: abordajes y
perspectivas” (Lodeserto, et al., 2010) nos aponta para a novidade entre os novos
movimentos sociais que, neste momento, constituem tanto uma crítica “de la regulación
capitalista” como uma crítica da “emancipación social socialista tal como fuera definida por
el marxismo”.
No se trata de soslayar la exclusión baseada em la clase social sino
que “nuevas formas de exclusión social, basadas em el sexo, em la
raza, em la perdida de calidad de vida, em el consumo, em la
guerra, ahora la ocultan o legitiman, o complementan y
profundizan. (Souza Santos, 2007, p. 06 In: Lodeserto, et al., 2010,
p.66)
Para Manuel Garretón os novos movimentos sociais prefiguram novos eixos do
conflito social – que já não guardam estreita vinculação com os pilares “trabalho e estado
nação” predominante nos séculos XIX e XX. Estes novos eixos se situariam então na
democratização política e social, na reconstrução das economias nacionais e redefinição de
modelo de modernização, de forma que
esto da lugar a actores sociales más ligados a lo sócio-cultural que a
lo político-económico; y centrados em reivindicaciones por la
calidad de vida y por la inclusión, que em proyetos de cambio social
global (Garretón, 2003, p. 12. In: Lodeserto, et al., 2010, p.66)
Oscar Oslak, no trabalho intitulado “Estado y sociedad: Las nuevas reglas del
juego” (Oszlak, 1997), em que desenvolve um esquema analítico onde situa os processos de
transformação do Estado e sociedade contemporâneos, nos apresenta a hipótese de que
talvez não tenham sido as regras fundantes do capitalismo, em que se baseiam os vínculos
entre Estado e sociedade que tenham variado, mas, provavelmente, a mudança tenha se
operado exatamente no campo dos atores políticos, estratégias e resultados do jogo em si.
No caso das sociedades latino-americanas, tradicionalmente, o Estado constituía o
lócus principal da política, onde desembocavam todas as pressões, demandas e tomadas de
posição que deram sucessivos conteúdos à agenda política nacional. Entretanto, colonizado
por interesses econômicos, o Estado – com escassa autonomia –, foi orientando suas
políticas segundo os ditados e preferências de quem controlava seu aparato institucional.
Alcançados os seus limites, a antiga matriz Estado-cêntrica foi-se encaminhando a um
modelo de relação que tinha como característica central uma incorporação da sociedade em
uma ordem inevitavelmente capitalista, mas cuja adjetivação será o resultado de uma luta
política incerta quanto a seus resultados. Quanto ao que refere aos seus pressupostos éticos
de equidade distributiva, se será esta nova ordem “social” ou apenas “com rosto humano”,
o autor nos responde que, qualquer que seja a resposta, não haveria dúvida que a mesma
terá o Estado como protagonista central (Oszlak, 1997).
O Movimento Negro Brasileiro: uma apresentação
A bibliografia sobre o movimento negro brasileiro pós-abolição reflete uma
tendência em compreender sua militância em três grandes momentos: o primeiro
representaria o período entre os anos 1900 e 1937 – interrompido pelo golpe de Getúlio
Vargas –, o segundo se estenderia entre os anos 1945 e 1964 – período marcado em seu
início, pela queda de Vargas e, em seu fim, pelo golpe militar de 64 – e, por fim, entre os
anos de 1978 (contextualizado pela distensão política e fundação do Movimento Negro
Unificado) até nossos dias atuais.
Desta forma, o movimento negro brasileiro – entendido como “a luta dos negros na
perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os
provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no
mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural” – é, ainda hoje
compreendido na bibliografia através de certa “linha evolutiva”, que encontra como seu
primeiro marco, a criação da Frente Negra Brasileira (FNB), após três décadas de produção
de periódicos para mobilização das populações negras situadas nas grandes cidades
brasileiras. Sobre as dezenas de periódicos produzidos neste período e suas bandeiras de
luta, Petrônio Domingues afirma:
[eles] enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a
população negra no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e
da saúde, tornando-se uma tribuna privilegiada para se pensar em
soluções concretas para o problema do racismo na sociedade
brasileira. (...) as páginas desses periódicos constituíram veículos de
denúncia do regime de “segregação racial” que incidia em várias
cidades do país, impedindo o negro de ingressar ou freqüentar
determinados hotéis, clubes, cinemas, teatros, restaurantes,
orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, além de
algumas escolas, ruas e praças públicas. Nesta etapa, o movimento
negro organizado era desprovido de caráter explicitamente político,
com um programa definido e projeto ideológico mais amplo.
(Domingues, 2007, p. 105)
Com a fundação da Frente Negra Brasileira (1931-1937) – entidade de amplitude
nacional, que visava à unificação das populações negras brasileiras em torno da
“reivindicação de uma abertura ampla e irrestrita da sociedade democrática aos negros” –, o
movimento experimenta um período de maior amadurecimento político, sendo que em seu
penúltimo ano de existência a entidade transforma-se em partido político, a fim de
capitanear os votos “das pessoas de cor”. Embora simpático aos ideais fascistas e buscasse
aproximação com o presidente Getúlio Vargas, o novo partido seria extinto logo após a
instalação do período autoritário, denominado de “Estado Novo”.
Influenciada pela conjuntura internacional de ascensão do
nazifascismo, [o partido da Frente Negra Brasileira] notabilizou-se
por defender um programa político e ideológico autoritário e
ultranacionalista. Sua principal liderança, Arlindo Veiga dos
Santos, elogiava publicamente o governo de Benedito Mussolini, na
Itália, e Adolfo Hitler, na Alemanha. O subtítulo do jornal A Voz da
Raça também era sintomático: “Deus, Pátria, Raça e Família” (...).
A FNB mantinha, inclusive, uma milícia, estruturada nos moldes
dos boinas verdes do fascismo italiano. A entidade chegou a ser
recebida em audiência pelo Presidente da República da época,
Getúlio Vargas, tendo algumas de suas reivindicações atendidas,
como o fim da proibição de ingresso de negros na guarda civil em
São Paulo. Este episódio indica o poder de barganha que o
movimento negro organizado dispunha no cenário político
institucionalizado brasileiro. (Domingues, 2007, p. 107)
O segundo período do movimento negro brasileiro, por sua vez, seria marcado por
certa “reprovação e medo” das classes médias brasileiras das possibilidades de
“radicalização” do movimento, o que acabou por fragilizá-lo. De forma que, as entidades
que subsistiram, direcionaram suas ações para o campo sócio-cultural, “deixando a ação
política para as décadas de 1970 e 1980” (Silva, 2007, p. 32). Embora Domingues concorde
que neste período o movimento negro brasileiro não possuísse “o mesmo poder de
aglutinação da anterior”, é ele quem nos chama a atenção para a entidade criada na cidade
de Porto Alegre, em janeiro de 1943, a União dos Homens de Cor, ou “Uagacê” (UHC),
como era mais popularmente conhecida;
Chama a atenção a escalada expansionista da UHC. Na segunda
metade da década de 1940, ela abriu sucursal ou possuía
representantes em pelo menos 10 Estados da Federação (Minas
Gerais, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do
Sul, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e Paraná), estando presente em
inúmeros municípios do interior. Somente no estado do Paraná, a
UHC mantinha contato com 23 cidades em 1948. Em linhas gerais,
sua atuação era marcada pela promoção de debates na imprensa
local, publicação de jornais próprios, serviços de assistência jurídica
e médica, aulas de alfabetização, ações de voluntariado e
participação em campanhas eleitorais. (Domingues, 2007, p. 108)
Uma importante ressalva merece ser feita neste momento. Em estudo sobre a
imprensa negra do período considerado, por muitos autores, como aquele de
“recrudescimento do movimento”, Andrews (In: Silva, 2007) nos alerta para certo período
de revisão do passado do movimento (1945-1963), que o teria levado a um
“amadurecimento ideológico, uma maior conscientização, resultando em reivindicações
pelos direitos, participação e representação”, de forma que, os problemas dos negros
passaram a ser analisados pelo âmbito da luta de classes.
Entretanto, diferente do que apontam alguns autores, o resultado de tal reflexão
produz no movimento negro brasileiro uma mudança de perspectiva no conceito de
mudança social.
(...) o significado e o interesse pelos movimentos sociais reside no
fato de, neles, poderem-se captar evidências de transformações
profundas da lógica social. O que está em questão é uma nova
forma de fazer política, uma nova forma de sociabilidade e uma
nova maneira de relacionar o político e o social (Pinto, 1993, p. 17).
Neste sentido, o professor Petrônio Domingues – a partir de reflexões sobre o
conceito de movimentos sociais de Ilse Scherer-Warrenxxxvi –, analisa que a identidade
racial, por parte do movimento negro, seria utilizada não apenas como elemento de
mobilização, mas também de mediação das reivindicações políticas, o que faria da “raça” o
fator determinante de sua organização em torno de um projeto comum de ação.
O Movimento Negro Unificado e a luta pelo direito ao acesso à educação
Em um cenário nacional construído por desigualdades étnicas e sociais históricas e
amparado de longa data unicamente por políticas públicas generalistas, as portas da
exclusão social já conheciam há muito tempo o seu público alvo. Observando o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro, desagregado por cor/etnia, observaremos
facilmente que a discriminação racial ainda hoje é responsável pela construção de, pelo
menos, duas cidadanias neste paísxxxvi. Apenas uma política de dar poderes (autonomiaxxxvi)
poderia tratar destas assimetrias ilegítimas de poder e oportunidade.
O Movimento Negro Unificado – que marca a última fase de amadurecimento do
movimento negro brasileiro –, de âmbito nacional, teve suas origens na organização política
de orientação marxista-trotskista “Convergência Socialista” e muitos dos seus militantes
encontraram nesta última, sua escola de formação política e ideológica. Neste momento
inicia-se o chamado “período de africanização” do movimento – representado pela busca de
uma re-significação da história do negro no nosso país e, necessariamente, de valorização
de sua culturaxxxvi. Reconhecido o importante papel da população negra no processo de
edificação deste país, surge a oportunidade do movimento passar a exigir dos poderes
públicos, de forma incisiva, a formulação de agendas que tenham por objetivo a melhoria
de vida destas populações e de seus descendentes.
Neste momento, tal qual o Movimento Negro Unificado nacional, e seguindo uma
tendência já praticada pela FNB desde os anos trinta, a setorial baiana daquele adota o
direito à educação para as populações negras como uma de suas principais bandeiras de
luta. Entretanto, diferente da FNB, a luta pela democratização do acesso ao ensino já não
mais se restringia ao direito à alfabetização, mas questionava a própria estrutura da escola
pública, através de proposições para a formação de professores, elaboração de material
didático, currículos, e outros (Cardoso, 2005), num estado que se destaca como aquele cuja
capital possui o maior número de trabalhadores pretos e pardos, mas também como o
responsável pelas maiores desigualdades de escolaridade e diferenças salariais entre
brancos e negros (Theodoro, et al., 2008).
Neste sentido, os militantes do MNU baiano – formado por artistas, educadores,
estudantes universitários e outros membros influenciados pela movimentação cultural
baiana já iniciada por grupos como o Ilê Aiyê, o Malê Cultura e Arte Negra, o Núcleo
Cultural Afro-Brasileiro, o grupo de teatro Palmares Inarõn e outros – criaram o Grupo de
Educação Robson Silveira da Luz, responsável, através da mobilização social e do debate
político, pela conquista de uma série de antigas reivindicações do movimento junto ao
poder público localxxxvi. Entre as ações desenvolvidas, destaca-se aquela que hoje, talvez
represente a maior de suas conquistas no enfrentamento das desigualdades étnicas e sociais
do país: a criação da política de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas,
negros e indígenas para o acesso ao ensino superior nos cursos das universidades públicas
baianasxxxvi.
Conclusão
Atualmente, período de conclusão das primeiras turmas de estudantes negros e
indígenas que ingressaram nas universidades mediante a política de reserva de vagas, novos
e antigos questionamentos se entrecruzam no cenário acadêmico e nos meios de
comunicação. Pesquisas nos indicam que para alguns cursos, a aplicação das reservas de
vagas seria desnecessária e que a universidade atual necessitaria de mudanças significativas
para sua efetivação (Cardoso, 2008). Outros nos indicam que, uma vez na academia,
estudantes cotistas conseguem ter um aproveitamento similar ou superior ao de estudantes
não cotistas, e que a política universalista de acesso ao ensino superior nos teria rendido,
nos últimos trinta anos, um crescimento três vezes maior na diferença do acesso entre
brancos e negros na universidade (Theodoro, et al., 2008).
Estas polêmicas acontecem quando o senado federal aguarda o Projeto de Lei
n°.73/99 que institui sistema especial de reserva de vagas para estudantes egressos de
escolas públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas de educação
superior e centros tecnológicos.
Considerando-se que a política de reserva de vagas para o acesso ao ensino superior
continua cercada por uma série de polêmicas, entendemos que a temática carece, mais do
que nunca, de trabalhos referentes a este assunto. Pesquisas que, não apenas busquem a
realização de uma avaliação dos resultados obtidos – em muitos casos ainda muito frágeis
por serem políticas ainda muito recentes –, mas que nos possam oferecer a dimensão
humana da participação dos atores de um movimento social que, “por intermédio [de suas]
múltiplas modalidades de protesto e mobilização (...) vem dialogando, não apenas com o
Estado, mas principalmente com a sociedade brasileira. (...) [e cuja trajetória] vem se
caracterizando pelo dinamismo, elaboração e reelaboração, em cada conjuntura histórica,
de diversas estratégias de luta a favor da integração do negro e erradicação do racismo na
sociedade brasileira” (Domingues, 2007, p.122).
Referências Bibliográficas
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