Compromisos para combatir los crímenes contra periodistas y su

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Compromisos
para combatir
los crímenes
contra periodistas
y su impunidad
DOCUMENTOS INTERGUBERNAMENTALES Y DE
LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
Compromisos
para combatir
los crímenes
contra periodistas
y su impunidad
DOCUMENTOS INTERGUBERNAMENTALES Y DE
LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
© 2011. Quinta Edición
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
1801 SW 3rd Avenue
Miami, Florida 33194
Tel.: (305) 634-2465
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • COMPROMISOS PARA COMBATIR LOS CRIMENES CONTRA PERIODISTAS Y SU IMPUNIDAD 1
Contenido
Autoridades de la SIP............................................................................4
Introducción......................................................................................... 7
Declaración de Durango.
Tercer Encuentro de Editores de México ............................................ 8
16 de febrero de 2010, Durango, México
Conclusiones de la Conferencia Prensa, Estado
y Crimen Organizado (SIP)................................................................. 10
México D.F, México, 24 de abril del 2009
Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana.................13
México D.F, México, 26 - 27 de junio de 2008
Declaración de Principios: Conferencia Hemisférica
“Poder judicial, Prensa, Impunidad” (SIP)..........................................16
Santo Domingo, República Dominicana, 18 - 20 de julio de 2007
Declaración de Medellín para garantizar la seguridad
de los periodistas y combatir la impunidad.......................................19
UNESCO - Conferencia sobre libertad de prensa, seguridad de los periodistas e impunidad,
Medellín, Colombia, 3 - 4 de mayo de 2007
Resolución Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas....................................... 23
Nueva York, Nueva York, Resolución 1738 (2006), 23 de diciembre de 2006
Conclusiones de Tegucigalpa: Conferencia “Periodismo,
Violencia y Pandillas en Centroamérica” (SIP).................................. 27
Tegucigalpa, Honduras, 10 de febrero de 2006
Conclusiones de Nuevo Laredo: Conferencia “Narcotráfico:
Investigación y Cobertura Noticiosa” (SIP)........................................ 29
Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 27 de enero de 2006
Declaración de Pucallpa (SIP).............................................................31
Pucallpa, Perú, 20 de septiembre de 2005
Declaración de Hermosillo (SIP)......................................................... 33
Encuentro de Editores de la Frontera Norte de México
Hermosillo, Sonora, México, 30 de agosto de 2005
2 COMPROMISOS PARA COMBATIR LOS CRIMENES CONTRA PERIODISTAS Y SU IMPUNIDAD • SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
Conclusiones de Tijuana: Conferencia Internacional
Narcotráfico “Periodistas bajo riesgo” (SIP).......................................35
Tijuana, Baja California, México, del 28 al 30 de agosto de 2002
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.....................37
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 108 período ordinario de sesiones
Washington, D.C., Estados Unidos, Octubre de 2000
Resolución Adoptada por la
Organización de los Estados Americanos...........................................41
Asamblea General, Caracas, Venezuela, 2 de junio de 1998
Resolución 29 adoptada por la UNESCO.............................................43
París, Francia, 12 de noviembre de 1997 - 29 C/DR.120
Conclusiones de la Conferencia Hemisférica
Crímenes sin Castigo contra Periodistas (SIP)....................................45
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 30 de julio - 1 de agosto de 1997
Declaración de Chapultepec (SIP).......................................................51
Adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión
México, D. F., México, 11 de marzo de 1994
Autoridades de la SIP (2010-2011)
Presidente Honorario
Scott C. Schurz, Herald-Times, Bloomington, Indiana, Estados Unidos
Presidente
Gonzalo Marroquín, Siglo 21, Guatemala, Guatemala
1er Vicepresidente
Milton Coleman, The Washington Post, Washington, D.C., Estados Unidos
2do Vicepresidente
Jaime Mantilla, Hoy, Quito, Ecuador
Tesorera
Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Durango, Colorado, Estados Unidos
Secretario
Bartolomé Mitre, La Nación, Buenos Aires, Argentina
Director Ejecutivo
Julio E. Muñoz, SIP, Miami, Florida, Estados Unidos
Comisión Libertad de Prensa e Información
Presidente
Robert J. Rivard, San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, EE.UU.
Copresidentes:
Claudio Paolillo, Búsqueda, Montevideo, Uruguay
Jayme Sirotsky, RBS, Porto Alegre, Brasil
Vicepresidentes
David Natera, Correo del Caroní, Puerto Ordaz, Venezuela
Jaime Chamorro, La Prensa, Managua, Nicaragua
Director de Libertad de Prensa
Ricardo Trotti, SIP, Miami, Florida
Comisión Contra la Impunidad:
Presidente
Juan Francisco Ealy Ortiz, El Universal, México, D.F., México
Vicepresidente
Ulilo Acevedo, Hoy Diario del Magdalena, Santa Marta, Colombia
M i e m b r o s:
Heriberto Cantú Deándar, El Mañana de Nuevo Laredo, N. Laredo, México
Martín Etchevers, Clarín, Buenos Aires, Argentina
Miguel Henrique Otero, El Nacional, Caracas, Venezuela
André Luis Jungblut, Gazeta do Sul, Santa Cruz do Sul, Brasil
Gonzalo Leaño Aceves, Ocho Columnas, Zapopán, Jalisco, México
Daniel McCosh, T. V. Azteca/ Grupo Salinas, México, D.F., México
Robert Rivard, San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, EE.UU.
Roberto Rock, El Universal, México, DF, México
Clemente Vivanco Salvador, La Hora, Quito, Ecuador
Paulo de Tarso, O Estado de S. Paulo, São Paulo, Brasil
María Judith de Brito, Folha de S. Paulo, São Paulo, Brasil
José Estorgio Colmenares, La Opinión, Cúcuta, Colombia
Juan Fernando Healy, Periódicos Healy, Hermosillo, Sonora, México
Director del Proyecto Contra la Impunidad
Ricardo Trotti, SIP, Miami, Florida
Unidad de Respuesta Rápida de la SIP
Clarinha Glock, Brasil
Diana Calderón, Colombia
María Idalia Gómez, México
Coordinadores del Proyecto Contra la Impunidad
Melba Jiménez, SIP, Miami, Florida
Mauricio Montaldo, SIP, Miami, Florida
Introducción
E
n 1997 la Conferencia Hemisférica Crímenes Sin Castigo
Contra Periodistas de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), celebrada en Guatemala, plantó la primera semilla de
la lucha contra la impunidad en los casos contra periodistas.
Posteriormente a ese llamado mundial que hicieron líderes políticos,
juristas y periodistas, se adhirieron organizaciones intergubernamentales
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y de esta manera comenzaron a germinar numerosas
herramientas que potenciaron distintas formas de lucha con el mismo
objetivo: derrotar la impunidad y combatir la violencia contra la prensa y
contra toda persona que ejerza su derecho a la libertad de expresarse.
Uno de los documentos más importantes es el que emergió de
la Conferencia Hemisférica: “Poder Judicial, Prensa, Impunidad”,
realizada en Santo Domingo, República Dominicana del 18 al 20 de
julio de 2007 y que contó con la presencia de 21 magistrados de los
más altos tribunales de Justicia de las Américas, docenas de líderes,
legisladores, periodistas y representantes de medios de comunicación.
La SIP lanzó en 1995 el proyecto Contra la Impunidad contando
con el siempre generoso apoyo de la Fundación John S. y James L.
Knight.
Estamos ahora en el cierre de una etapa. Esta Conferencia
Hemisférica Universitaria “Políticas Públicas para Combatir la
Impunidad”, que se realiza en Puebla, México, el 25 y 26 de agosto
de 2011, seguramente abrirá un nuevo camino para seguir reclamando
justicia.
Las declaraciones que aquí se presentan, tanto de la SIP como de
organizaciones intergubernamentales, forman parte de un compromiso,
a la vez que intentan establecer mecanismos y planes de acción para
luchar contra la impunidad y defender la libertad de prensa y de
expresión. n
Ricardo Trotti
2011
Declaración de Durango
Tercer Encuentro de Editores de México
Sociedad Interamericana de Prensa
16 de febrero de 2010
Durango, México
Los directivos de medios de comunicación de Durango, Coahuila y Sinaloa convocados por
la Sociedad Interamericana de Prensa, en este Tercer Encuentro de Editores de México,
repudiamos el clima de violencia que se vive en la región y en el país, que lesiona la libertad
de expresión.
Exigimos que las autoridades garanticen el ejercicio libre y pleno del periodismo,
mostrando verdadera voluntad y eficacia al resolver los casos de periodistas asesinados y
desaparecidos, y ofreciendo información veraz y soportada en pruebas, porque la impunidad
y la desinformación son alicientes para que los ataques a los periodistas y sus medios se
repitan.
Reiteramos que los derechos a la vida, a la libertad e integridad personales, a la seguridad
y el amparo de la justicia, a la libertad de expresión y de prensa, constituyen garantías
esenciales para toda persona y son pilares de la democracia, derechos reconocidos en
instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Recordamos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha auspiciado conferencias y
encuentros con directivos de medios del país, que han arrojado acuerdos y declaraciones
conjuntas como la Declaración Hermosillo en agosto de 2005; y las conclusiones de las
Conferencias realizadas en 2002 en Tijuana, 2006 en Nuevo Laredo, y en ciudad de México
en 2009, en donde se ha exigido que los delitos cometidos contra la libertad de expresión
sean tipificados como delitos federales, que sigan el principio de no prescripción en estos
casos y que no se permita la impunidad bajo ningún motivo.
Como profsionales de la información debemos alertar a la sociedad sobre el daño que esta
violencia generada por poderes fácticos, para que en corresponsabilidad podamos hacer
frente a este problema.
Nos comprometemos a impulsar y participar activamente en seminarios que permitan el
entrenamiento y capacitación de los periodistas bajo coberturas de riesgo de nuestros
medios informativos.
Exhortamos a los tres niveles de gobierno y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que
actúen en el ámbito de sus competencias para crear de forma real mayores garantías a favor
de la libertad de expresión.
Reclamamos al Poder Ejecutivo federal y estatal a que creen la figura de la vocería especial
para los casos de violencia que se presentan en las ciudades y al llevar a cabo operativos
conjuntos,para ofrecer información clara, oportuna y confiable, que permita evitar la
autocensura de los medios de comunicación.
Planteamos la necesidad de impulsar reformas legislativas que permitan adecuar el marco
normativo a la realidad que se vive e impedir con ello la ambigüedad que provoca la debilidad
de las instituciones.
Convocamos a los medios de comunicación de México a hacer un frente común, difundiendo
y dando seguimiento a los casos de periodistas asesinados y desaparecidos por causas
de su profesión, así como información de relevancia que esté relacionada con el crimen
organizado, para generar una estrategia informativa, que permita sumar esfuerzos frente a
esta realidad.
•
Conclusiones de la Conferencia
Periodismo, Estado y Crimen Organizado:
Las experiencias de Colombia y México
24 de abril de 2009
México DF, México
Considerando que la Sociedad Interamericana de Prensa convocó a funcionarios del área de
Seguridad de los gobiernos de México y Colombia; líderes de opinión, editores y directores
de medios de comunicación, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre métodos
eficaces que puede utilizar el Estado para combatir la violencia generada por el crimen
organizado, así como el periodismo brindar una cobertura adecuada y segura para satisfacer
el derecho del público a la información;
Considerando que la falta de justicia para castigar la violencia contra la prensa crea un círculo
vicioso en el que se desarrollan la impunidad y la autocensura, coartándose severamente la
libertad de expresión y de prensa, según lo fundamenta la Declaración de Chapultepec;
Considerando que la Declaración de México del 27 de junio de 2008 redactada por los editores
mexicanos solicita al Congreso de la Unión mayor voluntad política para crear instrumentos
legales y fortalecer los ya existentes a fin de potenciar el combate a la impunidad;
Considerando que las Conclusiones de Nuevo Laredo del 27 de enero de 2006 destacan
la necesidad de crear mecanismos de comunicación y solidaridad orientados a elevar la
seguridad personal y profesional del gremio;
Considerando que la Declaración de Hermosillo del 30 de agosto de 2005 promueve la
federalización de los crímenes contra periodistas, la no prescripción de los mismos y el
agravamiento de las penas en este tipo de delitos;
Considerando que la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial,
Prensa, Impunidad del 20 de julio de 2007 alienta a los estados al uso de las herramientas
conceptuales y normativas internacionales para sancionar con eficacia a quienes atentan
contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia;
Considerando que los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y México, involucrados en
esta lucha contra el narcotráfico, firmaron varias declaraciones específicas en materia de
libertad de expresión, como las resoluciones 120 de la UNESCO del 12 de noviembre
de 1997; de la Organización de los Estados Americanos del 2 de junio de 1998; de la del
Consejo de Seguridad de la ONU del 23 de diciembre de 2006 y de la Declaración de
Medellín de la UNESCO del 4 de mayo de 2007;
Considerando que esas resoluciones resaltan la adopción de reformas legales que permitan
combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas y la creación de mecanismos de
seguridad para la protección de la actividad periodística;
Los convocados a esta Conferencia, coinciden en:
Instar a los gobiernos para que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se
realice bajo estrictas normas de transparencia y apertura informativa, permitiendo el normal
desarrollo de la actividad periodística.
Crear conciencia en todos funcionarios de las distintas ramas del poder público sobre la
necesidad de reconocer que la libertad de expresión y de prensa son garantías fundamentales
de las sociedades democráticas.
Sensibilizar a las autoridades mexicanas para que adopten medidas de protección, seguridad
y las reformas legales que blinden la cobertura periodística que han resultado eficaces en
la lucha contra el crimen organizado en otros países, considerando, además, que la mejor
forma de reducir los riesgos es aumentando la fortaleza de las instituciones democráticas.
Demandar al Estado para que fortalezca su defensa de la actividad periodística persiguiendo
con todo el peso de la ley y la justicia a los agresores de periodistas, tanto materiales e
intelectuales, resolviendo numerosos casos pendientes que permanecen impunes, de lo
contrario, se genera más violencia.
Instar a las diferentes ramas del gobierno mexicano a demostrar mayor voluntad para
procurar una política integral sobre federalización de crímenes contra periodistas, entre
ellas logrando una efectiva reforma Constitucional específica para que la Federación pueda
atraer crímenes contra periodistas y modificar la estructura de la Fiscalía Especial Contra
Delitos Contra Periodistas, para que tenga la potestad real de poder absorber esos crímenes,
investigándolos hasta sus últimas consecuencias.
Reconocer como un avance exiguo, la reciente reforma considerada al Código Penal Federal
que modifica los Arts. 430 y 431 definiendo la actividad periodística y agravando las penas
de 1 a 5 años, además de días multa.
Reflexionar sobre como los medios y organizaciones de prensa pueden trabajar en forma
solidaria a fin de encontrar alternativas conjuntas para reducir los niveles de riesgo para los
periodistas que cubren el crimen organizado.
Solicitar a las asociaciones periodísticas de México y Estados Unidos, que así como ambos
gobiernos han compartido responsabilidades ante el flagelo del crimen organizado,
encuentren mecanismos comunes de cooperación que permitan proteger a los periodistas y
medios de comunicación a ambos lados de la frontera.
Incentivar en los medios de comunicación espacios que permitan la discusión franca sobre
diferentes alternativas la viabilidad con las que se pretende combatir el crimen organizado y
el tráfico de drogas, exponiendo al público a criterios diversos y plurales, haciendo efectivo
el derecho a la información.
Instar a los periodistas y medios de comunicación a mejorar sus prácticas profesionales y
criterios editoriales frente al crimen organizado para evitar la propaganda de la violencia,
entendiendo a la vez que el entrenamiento permanente y la búsqueda de la calidad periodística
son factor importante para reducir los riesgos en coberturas y zonas de conflicto.
•
Declaración de México
Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana
26 - 27 de junio de 2008
México DF, México
LOS DIRECTIVOS de periódicos mexicanos convocados por la Sociedad Interamericana de
Prensa, en este Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana, rechazamos
enérgicamente el clima de violencia que afecta a toda la sociedad, con grave perjuicio contra
la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.
Manifestamos nuestra profunda preocupación por el alto nivel de impunidad en los crímenes
contra periodistas, que promueve una inquietante autocensura en la labor de los medios de
comunicación. Nos une el propósito de continuar haciendo propuestas concretas para que
el Estado pueda ser eficaz en la lucha contra los delitos que afectan la libertad de expresión
y el derecho a la información, considerando que la propia Constitución Política de los
Estados Mexicanos garantiza la libertad de prensa y dispone una justicia penal expedita e
imparcial.
Reiteramos que los derechos a la vida, a la libertad e integridad personales, a la seguridad y el
amparo de la justicia, a la libertad de expresión y de prensa, constituyen garantías esenciales
para toda persona, reconocidas en instrumentos internacionales, entre ellos la Convención
Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Subrayamos nuestra petición de que el Estado mexicano muestre voluntad política real para
crear un marco legal que permita instrumentos institucionales que ofrezcan respuestas
para combatir adecuadamente la violencia contra la prensa y remediar el fenómeno de la
impunidad.
Afirmamos que este marco legal debe comprender la tipificación de los crímenes contra
la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información como delitos federales;
establecer el principio de no prescripción y el agravamiento de penas por esos delitos, tal
como lo hemos expresado en las Conclusiones de Tijuana, de 2002; en la Declaración de
Hermosillo, de 2005, y en las Conclusiones de Nuevo Laredo, de 2006.
Recordamos que los presidentes de los Estados Unidos de México, Ernesto Zedillo Ponce de
León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006); y Felipe Calderón Hinojosa (2006
- ), han expresado a la Sociedad Interamericana de Prensa su respaldo a estas propuestas
que sólo buscan hacer prevalecer los principios de libertad de expresión, de prensa y el
derecho a la información como fundamentos de la vida democrática y la institución política
del Estado.
Valoramos la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica “Poder Judicial,
Prensa, Impunidad” (República Dominicana, 2007), en la que magistrados y presidentes de
Cortes Supremas de las Américas ratificaron “la importancia de profundizar las medidas
necesarias para que se investiguen y sancionen los atentados contra el ejercicio de la libertad
de expresión y los crímenes contra periodistas, y operadores del sistema de justicia, para así
romper con el círculo perverso de la impunidad”.
Rescatamos el papel central del gobierno mexicano en la adopción de la Resolución 120,
aprobada por la UNESCO, de 1997, en la que se insta a los países miembros a que
“perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores
intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de
expresión” y “adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas
cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión
o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia”.
Consideramos lo establecido por la resolución de la Organización de los Estados Americanos,
de 1998, que insta a sus Estados miembros a profundizar las medidas necesarias “para que
se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra
el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas”.
Destacamos el mandato moral de la Declaración de Chapultepec de 1994, y de la Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de 2000, que condenan el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la
intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, la impunidad de esos crímenes, y que reclaman a los Estados para que esas
acciones violentas sean investigadas con prontitud, sancionadas con severidad asegurando a
las víctimas una adecuada reparación.
Confirmamos las Conclusiones de la Conferencia Hemisférica Crímenes Sin Castigo Contra
Periodistas, Guatemala, 1997, que fueron el precedente histórico para establecer la necesidad
de un marco legal adecuado que permita combatir la impunidad que alimenta la violencia
contra la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.
Por tales motivos, acordamos:
1) Exhortar al Honorable Congreso de la Unión a crear los instrumentos legales necesarios
para que el Estado pueda combatir con eficacia la violencia y los delitos en contra de
la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, permitiéndole además
reducir el clima de impunidad.
2) Solicitar al Honorable Congreso de la Unión que recoja y analice las propuestas concretas
hechas en este Encuentro, en conformidad con normas internacionales, en lo referente
a la tipificación de los crímenes contra libertad de expresión, de prensa y el derecho a
la información como delitos federales, establecer el principio de no prescripción y el
agravamiento de esos delitos, mediante la incorporación de estos principios al Código
Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3) Instar al Presidente de la República a que, además de reconocer su compromiso de enviar
al Congreso de la Unión una reforma constitucional que contemple la federalización
de los delitos contra la libertad de expresión, adopte medidas administrativas, rápidas y
eficaces que permitan reorientar y fortalecer, con rango de subprocuraduría, al órgano
encargado de proteger la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
4) Pedir a la Procuraduría General de la República que examine el campo de acción
de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas,
otorgándole atribuciones necesarias para que pueda operar con eficacia y absorber
casos a la jurisdicción federal y analice su reorientación como se establece en el punto
anterior.
5) Reconocer que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han combinado esfuerzos y
visiones al haber creado herramientas legales que solidifican la libertad de expresión,
de prensa y el derecho a la información, mediante la legislación sobre acceso a la
información pública, sobre despenalización de los delitos de difamación a nivel federal,
y sobre secreto profesional; sin embargo, insistir también en que se debe ordenar, de
acuerdo con criterios técnicos y normas internacionales, el otorgamiento de publicidad
oficial para evitar el manejo discrecional de los fondos públicos con el fin de controlar
a la prensa.
6) Estimular a los directivos de los medios de comunicación a incorporar con mayor
énfasis lo establecido en la Declaración de Hermosillo y en las Conclusiones de Nuevo
Laredo, referente a revisar los sistemas de seguridad en las instalaciones de las empresas
periodísticas, adoptar medidas de seguridad para los reporteros, elevar los estándares
técnicos, laborales y éticos.
7) Motivar la continuación de estos foros de discusión que incentivan la unión y la
solidaridad entre periodistas, medios de comunicación y asociaciones de prensa, así
como la realización de seminarios de preparación profesional para afrontar los riesgos
de la profesión.
8) Involucrar a los miembros del Poder Judicial mediante foros, conferencias y talleres,
con el objeto de crear una mayor conciencia sobre la necesidad de combatir los delitos
contra los derechos a la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información,
fundamentales para la fortaleza democrática.
•
Declaración de Principios
Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa, Impunidad
Santo Domingo, República Dominicana
18-20 de julio de 2007
LOS PARTICIPANTES de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa e Impunidad,
convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa con el auspicio de la Suprema Corte
de Justicia de la República Dominicana:
CONSIDERANDO que los asesinatos, amenazas y presiones contra los periodistas y contra
quienes ejercen la función de impartir justicia representan un ataque directo a la sociedad
y a la democracia;
Que los Artículos 3, 5, 8, 10 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
consagran los derechos a la vida, a la integridad personal, a la tutela judicial efectiva, al
debido proceso, y a la libertad de expresión y de prensa;
Que dicha Declaración, en lo particular, indica que “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; [y que] este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas
sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”;
Que la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos son
ampliamente consistentes con los predicados anteriores;
Que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, adoptada en 2000, establece en su numeral 9 que
“el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de
las personas y coarta severamente la libertad de expresión, y que “es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”;
Que la Declaración de Chapultepec de 1994 expresa en su numeral 4 que “el asesinato, el
terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas,
la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la
impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, y
que esos actos “deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”;
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la tutela judicial
efectiva “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana,
sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la
Convención” (Caso Claude Reyes v. Chile, 2006, párr.131), y que la libertad de expresión
y de prensa “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”
(Opinión Consultiva OC-5/85 sobre La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párr.
70);
RECORDANDO que la Declaración Principal de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Cancún, en 2002,
indica que “el moderno Estado de Derecho se caracteriza por la seguridad jurídica,
certeza, confianza y posibilidad real de que se otorgue a toda persona lo que en derecho
le corresponde”;
Que la Declaración de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas
y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la
Judicatura, celebrada en Copán/San Salvador, en 2004, constata que “un sistema judicial
y una prensa que sean independientes e imparciales, y rijan su actuación con niveles de
profesionalidad y ética aceptables son imprescindibles para el fortalecimiento de una
sociedad democrática”.
TENIENDO PRESENTE que una de las funciones esenciales del Poder Judicial, establecidas
en las Constituciones Latinoamericanas, es asegurar la garantía de los derechos de toda
persona contra los excesos y omisiones de los otros poderes establecidos, y frente a las
personas que quebrantan la ley, tutelando las garantías de aquellas durante el proceso
Coinciden:
1. En repudiar enérgicamente la violencia cuando es perpetrada para impedir el
ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, y para obstruir la administración
de justicia.
2. En la importancia de profundizar las medidas necesarias para que se investiguen y
sancionen los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y los crímenes
contra periodistas, y operadores del sistema de justicia, para así romper con el círculo
perverso de la impunidad.
3. En la necesidad de alentar entre los poderes del Estado de los diferentes países y en
sus distintos niveles, el uso de los instrumentos internacionales e interamericanos
que otorgan herramientas conceptuales y normativas para sancionar con eficacia a
quienes atentan contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia, sin
perjuicio de la independencia de los jueces.
4. En generar espacios para discutir, con especialistas e integrantes de la sociedad, la
posibilidad de motivar reformas legales que permitan con mayor eficacia someter a
juicio y sentenciar a los responsables de atentar contra la libertad de expresión. En
lo particular, cuando corresponda, recomendar la implementación del nuevo modelo
procesal penal.
5. En promover foros y seminarios nacionales y regionales para integrantes de los
medios de comunicación y de los poderes judiciales, con la intención de generar
espacios de conocimiento recíproco, de entendimiento mutuo, y de diálogo sobre la
cultura de la legalidad y el valor de la libertad de expresión, e impulsar campañas de
educación pública sobre estos temas.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los 20 días del mes de julio del año 2007.
•
Declaración de Medellín
Garantizar la seguridad de los periodistas
y luchar contra la impunidad
UNESCO - Conferencia sobre libertad de prensa, seguridad de los periodistas
e impunidad, Medellín, Colombia, 3 - 4 de mayo de 2007
N
osotros, los participantes en la Conferencia de la UNESCO sobre libertad
de prensa, seguridad de los periodistas e impunidad, reunidos en Medellín
(Colombia), el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3-4 de mayo de 2007,
Profundamente preocupados por los ataques a la libertad de expresión de la prensa, entre
los que figuran asesinatos, agresiones deliberadas, secuestros, tomas de rehenes, el acoso, la
intimidación, el arresto y la detención ilegales de periodistas, profesionales de los medios
de comunicación y personal asociado debido a la actividad profesional que ejercen,
Convencidos de que la libertad de prensa tan sólo puede disfrutarse cuando los
profesionales de los medios de comunicación no padecen intimidaciones, presiones ni
coerción por parte de fuerzas políticas, sociales o económicas,
Recordando el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que
garantiza la libertad de expresión como derecho fundamental, y confirmando que
dicha libertad es esencial para la realización de otros derechos consagrados en los
instrumentos internacionales de derechos humanos,
Recordando la Resolución 29 C/29 titulada “Condena de la violencia contra los
periodistas”, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 12 de noviembre
de 1997, en la que se condena la violencia contra los periodistas y se insta a los Estados
Miembros a cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes
contra los periodistas,
Destacando las cláusulas de la Declaración de Colombo del 3 de mayo de 2006 sobre
los medios de comunicación y la erradicación de la pobreza, la Declaración de Dakar
del 3 de mayo de 2005 sobre los medios de comunicación y el buen gobierno, y la
Declaración de Belgrado del 3 de mayo de 2004 sobre la asistencia a los medios de
comunicación en zonas en situación de conflicto y países en transición,
Acogiendo con beneplácito la aprobación por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de la Resolución 1738 de 23 de diciembre de 2006, en la que se insta a todas
las partes involucradas en situaciones de conflicto armado a que cumplan con las
obligaciones que les impone el derecho internacional en cuanto a la protección de los
periodistas, comprendida la necesidad de poner fin a la impunidad para los crímenes
que se cometan contra ellos, y se pide además al Secretario General que incluya como
subtema en sus próximos informes sobre la protección de los civiles en situaciones
de conflicto armado la cuestión de la seguridad y la protección de los periodistas, los
profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado,
Tomando nota de la contribución que una prensa libre, independiente y pluralista
puede aportar al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, el buen gobierno,
la paz y la reconciliación, y el respeto de los derechos humanos,
Instando a todas las partes interesadas a garantizar la seguridad de los periodistas, los
profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, y a respetar sus
equipos e instalaciones profesionales,
Considerando que la mayoría de los asesinatos de profesionales de los medios de
comunicación ocurren fuera de las zonas en situación de conflicto armado, y que la
seguridad de los profesionales de la información es un problema urgente que no se
limita a las situaciones de conflicto armado,
Reafirmando su condena de toda incitación a la violencia contra los profesionales de
los medios de comunicación,
Pedimos a los Estados Miembros que:
Investiguen todo acto de violencia perpetrado en su territorio o en el extranjero, del
que hayan sido víctimas periodistas, profesionales de los medios de comunicación o sus
colaboradores, cuando sus fuerzas armadas o de seguridad puedan haber participado
en dicho acto;
Busquen a los presuntos autores de crímenes contra periodistas, profesionales de los
medios de comunicación o personal asociado, o a quienes supuestamente hayan ordenado
dichos actos, los hagan comparecer ante sus propios tribunales, independientemente de
su nacionalidad, o los entreguen para que sean juzgados por otro Estado interesado,
siempre que este último haya incoado una causa fundamentada contra esas personas;
Cumplan con su deber de prevenir los crímenes contra los periodistas, los profesionales
de los medios de comunicación y el personal asociado, investigarlos, sancionarlos y dar
protección de los testigos de cargo, y reparar sus consecuencias, de manera que dichos
crímenes no queden impunes;
Adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando
son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y expresión o
cuando tengan por objeto la obstrucción de la justicia;
Pongan de inmediato en libertad a los periodistas detenidos actualmente por haber
ejercido libremente su profesión;
Sensibilicen y capaciten a sus fuerzas armadas y de policía para que respeten y fomenten
la seguridad de los periodistas que se encuentren en situación de riesgo y garanticen que
los periodistas puedan trabajar con total seguridad e independencia en su territorio;
Recomienden a los organismos multilaterales y bilaterales de cooperación internacional
y asistencia económica que exijan a los países beneficiarios, como requisito específico,
el respeto a la libertad de expresión y la protección efectiva del ejercicio de la libertad
de prensa, y que además recomienden a dichos organismos que el incumplimiento
por parte de un Estado de su obligación de investigar y sancionar a los asesinos de
periodistas sea motivo para revisar, suspender o revocar dicha cooperación;
Firmen y ratifiquen los Protocolos Adicionales I y II de los Convenios de Ginebra, el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros instrumentos internacionales
pertinentes de derecho internacional humanitario y derecho internacional relativo a los
derechos humanos, y que adopten las medidas legislativas, jurídicas y administrativas
adecuadas para garantizar la aplicación de dichos instrumentos en sus países, en la
medida en que otorgan protección a los civiles, en particular a los que desempeñan
labores de periodismo;
Cumplan con los compromisos que establece la Resolución 29 C/29 de la UNESCO
de promover la legislación orientada a investigar y juzgar a los asesinos de periodistas
y combatir la impunidad;
Pedimos a la comunidad internacional
y las asociaciones profesionales que:
Adopten medidas enérgicas en pro de la seguridad de los periodistas que se encuentran
en situaciones de riesgo y garanticen el respeto de su independencia profesional;
Sensibilicen a los órganos de prensa, los jefes de redacción y los administradores acerca
de los riesgos que amenazan a su personal cuando éste da cobertura informativa a
acontecimientos peligrosos, en particular los riesgos que corren los periodistas locales;
Exhorten a las asociaciones de periodistas a crear y mantener medidas de seguridad
que funcionen independientemente de que su personal dé cobertura informativa a
asuntos nacionales como el delito y la corrupción, los desastres y las manifestaciones, o
a temas de salud o conflictos armados internacionales;
Promuevan medidas que garanticen la seguridad de los periodistas, comprendidas,
pero sin limitarse a ellas, las siguientes: formación en materia de seguridad para los
periodistas, códigos de seguridad, seguro de salud y de vida, y acceso equitativo a la
protección social para colaboradores independientes y personal permanente;
Coordinen amplias campañas de publicidad acerca de los crímenes impunes contra
periodistas y otros actos de violencia, con el fin de suscitar la cobertura noticiosa de
todas las violaciones de la libertad de prensa;
Alienten a las escuelas de periodismo y a los departamentos de comunicación de
masas a que incluyan en sus planes de estudios cursos sobre las repercusiones que en
las sociedades democráticas tienen los crímenes contra los periodistas y la impunidad
subsiguiente. Además, que promuevan la integración en los planes de estudios de
asignaturas o cursos específicos sobre la libertad de prensa y coordinen actividades,
comprendida la formación en materia de seguridad, entre las asociaciones defensoras
de la libertad de prensa, los órganos informativos y las escuelas de periodismo;
Impulsen aún más la colaboración entre periodistas, dueños de medios de comunicación,
educadores, grupos defensores de la libertad de prensa y organizaciones pertinentes
consagradas al desarrollo, en el ámbito tanto nacional como internacional, con el fin
de que las actividades de fomento de los medios de comunicación se incorporen a los
programas de desarrollo social y económico;
Pedimos a la UNESCO que:
Invite al Director General a que, en consulta con las organizaciones internacionales y
no gubernamentales pertinentes, examine la posibilidad de:
a) propiciar medidas que garanticen una aplicación más cabal de las normas y los
principios humanitarios de salvaguardia de los periodistas, los profesionales de
los medios de comunicación y el personal asociado en las situaciones de conflicto
armado, y que promuevan la seguridad de esas personas;
b) impedir que surjan nuevas amenazas contra los periodistas y el personal de prensa,
comprendidos la toma de rehenes y los secuestros;
c) fomentar mecanismos que permitan incorporar el desarrollo de los medios de
comunicación a los programas que tienen por objeto mejorar la vida social,
económica y política de las sociedades en desarrollo, en transición o que acaban de
superar una crisis o un conflicto social;
Exija que se presente a la Conferencia General un informe con datos sobre los crímenes
contra los periodistas y el número de casos que permanecen impunes;
Sensibilice a los gobiernos a la importancia de la libertad de expresión y la amenaza
que constituye para esta libertad la impunidad de los crímenes contra los profesionales
de la prensa;
Invite al Director General a que recuerde a los Estados Miembros, durante la
Conferencia General, su obligación jurídica y moral de cumplir con la Resolución 29
C/29 y prevenir los crímenes contra los periodistas.
•
Naciones Unidas
Consejo de Seguridad
Resolución 1738 (2006)
Aprobada por el Consejo de Seguridad
en su 5613a sesión, celebrada el 23 de diciembre del 2006
El Consejo de Seguridad,
Teniendo presente su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y subrayando
la importancia de tomar medidas encaminadas a prevenir y resolver los conflictos,
Reafirmando sus resoluciones 1265 (1999), 1296 (2000) y 1674 (2006), sobre la
protección de los civiles en los conflictos armados, y su resolución 1502 (2003), sobre
la protección del personal de las Naciones Unidas, el personal asociado y el personal
de asistencia humanitaria en las zonas de conflicto, así como las demás resoluciones y
declaraciones pertinentes de su Presidencia,
Reafirmando su adhesión a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, enunciados
en su Artículo 1 (párrs, 1 a 4), así como a los principios de la Carta enunciados en su
Artículo 2 (párrs. 1 a 7), en particular a los principios de la independencia pacífica,
la igualdad soberana y la integridad territorial de todos los Estados, y al respeto de
la soberanía de todos los Estados [párraro 2 del preámbulo de la resolución 1674
(2006)].
Reafirmando que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad
primordial de adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los
civiles afectados,
Recordando los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en particular el Tercer
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 12 de
agosto de 1949, y sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977, en particular el
artículo 79 del Protocolo adicional I, que se refiere a la protección de los periodistas que
realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado.
Destacando que en el derecho internacional humanitario existen disposiciones que
prohíben los ataques intencionados contra civiles, que, en situaciones de conflicto
armado, constituyen crímenes de guerra, y recordando la necesidad de que los Estados
pongan fin a la impunidad de esos actos criminales,
Recordando que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra tienen la obligación
de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, infracciones
graves de dichos Convenios, y la obligación de hacerlas comparecer ante sus propios
tribunales, sea cual fuere su nacionalidad, o pueden también entregarlas para que
sean juzgadas por otro Estado interesado, si éste ha formulado contra ellas cargos
suficientes,
Señalando a la atención de todos los Estados los diferentes mecanismos de justicia y
reconciliación, incluidos los tribunales penales nacionales, internacionales y “mixtos” y
las comisiones de la verdad y la reconciliación, y haciendo notar que esos mecanismos
pueden promover no sólo la rendición individual de cuentas por la comisión de delitos
graves sino también la paz, la verdad, la reconciliación y los derechos de las víctimas.
Reconociendo la importancia de adoptar un enfoque amplio, coherente y orientado a
la acción, incluso en la planificación temprana, para la protección de los civiles en
situaciones de conflicto armado. Subrayando, a este respecto, la necesidad de adoptar
una estrategia amplia de la prevención de conflictos que aborde de manera global las
causas fundamentales del conflicto armado a fin de mejorar la protección de los civiles a
largo plazo, incluso promoviendo el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza,
la reconciliación nacional, el buen gobierno, la democracia, el imperio de la ley y el
respeto a la protección de los derechos humanos,
Profundamente preocupado por la frecuencia con que se cometen actos de violencia
en muchas partes del mundo contra periodistas, profesionales de los medios de
comunicación y su personal asociado en los conflictos armados, en particular ataques
deliberados que contravienen el derecho internacional humanitario,
Reconociendo que la consideración de la cuestión de la protección de los periodistas
en los conflictos armados por el Consejo de Seguridad se basa en la urgencia y la
importancia de esa cuestión, y reconociendo la valiosa función que puede desempeñar
el Secretario General para suministrar más información a ese respecto,
1. Condena los ataques intencionados contra periodistas, profesionales de los medios
de comunicación y su personal asociado, como tales, en situaciones de conflicto
armado y exhorta a todas las partes a que pongan fin a esas prácticas;
2. Recuerda, a este respecto, que los periodistas, los profesionales de los medios de
comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales
en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y
protegidos como tales, a condición de que se abstengan de emprender acciones
que afecten negativamente a su estatuto de civiles y sin perjuicio del derecho que
tienen los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar
del estatuto de prisionero de guerra previsto en el apartado A.4) del artículo 4 del
Tercer Convenio de Ginebra.
3. Recuerda también que los equipos y las instalaciones de los medios de comunicación
constituyen bienes de carácter civil y, como tales, no podrán ser objeto de ataques
ni respresalias, a menos que sean objetivos militares;
4. Reafirma su condena de toda incitación a la violencia contra civiles en situaciones
de conflicto armado, reafirma también la necesidad de hacer comparecer ante la
justicia, de conformidad con el derecho internacional aplicable, a quienes inciten
a esa violencia, e indica que está dispuesto, al autorizar misiones, a considerar la
posibilidad, cuando proceda, de adoptar medidas en respuesta a las transmisiones
de los medios de comunicación que inciten a cometer actos de genocidio, crímenes
de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario;
5. Recuerda su exigencia de que todas las partes en los conflictos armados cumplan
plenamente las obligaciones que les impone el derecho internacional en cuanto a
la protección de los civiles en los conflictos armados, incluidos los periodistas, los
profesionales de los medios de comunicación y su personal asociado;
6. Insta a los Estados y a todas las demás partes en los conflictos armados a que hagan
todo lo posible por impedir que se cometan violaciones del derecho internacional
humanitario contra civiles, incluidos los periodistas, los profesionales de los medios
de comunicación y su personal asociado;
7. Destaca la responsabilidad de los Estados de cumplir las obligaciones que les
impone el derecho internacional de poner fin a la impunidad y procesar a los
responsables de cometer violaciones graves al derecho internacional humanitario;
8. Insta a todas las partes involucradas en situaciones de conflicto armado a que
respeten la independencia profesional y los derechos de los periodistas, los
profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, en su calidad
de civiles;
9. Recuerda que los ataques dirigidos deliberadamente contra civiles y otras personas
protegidas y la comisión de violaciones sistemáticas, flagrantes y generalizadas
del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos en
situaciones de conflicto armado pueden constituir una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales y reafirma a este respecto que está dispuesto a examinar
esas situaciones, y cuando sea necesario, adoptar las medidas oportunas;
10. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad
de pasar lo antes posible a ser parte en los Protocolos adicionales I y II de los
Convenidos de Ginebra, de 1977;
11. Afirma que se ocupará de la cuestión de la protección de los periodistas en los
conflictos armados estrictamente en el marco del tema de su orden del día titulado
“protección de los civiles en los conflictos armados”.
12. Pide al Secretario General que incluya como subtema en sus próximos informes
sobre la protección de los civiles en situaciones de conflicto armado la cuestión de
la seguridad y la protección de los periodistas, los profesionales de los medios de
comunicación y el personal asociado.
•
Conclusiones de Tegucigalpa
Conferencia: Periodismo, Violencia y Pandillas en Centroamérica
Tegucigalpa, Honduras
10 de febrero de 2006
La Conferencia ratificó el papel importante que desempeñan los medios de comunicación
en la comprensión y la búsqueda de soluciones al problema complejo sobre las pandillas
y la violencia juvenil en Centroamérica.
Para un enriquecimiento de la información, se expresó que es conveniente estimular el
diálogo del periodismo entre la autoridad y la sociedad, con actores institucionales y
organizaciones sociales claves en el manejo de la problemática de las pandillas.
Los medios de comunicación, por su responsabilidad social delegada, están llamados a
informar y a fiscalizar para permitir que las autoridades y la sociedad puedan adoptar
las medidas correctivas sobre la violencia. Esta es la función y el principal aporte del
periodismo para superar el problema de las pandillas en nuestras sociedades.
Las pandillas y el crimen organizado, apoyado por las nuevas tecnologías y la
comunicación, han generado nuevos desafíos para los estados en materia de seguridad
pública. Las políticas estatales e intergubernamentales deben incluir a la libertad de prensa
y de expresión como elementos trascendentes a preservar, y así prevenir que la violencia
contra medios y periodistas desencadene un clima propicio para la autocensura.
Las diferentes intervenciones de los expositores
coincidieron en los siguientes puntos:
w El periodismo requiere de una actitud de mayor reflexión sobre la cobertura y tratamiento
noticioso sobre violencia y pandillas. Sin embargo, se reclamó que para ese propósito, es
necesario que haya legislación sobre acceso a la información pública que permita informar
con mayor profundidad y rigurosidad sobre todos los aspectos y actividades de la función
pública en esta materia.
w Se expresó que la espectacularidad en la cobertura, lejos de ayudar al encuentro de
soluciones, incentiva la apología de la violencia. Se destacó que ante el sensacionalismo,
algunos sectores de adolescentes se sienten atraídos a grupos de pandillas.
w Se remarcó que es necesario que el periodismo aumente la calidad y el pluralismo
de las fuentes para reflejar una mejor cobertura y no concentrarse sólo en fuentes
oficiales.
w Se señaló la conveniencia de que el periodismo y las autoridades coordinen
mecanismos de comunicación para la prevención de riesgos durante coberturas en
situación de peligro para los periodistas.
w Los medios pueden encontrar alternativas de cómo mejorar su producto informativo
en relación a la cobertura de la violencia, tal los ejemplos ofrecidos por los periódicos,
como La Prensa Gráfica, de El Salvador, que elaboró pautas con ese propósito.
w Los medios necesitan crear estrategias de seguridad para la protección de su
personal, y brindar capacitación constante a sus periodistas para minimizar los riesgos
en la cobertura de asuntos de violencia y pandillas. Asimismo, los periodistas tienen
la obligación profesional y ética de diseñar estrategias personales para su propia
protección.
w Es responsabilidad de medios y periodistas alentar una mayor conciencia social
sobre la importancia de la libertad de prensa y de expresión para la mejor cobertura de
hechos de violencia; así como motivar un mayor entendimiento entre las autoridades y
la sociedad civil para que se busquen soluciones en este tema.
•
Conclusiones de Nuevo Laredo
Seminario “Narcotráfico: Investigación y Cobertura Noticiosa”
Nuevo Laredo, Tamaulipas, México
27 de enero de 2006
El Seminario ratificó la preocupación por la incapacidad de las autoridades, en sus
diversos niveles de gobierno, ante el avance del crimen organizado en el país en su
conjunto, en la zona fronteriza en general y en el área de Nuevo Laredo en particular.
El clima de violencia que genera esta situación encuentra entre sus principales víctimas a
la libertad de los ciudadanos, especialmente a la libertad de expresión. Uno de los efectos
más preocupantes de ello es una creciente autocensura de medios y periodistas.
Las diversas intervenciones de expositores y participantes en este seminario coincidieron
en subrayar el reclamo de que el Estado mexicano, con la participación de sus
respectivos poderes, avance con mayor decisión en la procuración y administración de
una justicia más expedita y eficaz, en la persecución de los crímenes contra periodistas,
y en la creación de nuevas leyes que protejan las libertades de prensa y expresión, como
herramientas para el desarrollo de la sociedad.
El encuentro ratificó la exigencia expresada en la “Declaración de Hermosillo” a
favor de promover que los crímenes contra periodistas sean de carácter federal, la no
prescripción de los mismos y el agravamiento de las penas en este tipo de delitos.
Asimismo, la reunión confirmó el inicio de tareas del “Proyecto Fénix”, que integrará a
periodistas de diversos diarios para el desarrollo de investigaciones respecto de colegas
que fueron asesinados por el desempeño de sus tareas profesionales. El propósito de
esta iniciativa es ejercer mayor presión sobre las autoridades asignadas a estos casos,
profundizar en las indagaciones que las víctimas desarrollaban y arrojar luz sobre sus
posibles victimarios.
El Seminario coincidió sobre los siguientes principios:
w Es responsabilidad de los medios brindar mayores medidas de seguridad para
sus periodistas, así como mejores condiciones para el desarrollo de un periodismo
independiente.
w Revisar los sistemas de seguridad en las instalaciones físicas de las empresas
periodísticas, en beneficio de los periodistas y del resto de los trabajadores de estas
compañías.
w Crear un mecanismo de coordinación con autoridades para mejorar la comunicación
en materia de seguridad, tanto física como de atención en caso de coberturas especiales
o de casos emergentes en situaciones de alto riesgo.
w Es obligación profesional y ética del periodista diseñar una estrategia personal para
proteger su seguridad y su labor mediante los mecanismos pertinentes, dependiendo
de las circunstancias que enfrente. La literatura disponible, especialmente en internet,
facilita esta tarea.
w Es deseable que medios y periodistas establezcan mecanismos de comunicación y
solidaridad orientados a elevar la seguridad personal y profesional del gremio.
w El desarrollo profesional de los periodistas, y la prosperidad de las empresas del
ramo, están ligados directamente a la permanente elevación de los estándares técnicos,
laborales y éticos que observa el desempeño profesional. Es recomendable que medios
y periodistas deliberen con mayor amplitud sobre los aspectos objetivos ligados a este
proceso (capacitación, ética, salarios, condiciones laborales, manuales de redacción,
códigos de ética, etc.).
w El colosal desafío que representa el crimen organizado en el país hace necesario
que medios y periodistas conozcan con mayor profundidad los temas ligados con este
fenómeno, con el propósito de definir estrategias o códigos de comportamiento para
su cobertura.
w Frente a esta necesidad, es recomendable estrechar la relación con organismos
internacionales defensores del trabajo periodístico. Ello puede derivar en la creación de
asociaciones propias, locales o regionales, a favor de la libertad de prensa y expresión.
w Es responsabilidad de medios y periodistas alentar una mayor conciencia social sobre
la importancia de la libertad de expresión como un valor humano que no es patrimonio
de los periodistas, sino un factor que promueve el bien común.
w La libertad de expresión no sólo corresponde a los periodistas. La sociedad les ha
delegado una responsabilidad relevante en su desarrollo y protección. Los medios y
periodistas deben ratificar cotidianamente su compromiso en este campo.
•
Declaración de Pucallpa
Pucallpa, Perú
20 de septiembre de 2005
E
l Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa y el
Instituto Prensa y Sociedad, que suscribimos la presente declaración expresamos
nuestra preocupación por los asesinatos cometidos contra periodistas en ejercicio
de sus funciones, en particular, el crimen del periodista Alberto Rivera Fernández, el
cual aún no ha sido esclarecido plenamente.
Los directivos, editores, periodistas y profesionales de los medios de comunicación
peruanos que nos adherimos a esta iniciativa, alertamos a la sociedad sobre el daño que
esta violencia criminal causa en el clima de libertades en el país, especialmente en la
libertad de expresión. Esta afecta no solo el derecho a la expresión libre de las ideas sino
el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados.
Frente a esta situación, acordamos acciones orientadas a defender nuestra misión
profesional y manifestar ante las comunidades a las que servimos, que cada voz
silenciada de un periodista despoja a la sociedad de información clave para consolidar
una nación más justa, más libre y democrática.
Asimismo, este es un primer esfuerzo para realizar tareas conjuntas con apego a la
confianza que la sociedad ha depositado en nosotros. Esto representa un claro mensaje
de que unidos enfrentaremos los crímenes contra la prensa y la impunidad que los
rodea.
Por lo expuesto y en concordancia con
la Resolución 29 de la UNESCO, acordamos:
1.- Condenar el asesinato y declarar toda violencia física contra periodistas como un
crimen contra la sociedad.
2.- Reclamar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio
Público, las garantías necesarias para el ejercicio profesional y en especial el
esclarecimiento de los crímenes contra periodistas aún impunes.
3.- Solicitar al Congreso de la República que perfeccione la legislación para posibilitar
el procesamiento y condena de los autores intelectuales de estos asesinatos y
que adopte el principio de no prescripción de los crímenes contra quienes están
ejerciendo el derecho a la libertad de expresión.
En el marco de lo expresado, los adherentes a esta declaración,
nos comprometemos a:
1.- Integrar un equipo especializado de periodistas de investigación de los diferentes
medios de comunicación para profundizar las denuncias periodísticas realizadas
por los periodistas victimados, cuyo resultado publicaremos simultáneamente en
los medios participantes.
2.- Organizar seminarios regionales para capacitación de periodistas y editores en la
cobertura de asuntos de alto riesgo, ética y desarrollo profesional.
3.- Continuar impulsando en nuestros medios de comunicación campañas de educación
pública en contra de los crímenes contra periodistas, la impunidad, y el valor de la
libertad de expresión.
4.- Invitar a todos los periodistas, organizaciones de prensa y medios de comunicación
a adherirse a la presente declaración.
•
Declaración de Hermosillo
Encuentro de Editores de la Frontera Norte
Hermosillo, Sonora, México
30 de agosto de 2005
N
osotros, directivos de periódicos mexicanos reunidos en el Encuentro de
Editores de la Frontera Norte, atestiguamos con creciente alarma el número
de asesinatos y agresiones cometidos contra periodistas, especialmente en
el norte del país. Muertes y desapariciones de hombres y mujeres de la prensa han
colocado a México, durante los últimos meses, en el primer lugar entre los países del
continente en este ominoso tema.
Nosotros, profesionales de la información, acompañados en este acto por colegas de la
Sociedad Interamericana de Prensa, agrupación hemisférica genuinamente preocupada
por esta situación, determinamos alertar a la sociedad sobre el daño que esta violencia
criminal causa en el clima de libertades en el país, especialmente en la más preciada de
las libertades, de la que se nutren todas las demás: la libertad de expresión.
El impacto de esta violencia, expresado brutalmente al despojar de la vida a estos
periodistas; al sustraerlos de sus familias, amigos y colegas, se expresa igualmente en un
clima de intimidación que acalla múltiples voces, mutila a la sociedad sus mecanismos
de convivencia e impone una muerte lenta a la libertad misma. No es solamente el
derecho a la vida lo que resulta cancelado, sino el derecho a la expresión libres de las
ideas y el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Frente a este problema, el día de hoy hemos acordado una serie de acciones orientadas
a defender nuestra misión profesional y a poner de manifiesto ante las comunidades
a las que servimos, que cada voz silenciada de un periodista despoja a la sociedad de
información clave para consolidar una nación más justa, más libre y verdaderamente
democrática.
Este es el primer esfuerzo, igualmente, por hacer coincidir las voluntades de periódicos
mexicanos bajo propósitos comunes, con apego a la confianza que la sociedad ha
depositado en nosotros. Deseamos mandar un mensaje en el sentido de que trabajaremos
juntos en contra del crimen.
En tal inteligencia, acordamos:
1.- Exigimos a las autoridades mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal,
esclarecer los crímenes cometidos contra periodistas en México. La impunidad es
el mayor aliciente para que estos atentados se repitan. Este reclamo comprende,
con toda firmeza, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de que sumen
sus capacidades en favor de crear mayores garantías en favor de la libertad de
expresión. En este contexto, es preciso elevar a rango federal los crímenes contra
los periodistas, y establecer la no prescripción de los mismos, por considerarlos
altamente lesivos contra derechos humanos esenciales, no solamente del trabajador
de la prensa afectado sino de la comunidad a la que éste sirve.
2.- Determinamos celebrar seminarios regionales para capacitación de periodistas y
editores en la cobertura de asuntos de alto riesgo, así como promover entre los
diversos sectores de nuestras comunidades la necesidad de defender la vigencia de
las libertades y los derechos humanos.
3.- Decidimos integrar un equipo especial de reporteros de investigación para
profundizar en las indagaciones periodísticas que realizaban los periodistas
victimados. Nos comprometemos a que el producto del trabajo de este equipo
especial será publicado en todos los diarios participantes en este esfuerzo.
4.- Impulsaremos en nuestras páginas campañas de educación pública en contra de la
impunidad en los casos de periodistas victimados.
5.- Sumaremos a este Encuentro de Editores de la Frontera Norte reuniones similares
en el Centro y en el Sur de la República, que alienten a la prensa mexicana en este
mismo propósito. Haremos esfuerzos adicionales para sumar al mayor número de
periódicos de todo el país. Convocaremos asimismo, a medios electrónicos (radio,
televisión e internet) para apoyar esta iniciativa.
•
Conferencia Internacional
Narcotráfico: Periodistas bajo riesgo
Tijuana, Baja California, México
28 al 30 de agosto de 2002
C
Conclusiones de Tijuana
onvencida de que el narcotráfico, en su interés por acallar el derecho de las
personas de informar y ser informadas, es una de las peores y más repudiables
formas de agresión a la libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de
Prensa ha efectuado una jornada de trabajo bajo el título “Narcotráfico: Periodistas
bajo riesgo”, en Tijuana, Baja California, México, durante los días 28, 29 y 30 de agosto
de 2002, con el propósito de plantear nuevas y más eficaces medidas para garantizar el
ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en las regiones de mayor peligro del
continente americano.
La conferencia centró su atención en el creciente peligro que representa el narcotráfico
y sus delitos derivados para la libertad de prensa.
De las exposiciones presentadas durante la conferencia,
la Sociedad Interamericana de Prensa hizo las siguientes conclusiones
1.- Los Estados tienen la obligación de brindar las mayores garantías de seguridad
al libre ejercicio periodístico, ya que sin libertad de prensa no puede existir la
democracia. En consecuencia, corresponde a ellos adecuar sus respectivas
legislaciones con los siguientes objetivos:
a)- que los crímenes contra periodistas sean tipificados como delitos federales
o puedan ser objeto de cambios de jurisdicción hacia instancias especiales,
como forma de garantizar una mayor diafanidad en el manejo de los juicios
correspondientes y evitar que este tipo de delito quede impune.
b)- que se establezca el principio de no prescripción para los crímenes contra
periodistas, por tratarse de crímenes contra la sociedad.
c)- que se incentive la creación de fiscalías especiales para investigar con mayor
eficacia y celeridad los atentados cometidos contra periodistas y medios de
comunicación.
d)- que, siguiendo el ejemplo de Colombia, se estimulen reformas a los códigos
procesales y penales, con el fin de que se considere como circunstancia agravante,
la comisión de un crimen o una agresión, cuando éstos se cometan en perjuicio
de periodistas.
2.-
Se insiste en la conveniencia de que los organismos internacionales consideren
la existencia de la libertad de prensa como un condicionamiento para otorgar
asistencia financiera o económica a los países del continente.
3.-
Se asume el compromiso de continuar los proyectos de “Crímenes sin Castigo
contra Periodistas” y “Periodistas en Riesgo”, mediante los cuales la SIP
continuará celebrando este tipo de conferencias y promoviendo otras actividades
para lograr una mayor capacitación de periodistas en áreas de alta peligrosidad
para el cumplimiento de sus funciones.
•
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Octubre de 2000
Preámbulo
Reafirmando la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de
las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través
de un estado de derecho;
Conscientes que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia
de libertad de expresión;
Persuadidos que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del
conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera
comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;
Convencidos que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la
libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;
Convencidos que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del
Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las
instituciones democráticas;
Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104
adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones
nacionales;
Reconociendo que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos;
Reafirmando el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier
medio de transmisión;
Considerando la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de
los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría
para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de
este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de
Chile;
Reconociendo que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo
ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento
de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a
recibir, difundir y buscar información;
Reafirmando que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un
documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión,
la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;
Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un
derecho fundamental;
Reconociendo la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las
Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de
Principios;
Principios
1.
La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito
indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
2.
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones
libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de
oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio
de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza,
color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
3.
Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus
bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos,
registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla,
rectificarla y/o enmendarla.
4.
El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los
individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.
Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas
previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que
amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
5.
La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier
expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de
comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida
por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así
también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al
libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y
forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de
la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de
expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales
en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.
7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad
por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión
reconocido en los instrumentos internacionales.
8.
Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información,
apuntes y archivos personales y profesionales.
9.
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así
como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es
deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y
asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
10.
Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión
de información de interés público. La protección a la reputación debe estar
garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona
ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya
involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos
casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo
intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo
noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad
o falsedad de las mismas.
11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la
sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios
públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la
libertad de expresión y el derecho a la información.
12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de
comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran
contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno
ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas
leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones
de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una
igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
13.
La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la
concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria
de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de
radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar
y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en
función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben
estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social
tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o
indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales
son incompatibles con la libertad de expresión.
•
Resolución Adoptada por la
Organización de los Estados Americanos
Asamblea General, Caracas, Venezuela
2 de junio de 1998
Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas
La Asamblea General,
Vista la solicitud del Secretario General en el sentido de incorporar a la agenda del
vigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General el tema
“Crímenes contra periodistas”;
Teniendo presente que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su
Artículo 3, literal 1, establece como uno de sus principios que “Los Estados Americanos
proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de
raza, nacionalidad, credo o sexo”;
Recordando que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre señala
en su Artículo 1 que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”;
Recordando que el Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre dispone que “Toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación,
de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”;
Reafirmando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 4
establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”;
Reiterando la plena vigencia que en toda sociedad democrática tiene la libertad
de expresión, la que no debe estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades
ulteriores que surjan por los abusos de tal libertad, de acuerdo con las leyes internas que
los Estados legítimamente hayan establecido para asegurar el respeto a los derechos o
la reputación de los demás, o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud, o la moral pública;
Teniendo en cuenta que los Jefes de Estado y de Gobierno, durante la Segunda Cumbre de
las Américas, realizada en Santiago, Chile, en abril de 1998, manifestaron su apoyo a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este campo, en particular a la
recién creada Relatoría Especial para la Libertad de Expresión;
Considerando que durante la misma Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de
Gobierno reafirmaron en Santiago, “la importancia de garantizar la libertad de
expresión, de información y de opinión”; y
Considerando que, entre otras, la Conferencia Hemisférica Crímenes Sin Castigo Contra
Periodistas, celebrada en Guatemala en 1997, denunció que en los últimos años se ha
venido atentando contra el derecho a la vida de profesionales de la comunicación en el
ejercicio de sus funciones,
Resuelve:
1. Condenar enérgicamente los atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y
crímenes contra periodistas.
2. Instar a los Estados miembros a que profundicen las medidas necesarias para que
se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados
contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas.
3. Reiterar la contribución imprescindible que los medios de comunicación prestan en
beneficio del fortalecimiento de los sistemas democráticos en el hemisferio.
4. Exhortar a los Estados miembros a conferir su apoyo a los trabajos de la Relatoría
Especial sobre Libertad de Expresión recientemente creada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
5. Instruir al Consejo Permanente a estudiar la conveniencia de la elaboración de una
Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión.
6. Solicitar al Consejo Permanente que informe oportunamente a la Asamblea General
sobre el cumplimiento de esta resolución.
•
Resolución Oficial Adoptada por la UNESCO
12 de noviembre de 1997
29 C/DR.120. (Presentado por Uruguay, Colombia, Costa Rica, Alemania
y México y apoyado por Belarús, Brasil, Canadá, Chile, Comoras, Ecuador,
Federación de Rusia, Gabón, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana,
Suiza, Ucrania y Venezuela), en su forma enmendada por Uruguay y Canadá.
La Conferencia General,
Recordando el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en que se manifesta que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación
de fronteras por cualquier medio de expresión”,
Ratificando que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las
Personas y es esencial para la realización de todos los derechos enunciados en
los instrumentos internacionales de derechos humanos,
Recordando asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de
San José, Costa Rica), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Africana de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Teniendo presente la Resolución 59 (I) de la Asamblea General de la Naciones
Unidas del 14 de diciembre de 1946, en que se afirma que la libertad de
información es un derecho fundamental y la Resolución 45/76 A de la Asamblea
General del 11 de diciembre de 1990, sobre la información al servicio de la
humanidad y la resolución 1997/27 de la Comisión de Derechos Humanos,
relativa al derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Reafirmando que los derechos a la vida y a la libertad e integridad personales,
el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, así como la libertad de
expresión, constituyen derechos fundamentales de las personas reconocidos y
garantizados por las convenciones e instrumentos internacionales,
Considerando:
(1) el incremento de asesinatos contra periodistas en los últimos diez años como
consecuencia del ejercicio de su profesión como ha sido denunciado por diversas
organizaciones internacionales, y que la mayoría de esos crímenes permanece impune.
(2) como ejemplo que esa realidad en las Américas ha sido comprobada por la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) a través de investigaciones realizadas en diversos países
y por misiones especiales cumplidas;
Atentos a que como consecuencia de la Conferencia Hemisférica «Crímenes Sin
Castigo Contra Periodistas », convocada por la SIP, varias organizaciones profesionales
resolvieron iniciar acciones conjuntas para esclarecer los crímenes sin castigo contra
periodistas,
Conscientes que el asesinato de periodistas va más allá del hecho de privarle de la vida
a una persona, ya que presupone un cercenamiento de la libertad de expresión, con todo
lo que ello significa como limitación a libertades y derechos de toda la sociedad.
Invita al Director General a:
(a) condenar el asesinato y toda violencia física contra periodistas como un crimen contra
la sociedad porque con ello se cercena la libertad de expresión y como consecuencia
los demás derechos y libertades enunciados en los instrumentos internacionales de
derechos humanos,
(b) demandar de las autoridades que cumplan con su deber de prevenir, investigar y
sancionar estos crímenes y reparar sus consecuencias;
Pide a los Estados Miembros que adopten las medidas necesarias
para poner en práctica las siguientes recomendaciones:
(a) que los gobiernos adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las
personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información
y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia,
(b) que los gobiernos perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y
condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el
derecho a la libertad de expresión,
(c) que se dicte legalmente que los responsables de los delitos contra periodistas en
ejercicio de sus funciones profesionales y los medios deban ser juzgados en tribunales
civiles y/o regulares.
•
Conclusiones de la Conferencia Hemisférica
Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas
Ciudad de Guatemala, Guatemala
30 de julio al 1 de agosto de 1997
CONDENAMOS Y DEMANDAMOS
DECLARACION DE CONDENA
LA CONFERENCIA HEMISFERICA sobre Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas, convocada
por la Sociedad Interamericana de Prensa para analizar las graves consecuencias que esta
situación acarrea contra la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, tales como
la libertad de prensa y el derecho a la información, y para la sociedad y la democracia,
declara que:
CONSIDERANDO que los derechos a la vida y a la libertad e integridad personales, el contar
con la seguridad y el amparo de la justicia, así como la libertad de expresión constituyen
derechos fundamentales de las personas reconocidos y garantizados por las convenciones
e instrumentos internacionales;
CONSIDERANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las
personas y es la condición y garantía de los restantes derechos y libertades que definen al
sistema democrático;
CONSIDERANDO lo establecido en la Declaración de Chapultepec, Art.4, sobre que “El
asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta
de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia
de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de
expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados
con severidad”;
CONSIDERANDO que en los últimos diez años 173 periodistas fueron asesinados en las
Américas por el ejercicio de su profesión y que la mayoría de esos crímenes permanece
impune;
3. Coordinar campañas masivas de difusión sobre crímenes sin castigo contra
periodistas y otros hechos de violencia de manera que brinden cobertura periodística
a todas las violaciones a la libertad de prensa.
4. Procurar que en los centros de investigación de la carrera de periodismo o de las
facultades correspondientes, se incluyan estudios sobre el terrible impacto que para
las sociedades democráticas tienen los crímenes contra periodistas y su impunidad.
Asimismo motivar la inclusión de temas o asignaturas específicos en sus currículas
sobre la libertad de prensa y coordinar actividades entre las asociaciones periodísticas,
medios de información y los centros académicos de formación profesional.
5. Recomendar a las organizaciones participantes que estudien la manera de financiar
las acciones legales y de investigación para que los crímenes contra periodistas no
queden impunes.
6. Intensificar y promover el intercambio de información y objetivos entre
organizaciones dedicadas a la protección, defensa y promoción de la libertad de
prensa, considerando como prioridad la impunidad en el asesinato de periodistas.
7. Difundir este documento entre otras instituciones dedicadas a la defensa, protección
y promoción de los derechos humanos, las libertades de expresión y de prensa en
el mundo y, de esa forma, comenzar a promover compromisos de trabajo.
8. Crear un grupo multi organizacional con el objeto de concretar el Plan de Acción
Institucional con la colaboración de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Instituto Internacional de Prensa (IPI); Reporteros Sin Fronteras (RSF); Comité
para la Protección de Periodistas (CPJ); Asociación Mundial de Periódicos (FIEJ);
The Freedom Forum; Comité Canadiense para la Protección de Periodistas (CCPJ);
Federación Internacional de Periodistas (FIP); Comisión Mundial de Libertad de
Prensa (WPFC); Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR); International
P.E.N.; Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); Centro
Internacional para Periodistas de Knight International Press Fellowships; Asociación
de Periodistas de Guatemala; Oficina de Derechos Humanos de Periodistas, Perú;
Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA); Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP).
LOS CULPABLES DEBEN SER CASTIGADOS
RECOMENDACIONES PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD
LA CONFERENCIA HEMISFERICA Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas hace las
siguientes recomendaciones para combatir la impunidad que envuelve a los crímenes
contra periodistas:
1. Exhortar a los congresos nacionales a adoptar el principio de que no prescriben los
crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la
libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción
de la justicia. También se insta a prohibir amnistías, indultos o perdones a favor de los
responsables por estos delitos.
2. Instar a los congresos nacionales a que perfeccionen las legislaciones para posibilitar
el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes
están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión.
3. Propulsar reformas o interpretaciones constitucionales que prevean que las leyes o
normas que regulan estados de excepción (Estado de Sitio), no permitan u autoricen
restricciones o limitaciones a la cobertura periodística y la libertad de prensa.
4. Establecer, mediante ley, en los países que amerite, la prohibición de que los
responsables de delitos contra periodistas en ejercicio de sus funciones profesionales y
los medios puedan ser juzgados en tribunales militares y/o especiales.
Sobre casos específicos
En cuanto a los casos específicos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha
investigado dentro de su proyecto Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas y que
fueron expuestos en esta conferencia hemisférica, se recomienda:
5.Solicitar a los gobiernos de Colombia, Guatemala y México que presten debida
colaboración a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la que a
solicitud de la SIP, ya ha ameritado la investigación y proceso de los siguientes casos:
Víctor Manuel Oropeza (Caso No.11.740); Guillermo Cano Isaza (Caso No.11.728);
Carlos Lajud Catalán (Caso No.11.731); Héctor Félix Miranda (Legajo No.11.739);
Irma Flaquer Azurdia (Legajo No.11.766), así como el caso de Jorge Carpio Nicolle
(Legajo No.11.333) sobre el que la Comisión ya había intervenido con anterioridad a
la investigación de la SIP.
COLOMBIA
6. Inducir a la Fiscalía General de la Nación a que practique una revisión a la
investigación sobre el asesinato de Guillermo Cano Isaza y a las decisiones judiciales
del caso para documentar los posibles nexos entre los reales autores de ese crimen y el
de Giraldo Galvis, abogado de la familia Cano, y las irregularidades en la investigación
y los fallos.
7. Urgir a la Fiscalía a que transfiera las nuevas investigaciones del caso de Lajud
Catalán a un juzgado con sede en Bogotá y que investigue las razones por las que en
la investigación de los últimos tres años no se incluyó a sospechosos de ser los autores
intelectuales.
8. Requerir a la Fiscalía General que investigue las amenazas de muerte contra parientes
de Lajud Catalán y su debida protección, y que profundice las investigaciones sobre
corrupción en la firma de contratos municipales que tendrían relación con el crimen y
en los que estarían involucrados ex funcionarios del gobierno.
GUATEMALA
9. Insistir al Presidente de Guatemala a que exija al Ministerio Público una investigación
exhaustiva para determinar la autoría material e intelectual del asesinato de Jorge Carpio
Nicolle y se cumpla con la obligación de garantizar la seguridad de los investigadores,
demandantes, testigos fiscales y jueces.
10. Pedir al Presidente de Guatemala impulsar una profunda investigación oficial para
determinar el paradero de Irma Flaquer y exigir al Fiscal General su intervención para
iniciar el proceso judicial respectivo en contra de quienes resulten responsables de la
desaparición forzada de la periodista Flaquer, delito que es imprescriptible a la luz de
la legislación internacional y la reciente Ley de Reconciliación Nacional.
11. Instar a la Procuraduría de los Derechos Humanos el nombramiento de funcionarios
que investiguen especialmente la muerte violenta o desaparición de los periodistas
Jorge Carpio Nicolle e Irma Flaquer Azurdia, se constituya como parte en el respectivo
proceso, supervisando el estricto cumplimiento de la ley en el mismo.
12. Urgir a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico una investigación especial
de la muerte violenta de periodistas en los últimos treinta y cinco años, determinando
el estado de los respectivos procesos judiciales, instando a su posible prosecución y
finalización.
MEXICO
13.Insistir al gobernador del estado de Chihuahua a que instruya al Procurador General
del estado para que un agente del Ministerio Público retome el caso de Víctor Manuel
Oropeza, actúe sobre los datos que ha aportado la SIP en su informe y solicitar a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos le envíe copia de todos los documentos que
obran en su archivo.
14. Instar a que, ante el hecho de que el asesinato de Oropeza está por prescribir de
acuerdo a la ley mexicana y ante un generalizado y sospechoso silencio, se solicite
al presidente de México que encabece un movimiento social para impedir que los
culpables de este asesinato logren la impunidad perfecta mediante la prescripción del
delito.
15. Pedir al gobernador del estado de Baja California para que instruya al Procurador
General de ese estado de manera que, de acuerdo al compromiso adoptado con la SIP,
active las investigaciones del caso Héctor Félix Miranda y se logre detener al autor
intelectual del crimen.
16. Urgir a todos los gobiernos del Hemisferio Occidental que ordenen la inmediata
apertura de las investigaciones sobre los asesinatos contra periodistas no resueltos o
cerrados oficialmente sin mérito legal.
Sobre las Instituciones
17. Alentar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su
Secretaría General, que incluya el tema de los crímenes sin castigo contra periodistas en
su agenda de asuntos hemisféricos y que también lo incluya como tema en su próxima
Asamblea General.
18. Instar a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que nombre un relator especial sobre las violaciones persistentes en
contra de los periodistas y que le de seguimiento a las investigaciones sobre esos
homicidios.
19. Solicitar a la UNESCO que elabore una relatoría especial y que se incluyan en
informes anuales datos sobre crímenes contra periodistas e impunidad de esos actos, y
se le brinde seguimiento a todos los casos hasta que los crímenes queden resueltos.
20. Exhortar que los crímenes sin castigo contra periodistas sean tema de la agenda anual
en la que la UNESCO, junto a otras organizaciones internacionales, conmemoran el
Día Mundial de la Libertad de prensa, el 3 de mayo de cada año, y se aproveche esa
oportunidad para exigir a los estados nacionales que resuelvan esos casos.
21. Sugerir a la UNESCO que incluya el tema de los crímenes sin castigo contra
periodistas en la agenda de 1999 año considerado a ser declarado “El año Internacional
de la Cultura de la Paz”.
22. Exhortar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que resuelva las
materias que le hayan sido sometidas relativas a la libertad de expresión y los delitos
cometidos contra periodistas en ejercicio de sus funciones, enriqueciendo jurisprudencia
sobre el tema de la libertad de expresión, del derecho del público a la información y la
seguridad de los periodistas.
23. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluya como
tema de análisis de las visitas –in loco –y en sus informes generales de países el tema de
la libertad de prensa y la situación de seguridad de los periodistas.
24. Exhortar a los Estados americanos para que prevean los recursos necesarios para
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda ejercer sus funciones
de protección de los derechos humanos, específicamente, en la tramitación de casos
individuales que conciernen a asesinatos de periodistas. Requerir a los estados
americanos a que provean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toda
la información relevante en su poder sobre casos de asesinatos de periodistas, dentro de
los plazos legales previstos.
25. Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cree en el seno
de esa institución una relatoría especial para la libertad de expresión y la situación
de los periodistas y solicitar que prepare un informe especial sobre dichos temas y su
actualización periódica.
26. Recomendar a las instancias multilaterales y bilaterales de cooperación internacional
y asistencia financiera, que incorporen como condición específica de elegibilidad el
pleno respeto a la libertad de expresión y la efectiva protección del ejercicio de la prensa
libre en el país receptor. Asimismo, recomendar a estas instancias que la calificación
de los asesinatos contra periodistas y la impunidad de sus responsables sea causal de
revisión, suspensión o supresión de dicha cooperación.
•
Declaración de Chapultepec
Adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión
México, D. F., México
11 de marzo de 1994
PRINCIPIOS
1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El
ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable
del pueblo.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones
y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de
los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el
sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de
información.
4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la
prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores,
coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser
investigados con prontitud y sancionados con severidad.
5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la
divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación
de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y
movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de
discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de
papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión
y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar
o castigar a medios o periodistas.
(Continúa)
Declaración de Chapultepec (Continuación)
8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones
profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras
empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la
búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación
entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la
observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son
responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la
opinión pública premia o castiga.
10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por
difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
•
¿Qué es la SIP?
La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro,
con sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
Sus principales objetivos son:
4 Defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las
Américas;
4 Proteger los intereses de la prensa en las Américas;
4 Defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo;
4 Alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial;
4 Promover el intercambio de ideas e información que contribuya al
desarrollo técnico y profesional de la prensa;
4 Alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información
entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una
sociedad libre y de la libertad individual.
www.sipiapa.org
¿Qué es el Proyecto Contra la Impunidad?
El Proyecto Contra la Impunidad, creado por la SIP en 1995 con el auspicio
económico de la Fundación John S. y James L. Knight, tiene como misión combatir la violencia en contra de los periodistas y reducir la impunidad que rodea
a la mayoría de esos crímenes. Sus principales estrategias son:
4 Abogar por justicia y cambios legales a través de misiones, conferencias,
denuncias y pronunciamientos públicos;
4 Investigar crímenes mediante el monitoreo riguroso y constante, a través
de la Unidad de Respuesta Rápida y red de medios asociados de la organización;
4 Promover foros de discusión y campañas públicas de educación con anuncios y publicaciones multimedios;
4 Entrenar a periodistas, en seminarios y conferencias, para disminuir los
riesgos en la cobertura noticiosa y elevar sus estándares profesionales.
www.impunidad.com
Declarations
that Combat
Umpunished
Crimes Against
Journalists
SUPRA-GOVERNMENTAL & INTER AMERICAN
PRESS ASSOCIATION DOCUMENTS
Declarations
that Combat
Umpunished
Crimes Against
Journalists
SUPRA-GOVERNMENTAL & INTER AMERICAN PRESS
ASSOCIATION DOCUMENTS
© 2011. Fifth Edition
Inter American Press Association (IAPA)
1801 SW 3rd Avenue
INTER AMERICAN PRESS ASSOCIATION • DECLARATIONS TO COMBAT UNPUNISHED CRIMES AGAINST JOURNALISTS 1
Content
IAPA Officers........................................................................................ 4
Introduction......................................................................................... 7
Declaration of Durango
Third Meetinf of Editors and Publishers of México..............................8
Durango, Mexico, February 16,2010
Conclusions of the Conference The Press, The Government
and Organized Crime..........................................................................10
Mexico City, Mexico, April 24, 2009
Second Meeting of Editors and Publishers
of the Mexican Republic......................................................................13
Mexico City, Mexico, June 26-27, 2008
Declaration of Principles: Hemispheric Conference
on the Judiciarythe Press, and Impunity (IAPA)..................................16
Santo Domingo, Dominican Republic, July 18 - 20, 2007
Medellin Declaration Securing the Safety
of Journalists and Combating Impunity.............................................19
UNESCO - Conference on Press Freedom, Safety of Journalists and Impunity,
Medellin, Colombia, May 3-4, 2007
United Nations Security Council Resolution........................................23
New York, New York, Resolution 1738 (2006) December 23, 2006
Conclusions from Tegucigalpa: Conference
“Journalism, Violence and Gangs in Central America (IAPA).............26
Tegucigalpa, Honduras, February 10, 2006
Nuevo Laredo Conclusions: Conference
“Drug Trafficking: Investigation and News Coverage”(IAPA)............28
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico, January 27, 2006
Declaration of Pucallpa (IAPA)............................................................30
Pucallpa, Peru, September 20, 2005
Declaration of Hermosillo (IAPA)........................................................32
Meeting of Publishers of the Northern Border of Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico, August 30, 2005
2 DECLARATIONS TO COMBAT UNPUNISHED CRIMES AGAINST JOURNALISTS
• inter american press association
Tijuana Conclusions: International Conference
Unpunished Crimes Against Journalists (IAPA)...................................34
Tijuana, Baja California, Mexico, August 28-30, 2002
Declaration of Principles on Freedom of Expression..........................36
Inter-American Commission on Human Rights, 108TH period of sessions
Washington, D.C., United States, October 2000
Resolution Adopted by the
Organization of American States........................................................40
General Assembly, Caracas, Venezuela, June 2, 1998
Resolution 29 Adopted by UNESCO.....................................................42
Paris, France, November 12, 1997 - 29 C/DR. 120
Conclusions of the Hemisphere Conference
Crimes without Punishment against Journalists (IAPA)......................44
Guatemala City, Guatemala, June 30 -August 1, 1997
Declaration of Chapultepec (IAPA)......................................................51
Adopted by the Hemispheric Conference on Free Speech
IAPA Officers (2010-2011)
Honorary Life President
Scott C. Schurz, Herald-Times, Bloomington, Indiana
President
Gonzalo Marroquín, Siglo 21, Guatemala City, Guatemala
1st Vice-President
Milton Coleman, The Washington Post, Washington, D.C., EE.UU.
2nd Vice-President
Treasurer
Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Durango, Colorado, EE.UU.
Secretary
Bartolomé Mitre La Nación, Buenos Aires, Argentina
Executive Director
Julio E. Muñoz, IAPA, Miami, Florida
Committee on Freedom of the Press and Information
Chairman
Robert Rivard, San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, EE.UU.
Co-Chairmen
Claudio Paolillo, Búsqueda, Montevideo, Uruguay
Jayme Sirotsky, RBS, Porto Alegre, Brazil
Aldo Zuccolillo, ABC Color, Asunción, Paraguay
Vice Chairmen
IAPA Freedom of the Press Director
Ricardo Trotti, IAPA, Miami, Florida
Committee Against Impunity
Chairman
Juan Francisco Ealy Ortiz, El Universal, Mexico City, Mexico
Vice-Chairman
Ulilo Acevedo, Hoy Diario del Magdalena, Santa Marta, Colombia
Members:
Heriberto Cantú Deándar, El Mañana de Nuevo Laredo, Nuevo Laredo,
Tamaulipas, Mexico
André Luis Jungblut, Gazeta do Sul, Santa Cruz do Sul, Brazil
Gonzalo Leaño Aceves, Ocho Columnas, Zapopán, Jalisco, Mexico
Daniel McCosh, T.V. Azteca/Grupo Salinas, Mexico City, Mexico
Robert Rivard, San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, USA
Roberto Rock, El Universal, Mexico City, Mexico
Clemente Vivanco Salvador, Diario La Hora, Quito, Ecuador
Paulo de Tarso, O Estado de S. Paulo, São Paulo, Brazil
María Judith de Brito, Folha de S. Paulo, São Paulo, Brazil
José Estorgio Colmenares, La Opinión, Cúcuta, Colombia
Juan Fernando Healy, Periódicos Healy, Hermosillo, Sonora, Mexico
Impunity Project Director
IAPA’s Rapid Response Unit
Clarinha Glock, Brazil
Diana Calderón, Colombia
IAPA Project Against Impunity Coordinators
Melba Jiménez, Miami, Florida
Mauricio Montaldo, Miami, Florida
Introduction
I
n 1997 the Inter American Press Association’s (IAPA) Hemisphere
Conference on Unpunished Crimes Against Journalists, held in
Guatemala, planted the first seeds for the struggle against impunity in
cases involving journalists.
Following the universal call to action made at the time by political
leaders, lawyers and journalists, supra-governmental organizations, including
the Organization of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) and the Organization of American States (OAS),
became partners in the cause.
Thus began the process of developing tools to advance a series of
endeavors – all with the same objective: to defeat impunity and battle the
violence against the press and against all persons exercising their right to
freedom of expression.
One of the most important documents is the one that emerged from the
“Hemisphere Conference on the Judiciary, the Press and Impunity”, held in
Santo Domingo, Dominican Republic from July 18-20, 2007 and attended by
21 judges of the highest courts of Justice in the Americas, dozens of leaders,
legislators, journalists and media representatives.
The IAPA Project Against Impunity was launched in 1995 and has
been generously supported by the John S. and James L. Knight Foundation
throughout its history.
We are currently concluding one phase of our program. This Hemisphere
Conference of Universities: “Public Policies to Combat Impunity,” in Puebla,
Mexico, August 25th and 26th, 2011, will undoubtedly launch a new stage in
our ongoing mission for justice.
The statements presented here, both by the IAPA and supra-governmental
organizations, form part of a commitment but are also an effort to establish
mechanisms and action plans to combat impunity and defend freedom of the
press and expression.
Ricardo Trotti
2011
Declaration of Durango
THIRD MEETING OF EDITORS
AND PUBLISHERS OF MEXICO
Durango, México, February 16, 2010
WE EXECUTIVES of the news media of Durango, Coahuila and Sinaloa, convened by the
Inter American Press Association at this Third Meeting of Editors and Publishers of
Mexico, repudiate the climate of violence that exists in the region and the country,
which is detrimental of freedom of expression.
WE DEMAND that the authorities guarantee the free and full practice of journalism,
demonstrating true will and effectiveness to solve the cases of murdered and missing
journalists, and offering information that is accurate and supported by evidence, because
impunity and misleading information are an incentive for attacks upon journalists and
their media to be repeated.
WE REITERATE that the right to life, to personal freedom and integrity, to safety and the
protection of the law, to freedom of expression and of the press are essential guarantees
for each person and are pillars of democracy, rights recognized in international
treaties, among them the American Convention on Human Rights and the Universal
Declaration of Human Rights.
WE RECALL that the Inter American Press Association has sponsored conferences and
meetings with executives of the country’s news media that have produced agreements
and joint declarations such as the Declaration of Hermosillo in August 2005 and the
conclusions of the Conferences held in 2002 in Tijuana, in 2006 in Nuevo Laredo
and in Mexico City in 2009, at which it has been demanded that crimes committed
against freedom of expression be characterized as federal offenses, that the principle
be followed of there being no statute of limitations in such cases and that under no
circu8mstances should they be allowed to go unpunished.
AS INFORMATION PROFESSIONALS we must alert people to the harm done by this violence
generated by de facto powers, so that with joint responsibility we can confront this
problem.
WE COMMIT OURSELVES to foster and actively participate in seminars that feature the
training of reporters in covering news under risk for our media.
WE URGE the three levels of government and the Executive, Legislative and Judicial
branches to act within their area of competence to bring about in a real manner
guarantees in favor of freedom of expression.
WE CALL UPON the federal and state governments to create the concept of special office
of spokesperson for cases of violence that occur in the cities and to carry out joint
operations in order to offer clear, timely and reliable information that enables selfcensorship by the news media to be averted.
WE EXPRESS the need to bring about legislative reforms that enable regulations to
reflect the current situation and through them prevent the ambiguity that causes the
institutions to be weak.
WE CALL on the news media of Mexico to make a common front, disseminating and
following up cases of the murder and disappearance of journalists for reasons related
to their work, as well as relevant information concerning organized crime, in order to
produce an informational strategy that enables joint efforts in the face of this reality.
Conclusions of the Conference
THE PRESS, THE GOVERNMENT
AND ORGANIZED CRIME
Mexico City, Mexico, April 24, 2009
Whereas the Inter American Press Association brought together security officials from
the governments of Mexico and Colombia, opinion makers, and news media editors
and publishers to exchange experiences on effective methods that can be used by the
government to combat the violence generated by organized crime, as well as how
the press can provide adequate and reliable coverage to satisfy the public’s right to
information;
Whereas the lack of justice in punishment for violence against the press creates a vicious
circle of impunity and self-censorship that severely restricts freedom of expression and
of the press as enshrined in the Declaration of Chapultepec;
Whereas The Declaration of Mexico of June 27, 2008, drawn up by Mexican editors and
publishers, requests the Mexican Federal Congress to demonstrate greater political
will by creating legal instruments and strengthening existing ones in order to fortify
the battle against impunity;
Whereas the Conclusions of Nuevo Laredo of January 27, 2006 underscore the need to
create instruments of communication and solidarity for the purpose raising personal
and professional safety;
Whereas the Declaration of Hermosillo of August 30, 2005 advocates that crimes
against journalists be made federal offenses, that they be exempt of all statutes of
limitations, and that the penalties for such crimes be made more severe;
Whereas The Declaration of Principles of the Hemisphere Conference on The
Judiciary, The Press and Impunity of July 20, 2007 encourages governments to employ
international conceptual and regulatory tools to effectively punish those who act
against freedom of expression and seek to obstruct justice;
Whereas the governments of Colombia, the United States and Mexico, involved in
the war on drug trafficking, signed a number of declarations that specify freedom
of expression, such as resolutions by UNESCO, 120 of November 12, 1997; the
Organization of American States of June 2, 1998; the United Nations Security Council
of December 23, 2006, and the UNESCO Declaration of Medellín of May 4, 2007;
Whereas those resolutions stress the necessity of adopting legal reforms to contend
with impunity surrounding crimes against journalists and to create safety nets for the
protection of the press;
Those attending this Conference agree:
To urge governments to conduct the battle against organized crime and drug trafficking
respecting strict rules of transparency and open information so that journalistic activity
may be carried out normally.
To create understanding among all officials of the various branches of government the
necessity of recognizing that freedom of expression and of the press are fundamental
guarantees in democratic societies.
To appeal to the Mexican authorities to adopt the protective measures, security and
legal reforms to shield news coverage that have proved effective in the battle against
organized crime in other countries, bearing in mind that the best way to reduce risks is
to further strengthen democratic institutions.
To demand that the government strengthen its defense of journalistic activity by
punishing to the full extent of justice and the law those who attack journalists, both
the perpetrators and the masterminds, and by bringing to a conclusion numerous
pending cases that have remained unpunished; on the contrary more violence will be
generated.
To pressure the branches of the Mexican government to show greater willingness to
produce an integrated policy on crimes against journalists in order to pass an effective
and specific constitutional amendment that allows the federal government jurisdiction
over crimes against journalists and transforms the Special Prosecutor’s Office for
Offenses Against Journalists so that it is effectively empowered to deal with such
crimes and investigate them until complete.
To acknowledge as a merely negligible advance the recent reform under consideration of
the Federal Penal Code which would modify Articles 430 and 431 defining journalistic
activity and stiffening penalties from 1 to 5 years’ imprisonment plus fines.
To reflect on how the media and press organizations can work together to find joint
alternatives to reduce the levels of risk for reporters covering organized crime.
To ask press associations of Mexico and the United States to produce common methods
of cooperation to protect journalists and news media on both sides of the border in the
same way their two governments shared responsibilities when faced with the threat of
organized crime.
To encourage frank and open discussion in the news media of the viability of alternatives
intended to combat organized crime and drug trafficking thus showing the public a
broad range of criteria and ensuring the right to information.
To encourage journalists and news media to improve their professional practices and
editorial policies with regard to organized crime in order to avoid the propaganda
of violence; understanding at the same time that ongoing training and the quest for
journalistic excellence are important factors to lowering the risks in covering the news
and in areas of conflict.
Declaration of Mexico
SECOND MEETING OF EDITORS AND PUBLISHERS
OF THE MEXICAN REPUBLIC
Mexico City, Mexico, June 26-27, 2008
WE EXECUTIVES of Mexican newspapers brought together by the Inter American Press
Association in this 2nd Meeting of Editors and Publishers of the Mexican Republic
strongly reject the climate of violence that affects our society at all levels and seriously
jeopardizes freedom of expression and of the press and the right to information. We
express profound concern at the high level of impunity that prevails in crimes against
journalists and which results in troubling self-censorship by the news media.
Because the Constitution of Mexico guarantees freedom of the press and provides
for swift and impartial administration of justice we are united in our determination
to continue submitting concrete proposals for the government to be effective in the
battle against offenses that are contrary to freedom of expression and the right to
information,
WE REAFIRM that the right to life, to personal freedom and integrity, to safety and to the
protection of the law, to freedom of expression and of the press are essential rights of
all persons, guaranteed in international treaties such as the American Convention on
Human Rights and the Universal Declaration of Human Rights.
WE GIVE emphasis to our request that the Mexican government demonstrate authentic
political will to create a legal framework with the institutional means necessary to
provide responses to combat violence against the press and put a halt to the phenomenon
of impunity.
WE DECLARE that this legal framework should classify crimes against free speech, press
freedom and the right to information as federal offenses, establish the principle that
they not be subject to any statute of limitations whatsoever, and stiffen the penalties for
such crimes, as we articulated in the 2002 Conclusions of Tijuana, the 2005 Declaration
of Hermosillo and the 2006 Conclusions of Nuevo Laredo.
WE RECALL that the presidents of the United States of Mexico, Ernesto Zedillo Ponce de
León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006) and Felipe Calderón Hinojosa
(2006- ) have expressed their support to the Inter American Press Association of
these proposals whose sole purpose is to enshrine the principles of free speech, press
freedom and the right to information as the foundation of democratic life and the
national political institution.
WE UPHOLD the Declaration of Principles of the Hemisphere Conference on The
Judiciary, The Press and Impunity (Dominican Republic, 2007), in which chief justices
and members of Supreme Courts in the Americas ratified “the importance of taking
the measures necessary to investigate and punish attacks on freedom of speech and
crimes against journalists and officials of the justice system in order to break the vicious
cycle of impunity”.
WE EXTOL the Mexican government’s key role in the adoption of Resolution 120 by
UNESCO in 1997 whereby member countries are urged “to improve their laws to
provide for the trial and conviction of the masterminds of murders of those who
are exercising the right to freedom of expression” and “to adopt the principle of not
permitting the statute of limitations to expire on crimes against the person when they
are perpetrated to impede the exercise of freedom of information and of expression or
when they would have as an objective the obstruction of justice.”
WHE HOLD that member states take the necessary steps “for attacks on freedom of
expression and crimes against journalists to be investigated and punished in accordance
with their domestic laws” as set forth in the 1998 resolution of the Organization of
American States.
WE CALL attention to the moral mandates of the 1994 Declaration of Chapultepec and
the 2000 Inter-American Commission on Human Rights” Declaration of Principles
on Freedom of Expression, which condemn murder, terrorism, kidnapping, force,
intimidation, unjust imprisonment of journalists, the material destruction of news
media, and the impunity surrounding such crimes, and call upon States to investigate
those violent acts promptly and punish them harshly to ensure that victims receive
adequate reparations.
WE CONFIRM the Conclusions of the Hemisphere Conference on Unpunished Crimes
Against Journalists, Guatemala 1997 which set historic precedent and established
the need for a legal framework that makes it possible to combat the impunity that
engenders violence against free speech, press freedom and the right to information.
For these reasons, we agree:
1) To call upon the Honorable Congress of the Union to create the legal instruments
necessary for the government to effectively combat violence and offenses against
freedom of expression, press freedom and the right to information and, thus, reduce
the climate of impunity.
2) To ask the Honorable Congress of the Union to take under consideration and
review the concrete proposals that were prepared at this 2nd Meeting in accordance
with the international norms that govern classification of crimes against freedom of
speech, press freedom and the right to information as federal offenses, to establish
the principle that such offenses be exempt of any statute of limitations and subject
to stiffened penalties through their incorporation into the Penal Code, the Code of
Criminal Proceedings and the Charter of the Judicial Branch of Government.
3) To urge the president of the Republic, in addition to honoring his commitment to
send Congress a constitutional reform that places offenses against freedom of expression
under federal jurisdiction, to adopt swift and effective administrative measures that
enable the agency responsible for protecting freedom of expression and the safety of
journalists to be refocused and strengthened as a ranking special prosecutor’s office.
4) To ask the Mexican Attorney General’s Office to evaluate the scope of the Special
Prosecutor’s Office for Dealing with Crimes Committed Against Journalists, conceding
to it the powers needed for it to operate effectively and take on cases under federal
jurisdiction and to analyze its reorientation as set out in the previous clause.
5) To recognize that the executive and legislative branches of government have
united their efforts and shared visions to create legal tools that strengthen freedom of
expression, press freedom and the right to information through legislation on access to
public records, on the decriminalization of libel at the federal level, and on professional
secrecy; notwithstanding, to also insist that the placement of official advertising be
brought into line with technical criteria and international standards in order to prevent
the discretionary use of public funds with the intent of controlling the press.
6) To encourage editors and publishers of news media to place greater emphasis on
incorporating mandates in the Declaration of Hermosillo and in the Conclusions of
Nuevo Laredo regarding installation of security systems in company facilities, adopting
safety measures for reporters, and raising technical, work and ethical standards.
7) To encourage the continuation of discussion forums which stimulate unity and
solidarity among journalists, news media and press associations, as well as holding
professional training seminars to deal with the risks faced when practicing the
profession.
8) To involve members of the judiciary through forums, conferences and workshops,
with the objective of creating greater awareness of the need to combat offenses against
the rights to free speech, press freedom and information that are fundamental to the
strengthening of democracy.
Declaration of Principles
HEMISPHERIC CONFERENCE ON THE JUDICIARY,
THE PRESS, AND IMPUNITY
Santo Domingo, Dominican Republic
July 18-20, 2007
THE PARTICIPANTS in the Hemispheric Conference on the Judiciary, the Press, and Impunity,
called by the Inter American Press Association and sponsored by the Supreme Court of
the Dominican Republic:
CONSIDERING That the killings, threats, and pressures on journalists and those who
administer justice constitute a direct attack on society and democracy;
That the killings, threats, and pressures on journalists and those who administer justice
constitute a direct attack on society and democracy;
That the aforementioned declaration specifically states, “Everyone has the right to
freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without
interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media
and regardless of frontiers”;
That the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American
Convention on Human Rights are highly consistent with the aforementioned
statements;
That the Declaration of Principles on Freedom of Expression, adopted by the InterAmerican Commission on Human Rights in 2000, states in Principle 9, “The murder,
kidnapping, intimidation of and/or threats to social communicators, as well as the material
destruction of communications media violate the fundamental rights of individuals and
strongly restrict freedom of expression. It is the duty of the state to prevent and investigate
such occurrences, to punish their perpetrators and to ensure that victims receive due
compensation”;
That Principle 4 of the 1994 Declaration of Chapultepec states, “Freedom of expression and
of the press are severely limited by murder, terrorism, kidnapping, intimidation, the unjust
imprisonment of journalists, the destruction of facilities, violence of any kind and impunity
for perpetrators. Such acts must be investigated promptly and punished harshly”;
That the Inter-American Court of Human Rights has stated that effective judicial
protection “constitutes one of the basic pillars not only of the American Convention
on Human Rights, but also of the rule of law itself in a democratic society, according
to the Convention” (Claude Reyes v. Chile, 2006, paragraph 131), and that freedom
of expression and of the press is “a cornerstone upon which the very existence of a
democratic society rests” (Advisory Opinion OC-5/85, “Compulsory Membership in
an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism,” paragraph 70)
RECALLING that the Main Declaration of the Ibero-American Summit of Supreme
Court Chief Justices, held in Cancún, Mexico, in 2002, states, “The rule of law in
modern times is characterized by the legal assurance, certainty, confidence, and genuine
possibility that each individual is granted that to which he or she is entitled by law”;
That the Declaration of the Ibero-American Summit of Supreme Court Chief Justices
and the Declaration of Judiciary Councils, held in Copán/San Salvador, in 2004,
states: “A judicial system and a press that are independent and impartial, and whose
actions are governed by acceptable levels of professionalism and ethics, are essential to
strengthening a democratic society”;
AWARE that one of the essential duties of the judicial branch, as established in the
constitutions of Latin America, is to protect each individual’s rights from the excesses
and omissions of the other branches of government, as well as from those who violate
the law, and to uphold their constitutional rights in the process;
TO DEMAND that the authorities carry out their duty to prevent, investigate and mete out
punishment for these crimes and to make good for their consequences.
Agree
1. To emphatically repudiate violence when perpetrated in an attempt to prevent
the practice of freedom of the press and freedom of speech and to obstruct
justice.
2. On the importance of taking the measures necessary to investigate and punish
attacks on freedom of speech and crimes against journalists and officials of the
justice system in order to break the vicious cycle of impunity.
3. On the importance of encouraging all branches of governments, of each country
and at every level, to apply the international and inter-American instruments
that provide conceptual and normative tools to hand down sanctions with greater
effectiveness against those who attack freedom of speech and obstruct justice,
without jeopardizing judicial independence.
4. To create opportunities to join with specialists and members of society to
discuss the possibility of pursuing legal reforms so that those guilty of attacking
freedom of speech may be duly prosecuted, convicted, and sentenced; specifically,
when applicable, to recommend the implementation of new model of criminal
procedure.
5. To promote national and regional forums and seminars for members of the
media and the judiciary in order to create opportunities for them to find common
grounds, seek mutual understanding, and engage in a dialogue on a culture of
lawfulness and the value of freedom of speech, and that public education
campaigns on these issues be pursued.
In the city of Santo Domingo, National District, the capital of the Dominican Republic,
on this 20th day of July 2007.
Medellin Declaration
Securing the Safety of Journalists and Combating Impunity
UNESCO - Conference on Press Freedom, Safety of Journalists and Impunity,
Medellin, Colombia 3 - 4 May 2007
W
e, the participants at the UNESCO conference on Press Freedom, Safety of
Journalists and Impunity, meeting in Medellin, Colombia, on World Press
Freedom Day, 3-4 May 2007,
Deeply concerned by attacks on the freedom of expression of the press including murder,
deliberate attacks, abductions, hostage-taking, harassment, intimidation, illegal arrest
and detention against journalists, media professionals and associated personnel because
of their professional activity,
Believing that press freedom can only be enjoyed when media professionals are free from
intimidation, pressure and coercion, whether from political, social or economic forces,
Recalling Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights that guarantees
freedom of expression as a fundamental right, and confirming that freedom of expression
is essential to the realization of other rights set forth in international human rights
instruments,
Recalling 29 C/Resolution 29 entitled “Condemnation of violence against journalists”,
adopted by the General Conference of UNESCO on 12 November 1997, which
condemns violence against journalists and calls on Member States to uphold their
obligations to prevent, investigate and punish crimes against journalists,
Underscoring the provisions of the Colombo Declaration of 3 May 2006 on Media and
Poverty Eradication, and Dakar Declaration of 3 May 2005 on Media and Good
Governance, and of the Belgrade Declaration of 3 May 2004 on Media in Violent
Conflict and Countries in Transition,
Welcoming the adoption by the Security Council of the United Nations of Resolution 1738
on 23 December 2006 calling on all parties to an armed conflict to fulfil their obligations
towards journalists under international law, including the need to prevent impunity for
crimes against them and further requesting the Secretary-General to include as a subitem in his next reports on the protection of civilians in armed conflict the issue of the
safety and security of journalists, media professionals and associated personnel,
Noting the potential contribution of a free, independent and pluralistic press to sustainable
development, poverty eradication, good governance, peace and reconciliation, and
respect for human rights,
Urging all the parties concerned to ensure the safety of journalists, media professionals
and associated personnel, and respect for their media equipment and installations,
Considering that most murders of media professionals occur outside of conflict zones
and that the safety of media professionals is an urgent problem that is not limited to
situations of armed conflict,
Reaffirming our condemnation of all incitement to violence against media professionals,
Call on Member States:
To investigate all acts of violence of which journalists, media professionals and
associated personnel are victim which have occurred in their territory or abroad when
their armed or security forces may have been involved in them;
To search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, a
crime against journalists, media professionals or associated personnel, to bring such
persons, regardless of their nationality, before their own courts or to hand them over
for trial to another concerned State, provided this State has made out a credible case
against the said persons;
To fulfil the duty incumbent upon them to prevent crimes against journalists, media
professionals and associated personnel, to investigate them, to sanction them,
to provide witness protection for those testifying against them and to repair the
consequences so that such crimes do not go unpunished;
To adopt the principle that there should be no statute of limitations for crimes against
persons when these are perpetrated to prevent the exercise of freedom of information
and expression or when their purpose is the obstruction of justice;
To release immediately journalists detained to this day for having freely exercised their
profession;
To promote awareness and train their armed forces and police forces to respect and
promote the safety of journalists in situations of risk, and to ensure that journalists
are able to work in full security and independence in their territory;
To recommend to multilateral and bilateral institutions of international cooperation and
financial assistance that they require from recipient countries as a specific condition of
eligibility respect for freedom of expression and effective protection of the exercise of
press freedom, also to recommend to these institutions that a State’s failure to comply
with its obligation to investigate and punish killers of journalists could be cause for
revision, suspension or revocation of such cooperation;
To sign and ratify the Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions, the
Rome Statute of the International Criminal Court and other relevant international
instruments of international humanitarian law and international human rights law,
and to take the appropriate legislative, judicial and administrative measures to ensure
application of the aforementioned instruments nationally, in so far as they provide
protection for civilians, in particular those working in journalism;
To comply with the commitments of UNESCO Resolution 29 to promote legislation
with the intention of investigating and prosecuting the killers of journalists and to
combat impunity;
Call on International Community and Professional Associations:
To take resolute action for the safety of journalists in situations of risk and to ensure
respect for their professional independence;
To sensitize news organizations, editors and managers about the dangers surrounding
their staff when covering hazardous stories, particularly the dangers present to local
journalists;
To urge news associations to develop and sustain safety provisions that work regardless
of whether their staff are covering domestic stories such as crime and corruption,
disasters and demonstrations or health issues or international armed conflict;
To promote actions that secure the safety of journalists, including, but not limited to,
safety training for journalists, safety codes, healthcare and life insurance, and equal
access to social protection for freelance employees and full-time staff;
To coordinate widespread publicity campaigns on unpunished crimes against journalists
and other acts of violence to bring about news coverage of all violations of press
freedom;
To encourage journalism schools and mass communication departments to include in
their curricula studies on the impact that crimes against journalists – and subsequent
impunity – have on democratic societies. In addition, to promote the inclusion in
the curricula of subjects or specific courses on press freedom and to coordinate
activities, including safety training, among press freedom associations, news media
and journalism schools;
To further encourage collaboration amongst journalists, media owners, educators, press
freedom groups and appropriate development agencies, at national and global level,
to ensure the inclusion of media development activities in social and economic
development programmes;
Call on UNESCO:
To invite the Director General of UNESCO to study, in consultation with the relevant
international organizations and non-governmental organizations:
(a) to act in favour of measures to better ensure application of the rules and principles
of a humanitarian nature safeguarding journalists, media professionals and
associated personnel in situations of armed conflict, and to promote the security
of the persons concerned;
(b) to work against the emergence of new threats to journalists and media staff,
including hostage-taking and kidnapping;
(c) to encourage mechanisms for including media development in programmes
aimed at improving the social, economic and political life of societies in the
process of development, political transition or emerging from the crisis of social
conflict.
To require that data be submitted to the General Conference in a report on crimes against
journalists and the number of cases that continue with impunity;
To sensitize governments regarding the importance of freedom of expression and
the threat that impunity for crimes against media professionals represents to this
freedom;
To invite the Director General of UNESCO to recall to member States at the General
Conference their legal and moral obligations to comply with Resolution 29 and
prevent crimes against journalists.
•
United Nations
Security Council
Resolution 1738 (2006)
Adopted by Security Council at its 5613th meeting,
on 23 December 2006
The Security Council,
Bearing in mind its primary responsibility under the Charter of the United Nations for
the maintenance of international peace and security, and underlining the importance
of taking measures aimed at conflict prevention and resolution,
Reaffirming its resolutions 1265 (1999), 1296 (2000) and 1674 (2006) on the protection
of civilians in armed conflict and its resolution 1502 (2003) on protection of United
Nations personnel, associated personnel and humanitarian personnel in conflict zones,
as well as other relevant resolutions and presidential statements,
Reaffirming its commitment to the Purposes of the Charter of the United Nations as
set out in Article 1 (1-4) of the Charter, and to the Principles of the Charter as set
out in Article 2 (1-7) of the Charter, including its commitment to the principles of
the political independence, sovereign equality and territorial integrity of all States, and
respect for the sovereignty of all States,
Reaffirming that parties to an armed conflict bear the primary responsibility to take all
feasible steps to ensure the protection of affected civilians,
Recalling the Geneva Conventions of 12 August 1949, in particular the Third Geneva
Convention of 12 August 1949 on the treatment of prisoners of war, and the Additional
Protocols of 8 June 1977, in particular article 79 of the Additional Protocol I regarding
the protection of journalists engaged in dangerous professional missions in areas of
armed conflict,
Emphasizing that there are existing prohibitions under international humanitarian law
against attacks intentionally directed against civilians, as such, which in situations of
armed conflict constitute war crimes, and recalling the need for States to end impunity
for such criminal acts,
Recalling that the States Parties to the Geneva Conventions have an obligation to
search for persons alleged to have committed or to have ordered to be committed a
grave breach of these Conventions, and an obligation to try them before their own
courts, regardless of their nationality, or may hand them over for trial to another
concerned State provided this State has made out a prima facie case against the said
persons,
Drawing the attention of all States to the full range of justice and reconciliation
mechanisms, including national, international and “mixed” criminal courts and
tribunals and truth and reconciliation commissions, and noting that such mechanisms
can promote not only individual responsibility for serious crimes, but also peace, truth,
reconciliation and the rights of the victims,
Recognizing the importance of a comprehensive, coherent and action-oriented
approach, including in early planning, of protection of civilians in situations of armed
conflict.
Stressing, in this regard, the need to adopt a broad strategy of conflict prevention,
which addresses the root causes of armed conflict in a comprehensive manner in order
to enhance the protection of civilians on a long-term basis, including by promoting
sustainable development, poverty eradication, national reconciliation, good governance,
democracy, the rule of law and respect for and protection of human rights,
Deeply concerned at the frequency of acts of violence in many parts of the world against
journalists, media professionals and associated personnel in armed conflict, in particular
deliberate attacks in violation of international humanitarian law,
Recognizing that the consideration of the issue of protection of journalists in armed
conflict by the Security Council is based on the urgency and importance of this issue,
and recognizing the valuable role that the Secretary-General can play in providing
more information on this issue,
1. Condemns intentional attacks against journalists, media professionals and
associated personnel, as such, in situations of armed conflict, and calls upon all
parties to put an end to such practices;
2.
Recalls in this regard that journalists, media professionals and associated personnel
engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be
considered as civilians and shall be respected and protected as such, provided
that they take no action adversely affecting their status as civilians. This is without
prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to
the status of prisoners of war provided for in article 4.A.4 of the Third Geneva
Convention;
3. Recalls also that media equipment and installations constitute civilian objects,
and in this respect shall not be the object of attack or of reprisals, unless they are
military objectives;
4. Reaffirms its condemnation of all incitements to violence against civilians
in situations of armed conflict, further reaffirms the need to bring to justice,
in accordance with applicable international law, individuals who incite such
violence, and indicates its willingness, when authorizing missions, to consider,
where appropriate, steps in response to media broadcast inciting genocide, crimes
against humanity and serious violations of international humanitarian law;
5. Recalls its demand that all parties to an armed conflict comply fully with the
obligations applicable to them under international law related to the protection
of civilians in armed conflict, including journalists, media professionals and
associated personnel;
6. Urges States and all other parties to an armed conflict to do their utmost to
prevent violations of international humanitarian law against civilians, including
journalists, media professionals and associated personnel;
7.
Emphasizes the responsibility of States to comply with the relevant obligations
under international law to end impunity and to prosecute those responsible for
serious violations of international humanitarian law;
8.
Urges all parties involved in situations of armed conflict to respect the professional
independence and rights of journalists, media professionals and associated
personnel as civilians;
9.
Recalls that the deliberate targeting of civilians and other protected persons, and
the commission of systematic, flagrant and widespread violations of international
humanitarian and human rights law in situations of armed conflict may constitute
a threat to international peace and security, and reaffirms in this regard its readiness
to consider such situations and, where necessary, to adopt appropriate steps;
10. Invites States which have not yet done so to consider becoming parties to the
Additional Protocols I and II of 1977 to the Geneva Conventions at the earliest
possible date;
11. Affirms that it will address the issue of protection of journalists in armed conflict
strictly under the agenda item “protection of civilians in armed conflict;”
12. Requests the Secretary-General to include as a sub-item in his next reports on
the protection of civilians in armed conflict the issue of the safety and security of
journalists, media professionals and associated personnel.
•
Conclusions from Tegucigalpa
Conference: Journalism, Violence and Gangs in Central America
February 10, 2006
T
he conference ratified the important role the media plays in the understanding of
and search for solutions to the complex problem of gangs and juvenile violence
in Central America.
For the betterment of news, they expressed that there needs to be a promotion of dialogue
on journalism between authorities and society, with individuals from institutions and
organizations that are key to handling the gang problem.
The media, because of its given responsibility in society, is called to inform and provide
oversight so that authorities and society can adopt corrective measures against violence.
This is the role and the main contribution of the press in order to overcome the problem
of gangs in our society.
Gangs and organized crime, helped by new technologies and forms of communication,
have led to new challenges for governments in terms of public safety. National and
inter-governmental policies should include freedom of the press and of expression as
fundamental elements to preserve, and thus, prevent triggering violence against the
media and journalists triggers a favorable climate for self-censorship.
The various presentations made by the speakers
agreed on the following points:
w Journalism requires an attitude of greater reflection on reporting and dealing with news
on violence and gangs. However, they emphasized that for this to happen there needs to
be legislation on access to public information that allows journalists to inform in a more
in-depth manner and more thoroughly on all aspects and activities of government on
this matter.
w They expressed that sensationalizing news, far from helping to find solutions,
promotes violence. They pointed out that sensationalism attracts some groups of
adolescents to gangs.
w They stressed that it is necessary for journalism to improve its quality and plurality
in terms of sources in order to produce better coverage, and that journalists should not
only focus on official sources.
w They pointed out the need for the journalism community and authorities to
coordinate means of communication to prevent risks for journalists while covering
dangerous situations.
w The media can find alternatives on how to better the news product in covering
violence, such as examples given by newspapers such as La Prensa Gráfica in El
Salvador that devised guidelines on this issue.
w The media needs to create safety plans to protect its staff and to provide constant
training to journalists to minimize the risks in covering stories on violence and gangs.
Likewise, journalists have the professional and ethical obligation to create personal
strategies for their own protection.
w It is the responsibility of the media and journalists to encourage a greater social
awareness on the importance of freedom of the press and of expression for better
coverage of acts of violence, as well as to foster a greater understanding between
authorities and civil society to find solutions in this matter.
•
Nuevo Laredo Conclusions
Seminar“Drug Trafficking: Investigation and News Coverage”
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
January 27, 2006
The Seminar ratified the concern at the failure to act by the authorities, at various levels
of government, when confronted by the advance of organized crime throughout the
country, in the border region in general and in the Nuevo Laredo area in particular.
The climate of violence that this situation is generating counts among its main victims
the people’s freedoms, especially freedom of expression. One of the effects of this of
most concern is an increasing level of self-censorship by the media and individual
journalists.
The views expressed by speakers and participants in this seminar all underscored the
need for the Mexican government, in its respective branches, to move forward more
decidedly in bringing about and administering justice more rapidly and effectively in
prosecuting crimes against journalists, and in passing new legislation that provides
protection for press freedom and free speech as tools for society to thrive.
The event ratified the demand contained in the Declaration of Hermosillo for crimes
against journalists to be made federal offenses, that they not be subject to any statute
of limitation and that punishment for this kind of crime be stiffened.
In addition, the meeting confirmed the initiation of the “Fénix Project,” which will be
carried out by journalists from various newspapers conducting investigations into the
murder of colleagues for merely doing their job. The aim of this initiative is to bring
more pressure to bear on the authorities assigned to these cases, to look further into
what inquiries the victims were carrying out and to shed light on who the culprits
might be.
Those participating in the seminar agreed on the following principles:
w It is the responsibility of the media to provide greater protection to their journalists,
as well as improved conditions for independent journalism to exist.
w There must be a review of security measures at newspaper premises to the benefit of
the journalists and all other workers there.
w A mechanism for coordinating with authorities should be created in order to improve
communication in regards to matters of security, both physical and in terms of vigilance
in the case of special coverage or cases arising from high-risk situations.
wIt is a journalist’s professional and ethical duty to design a personal strategy to
protect his own safety and his work through relevant mechanisms, depending on the
circumstances he finds himself in. The available literature, especially on the Internet,
facilitates such a task.
wThe ability of journalists to do their job and of news companies to prosper is directly
linked to the raising of technical, work and ethical standards in the profession. It
is recommended that the media and journalists deliberate more extensively on the
objective aspects related to this process (training, ethics, salaries, working conditions,
style books, codes of ethics, etc.).
wThe tremendous challenge that organized crime represents in the country makes it
essential for media and journalists to know more about the issues involved in this
phenomenon, so as to be able to come up with strategies or codes of conduct in
covering it.
wIt is the responsibility of the media and journalists to encourage greater public
awareness of the importance of freedom of expression as a human value that is not the
heritage of journalists alone but something that fosters the common good.
wFreedom of expression is not just for journalists. Society has given them the
responsibility of observing and protecting it. The media and journalists must ratify
their commitment in this regard every day.
•
Declaration of Pucallpa
Pucallpa, Peru
September 20, 2005
T
he Peruvian Press Council, Inter American Press Association and Press and
Society Institute, signatories to this Declaration, express our concern at the
murders of journalists in the exercise of their professional duties, in particular
the murder of journalist Alberto Rivera Fernández, which has yet to be fully solved.
The executives, editors, reporters and professionals of the Peruvian news media who
have come together in this initiative wish to call the public’s attention to the harm this
criminal violence inflicts upon the state of freedoms in the country, especially freedom
of expression. This affects not only the right to free expression of ideas but also the
people’s fundamental right to know.
Faced with this situation, we agree to take action that seeks to defend our professional
mission and to establish before those communities we serve that each time a journalist’s
voice is silenced society is deprived of essential information needed to consolidate a
fairer, freer and more democratic nation.
This is the first step toward a collaboration born of the confidence that society has
placed in us. It sends a clear message that by uniting we shall combat crimes against
the press and the impunity surrounding them.
For the above reasons and in accordance
with UNESCO’s Resolution 29, we agree:
1.- To repudiate murder and declare any physical violence against journalists a crime
against humanity.
2.- To call on the Executive Branch, the Legislative Branch, the Judicial Branch and
the Attorney General’s Office to provide the guarantees necessary to the practice
of journalism, and especially, to solve unpunished crimes against journalists.
3.- To ask the Peruvian Congress to improve legislation ensuring that those responsible
for these murders are brought to trial and convicted and to adopt the principle that
there be no statute of limitation for crimes against those who are exercising the
right to freedom of expression.
In accordance with the foregoing,
the signatories to this Declaration undertake:
1.- To appoint a specialist team of investigative reporters from the various news media
to continue investigations initiated by journalist victims, with the findings to be
published simultaneously in the participating media.
2.- To hold regional training seminars for reporters and editors on high-risk situations,
ethics and professional development.
3.- To continue conducting public awareness campaigns in our news media calling
attention to crimes against journalists, impunity and the value of freedom of
expression.
4.- To invite all journalists, press organizations and news media to embrace this
Declaration.
•
Declaration of Hermosillo
Hermosillo, Sonora, Mexico
August 30, 2005
W
e executives of Mexican newspapers gathered at the Meeting of Publishers
in the Northern Border Region, note with increasing alarm the number
of murders of and attacks upon journalists, especially in the north of the
country. The deaths and disappearances of news men and women have placed Mexico
in recent months in first place among the countries of the Americas in this dreadful
matter.
We, information professionals, joined in this act by colleagues from the Inter American
Press Association, a hemisphere organization truly concerned at this situation, are
determined to alert society to the harm that this criminal violence does to the climate
of freedoms in the country, especially to the most precious of freedoms, that upon
which all others are based – freedom of expression.
The impact of this violence, brutally expressed in depriving these journalists of life,
taking them from their families, friends and colleagues, is expressed also in a climate
of intimidation that silences many voices, damaging society’s means of coexistence
and sentencing freedom itself to a slow death. It is not only the right to life that is
cancelled, but the right to free expression of ideas and the people’s right to know.
Faced with this problem, today we have agreed on a series of actions aimed at defending
our professional mission and making those communities that we serve aware that every
time a journalist’s voice is silenced society is deprived of vital information it needs in
order to consolidate a fairer, freer and truly democratic nation.
This is similarly the first step to bring together Mexican newspapers with a common
purpose, in devotion to the trust that society has deposited in us. We wish to send a
message that we will fight together against crime.
To this end, we agree the following:
1.- We call upon the Mexican authorities, both federal and state, to solve crimes
committed against journalists in Mexico. Impunity is the major incentive for
these attacks to be repeated. This call is issued, with the greatest firmness, to the
executive, legislative and judicial branches of government, that they may join
together to provide increased guarantees in favor of freedom of expression. In
this context, what is essential is to elevate crimes against journalists to federal
jurisdiction and establish that there be no statute of limitation in such cases, they
being considered to be extremely damaging to basic human rights, not only of the
journalist concerned but of the community that he or she serves.
2.- We intend to hold regional seminars for the training of reporters and editors in news
coverage in situations of high risk and to advocate among the different sectors of
our communities the need to defend and safeguard freedoms and human rights.
3.- We have decided to set up a special team of investigative reporters to look into
what the murdered journalists had been reporting on. We undertake to see that
the result of the work by the special team will be published in all those newspapers
taking part in this effort.
4.- We will conduct in our pages public awareness campaigns about impunity
surrounding crimes against journalists.
5.- We will follow up this Meeting of Publishers in the Northern Border Region with
similar ones in central and southern Mexico, to provide encouragement to the
Mexican press with similar aims. We will take additional steps to get the largest
number of newspapers throughout the country involved. Furthermore, we will call
upon the electronic media (radio, television and Internet) to give their support to
this initiative.
•
International Conference Drug Traffficking:
Journalists At Risk
Tijuana, Baja California, Mexico
August 28-30, 2002
C
Tijuana Conclusions:
onvinced that drug trafficking, in its desire to silence the people’s right to
inform and be informed, is one of the worst and most reprehensible forms
of attacks on freedom of the press, the Inter American Press Association
has held a working session titled “Drug Trafficking: Journalists At Risk” in Tijuana,
Baja California state, Mexico, on August 28, 29 and 30, 2002, with the objective of
coming up with new and more effective ways of guaranteeing the exercise of freedom
of expression, especially in the areas of greatest danger in the Americas.
The conference focused on the growing danger that drug trafficking and its derivative
crimes poses for press freedom.
From the presentations made during the conference, the
Inter American Press Association has come to the following conclusions:
1.-
States have an obligation to provide the utmost guarantees of safety in the
unfettered practice of journalism, as without press freedom there can be no
democracy. As a consequence, it is for them to amend their respective laws to
achieve the following objectives:
a)- that crimes against journalists be regarded as federal offenses or be liable to be
dealt with under special jurisdiction as a way of guaranteeing greater transparency
in the conduct of the corresponding legal proceedings and preventing this kind of
offense from going unpunished.
b)- that there be established the principle of no statute of limitations for crimes
against journalists, because they amount to crimes against society.
c)- that encouragement be given to creation of special prosecutor units to
investigate attacks committed upon journalists and news media more effectively
and rapidly.
(d)- That, following the example of Colombia, reform of criminal codes and of
criminal procedure be encouraged, with the aim that the commission of a crime
or attack be considered as aggravating circumstances when committed against
journalists.
2. Insistence be placed that international agencies consider the existence of freedom
of the press to be a pre-condition for granting financial or economic aid to
countries in the Americas.
3. The commitment is made to continue the “Unpunished Crimes Against Journalists”
and “Journalists At Risk” projects, under which the IAPA will continue holding
this kind of conference and promoting other activities to provide enhanced
training of journalists in areas of great risk so they may be able to carry out their
duties.
•
Declaration of Principles on Freedom of Expression
Inter-American Commission on Human Rights
October 2000
Preamble
Reaffirming the need to ensure respect for and full enjoyment of individual freedoms
and fundamental rights of human beings under the rule of law;
Aware that consolidation and development of democracy depends upon the existence of
freedom of expression;
Persuaded that the right to freedom of expression is essential for the development of
knowledge and understanding among peoples, that will lead to a true tolerance and
cooperation among the nations of the hemisphere;
Convinced that any obstacle to the free discussion of ideas and opinions limits freedom
of expression and the effective development of a democratic process;
Convinced that guaranteeing the right to access to information held by the State will
ensure greater transparency and accountability of governmental activities and the
strengthening of democratic institutions;
Recalling that freedom of expression is a fundamental right recognized in the American
Declaration on the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human
Rights, the Universal Declaration of Human Rights, Resolution 59 (1) of the United
Nations General Assembly, Resolution 104 adopted by the General Conference of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the
International Covenant on Civil and Political Rights, as well as in other international
documents and national constitutions;
Recognizing that the member States of the Organization of American States are subject
to the legal framework established by the principles of Article 13 of the American
Convention on Human Rights;
Reaffirming Article 13 of the American Convention on Human Rights, which establishes
that the right to freedom of expression comprises the freedom to seek, receive and impart
information and ideas, regardless of borders and by any means of communication;
Considering the importance of freedom of expression for the development and protection
of human rights, the important role assigned to it by the Inter-American Commission
on Human Rights and the full support given to the establishment of the Office of the
Special Rapporteur for Freedom of Expression as a fundamental instrument for the
protection of this right in the hemisphere at the Summit of the Americas in Santiago,
Chile;
Recognizing that freedom of the press is essential for the full and effective exercise
of freedom of expression and an indispensable instrument for the functioning of
representative democracy, through which individuals exercise their right to receive,
impart and seek information;
Reafirming that the principles of the Declaration of Chapultepec constitute a basic
document that contemplates the protection and defense of freedom of expression,
freedom and independence of the press and the right to information;
Considering that the right to freedom of expression is not a concession by the States but
a fundamental right;
Recognizing the need to protect freedom of expression effectively in the Americas, the
Inter-American Commission on Human Rights, in support of the Special Rapporteur
for Freedom of Expression, adopts the following Declaration of Principles:
Principles
1.
Freedom of expression in all its forms and manifestations is a fundamental and
inalienable right of all individuals. Additionally, it is an indispensable requirement
for the very existence of a democratic society.
2. Every person has the right to seek, receive and impart information and opinions
freely under terms set forth in Article 13 of the American Convention on Human
Rights. All people should be afforded equal opportunities to receive, seek and
impart information by any means of communication without any discrimination
for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinions,
national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
3. Every person has the right to access to information about himself or herself
or his/her assets expeditiously and not onerously, whether it be contained in
databases or public or private registries, and if necessary to update it, correct it
and/or amend it.
4.
Access to information held by the state is a fundamental right of every individual.
States have the obligation to guarantee the full exercise of this right. This principle
allows only exceptional limitations that must be previously established by law in
case of a real and imminent danger that threatens national security in democratic
societies.
5.
Prior censorship, direct or indirect interference in or pressure exerted upon
any expression, opinion or information transmitted through any means of oral,
written, artistic, visual or electronic communication must be prohibited by law.
Restrictions to the free circulation of ideas and opinions, as well as the arbitrary
imposition of information and the imposition of obstacles to the free flow of
information violate the right to freedom of expression.
6.
Every person has the right to communicate his/her views by any means and in any
form. Compulsory membership or the requirement of a university degree for the
practice of journalism constitute unlawful restrictions of freedom of expression.
Journalistic activities must be guided by ethical conduct, which should in no case
be imposed by the State.
7.
Prior conditioning of expressions, such as truthfulness, timeliness or impartiality, is
incompatible with the right to freedom of expression recognized in international
instruments.
8. Every social communicator has the right to keep his/her source of information,
notes, personal and professional archives confidential.
9.
The murder, kidnapping, intimidation of and/or threats to social communicators,
as well as the material destruction of communications media violate the
fundamental rights of individuals and strongly restrict freedom of expression.
It is the duty of the State to prevent and investigate such occurrences, to punish
their perpetrators and to ensure that victims receive due compensation.
10. Privacy laws should not inhibit or restrict investigation and dissemination of
information of public interest. The protection of a person’s reputation should only
be guaranteed through civil sanctions in those cases in which the person offended
is a public official, a public person or a private person who has voluntarily become
involved in matters of public interest. In addition, in these cases, it must be proven
that in disseminating the news, the social communicator had the specific intent
to inflict harm, was fully aware that false news was disseminated, or acted with
gross negligence in efforts to determine the truth or falsity of such news.
11. Public officials are subject to greater scrutiny by society. Laws that penalize
offensive expressions directed at public officials, generally known as “desacato
(insult) laws,” restrict freedom of expression and the right to information.
12.
Monopolies or oligopolies in the ownership and control of the communication
media must be subject to anti-trust laws, as they conspire against democracy by
limiting the plurality and diversity which ensure the full exercise of people’s right
to information. In no case should such laws apply exclusively to the media. The
concession of radio and television broadcast frequencies should take into account
democratic criteria that provide equal opportunity of access for all individuals.
13. The exercise of power and the use of public funds by the state, the granting of
customs duty privileges, the arbitrary and discriminatory placement of official
advertising and government loans, the concession of radio and television broadcast
frequencies, among others, with the intent to put pressure on and punish or
reward and provide privileges to social communicators and communications
media because of the opinions they express threaten freedom of expression, and
must be explicitly prohibited by law. The communication media have the right
to carry out their role in an independent manner. Direct or indirect pressures
exerted upon journalists or other social communicators to stifle the dissemination
of information are incompatible with freedom of expression.
•
Resolution adopted by the
Organization of American States
General Assembly, Caracas, Venezuela
June 2, 1998
Assaults upon freedom of the press and crimes against journalists
The General Assembly
Having seen the request of the Secretary General that the item “Crimes Against
Journalists” be included on the agenda for the twenty-eighth regular session of the
General Assembly;
Bearing in mind that Article 3.1 of the Charter of the Organization of American States
establishes as one of its principles that “the American States proclaim the fundamental
rights of the individual without distinction as to race, nationality, creed or sex”;
Recalling the Article 1 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man
states that “every human being has the right to life, liberty and the security of his
person,”; and
The Article IV of the American Declaration of the Rights and Duties of Man provides
that “every person has the right to freedom of investigation, of opinion, and of the
expression and dissemination of ideas, by any medium whatsoever;”
Reafirming that Artcile IV of the American Convention on Human Rights provides that
“every person has the right to have his life respected,”
Reiterating the full validity in every democratic society of freedom of expression, which
should be subject not to prior censorship but, rather, to subsequent liability arising
from the abuse of that freedom, in accordance with the domestic law legitimately
enacted by states to ensure respect for the rights or reputation of others, or to protect
national security, public order, health or public morals;
Bearing in mind that at the Second Summit of the Americas, held in Santiago, Chile, in
April 1998, the heads of state and government expressed their support to the Inter40 DECLARATIONS TO COMBAT UNPUNISHED CRIMES AGAINST JOURNALISTS
American Commission on Human Rights in this area, in particular the recently
established position of Special Rapporteur on Freedom of Expression;
Considering that at the same Summit of the Americas, the heads of state and government
reaffirmed in Santiago “the importance of guaranteeing freedom of expression,
information and opinion”; and
Considering that, inter alia, the Hemisphere Conference on Unpunished Crimes Against
Journalists, held in Guatemala in 1997, reported that in recent years assaults have been
made upon the right to life of media professionals in the performance of their duties,
Resolves:
1. To condemn vehemently assaults upon freedom of the press and crimes against
journalists.
2. To urge member states to strengthen the measures needed for the investigation and
punishment, in accordance with their domestic law, of assaults upon freedom of
expression and crimes against journalists.
3. To reaffirm that the communications media make an indispensable contribution to
strengthening democratic systems in the Hemisphere.
4. To urge the member states to support the work of the Special Rapporteur on
Freedom of Expression, whose position was recently established by the InterAmerican Commission on Human Rights.
5. To instruct the Permanent Council to study the advisability of preparing an InterAmerican Declaration on Freedom of Expression.
6. To request the Permanent Council to report in due course to the General Assembly
on the implementation of this resolution.
•
Resolution 29 Adopted by UNESCO
November 12, 1997
29 C/DR.120 (Uruguay, Colombia, Costa Rica, Germany, Mexico; supported by
Belarus, Brazil, Canada, Chile, Comoros, Dominican Republic, Ecuador, Gabon,
Haiti, Panama, Paraguay, Russian Federation, Switzerland, Ukraine, Venezuela)
as amended by Uruguay and Canada:
The General Conference,
Recalling Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which
provides that “everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek,
receive and impart information and ideas through any media and regardless of
frontiers,”
Confirming that freedom of expression is a fundamental right of everyone and is
essential to the realization of all the rights set forth in international human
rights instruments,
Also recalling the American Convention on Human Rights (Pact of San José,
Costa Rica), the European Convention for the Protection of Human Rights,
Fundamental Freedoms and the African Charter of Human and People’s
Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights.
Bearing in mind resolution 59 (1) of the United Nations General Assembly of 14
December 1946 in which it is stated that freedom of information is a fundamental
human right, and General Assembly resolution 45/76A of 11 December 1990
on information in service of humanity, and the Commission on Human Rights
Resolution 1997/27, on the right to freedom of opinion and expression.
Reaffirming that the rights to life and to personal freedom and integrity, the right
to liberty and the security of persons, and freedom of expression are fundamental
human rights that are recognized and guaranteed by international conventions
and instruments,
(Continues)
Considering:
(1) that over the past ten years an increasing number of journalists have been assassinated
for exercising their profession, a development denounced by various international
organizations, and that the majority of these crimes still go unpunished,
(2) that this reality in the Americas, for example, has been corroborated by the Inter
American Press Association (IAPA) through investigations conducted in various
countries and by special missions,
Mindful that, as a consequence of the Hemisphere Conference on ‘Unpunished
Crimes against Journalists’ convened by the IAPA, several professional organizations
have decided to engage in specific joint action to shed light on unpunished crimes
against journalists,
Conscious that the assassination of journalists goes beyond the fact of depriving people
of their lives, in that it involves a curtailment of freedom of expression, with all that
this implies as a limitation on the freedom and rights of society as a whole,
Invites the Director-General to:
(a) condemn assassination and any physical violence against journalists as a crime
against society, since this curtails freedom of expression and, as a consequence, the
other rights and freedoms set forth in international human rights instruments;
(b) request the authorities to discharge their duty of preventing, investigating and
punishing such crimes and remedying their consequences;
Calls upon Member States to take the necessary measures to implement the following
recommendations:
(a) that governments adopt the principle that there should be no statute of limitations
for crimes against persons when these are perpetrated to prevent the exercise of freedom
of information and expression or when their purpose is the obstruction of justice;
(b) that governments refine legislation to make it possible to prosecute and sentence
those who instigate the assassination of persons exercising the right to freedom of
expression;
(c) that legal provision be made for the persons responsible for offences against
journalists exercising their professional duties and the media to be judged before civil
•
Conclusions of the Hemisphere Conference
on Unpunished Crimes Against Journalists
Guatemala City, Guatemala
July 30 - August 1, 1997
WE CONDEMN, WE DEMAND
DECLARATION OF REPUDIATION
THE HEMISPHERE CONFERENCE ON UNPUNISHED CRIMES AGAINST JOURNALISTS,called into session
by the Inter American Press Association to review the serious consequences that this
situation implies for freedom of expression in all its manifestations, such as freedom of
the press and the right to information, and for society and democracy, declares that:
WHEREAS the right to life and to personal freedom and well-being, to reliance on personal
safety and protection under the law, as well as freedom of expression are fundamental rights
of persons recognized and guaranteed by international conventions and instruments;
WHEREAS freedom of expression is a fundamental right of all persons and is the prerequisite
and guarantee of all other rights and freedoms in a democracy;
WHEREAS the Declaration of Chapultepec, paragraph 4, states that “freedom of expression
and of the press are severely limited by murder, kidnapping, pressure, intimidation, the
unjust imprisonment of journalists, the destruction of facilities, violence of any kind
and impunity for perpetrators; such acts must be investigated promptly and punished
harshly,”
WHEREAS in the last 10 years 173 journalists were murdered in the Americas for practicing
their profession and the majority of these crimes remain unpunished;
WHEREAS this fact has been proved by the IAPA in investigations conducted in Colombia,
Guatemala and Mexico and by special missions carried out in other countries of the
Americas, such as in the case of Argentina, and the responsibility by commission or
omission of the authorities in failing to solve these crimes has been demonstrated;
WHEREAS this situation of impunity is the result of negligent, deceitful or complacent
conduct on the part of public officials;
WHEREAS the murder of journalists goes beyond the taking of their lives, it presupposes
deprivation of freedom of expression with all that this implies in the restriction of
freedoms and rights of society as a whole
The Hemisphere Conference resolves:
TO REPUDIATE the murder of and all physical violence directed against journalists as one
of the greatest crimes against society, in that it restricts freedom of expression and, as
a result, all other rights and freedoms;
TO REPUDIATE acts of commission or omission by those who have the responsibility to
investigate and mete out punishment for those crimes but fail to do so, allowing the
guilty to go unpunished, thus making the matter even more serious;
TO DEMAND that the authorities carry out their duty to prevent, investigate and mete out
punishment for these crimes and to make good for their consequences.
WHAT WE MUST DO
INSTITUTIONAL ACTION PLAN
THE REPRESENTATIVES OF ORGANIZATIONS dedicated to the defense of press freedom propose
this Institutional Action Plan, within the framework of the Hemisphere Conference
on Unpunished Crimes Against Journalists, organized by the Inter American Press
Association.
We pledge:
1.
To recognize the importance of the Recommendations to Governments of
the Hemisphere Conference on Unpunished Crimes Against Journalists and
in accordance with them to take specific joint actions to solve the unpunished
crimes against journalists.
2. To encourage the dispatch of multi-organization investigative missions to the
countries concerned, so that the authorities may guarantee the safety of journalists
and conduct investigations and legal proceedings without delay.
3. To coordinate widespread publicity campaigns on unpunished crimes against
journalists and other acts of violence to bring about news coverage of all violations
of press freedom.
4. To encourage journalism schools and mass communication departments to include
in their curricula studies of the terrible impact that crimes against journalists, and
their going unpunished, have on democratic societies. In addition, to promote
the inclusion in the curricula of subjects or specific courses on press freedom
and to coordinate activities among press associations, news media and journalism
schools.
5. To recommend to the participating organizations that they study ways of
funding legal actions and investigations so that crimes against journalists do not
go unpunished.
6. To intensify and promote the exchange of information and objectives among
organizations dedicated to the protection, defense and promotion of press
freedom, making the issue of lack of punishment in the murder of journalists a
priority.
7. To circulate this document to other institutions dedicated to the defense,
protection and promotion of human rights, freedom of expression and press
freedom around the world and, in this way, to begin to encourage working
commitments.
8. To create a multi-organizational group with the aim of putting the Institutional
Action Plan into effect with the collaboration of the Inter American Press
Association.
International Press Institute (IPI); Reporters Without Borders (RSF); Committee
to Protect Journalists (CPJ);World Association of Newspapers (FIEJ); The Freedom
Forum; Canadian Committee to Protect Journalists (CCPJ); International Federation
of Journalists (FIP); World Press Freedom Committee (WPFC); International
Association of Broadcasting (IAB); P.E.N. International; Argentine Newspaper
Association (ADEPA); International Center for Journalists Knight International Press
Fellowships; Guatemalan Journalists Association (APG); Journalists Human Rights
Office, Peru; Argentine Inland Newspaper Association (ADIRA); Inter American
Press Association (IAPA)
THE GUILTY MUST BE BROUGHT TO JUSTICE
RECOMMENDATIONS TO COMBAT
THE GUILTY GOING UNPUNISHED
THE HEMISPHERE CONFERENCE ON UNPUNISHED CRIMES AGAINST JOURNALISTS makes the
following recommendations to combat the impunity that surrounds crimes against
journalists:
1. To urge national congresses to adopt the principle of not permitting the statute
of limitations to expire on crimes against the person when they are perpetrated to
impede the exercise of freedom of information and expression or when intended
to obstruct justice. Also to urge the prohibition of amnesties or pardons of those
responsible for these crimes.
2. To urge the national congresses to improve legislation to provide for the trial
and conviction of the masterminds of murders of those who exercise the right to
freedom of expression.
3. To encourage constitutional reforms or interpretations to set forth that the
laws and regulations governing states of exception (state of siege) not permit or
authorize restrictions or limitations on news coverage and press freedom.
4. To enact in those countries where necessary laws prohibiting trial by military or
special tribunals of those accused of crimes against journalists while carrying out
their work.
On Specific Cases
With respect to the specific cases that the Inter American Press Association has
investigated in its Unpunished Crimes Against Journalists project and which were
presented in this Hemisphere Conference, it is recommended:
5. To ask the governments of Colombia, Guatemala and Mexico to give the
necessary cooperation to the Inter-American Human Rights Commission
which, at the request of the IAPA, has agreed to take up the investigation
and corresponding legal proceedings in the following cases: Víctor Manuel
Oropeza (Case No.11.740); Guillermo Cano Isaza (Case No.11.728); Carlos
Lajud Catalán (Case No.11.731); Héctor Félix Miranda (File No.11.739); Irma
Flaquer Azurdia (File No.11.766); as well as the case of Jorge Carpio Nicolle
(File No.11.333), which the commission had already begun before the IAPA’s
investigation.
COLOMBIA
6. To call upon the national attorney general’s office to review the investigation of
the murder of Guillermo Cano Isaza and the legal findings in the case in order to
document possible connections among the actual perpetrators of this crime and
the murder of Giraldo Galvis, the Cano family’s lawyer, and the irregularities in
the investigations and verdicts.
7. To urge the attorney general’s office to change the venue of the new investigations
of the Lajud Catalán case to a court based in Bogotá and to look into why the
investigation during the past three years has not included those suspected of
masterminding the crime.
8. To call upon the attorney general’s office to investigate the death threats made to
relatives of Lajud Catalán and to provide them due protection and that it extend
the investigations into corruption in the signing of municipal contracts related to
the crime and the possible involvement of former government officials.
GUATEMALA
9. To insist to the president of Guatemala that he demand that the Public Ministry
hold an exhaustive investigation to determine the actual perpetrators and the
masterminds of the murder of Jorge Carpio Nicolle and fulfill the obligation of
guaranteeing the security of the investigators, plaintiffs, prosecution witnesses
and judges.
10. To ask the president of Guatemala to encourage a thorough official investigation
to determine the whereabouts of Irma Flaquer and to have the attorney general
intervene to begin legal proceedings against those who may be responsible for
Flaquer’s forced disappearance, a crime whose statute of limitation should not
expire under international law and the recent Law of National Reconciliation.
11. To urge the Human Rights Office to appoint officials to investigate, in particular,
the violent death or disappearance of journalists Jorge Carpio Nicolle and Irma
Flaquer Azurdia; that it be a party in the respective proceedings, supervising
strict compliance with the law in those proceedings.
12. To urge the Commission for Historical Clarification to conduct a special
investigation into the violent death of journalists in the past 35 years, establishing
at what stage the respective legal proceedings currently are, urging their possible
prosecution and closure.
MEXICO
13. To insist to the Chihuahua State governor that he order the state attorney
general to have the Víctor Manuel Oropeza case taken up again, act on the
information provided by the IAPA in its report and ask the National Human
Rights Commission to provide a copy of all the documents in its files.
14. To urge, given the fact that the Oropeza murder is about to expire under Mexico’s
statute of limitations amid a widespread and suspicious silence, that the president
of Mexico be asked to head a social movement to prevent those guilty of this
murder going totally unpunished because of the said statute of limitations.
15. To ask the governor of Baja California State to order the state attorney general
to reactivate, as pledged to the IAPA, the investigations into the Héctor Félix
Miranda case and bring about the arrest of the mastermind behind the crime.
16. To urge all the governments of the hemisphere to order the immediate reopening
of investigations into the cases of the murder of journalists that remains unsolved
or have been closed as lacking legal merit.
On The Institutions
17. To urge the Organization of American States (OAS), through its secretary
general, to include the issue of unpunished crimes against journalists on its
agenda of hemisphere topics and also to include it as a topic at its next General
Assembly.
18. To urge the United Nations Commission on Human Rights to name a special
rapporteur to look into repeated violations against journalists and to follow up on
the investigations into those homicides.
19. To ask UNESCO to require that data be included in its annual reports on crimes
against journalists and the guilty going unpunished, and that all cases be pursued
until they are solved.
20. To urge that unpunished crimes against journalists be an item on the agenda for
commemoration by UNESCO, together with other international organizations,
of World Press Freedom Day on May 3 each year, and that this opportunity be
taken to demand that member States solve these cases.
21. To suggest to UNESCO that it include the issue of unpunished crimes against
journalists on its agenda for 1999, currently under consideration for declaration
as “The International Year of Peace Culture.”
22. To urge the Inter-American Human Rights Court to resolve those matters
that have been brought before it concerning freedom of expression and crimes
committed against journalists during the course of their work, creating case-law
on the issue of freedom of expression, the right of people to information and the
safety of journalists.
23. To request that the Inter-American Commission on Human Rights include as
a subject for review in its on-site visits and in its general country-by-country
reports the issue of press freedom and the question of the safety of journalists.
24. To urge governments in the Americas to provide for the necessary resources so
the Inter-American Commission on Human Rights can exercise its function of
protecting human rights, specifically the processing of individual cases concerning
the murder of journalists, and to require that the American States provide the
Inter-American Human Rights Commission with all relevant information in
their possession concerning cases of murders of journalists within the legal time
frames required.
25. To ask the Inter-American Commission on Human Rights to create a special
rapporteur for freedom of expression and the situation of journalists and ask that
it prepare a special report on these subjects, updating it periodically.
26. To recommend to multilateral and bilateral institutions of international
cooperation and financial assistance that they require from recipient countries
as a specific condition of eligibility full respect for freedom of expression and
effective protection of the exercise of press freedom, also to recommend to these
institutions that the murder of journalists and those responsible going free are
cause for revision, suspension or revocation of such cooperation.
•
Declaration of Chapultepec
Adopted by the Hemisphere Conference on Free Speech
Mexico City, Mexico
March 11, 1994
PRINCIPLES
1. No people or society can be free without freedom of expression and of the
press. The exercise of this freedom is not something authorities grant, it is an
inalienable right of the people.
2. Every person has the right to seek and receive information, express opinions
and disseminate them freely. No one may restrict or deny these rights.
3. The authorities must be compelled by law to make available in a timely and
reasonable manner the information generated by the public sector. No journalist
may be forced to reveal his or her sources of information.
4. Freedom of expression and of the press are severely limited by murder,
terrorism, kidnapping, intimidation, the unjust imprisonment of journalists,
the destruction of facilities, violence of any kind and impunity for perpetrators.
Such acts must be investigated promptly and punished harshly.
5. Prior censorship, restrictions on the circulation of the media or dissemination
of their reports, forced publication of information, the imposition of obstacles
to the free flow of news, and restrictions on the activities and movements of
journalists directly contradict freedom of the press.
6. The media and journalists should neither be discriminated against nor favored
because of what they write or say.
7. Tariff and exchange policies, licenses for the importation of paper or newsgathering equipment, the assigning of radio and television frequencies and the
granting or withdrawal of government advertising may not be used to reward or
punish the media or individual journalists.
(Continues)
8. The membership of journalists in guilds, their affiliation to professional and
trade associations and the affiliation of the media with business groups must be
strictly voluntary.
9. The credibility of the press is linked to its commitment to truth, to the pursuit
of accuracy, fairness and objectivity and to the clear distinction between news
and advertising. The attainment of these goals and the respect for ethical and
professional values may not be imposed. These are the exclusive responsibility
of journalists and the media. In a free society, it is public opinion that rewards
or punishes.
10. No news medium nor journalist may be punished for publishing the truth or
criticizing or denouncing the government.
•
What is the IAPA?
The Inter American Press Association is a non-profit organization headquartered in Miami, Florida.
Its chief aims are to:
4 Defend press freedom wherever it is challenged in the Americas;
4 Protect the interests of the press in the Americas;
4 Advocate the dignity, rights and responsibilities of journalism;
4 Encourage high standards of professional and business conduct;
4 Foster the exchange of ideas and information that contribute to the
professional and technical development of the press;
4 Foster a wider knowledge and greater interchange among the peoples
of the Americas in support of the basic principles of a free society and
individual liberty.
www.sipiapa.org
What is the Impunity Project?
The IAPA’s Project Against Impunity, launched in 1995 with funding from the
John S. and James L. Knight Foundation, has as its mission combating violence
against journalists and reducing the impunity surrounding the majority of such
crimes. Its principal strategies are:
4 Advocating justice and legal changes through missions, conferences,
denunciations and public pronouncements;
4 Investigating crimes by rigorous, constant monitoring through the Rapid
Response Unit and the network of the organization’s member news media;
4 Promoting discussion forums and public awareness campaigns with multimedia ads and articles;
4 Training journalists in seminars and conferences to reduce the risks in
reporting and to raise professional standards.
www.impunidad.com
Compromissos
para combate
dos crimes contra
jornalistas e sua
impunidade
DOCUMENTOS INTER-GOVERNAMENTAIS E
DA SOCIEDADE INTER AMERICANA DE IMPRENSA
Compromissos
para combate dos
crimes contra
jornalistas e sua
impunidade
DOCUMENTOS INTER-GOVERNAMENTAIS E
DA SOCIEDADE INTER AMERICANA DE IMPRENSA
© 2011. Quinta Edição
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
1801 SW 3rd Avenue
Tel.: (305) 634-2465
SIP • COMPROMISSOS PARA COMBATE DOS CRIMES CONTRA JORNALISTAS E SUA IMPUNIDADE
1
Índice
Autoridades da SIP................................................................................4
Introdução.............................................................................................7
Declaração de Durango
Terceiro Encontro de Editores do México..............................................8
Durango, México, 16 de fevereiro de 2010
Conclusões da Conferência “Jornalismo, Estado
e Crime Organizado”..........................................................................10
México DF, México, 24 de abril de 2009
Declaração do México
Segundo Encontro de Editores da República Mexicana......................13
México DF, México, 26 - 27 de junho de 2008
Declaração de Princípios: Conferência Hemisférica
“Poder Judiciário, imprensa e impunidade” (SIP)...............................16
Santo Domingo, República Dominicana, 18 - 20 de julio de 2007
Declaração de Medellín para garantir a segurança
dos jornalistas e combater a impunidade..........................................19
UNESCO - Conferência sobre Liberdade de imprensa, segurança dos jornalistas e impunidade
Medellín, Colômbia, 3 e 4 de maio de 2007
Nações Unidas, Conselho de Segurança..............................................23
Nova York, Nova York, Resolução 1738 (2006), 23 de dezembro de 2006
Conclusões de Tegucigalpa: Conferência
“Jornalismo, Violência e Gangues na América Central” (SIP).............26
Tegucigalpa, Honduras, 10 de fevereiro de 2006
Conclusões de Nuevo Laredo: Conferência
“Narcotráfico: Investigação e Cobertura Noticiosa” (SIP)...................28
Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 27 de janeiro de 2006
Declaração de Pucallpa (SIP)...............................................................30
Pucallpa, Peru, 20 de setembro de 2005
Declaração de Hermosillo (SIP)...........................................................32
Encontro de editores dos estados de fronteira México-Estados Unidos
Conclusões de Tijuana: Conferência
“Narcotráfico:Jornalistas em perigo” (SIP).........................................34
Tijuana, Baja California, México, 28 a 30 de agosto de 2002
Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão...................36
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 1080 período de sessões
Washington, D.C., Estados Unidos, Outubro de 2000
2 COMPROMISSOS PARA COMBATE DOS CRIMES CONTRA JORNALISTAS E SUA IMPUNIDADE • SIP
Resolução Adotada pela Organização
dos Estados Americanos......................................................................40
Assembléia Geral, Caracas, Venezuela, 2 de junho de 1998
Resolução Oficial Adotada pela UNESCO............................................42
Paris, França, 12 de novembro de 1997 - 29 C/DR. 120
Conclusões da “Conferência Hemisférica
sobre Crimes sem Punição contra Jornalistas” (SIP)...........................44
Cidade da Guatemala, Guatemala, 30 de julho a 1º de agosto de 1997
Declaração de Chapultepec (SIP)....................................................... 51
Adotada pela Conferência Hemisférica sobre Liberdade de Expressão
México, D.F., no dia 11 de março de 1994
3
Autoridades da SIP
(2010-2011)
Presidente Honorário
Scott C. Schurz, Herald-Times, Bloomington, Indiana
Presidente
Gonzalo Marroquín, Siglo 21, Guatemala, Guatemala
10 Vice-presidente
Milton Coleman, The Washington Post, Washington, DC, Estados Unidos
2° Vice-presidente
Tesoureiro
Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Durango, Colorado, Estados Unidos
Secretário
Bartolomé Mitre, La Nación, Buenos Aires, Argentina
Diretor Executivo
Julio E. Muñoz, Miami, Florida, Estados Unidos
Comissão de liberdade de impresa e informação da sip
Presidente
Robert J. Rivard, San Antonio Express-Newss, San Antonio, TX, Estados Unidos
Co-presidentes
Claudio Paolillo, Búsqueda, Montevideo, Uruguai
Jayme Sirotsky, RBS, Porto Alegre, Brasil
Vice-presidentes
Diretor de Liberdade de Imprensa da SIP
Comissão contra a Impunidade
Presidente
Juan Francisco Ealy Ortiz, El Universal, México, D.F., México
Vice-presidente
Ulilo Acevedo, Hoy Diario del Magdalena, Santa Marta, Colômbia
Membros:
Heriberto Cantú Deándar, El Mañana de Nuevo Laredo, Nuevo Laredo,
Tamaulipas, México
André Luis Junglut, Gazeta do Sul, Santa Cruz do Sul, Brasil
Gonzalo Leaño Aceves, Ocho Columnas, Zapopán, Jalisco, México
Daniel McCosh, T.V. Azteca/Grupo Salinas, México, D.F., México
Robert Rivard, San Antonio Express-News, San Antonio, Texas
Roberto Rock, El Universal, México DF, México
Clemente Vivanco Salvador, Diario La Hora, Quito, Equador
Pablo de Tarso, O Estado de S. Paulo,São Paulo, Brasil
María Judith de Brito, Folha de S. Paulo,São Paulo, Brasil
José Estorgio Colmenares, La Opinión, Cúcuta, Colômbia
Juan Fernando Healy, Periodicos Healy, Hermosillo, Sonora, México
Diretor do Projeto Contra a Impunidade da SIP
Unidade de Resposta Rápida
Clarinha Glock, Brasil
Diana Calderón, Colômbia
Coordenadores do Projeto Impunidade
Melba Jiménez, Miami, Florida
Mauricio Montaldo, Miami, Florida
5
Introdução
E
m 1997, a Conferência Hemisférica sobre Crimes sem Castigo
contra Jornalistas da Sociedade Interamericana de Imprensa
(SIP), celebrada na Guatemala, plantou a primeira semente
na luta contra a impunidade nos casos de crimes cometidos contra
jornalistas.
Depois de formulado este chamado mundial por parte de líderes
políticos, juristas e jornalistas, outras organizações intergovernamentais
se uniram ao movimento, tais como a Organização das Nações Unidas para
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Organização dos Estados
Americanos (OEA), começando a surgir, assim, numerosas ferramentas
de potencialização de formas diferenciadas de luta visando o mesmo
objetivo: derrotar a impunidade e combater a violência contra a imprensa
e contra toda pessoa no exercício do seu direito à liberdade de expressão.
Um dos documentos mais importantes é o oriundo da Conferência
Hemisférica: “Poder Judiciário, Imprensa e Impunidade”, realizada em
Santo Domingo, República Dominicana, de 18 a 20 de julho de 2007,
que contou com a presença de 21 magistrados dos mais altos Tribunais
de Justiça das Américas, dezenas de líderes, legisladores, jornalistas e
representantes dos meios de comunicação.
Em 1995, a SIP lançou o projeto “Contra a Impunidade”, contando
com o apoio sempre tão generoso da Fundação John S. & James L.
Knight.
Estamos agora no fechamento de um ciclo. Esta Conferência
Hemisférica Universitária “Políticas Públicas para Combate à
Impunidade”, a ser realizada em Puebla, México, em 25 e 26 de agosto de
2011, certamente abrirá um novo caminho para que continuemos a clamar
por justiça.
As declarações que aí forem apresentadas, não só por parte da SIP,
mas também por parte das organizações intergovernamentais, serão parte
integrante de um compromisso, que, por sua vez, buscará estabelecer
mecanismos e planos de ação no intuito de nortear a luta contra a
impunidade e a defesa das liberdades de imprensa e de expressão.
Ricardo Trotti
2011
7
Declaração de Durango
Terceiro Encontro de Editores do México
Durango, México
16 de fevereiro de 2010
Nós, os DIRETORES dos meios de comunicação de Durango, Coahuila e Sinaloa,
convocados pela Sociedade Interamericana de Imprensa neste Terceiro Encontro de
Editores do México, repudiamos o clima de violência em que se vive na região e no
país, que só prejudica a liberdade de expressão.
EXIGIMOS que as autoridades garantam o livre e pleno exercício do jornalismo,
demonstrando vontade e eficácia na resolução dos casos de jornalistas assassinados
e desaparecidos e brindando informações verazes com base em provas contundentes,
visto que a impunidade e a desinformação são elementos aliciantes para ataques a
jornalistas e aos seus meios de comunicação.
REITERAMOS que os direitos à vida, à liberdade e à integridade pessoais, à segurança
e ao amparo da justiça, às liberdades de expressão e de imprensa, constituem garantias
essenciais para toda pessoa e são pilares da democracia, direitos reconhecidos em
instrumentos internacionais, entre eles a Convenção Americana de Direitos Humanos
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
LEMBRAMOS que a Sociedade Interamericana de Imprensa vem patrocinando
conferências e encontros com diretores de meios de comunicação do país, que têm
lançado acordos e declarações conjuntas como a Declaração de Hermosillo em agosto
de 2005 e as conclusões das Conferências realizadas em 2002 em Tijuana, 2006 em
Nuevo Laredo, e na Cidade do México em 2009, nas quais se exigiu que os delitos
cometidos contra a liberdade de expressão fossem tipificados como delitos federais,
que continuassem a pautar pelo princípio da não prescrição nesses casos e que não se
permitisse a impunidade sob nenhuma hipótese.
COMO PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO, devemos alertar a sociedade
sobre o dano da violência gerada por poderes fáticos para que, em regime de coresponsabilidade, possamos fazer frente a este problema.
COMPROMETEMO-NOS a promover e a participar ativamente em seminários que
proporcionem formação e treinamento aos jornalistas sob a cobertura de risco dos
nossos meios informativos.
EXORTAMOS os três níveis de governo e os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário a agirem dentro do âmbito de suas respectivas competências para criar, de
forma real, maiores garantias que venham a favorecer a liberdade de expressão.
REINVIDICAMOS que o Poder Executivo, nas suas esferas federal e estadual, crie
a figura do porta-voz especial para atender os casos de violência ocorridos nas cidades
e para brindar informações claras, oportunas e confiáveis no ensejo de operações
conjuntas, de modo a evitar a autocensura dentro dos meios de comunicação.
PROPOMOS a necessidade de se promover reformas legislativas que permitam
adequar o âmbito normativo à realidade que se vive e impedir com isso a ambiguidade
que só tende a promover a debilidade das instituições.
CONVOCAMOS os meios de comunicação do México a formarem uma frente única,
difundindo e dando seguimento aos casos de jornalistas assassinados e desaparecidos
em decorrência do exercício de sua profissão, assim como divulgando informações
de relevância que estejam relacionadas ao crime organizado, no intuito de criar uma
estratégia informativa que permita somar esforços para enfrentar esta realidade.
•
9
Conclusões da Conferência
“JORNALISMO, ESTADO E CRIME ORGANIZADO”
México DF, México
24 de abril de 2009
Considerando que a Sociedade Interamericana de Imprensa convocou funcionários da
área de segurança dos governos do México e da Colômbia, assim como líderes de
opinião, editores e diretores de meios de comunicação, com o objetivo de intercambiar
experiências sobre métodos eficazes a serem utilizados pelo Estado no combate
à violência gerada pelo crime organizado, proporcionando assim uma cobertura
jornalística segura e adequada no cumprimento do direito do público à informação.
Considerando que a falta de justiça na punição da violência contra a Imprensa gera
um círculo vicioso onde se replica a impunidade e a autocensura, coibindo- se assim,
de forma severa, as liberdades de expressão e de imprensa, conforme o disposto na
Declaração de Chapultepec;
Considerando que a Declaração do México, datada de 27 de junho de 2008 e redigida
pelos editores mexicanos, visa solicitar ao Congresso da União uma maior vontade
política para forjar a criação de instrumentos jurídicos, fortalecendo os já existentes,
para potencialização do combate à impunidade;
Considerando que as Conclusões de Nuevo Laredo, datadas de 27 de janeiro de 2006,
destacam a necessidade de se criar mecanismos de comunicação e solidariedade voltados
a elevação dos níveis de segurança tanto pessoal quanto profissional dos profissionais
do setor jornalístico;
Considerando que a Declaração de Hermosillo, datada de 30 de agosto de 2005, visa
promover a federalização dos crimes contra jornalistas, a não prescrição de ditos crimes
e o agravamento das penas para estes tipos de delitos;
Considerando que a Declaração de Princípios oriunda da Conferência Hemisférica
intitulada “Poder Judiciário, Imprensa e Impunidade”, datada de 20 de julho de
2007, visa incentivar os Estados a usarem as ferramentas conceituais e normativas
internacionais para sancionar com eficácia aos que atentam contra a liberdade de
expressão e obstruem a justiça;
Considerando que os governos da Colômbia, Estados Unidos e México, empenhados
na luta contra o narcotráfico, firmaram diversas declarações específicas em matéria de
liberdade de expressão, tais como: a resolução 120 da UNESCO de 12 de novembro
de 1997; a resolução da Organização dos Estados Americanos de 2 de junho de 1998;
a resolução do Conselho de Segurança da ONU de 23 de dezembro de 2006; e a
resolução inserida na Declaração de Medellín da UNESCO de 4 de maio de 2007;
Considerando que tais resoluções ressaltam a adoção de reformas jurídicas que permitam
combater a impunidade dos crimes contra jornalistas e a criação de mecanismos de
segurança para a proteção da atividade jornalística;
Os convocados para esta Conferência concordaram em:
> Instar os governos a engajarem-se na luta contra o crime organizado e o narcotráfico
para que a atividade jornalística seja desempenhada dentro da normalidade e pautada
em normas rígidas de transparência e de abertura informativa.
> Conscientizar todos os funcionários das diferentes esferas do poder público sobre a
necessidade de se reconhecer que as liberdades de expressão e de imprensa são garantias
básicas e fundamentais das sociedades democráticas.
> Sensibilizar as autoridades mexicanas para que adotem medidas de proteção
e segurança, assim como reformas jurídicas que venham a fortalecer a cobertura
jornalística e que sejam eficazes na luta contra o crime organizado em outros países,
sobretudo levando em consideração o fato de que a melhor forma de se reduzir riscos
é aumentando a força das instituições democráticas.
> Requerer que o Estado fortaleça seus mecanismos de defesa no que tange à atividade
jornalística, perseguindo com toda a força da lei e da justiça os agressores de jornalistas,
punindo-os por suas ações materiais ou intelectuais e resolvendo os numerosos casos
pendentes que permanecem ainda impunes, porque, do contrario, o que se gera é mais
violência.
> Instar as diferentes esferas do governo mexicano a demonstrarem uma maior disposição
na busca de uma política mais integralizada no que diz respeito à federalização dos
crimes perpetrados contra jornalistas, conseguindo assim uma verdadeira reforma
constitucional, efetiva e específica, para que a Federação possa chamar a si os crimes
cometidos contra jornalistas e modificar a estrutura da Procuradoria Especial para
absorver e cuidar destes delitos com poder e autoridade real e efetiva, investigando-os
até as suas últimas consequências.
> Reconhecer como exíguo avanço, a recente reforma do Código Penal Federal que
modificou os Artigos 430 e 431, neles definindo a atividade jornalística, agravando as
penas de 1 a 5 anos de reclusão e impondo multas diárias.
11
> Refletir sobre a questão de como os meios e as organizações de imprensa podem
trabalhar de forma solidária no intuito de encontrar alternativas conjuntas para redução
dos níveis de risco para os jornalistas que fazem a cobertura de matérias sobre o crime
organizado.
> Solicitar às associações jornalísticas do México e dos Estados Unidos, a exemplo
do que fizeram ambos os governos ao compartilharem o enfrentamento do flagelo
do crime organizado, que elas possam também encontrar mecanismos comuns de
cooperação de modo a proteger os jornalistas e os meios de comunicação de ambos os
lados da fronteira.
> Incentivar os meios de comunicação para que passem a dispor de espaços onde se
possam travar debates francos sobre a viabilização de diferentes alternativas no intuito
de combater o crime organizado e o tráfico de drogas, expondo assim o público a
critérios diversificados e pluralistas no exercício efetivo do seu direito à informação.
> Instar os jornalistas e os meios de comunicação a melhorarem as suas práticas
profissionais e seus critérios editoriais em face ao crime organizado para evitar a
propaganda da violência, entendendo-se, concomitantemente, que o treinamento
contínuo e constante e a busca da qualidade jornalística são fatores importantes para se
reduzir os riscos incorridos na cobertura de matérias em zonas de conflito.
•
DECLARAÇÃO DO MÉXICO
Segundo Encontro de Editores da República Mexicana
26 - 27 de junho de 2008
México DF, México
Nós, os diretores dos jornais mexicanos, aqui convocados pela Sociedade Interamericana
de Imprensa neste Segundo Encontro de Editores da República Mexicana, repudiamos
energicamente o clima de violência que afeta toda a sociedade, com graves prejuízos
para a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e para o direito à informação.
Manifestamos nossa profunda preocupação diante do alto nível de impunidade nos
crimes cometidos contra jornalistas, o que promove uma inquietante autocensura no
trabalho realizado pelos meios de comunicação.
Unimo-nos no propósito de continuar a formular propostas concretas para que o Estado
possa ser eficaz na luta contra os delitos que afetam a liberdade de expressão e o direito
à informação, considerando que a própria Constituição Política dos Estados Mexicanos
garante a liberdade de imprensa e dispõe de uma justiça penal expedita e imparcial.
Reiteramos que os direitos à vida, à liberdade e à integridade pessoal, à segurança e ao
amparo da justiça, às liberdades de expressão e de imprensa são garantias essenciais de
toda pessoa humana, estando as mesmas reconhecidas em instrumentos internacionais,
entre os quais a Convenção Americana dos Direitos Humanos e a Declaração Universal
dos Direitos Humanos.
Ratificamos a nossa petição para que o Estado mexicano demonstre uma vontade política
real para criar um âmbito jurídico que permita forjar instrumentos institucionais que
ofereçam respostas para combater adequadamente a violência contra a imprensa e
remediar o fenômeno da impunidade.
Afirmamos que este âmbito jurídico deverá incluir a tipificação dos crimes contra as
liberdades de expressão e de imprensa e também o direito à informação como delitos
federais; estipular o princípio da não prescrição de tais delitos e o agravamento das
penas em decorrência dos mesmos, conforme expressado nas Conclusões de Tijuana,
de 2002; na Declaração de Hermosillo, de 2005, e nas Conclusões de Nuevo Laredo,
de 2006.
13
Lembramos que os presidentes dos Estados Unidos do México, Ernesto Zedillo Ponce
de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006) e Felipe Calderón Hinojosa
(2006 – até o presente), manifestaram à Sociedade Interamericana de Imprensa seu
mais irrestrito apoio a estas propostas que só buscam fazer prevalecer os princípios
da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do direito à informação como
fundamentos básicos da vida democrática e da instituição política do Estado.
Valorizamos a Declaração de Princípios oriunda da Conferência Hemisférica intitulada
“Poder Judiciário, Imprensa e Impunidade” (República Dominicana, 2007), onde
magistrados e presidentes de Supremos Tribunais das Américas ratificaram “a
importância de aprofundar-se no que diz respeito às medidas necessárias para que se
investiguem e se sancionem os atentados contra o exercício da liberdade de expressão e
os crimes contra jornalistas e operadores do sistema judicial, para assim romper com o
círculo perverso da impunidade”.
Resgatamos o papel central do governo mexicano na adoção da Resolução 120, aprovada
pela UNESCO em 1997, onde se insta os países membros a “aperfeiçoarem as
legislações para possibilitar o processamento e a condenação dos autores intelectuais
dos assassinatos cometidos contra aqueles que estejam exercendo o direito à liberdade
de expressão” e a “adotarem o princípio da não prescrição de crimes, quando forem os
mesmos perpetrados no intuito de impedir o exercício da liberdade de informação e de
expressão ou quando tiverem como objetivo a obstrução da justiça”.
Consideramos o estabelecido na resolução de 1998 da Organização dos Estados
Americanos, onde se insta os Estados membros a aprofundar-se no que diz respeito às
medidas necessárias “para que se investiguem e se sancionem, em conformidade com
a sua legislação interna, os atentados contra o exercício da liberdade de expressão e os
crimes contra jornalistas”.
Destacamos o mandato moral da Declaração de Chapultepec, de 1994, e da Declaração
de Princípios sobre a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos de 2000, que condenam o assassinato, o terrorismo, o sequestro, as
pressões, a intimidação, a prisão injusta de jornalistas, a destruição material dos meios
de comunicação e a impunidade de todos estes crimes, e reivindicam que os Estados
tomem providência para que estas ações violentas sejam investigadas com presteza e
sancionadas com severidade, assegurando às vítimas a devida reparação.
Confirmamos as Conclusões oriundas da Conferência Hemisférica “Crimes Sem Castigo
contra Jornalistas”, Guatemala, 1997, que constituem um precedente histórico para
se estabelecer a necessidade de um âmbito jurídico adequado que permita combater
a impunidade que alimenta a violência contra a liberdade de expressão, liberdade de
imprensa e o direito à informação.
Por tais motivos, concordamos em:
1) Exortar Ilustríssimo Congresso da União a criar os instrumentos jurídicos necessários
para que o Estado possa combater com eficácia a violência e os delitos cometidos contra
a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o direito à informação, permitindo,
além do mais, que o clima de impunidade se veja restringido.
2) Solicitar ao Ilustríssimo Congresso da União que acolha e analise as propostas
concretas emanadas deste Encontro, para estar em conformidade com normas
internacionais no que se refere à tipificação dos crimes contra a liberdade de expressão,
a liberdade de imprensa e o direito à informação como delitos federais, estabelecendo
também o princípio da não prescrição destes crimes e o agravamento destes delitos,
mediante a incorporação de tais princípios ao Código Penal, ao Código Processual
Penal e à Lei Orgânica do Poder Judiciário.
3) Instar o Presidente da República a reconhecer o seu compromisso de enviar ao
Congresso da União uma reforma constitucional que não só contemple a federalização
dos delitos contra a liberdade de expressão, mas também que adote medidas
administrativas, rápidas e eficazes de forma a permitir o re-encaminhamento e o
fortalecimento do órgão encarregado de proteger a liberdade de expressão e a segurança
dos jornalistas dentro do âmbito de uma subprocuradoria.
4) Pedir à Procuradoria Geral da República que examine a esfera de ação de uma
Procuradoria Especial para Atendimento dos Delitos Cometidos contra Jornalistas,
outorgando-lhe as atribuições necessárias para que ela possa operar com eficácia e
absorver os casos da jurisdição federal e que analise também o seu re-encaminhamento,
conforme estipulado no ponto anterior.
5) Reconhecer que o Poder Executivo e o Poder Legislativo combinaram esforços e
posturas ao criarem ferramentas jurídicas que solidificam a liberdade de expressão, a
liberdade de imprensa e o direito à informação, mediante legislação que dispõe sobre
o acesso à informação pública, sobre a despenalização dos delitos de difamação a nível
federal e sobre o sigilo profissional; não obstante, insistir também no fato de que
se deve regulamentar, de acordo com critérios técnicos e normas internacionais, o
outorgamento de publicidade oficial para se evitar a manipulação discricionária dos
fundos públicos com o fim de controlar a imprensa.
6) Estimular os diretores dos meios de comunicação a incorporarem, com maior ênfase,
os dispositivos estabelecidos na Declaração de Hermosillo e nas Conclusões de Nuevo
Laredo, no que se refere a revisar os sistemas de segurança das instalações das empresas
jornalísticas, adotar medidas de segurança para os repórteres, e elevar os padrões
técnicos, trabalhistas e éticos.
7) Motivar a continuidade da organização de foros de debate, os quais incentivam
a união e a solidariedade entre jornalistas, meios de comunicação e associações de
imprensa e também a realização de seminários de preparação profissional para se
enfrentar os riscos da profissão.
8)Engajar os membros do Poder Judiciário mediante a realização de foros, conferências
e seminários, com o objetivo de criar uma maior conscientização sobre a necessidade de
se combater os delitos perpetrados contra os direitos à liberdade de expressão, à liberdade
de imprensa e o direito à informação, que são fundamentais para o fortalecimento do
regime democrático.
15
Declaração de Princípios
Conferência Hemisférica: Poder Judiciário,
Imprensa e Impunidade
Santo Domingo, República Dominicana
18 a 20 de julho de 2007
OS PARTICIPANTES da Conferência Hemisférica: Poder Judiciário, Imprensa e Impunidade,
convocada pela Sociedade Interamericana de Imprensa com o patrocínio da Suprema
Corte de Justiça da República Dominicana:
CONSIDERANDO que os assassinatos, ameaças e pressões contra os jornalistas e contra
quem exerce a função de cumprir a justiça são um ataque direto à sociedade e à
democracia;
Que os Artigos 3, 5, 8, 10 e 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
consagram os direitos à vida, à integridade pessoal, a julgamento justo e imparcial, e à
liberdade de expressão e de imprensa;
Que a referida Declaração afirma, particularmente, que “todo indivíduo tem direito à
liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências,
ter opiniões e de procurar, receber e difundir informações e idéias por quaisquer meios,
independentemente de fronteiras”;
Que a Declaração Americana e a Convenção Americana de Direitos Humanos estão
amplamente alinhadas aos preceitos anteriores;
Que a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, adotada em 2000, prevê, no seu item 9, que “o
assassinato, o seqüestro, a intimidação e a ameaça a comunicadores sociais, bem como
a destruição material dos meios de comunicação, violam os direitos fundamentais
das pessoas e restringem severamente a liberdade de expressão. É dever dos Estados
prevenir e investigar esses fatos, punir seus autores e assegurar às vítimas uma reparação
adequada”;
Que a Declaração de Chapultepec de 1994 expressa no seu princípio 4 que “O
assassinato, o terrorismo, o seqüestro, as pressões, a intimidação, a prisão injusta dos
jornalistas, a destruição material dos meios de comunicação, qualquer tipo de violência
e impunidade dos agressores afetam seriamente a liberdade de expressão e de imprensa.
Estes atos devem ser investigados com presteza e punidos severamente”;
Que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirma que o julgamento justo
“constitui uma das bases não só da Convenção Americana, mas do próprio Estado de
direito em uma sociedade democrática no sentido da Convenção “ (Caso Claude Reyes
contra Chile, 2006, párag. 131), e que a liberdade de expressão e de imprensa “é a pedra
angular da própria existência de uma sociedade democrática” (Opinião Consultiva
OC-5/85 sobre A filiação obrigatória de jornalistas, parág. 70);
LEMBRANDO que a Declaração Principal da Cúpula Ibero-americana de Presidentes de
Cortes Supremas e Tribunais Supremos de Justiça de Cancún em 2002 afirma que “o
Estado de direito moderno caracteriza-se pela segurança jurídica, certeza, confiança e
possibilidade real de que se conceda a todas as pessoas o que de direito lhes cabe”;
Que a Declaração da Cúpula Ibero-americana de presidentes de Cortes Supremas
e Tribunais Supremos de Justiça e o Encontro Ibero-americano de Conselhos da
Judicatura, Copán/San Salvador, celebrada em 2004, afirma que “um sistema judiciário
e uma imprensa que sejam independentes e imparciais e atuem com níveis de
profissionalismo e ética aceitáveis são imprescindíveis para o fortalecimento de uma
sociedade democrática”;
CONSIDERANDO que uma das funções essenciais do Poder Judiciário, estabelecidas nas
Constituições Latino-americanas, é garantir os direitos de todas as pessoas contra os
excessos e omissões dos outros poderes estabelecidos, e diante das pessoas que violaram
a lei, fornecendo-lhes garantia durante o processo;
Concordam:
1. Em condenar vigorosamente a violência quando for usada para impedir o exercício
das liberdades de imprensa e de expressão, e para obstruir o cumprimento da
justiça.
2. Na importância de aprofundar as medidas necessárias para que se investiguem e
castiguem os atentados ao exercício da liberdade de expressão e os crimes contra
jornalistas, e os que fazem parte do sistema judiciário para que se quebre, assim,
o círculo perverso da impunidade.
3. Na necessidade de promover entre os poderes do Estado dos diferentes países e
em seus diferentes níveis o uso dos instrumentos internacionais e interamericanos
para castigar de forma mais severa aqueles que violam a liberdade de expressão e
dificultam o cumprimento da justiça, sem prejudicar a independência dos juízes.
17
4. Em criar espaços para discutir, com especialistas e membros da sociedade,
a possibilidade de fazer reformas jurídicas que ajudem a levar a julgamento e
sentenciar os responsáveis por violar a liberdade de expressão. Especialmente,
quando pertinente, recomendar a implementação de novo modelo processual
penal.
5. Em promover fóruns e seminários nacionais e regionais para membros dos meios
de comunicação e dos poderes judiciários para criar espaços de conhecimento
recíproco, de entendimento mútuo, e de diálogo sobre a cultura da legalidade e o
valor da liberdade de expressão, e promover campanhas de educação pública sobre
esses temas.
Na cidade de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital da República
Dominicana, no dia 20 de julho de 2007.
Declaração de Medellín
Garantir a segurança dos jornalistas e combater a impunidade
UNESCO - Conferência sobre liberdade de imprensa, segurança dos jornalistas e
impunidade, Medellín, Colômbia, 3 e 4 de maio de 2007
N
ós, participantes da conferência da UNESCO sobre Liberdade de imprensa,
segurança dos jornalistas e impunidade, reunidos em Medellín, Colômbia, no
Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, em 3 e 4 de maio de 2007,
Extremamente preocupados com os ataques à liberdade de expressão da imprensa,
incluindo assassinatos, ataques deliberados, seqüestros, tomada de reféns, assédio,
intimidação, prisão ilegal e detenção de jornalistas, profissionais da mídia e profissionais
associados em função da suas atividades profissionais,
Acreditando que só pode existir liberdade de imprensa quando os profissionais da
mídia estão livres de intimidação, pressão e coação, seja de forças políticas, sociais ou
econômicas,
Lembrando o Artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos que garante a
liberdade de expressão como um direito fundamental, e confirmando que a liberdade de
expressão é essencial para a existência de outros direitos estabelecidos em instrumentos
internacionais de direitos humanos,
Lembrando a Resolução 29/29 C, intitulada “Condenação da violência contra os jornalistas”,
adotada pela Conferência Geral da UNESCO em 12 de novembro de 1997, que
condena a violência contra os jornalistas e pede que os Estados-membros cumpram as
suas obrigações de evitar, investigar e punir os crimes contra jornalistas,
Enfatizando as provisões da Declaração de Colombo, de 3 de maio de 2006, sobre Mídia
e erradicação da pobreza, e da Declaração de Dakar, de 3 de maio de 2005, sobre Mídia
e boa governança, e da Declaração de Belgrado, de 3 de maio de 2004, sobre Mídia e
conflitos violentos e países em transição,
Acolhendo com satisfação a adoção, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas,
da Resolução 1738 em 23 de dezembro de 2006 que pede que todas as partes de um
19
conflito armado cumpram suas obrigações para com os jornalistas segundo a legislação
internacional, incluindo a necessidade de evitar a impunidade para os crimes contra
eles e pedindo também que o secretário-geral inclua como sub-item em seus próximos
relatórios sobre proteção a civis em conflito armado a questão da segurança e proteção
dos jornalistas, dos profissionais da mídia e profissionais associados,
Observando a possível contribuição de uma imprensa livre, independente e pluralista
para o desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, boa governança, paz e
reconciliação, e respeito pelos direitos humanos,
Instando todas as partes envolvidas a garantir a segurança dos jornalistas, profissionais
da mídia e profissionais associados, e respeitar os equipamentos da mídia e suas
instalações,
Considerando que a maioria dos assassinatos de profissionais da mídia ocorrem fora das
zonas de conflito e que a segurança dos profissionais da mídia é um problema urgente
que não se restringe às situações de conflito armado,
Reafirmando a nossa condenação de todas as incitações à violência contra os profissionais
da mídia,
Pedimos que os Estados membros:
Investiguem todos os atos de violência de que são vítimas jornalistas, profissionais da
mídia e profissionais associados e que ocorreram no seu território ou fora dele e que
podem envolver suas forças armadas ou de segurança;
Procurem as pessoas que tenham supostamente cometido, ou tenham ordenado que
fossem cometidos os crimes contra jornalistas, profissionais da mídia ou profissionais
associados, para levar essas pessoas, independentemente da sua nacionalidade, a seus
próprios tribunais ou para enviá-las a julgamento por outro Estado envolvido, desde que
este Estado tenha apresentado um caso digno de crédito contra as referidas pessoas;
Cumpram sua obrigação de evitar crimes contra jornalistas, profissionais de mídia
e profissionais associados, de investigá-los, puni-los, fornecer proteção aos que
testemunharam contra os criminosos e reparar as conseqüências para que tais crimes
não fiquem sem punição;
Adotem o princípio de que não deveria haver prazos de prescrição para crimes contra
pessoas quando esses fossem cometidos para evitar o exercício da liberdade de
informação e de expressão ou quando seu objetivo fosse a obstrução da justiça;
Libertem imediatamente os jornalistas detidos até o momento para que exerçam
livremente sua profissão;
Informem e treinem as forças armadas e as forças policiais para que respeitem e promovam
a segurança dos jornalistas em situações de risco, e para que garantam que os jornalistas
possam trabalhar com independência e segurança total no seu território;
Recomendem que as instituições bilaterais e multilaterais de cooperação internacional e
assistência financeira exijam de países receptores de ajuda, como condição específica
de qualificação, o respeito à liberdade de expressão e à proteção efetiva do exercício da
liberdade de imprensa, e também recomendem a essas instituições que uma falha do
estado em cumprir suas obrigações para investigar e punir os assassinos de jornalistas
poderá ser motivo para revisão, suspensão ou revogação da referida cooperação;
Assinem e ratifiquem os Protocolos Adicionais I e II das Convenções de Genebra,
do Estatuto de Roma do Tribunal Criminal Internacional e outros instrumentos
internacionais relevantes da legislação humanitária internacional e legislação de direitos
humanos internacionais, e tomem as medidas legislativas, judiciais e administrativas
apropriadas para garantir a aplicação dos instrumentos acima mencionados
nacionalmente, para que forneçam proteção a civis, principalmente aos que trabalham
com jornalismo;
Cumpram os compromissos da Resolução 29 da UNESCO para impulsionar leis cujo objetivo
seja encontrar e levar à justiça os assassinos de jornalistas e combater a impunidade;
Pedimos que a comunidade internacional e as associações profissionais:
Tomem medidas firmes para proteger a segurança dos jornalistas em situações de risco e
para garantir o respeito pela sua independência profissional;
Informem melhor as organizações noticiosas, seus editores e gerentes sobre os perigos
associados a seus funcionários que fazem a cobertura de matérias perigosas,
principalmente os perigos para jornalistas locais;
Peçam às associações de notícias para criar e implementar medidas de segurança que
funcionem, mesmo que seus funcionários estejam fazendo a cobertura de matérias
locais, tais como crime e corrupção, desastres e manifestações públicas ou questões
relativas a saúde ou conflito armado internacional;
Impulsionem medidas que garantam a segurança dos jornalistas, incluindo, mas não
limitado a treinamento sobre segurança para jornalistas, seguro de saúde e de vida, e
acesso igual a previdência social para freelancers e empregados em tempo integral;
Coordenem campanhas publicitárias de grande difusão sobre crimes sem punição contra
jornalistas e outros atos de violência para obter uma cobertura noticiosa sobre todas as
violações da liberdade de imprensa;
21
Estimulem as faculdades de jornalismo e os departamentos de comunicação a incluir nos
seus currículos estudos sobre o efeito que os crimes contra os jornalistas – e a sua
subseqüente impunidade – têm nas sociedades democráticas. Estimulem a inclusão no
currículo de assuntos ou cursos específicos sobre liberdade de imprensa e coordenem
atividades, incluindo treinamento para segurança, entre as associações de liberdade de
imprensa, mídia noticiosa e faculdades de jornalismo;
Estimulem ainda mais a colaboração entre jornalistas, donos de meios de comunicação,
grupos de liberdade de imprensa e agências de desenvolvimento apropriadas, em nível
nacional e mundial, para garantir que atividades de desenvolvimento da mídia sejam
incluídas nos programas de desenvolvimento econômico e social;
Pedimos à UNESCO:
Para convidar o diretor-geral da UNESCO a avaliar, junto com as organizações internacionais
e organizações não-governamentais, as possibilidades de:
(a) agir em favor de medidas para garantir uma melhor aplicação das normas
e princípios de natureza humanitária que fornecem proteção a jornalistas,
profissionais da mídia e funcionários associados em situações de conflito armado
e para promover a segurança dos funcionários envolvidos;
(b) trabalhar contra o surgimento de novas ameaças a jornalistas e a profissionais da
mídia, inclusive a tomada de reféns e seqüestros;
(c) estimular mecanismos para incluir o desenvolvimento da mídia em programas
voltados para melhorias da vida social, política e econômica das sociedades em
processo de desenvolvimento, transição política ou que estão saindo de uma crise
de conflito social.
Para solicitar que os dados sejam submetidos à Conferência Geral em um relatório sobre
crimes contra jornalistas e o número de casos que continuam na impunidade;
Para informar melhor os governos sobre a importância da liberdade de expressão e da
ameaça que os crimes contra profissionais da mídia representam para essa liberdade;
Para convidar o diretor-geral da UNESCO a lembrar os estados membros na Conferência
Geral sobre suas obrigações morais e legais de cumprir a Resolução 29 e evitar os
crimes contra jornalistas.
•
Nações Unidas
Conselho de Segurança
Resolução 1738 (2006))
Adotada pelo Conselho de Segurança na sua 5613ª reunião,
em 23 de dezembro de 2006
O Conselho de Segurança,
Considerando a sua responsabilidade para com a manutenção da paz e segurança
internacionais ao abrigo da Carta das Nações Unidas, e enfatizando a importância de
tomar medidas com vistas à prevenção e resolução de conflitos,
Reafirmando as suas resoluções 1265 (1999), 1296 (2000) e 1674 (2006) sobre a
proteção de civis em conflitos armados e a sua resolução 1502 (2003) sobre proteção
de funcionários das Nações Unidas, funcionários associados e pessoal de atividades
humanitárias em áreas de conflito, assim como outras resoluções pertinentes e
declarações presidenciais,
Reafirmando seu empenho para com os Propósitos da Carta das Nações Unidas definidos
no Artigo 1 (1-4) da Carta, e para com os Princípios da Carta definidos no Artigo 2
(1-7) da Carta, incluindo o seu empenho para com os princípios da independência
política, igualdade de soberania e integridade territorial de todos os Estados, e respeito
pela soberania de todos os Estados,
Reafirmando que as partes de um conflito armado têm a responsabilidade de tomar
todas as medidas exeqüíveis para garantir a proteção dos civis afetados,
Recordando as Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, em particular a
Terceira Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 sobre o tratamento de
prisioneiros de guerra, e os Protocolos Adicionais de 8 de junho de 1977, em particular
o artigo 79 do Protocolo Adicional I relativo à proteção de jornalistas envolvidos em
missões profissionais perigosas em áreas de conflito armado,
Enfatizando que existem proibições ao abrigo da lei humanitária internacional contra
ataques dirigidos intencionalmente contra civis, enquanto tais, ataques esses que em
situações de conflito armado constituem crimes de guerra, e lembrando a necessidade
de os Estados acabarem com a impunidade de tais atos criminosos,
23
Relembrando que os Estados Signatários das Convenções de Genebra têm obrigação
de procurar as pessoas que supostamente cometeram ou ordenaram uma violação
grave destas Convenções, e obrigação de julgá-las perante os seus tribunais,
independentemente da nacionalidade delas, ou de entregá-las para serem julgadas em
outro Estado interessado desde que esse Estado tenha aberto um processo prima facie
contra as referidas pessoas,
Chamando a atenção de todos os Estados para todo o conjunto de mecanismos de
justiça e reconciliação, incluindo tribunais penais nacionais, internacionais e “mistos”
e comissões de verdade e reconciliação, e enfatizando que tais mecanismos podem
promover não só a responsabilidade individual por crimes graves, mas também a paz, a
verdade, a reconciliação e os direitos das vítimas,
Reconhecendo a importância de uma abordagem abrangente, coerente e orientada para a
ação, inclusive no planejamento antecipado, proteção de civis em situações de conflito
armado,
Frisando, a este propósito, a necessidade de adotar uma estratégia ampla para prevenção
do conflito, que responda às causas originais do conflito armado de maneira abrangente
para melhorar a proteção dos civis a longo prazo, inclusive através da promoção de
desenvolvimento sustentável, da erradicação da pobreza, da reconciliação nacional, do
bom governo, da democracia, do estado de direito e do respeito pelos direitos humanos
e sua proteção,
Profundamente preocupado com a freqüência dos atos de violência contra jornalistas,
profissionais da mídia e pessoal associado em conflitos armados de muitas partes do
mundo, em especial ataques deliberados que violam a lei humanitária internacional,
Reconhecendo que a consideração do tema da proteção dos jornalistas em conflitos
armados por parte do Conselho de Segurança se baseia na urgência e importância deste
assunto, e reconhecendo o papel valioso que o Secretário-Geral pode desempenhar no
fornecimento de mais informações sobre este tema,
1. Condena ataques intencionais contra jornalistas, profissionais da mídia e pessoal
associado, enquanto tais, em situações de conflito armado, e apela a todas as partes
que acabem com semelhantes práticas;
2. Recorda a este propósito que os jornalistas, profissionais da mídia e pessoal
associado envolvidos em missões profissionais perigosas em áreas de conflito
armado devem ser considerados como civis e devem ser respeitados e protegidos
como tais, desde que não tomem qualquer medida que afete adversamente o
seu estatuto de civis. Isto sem prejuízo do direito dos correspondentes de guerra
credenciados junto às Forças Armadas com o estatuto de prisioneiros de guerra
previsto no artigo 4.A.4 da Terceira Convenção de Genebra;
3. Recorda também que os equipamentos e instalações dos meios de comunicação
constituem objetos civis, e como tal não devem ser alvo de ataques ou represálias,
exceto se forem alvos militares;
4. Reafirma a sua condenação de todos os incitamentos à violência contra civis
em situações de conflito armado, reforça ainda mais a necessidade de, em
consonância com a lei internacional aplicável, levar perante a justiça indivíduos
que incitem essa violência, e, quanto à autorização de missões, indica a sua
vontade de ponderar, sempre que apropriado, medidas de resposta à divulgação,
através da mídia, de incitações ao genocídio, a crimes contra a Humanidade e a
violações graves da lei humanitária internacional;
5. Relembra a sua exigência de que todas as partes de um conflito armado devem
cumprir integralmente as obrigações que lhes são aplicáveis ao abrigo da lei
internacional relacionadas à proteção de civis num conflito armado, incluindo
jornalistas, profissionais da mídia e pessoal associado;
6. Insta os Estados e todas as outras partes de um conflito armado a que façam
o máximo para evitar violações à lei humanitária internacional contra civis,
incluindo jornalistas, profissionais da mídia e pessoal associado;
7. Enfatiza a responsabilidade dos Estados em atuar em consonância com as
obrigações relevantes ao abrigo da lei internacional para acabar com a impunidade
e processar os responsáveis por violações graves à lei humanitária internacional;
8. Insta todas as partes envolvidas em situações de conflito armado a que respeitem
a independência profissional e os direitos dos jornalistas, profissionais da mídia
e pessoal associado enquanto civis;
9. Relembra que o ataque deliberado a civis e outras pessoas protegidas e a realização
de violações sistemáticas, flagrantes e amplas à lei humanitária internacional e
aos direitos humanos em situações de conflito armado podem constituir uma
ameaça à paz e à segurança internacionais, e reafirma a este propósito a sua
disponibilidade para analisar essas situações e, sempre que necessário, tomar as
medidas adequadas;
10. Convida os Estados que ainda não o fizeram a ponderar a sua adesão na data mais
breve possível aos Protocolos Adicionais I e II, de 1977, que complementam as
Convenções de Genebra;
11. Afirma que irá abordar o tema da proteção dos jornalistas em conflitos armados
estritamente sob o item de agenda “proteção de civis em conflito armado”;
12. Solicita ao Secretário-Geral que inclua o tema da segurança dos jornalistas, dos
profissionais da mídia e pessoal associado como sub-item dos seus próximos
relatórios sobre a proteção de civis em conflito armado.
•
25
Conclusões de Tegucigalpa
Conferência: Jornalismo, Violência e Gangues na América Central
10 de fevereiro de 2006
A Conferência confirmou a importância do papel desempenhado pelos meios de
comunicação no entendimento e resolução do problema complexo das gangues e da
violência juvenil na América Central.
Para um enriquecimento das informações, declararam que é necessário promover um
diálogo sobre o jornalismo entre as autoridades e a sociedade, com pessoas de instituições
e organizações que tenham um papel decisivo para lidar com o problema das gangues.
Considerando a responsabilidade social dos meios de comunicação, estes devem ter as
funções de informar e fornecer monitoramento para permitir que as autoridades e a
sociedade possam adotar medidas corretivas sobre a violência. Essa é a função e a principal
contribuição do jornalismo para superar o problema das gangues nas nossas sociedades.
As gangues e o crime organizado, apoiado pelas novas tecnologias e pela comunicação,
criaram novos desafios para os estados em termos de segurança pública. As políticas
estaduais e intergovernamentais devem incluir a liberdade de imprensa e de expressão
como elementos fundamentais que devem ser preservados, para evitar que a violência
contra os meios e os jornalistas gere em um clima propício para a autocensura.
As diferentes apresentações dos palestrantes
coincidiram nos seguintes pontos:
w Faz-se necessária uma atitude de mais reflexão sobre a cobertura e o tratamento das
notícias sobre violência e gangues. Entretanto, enfatizaram que para que isso possa
acontecer é preciso que existam leis sobre acesso do público às informações que permitam
que os jornalistas informem de forma mais aprofundada e mais completa sobre todos os
aspectos e atividades do governo sobre esses temas.
w Disseram também que as notícias sensacionalistas, em vez de ajudar a encontrar
soluções, promovem a violência. Destacou-se que o sensacionalismo atrai alguns grupos
de adolescentes para as gangues.
w Enfatizaram que é necessário que o jornalismo melhore sua qualidade e pluralidade
em termos de fontes, para fornecer uma cobertura melhor, e que os jornalistas não
devem se concentrar apenas em fontes oficiais.
w Destacaram a necessidade de os jornalistas e as autoridades trabalharem juntos em
mecanismos de comunicação para evitar os riscos durante coberturas em situações de
perigo para os jornalistas.
w A mídia pode encontrar alternativas para melhorar seu produto informativo em
relação à cobertura da violência, conforme os exemplos oferecidos por jornais como o
La Prensa Gráfica, de El Salvador, que criou pautas com esse objetivo.
w A mídia precisa criar estratégias de segurança para proteger seus funcionários
e fornecer treinamentos constantes aos seus jornalistas para minimizar os riscos na
cobertura de temas de violência e gangues. Os jornalistas devem ter um compromisso
ético e profissional de criar estratégias pessoais para sua própria proteção.
w É responsabilidade dos meios e dos jornalistas estimular uma maior conscientização
social sobre a importância da liberdade de imprensa e de expressão para uma melhor
cobertura de fatos violentos, e promover um maior entendimentos entre as autoridades
e a sociedade civil para que se busquem soluções para essa questão.
•
27
Conclusões de Nuevo Laredo
Seminário “Narcotráfico: Investigação e Cobertura Noticiosa”
Nuevo Laredo, Tamaulipas, México
27 de janeiro de 2006
O Seminário reafirmou a preocupação quanto à incapacidade das autoridades, nos
diversos níveis de governo, diante do crime organizado no país como um todo, na zona
de fronteira em geral e na área de Nuevo Laredo em particular.
O clima de violência afeta principalmente as liberdades dos cidadãos, especialmente a
liberdade de expressão. Um dos efeitos mais preocupantes é a crescente auto-censura
de meios e jornalistas.
As opiniões de palestrantes e participantes desse seminário destacaram a necessidade
de o governo mexicano agir em seus diferentes ramos de forma mais firme na
administração da justiça e de se obter proteção para a liberdade da imprensa e liberdade
de expressão como instrumentos para o desenvolvimento de uma sociedade.
O evento reafirmou o pedido da “Declaração de Hermosillo” para que os crimes contra
jornalistas sejam da alçada federal, sua não prescrição, e para que aumentem as punições
para esse tipo de crime.
A reunião confirmou o início do “Projeto Félix”, que será realizado por jornalistas de
vários jornais que investigarão o assassinato de colegas que foram mortos apenas por
realizarem seu trabalho. O objetivo dessa iniciativa é pressionar mais as autoridades
responsáveis por esses casos, aprofundar as investigações que as vítimas estavam
fazendo e tentar descobrir os culpados de suas mortes.
Os participantes do seminário formularam os seguintes princípios:
w É responsabilidade dos meios fornecer mais proteção aos seus jornalistas, assim como
melhores condições para o desenvolvimento do jornalismo independente.
w Deve-se fazer uma revisão das medidas de segurança nas instalações do jornal em
benefício dos jornalistas e dos outros funcionários do local.
w Dever-se-ia criar um mecanismo para coordenação com as autoridades para melhorar
as comunicações quanto a assuntos de segurança, tanto física quanto em termos de
vigilância no caso de cobertura especial de casos resultantes de situações de alto risco.
w É obrigação profissional e ética do jornalista definir uma estratégia pessoal para
proteger sua segurança e seu trabalho através dos mecanismos pertinentes, dependendo
das circunstâncias que enfrentar. A literatura disponível, principalmente na Internet,
facilita essa tarefa.
w Os meios e jornalistas deveriam criar mecanismos de comunicação e solidariedade
para aumentar sua segurança pessoal e profissional.
w O desenvolvimento profissional dos jornalistas e a prosperidade das empresas do
setor estão diretamente relacionados à permanente elevação dos padrões técnicos,
trabalhistas e éticos observados no desempenho profissional. Recomenda-se que os
meios e jornalistas discutam mais os aspectos objetivos desse processo (treinamento,
ética, salários, condições de trabalho, manuais de redação, códigos de ética, etc.).
w O tremendo desafio que o crime organizado representa no país torna essencial que
os meios e jornalistas estejam melhor informados sobre as questões envolvidas nesse
fenômeno para que sejam capazes de definir estratégias ou códigos de ética ao fazer a
cobertura dessas questões.
w Diante dessa necessidade, recomenda-se estreitar os vínculos com órgãos internacionais
que defendem o trabalho jornalístico. Isso pode resultar na criação de associações
próprias, locais ou regionais, a favor da liberdade de imprensa e de expressão.
w É responsabilidade de meios e jornalistas estimular uma maior consciência sobre a
importância da liberdade de expressão como um valor humano que não é patrimônio
apenas dos jornalistas, mas algo que promove o bem comum.
w A liberdade de expressão não é só para os jornalistas. A sociedade lhes delegou a
responsabilidade de exercitá-la e protegê-la. Os meios e os jornalistas devem confirmar
diariamente esse seu compromisso.
•
29
Declaração de Pucallpa
Pucallpa, Peru
20 de setembro de 2005
O
Conselho da Imprensa Peruana, a Sociedade Interamericana de Imprensa
e o Instituto Imprensa e Sociedade, que subscrevem a presente declaração,
expressam a preocupação pelos assassinatos cometidos contra jornalistas no
exercício de suas funções, em particular, o crime do jornalista Alberto Rivera Fernández,
o qual ainda não foi plenamente esclarecido.
Os diretores, editores, jornalistas e profissionais dos meios de comunicação peruanos
que aderiram a esta iniciativa alertam a sociedade sobre o dano que a violência destes
crimes causa ao clima de liberdade no país, especialmente à liberdade de expressão. Esta
violência afeta não somente o direito à livre expressão das idéias, como também o direito
fundamental dos cidadãos de serem informados.
Diante desta situação, firmou-se um acordo sobre ações com o objetivo de defender
nossa missão profissional e de manifestar para as comunidades a que servimos que cada
voz silenciada de um jornalista despoja a sociedade de informação fundamental para
consolidar uma nação mais justa, mais livre e verdadeiramente democrática.
Este é também o primeiro esforço para realizar tarefas conjuntas e fazer jus à confiança
que a sociedade tem depositado em nós. É uma clara mensagem de que, unidos,
enfrentaremos os crimes contra a imprensa e a impunidade que os cerca.
Pelo exposto e, em concordância com a
Resolução 29 da UNESCO, foi decidido:
1.- Condenar o assassinato e declarar toda violência física contra jornalistas como um
crime contra a sociedade.
2.- Exigir do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judicial e do Ministério
Público as garantias necessárias para o exercício profissional e, em especial, o
esclarecimento dos crimes contra jornalistas ainda impunes.
3.- Solicitar ao Congresso da República que aperfeiçoe a legislação para possibilitar
o processamento e a condenação dos autores intelectuais destes assassinatos e
que adote o princípio de não prescrição dos crimes contra aqueles que exercem o
direito à liberdade de expressão.
Diante disso, nós, abaixo-assinados, nos comprometemos a:
1.- Integrar a equipe especializada de jornalistas investigativos dos diferentes meios de
comunicação para aprofundar as denúncias realizadas pelos jornalistas assassinados,
cujo resultado publicaremos simultaneamente nos meios participantes.
2.- Organizar seminários regionais para a capacitação de jornalistas e editores na
cobertura de assuntos de alto risco, ética e desenvolvimento profissional.
3.- Continuar promovendo em nossos meios de comunicação campanhas de educação
pública contra os crimes contra jornalistas, a impunidade, e a favor da liberdade
de expressão.
4.- Convidar todos os jornalistas, organizações de imprensa e meios de comunicação a
aderir à presente declaração.
•
31
Declaração de Hermosillo
Hermosillo, Sonora, México
30 de agosto de 2005
N
ós, diretores de jornais mexicanos reunidos no Encontro de Editores da
Fronteira Norte, atestamos com crescente alarme o número de assassinatos e
agressões cometidos contra jornalistas, especialmente no norte do país. Mortes
e desaparecimentos de homens e mulheres da imprensa têm colocado o México, durante
os últimos meses, no primeiro lugar entre os países do continente neste preocupante
tema.
Nós, profissionais da informação, acompanhados neste ato por colegas da Sociedade
Interamericana de Imprensa, grupo que abrange publicações de todo o hemisfério,
queremos alertar a sociedade sobre o dano que a violência destes crimes causa no clima
de liberdade no país, especialmente na mais apreciada das liberdades de que se nutrem
todas as demais: a liberdade de expressão.
O impacto desta violência, expressada brutalmente pela morte destes jornalistas; ao
afastá-los de suas famílias, amigos e colegas, expressa-se igualmente num clima de
intimidação que aquieta múltiplas vozes, mutila a sociedade em seus mecanismos de
convivência e impõe uma morte lenta à liberdade (sacar mesma). Não é somente o
direito à vida que resulta cancelado, como também o direito à livre expressão das idéias
e o direito dos cidadãos de serem informados.
Frente a este problema, no dia de hoje foi firmado um acordo para levar adiante uma
série de ações com o objetivo de defender nossa missão profissional e de manifestar
para as comunidades a que servimos que cada voz silenciada de um jornalista despoja a
sociedade de informação fundamental para consolidar uma nação mais justa, mais livre
e verdadeiramente democrática.
Este é o primeiro esforço, também, para unir os jornais mexicanos em torno dos
mesmos propósitos, fazendo jus à confiança que a sociedade tem depositado em nós.
Desejamos mandar uma mensagem no sentido de que trabalharemos juntos contra a
criminalidade.
Sendo assim, recordamos:
1.- Exigimos que as autoridades mexicanas, tanto em nível federal como estadual,
esclareçam os crimes cometidos contra jornalistas no México. A impunidade é o
maior incentivo para que estes atentados se repitam. E isso reclamo compreende,
com toda firmeza, os poderes Executivo, Legislativo e Judicial, a fim de que somem
esforços para dar garantias à liberdade de expressão. Neste contexto, é preciso
transferir para o nível federal os crimes contra os jornalistas e estabelecer a não
prescrição dos mesmos, por considerá-los altamente lesivos contra os direitos
humanos essenciais, não somente do trabalhador da imprensa afetado, como
também da comunidade a que este serve.
2.- Determinamos que sejam realizados seminários regionais para a capacitação de
jornalistas e editores na cobertura de assuntos de alto risco, e que seja promovida,
entre os diversos setores das comunidades, a necessidade de defender a vigência das
liberdades e dos direitos humanos.
3.- Decidimos formar uma equipe especial de jornalistas investigativos para aprofundar
as reportagens que os jornalistas assassinados estavam realizando. Assumimos o
compromisso de publicar o produto do trabalho desta equipe especial em todos os
jornais que participam neste esforço.
4.- Promoveremos em nossas páginas campanhas de educação pública contra a
impunidade nos casos de jornalistas vítimas de crimes.
5.- Somaremos a este Encontro de Editores da Fronteira Norte, reuniões similares no
Centro e no Sul da República, que incentivem a imprensa mexicana neste mesmo
propósito. Faremos esforços adicionais para somar o maior número de jornais de
todo o país. Convocaremos os meios eletrônicos (rádio, televisão e internet) para
apoiar esta iniciativa.
•
33
Conferência Internacional sobre Narcotráfico:
Jornalistas em perigo
Tijuana, Baja California, México
28 a 30 de agosto de 2002
C
Conclusões de Tijuana
onvencida de que o narcotráfico, na sua tentativa de impedir o exercício do
direito das pessoas de serem informadas e de informar, é uma das piores e
mais censuráveis formas de agressão à liberdade de imprensa, a Sociedade
Interamericana de Imprensa realizou uma jornada de trabalho com o título de
“Narcotráfico, jornalistas em perigo”, em Tijuana, Baja California, México, em 28,
29 e 30 de agosto de 2002, para obter novas e mais eficazes medidas para garantir
o exercício da liberdade de expressão, principalmente nas regiões de maior risco do
continente americano.
A conferência concentrou-se no crescente perigo que o narcotráfico e os crimes a ele
associado representam para a liberdade de imprensa.
A partir das apresentações feitas na conferência, a Sociedade Interamericana de Imprensa chegou às seguintes conclusões
1.- Os Estados têm obrigação de fornecer mais garantias de segurança ao livre
exercício do jornalismo, já que sem liberdade de imprensa não pode haver
democracia. Assim, cabe a eles adequar suas respectivas leis com os seguintes
objetivos:
a)- que os crimes contra jornalistas sejam tipificados como crimes federais ou possam
ser submetidos a mudanças de jurisdição para instâncias especiais, como forma de
garantir uma maior transparência nos julgamentos correspondentes e evitar que
esse tipo de crime continue sem punição.
b)- que se estabeleça o princípio de não prescrição para os crimes contra jornalistas,
por se tratarem de crimes contra a sociedade.
c)- que se incentive a criação de promotorias especiais para investigar com mais
eficácia e rapidez os atentados a jornalistas e meios de comunicação.
d)- que, seguindo o exemplo da Colômbia, estimulem-se reformas aos códigos civis e
penais para que se considere como circunstância agravante o cometimento de um
crime ou uma agressão quando forem cometidos contra jornalistas.
2.- Insiste-se que os órgãos internacionais considerem a existência da liberdade de
imprensa como condição para fornecer assistência financeira ou econômica aos
países do continente.
3.- Assume-se o compromisso de dar continuidade aos projetos de “Crimes sem
punição contra jornalistas” dentro dos quais a SIP continuará realizando esse tipo
de conferência e promovendo outras atividades para obter um melhor treinamento
de jornalistas nas áreas de alto risco para o exercício das suas funções.
•
35
Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
Outubro de 2000
Preâmbulo
Reafirmando a necessidade de assegurar, no Hemisfério, o respeito e a plena vigência das
liberdades individuais e dos direitos fundamentais dos seres humanos através de um
Estado de Direito;
Conscientes de que a consolidação e o desenvolvimento da democracia dependem da
existência de liberdade de expressão;
Persuadidos de que o direito à liberdade de expressão é essencial para o avanço do
conhecimento e do entendimento entre os povos, que conduzirá a uma verdadeira
compreensão e cooperação entre as nações do Hemisfério;
Convencidos de que, ao se obstaculizar o livre debate de idéias e opiniões, limita-se a
liberdade de expressão e o efetivo desenvolvimento do processo democrático;
Convencidos de que, garantindo o direito de acesso à informação em poder do Estado,
conseguir-se-á maior transparência nos atos do governo, fortalecendo as instituições
democráticas;
Recordando que a liberdade de expressão é um direito fundamental reconhecido na
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Resolução
59(I) da Assembléia Geral das Nações Unidas, na Resolução 104 adotada pela
Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e em outros
instrumentos internacionais e constituições nacionais;
Reconhecendo que os princípios do Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos representam o marco legal a que estão sujeitos os Estados membros da
Organização dos Estados Americanos;
Reafirmando o Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que estabelece
que o direito à liberdade de expressão inclui a liberdade de buscar, receber e divulgar
informações e idéias, sem consideração de fronteiras e por qualquer meio de transmissão;
Considerando a importância da liberdade de expressão para o desenvolvimento e a
proteção dos direitos humanos, o papel fundamental que lhe é atribuído pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e o pleno apoio estendido à Relatoria para a
Liberdade de Expressão como instrumento fundamental para a proteção desse direito
no Hemisfério, na Cúpula das Américas realizada em Santiago, Chile;
Reconhecendo que a liberdade de imprensa é essencial para a realização do pleno e efetivo
exercício da liberdade de expressão e instrumento indispensável para o funcionamento
da democracia representativa, mediante a qual os cidadãos exercem seu direito de
receber, divulgar e procurar informação;
Reafirmando que tanto os princípios da Declaração de Chapultepec como os da
Carta para uma Imprensa Livre constituem documentos básicos que contemplam as
garantias e a defesa da liberdade de expressão e independência da imprensa e o direito
a informação;
Considerando que a liberdade de expressão não é uma concessão dos Estados, e sim um
direito fundamental; e
Reconhecendo a necessidade de proteger efetivamente a liberdade de expressão nas
Américas, adota, em apoio à Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, a
seguinte Declaração de Princípios:
Princípios
1. A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito
fundamental e inalienável, inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito
indispensável para a própria existência de uma sociedade democrática.
2. Toda pessoa tem o direito de buscar, receber e divulgar informação e opiniões
livremente, nos termos estipulados no Artigo 13 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos. Todas as pessoas devem contar com igualdade de
oportunidades para receber, buscar e divulgar informação por qualquer meio
de comunicação, sem discriminação por nenhum motivo, inclusive os de raça,
cor, religião, sexo, idioma, opiniões políticas ou de qualquer outra índole, origem
nacionais ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição
social.
3. Toda pessoa tem o direito de acesso a informação sobre si própria ou sobre seus
bens de forma expedita e não onerosa, esteja a informação contida em bancos de
dados, registros públicos ou privados e, se for necessário, de atualizá-la, retificála e/ou emendá-la.
4. O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do
37
indivíduo. Os Estados estão obrigados a garantir o exercício desse direito.
Este princípio só admite limitações excepcionais que devem estar previamente
estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real e iminente que
ameace a segurança nacional em sociedades democráticas.
5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer
expressão, opinião ou informação por meio de qualquer meio de comunicação
oral, escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser proibida por lei. As restrições
à livre circulação de idéias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de
informação e a criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o
direito à liberdade de expressão.
6. Toda pessoa tem o direito de externar suas opiniões por qualquer meio e forma.
A associação obrigatória ou a exigência de títulos para o exercício da atividade
jornalística constituem uma restrição ilegítima à liberdade de expressão. A
atividade jornalística deve reger-se por condutas éticas, as quais, em nenhum
caso, podem ser impostas pelos Estados.
7. Condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade ou
imparcialidade por parte dos Estados, são incompatíveis com o direito à
liberdade de expressão reconhecido nos instrumentos internacionais.
8. Todo comunicador social tem o direito de reserva de suas fontes de informação,
apontamentos, arquivos pessoais e profissionais.
9. O assassinato, o seqüestro, a intimidação e a ameaça aos comunicadores sociais,
assim como a destruição material dos meios de comunicação, violam os direitos
fundamentais das pessoas e limitam severamente a liberdade de expressão. É
dever dos Estados prevenir e investigar essas ocorrências, sancionar seus autores
e assegurar reparação adequada às vítimas.
10. As leis de privacidade não devem inibir nem restringir a investigação e a difusão
de informação de interesse público. A proteção à reputação deve estar garantida
somente através de sanções civis, nos casos em que a pessoa ofendida seja um
funcionário público ou uma pessoa pública ou particular que se tenha envolvido
voluntariamente em assuntos de interesse público. Ademais, nesses casos, devese provar que, na divulgação de notícias, o comunicador teve intenção de infligir
dano ou que estava plenamente consciente de estar divulgando notícias falsas,
ou se comportou com manifesta negligência na busca da verdade ou falsidade
das mesmas.
11. Os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As
leis que punem a expressão ofensiva contra funcionários públicos, geralmente
conhecidas como “ leis de desacato”, atentam contra a liberdade de expressão e
o direito à informação.
Os monopólios ou oligopólios na propriedade e controle dos meios de
12. 38 COMPROMISSOS PARA COMBATE DOS CRIMES CONTRA JORNALISTAS E SUA IMPUNIDADE • SIP
comunicação devem estar sujeitos a leis anti-monopólio, uma vez que conspiram
contra a democracia ao restringirem a pluralidade e a diversidade que asseguram
o pleno exercício do direito dos cidadãos à informação. Em nenhum caso essas
leis devem ser exclusivas para os meios de comunicação. As concessões de rádio e
televisão devem considerar critérios democráticos que garantam uma igualdade
de oportunidades de acesso a todos os indivíduos.
13. A utilização do poder do Estado e dos recursos da fazenda pública; a concessão de
vantagens alfandegárias; a distribuição arbitrária e discriminatória de publicidade
e créditos oficiais; a outorga de freqüências de radio e televisão, entre outras, com
o objetivo de pressionar e castigar ou premiar e privilegiar os comunicadores
sociais e os meios de comunicação em função de suas linhas de informação,
atentam contra a liberdade de expressão e devem estar expressamente proibidas
por lei. Os meios de comunicação social têm o direito de realizar seu trabalho
de forma independente. Pressões diretas ou indiretas para silenciar a atividade
informativa dos comunicadores sociais são incompatíveis com a liberdade de
expressão.
•
39
Resolução Adotada pela
Organização dos Estados Americanos
Assembléia Geral, Caracas, Venezuela
2 de junho de 1998
Atentados contra o exercício da liberdade de imprensa
e crimes contra jornalistas
A Assembléia Geral
Considerando o pedido do secretário-geral no sentido de incorporar à agenda do
vigésimo oitavo período ordinário de sessões da Assembléia Geral o tema “Crimes
contra jornalistas”;
Tendo presente que a Carta da Organização dos Estados Americanos, em seu Artigo
3º, estabelece como um de seus princípios que “Os Estados americanos proclamam os
direitos fundamentais da pessoa sem distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo”;
Recordando que a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem dispõe, em
seu Artigo 1º, que “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de
sua pessoa”;
Que o Artigo 4º da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem reza que
“Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e
disseminação do pensamento por qualquer meio”;
Reafirmando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu Artigo 4º,
preceitua que “Toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida”;
Reiterando a plena vigência que em toda sociedade democrática tem a liberdade
de expressão, que não deve estar sujeita a censura prévia, mas a responsabilidades
ulteriores que surjam pelos abusos de tal liberdade, de acordo com as leis internas que
os Estados tenham legitimamente estabelecido para assegurar o respeito aos direitos
ou à reputação dos demais ou para proteger a segurança nacional, a ordem pública, a
saúde ou a moral pública;
Tendo em conta que os chefes de Estado e de governo, durante a II Cúpula das Américas,
realizada em Santiago, Chile, em abril de 1998, manifestaram seu apoio à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos nessa área, em particular o recém-criado cargo
de relator especial para a liberdade de expressão;
Considerando que durante a mesma Cúpula das Américas, os chefes de Estado e de
governo reafirmaram em Santiago “a importância de garantir a liberdade de expressão,
de informação e de opinião”; e
Considerando que, entre outras, a Conferência Hemisférica, Crimes sem Punição contra
Jornalistas, realizada na Guatemala em 1997, denunciou que nos últimos anos ocorreram
atentados contra o direito à vida de profissionais da comunicação no exercício de suas
funções,
Resolve:
1. Condenar energicamente os atentados contra o exercício da liberdade de imprensa
e crimes contra jornalistas.
2. Instar os Estados membros a que aprofundem as medidas necessárias para que
sejam investigados e sancionados, em conformidade com sua legislação interna, os
atentados contra o exercício da liberdade de expressão e crimes contra jornalistas.
3. Reiterar a contribuição imprescindível que os meios de comunicação prestam para
o fortalecimento dos sistemas democráticos no hemisfério.
4. Exortar os Estados membros a fornecer seu apoio aos trabalhos do relator
especial sobre liberdade de expressão, função recentemente criada pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
5. Solicitar ao Conselho Permanente que estude a conveniência da elaboração de
uma Declaração Interamericana sobre Liberdade de Expressão.
6. Solicitar ao Conselho Permanente que informe a Assembléia Geral, no devido
tempo, sobre o cumprimento desta resolução.
•
41
Resolução 29 Adotada pela UNESCO
12 de novembro de 1997
29 C/DR.120 (Apresentada pelo Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Alemanha e
México, e apoiada por Bielorrússia, Brasil, Canadá, Chile, Ilhas Comores,
Equador, Federação da Rússia, Gabão, Haiti, Panamá, Paraguai,
República Dominicana, Suíça, Ucrânia e Venezuela, em sua forma
emendada pelo Uruguai e Canadá).
A Conferência Geral,
Recordando o Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual se
declara que “todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este
direito inclui o de não ser molestado devido a opiniões, o de investigar e receber
informações e opiniões e o de divulgá-las sem limitação de fronteiras por qualquer
meio de expressão”,
Ratificando que a liberdade de expressão é um direito fundamental de todas as pessoas
e essencial para a realização de todos os direitos enunciados nos instrumentos
internacionais de direitos humanos, Recordando, também, a Convenção Americana
de Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica), o Convênio Europeu para a
Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, a Carta Africana de
Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
Recordando, também, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San
José, Costa Rica), o Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos Humanos
e das Liberdades Fundamentais, a Carta Africana de Direitos Humanos e o Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos,
Tendo presente a Resolução 59 (I) da Assembléia Geral das Nações Unidas de 14 de
dezembro de 1946, na qual se afirma que a liberdade de informação é um direito
fundamental, e a Resolução 45/76 A da Assembléia Geral de 11 de dezembro de 1990,
sobre a informação a serviço da humanidade e a resolução 1997/27 da Comissão de
Direitos Humanos, relativa ao direito à liberdade de opinião e de expressão.
Reafirmando que os direitos à vida e à liberdade e integridade pessoais, o direito à
liberdade e segurança das pessoas,assim como à liberdade de expressão,constituem
direitos fundamentais das pessoas reconhecidos e garantidos pelas convenções e
instrumentos internacionais.
Considerando:
(1) o aumento de assassinatos de jornalistas nos últimos dez anos como conseqüência
do exercício de sua profissão, conforme denunciado por diversas organizações
internacionais, e que a maioria desses crimes continua sem punição;
(2) como exemplo de comprovação dessa realidade nas Américas pela Sociedade
Interamericana de Imprensa (SIP) as investigações realizadas em diversos países e por
missões especiais realizadas;
Atentos a que, como conseqüência da Conferência Hemisférica “Crimes sem Punição
contra Jornalistas” convocada pela SIP, várias organizações profissionais resolveram
iniciar ações conjuntas para esclarecer os crimes sem punição contra jornalistas;
Conscientes de que o assassinato de jornalistas é muito mais do que tirar a vida de
alguém, já que pressupõe um cerceamento da liberdade de expressão, com todos seus
derivados, tais como limitação de liberdades e direitos de toda a sociedade.
O diretor-geral propõe:
(a) condenar o assassinato e toda violência física contra jornalistas como um
crime contra a sociedade porque com ele cerceia-se a liberdade de expressão e,
conseqüentemente, os demais direitos e liberdades enunciados nos instrumentos
internacionais de direitos humanos;
(b) pedir às autoridades que cumpram com seu dever de prevenir, investigar e sancionar
esses crimes e reparar suas conseqüências.
Pede aos Estados Membros que adotem as medidas necessárias para
colocar em prática as seguintes recomendações:
(a) que os governos adotem o princípio de não prescrição dos crimes contra as pessoas
quando são perpetrados para impedir o exercício da liberdade de informação e de
expressão e quando seu objetivo for a obstrução da justiça;
(b) que os governos aperfeiçoem as legislações para possibilitar que sejam processados
e condenados os autores intelectuais dos assassinatos contra os que estão exercendo o
direito à liberdade de expressão;
(c) que fique estabelecido legalmente que os responsáveis pelos delitos contra jornalistas
no exercício de suas funções profissionais e contra os meios devem ser julgados em
tribunais civis e/o regulares.
43
Conclusões da Conferência Hemisférica
sobre Crimes sem Punição contra Jornalistas
Cidade da Guatemala, Guatemala
30 de julho a 1º de agosto de 1997
CONDENAMOS E EXIGIMOS
DECLARAÇÃO DE REPÚDIO
A CONFERÊNCIA HEMISFÉRICA sobre Crimes sem Punição contra Jornalistas, convocada pela
Sociedade Interamericana de Imprensa para analisar as graves conseqüências que esta
situação acarreta para a liberdade de expressão em todas as suas manifestações, tais como
a liberdade de imprensa e o direito à informação, e para a sociedade e a democracia,
declara que:
CONSIDERANDO que os direitos à vida e à liberdade e integridade pessoais, o contar com a
segurança e o amparo da justiça, assim como a liberdade de expressão constituem direitos
fundamentais das pessoas reconhecidos e garantidos pelas convenções e instrumentos
internacionais;
CONSIDERANDO que a liberdade de expressão é um direito fundamental de todas as
pessoas e é a condição e garantia dos demais direitos e liberdades que definem o sistema
democrático;
CONSIDERANDO o estabelecido na Declaração de Chapultepec, Art.4º , sobre que “o
assassinato, o terrorismo, o seqüestro, as pressões, a intimidação, a prisão injusta dos
jornalistas, a destruição material dos meios de comunicação, a violência de qualquer
tipo e a impunidade dos agressores, restringem gravemente a liberdade de expressão
e de imprensa. Estes atos devem ser investigados com prontidão e sancionados com
severidade”;
CONSIDERANDO que nos últimos dez anos 173 jornalistas foram assassinados nas Américas
pelo exercício de sua profissão e que a maioria destes crimes permanece impune;
CONSIDERANDO que esta realidade foi comprovada pela SIP em investigações realizadas na
Colômbia, Guatemala e México e por missões especiais realizadas em outros países das
Américas como no caso da Argentina e que se constataram responsabilidades por ação
ou omissão das autoridades na não elucidação destes crimes ;
CONSIDERANDO que esta situação de impunidade é conseqüência de condutas negligentes,
dolosas ou complacentes por parte de autoridades públicas;
CONSIDERANDO que o assassinato de jornalistas vai mais além do fato de privação de vida,
já que pressupõe um cerceamento da liberdade de expressão com tudo que isto significa
como limitação a liberdades e direitos de toda a sociedade;
A Conferência Hemisférica resolve:
CONDENAR o assassinato e toda violência física contra jornalistas como um dos maiores
crimes contra a sociedade, porque com eles se restringe a liberdade de expressão e, como
conseqüência, os demais direitos e liberdades;
CONDENAR a conduta omissa ou cúmplice daqueles que têm a responsabilidade de investigar
e sancionar estes crimes e não o fazem, deixando-os na impunidade e tornando-os, assim,
mais graves ainda;
DEMANDAR das autoridades que cumpram seu dever de prevenir, investigar e castigar estes
crimes e reparar suas conseqüências.
O QUE DEVEMOS FAZER
PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL
OS REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES dedicadas à defesa da liberdade de imprensa
elaboramos este Plano de Ação Institucional durante a Conferência Hemisférica sobre
Crimes sem Punição contra Jornalistas,organizada pela Sociedade Interamericana de
Imprensa.
Comprometemo-nos a:
1.
Reconhecer a importância das Recomendações da Conferência Hemisférica e de
acordo com elas iniciar ações específicas conjuntas para esclarecer os crimes sem
punição contra jornalistas.
2.
Fomentar o envio de missões interorganizacionais de investigação àqueles países
afetados para que as autoridades garantam a segurança dos jornalistas e cumpram
as investigações e os processos judiciais com a maior rapidez.
3.
Coordenar campanhas maciças de difusão sobre crimes sem punição contra
jornalistas e outros atos de violência de maneira que propiciem cobertura jornalística
a todas as violações à liberdade de imprensa.
45
4.
Trabalhar para que nos centros de pesquisa da carreira de jornalismo ou das
faculdades correspondentes incluam-se estudos sobre o terrível impacto para as
sociedades democráticas dos crimes contra jornalistas e sua impunidade. Além
disso, encorajar a inclusão de temas ou cadeiras específicas em seus currículos sobre
a liberdade de imprensa e coordenar atividades entre as associações jornalísticas,
meios de informação e centros acadêmicos de formação profissional.
5.
Recomendar às organizações participantes que estudem a maneira de financiar
as ações legais e de investigação para que os crimes contra jornalistas não fiquem
impunes.
6.
Intensificar e promover o intercâmbio de informações e objetivos entre
organizações dedicadas à proteção,defesa e promoção da liberdade de imprensa,
considerando como prioridade a impunidade no assassinato de jornalistas.
7.
Difundir este documento entre outras instituições dedicadas à defesa, proteção
e promoção dos direitos humanos, às liberdades de expressão e de imprensa no
mundo e, desta forma, começar a promover compromissos de trabalho.
8.
Criar um grupo multiorganizacional com o objetivo de implementar o Plano
de Ação Institucional com a colaboração da Sociedade Interamericana de
Imprensa.
Instituto Internacional de Imprensa (IPI); Repórteres Sem Fronteiras (RSF); Comitê
para a Proteção de Jornalistas (CPJ); Associação Mundial de Jornais (FIEJ); The
Freedom Forum;Comitê Canadense para a Proteção de Jornalistas (CCPJ); Federação
Internacional de Jornalistas (FIP); Comissão Mundial de Liberdade de Imprensa
(WPFC); Associação Internacional de Radiodifusão (AIR); International P.E.N.;
Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (ADEPA); Centro Internacional
para Jornalistas de Knight International Press Fellowships; Associação de Jornalistas
da Guatemala; Gabinete de Direitos Humanos dos Jornalistas, Peru; Associação de
Jornais do Interior da República Argentina (ADIRA); Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP)
OS CULPADOS DEVEM SER CASTIGADOS
RECOMENDAÇÕES PARA COMBATER A IMPUNIDADE
sobre Crimes sem Punição contra Jornalistas faz
as seguintes recomendações para combater a impunidade que cerca os
crimes contra jornalistas:
A CONFERÊNCIA HEMISFÉRICA
1.
Exortar os congressos nacionais a adotar o princípio de não prescrição dos crimes
contra as pessoas quando são perpetrados para impedir o exercício da liberdade
de informação e de expressão ou quando têm como objetivo a obstrução da
justiça. Exortar também a proibição de anistias, indultos ou perdões a favor dos
responsáveis por estes delitos.
2.
Instar os congressos nacionais a que aperfeiçoem as legislações para que
possibilitem processar e repudiar os autores intelectuais dos assassinatos contra
aqueles que estão exercendo o direito à liberdade de expressão.
3.
Promover reformas ou interpretações constitucionais que prevejam que as leis ou
normas que regulamentam estados de exceção (Estado de Sítio) não permitam
ou autorizem restrições ou limitações à cobertura jornalística e à liberdade de
expressão.
4.
Estabelecer, mediante lei, nos países que mereçam, que os responsáveis por crimes
contra jornalistas no exercício de suas funções profissionais e contra os meios
possam ser julgados em tribunais militares e/ou especiais.
Sobre Casos Específicos
Quanto aos casos específicos que a Sociedade Interamericana de Imprensa investigou
dentro de seu projeto Crimes sem Punição contra Jornalistas e que foram expostos
nesta conferência hemisférica, recomenda-se:
5.
Solicitar aos governos da Colômbia, Guatemala e México que prestem a devida
colaboração à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, a qual, a pedido
da SIP, já exigiu a investigação e processo dos seguintes casos :Víctor Manuel
Oropeza (Caso No. 11.740); Guillermo Cano Isaza (Caso No. 11.728); Carlos
Lajud Catalán (Caso No. 11.731); Héctor Félix Miranda (Documento No.
11.739); Irma Flaquer Azurdia (Documento No. 11.766), assim como o caso
de Jorge Carpio Nicolle (Documento No. 11.333) sobre o qual a Comissão já
interviera anteriormente à investigação da SIP.
COLÔMBIA
6.
Exortar a Procuradoria-Geral da Nação a revisar a investigação sobre o assassinato
de Guillermo Cano Isaza e as decisões judiciais do caso para documentar
as possíveis ligações entre os reais autores deste crime e o de Giraldo Galvis,
advogado da família Cano, e as irregularidades na investigação e nas sentenças.
7.
Pressionar a Procuradoria a transferir as novas investigações do caso de Lajud
Catalán a um tribunal com sede em Bogotá e a investigar as razões pelas quais na
investigação dos últimos três anos não foram incluídos os suspeitos de serem os
autores intelectuais.
8.
Solicitar à Procuradoria-Geral que investigue as ameaças de morte contra parentes
de Lajud Catalán e sua devida proteção, e para aprofundar as investigações sobre
corrupção na assinatura de contratos municipais que teriam relação com o crime
47
e nos quais estariam envolvidos ex-funcionários do governo.
GUATEMALA
9.
Insistir com o presidente da Guatemala para que exija do Ministério Público
uma investigação exaustiva para determinar a autoria material e intelectual do
assassinato de Jorge Carpio Nicolle e para que se cumpra a obrigação de garantir a
segurança dos investigadores, demandantes, testemunhas da promotoria e juízes.
10. Pedir ao presidente da Guatemala que realize uma profunda investigação oficial
para determinar o paradeiro de Irma Flaquer e exigir do procurador-geral sua
intervenção para iniciar o processo judicial respectivo contra aqueles que resultem
como responsáveis pelo desaparecimento forçado da jornalista Flaquer, delito que
é imprescritível à luz da legislação internacional e da recente lei de Reconciliação
Nacional.
11. Exortar a Procuradoria dos Direitos Humanos a nomear funcionários que
investiguem especialmente a morte violenta ou desaparecimento dos jornalistas
Jorge Carpio Nicolle e Irma Flaquer Azurdia e que isto seja parte do respectivo
processo, com o estrito cumprimento da lei.
12. Pressionar a Comissão de Esclarecimento Histórico a fazer uma investigação
especial sobre a morte violenta de jornalistas nos últimos trinta e cinco anos,
determinando a situação dos respectivos processos judiciais, instando a sua
possível continuação e finalização.
MÉXICO
13. Insistir com o governador do estado de Chihuahua para instruir o procuradorgeral do estado para que um agente do Ministério Público retome o caso de
Víctor Manuel Oropeza,utilize os dados fornecidos pela SIP em seu relatório, e
solicitar à Comissão Nacional de Direitos Humanos que lhe envie cópia de todos
os documentos que existem em seu arquivo.
14. Solicitar que, diante do fato de que o assassinato de Oropeza está para prescrever
de acordo com a lei mexicana, e diante de um generalizado e suspeitoso silêncio,
que o presidente do México lidere um movimento social para impedir que os
culpados deste assassinato consigam a impunidade perfeita mediante a prescrição
do delito.
15. Pedir ao governador do estado de Baja California para que instrua o procuradorgeral deste estado a, de acordo com o compromisso feito com a SIP, reabrir as
investigações do caso Héctor Félix Miranda para que se consiga capturar o autor
intelectual do crime.
16. Pressionar todos os governos do hemisfério ocidental para que ordenem a
imediata abertura das investigações sobre os assassinatos contra jornalistas não
solucionados ou encerrados oficialmente sem mérito legal.
Sobre as Instituições
17. Incentivar a Organização dos Estados Americanos (OEA),através de sua
Secretaria Geral,a incluir o tema dos crimes sem punição contra jornalistas em
sua agenda de assuntos hemisféricos e a inclui-lo como tema em sua próxima
Assembléia Geral.
18. Instar a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas
(ONU) a nomear um relator especial sobre as violações persistentes contra os
jornalistas e a dar seguimento às investigações sobre estes homicídios.
19. Solicitar à UNESCO que elabore um relatório especial para que seja incluído em
informes anuais dados sobre crimes contra jornalistas e impunidade destes atos, e
oferecer acompanhamento de todos os casos até que os crimes sejam resolvidos.
20. Exortar a que os crimes sem punição contra jornalistas sejam tema da agenda anual
na qual a UNESCO, junto com outras organizações internacionais, comemora o
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em 3 de maio de cada ano, e a que se
aproveite esta oportunidade para exigir dos estados nacionais que resolvam estes
casos.
21. Sugerir à UNESCO que inclua o tema dos crimes sem punição contra jornalistas
na agenda de 1999, ano escolhido para ser o “Ano Internacional da Cultura da
Paz “.
22. Exortar o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos a resolver as matérias
que lhe tenham sido submetidas relativas à liberdade de expressão e aos crimes
cometidos contra jornalistas no exercício de suas funções, enriquecendo a
jurisprudência sobre o tema da liberdade de expressão, do direito do público à
informação e a segurança dos jornalistas.
23. Solicitar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos inclua como
tema de análise das visitas –in loco –e em seus relatórios gerais de países o tema
da liberdade de imprensa e a situação de segurança dos jornalistas.
24. Exortar os estados americanos a fornecer os recursos necessários para que a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos possa exercer suas funções
de proteção dos direitos humanos, especificamente, na tramitação de casos
individuais que se relacionem com assassinatos de jornalistas. Solicitar que os
estados americanos forneçam à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
todas as informações relevantes em seu poder sobre casos de assassinatos de
jornalistas,dentro dos prazos legais previstos.
49
25. Pedir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para criar no seio desta
instituição um relatório especial para a liberdade de expressão e sobre a situação
dos jornalistas e solicitar que prepare um informe especial sobre estes temas e sua
atualização periódica.
26. Recomendar às organizações multilaterais e bilaterais de cooperação internacional
e assistência financeira que incorporem como condição específica para qualificação
o pleno respeito à liberdade de expressão e a efetiva proteção do exercício da
imprensa livre no país que solicita assistência financeira. Recomendar também
a estas organizações que a qualificação dos assassinatos contra jornalistas e a
impunidade dos seus responsáveis seja motivo de revisão, suspensão ou supressão
de tal cooperação.
•
Declaração de Chapultepec
Adotada pela Conferência Hemisférica sobre Liberdade de Expressão
realizada em Chapultepec, México, D.F., no dia 11 de março de 1994
PRINCÍPIOS
1. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de
imprensa. O exercício desta não é uma concessão das autoridades; é um direito
inalienável do povo.
2. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e
divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar estes direitos.
3. As autoridades devem estar legalmente obrigadas a por à disposição dos
cidadãos, de forma oportuna e eqüitativa, a informação gerada pelo setor público.
Nenhum jornalista poderá ser compelido a revelar suas fontes de informação.
4. O assassinato, o terrorismo, o seqüestro, as pressões, a intimidação, a prisão
injusta dos jornalistas, a destruição material dos meios de comunicação, qualquer
tipo de violência e impunidade dos agressores, afetam seriamente a liberdade
de expressão e de imprensa. Estes atos devem ser investigados com presteza e
punidos severamente.
5. A censura prévia, as restrições à circulação dos meios ou a divulgação de suas
mensagens, a imposição arbitrária de informação, a criação de obstáculos ao
livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício e movimentação dos
jornalistas, se opõem diretamente à liberdade de imprensa.
6. Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de
discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam.
7. As políticas tarifárias e cambiais, as licenças de importação de papel ou
equipamento jornalístico, a concessão de freqüências de rádio e televisão e a
veículação ou supressão da publicidade estatal não devem ser utilizadas para
premiar ou castigar os meios de comunicação ou os jornalistas.
51
8. A incorporação de jornalistas a associações profissionais ou sindicais e a
filiação de meios de comunicação a câmaras empresariais devem ser estritamente
voluntários.
9. A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, à busca
de precisão, imparcialidade e eqüidade, e a clara diferenciação entre as mensagens
jornalísticas e as comerciais. A conquista destes fins e observância destes valores
éticos e profissionais não devem ser impostos. São responsabilidades exclusivas
dos jornalistas e dos meios de comunicação. Em uma sociedade livre, a opinião
pública premia ou castiga.
10. Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir
a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o poder público.
•
O que é a SIP?
A Sociedade Interamericana de Imprensa é uma organização sem fins lucrativos dedicada a defender a liberdade de expressão e de imprensa em todas as
Américas.
Seus principais objetivos são:
4 Defender a liberdade de imprensa onde quer que ela esteja ameaçada nas
Américas;
4 Proteger os interesses da imprensa nas Américas;
4 Encorajar padrões elevados de profissionalismo e conduta empresarial;
4 Promover o intercâmbio de idéias e informações que contribuam para o
desenvolvimento técnico e profissional da imprensa;
4 Promover um conhecimento amplo e um maior intercâmbio de informações
entre os povos das Américas, em suporte aos princípios básicos de uma
sociedade livre e da liberdade individual.
www.sipiapa.org
O que é o projeto contra a impunidade?
O Projeto contra a impunidade, criado pEla SIP em 1995 com o apoio financeiro da Fundação Knight, tem como principal objetivo diminuir a impunidade
que cerca a maioria dos crimes contra jornalistas.
As principais estratégias de trabalho são:
4 Defesa: através do envio de missões a países e mediante resoluções e
petições especiais;
4 Investigação: através dos jornalistas investigativos que fazem parte da
Unidade de Resposta Rápida da SIP;
4 Promoção: através de uma campanha publicitária nos meios escritos e
eletrônicos para informar sobre a impunidade e exigir justiça;
4 Treinamento: através de seminários e conferências que ajudam os jornalistas a diminuir os riscos na sua cobertura noticiosa.

Compromisos para combatir los crímenes contra periodistas y su

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