trabajo y asuntos sociales - Congreso de los Diputados

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004
VIII Legislatura
Núm. 62
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles, 30 de junio de 2004
Página
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad
(Valcarce García) para informar sobre:
— Políticas de familia. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 212/000011.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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— La política del Gobierno en materia de políticas de apoyo al tercer sector. A solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000022.)
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— Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Gobierno. (Número de
expediente 212/000053.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la
mañana.
dinación de Política Sectoriales sobre la Discapacidad.
También nos acompaña su director general, don Alfonso Berlanga Reyes.
Señorías, antes de exponer las principales líneas de
actuación de la secretaría de Estado, quisiera reiterar en
dos cuestiones que son muy importantes a la hora de
abordar las políticas que me corresponde impulsar: la
primera se refiere a las comunidades autónomas, la
segunda se refiere a la vertebración de la sociedad civil.
En la actualidad los servicios sociales conforman una
red de atención a las necesidades personales y sociales
de los ciudadanos, cumplen una función imprescindible
sobre todo para aquellas personas que no disponen de
autonomía propia. El propósito del Gobierno es consolidar nuevos derechos, nuevos derechos sociales,
modernizar los servicios sociales existentes y configurar un sistema que garantice el acceso universal a las
prestaciones. Como ya he dicho, estos objetivos no se
pueden alcanzar sin diálogo, sin cooperación y sin el
acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, fundamentalmente porque ellos son los que
tienen las competencias, pero también porque se
encuentran más cerca de los ciudadanos. En servicios
sociales las actuaciones deben estar presididas por
estos principios. El desarrollo e impulso de los servicios sociales que nos reclaman los ciudadanos sólo
queremos hacerlo con los gobiernos de las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos.
Segunda cuestión. El Gobierno desea impulsar las
políticas del bienestar con la colaboración e implicación de la sociedad civil. Reconocemos el importante
papel del tercer sector, que en el desarrollo de las políticas sociales y su faceta de agente colaborador en las
políticas públicas es plenamente compatible con su
función de representación social. Queremos lograrlo
con eficacia, con criterios de calidad, así como con
transparencia en la gestión, condiciones que resultan
hoy imprescindibles para la supervivencia de las ONG.
En este campo el fomento del voluntariado será un
objetivo central. En la última Conferencia sectorial con
las comunidades autónomas, que se celebró el pasado
día 17 de este mes de junio en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, hemos aprobado los criterios de
distribución del crédito para la ejecución del Plan del
voluntariado, por cierto, por unanimidad, y el crédito es
de algo más de tres millones de euros. El Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales además se propone colaborar institucional y financieramente en la organización y
desarrollo de la XVIII Conferencia mundial del Voluntariado que se va a celebrar en Barcelona, se hará del 17
al 21 del próximo mes de agosto, se hará en el marco
del Fórum Internacional de las Culturas. Lo haremos
así porque su celebración en España constituye una
excelente plataforma de sensibilización de nuestra
sociedad hacia los valores solidarios y desde luego un
señalado punto de encuentro de los agentes del movimiento voluntario a nivel internacional. Además, este
año la Comunidad Autónoma de Canarias se encarga de
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Nuevamente continuamos con comparecencias de esta
Comisión. Hoy comparece la secretaria de Estado de
Asuntos Sociales, excelentísima señora doña Amparo
Valcarce. Por tanto, vamos a tener las comparecencias
previstas en el orden del día a petición del propio Gobierno y del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió. El orden establecido para las intervenciones es el
siguiente: dará comienzo el señor Campuzano, peticionario de una de las comparecencias, y el resto de los
grupos de menor a mayor. Yo les ruego brevedad; después de una jornada maratoniana como la de ayer, vamos
a ver si somos capaces de tener capacidad de síntesis hoy
para finalizar en un tiempo razonable esta comparecencia. Muchas gracias.
Tiene la palabra la excelentísima señora doña Amparo
Valcarce.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE
SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
Por primera vez comparezco como secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad
en esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Lo
hago a petición del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió para informar sobre políticas de
familia y en materia de apoyo al tercer sector; lo hago
también a petición propia para informar sobre las líneas
generales de la política de esta secretaría de Estado.
Vaya desde esta mi primera intervención mi plena disposición y la de mi equipo a colaborar estrechamente
con SS.SS. en esta sede parlamentaria siempre que así
lo estimen conveniente.
Señorías, el compromiso del Gobierno con las políticas sociales es firme. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en su propia
denominación refleja la voluntad y el interés del
Gobierno por responder a las nuevas necesidades de la
sociedad española mediante servicios sociales públicos, eficientes y modernos, especialmente los destinados a los mayores, a los mayores dependientes, a la
atención a las familias y también a las personas con
discapacidad. La secretaría de Estado se organiza en
cuatro direcciones generales, una de ellas es el Imserso;
la denominación se modifica, queremos convertirlo en
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Aprovecho la oportunidad para presentar ante ustedes a su
director general, don Ángel Rodríguez Castedo, que
nos acompaña. Las otras tres direcciones generales son:
la Dirección General de Servicios Sociales y Dependencia, que dirige don Manuel Porras, que también se
encuentra con nosotros; la Dirección General de las
Familias y la Infancia y la Dirección General de Coor-
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organizar el Congreso estatal del voluntariado en su
séptima edición, también con la colaboración técnica y
financiera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Señorías, la financiación de las entidades no lucrativas de acción social se lleva a cabo a través de las
subvenciones derivadas del IRPF. La convocatoria de
subvenciones del 0,52 del IRPF es un importante instrumento para el desarrollo de la política social del
Gobierno. Se lleva a cabo mediante el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que realizan programas
sociales y de voluntariado que son de interés general.
Esta convocatoria tiene carácter anual y permite atender de forma prioritaria necesidades sociales no suficientemente cubiertas, o emergentes, y orientar las
acciones hacia el cumplimiento de los objetivos fijados
por la Unión Europea para luchar contra la exclusión
social y contra la pobreza. En consecuencia, los recursos que provienen del IRPF suponen un impulso estratégico para las organizaciones del tercer sector y para
las políticas de inclusión social de este país.
La convocatoria de subvenciones del 0,52 del IRPF
distribuye el importe que se recauda en la declaración
de la renta cuando los ciudadanos escogen el destino
del 0,52 de su impuesto. El sistema actual es fruto del
acuerdo que se firmó con la plataforma de las ONG de
acción social y el Gobierno, y que después se viene ya
recogiendo en los Presupuestos Generales del Estado.
En el acuerdo se contempla el establecimiento en los
Presupuestos Generales del Estado de una cantidad
mínima garantizada con independencia de lo que se
recaude en la declaración del impuesto sobre la renta de
las personas físicas. El importe total destinado a otros
fines de interés social del impuesto se distribuye entre
el Ministerio de Asuntos Exteriores, que otorga el 20
por ciento, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que otorga el 80 por ciento. Para el ejercicio 2004
la cantidad garantizada mínima es de 118.805.699
euros, ello es de acuerdo con la disposición adicional
decimotercera de la Ley de Presupuestos Generales de
Estado para el año 2004. Esto supone sólo un aumento
del 2 por ciento con respecto al ejercicio presupuestario
anterior, con respecto al ejercicio presupuestario 2003;
de esta cantidad, al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponden 95.044.540 euros. La convocatoria de subvenciones es anual, como he dicho, y en
ella se definen los programas de interés general y las
prioridades que se van a tener en cuenta en la concesión
de las ayudas. Para ello, y quiero subrayarlo, señorías,
se realiza una consulta previa a la Conferencia sectorial
de Asuntos Sociales, donde están todas las comunidades autónomas, y también hay consulta previa a la
Comisión Permanente del Consejo Estatal de las ONG
de Acción Social. La convocatoria está dirigida a financiar programas de cooperación y voluntariado social.
Quiero señalar que los colectivos integrados en la
misma son: infancia y familia, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas que
tienen problemas de drogodependencias, pueblo gita-
no, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados, personas reclusas y ex reclusas, inclusión
social, promoción del voluntariado y fondo destinado a
paliar situaciones de emergencia social. Los criterios
preferentes que se utilizan son: el apoyo a entidades
federadas y confederadas, el trabajo en red de cooperación que permita ampliar el alcance territorial de las
acciones y también las economías de escala en la gestión, programas innovadores que se dirijan a atender las
necesidades no cubiertas por los recursos sociales existentes y el esfuerzo de las inversiones de continuidad
para que se puedan finalizar los proyectos.
En la segunda de las acciones, dejamos el IRPF, nos
referimos a la convocatoria de subvenciones del régimen general en las series de acción social, infancia y
familia. Se establece que las organizaciones no gubernamentales que concurran a esta convocatoria lógicamente tienen que adaptarse a los requisitos de carácter
general, y además tendrán carácter prioritario los programas de mantenimiento y funcionamiento, los programas para las entidades tuteladas por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, los programas de inclusión
social. El crédito asignado es de 9.411.640 euros. Por
último en este apartado he de señalar que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales mantiene convenios de
colaboración con 36 universidades españolas, públicas
y privadas, así como entidades del ámbito empresarial
en orden a la cofinanciación de proyectos de las ONG y
voluntariado, así como facilita a las organizaciones del
tercer sector social productos en condiciones más favorables que las del mercado. Es intención del Gobierno
continuar contribuyendo al reforzarmiento del tercer
sector propiciando espacios de participación necesarios
para que estén representados y para que nos hagan llegar sus intereses y opiniones. Hay que conseguir un
marco estratégico de colaboración con el tercer sector y
las administraciones públicas, y nos proponemos
impulsar y reforzar el desarrollo de la sociedad civil
organizada y propiciar la vertebración social entre el
sector público y el sector no lucrativo.
Señoras y señores diputados, quiero referirme ahora
al Plan concertado con comunidades autónomas y corporaciones locales. La apuesta del Gobierno por unos
servicios sociales públicos, suficientes y de calidad
para toda España es decidida. Nos encontramos con
que las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al Plan concertado en el ejercicio 2004
habían sufrido una disminución del 7,12 por ciento, lo
que supone casi seis millones y medio de euros menos,
y no lo hemos aceptado. Para compensar este recorte, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ya ha incrementado, mediante la correspondiente modificación
presupuestaria, la dotación de dicho plan, es decir, que
el nuevo Gobierno ya ha incrementado el Plan concertado en un 7,12 por ciento. La línea de actuación en los
próximos años será incrementar significativamente la
participación económica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en los proyectos del Plan concertado.
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Lo haremos para compensar la congelación de los créditos en años anteriores, para impulsar y mejorar la
calidad de los servicios, para atender la demanda social
creciente y también para estabilizar el empleo generado. El plan concertado se concreta en convenios para el
desarrollo de las prestaciones básicas de servicios
sociales. Estos convenios definen prestaciones que responden, como SS.SS. bien conocen, a ayuda a domicilio, centros residenciales, prevención e inserción social,
actuaciones destinadas a fomentar la solidaridad social,
y se hace en equipamientos a través de los cuales se
hacen efectivas prestaciones como la red pública de
servicios sociales, red que está constituida por: oficinas
y servicios de información que tienen los ayuntamientos, comedores sociales, centros sociales de estancia
diurna, residencias, pisos tutelados, albergues, centros
de acogida para menores, centros de acogida para
mujeres, centros de acogida de diversa índole. Hay que
mencionar también que se incorporan las ayudas económicas que gestionan los servicios sociales municipales y que se refieren a las llamadas ayudas económicas
de urgencia tanto como a la rentas mínimas de inserción. En fin, que no es baladí, pero en los servicios
sociales nuestros objetivo principal es configurar el
cuarto pilar del Estado del bienestar. ¿Cómo? A través
de dos vías de actuación. La primera, garantizando la
universalidad en el acceso a las prestaciones sociales
básicas, y lo haremos con una ley de servicios sociales;
una ley que reconozca el derecho de los ciudadanos a
ser atendidos por el sistema público, unos servicios
sociales básicos que ofrezcan cobertura a todos los
españoles, homologables en todo el país, que cubran las
necesidades que se producen en el ámbito de la convivencia personal, familiar y social. Y en segundo lugar,
lo haremos creando un sistema nacional de atención a
las personas dependientes que desarrollaremos mediante una ley de dependencia.
Señorías, como ya lo adelantó en esta misma Comisión el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, este
sistema nacional de dependencia se completará a lo
largo de dos legislaturas, pero queremos llamar su atención sobre algunos datos. La encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud del Ine-Imserso,
nos señala que el número de personas dependientes en
España puede situarse en torno a millón y medio de
personas. La atención a sus necesidades, hasta ahora
asumida prácticamente en solitario por las familias, se
ha convertido en una prioridad para las políticas públicas. Nos consta que es la primera prioridad de los
gobiernos de las comunidades autónomas, pero sepan
ustedes que es la primera prioridad de este Gobierno.
Sabemos que las políticas públicas no pueden seguir
inhibiéndose ante los sobreesfuerzos, dificultades y
costes que la dependencia supone para cientos de miles
de familias españolas. El Gobierno ante esta situación
considera urgente y necesario afrontar con decisión la
construcción de un auténtico sistema de protección.
Este sistema tiene que tener el mismo rango que la
sanidad, que las pensiones, que la educación, tiene que
completar nuestro sistema de protección social garantizando los servicios sociales necesarios a las personas
dependientes de cualquier edad y desde luego también
a la vejez. Para ello el Gobierno se compromete a aprobar una ley básica de protección a las personas en situación de dependencia con la que se garantice unos servicios sociales básicos mediante un sistema universal,
integral y suficiente. Esta ley, junto a la ley de servicios
sociales, conformarán el núcleo central del cuarto pilar
del Estado de bienestar. El Gobierno se compromete a
crear un fondo estatal, previsiblemente con una dotación de 1.000 millones de euros iniciales, para financiar
una red de centros y servicios que permitan lograr una
cobertura comparable a la de los países de nuestro
entorno europeo, y se compromete a aprobar un plan de
la dependencia para la implantación progresiva del sistema, elaborado y pactado con los gobiernos de las
comunidades autónomas, también con los ayuntamientos, y además hay que desarrollar un catálogo de servicios (ayuda a domicilio, residencias, ayudas técnicas y
otras prestaciones) para garantizar la atención de las
necesidades de todas las personas dependientes y sus
familias. Tal y como avanzó el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales en su comparecencia en esta Comisión, nuestro objetivo es crear 158.000 plazas nuevas
de residencia y 51.370 nuevas en centros de día para
mayores de 65 años.
Señorías, el Gobierno tiene también otras líneas de
actuación. Es nuestra intención avanzar, en una perspectiva ambiciosa, en la promoción del pueblo gitano
mediante un nuevo plan y desarrollo y un nuevo órgano
de participación de las organizaciones de gitanos, el
consejo estatal del pueblo gitano. En nuestro compromiso con los programas de lucha contra la exclusión
nos proponemos, al finalizar el período de vigencia del
actual Plan de inclusión social en el año 2005, elaborar
el tercer plan. Queremos hacerlo con las organizaciones sectoriales que integran el tercer sector de inclusión
social para desarrollar políticas globales contra la
pobreza, la exclusión, y promover la implantación de
derechos sociales, como tiene que ser la actuación
urgente para erradicar las situaciones de pobreza que se
producen en nuestro país.
Señoras y señores diputados, la encuesta continua de
presupuestos familiares (ECPF) con datos referidos al
primer trimestre de 2004 revela que ocho millones de
familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, y lo
que más interesa destacar es que un millón y medio de
familias dicen tener mucha dificultad; señorías, millón
y medio de familias españolas. Comprobarán que estos
datos se sitúan en el centro de la atención del Gobierno.
Las familias están asumiendo, entre otras muchas funciones, como ya he señalado, la atención a las personas
dependientes, pero la familia ha cambiado, la familia es
hoy diferente, por eso me refiero a familias y por eso el
nombre de esta secretaría de Estado es también Secretaría de Estado de Familias, en plural, porque las nue-
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vas realidades sociales exigen que adaptemos los conceptos y que cambiemos también las formas de
considerarlas. Así, este Gobierno tiene el compromiso
de elaborar una ley de parejas de hecho que reconozca
formas de convivencia ampliamente aceptadas y también la legalización del matrimonio de personas del
mismo sexo, sin duda siguiendo lo que ayer este Congreso de los Diputados aprobó en Pleno. La atención a
las familias es uno de los objetivos principales del
Gobierno, como he señalado, porque las condiciones
de vida actuales, sobre todo por las exigencias del
mundo laboral, están afectando de forma notable al
ámbito familiar. Pretendemos contribuir a mejorar la
situación de muchas familias que encuentran muy
serios problemas en conciliar ambos mundos, en conciliar la vida personal y la vida laboral o profesional. Nos
proponemos adoptar medidas ya desde este momento:
crear un observatorio de las familias; completar reglamentariamente la Ley de protección a las familias
numerosas, queremos incluir nuevos supuestos y beneficiarios, por ejemplo las parejas de hecho excluidas de
los beneficios de la ley al exigirse hasta ahora el vínculo
conyugal. Estamos elaborando un nuevo plan integral
de apoyo a las familias y una ley de protección integral
de las familias porque queremos atender nuevas formas
de convivencia, así como nuevas prestaciones y mecanismos de conciliación. Con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, precisamente para la
conciliación, queremos establecer una red de atención a
los niños de 0 a 3 años, impulsar un nuevo marco regulador de condiciones y requisitos de estos centros,
ampliar el número de plazas públicas con el fin de acercarnos a la tasa de cobertura del 33 por ciento para los
menores de tres años, este objetivo está fijado por la
Unión Europea para el año 2010. Con ello pretendemos
mejorar la organización familiar de muchos hogares que
no cuentan con apoyos familiares para compaginar sus
tareas profesionales con el cuidado de sus hijos. También impulsaremos las modificaciones necesarias que
favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral.
Señorías, garantizar los derechos de la infancia y
proteger el desarrollo de nuestros niños, de nuestros
adolescentes, es una gran responsabilidad. El Gobierno
está elaborando el plan nacional de infancia y adolescencia que incluirá una estrategia integral para dar
cumplimiento a los compromisos que nuestro país ha
asumido en la Asamblea de Naciones Unidas en el
documento Un mundo justo para los niños. Asimismo, garantizamos la aplicación de la Convención de los
Derechos del Niño en todo el territorio nacional. Quiero llamar su atención sobre el barómetro de marzo de
2004 que ha publicado el CIS. Los españoles consideran que la violencia doméstica ejercida contra los niños
es una práctica extendida en nuestro país. Esta es la
opinión del 60 por ciento de los españoles, que creen
que esta práctica está bastante extendida o muy extendida. Compartirán conmigo que la erradicación de estas
conductas intolerables es una exigencia de toda socie-
dad digna. Para el Gobierno, por lo tanto, la protección
de la infancia es importantísima. Reforzaremos el
Observatorio de la infancia e impulsaremos la elaboración de un código ético de protección a los niños en
televisión, prensa, publicidad e Internet. Estamos ya
estudiando las conclusiones de la Comisión sobre
Adopción Internacional del Senado. En estas conclusiones se propone la revisión de las legislaciones estatales sobre adopción y también se propone la creación
del consejo consultivo de la adopción internacional.
Finalmente en esta materia quiero señalar que el
Gobierno impulsará con la máxima celeridad el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 5/2000, de
responsabilidad penal de los menores infractores.
Permítanme que me refiera ahora al programa del
Gobierno para las personas con discapacidad. Como
saben, ayer he comparecido en la Comisión de Discapacidad, pero no quiero dejar de señalar algunos de los
objetivos fundamentales en esta Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales. Quisiera expresarles aquí mi firme
compromiso, político y personal, de mejorar las condiciones de vida de los discapacitados y sus familias.
Tres millones y medio de personas, según la última
encuesta sobre discapacidad del año 1999, conviven
con algún tipo de limitación física, psíquica o sensorial.
Vamos a impulsar las condiciones necesarias para su
incorporación a todos los ámbitos de la sociedad. Para
ello hemos adquirido el compromiso de establecer un
contrato de inclusión 9 por ciento, de modo que a la
incidencia demográfica de ese 9 por ciento de discapacitados se corresponda en un horizonte lo más próximo
posible el esfuerzo equivalente en medidas sociales, y
lo queremos hacer en diálogo permanente y estable con
los representantes del sector de la discapacidad. Vamos
a desarrollar reglamentariamente la Ley de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Hemos enviado ya al Consejo de Estado el real
decreto de creación del consejo nacional de la discapacidad como paso previo a su inminente aprobación en
el Consejo de Ministros. No podemos engañarnos,
señorías. La verdadera integración social pasa por la
inserción laboral, por eso es un empeño decidido del
Gobierno mejorar el empleo de los discapacitados.
Desarrollaremos el Plan estatal de promoción de la formación y empleo de las personas con discapacidad, lo
haremos dentro del Plan de empleo de España, en el
que estén incluidos aspectos formativos, como la alfabetización digital. También hay que hacer una revisión
del marco de incentivos para estimular la integración
laboral de las personas con discapacidad, sobre todo
aquellas que presentan más dificultades para ser contratadas y, por otra parte, hay que hacer hincapié en el
cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo, el
cumplimiento estricto y efectivo de la cuota del 5 por
ciento de reserva por parte de las administraciones
públicas. Tal como anunció el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Senado se reservará un turno específico para discapacitados en las
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próximas ofertas de empleo público. Así, en los casos
en los que no se cubran estas plazas de reserva, las mismas no se acumularán al turno libre sino que se incorporarán a la oferta de la siguiente convocatoria específica para personas con discapacidad. Donde queremos
multiplicar nuestro esfuerzo es en cuanto atañe a la
mujer discapacitada. Si el paro de las personas con discapacidad se sitúa en un 70 por ciento, en el caso de la
mujer es de un 84 por ciento. Tenemos que garantizarles un conjunto sistemático de medidas y acciones para
favorecer su acceso al empleo, a la formación y a la
conciliación de su vida laboral y familiar. El último
aspecto al que me quiero referir en cuanto a discapacidad es el desarrollo del Plan nacional de accesibilidad.
Se va a hacer un gran esfuerzo para asegurar la supresión de barreras en el ámbito de las nuevas tecnologías,
un campo cuyo futuro es crucial para el desarrollo y la
integración plena de los discapacitados, es lo que llamamos accesibilidad virtual, pero también tenemos que
allanar su camino hacia la comunicación con medidas
como el reconocimiento legal de la lengua de signos y
el impulso del centro español del subtitulado.
Señorías, quiero ahora detenerme en la política para
las personas mayores, para los mayores no dependientes. Los datos del padrón del año 2003 nos dicen que
las personas mayores, nuestros mayores de 65 años en
España son 7,2 millones, es decir, el 17 por ciento del
total de la población española. El aumento de este
colectivo debemos contemplarlo como un fenómeno
muy positivo, es consecuencia de la mejora de los niveles de bienestar que goza nuestra sociedad. Gran parte
de estas personas mayores mantienen unas condiciones
de vida muy aceptables, pero otras personas conviven
con el lado menos amable del envejecimiento, el progresivo deterioro de su salud, de la vida autónoma a la
dependencia. Esta es la trayectoria vital que supone
envejecer. Nuestro reto es lograr que este proceso se
produzca en las mejores condiciones posibles para
todos, pero también para sus familias. La política para
los mayores necesariamente debe de seguir dos estrategias diferenciadas: para los mayores activos y con
buena salud una estrategia que garantice jubilación y
envejecimiento satisfactorio, para los mayores que ya
no pueden valerse por sí mismos el sistema nacional de
atención a las personas dependientes al cual ya me he
referido. Para los mayores activos el Gobierno se plantea ya promover su autonomía, su participación plena,
siguiendo, como he dicho, los objetivos de un envejecimiento activo, y estamos impulsando ya medidas. La
primera, garantizar la seguridad económica de las personas mayores con una especial incidencia en el
aumento de las pensiones más bajas, y aquí queremos
una vez más reafirmar nuestro compromiso en la mejora de las pensiones, SOVI y pensiones de viudedad, con
el acceso prioritario de los mayores desfavorecidos a
los programas y prestaciones de la asistencia social. En
segundo lugar, estamos ya impulsando medidas de promoción de la salud y una vigilancia activa sobre los
grupos de riesgo con actuaciones de promoción del
ejercicio físico, hábitos saludables, medidas para la
promoción de la autonomía, sobre todo con entrenamiento en autocuidados, acceso a ayudas técnicas,
generalización de la accesibilidad en entornos, productos y servicios. Ya estamos promoviendo enfoques
positivos del envejecimiento con medidas, por ejemplo,
como mejorar la imagen de los mayores en los medios
de comunicación, favoreciendo la jubilación gradual y
flexible, promoviendo el acceso a los bienes culturales
y a la sociedad de la información, potenciando su participación en órganos de representación, en asociaciones,
en organizaciones de voluntarios, y además por la promoción y apoyo al ocio de estas edades mediante vacaciones, termalismo, turismo de naturaleza, etcétera.
Aquí es donde quiero centrarme porque nos parece de
especial interés.
Quiero señalar que los programas de vacaciones y
termalismo social que viene impulsando el Imserso, y
que además tiene una reconocida solvencia social, los
vamos a mejorar. Tienen una eficacia económica porque son programas que inciden en la política de empleo
y en la economía del sector turístico. Señorías, para la
temporada 2004-2005 aumentaremos 80.000 plazas en
el programa de vacaciones, con un incremento en el
presupuesto de 6.376.410 euros, y complementaremos
la financiación para los beneficiarios que residen en las
islas menores de Canarias y Baleares con el fin de compensar los gastos extra de transportes que les origina su
traslado a los puntos de salida. Asimismo, estudiaremos abrir el programa a personas mayores de países de
la Unión Europea. Señorías, queremos establecer un
amplio y ambicioso intercambio con los países de la
Unión Europea, queremos que nuestros mayores viajen
a Europa, queremos reforzar el sentimiento de ciudadanía europea entre nuestros mayores. Ya se hace con
Portugal, nosotros queremos ampliar estos acuerdos,
sabemos que con ello estamos mejorando la acción
social hacia nuestros mayores, pero no les quepa la
menor duda de que con ello también alcanzaremos una
repercusión muy positiva en la creación de empleo y en
la mejora de la economía del sector turístico español.
Señoras y señores diputados, una de cada cinco personas mayores de 65 años vive sola y tres cuartas partes
son mujeres, 1.043.327 mujeres mayores viven solas.
En ocasiones estas personas se convierten en ancianos
golondrinas, que pasan temporadas rotatorias con sus
familiares más cercanos. A este colectivo este Gobierno, en colaboración con los gobiernos de las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, quiere dedicarles una especial atención con dos objetivos:
aumentar su seguridad a través del servicios de teleasistencia y prolongar la permanencia en su hogar el mayor
tiempo posible, y lo haremos con más ayuda a domicilio. Es significativo recordar que en el barómetro del
CIS de noviembre de 2001, el 50 por ciento de los
encuestados no conocían los servicios de teleasistencia.
Ha sido una gran sorpresa para todos los gobiernos, los
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problemas cotidianos que tenemos los ciudadanos en
las distintas etapas de la vida, por eso esta Comisión es
muy importante para todos.
Vamos a pasar a dar la palabra a los respectivos grupos parlamentarios, pero quiero adelantarles una cuestión de orden de esta casa. Vamos a convocar reunión
de Mesa, Mesa y portavoces, al finalizar esta Comisión
en esta misma sala. Lo digo para que ustedes puedan
ordenar sus trabajos y sus tiempos. Pasamos inmediatamente al turno de peticiones de grupos parlamentarios,
empezando por el señor Campuzano.
Tiene la palabra el señor Campuzano por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió.
de las comunidades autónomas sobre todo. Por ello
queremos extender de forma significativa el conocimiento de la teleasistencia, pero, señorías, sobre todo
el número de usuarios en todo el país. Tenemos una
previsión: atenderemos un millón de personas en esta
primera legislatura. Un millón de españoles serán atendidos a través de la teleasistencia a lo largo de esta
legislatura. Señorías, queremos extender, intensificar y
diversificar un servicio de atención domiciliaria de
calidad, con un abanico de prestaciones amplio y adaptado a las necesidades personales de los usuarios. La
calidad, además de aumentar la cualificación profesional de los trabajadores del sector, pasa por incrementar
la media de horas de atención, que actualmente está en
torno a cuatro a la semana, es nuestro propósito acercar
el número de usuarios a la media europea. Nos proponemos que a lo largo de esta legislatura se incorporen
865.000 atenciones en ayuda a domicilio.
Quisiera terminar mi intervención con una reflexión,
que espero compartan ustedes conmigo: el gasto en
servicios sociales debemos considerarlo como inversión. Los recursos financieros que dedicamos a estas
políticas están creando empleo, bienestar y calidad de
vida. Por tanto, la inversión en políticas de bienestar
social, además de garantizar la solidez de la sociedad
del futuro, genera importantes retornos económicos: se
incrementan los ingresos fiscales (IRPF, IVA, otros
impuestos) y aumentan los ingresos por cotizaciones a
la Seguridad Social, pero también hay ahorro en prestaciones (desempleo...), disminuye el gasto de la Seguridad Social, y lo hace sensiblemente. Quisiera insistir,
por lo que se refiere al empleo, en que la mayoría de
las nuevas ocupaciones creadas por la inversión social,
según nuestras previsiones, para el desarrollo del cuarto pilar del Estado del bienestar van a afectar a colectivos que tienen dificultades de inserción laboral; va a
afectar sobre todo a las mujeres, a mujeres del medio
rural con escasas posibilidades de empleo, a mujeres
en el ámbito urbano que tienen escasa cualificación
profesional, mayores de 45 años y de muy difícil
empleabilidad. Por tanto, el nuevo empleo que se va a
generar a partir del desarrollo de los nuevos servicios
sociales contribuirá a bajar la tasa de desempleo de
nuestro país, en especial lo que llamamos el paro
estructural. Va a elevar la tasa de actividad, especialmente de las mujeres, y también luchará contra la temporalidad. Señoras y señores diputados, si conseguimos instaurar entre todos el cuarto pilar del Estado de
bienestar habremos logrado para todos una sociedad
más justa, más libre y más democrática.
Quiero, por último, reiterar mi disponibilidad y la
de mi equipo. Estaremos todos dispuestos a colaborar
con SS.SS. en esta Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales siempre que lo consideren.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias,
señora presidenta.
Gracias, señora Valcarce, por su intervención, y también quiero darle lógicamente la bienvenida en nombre
de Convergència i Unió en su primera comparecencia
en esta Comisión. Creo que ayer ya mi compañera
Mercè Pigem también agradeció su intervención en la
Comisión que se ha creado expresamente en esta legislatura para trabajar en el ámbito de las políticas que
afectan a las personas discapacitadas.
Mi grupo planteaba su comparecencia con relación a
dos cuestiones: las políticas de apoyo a la familia, las
políticas de apoyo al tercer sector, pero lógicamente su
intervención de carácter global sobre los aspectos que
gestiona su secretaría de Estado me obligan a plantear
también otras cuestiones. Además su visión global
sobre buena parte de los asuntos que están bajo su responsabilidad me invita muy expresamente a ello. De
entrada, dada su intervención de carácter global, le querría plantear tres grandes cuestiones que sería bueno
que esta comparecencia de hoy sirviese para aclarar.
Usted asume de manera rotunda un compromiso que
expresó el propio Presidente del Gobierno, como es la
puesta en marcha del cuarto pilar del Estado del bienestar. Yo creo que todos compartimos ese horizonte político, ese déficit de nuestro sistema del bienestar, pero es
evidente que la puesta en marcha de un cuarto pilar del
Estado del bienestar lo que va a exigir fundamentalmente es la incorporación a los Presupuestos Generales
del Estado de las partidas que hagan posible la puesta
en marcha de estas políticas. Eso quiere decir también
conocer cuál es el horizonte presupuestario de final de
legislatura del Gobierno en gasto social. El Grupo
Socialista en estos años de oposición ha denunciado
reiteradamente, ayer mismo en diversos debates tuvimos ocasión de escucharlo, cómo el gasto social en
estos últimos años en términos de participación del
gasto social en el PIB ha disminuido. A mi grupo le
gustaría conocer en este ámbito de las políticas que
usted gestiona, específicamente de las políticas vinculadas al apoyo de la familia, a cuánto aspira llegar a
final de legislatura en participación del gasto social en
producto interior bruto. Sería razonable políticamente
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora
secretaria de Estado. Es muy gratificante en esta Comisión, yo creo que para todos los miembros, escuchar los
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que esta Comisión tuviese conocimiento de cuáles son
sus horizontes presupuestarios.
En segundo lugar (en el principio de su intervención
usted también lo planteaba), buena parte de las políticas de carácter social hoy, por definición estatuaria y
definición constitucional, forman parte del bloque de
competencias que desarrollan las comunidades autónomas, y hoy nos encontramos ante dos paradojas. Por un
lado, el Estado continúa instalado en la gestión de
determinados programas de servicios que en buena
lógica debería corresponder gestionar a las comunidades autónomas. Usted ha hecho mención expresamente
a dos que tienen una especial importancia, y su propia
intervención así lo indica, pero que, en cambio, en una
concepción avanzada del modelo de Estado que tenemos y en una concepción cargada de sentido común y
en aras de la eficacia, deberían ser gestionadas por
parte de las comunidades autónomas, como son las
subvenciones vinculadas al 0,52 por ciento del IRPF y
los programas de vacaciones de las personas mayores.
Mi grupo no entiende cómo esos dos programas se conforman aún como un núcleo duro de la gestión del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A nuestro
entender estos dos programas deberían ser de manera
inmediata negociado su traspaso a las comunidades
autónomas que en materia de asistencia social tienen
competencias plenas exclusivas. Por tanto, a mi grupo
le preocupa de su intervención una nula vocación de
avanzar en llenar de contenido esas competencias en el
ámbito social que tienen las comunidades autónomas y
que en todos estos años no ha habido manera de desbloquear. Usted sabe que el Gobierno catalán, en el que
participa el Partido Socialista, en el estado de peticiones de transferencias a realizar según el actual Estatuto
de Autonomía de Cataluña figuran esas dos competencias; no es tan sólo que se lo reclame Convergència i
Unió, sino que el Gobierno de la Generalitat, en el que
participa su partido, le está reclamando también el traspaso del 0,52 por ciento del IRPF y el traspaso de la
gestión de los programas de vacaciones. A mí me preocupa que en su intervención (luego haré referencia un
poco más extensa a ello), sobre plan concertado, ley de
servicios sociales, ley de atención a la dependencia,
tenga la tentación de hacer una regulación legal de estas
materias excesivamente intervensionista respecto a
aquello que luego se debe desarrollar por parte de los
gobiernos autonómicos.
Convergència i Unió entiende que es bueno que haya
una ley general del Estado que establezca el acceso
universal de las personas a los servicios sociales, especialmente en los supuestos de las personas en situación
de dependencia, pero esa ley debe ser una ley de mínimos; una ley que no establezca a fondo las condiciones
precisas de los servicios que se deben de prestar, porque el catálogo de servicios y su desarrollo a quien
debe corresponder es a las comunidades autónomas, a
sus parlamentos y a sus gobiernos. Nos preocuparía
que esas dos leyes que usted anunciaba, la ley de aten-
ción a la dependencia y la ley de servicios sociales,
supusiesen una intromisión, inaceptable para nosotros,
en el ámbito de las competencias en materia de asistencia social que tienen las comunidades autónomas.
Finalmente, también de orden general, a nosotros en
su intervención nos preocupa un excesivo intervencionismo público de la Administración en relación al conjunto de las políticas de carácter social. Una sociedad
moderna, como en la que hoy a ustedes les toca gestionar el poder político, es una sociedad que supera la
dicotomía entre público y privado y es capaz, a través
de la concertación y del partenariado, establecer estrategias conjuntas, especialmente con la sociedad sin
ánimo de lucro, en la prestación de los servicios sociales. A mí me hubiera gustado en su intervención también oírle que está por una apuesta expresa por esta
sociedad civil organizada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios vinculados al Estado del bienestar, porque precisamente los retos a los que debemos
hacer frente, el reto del envejecimiento, el reto de una
sociedad multicultural, el reto de una sociedad en la
que es necesario reforzar el capital social de esa propia
sociedad como mecanismo de creación de confianza
entre los ciudadanos, de estímulo al concepto del interés general, al concepto del bien común, exige esa activa participación de asociaciones de padres y de madres,
de asociaciones que agrupan a personas con discapacidad, personas que por razones de todo tipo se agrupan
en la defensa de intereses colectivos y de intereses
comunitarios. A mí me hubiera gustado también una
apuesta más firme en esa perspectiva.
Tres consideraciones generales: horizonte de gasto
social en términos de PIB, cuál es el compromiso efectivo del Gobierno para construir esa cuarta pata del
Estado del bienestar; preocupación ante una visión
excesivamente centralista y poco avanzada en el desarrollo de un modelo de Estado complejo y plural y de
pleno respeto a las competencias que hoy aún no pueden ejercer las comunidades autónomas, y participación activa de la sociedad civil en el conjunto de prestaciones del Estado del bienestar.
Más allá de esas consideraciones de carácter general,
algunas preguntas concretas sobre aspectos concretos
por los que mi grupo pedía en su comparecencia: En
primer lugar, declaración de utilidad pública —sé que
no compete a la secretaría de Estado que usted dirige—, pero la declaración de utilidad pública para las
entidades sin ánimo de lucro constituye seguramente
uno de los elementos más primordiales para reforzar su
capacidad de participar en las relaciones privadas que
puedan afectar a particulares y empresas. ¿Tiene previsto el Gobierno elaborar un reglamento de declaración de utilidad pública que, por un lado, dé agilidad a
este proceso y, por otro, dé plena participación a las
comunidades autónomas en el mismo?
En segundo lugar, en ese mismo ámbito de apoyo al
tercer sector, políticas concretas de apoyo a la creación
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de empleo a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué
previsiones tiene el Gobierno en esta materia?
En tercer lugar, políticas concretas que hagan posible que funcionarios de la Administración pública tengan excedencias que les permitan colaborar profesionalmente con las entidades sin ánimo de lucro. ¿Tiene
prevista alguna actuación el Gobierno?
En cuarto lugar, desarrollo de la cláusula social que
se incorporó en la Ley de contratos del Estado, que ha
tenido un desarrollo escasísimo y que, a raíz de una
pregunta escrita que he realizado, el Gobierno tan sólo
me responde en relación estrictamente al Imserso y al
Instituto de la Juventud, pero no me da una respuesta
global sobre la política del Gobierno en materia de
cláusula social como mecanismo para facilitar la creación de puestos de trabajo y la actividad económica por
parte de aquellas entidades que trabajan en el tercer
sector y especialmente en el ámbito de la acción
social.
Última cuestión, que tampoco le toca dirigir a usted,
pero creo que quien lidera la política de apoyo al tercer
sector debe tener sobre eso también capacidad de liderazgo, como es una nueva Ley de mecenazgo para
hacer efectiva esa capacidad de generar recursos privados hacia las entidades sin ánimo de lucro.
En el ámbito de la dependencia mi duda es, y sería
bueno que esta intervención nos lo aclarase, esa diferencia que va a haber entre la ley de servicios sociales y
la ley de atención a la dependencia. Mi grupo tiene
claro que necesitamos una ley de atención a la dependencia que garantice ese acceso a los servicios sociales
con carácter universal para las personas en situación de
dependencia, tiene menos claro que nos haga falta una
ley de servicios sociales, y a mí me gustaría conocer la
diferencia sobre esa cuestión.
Usted anunciaba además la puesta en marcha de un
fondo de mil millones de euros, me ha parecido entender, para activar el plan concertado como instrumento
básico de articulación de la política de atención a la
dependencia, si lo digo mal ya me corregirá, pero yo
creo que la cuestión sobre la atención a la dependencia
está muy ligada a con qué vamos a financiar la atención
a la dependencia. ¿El Gobierno apuesta por financiarlo
con las cotizaciones a la Seguridad Social o apuesta por
financiarlo mediante impuesto? En el debate sobre la
dependencia éstas son las principales cuestiones que el
Gobierno tiene planteadas y ahí sí que me gustaría
conocer cuál es la posición del Gobierno: ¿cotizaciones
sociales?, ¿impuestos?, ¿modelo mixto cotizaciones
sociales-impuestos? Sería muy, muy importante, que
pudiésemos aclarar esta situación.
En el ámbito de la política de la familia usted ha
hablado de una ley de apoyo integral a las familias.
Comparto esa necesidad, nos hace falta una ley de
apoyo integral a las familias, nos hace falta una nueva
Ley de conciliación de la vida familiar y laboral. También me gustaría conocer si el Gobierno puede avanzar
contenidos más concretos sobre estos dos proyectos de
ley porque compartimos la necesidad de activarlos y
ponerlos en marcha.
Finalmente, yo he notado a faltar en su intervención
de carácter global, no es una cuestión específica que
Convergència i Unió le plantease pero sí en la petición
que usted realizaba de comparecencia sobre líneas
generales de su departamento, una referencia específica
a la lucha contra la pobreza. Mi grupo entiende que es
necesario ser activos y potentes en esta materia y planteó en la pasada legislatura, con un éxito escaso, y doña
Esperança Esteve creo que va a coincidir en esa visión
de la necesidad de avanzar hacia una ley reguladora de
las empresas de inserción, una vieja demanda que plantea este sector. Si se han producido regulaciones a nivel
nacional, como es el caso de Cataluña, en una ley de
empresas de inserción, sería bueno contar también con
un marco estatal que favoreciese la actividad de la
sociedad civil en la puesta en marcha de programas que
facilitasen la incorporación al empleo de personas en
situación de exclusión social. A mí me gustaría conocer
cuál es su posición, como al mismo tiempo cuál es su
perspectiva por lo que hace referencia a la mejora de las
pensiones no contributivas, uno de los principales instrumentos de lucha contra la pobreza en España y que
hoy continúan seguramente en tal situación de suficiente debilidad como para implicar una revisión a fondo
por parte del Gobierno de los criterios de otorgamiento
de estas pensiones no contributivas. Sobre esas cuestiones de pobreza me gustaría conocer también la opinión
del Gobierno y quizás seguramente enlazándola con lo
que es la elaboración del Plan de inclusión social que la
Unión Europea nos ha mandatado organizar.
Por mi parte nada más, eso sí, deseándole suerte en
su acción política y manifestándole que si somos capaces de estar de acuerdo en esa necesidad de fijar el
horizonte compartido de incremento del gasto social
que nos acerque a los estándares de la Unión Europea,
si somos capaces de hacer una política social que pase
por el respeto de las competencias que hoy tienen las
autonomías en este ámbito pero que se apueste por un
modelo de Estado avanzado en materia autonómica, y
si somos capaces de compartir la confianza hacia la
capacidad de la sociedad civil, pues usted va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió en sus acciones.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Barkos por el Grupo Mixto.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señora Valcarce, bienvenida y le doy las gracias por su comparecencia en Comisión. Le deseo toda la suerte del mundo
para la próxima legislatura en este cometido de objetivos compartidos por todos quienes nos encontramos en
estos momentos en Comisión y seguramente por todos
los diputados.
Nos ha expuesto un plan ambicioso de reforma legislativa, muy, muy amplio, pero sin especificar plazos,
—quisiera empezar por aquí—, y ha sido somero tam-
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ha realizado y posiblemente en la mayoría de las propuestas o prioridades que ha marcado.
En este sentido hemos de manifestar, precisamente
ligado con su intervención, cuál sería de alguna manera
nuestra preocupación en estos momentos en cuanto a
los sistemas de servicios sociales en España, en cuanto
a que estamos de acuerdo en que es una de las patas del
Estado de bienestar y de los sistemas de protección que
sufre y que ha sufrido un atraso acrónico, que se ha
acentuado a nuestro entender muchísimo en estos últimos ocho años en el proceso de construcción de lo que
habrían de ser los sistemas de protección social. En
estos momentos es uno de los sistemas más imperfectos
entre los países de nuestro entorno y habría sido una
gran oportunidad que en estos últimos ocho años se
hubiera avanzado en todas estas cuestiones desde el
inicio de la implantación, precisamente por ser el inicio, porque se hicieron de una manera y como ahora la
realidad ha cambiado, no se ha adaptado.
Diré también que si bien es cierto que la mayoría de
las comunidades autónomas tienen la competencia, en
concreto Cataluña, que es una de las comunidades
autónomas a la que también evidentemente represento
por pertenecer al Grupo de Izquierda Verde, aparte de
al resto del Estado, si bien tienen estas competencias,
en la mayor parte de los casos ha habido un desarrollo
de las leyes de servicios sociales que no ha permitido
corregir algunas de lo que nosotros llamamos abominaciones benéficas estatales, para entendernos; por ejemplo: no ha habido una definición de los derechos y
prestaciones individuales, esto continúa siendo así en la
mayoría de comunidades y en estos momentos es un
problema; se han desarrollado sin dar ninguna seguridad jurídica a la hora de la determinación de las necesidades y de los beneficiarios y asimismo se han intentado crear redes públicas de servicios sin determinar las
vías para conseguirlo o la dotación de los recursos adecuados.
Todo esto es una realidad, una realidad en la mayoría
de comunidades —en Cataluña lo es así—, que evidentemente ahora se está intentando también reorganizar.
En Cataluña se está elaborando, se está trabajando en
una nueva ley de servicios sociales, por tanto, todo esto
que digo es coherente con lo que se intenta ahora desde
el nuevo Gobierno de la Generalitat. Esto liga con que
nosotros sí que estaríamos de acuerdo en la necesidad
de esta ley marco que usted nos planteaba, contando,
evidentemente, con el respeto, no solamente en este
ámbito o en este ministerio sino en otros también, que
tiene el Gobierno a las comunidades autónomas. Esta
ley por supuesto va a ser una ley base, una ley de mínimos, una ley en la que dé esta garantía de prestaciones
básicas de derecho universal para todo el Estado que
después las comunidades, evidentemente autónomas,
tendrán que acoplar, tendrán que de alguna manera
desarrollar y tendrán que garantizar con el debido presupuesto.
bién el avance de contenidos con respecto a esa reforma
en diferentes ámbitos que usted nos propone, aunque
seguramente compartimos su necesidad.
Me gustaría detenerme en este punto en lo relativo a
ese paquete que usted anunciaba de leyes y de planes
que buscan garantizar la universalidad de los servicios
sociales, que buscan garantizar a todos los españoles
este capítulo. La pregunta en este punto es cómo queda
entonces la población inmigrante en España, si los servicios quedan universalizados para todos los ciudadanos españoles, cómo acometer la garantía de determinados servicios, si no un cupo importante de ellos, a esa
población que en estos momentos no cuenta con la
nacionalidad española. Quiero insistir también en que
se ponga especialmente el acento, lo ha dicho usted
pero sí quería que constara, en la situación de las personas dependientes y sus familias, porque hoy nos encontramos con que este es uno de los pilares fundamentales
en la difícil conciliación entre la vida laboral y familiar
y además uno de los principales obstáculos en el acceso
de la mujer en muchas ocasiones, en el desarrollo de la
mujer en el mundo laboral. No ha hablado de plazos y
sí le agradecería una aproximación en este sentido para
ir haciéndonos una idea de por dónde empezaremos a
trabajar en los próximos meses.
Apuntes también, pero poco definidos, en política
presupuestaria para su departamento. Decía usted que
el gasto social es inversión, prácticamente ha terminado
su intervención con esta frase, que compartimos rotundamente; lo que sí quisiera saber es cuánto están dispuestos ustedes a invertir en esta legislatura. En este
sentido también apunto una pregunta muy concreta.
Entiendo que en lo que a financiación del tercer sector
respecta, nos ha dado los datos ya establecidos en los
presupuestos del Gobierno anterior. No me ha quedado
claro, esto sí quisiera que me lo aclarara, si han reforzado alguna partida en concreto y sí me gustaría que nos
avanzara, en la medida de lo posible, las perspectivas
para 2005.
Ha avanzado también una serie de actuaciones que
en principio son ya competencia de las comunidades
autónomas y ayuntamientos. Sí me gustaría saber cómo
tiene previsto la secretaría que usted dirige concertar
las actuaciones a tres bandas: Administración central,
ayuntamientos y comunidades autónomas.
Por lo demás, lo dicho, en los objetivos, sin duda
todos de acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora
Barkos, por su brevedad también.
Tiene la palabra la señora García, del Grupo de
Izquierda Unida-Izquierda Verde.
La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar,
felicitarla por su nueva responsabilidad y por la exposición que nos ha realizado. Nuestro grupo coincide
prácticamente en muchas de las valoraciones que usted
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En este sentido, lógicamente recordaré que cuando
en su momento evidentemente se aprobó el primer plan
concertado, cuando se empezaron a desarrollar los servicios sociales, la realidad del Estado español, y la realidad de las diferentes comunidades autónomas también
eran una y las necesidades también eran unas, y que en
estos momentos ha habido modificaciones importantes.
Hay realidades, como por ejemplo no el problema, ya
que nosotros nunca hablamos de problema, pero sí la
situación de la inmigración, que no existía, y que ahora
existe, como otras necesidades también evidentemente.
Todo esto no se pudo tener en cuenta, y hace falta
reconducirlo y hace falta volver a situarlo en el escenario de esas competencias, en el escenario de esa corresponsabilidad y de esa financiación entre el Estado, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos. Mi experiencia o mis años fundamentales, tanto políticos como
profesionales siempre han sido los municipios y siempre aprovecho para recordar que son los que sufren más
precisamente toda esta situación de indefinición de los
marcos de prestaciones y de las garantías de derechos
jurídicos y tal y de la financiación, tanto por parte del
Estado como por parte de las comunidades autónomas,
porque en definitiva han sido los que han tenido que
tener una imaginación impresionante y una voluntad
más allá de sus posibilidades en la mayoría de ocasiones. En estos momentos son los ayuntamientos los que
necesitan más que nadie, las comunidades autónomas
también, que de alguna manera se reorganice todo este
sistema tanto de derechos y deberes como de financiación. Insisto mucho en esto porque tengo una hipersensibilidad con el tema de los municipios.
Nuestras prioridades, para demostrar un poco que
aquí coincidimos, es precisamente que estamos convencidos que hace falta un nuevo pacto social y político
para fijar esos derechos garantizados en servicios
sociales, que esto ha de llevar a esta modificación legislativa para adecuar la reglamentación actual a los contenidos de este pacto y que ha de haber un aumento, en
esto también coincidimos, del gasto en protección
social. Aquí sería donde pondríamos no una interrogante, hemos de ser sinceros, pondríamos muchos interrogantes. Nos gustaría también, como también ha comentado el portavoz de Convergència i Unió, saber cuál es
este horizonte de presupuesto, más que nada porque
nos podemos ilusionar muchísimo; queremos saber si
nos podemos ilusionar poco, medianamente o mucho.
Más que nada es para saberlo simplemente, porque
entonces ya también tú acoplas tus expectativas hacia
las iniciativas que has de tener. Entonces aquí sí que le
pediría, por favor, que intente precisar al máximo posible esta cuestión.
Después, le pediría la mayor cooperación entre las
administraciones públicas. Esto es fundamental. Aquí
entrarían todas las Administraciones, e incluso diputaciones, etcétera, Ha de hacerse un esfuerzo yo diría
importantísimo por rentabilizar al máximo todos los
esfuerzos, todas las aportaciones, todos los recursos,
toda la gestión que desde las diferentes administraciones se está haciendo para en definitiva acabar dando el
mejor servicio a la población.
Habría muchas cuestiones, aunque ya hay bastantes,
sobre las que querríamos también profundizar, como es
precisamente cómo y de qué forma el Gobierno plantea
este complemento de la gestión, porque para nosotros es
la gestión entre el concierto privado y el concierto público. Entendemos que esto es la filosofía, es el planteamiento, son los objetivos del Gobierno del Estado y que
después se verá cómo se gestionan y de qué manera se
complementa entre la gestión pública o la gestión privada. Toda esta acción ha de ser de una rigurosidad extraordinaria, desde los criterios hasta el control de la eficacia
de la gestión y por supuesto del presupuesto que a través
de convenios o a través de otro tipo de conciertos se puedan realizar. Aquí hay un agujero importante. Nos parece
que hay mucho trabajo por realizar durante esta legislatura y que es una manera también de rentabilizar y de ver
dónde se han de colocar las prioridades. No sirven en
cada época, no tiene nada que ver la situación actual de
hoy con la de hace quince o veinte años, no puede ser
que por sistema vayamos reproduciendo los mismos
convenios, las mismas prioridades. Lo diría en general,
sin entrar en un sector o en otro, pero hace falta hacer
una parada y ver realmente dónde se han estado dedicando los esfuerzos hasta ahora y dónde se han de dedicar a
partir de ahora, sin ningún tipo de pudor. Si hay una
posibilidad equis económica, se ha de ver cómo se redistribuye esta, sobre todo en un ámbito como es el de los
servicios sociales. Lo que no puede ser es que por mimetismo continuemos haciendo exactamente lo mismo.
Esto lo digo a cualquier nivel, porque quizá en los municipios también pasa. Cada año no pueden hacerse los
mismos programas, los mismos proyectos, las mismas
actuaciones, porque nada es igual, nunca nada es igual y
realmente en servicios sociales todo ha cambiado muchísimo en estos veinte años. Por lo tanto, se ha de ser absolutamente sensible y muy, muy responsable en cómo se
gestiona evidentemente el presupuesto del ámbito de los
servicios sociales.
Los programas de pobreza también figuran en nuestro programa y nuestra actuación en esta legislatura
será un seguimiento muy cercano de este tema. Tenemos propuestas muy concretas que iremos también
presentando en los diferentes lugares, en las comisiones y en el Pleno. Me ha parecido, por la exposición
que usted ha hecho, que podremos coincidir y espero
que podamos colaborar.
No me querría extender más, hay una larga legislatura por delante y tendremos ocasión de colaborar conjuntamente.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el Grupo
Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La señora presidenta me va a perdonar porque tengo que responder a
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una fracción de la intervención de la señora Valcarce.
Comprendo que es un uso parlamentario perverso, pero
uno no puede multiplicarse más de lo que sus capacidades físicas le permiten; es decir, no estoy dotado del
don de la ubicuidad.
Señora Valcarce, yo comparto algunas de las inquietudes que han sido manifestadas por el señor Campuzano y la señora Barkos, que me han precedido en el uso
de la palabra, en relación a las cuestiones competenciales o a las inquietudes competenciales.
Cuando se escucha aquí que esto se hará en colaboración con las comunidades autónomas», yo no voy a
hacer aquella manifestación extrema de aquel ministro
franquista que decía: Cuando oigo la palabra cultura
saco la pistola. (Risas.) Sin embargo, una inquietud de
esa naturaleza sí que nos embarga cuando oímos palabras de esta naturaleza, sobre todo por experiencias
amargas de gobiernos anteriores de uno y otro signo.
Aquí la palabra colaboración no deja de ser una perífrasis o un eufemismo que encubre la idea intromisión
competencial en muchas ocasiones. Le recordaría que
en una materia como la que usted gestiona, las múltiples políticas sectoriales que usted gestiona, son políticas que están transferidas en su totalidad a las comunidades autónomas. Nos encontramos con la
imposibilidad de armonizar dos principios difícilmente
armonizables, difícilmente compatibilizables: el carácter horizontal de las políticas de las que usted es responsable con el carácter vertical de los títulos competenciales que configuran el bloque de constitucionalidad.
Las competencias corresponden a aquellas a las que el
bloque de constitucionalidad se las atribuye. El señor
Campuzano ha citado algunas. La imputación del 0,53
no es un problema para la Comunidad Autónoma del
País Vasco ni la Foral Navarra por el Concierto y el
Convenio Económico, respectivamente, pero es que no
sólo están transferidas estas competencias con carácter
exclusivo sino también otras: las de viajes, atención a
las situaciones de emergencia social, lucha contra la
pobreza, pensiones no asistenciales o complementos de
pensiones. Incluso aspiramos a que se transfiera más
porque los títulos competenciales son mayores, aunque
hay una falta de acuerdo todavía en relación a cuestiones como incluso el tronco del sistema público de pensiones, el sistema público de Seguridad Social.
Luego yo le pediría sencillamente una exquisita sensibilidad autonómica y que cuando se hable de cooperación se hable de cooperación no desde la intromisión
o desde la imposición de criterios centralizadores,
armonizadores, sino desde una coordinación real, no
desde la subordinación sino desde la buena fe y desde
la necesidad de que esa coordinación coadyuve a articular unas políticas más eficientes en materias tan
sensibles, tan delicadas y tan vinculadas a requerimientos sociales tan elementales como los que usted
tienen que gestionar.
Como no le puedo hacer demasiadas preguntas por
razones obvias, sobre todo la fundamental es no haber
escuchado la primera parte de su intervención, le haré
algunas que sí que constituyen verdaderas novedades
en este ámbito, en el ámbito de sus competencias. La
primera sería la siguiente: en este momento las instituciones vascas, las instituciones forales —porque ya
sabe usted que nosotros tenemos un entramado institucional muy complejo y las instituciones forales vascas
tienen tanto poder político como el propio Gobierno
vasco, en ocasiones más, en algunas materias más—,
están creando fundaciones que se dedican nada menos
que a certificar que los porcentajes de los beneficios
empresariales que las empresas privadas dedican o a la
cooperación o a las ayudas de naturaleza social, las
ayudas que sean, realmente tengan ese destino. Ese
porcentaje de ayudas, en este momento se ha convertido, por qué no decirlo, para algunas empresas privadas
en una especie de marketing social, ésa sería la expresión a utilizar. Eso requiere algún tipo de control administrativo que realmente verifique el destino de esos
porcentajes de los beneficios, que su destino sea aquel
que se pretende, o cooperación para el desarrollo con
otros países o ayudas a algunas de las actividades que
correspondan a su departamento. Yo no sé si hasta la
aprobación de la nueva Ley del mecenazgo que me ha
parecido oír que se va a realizar o se va a acometer, se
piensa en la constitución de algún ente que certifique,
que verifique este tipo de actuación.
Hay otra pregunta que dirigiéndosela a usted resulta
particularmente pertinente, dada su especialización en
materia educativa y las responsabilidades que ahora
tiene que ejercer. Es algo que todavía no está bien organizado o no está bien ordenado ni normativa ni extranormativa ni extrajurídicamente, que es la conversión
de las actividades en las ONG o en organizaciones que
actúan socialmente en distintos planes o en distintos
ámbitos de actuación, para cuando estos trabajos se
desarrollen por estudiantes universitarios, en créditos
universitarios a efectos de convalidar los créditos necesarios para culminar una carrera universitaria o una
actividad de naturaleza docente académica. Me gustaría saber si hay planes para normar adecuadamente una
cuestión que en este momento depende del voluntarismo de las universidades. Se respeta la autonomía universitaria, evidentemente, pero también se requiere
algún tipo de control de naturaleza pública y algún tipo
de ordenación jurídica más adecuada.
Esas son las cuestiones fundamentales. Le felicito
porque he podido oír que sus concepciones en materia
de política familiar son mucho más pertinentes que las
que tuvimos ocasión de escuchar en un debate que se
celebró ayer a la tarde sobre cómo debe fundarse filosóficamente la política familiarista en este país.
Nosotros estamos muy preocupados por el problema
recurrente, todavía permanentemente vigente y permanentemente irresuelto, de la conciliación entre la vida
familiar y laboral. Las reformas normativas acometidas
hasta ahora coadyuvan, aligeran el gravamen que sobre
todo afecta a las mujeres para acceder al trabajo: la
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generalización de las guarderías; la generalización de
los contratos a tiempo parcial, que no sé hasta qué
punto es una ventaja la generalización a tiempo parcial
porque no sé por qué las mujeres, o los hombres en su
caso, tienen que reducir su jornada laboral, con la
merma retributiva que eso supone, pero es una ayuda
relativa —aquí sí entrecomillo— la cuestión de ayuda o
de fórmula adecuada de promoción de esta conciliación; la generalización de los permisos, nosotros sentimos mucho la retirada por el Grupo de Esquerra Republicana el otro día de un incremento del permiso, de
paternidad en este caso sería, para los hijos recién nacidos, etcétera, etcétera.
Hay mucho por hacer, realmente el propio FSE
europeo ha reprochado al Estado español que sus políticas en el ámbito de la conciliación de la vida familiar
y laboral son absolutamente insuficientes y que hace
falta imprimir imaginación, consenso, concierto con
los interlocutores sociales y no sólo ubicar en el seno
de la negociación colectiva sino también en las acciones gubernamentales cosas nuevas que puedan posibilitar realmente que o la mujer o el hombre, alternativamente, puedan atender debidamente a sus
requerimientos familiares y a sus requerimientos laborales en una sociedad ya donde la generalización del
trabajo de la mujer es un hecho afortunadamente ya
casi conseguido.
mos, a veces tenemos este problema de encaje. Por un
lado, tenemos un reconocimiento de nuestras competencias, muchas de ellas con carácter exclusivo, pero el
dinero no lo tenemos, de manera que hay que hacer el
esfuerzo para garantizar lo que decíamos, el acceso a la
felicidad de todos los ciudadanos, hayan nacido donde
hayan nacido, con independencia de la etnia, o la religión, o la lengua, y, por otro lado, hay que hacer posible esta armonía entre las nacionalidades del Estado
español.
Esta tesitura se plantea en todos y cada uno de los
aspectos que tenemos que debatir en esta casa. Por
ejemplo, nosotros nos sentiríamos ahora, en esta coyuntura, muy satisfechos, pero muy satisfechos, si por
ejemplo tuviéramos garantizado, entre otras muchas
cosas, el traspaso del programa de termalismo social y
de vacaciones del Imserso. Oiga, con esto estaríamos
pero que muy satisfechos, por cierto, que requiere una
cierta modernización porque tiene unos aires de pasado
franquista, opacidad, un cierto clientelismo, mande
quien mande, gobierne quien gobierne, a la hora de
ciertas adjudicaciones que han salido en la prensa y en
algunos aspectos criticados.
Además, por ejemplo, nosotros planteamos como
una necesidad básica la gestión del 0,52 del IRPF. Se
lo voy a leer porque lo tengo aquí escrito y creo que lo
tenemos bien definido. Teniendo en cuenta la aportación de la población catalana y cómo revierte la recaudación para programas sociales realizados en Cataluña (y ahora hablo del Principat de Cataluña y no del
País Valencià ni de las Illes), la conclusión es que salimos perjudicados y no podemos además revertir un
porcentaje del dinero en programas que comienzan o
que tiene la Administración catalana, como hace el
Estado. La solicitud es que se transfiera el dinero
recaudado en Cataluña para que podamos hacer una
distribución más equitativa a entidades de alcance
catalán o local que facilite el seguimiento, la justificación y la evaluación de estos programas y podamos
disponer de más dinero para hacer frente a las necesidades crecientes de atención a colectivos. Las orientaciones generales y los criterios se podrían continuar
estableciendo en la conferencia sectorial estatal pero
el principio de subisidiariedad tendría que marcar
también la política del 0,52. Por cierto, nunca se nos
ha querido facilitar a los gobiernos autonómicos, al
menos en el caso catalán, la cifra de declarantes que
marcan la casilla del 0,52 para finalidades sociales.
Ignoro la razón.
Pasando por encima, de acuerdo básicamente en el
tema de las pensiones, celebramos que se vaya derogando la normativa que prohíba a las comunidades
autónomas complementar temporalmente las pensiones, y ahora si me permite haré un comentario. Voy
deprisa.
Por lo que hace a todas las iniciativas legislativas,
entiendo que quizá nosotros también tenemos algunos
prejuicios. Entiendo que desde la periferia del Estado a
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Esquerra
Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor
Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Mucho gusto en conocerla, señora Valcarce. Para nosotros no tendría que ser
difícil hablar de estos aspectos con ustedes, con el
Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, puesto
que coincidimos básicamente en todos los planteamientos de carácter social que están incluidos en su
programa electoral; hay matices pero básicamente estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en igualar los
derechos, es decir, estamos por una sociedad en donde
estén garantizados todos los derechos universales. De
manera que en principio la verdad es que si fuéramos
españoles estaríamos al ciento por ciento de acuerdo
con ustedes, o al 99,9 por ciento de acuerdo con ustedes; pero resulta que estamos españoles aunque no lo
somos. Como que estamos españoles y estamos en el
mismo Estado y tenemos muchas complicidades en
este devenir hacia la Europa de los pueblos, y estamos
construyendo este Estado plurinacional y pluricultural,
vamos a priorizar aquello que tenemos en común, que
no es otra cosa que luchar contra la pobreza, luchar
contra la exclusión, construir una sociedad en donde la
felicidad sea accesible para todos, la dependencia, problemas de inmigración, etcétera. Es decir que básicamente estamos de acuerdo.
¿Cuál es el problema de los republicanos, de los
independentistas catalanes, con ustedes? Que choca-
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La señora PRESIDENTA: Vamos a tener un descanso de cinco minutos, si les parece bien, y reanudamos inmediatamente la sesión. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión. Señorías, les ruego
guarden silencio, por favor. Tiene la palabra el portavoz
del Grupo Popular, señor Barrachina.
veces también, quizá como reacción a la historia de este
Estado, ponemos el carro delante de los bueyes, puede
ser. En definitiva, cuando oímos hablar, y coincido con
otros compañeros que han intervenido, cuando oímos
hablar de leyes del Estado nos ponemos en guardia.
Fíjese, hay una serie de leyes que afectan tangencialmente o centralmente a temas que a la vez afectan al
departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat
de Cataluña que están recurridas, mientras que otras no
han sido recurridas, no porque no fuera conveniente,
sino por razones políticas, simplemente coyunturales o
de oportunidad. Sería también un síntoma de buena
predisposición hacer una revisión de cuál es la situación por lo que afecta a las leyes recurridas y a otras
que podrían serlo, en el marco de este impulso legislativo, que me parece perfecto y además muy necesario,
que pretende y que usted nos ha anunciado.
Respecto a temas relacionados con la familia, estos
días ya se nota esa necesidad de impulsarlos, estos días
se ha hablado en el hemiciclo sobre la necesidad de
conciliar familia y trabajo, pero hay algunos aspectos
que me parecen importantes. Las comunidades autónomas se están convirtiendo en meros gestores de la política del Estado. Esto debería ser solucionado, lo cual
me lleva a hacer una referencia al plan concertado.
Celebramos que se haya desbloqueado, usted lo ha
anunciado, el 7,2 por ciento. Esto es una gran noticia
porque lo anterior era horroroso, horrible, porque las
necesidades sociales crecen, crecen y crecen, y como
decía la compañera de Iniciativa, quien acaba pagando
el pato es la Administración más cercana a los ciudadanos, es decir el mundo local. Por ello, estamos en línea,
básicamente con lo que usted nos ha informado y nos
sentimos más o menos solidarios y cómplices de su
intervención.
Nos gustaría que nos explicara, si puede ser, el
mundo carcelario, el mundo de los ciudadanos que se
ven privados de libertad, es decir, esta espiral perversa
de la exclusión a partir de perder la libertad, esta imposibilidad de coger el tren otra vez, ese tren que va a una
velocidad de vértigo. ¿Hay ya planes concretos o acabará siendo el mundo olvidado? Ciertamente desde el
punto de vista político, mediático, si hacemos caso
también a algunas corrientes de pensamiento mayoritarias, no vivimos los mejores tiempos. Me refiero a planes de acogida, de reinserción, casas de acogida para el
mundo de las cárceles. Creemos que un gobierno socialista debiera ser muy sensible a esto; si no lo son ustedes no lo será nadie porque realmente es la cara B de la
sociedad. Hemos conseguido que algunos aspectos
sociales de la exclusión, que hace unos años también
eran cara B hoy día estén encima de la mesa, por eso
coincidimos básicamente con la política de ustedes,
pero todavía hay algunos aspectos que quedan en la
recámara, están en la trastienda Uno de esos aspectos
es el mundo de los ciudadanos que se ven privados de
libertad y que requieren de políticas que les permitan,
repito, coger el tren de la sociedad.
El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias,
señora Valcarce, por su comparecencia y además felicidades porque objetivamente el cometido que usted
tiene que desarrollar es uno de los más apasionantes de
todas las secretarías de Estado y de todos los ministerios que conforman el Gobierno de España. Le agradezco también el respeto que he encontrado en muchas
de sus palabras por lo recibido, es decir, por el desarrollo reglamentario de leyes aprobadas previamente; por
el desarrollo de planes aprobados previamente, respeto
que yo creo que en otros departamentos ministeriales
no ha habido y cuyos únicos beneficiarios son los
colectivos de usuarios, personas con discapacidad,
menores, etcétera, que lo que requieren es estabilidad
normativa que les dé garantía y, por tanto, puedan
enfrentar horizontes de tranquilidad.
Después de escuchar los temas que usted ha abordado, me gustaría saber si el contenido de su secretaría de
Estado va a ser exactamente éste. Lo digo porque leímos anuncios, incluso después del resultado electoral,
de que se iba a crear un ministerio de la Juventud. En su
programa electoral hay un compromiso de crear específicamente una secretaría de Estado de la Discapacidad
y una secretaría de Estado de Familia, junto a un cuarto
elemento organizativo, que me gustaría conocer si se va
a crear, la Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género, que igualmente formaba parte de su programa electoral. Me gustaría saber por tanto si esta actual
estructura ministerial tiene el carácter definitivo y permanente o es coyuntural, a la espera del cumplimiento
de su programa electoral y de la palabra dada por el
actual Presidente, el señor Zapatero.
En su intervención, en materia de conciliación de la
vida familiar y laboral, ha hecho usted referencia a
algunos programas que se han aumentado recientemente con seis millones de euros, sin embargo, hay otro
más grande, el año pasado sería de más de 500 millones
de euros probablemente, no tengo el dato exacto, que es
el de la ayuda de estas 200.000 pesetas al año, de
los 100 euros mensuales a las mujeres que comparten
actividad laboral y además cuidado de niños. Concretamente en el año 2003 fueron, señora secretaria de
Estado, 625.000 mujeres españolas las que disfrutaron
de esta ayuda, que fue encarnizadamente criticada por
la anterior oposición y que ahora ha anunciado su
ministro que se iba a extender no sólo a las 625.000
mujeres que ya la recibieron el año pasado sino a todas
las mujeres, trabajen o no, es decir concilien o no su
vida familiar y laboral. Me gustaría saber, primero por
tranquilidad de las actuales preceptoras, si va a haber
algún cambio y, segundo, por aquellas otras que pudie-
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sen ver naturalmente estimulada su conciliación o
verse beneficiadas de esta ayuda, me gustaría saber si
ese compromiso de extender esta paga de 100 euros
ustedes lo mantienen o no, y en el caso de que vayan a
hacer alguna modificación, en qué dirección y sobre
todo naturalmente si ese más de medio millón de
mujeres actualmente beneficiarias van a ver mermado
su actual derecho.
He echado de menos también, aunque muy probablemente forme parte más de la vertiente de empleo
dentro de su ministerio, señora Valcarce, medidas sobre
el empleo femenino. Sabe usted que en nuestra etapa de
gobierno se generó algo más de dos millones de
empleos para mujeres, que concretamente el último año
de Gobierno del Partido Popular el 70 por ciento de los
empleos fueron femeninos. Se ha pasado, en suma,
usted lo sabe, de 4.300.000 mujeres que recibimos trabajando a 6.500.000, y por tanto supongo que ahí
seguirá habiendo medidas específicas para que este
crecimiento de los últimos años tenga continuidad.
También entiendo que los ocho años de Gobierno y los
cinco millones nuevos de empleos es una situación probablemente irrepetible por una serie de circunstancias,
especialmente por las políticas del Gobierno, pero sin
duda para mantener si no ese ritmo, sí un crecimiento,
harán falta medidas singulares específicas y me gustaría saber si su departamento tiene previsto, el suyo o
desde el suyo, dentro de su ministerio, proponer este
tipo de actividades.
Hay una cuestión que se ha tocado lateralmente, que
yo creo que es objeto también de esta Comisión, pero
muy probablemente de otra secretaría de Estado o
secretaría general, que es el tema de la violencia
doméstica. Se ha hecho sólo una referencia por su
parte, señora Valcarce, a la que se ejerce contra los
niños, y yo en este tema les pediría prudencia, porque a
nosotros en las cosas razonables nos van a encontrar sin
necesidad de ninguna transferencia de competencias, es
decir, nos van a tener, si coincide con nuestra ideología,
per se, sin nada a cambio, y me gustaría pedirle prudencia en el tratamiento legal de los niños, es decir que no
se distinga sobre todo a los niños de las niñas en ese
tratamiento. No lo he dicho yo, yo no me atrevo porque
no tengo capacidad para juzgar el anteproyecto de ley,
pero sí ha habido jueces, fiscales y catedráticos que han
juzgado ya este proyecto como irrealizable, disfuncional, desmedido, autoritario, ineficaz e ingenuo, un
grupo de 180 progresistas, jueces, fiscales y catedráticos, y por eso le pediríamos en esta materia que usted
ha tocado paciencia. A veces la urgencia nos lleva a que
jueces y fiscales lo tengan que calificar como un proyecto bienintencionado, como es el de la lucha contra
la violencia doméstica, y por eso le pedimos que las
buenas intenciones no se vean conculcadas o incumplidas por la urgencia o por la precipitación.
Hay una cuestión en la que usted nos va a encontrar
de su lado, que es la dependencia. Nuestro programa
electoral lleva exacta y precisamente que se debe crear
un sistema integrado de protección social para las personas dependientes. España tiene hoy el nivel de madurez suficiente para afrontar, aunque sea con costes, y lo
planteaba el señor Campuzano con la habilidad que le
caracteriza, que aquí la cuestión está al final en cómo se
paga, si con más impuestos, si con más cotizaciones,
que eso lo tendrá que decir usted, y nosotros entendemos que, efectivamente, debe haber prudencia en una
competencia esencialmente transferida y en esto tenían
razón tanto el señor Campuzano como el señor Olabaria. Ha hecho usted anuncios de muchos cientos de
miles de nuevas asistencias domiciliarias y demás que
no son competencia suya, que son competencia de las
comunidades autónomas, que naturalmente ya tienen
residencias de ancianos, centros de día, catering social,
es decir, servicio de atención a domicilio de comidas
diarias para los mayores. Yo supongo que consiste
esencialmente en eso. Usted lo ha definido como el
cuarto pilar de las políticas sociales, incluso me atrevería a decir, por sus declaraciones y sus entrevistas en
prensa, que como la piedra angular de su departamento.
Nos va a parecer bien tanto que se cree un sistema
nacional para la persona dependiente como el libro
blanco que ustedes se comprometieron a hacer, nacido
del comité de expertos que actualmente ha terminado
su trabajo en el ministerio o en la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, y también nos parece bien,
depende cómo se haga, la Ley básica de la dependencia. Todo eso nos parece razonable y nos parece acertado. Tendrá usted también que decir el plazo. Yo he leído
en algún sitio que esperaban que fuera en esta legislatura. Claro, es que sólo les han elegido para una; entonces
deberá ser en esta legislatura o simplemente no ser y
que lo hagan otros. En ese sentido, usted va a tener en
el Grupo Popular no solamente la comprensión sino el
respaldo para que salga adelante y además sin precio a
cambio. Ha intervenido antes el señor Tardà y decía (no
recuerdo si era por las vacaciones y lo digo en plan de
broma) si era algo franquista o no, pero si usted traslada la competencia, ya deja de ser una competencia
franquista siendo la misma actividad. Nosotros no le
vamos a pedir una competencia por la mañana y otra
por la tarde, nosotros, si su planteamiento es tan serio
como esperamos, naturalmente usted encontrará nuestro apoyo para esa actuación. Sí le digo que ya hay
muchas cosas iniciadas por diversos gobiernos autonómicos en esta materia, en la atención a domicilio, en la
asistencia a las personas dependientes, y que tendrá que
hacerse con todas las cautelas para no pisar competencias sobre las que he escuchado algún anuncio de cuestiones que ya se están realizando en comunidades autónomas, pero me parece indispensable, y en ese sentido
creo que mi grupo piensa como el suyo, que haya un
mínimo común denominador, que haya un equilibrio,
una igualdad de derechos, una solidaridad interregional
en todo el territorio español, en el cual ustedes naturalmente van a encontrar nuestra complicidad.
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Ha hecho alguna referencia a la juventud, que no
tiene desgraciadamente el prometido ministerio, y se ha
comprometido también o yo he leído que iban a hacer
un nuevo plan de juventud. Yo le recuerdo que en el
mes de octubre pasado el Grupo Socialista aquí votó en
contra de un plan de juventud dotado con 8.800 millones de euros, una cantidad significativa, y me gustaría
saber, por tanto, qué mejoras. El anterior plan de
empleo iba dirigido a mejorar la educación, la formación, la vivienda, el empleo, y me gustaría saber en
tema de juventud si el nuevo plan que ustedes anuncian
va a tener elementos distintos o iguales, es decir, si se
va a distinguir en mucho, en poco o en nada de los anteriores. Le recuerdo también que casi un millón de jóvenes encontraron un empleo en esos ocho años y por
tanto espero escuchar de su Gobierno alguna medida
distinta a las actuales para conservar o para mantener
ese sendero de generación de empleo.
En materia de discapacidad, y lo hago muy escuetamente para no hacerme pesado, señora Valcarce, ha
dicho usted que lo más importante es el empleo. Nosotros no sólo lo creemos sino que lo hacemos. Había
doscientas y algo mil personas con discapacidad trabajando y hoy hay casi 700.000, es decir, más de 400.000
personas con discapacidad encontraron empleo en esa
época que algunos han calificado injustamente o de
forma peyorativa en materia de acción social. Usted
dice que en materia de discapacidad lo más importante
es el empleo y nosotros le digo que no sólo lo afirmamos, sino que lo confirmamos con nuestros datos, más
de 400.000 nuevos empleos para las personas con discapacidad.
Me gustaría saber en qué consiste el contrato al que
usted ha hecho referencia de inclusión 9 por ciento,
porque después de escucharla intuyo que el 9 por ciento
no se refiere al empleo, porque ha dicho que naturalmente el empleo sería del 2 por ciento de reserva en la
empresa privada y del 5 en la Administración Pública;
por tanto supongo que el 9 por ciento del contrato de
inclusión debe referirse a algo distinto. Me gustaría que
usted me concretase a qué se refiere, siendo que lo más
importante para usted es el empleo, y al empleo, según
la he escuchado, no va dirigido. Leí también unas afirmaciones suyas según las cuales iba a incrementar el
permiso de paternidad y maternidad para aquellos
padres y madres que tengan niños o niñas con discapacidad y me gustaría saber si usted tiene una previsión al
respecto más concreta aparte del anuncio. De la misma
forma leí anunciados incentivos para las empresas,
supongo que adicionales, adicionales a los que ya tienen, por contratar a personas con discapacidad. Leí el
anuncio pero también sin excesivo contenido y, por
tanto, me gustaría saber si ese anuncio suyo es cierto,
que no dudo qué sí, cuáles van a ser esos incentivos
distintos a los que ya tienen las empresas para contratar
a las personas con discapacidad y que si no son capaces
de crear 400.000 empleos para personas con discapacidad que al menos sí algunos miles o algunas docenas o
centenares de miles, que yo espero, y quiero, igual que
usted, que se creen para ellos.
Ha hecho referencia, y voy concluyendo ya, a las
ONG, pero más que compromisos, yo lo que he escuchado, y corríjame usted, ha sido una descripción en
positivo de la situación que ustedes encuentran. Yo le
quiero recordar que las ONG reciban 32.000 millones
de pesetas del Gobierno del Partido Popular. Será poco,
será mucho, pero 32.000 millones de pesetas habrá que
superarlos, es decir, es una cantidad importante de 200
millones de euros, una parte, como usted dice, para
desarrollo y otra para el área social, y para el área social
son 122 millones de euros, dato final de 2003. Usted ha
hablado de algo interesante, que es una cuantía mínima,
que también nos parece razonable, que garantice un
horizonte de tranquilidad a las inversiones y a las actuaciones que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales. Me gustaría saber si esa cuantía mínima va
a ser además de lo que ya están recibiendo. Sabe usted
que hay una cantidad por IRPF, yo creo que en el entorno de los 90, casi 100 millones de euros anuales para
acción social. Que se garantice un suelo mínimo me
parece razonable, pero no he escuchado cuál, no sé cuál
es el suelo mínimo, no sé cuál es el mínimo garantizado, se lo he escuchado y también lo he leído, ni tampoco si va a ser una cantidad además de lo que ya hay, o
va a ser algo que cuando ya se alcance simplemente se
tenga lo que ya se obtiene. Me gustaría que me aclarase
las dos cosas, la cantidad mínima, si la tiene, y si es
algo además de lo que ya les llega a las organizaciones
no gubernamentales, que, repito, tengo el dato de 2003
y probablemente el de 2004 sea mejor. Me parecía que
no entendía usted o que no he explicado bien el dato
que le he dado. Cuando he dicho 32.000 millones de
pesetas, 200 millones de euros, son 122 millones en la
parte de acción social, y como usted bien ha distinguido, en la parte del IRPF hay otra, que es para ayuda al
desarrollo, que al final se convierte en el conjunto de
actuaciones del Gobierno anterior y del que ustedes las
han recibido en 77 millones de euros, de los cuales son
receptoras exclusivas las organizaciones no gubernamentales españolas.
Ha hecho usted una referencia a las pensiones y al
apoyo a la pensión de viudedad. Yo le quisiera dar simplemente un dato objetivo. Las pensiones de viudedad,
y concretamente para las viudas con cargas familiares,
crecieron en un 79 por ciento en ocho años. Un 79 por
ciento en ocho años para viudas españolas menores
de 60 años y con cargas familiares creo que es una cantidad muy importante; por tanto, nosotros aplaudimos
que usted vaya a continuar con este impulso dado, es
una cantidad muy grande, pero lo que sí nos gustaría
conocer es si ese anuncio se va a sustanciar en algo. Yo
leí la promesa del 26 por ciento, aumento que después,
señora secretaria de Estado, no es en términos reales,
va a ser en términos nominales. Quiere decir que sólo
va a subir lo que el IPC les deje y como el IPC sea
como en sus dos primeros meses de Gobierno, el
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profundizar un sistema de protección social que desarrolle derechos sociales de ciudadanía, como usted muy
bien ha indicado. Para nosotros eso es muy importante.
Hablamos de derechos y de ciudadanos, de ciudadanos
y de derechos. No hablamos de clientes y productos
como se habla desde otras esferas. Esto, señora Valcarce, no debe de ser, como le digo, sólo un compromiso
para el Gobierno sino un reto para todos los grupos
políticos representados en esta Cámara, que hoy creo
que han ofrecido aquí todos su colaboración al Gobierno, y un reto para toda la sociedad y por supuesto para
el Grupo Socialista. Cuente usted con nuestro apoyo,
como no podía ser de otro modo, pero cuente usted
también con nuestro impulso, nos va tener siempre
empujando y ayudando de su lado para avanzar lo
máximo posible.
Es usted la secretaria de Estado de Servicios Sociales, de Familias (con «s») y de Discapacidad. El
Gobierno del Partido Popular no contempló en su
estructura orgánica en anteriores legislaturas ninguna
unidad para atender específicamente a la discapacidad.
Este Gobierno sí lo ha hecho: tiene una Secretaría de
Estado de Discapacidad, tiene su dirección general
correspondiente y dos subdirecciones generales, además de asesoría correspondiente en estos temas. Es
también usted la secretaria de Estado de Familias, no de
familia. Eso significa un cambio importante en la percepción y en el reconocimiento de los nuevos modelos
sociales que hoy nos encontramos. Por esta secretaría
de Estado, completamente nueva y tras sus intervenciones, me es grato haber escuchado en su intervención
ciertas cosas.
En la pasada sesión de la Comisión, en la comparecencia del ministro y en esta misma de hoy se ha hablado en algunos momentos de aromas jacobinos. Yo creo
que usted hoy, también lo hizo ayer, me he molestado
en leerlo, en la comparecencia en la Comisión de Discapacidad, fijó muy bien lo que podríamos denominar
la hoja de ruta para la elaboración de la ley de servicios
sociales y la creación de un sistema nacional de atención a las personas dependientes que yo creo que debería despejar las dudas de ciertos grupos parlamentarios
sobre la cooperación, la coordinación y el trabajo con
las comunidades autónomas, con las que usted señalaba
que va a empezar a reunirse a partir del verano, y además sobre el trabajo que se realizará también desde este
Parlamento, en la Comisión del Pacto de Toledo, con la
participación que vamos a tener todos los grupos políticos en el diseño de esas dos leyes fundamentales para
la consolidación del Estado del bienestar. También
anunciaba ayer usted en esa comparecencia, y creo que
es bueno que hoy nos lo señale usted aquí, la elaboración de un libro blanco sobre la dependencia, que
supongo que será la base que dará origen al proyecto de
ley. ¿Para cuándo, si tiene usted plazos fijados, ese
libro blanco sobre la dependencia?
Señora Valcarce, buena parte de los problemas de
exclusión, de marginación, de imposibilidad de conci-
crecimiento va a ser entre el 0 y el 1 por ciento de las
pensiones; si, por ejemplo, fuese como el último año, el
anunciado crecimiento del 26 por ciento se quedaría
reducido al 11, y permítame que le diga que debería
haber alguna garantía real de crecimiento, ¿o la única
garantía, después de sus anuncios electorales, va a ser
la de la Ley de 1997, la que propuso el Partido Popular
de actualización de las pensiones? Supongo que no,
supongo que la situación de 17 millones de cotizantes,
frente a los 12 que recibió el Partido Popular, permite
no sólo que se suba las pensiones el 79 por ciento a las
viudas menores de 60 años con cargas familiares, como
hizo el Partido Popular, o el 30 por ciento a los huérfanos españoles, que, por cierto, ya no cobran hasta los
18 sino hasta los 22 o hasta los 24 años si son doblemente huérfanos, sino, yo entiendo, que ustedes se
comprometen a un crecimiento mayor.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que vaya concluyendo. Lleva 18 minutos.
El señor BARRACHINA ROS: Concluyo, señora
presidenta.
He echado de menos alguna referencia a la prostitución. Tampoco he escuchado ninguna referencia, aunque la ha hecho el señor Tardà, a la situación de los
presos. Hay un contrato, lo conocerá sin duda, para
trabajadores en riesgo de exclusión social, que acoge a
ex toxicómanos, a ex presidiarios o a personas que
antes se dedicaban a la prostitución, del que hubo más
de 4.000 específicos, con un tipo muy bonificado que
yo creo que habría que por lo menos mantener, cuando
no mejorar, y por tanto también me gustaría que hiciese usted alguna referencia a esa materia de la prostitución.
Le agradezco su intervención y le ofrezco además
nuestra predisposición a lo que usted ha considerado lo
más importante, el tema de la dependencia. A nosotros
nos parece que España también está en condiciones de
afrontar ese reto, ingente y seguramente no sencillo, en
el que usted encontrará nuestro calor y nuestro apoyo.
La señora PRESIDENTA: Señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Señora Valcarce, bienvenida a esta su casa. Ha sido usted diputada
aquí durante mucho tiempo y se le nota esa pasión y ese
respeto que tiene usted por el Parlamento; quizás una
prueba es que ayer compareciera usted en la Comisión
de Discapacidad y hoy lo esté haciendo en esta. Quiero
felicitarla en primer lugar por la tarea que va a desarrollar, pero también significarle que tiene ante usted un
gran reto. No sólo el Gobierno, no sólo usted, la sociedad española, tras el cambio producido en las pasadas
elecciones generales, debe afrontar en esta legislatura
el reto de construir una sociedad diferente, una sociedad inclusiva, con políticas sociales de largo plazo, y
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liar la vida profesional y familiar de la que se ha hablado hoy aquí, de la desprotección de las familias, se
verán paliados con el reconocimiento del derecho efectivo de prestaciones sociales básicas y de la protección
social de la dependencia, ya que de manera horizontal,
en la negociación con otras administraciones y con los
grupos parlamentarios, pero también de manera transversal, habrá de dar respuesta a nuevos desafíos como
el envejecimiento de la población, la atención a la discapacidad, los nuevos modelos sociales y de familias,
la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y la
conciliación para hombres y mujeres de la vida laboral
y familiar, todos ellos, como usted decía, desafíos provocados por grandes logros, no son un problema, son
grandes logros de una sociedad avanzada y moderna
que con la universalización de la sanidad, las pensiones
y la puesta en marcha de distintas prestaciones, muchas
de ellas por gobiernos socialistas, han hecho posible
que hoy se viva más o que se viva mejor, o que la mujer
se haga visible en la vida laboral, social y política,
como sucede hoy en este Parlamento, en esa Mesa y
aquí, en el resto de la sala. Es el gran reto de la legislatura, señora Valcarce, y espero que, tras la elaboración
de ese libro blanco, el proyecto de ley entre lo antes
posible en el Parlamento.
Por su intervención yo diría una frase muy común en
la calle, el movimiento se demuestra andando. Creo
que usted ha demostrado que ya están trabajando. Llevan escasos dos meses al frente de esta responsabilidad,
esto al menos es lo que yo percibo en el área de la que
usted es responsable tras su intervención. Me parece
razonable y estamos un poco cansados sólo de estudiar
y no ver resultados. Felicidades por tanto. Usted nos ha
hablado ya de realidades en estos dos meses. Ya nos
anunció el ministro Caldera la reposición de los casi
siete millones de euros que habían sido detraídos del
plan concertado por el Gobierno del Partido Popular y
usted acaba de señalar hoy aquí mismo que ya se ha
hecho la incorporación al presupuesto. Supongo que
habrá sido un gran esfuerzo con un presupuesto que no
estaba hecho por este Gobierno. Me gustaría saber
cómo se ha hecho y si ha habido acuerdo entre todas las
comunidades autónomas para el reparto del mismo.
Hablaba usted de un incremento creo de un 7,12 por
ciento. Bueno, respecto a aquellos señores intervinientes que han hablado antes que yo creo que ya es importante pensar en un aumento tan significativo, del 7,12
por ciento; o sea, que presupuestariamente creo que ya
estamos trabajando en ello. Reforzar el plan concertado
es para nosotros reforzar la red real de servicios sociales y hacer efectivo el trabajo que desde los ayuntamientos, como decían otros comparecientes, y comunidades autónomas ya se viene realizando.
Felicidades también, aunque usted no lo ha mencionado, por la pronta respuesta que ha tenido desde su
secretaría con el plan de la ola de calor, que creo que ha
sido muy importante, en colaboración con el Ministerio
de Sanidad y que ha empezado a funcionar ya este
pasado fin de semana tan caluroso en estos días que
estamos teniendo. Creo que ha sido un paso favorable,
que ha habido acuerdo de todas las comunidades autónomas. Es una muestra de cómo trabajar, porque ahí ha
estado el PNV, la Comunidad Autónoma vasca, ha estado el tripartito catalán, han estado todas las comunidades autónomas. Usted quizá nos pueda dar información.
Eso es cooperación, eso es trabajar y yo quiero saber
cómo ha resultado esa negociación, tener más información suya en cuanto a presupuesto y demás.
Respecto a la ampliación y mejora del programa de
vacaciones y de termalismo, debo mostrarle una doble
satisfacción, primero por lo que se refiere a la mejora
en la calidad y cantidad del mismo que usted nos anunciaba y por ser este un programa puesto en marcha por
anteriores gobiernos socialistas y por compañeras
suyas y mías, algunas de las cuales se sientan hoy en
esta sala, que vemos cómo hoy un programa ha sido
interiorizado de tal modo por la sociedad que se ha
hecho imprescindible y ahora se ve mejorado, señor
Tardà, y sin duda mejorará también con el compromiso
de las comunidades autónomas. Hablaba usted de
80.000 plazas en 2004-2005. Creo que esta comparecencia ha estado llena de buenas noticias, porque eso
además va a permitir la estabilidad en el empleo también que genera este tipo de servicios. El intercambio
con países de la Unión Europea supone que nos encontremos en una sociedad diferente, con unos mayores
que ya no solamente pueden hacer turismo de playa,
como estaba pensado este programa en principio, sino
un turismo cultural; tenemos ya una población envejecida con un mayor grado de posibilidades culturales y
creo que va a fijar la mano de obra en el sector de la
hostelería, que es muy discontinua a lo largo de la temporada baja. Eso genera también ingresos. Este es un
elemento no sólo de cohesión, señor Campuzano, por
esto es una política nacional; es también un elemento
imprescindible de programas de creación de empleo a
nivel estatal y creo que se trata de un buen ejemplo de
cómo los servicios sociales, las políticas de envejecimiento activo y de ocio representan una inversión y no
un gasto, una inversión posible, aunque a algunos que
hoy la reclaman les pareciera del todo imposible hace
sólo tres meses. En este sentido me gustaría conocer,
señora Valcarce, cuando hablamos de presupuesto y de
realidades que ya están aquí, como esta de la que usted
nos hablaba, igual que le han preguntado otros grupos,
cuándo y cómo se hará efectiva esa gran inversión que
supone el compromiso de nuestro grupo, de nuestro
partido y del Gobierno de crear un fondo para la dependencia dotado inicialmente, usted lo ha dicho, con
1.000 millones de euros. El compromiso inicial son ya
166.000 millones de pesetas, señores diputados. Mi
grupo, como usted conoce, señora Valcarce, desearía
que fuera lo antes posible, quizás a lo mejor el próximo
ejercicio presupuestario. Eso nos permitiría iniciar el
gasto ya en este sector mientras discutimos la ley y
ampliar servicios como la asistencia a domicilio, la
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teleasistencia, aumentar las plazas de residencias públicas y concertadas y conseguir ese ambicioso plan que
usted cifraba en un millón de asistencias, un ambicioso
compromiso.
Otro compromiso de gran importancia, seguimos
con el tema de familias y conciliación, es la red de centros para la infancia de 0 a 3 años —ayer también se
habló de este tema en el Pleno—. Sólo el 8 por ciento
en nuestro país de niños entre 0 y 3 años tienen una
plaza pública. Conseguir la excelencia del 44 por ciento
de Dinamarca yo creo que es una locura a corto plazo,
pero sí podemos tender a ese media que usted decía o
al 23 por ciento que tiene en estos momentos Francia.
Desde nuestra perspectiva y desde la competencia que
desde ese Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
tiene usted, nosotros incidiríamos principalmente en
centros en las propias empresas para dar facilidades a
los padres y madres trabajadores y a la infancia desprotegida a través de planes concertados con las comunidades autónomas. Más financiación, señor Campuzano.
Ayer se debatió en esta Cámara, como le decía, este
asunto. Yo creo que hay que esperar a la modificación
de la Ley de IRPF y de conciliación con la vida familiar
para avanzar aún más en este sentido.
Señora Valcarce, como usted sabe, a mi grupo, se ha
hablado también aquí de este tema, no le entusiasma la
ayuda o la paga de los 100 euros a algunas madres trabajadoras, a algunas, es discriminatoria, no a todas,
implantada por el Partido Popular; en realidad se trata
de un anticipo a cuenta de la devolución fiscal. Señora
Valcarce, a nosotros nos parece adecuado que mientras
se haga esa reforma fiscal se mantenga esta ayuda, pero
esperamos que se sustituya en el futuro, cuando empecemos a debatir la ley, por una prestación más justa, así
al menos lo demandará mi grupo.
Son tantas, señora Valcarce, las tareas que tiene pendientes y todas tan importantes, pues todas ellas afectan
a la vida cotidiana de personas con nombres y apellidos, ciudadanos necesitados de un verdadero Estado
protector, como el desarrollo de la Ley de familias
numerosas, la Ley de igualdad de oportunidades, a la
que se refería el portavoz del Partido Popular, pero hay
que desarrollarla, hay que hacer el plan de mujer y discapacidad, lengua de signos. Nos ha hablado usted del
Centro Español del Subtitulado, habló ayer en la Comisión de Discapacidad, parece algo importantísimo que
me gustaría que usted nos explicara hoy en esta Comisión. Esa ley necesita desarrollo y además necesita de
dotación económica.
Ha hablado usted de la elaboración del tercer plan de
acción para la inclusión social y la renta mínima de
inserción, pero también en ese marco de las políticas de
inclusión social, y coincido con el señor Campuzano, se
hace necesario avanzar en políticas específicas de inserción desde el ámbito económico laboral. No hay nada
más normalizador para los colectivo más desfavorecidos
que ganarse un salario a través del trabajo y escapar del
subsidio o la beca. A lo largo de esta legislatura yo que-
rría saber si tiene usted pensado algún tipo de regulación
de las empresas de inserción, específicamente sobre el
trabajo de esta red de empresas inclusivas que tanto
están aportando desde hace años en este terreno y en las
que nuestro grupo tiene especial interés.
Señora Valcarce, voy a terminar enseguida, señora
presidenta, es cierto que no partimos de cero, y usted ha
reconocido que se han hecho cosas con anterioridad,
pero no se lo han dejado fácil, señora Valcarce. Es cierto
que hubo crecimiento en los años anteriores, pero ese
crecimiento, en lugar de ver cómo crecían las políticas
sociales, hemos salido a una bajada de medio punto porcentual del PIB por año. Al final el gasto en protección
social, como ya han dicho otros comparecientes, en
España es el más bajo de la Unión Europea, 7,2 puntos
menos con respecto al PIB de la Unión, y en familia, por
centrarnos en ese tema, todavía es inferior, un 0,5 por
ciento. Tanta carencia como hay sobrecarga a las familias, sobrecarga a las mujeres, sobrecarga a los hombres
con dobles o triples jornadas, sin servicios de ayuda, sin
atención, y esto explica otro tema del que se hablaba
ayer también en la sesión parlamentaria, la baja tasa de
natalidad, tan baja que en los últimos congresos que ha
habido sobre demografía se ha constatado que en España tenemos una tasa más baja de natalidad que en el
Estado Vaticano. (El señor Tardà i Coma: No puede
ser.) Ríanse ustedes, señorías. He visto estos días en la
prensa que se ha visto incrementada, afortunadamente,
gracias a algo que tampoco es un problema para este
país sino que puede ser un beneficio, como es la inmigración y principalmente de las mujeres provenientes de
Marruecos o de Ecuador.
Finalmente, señora Valcarce, tenemos posibilidades
para hacer una política social eficaz y sostenible desde
el impulso público y la colaboración con la iniciativa
social y la privada, desde el diálogo y el consenso que
usted ha ofrecido permanentemente, desde la horizontalidad entre los diferentes actores: la horizontalidad,
señor Campuzano, señor Olabarría, señor Tardà.
Imprescindible cooperación entre las administraciones
públicas (Gobierno central, comunidades autónomas y
ayuntamientos); este Parlamento como centro de diálogo y acuerdo con los diferentes grupos, todos; el ofrecimiento —por nuestra parte se lo aceptamos a todos—,
también del Partido Popular, bienvenido, y con la sociedad civil (las ONG, voluntariado, tercer sector) y la
iniciativa privada con o sin ánimo de lucro.
Señora Valcarce, fuimos capaces de consolidar como
derechos subjetivos la educación, la sanidad, las pensiones. Nosotros lo hicimos. Frente a los agoreros que
proclaman el desmantelamiento del Estado del bienestar, este es el momento de asentarlo, así nos hemos
comprometido a ello con la creación del denominado
cuarto pilar, la creación de un sistema nacional de protección social, y esto sí es verdaderamente incorporarnos a Europa, al concepto de ciudadanía europea e
igualarnos por arriba no desmantelándolo. Señor Tardà,
estamos y somos ciudadanos catalanes, extremeños,
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que en el año 1993 nuestro país, España, hacía un
esfuerzo en inversión social, en gasto social, en relación a su PIB del 24 por ciento; sin embargo, en el
año 2002 descendió al 19 por ciento. En esa misma
fecha la media de gasto de la Unión Europea es del 27
por ciento, por ello con tanto acierto señalaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que en los últimos ocho años hemos ido perdiendo medio punto en
relación al PIB en inversión social, pero, insisto, es
nuestra voluntad recuperar este déficit.
Señor Campuzano, usted ha hablado de vocación y
de tentación. Me suena a un lenguaje sin duda religioso; por eso usted entenderá que yo le diga ¡Dios me
libre de no respetar lo que es la distribución competencial que nos hemos dado entre todos los españoles! Le
puedo asegurar que soy la primera defensora de esa
distribución competencial; por eso en mi primera exposición usted habrá observado que en todo momento he
hablado de las competencias que le son propias a las
comunidades autónomas y las competencias que les
corresponden a las corporaciones locales y que el espíritu que ha animado mi discurso es el de cooperación
para alcanzar los objetivos que todos tenemos, que además son comunes a todos nosotros y que en los órganos
que nos hemos dado para esa cooperación estamos
explicitando. Como ejemplo de ello yo he señalado el
plan concertado. Hemos tenido ya la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales, donde están todas las comunidades autónomas y la Administración General del
Estado, y no sólo ha sido fructífera en sus debates, sino
que hemos podido alcanzar un consenso pleno, puesto
que en esa conferencia hemos sido capaces de sacar
adelante todos los asuntos por unanimidad. Creo que es
un buen ejemplo del trabajo que está realizando este
ministerio y esta secretaría de Estado de respeto mutuo
y cooperación.
En lo que se refiere al trabajo con las organizaciones
no gubernamentales, nuestra relación, y ya lo hemos
explicitado en el Consejo Estatal de Organizaciones no
Gubernamentales, es de respeto y cooperación. Además, nos hemos comprometido en todo momento a que
todo el desarrollo legislativo que lleve a cabo este
departamento sea consultado con el sector. Lo estamos
cumpliendo exquisitamente y también aquí estamos
cumpliendo nuestro compromiso de consulta y cooperación con las comunidades autónomas en este sector.
Yo he señalado, creo que además con amplitud en mi
exposición, cuáles son nuestras relaciones con el tercer
sector, nuestra voluntad de reforzarlas. El ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales además ya se ha comprometido a que haya un incremento significativo de las
subvenciones que reciben las organizaciones no gubernamentales pero también como reconocimiento a su
labor. Ellos forman parte de lo mejor de la sociedad
civil, vertebran esa sociedad civil y cumplen un papel
fundamental de cooperación con todas las administraciones, incluida la Administración General del Estado,
en los objetivos sociales. Nosotros somos conscientes
gallegos, manchegos: españoles y ciudadanos europeos,
y este debe ser también un derecho de ciudadanía europea y de homologarnos por arriba con Europa donde ya
la atención a la dependencia está contemplada en todos
los países. Decía el presidente del Gobierno en la investidura que algunas utopías merecen la pena ser soñadas.
Esta además merece que entre todos los que estamos
aquí, por el beneficio de todos los ciudadanos, no sólo
sea soñada, sino que la hagamos realidad. Cuente con
nosotros para ello, señora Valcarce.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para
contestar a los grupos parlamentarios la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Muchas gracias, señoras y
señores portavoces. Agradezco a todos sus felicitaciones y sus buenos deseos. Además, agradezco a todos su
intervención, el tono de la misma, el espíritu constructivo y desde luego agradezco muy especialmente todos
los ofrecimientos que me han hecho de colaboración
con el Gobierno.
Quiero comenzar respondiendo en primer lugar al
portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
señor Campuzano. Señor Campuzano, seguramente
usted y yo coincidiremos en que la política presupuestaria es fundamental a la hora de conocer las prioridades de un Gobierno; sus intenciones, como yo hoy las
he expresado aquí, se conforman en un conjunto de
planes, programas y medidas, y luego se explicitan en
los Presupuestos Generales del Estado. Hoy aquí el
Gobierno lo que ha hecho es presentar sus objetivos,
presentar sus planes, sus programas, y también el talante con el que los va a llevar a cabo. Desde luego en el
gasto social nuestra intención, como ya lo ha expresado
el presidente del Gobierno, es que podamos alcanzar la
media de la Unión Europea a lo largo de dos legislaturas, y eso desde luego sólo se podrá realizar en esta
primera legislatura con un esfuerzo importante, que
todos ustedes podrán ir comprobando a lo largo de los
meses de septiembre y octubre. En septiembre el
Gobierno presentará su presupuesto de cara al año 2005
y ahí se podrá apreciar el cambio que ha supuesto para
este país la elección de un Gobierno que preside José
Luis Rodríguez Zapatero y se va a notar sobre todo en
el esfuerzo en el gasto social. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)
Yo he hablado de un gasto social, pero he defendido
en mi comparecencia que para nosotros es una inversión, y desde luego es verdad que nos enfrentamos a un
reto muy importante, a usted no se le escapará, porque
seguro que usted como yo conoce el informe sobre el
gasto social en España que ha realizado la Universidad
Pompeu Fabra. Es un estudio relevante, un estudio
sobre el cual debemos tomar buena nota todos los que
tomamos decisiones políticas, porque en él se refleja
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de que nuestro trabajo con ellas va a ser importante y
decisivo, pero, señor Campuzano, a usted y a mí nos
separa una cosa. Los servicios sociales desde nuestro
punto de vista tienen que ser públicos. Ahora bien, en la
gestión nosotros abogamos por la participación y la
cooperación, pública, siempre que sea posible, concertada, cuando se estime conveniente, respeto y sobre
todo incorporación de todas las empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, y también el sector privado con
ánimo de lucro, pero quiero sin lugar a dudas reforzar
que nuestra posición es una apuesta por lo público.
En lo que se refiere a las cuestiones que ha planteado, efectivamente nosotros hemos apoyado, usted lo
sabe, la Ley de Fundaciones y la Ley de Mecenazgo.
Nosotros haremos el desarrollo reglamentario correspondiente y también quiero señalar que algunas cuestiones que se contemplan en la Ley de Mecenazgo
básicamente tienen una repercusión fiscal muy importante. Como usted ya sabe, porque lo ha anunciado el
Gobierno, cualquier reforma fiscal no se realizará en el
próximo año sino en el siguiente. Por lo tanto, desarrollaremos todos los aspectos relacionados con la Ley de
Fundaciones y con la Ley de Mecenazgo, pero en aquello que suponga cambios en la política fiscal estará
recogido en las modificaciones previstas por el Gobierno para los próximos dos años.
En lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, yo
he leído con atención muchas de las intervenciones que
en la legislatura pasada se han hecho aquí, en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y tengo que decirle
que me ha sorprendido las dificultades que había para
llamar a las cosas por su nombre. Usted me conoce,
usted y yo hemos sido diputados desde hace ocho años
y sabe que soy muy clara, me ha llamado la atención la
dificultad que muchos tienen para llamarle a las cosas
por su nombre, por ejemplo a la pobreza que es pobreza. Hay muchos pobres en España, muchos pobres en
Cataluña, y ya iba siendo hora de que hablásemos aquí
de pobres. Yo comparto con usted que es un objetivo
prioritario para un país moderno, desarrollado, justo,
digno, como queremos que sea este, que luchemos
decididamente contra la pobreza, téngalo usted por
seguro. El año 2005 finaliza el plan de inclusión. Nosotros estamos ya trabajando en nuevas medidas justamente para erradicar la pobreza, para que, no con metáforas o no con buenas palabras o con aquello que pueda
parecer políticamente correcto dejemos de ocuparnos
de algo que tanto nos preocupa, como son los pobres de
este país.
En lo que se refiere a las pensiones no contributivas, señor Campuzano, como usted muy bien sabe, es
competencia de las comunidades autónomas, por lo
tanto estoy completamente segura de que, en el ánimo
de cooperación del Gobierno central con los gobiernos de aquellas, podremos llegar a las mejores soluciones para abordarlo, pero, insisto, en el respeto
competencial, y en esto, ya lo sabe usted, es de las
comunidades autónomas.
Respecto a algunas de otras cuestiones que usted ha
planteado aprovecharé para responder en conjunto a
todos los grupos parlamentarios. En lo que se refiere a
las cuestiones suscitadas por la señora Barkos, del
Grupo Mixto, Nafarroa Bai, muchas gracias por su
intervención, comparto absolutamente sus planteamientos y le puedo asegurar que vamos a tener una
interlocución amplia porque compartimos, por una
parte, nuestro interés por la mejora presupuestaria, de
la que usted tendrá cumplida cuenta a partir del mes de
septiembre; también porque compartimos la necesidad
de mejorar la financiación del tercer sector y sin lugar a
dudas porque en el diálogo y en el acuerdo nos va a
encontrar usted siempre.
Usted ha hablado de los servicios a inmigrantes.
Quiero subrayar una cuestión a la que me referiré después. ¿Por qué nosotros hemos comprometido una ley
de servicios sociales? Porque queremos que esa ley de
servicios sociales recoja un mandato constitucional,
que es el conjunto de derechos de los españoles. Cuando los derechos son básicos usted sabe que la doctrina
constitucional es que se aplican a todos los que residen
en España. Esto ya se hace, como usted muy bien sabe,
en educación y en sanidad. Nosotros no vamos a excluir
de los servicios sociales básicos a ninguna persona que
resida en nuestro país; incluso, si usted lo desea, le
puedo ya facilitar muchos datos de que ya se está aplicando así. De hecho, en la amplia red de servicios
sociales de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas ya se atiende a las personas emigrantes, por cierto, sin ningún problema respecto a cuál es
su situación en cuanto a papeles en nuestro país.
En cuanto a lo que ha planteado la señora García, de
Izquierda Unida-Izquierda Verde, muchas gracias por
su intervención, ha sido verdaderamente un placer
escucharla, me siento muy satisfecha de compartir,
nuestra coincidencia es plena; su discurso respecto a
derechos y prestaciones individuales es absolutamente
coincidente. Su intervención me facilita mucho las
cosas a la hora de defender por qué es necesario una ley
de servicios sociales en nuestro país. Nuestra coincidencia es total, espero que nuestro diálogo sea habitual
porque creo que sus aportaciones van a ser de enorme
interés para todos. Usted ha hablado con claridad de
pobreza, cosa que le agradezco, y desde luego tenga
por seguro una cosa, ilusión, mucha, y espero que en
usted y en mí yo no decaiga en absoluto, pero también
le ruego que la exigencia sea mucha, porque ilusión,
claro, pero hay que ser exigentes. No dudo que usted lo
será con este Gobierno y con todos.
Respecto a las preguntas que ha planteado el portavoz del Grupo Vasco, EAJ-PNV, señor Olabarría, le
conozco desde hace mucho tiempo, es usted un brillante parlamentario y un fino jurista. Lamento profundamente el ejemplo que usted ha utilizado. Creo que ha
estado francamente desafortunado en la cita que nos ha
hecho. Reflexione sobre ello, a mí me ha impresionado,
reflexione sobre ello, sobre todo porque mencionar pis-
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manera muy directa al bienestar de los ciudadanos
españoles y de los ciudadanos de Cataluña.
Quiero hablar sobre las preocupaciones que usted ha
manifestado respecto al plan concertado, a vacaciones
y termalismo y a la distribución del 0,52 del IRPF y
luego haré un comentario sobre el mundo carcelario, tal
y como usted lo ha llamado. Respecto al plan concertado, señor Tardà, usted y el Gobierno de Cataluña y el
Gobierno de España hemos expresado nuestra preocupación por encontrarnos que el plan concertado de
servicios sociales con las comunidades autónomas y las
corporaciones locales para el año 2004 tuviera la previsión de una rebaja del 7,12 por ciento. Con enorme
acierto, desde mi punto de vista, el Gobierno de Cataluña expresó su preocupación y disgusto. El Gobierno de
España lo primero que hizo fue decir esto no puede ser,
y ponerse en marcha para hacer una modificación presupuestaria, que ya ha sido aprobada por el Ministerio
de Hacienda y que supone la incorporación y por lo
tanto el incremento de un 7,12 por ciento de recursos
para este plan concertado. El pasado día 17 de junio se
ha presentado ya a las comunidades autónomas en
conferencia sectorial, se aprobaron los criterios de
reparto, se ha aprobado ya el reparto de todas las cantidades del plan concertado, ha sido aprobado por unanimidad, lo subrayo, de todas las comunidades autónomas, y ya ha sido elevado a Consejo de Ministros para
ser ya transferidos los recursos a las comunidades
autónomas; por lo tanto, esta es una importante coincidencia entre usted y yo.
En lo que se refiere a la segunda cuestión, sobre
vacaciones y termalismo, el programa de vacaciones y
termalismo social poco o nada tiene que ver con el
franquismo, entre otras cosas porque vacaciones y termalismo son una cosa de la democracia, una cosa que
puso en marcha el Gobierno socialista en 1982, pero
sobre todo le puedo garantizar que en su gestión, y es
un compromiso que usted podrá ir comprobando, podrá
observar no sólo respeto al principio de legalidad,
transparencia en la concurrencia, y una gestión rigurosa
a la hora de la financiación sino desde luego exigencia
de máxima calidad. Éstos tienen que ser evidentemente
el ánimo y los objetivos que persiga cualquier gobierno
riguroso, pero usted ha planteado otra cuestión y es la
posibilidad de ser transferido a las comunidades autónomas. Bien, nada impide que cualquier comunidad
autónoma desarrolle un programa de vacaciones para
sus mayores, nada lo impide, señor Tardà; por lo tanto,
si alguien quiere hacerlo, cuenta con todo nuestro
apoyo. Nada se lo impide. El programa del Gobierno
central sobre vacaciones y termalismo tiene tres objetivos: uno, porque tenemos que hacer una política social
compensadora de desigualdades; por lo tanto, por razones de compensación de desigualdades; por razones de
solidaridad, es muy importante el mantenimiento de
este programa residenciado en la Administración General del Estado. Luego por otra razón, porque aquí funciona la unidad de mercado y también funciona la eco-
tolas y el espíritu de Millán Astray no es lo más propio
en el siglo xxi en la historia de España y sobre todo en
esta Comisión. (El señor Olabarría Muñoz: Era una
ironía desafortunada. Perdóneme, era una broma.)
En cualquier caso, gracias por su aclaración. Me parece
correcta, pero cuando se ama al Parlamento también
usted entenderá que seamos a veces exigentes con las
citas que hacemos y con los ejemplos que ponemos
sobre la mesa, sobre todo porque creo que no refleja
adecuadamente lo que ha sido su intervención y desde
luego lo que es la tónica habitual de un partido como el
Partido Nacionalista Vasco y mucho menos con lo que
es la tónica habitual de un portavoz de su grupo parlamentario, porque, usted ha hablado de sensibilidad, la
encontrará toda en esta secretaría de Estado y la encontrará toda en este Gobierno, sobre todo porque usted
puede confiar, puede confiar en nuestro respeto a la
distribución competencial, en nuestra voluntad, como
lo hemos venido haciendo en estos dos meses, de
cooperación con el Gobierno de Euskadi y sobre todo
porque tenemos mucho interés en coordinar el desarrollo de nuestras políticas. (La señora presidenta ocupa
la Presidencia.)
Yo comparto, me parece de enorme interés lo que
usted ha señalado sobre las empresas, sobre las fundaciones de las empresas y sobre todo aquello que se
refiere a la acreditación. Justamente es en nuestro país
y en Europa donde estamos destacando que la exigencia de calidad también hace necesaria la exigencia de
acreditación. Necesitamos agencias que acrediten esa
calidad y desde luego tienen que ser agencias independientes y tienen que ser agencias cuyo trabajo genere
confianza en el conjunto de la sociedad. En ello estamos trabajando. Tenga por seguro que hablaremos de
este asunto y desde luego también con el Gobierno
vasco, téngalo absolutamente por seguro, porque nos
hará a todos sabedores de los esfuerzos presupuestarios
y de las subvenciones que estamos dedicando y de las
bonificaciones que están recibiendo, pero sobre todo
porque tenemos la obligación de que los ciudadanos
cuando se encuentran con ese marchamo de calidad,
porque es un marchamo de calidad, puedan tener la
confianza de que su dinero y su inversión es la adecuada y correcta. Por lo tanto hablaremos de ello porque ya
estamos trabajando en ello y creo que podremos llegar
a acuerdos muy satisfactorios.
En cuanto al planteamiento que ha hecho el portavoz
de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Joan
Tardà, muchas gracias por sus palabras, por el tono que
usted ha utilizado. Sabe que usted y yo compartimos
muchísimos puntos de vista. Estamos además colocando nuestras coincidencias sobre la mesa y estamos dialogando sobre nuestras diferencias. Eso es lo bueno,
tenemos diferencias, dialogamos sobre ellas y seguro
que las vamos a resolver, pero aquí sobre todo nos interesa hablar de aquello en lo que coincidimos y sobre
todo de aquello que sabemos que va a contribuir de
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nomía de escala. Es más eficiente porque estamos
moviendo ciudadanos no sólo de Cataluña y entre Cataluña, sino que fundamentalmente lo que estamos
haciendo es que estamos financiando los viajes de ciudadanos de Cáceres a Lloret de Mar, o desde Girona a
Estepona. Entonces esto tiene una repercusión económica importantísima en el mercado español, en el mercado turístico, en el mercado de los operadores turísticos, y esto creo que debe ser de gran calado, porque
hay intereses, por cierto muy importantes, en juego,
intereses que nos tiene que preocupar preservar en
Cataluña y en toda España. A nosotros nos interesa
también destacar otra cuestión y es lo que se refiere a
los puestos de trabajo. Este programa tiene una repercusión en puestos de trabajo muy importante, en Cataluña, en todo el arco mediterráneo, pero también en el
interior. Nosotros hoy hemos anunciado aquí nuestra
voluntad de ampliarlo, lo queremos ampliar para que
más ciudadanos mayores puedan tener vacaciones,
pero nosotros además nos hemos comprometido a dos
cosas, nos hemos comprometido a que más ciudadanos
vean incrementada la parte subvencionada. En los últimos ocho años ha ido descendiendo el porcentaje de
subvención expulsando justamente a aquellos mayores
que más lo necesitan. Pero también nos hemos comprometido a otra cosa, a ser capaces de atraer y también de
llevar a ciudadanos españoles a toda Europa. Con ello
lo que estamos haciendo es contribuir al desarrollo económico pero también a la creación de más puestos de
trabajo, por cierto, puestos de trabajo que darán estabilidad al sector y sobre todo que van a combatir la temporalidad y la estacionalidad, como muy bien lo recordaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En lo que se refiere al 0,52 del IRPF, hablamos y
hablaremos mucho de esta cuestión, pero yo quiero,
señor Tardà, que reflexionemos sobre que el 0,52 del
IRPF es un mecanismo de la Administración General
del Estado en base a un impuesto que es nacional, para
todos los españoles, que tiene como misión también
apoyar las políticas sociales a través de la financiación
al tercer sector, a las organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo tiene un objetivo muy claro: cohesión y solidaridad de aquellos que más contribuyen en
favor de aquellos que contribuyen menos, no porque no
quieran, señor Tardà, sino porque tienen unos niveles
de ingresos y de riqueza menor, es la única razón, la
única. Respecto a la gestión del 0,52 yo lo he detallado
en la primera intervención, pero quiero puntualizar
algunas cuestiones. Este Gobierno mantiene una línea
de diálogo permanente con los gobiernos de las comunidades autónomas respecto a la gestión del 0,52 y
desde luego un diálogo muy fluido con el Gobierno de
la Generalitat de Cataluña. Quiero señalarle que para
todos los proyectos que vienen a solicitar ser subvencionados con cargo al 0,52 se ha solicitado ya el informe de las comunidades autónomas. Nuestra práctica
habitual es que nada se subvenciona que no tenga el
apoyo de su comunidad autónoma. Puedo asegurarle
que esto es así respecto a Cataluña, puedo además asegurarle con gran satisfacción que, como prueba de ese
diálogo fluido y de magnífico entendimiento, todos los
proyectos que han sido solicitados en el ámbito de la
Comunidad de Cataluña tienen su correspondiente
informe con todos los pronunciamientos que tiene que
hacer el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que
nosotros seremos exquisitos con ese procedimiento de
máxima cooperación y máximo respeto a la evaluación
que ha hecho el Gobierno de la Generalitat. Por lo
tanto, en ese sentido, insisto, en nosotros encontrará
siempre el máximo diálogo, acuerdo y consenso y sepa
que la cooperación es extraordinaria.
En cuanto a lo que señalaba sobre el mundo carcelario, tengo que recordarle que la gestión de Instituciones
Penitenciarias está transferida a la Generalitat de Cataluña. En cualquier caso, Instituciones Penitenciarias,
como usted sabe, es una competencia residenciada en
el Ministerio del Interior. A esta secretaría de Estado le
competen tres cuestiones, una de las cuales es la gestión del 0,52 por ciento para las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en el ámbito de las cárceles y que trabajan también con reclusos y reclusas o
ex reclusos y reclusas, y en ese sentido estamos gestionando en este momento las subvenciones correspondientes. Le corresponde el Plan de inclusión, en el que
uno de los ejes es también aquello que se refiere a la
reinserción social de las personas que han sido reclusas
o reclusos. En este aspecto nos compete una cuestión
muy importante, que es aquello que se refiere a los
menores infractores, para lo cual tenemos una línea de
ayudas, de subvenciones, en cooperación con las comunidades autónomas.
Por último, pero no por ello menos importante porque es uno de los ejes para nosotros fundamentales, es
que estamos en este momento trabajando el nuevo Plan
de empleo de España. En ese plan de empleo muchos
de sus rasgos y de los ejes estratégicos han sido presentados ya por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
aquí, en esta misma Comisión, y hay una parte que el
ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha destacado, que
es aquello que se refiere a reforzar las políticas de
acción social vinculadas al empleo, entre ellas, lo que
llamamos los centros de inserción, que se van a ampliar,
y estamos en este momento estudiando una reivindicación del sector de las empresas de inserción, que estiman que son necesarios algunos cambios legislativos
para operar con mayor claridad no sólo en el mercado
económico sino también en el laboral. Nosotros estamos estudiando con enorme interés esas reivindicaciones del sector y se incorporarán, no tenga la menor
duda, al Plan de empleo. Aprovecho ya esta cuestión
para señalar lo mismo en relación con todo aquello que
se refiere a los centros especiales de empleo para personas con discapacidad. Quiero señalarles que para nosotros es especialmente grave que de cada cien discapacitados que quieren trabajar, sólo ocho lo consigan. Esto
puede verse como una mejora, para nosotros es un
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grave handicap, por lo que en el Plan de empleo vamos
a desarrollar una línea estratégica muy importante en lo
que se refiere a los centros especiales de empleo y las
empresas de inserción, y objetivo prioritario será la
incorporación de las mujeres, en especial las mujeres
discapacitadas. ¿Cómo lo vamos a hacer, señorías? El
ministro de Trabajo y yo misma hemos hecho una
importante declaración de intenciones con planes y
proyectos, pero el talante con el que se está abordando
es el diálogo social, que ya se ha abierto con los sindicatos y con los empresarios; por lo tanto, no podemos
darlo por cerrado porque está siendo objeto en este
momento de diálogo social con los sindicatos y con los
empresarios, pero tengan la seguridad de que antes del
31 de diciembre, porque así está mandatado que se presente el Plan de empleo, tendremos la oportunidad de
comparecer y presentar no ya declaraciones de intenciones, no sólo planes, no sólo proyectos, sino las realidades de un diálogo social intenso como es el que
estamos desarrollando en este momento.
Respecto a lo que ha planteado el portavoz del Partido Popular, señor Barrachina, una vez más le doy las
gracias por su ofrecimiento, como no puede ser de otra
manera. Me han preocupado algunas de las afirmaciones que usted ha hecho. Respecto a la primera, señor
Barrachina, hay que leer un poco, porque usted comenzó además hablando nada menos que de la Delegación
del Gobierno contra la Violencia de Género, preocupado por el organigrama del Gobierno. Pues bien, ya ha
entrado en la Cámara el proyecto de ley contra la violencia de género, en el que se contempla con toda claridad que habrá una Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género. Por lo tanto, no es que nadie se
haya olvidado, es que usted no lo ha leído.
Otra cuestión que me preocupa, señor Barrachina, es
que también es muy conveniente, si va a hacer una
intervención sobre el contrato de inclusión 9 por ciento,
que haya una mayor coordinación entre los portavoces
del Partido Popular, puesto que el contrato de inclusión
9 por ciento lo hemos explicado muchas veces, sin ir
más lejos ayer en la Comisión, pero yo estoy encantada
de volver a explicarlo porque me parece muy importante. El 9 por ciento de la población española padece
algún tipo de discapacidad, y es compromiso firme del
Gobierno, explicitado por nuestro Presidente, el Presidente de España, el Presidente, Rodríguez Zapatero,
que ningún ciudadano con discapacidad quedará
excluido. Eso es lo que significa el contrato de inclusión 9 por ciento, pero los ciudadanos que padecen una
discapacidad son bebés, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, son mayores y son ancianos. El contrato de
inclusión lo que significa es que no quede nadie excluido; por eso el contrato de inclusión es transversal a
diferentes políticas que desarrolla este Gobierno. Yo
quiero destacarle sólo tres. Una de ellas, y muy importante, es que para nuestros niños y bebés que padecen
una discapacidad tenemos previsto el desarrollo de una
red de escuelas infantiles en la que se cumplan dos
cuestiones muy importantes: una, la primera, la estimulación precoz y la rehabilitación, y la segunda es la
integración, porque la integración desde los primeros
momentos de la vida es fundamental para su recuperación física y psíquica y sobre todo para que puedan
desarrollar después en el sistema educativo y en el sistema formativo lo mejor de sí mismos. En segundo
lugar está el empleo y en tercer lugar, la dependencia
para nuestros mayores. Es un grave error confundir el
contrato de inclusión 9 por ciento con la reserva de
empleo del 5 por ciento, porque, tal como ayer le recordaba a su compañero de grupo parlamentario, el contrato de inclusión 9 por ciento es para todos los ciudadanos, sean bebés, sean ancianos. Evidentemente, como
ellos no trabajan, el compromiso de empleo del 5 por
ciento es para la población que está en edad de trabajar
y que puede hacerlo porque no es dependiente o porque
no es menor de edad, y por lo tanto aquí no hay ninguna
diferencia. También aquí nuestro cumplimiento, como
no puede ser de otra manera, va a ser exquisito, y yo
espero que usted y su colega portavoz en materia de
discapacidad vayan viéndolo y comprobarán verán la
satisfacción que nos produce coincidir también en el
desarrollo de políticas que van a hacer realidad de verdad no sólo la incorporación laboral sino también la
integración social de las personas con discapacidad.
Señor Barrachina, respecto al plan de empleo joven
volvemos a lo mismo: usted y yo no podemos estar de
acuerdo, porque yo estoy muy incómoda por la situación laboral de los jóvenes en España, porque son los
jóvenes que lo tienen más difícil de toda la Unión Europea, los que lo tienen más difícil para encontrar un
puesto de trabajo, pero sobre todo cómo voy a estar
cómoda si nuestros jóvenes tienen un empleo precario,
mal pagado, temporal, y le recuerdo que son muchos
los jóvenes que tienen que firmar hasta cien contratos
para conseguir trabajar y cobrar un mes. El Plan de
empleo joven no me gusta, por lo que le puedo asegurar
que va a ser profundamente cambiado y le aseguro que
será traído a esta Cámara, seguramente ampliamente
debatido en esta Comisión, que es de Trabajo y Asuntos
Sociales, pero también está siendo objeto de diálogo
social y estoy segura de que también será objeto de un
importante acuerdo con los agentes sociales.
Señor Barrachina, ¿dónde ha leído usted que no se
distinga violencia entre niños y niñas? Me he quedado
asombrada. ¿Cómo se va a hacer una diferenciación
entre niños y niñas? Jamás, nadie lo permitiría, usted
está muy equivocado, pero, es que a lo mejor ha leído la
LOCE, y como valía aquello de que se podía diferenciar en el acceso a los centros educativos por niños y
por niñas, será eso lo que le ha confundido, pero nunca
en el proyecto de ley de violencia de género. Jamás. En
lo que se refiere a la violencia, usted puede estudiar el
informe del CIS, bien reciente, de marzo de 2004, y
seguramente usted y yo coincidiremos en que la percepción que los ciudadanos españoles tienen sobre la
violencia contra las mujeres, contra los niños y contra
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los ancianos debe ser muy tenida en cuenta. Le puedo
asegurar que es lo que ha movido a este Gobierno a
tener en cuenta los programas específicos de protección
a la infancia. Y los programas de atención a mayores y
a poner en marcha el proyecto de ley integral contra la
violencia de género.
En cuanto a la paga de 100 euros, usted sabe que no
es una paga, pero no vamos a entrar en cuestiones
nominalistas; no es una paga, pero es lo de menos. Lo
que a usted y a su grupo parlamentario les debe quedar
muy claro es que tienen asegurada esa paga todas las
preceptoras, ¡sólo faltaba!; por supuesto, no tenga usted
ni la menor duda, todas la tienen garantizada, tendrán
esa paga las trabajadoras que vienen disfrutándola.
En lo que se refiere a los datos sobre las organizaciones no gubernamentales, son todos incorrectos, señor
Barrachina, pero no se preocupe, puede leer no sólo los
datos que he facilitado en mi primera intervención sino
que también están en la Ley de Presupuestos del Estado
del año 2004. Por lo tanto, usted lo puede comprobar
ahí perfectamente. Respecto a las organizaciones no
gubernamentales, como lo he señalado antes —y desde
luego me halaga compartir con usted el mismo criterio—, creemos que cumplen un papel muy importante
en el desarrollo de un país más democrático, un país en
el que se hace además una mejor vertebración de la
sociedad civil. No tenga usted la menor duda de que ahí
estaremos absolutamente de acuerdo, como lo vamos a
estar, es mi deseo y recojo sus expresiones, en lo que
ser refiere a la dependencia. Le agradezco profundamente su ofrecimiento. Estoy segura de que hablaremos
mucho en los próximos meses sobre esta cuestión.
Como representante del primer partido de la oposición,
es para nosotros importantísimo que podamos tener un
nivel de interlocución de primerísimo orden, no le
quepa la menor duda de que así será y yo estoy esperando ya todas las propuestas que usted y su grupo
parlamentario quieran hacernos llegar. En cualquier
caso, muchas gracias por el tono de su intervención.
Como he dicho, este es el principio de la mejor cooperación entre Gobierno y oposición.
Quisiera responder ahora a la señora Pérez Domínguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Pérez Domínguez, muchas gracias por sus palabras, se lo agradezco profundamente. Quería referirme
sobre todo a tres cuestiones que usted ha planteado y
que han planteado también otros grupos, y aprovecho
ya la oportunidad para responder. Qué duda cabe que la
dependencia es el gran reto de la sociedad española;
atender a las personas dependientes es una asignatura
que tenemos pendiente. Es verdad, usted lo ha señalado, que hemos desarrollado el sistema educativo, el
sistema de salud, el sistema de pensiones, pero no
hemos desarrollado el cuarto pilar, el sistema de servicios sociales, y necesitamos garantizar a todos los españoles este derecho universal, pero necesitamos además
establecer, como muy bien decía la señora García, portavoz de Izquierda Unida-Izquierda Verde, que es abso-
lutamente imprescindible recoger todo el catálogo de
prestaciones a las que tienen derecho. Naturalmente,
señor Tardà, señor Campuzano, tiene que ser una ley
básica, una ley de mínimos, porque en el desarrollo
competencial qué duda cabe que le corresponde a cada
uno de los gobiernos de las comunidades autónomas, y
lo que sí vamos a tener muy en cuenta es que será una
ley básica de mínimos y que cada comunidad autónoma;
a más, a más —y usted me entenderá, señor Tardà—
cada comunidad autónoma podrá suplementar y complementar aquello que estime oportuno.
¿Por qué tratamos separadamente servicios sociales
y dependencia? Desarrollar la dependencia exige un
marco legislativo común. Necesitamos ese marco legislativo, una ley de atención a las personas dependientes.
Es verdad que el Gobierno central, el Gobierno de
España, podía haber optado por un debate parlamentario largo en el que podríamos tardar varios años para
definir ese marco legislativo, pero lo que han expresado
las comunidades autónomas. Y las necesidades de las
que hemos hablado aquí son tan urgentes, que parece
oportuno no dilatarlo ya ni un minuto más. Legislativamente lo haremos de forma exquisita, como se hace en
esta Cámara, pero además, de común acuerdo con las
comunidades autónomas, tendremos que ir desarrollando medidas que son indispensables. Esas medidas
necesitan, como aquí se ha señalado, una importante
financiación, un esfuerzo presupuestario muy importante, para el cual tendremos que estar de acuerdo los
grupos de esta Cámara, desde luego en la Comisión del
Pacto de Toledo, como ya se ha señalado, pero además
tendremos que estar muy de acuerdo con los agentes
sociales, con sindicatos y con empresarios. Esa es la
voluntad del Gobierno: abrir el diálogo en sede parlamentaria y también el diálogo social y es voluntad del
Gobierno que todo eso quede explicitado en un documento base, que será el libro blanco de la dependencia.
Nuestra voluntad es no dilatarlo, y que esté disponible
antes del 31 de diciembre.
Hemos hablado de diferentes modelos de financiación, sin duda, duda, señor Campuzano. Usted tiene
toda la razón del mundo. El Gobierno tiene su modelo,
pero si el método es el diálogo, el acuerdo y el consenso, contrastémoslo con el que tiene usted y con el que
tienen los demás y alcancemos un acuerdo de país.
Pero si no queremos quedarnos cruzados de brazos
durante años, como con tanta brillantez explicaron en
la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales todos los
consejeros y consejeras pero especialmente me permito
recordarles las palabras de la Consejera de Andalucía,
doña Micaela Navarro, o la Consejera de Cataluña,
doña Anna Simó, tenemos que actuar ante la situación
en la que viven los enfermos de Alzheimer y sus familiares, mayores que viven solos, y discapacitados afectados por grandes discapacidades. Este país no se lo
puede permitir. Por eso estamos en este momento trabajando para constituir el fondo estatal para la dependencia que vaya poniendo en marcha acciones. Como
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las que ya he señalado: la teleasistencia, la ayuda a
domicilio de calidad, los centros de día y la residencia
de mayores asistidos. Muchas de estas acciones las
están desarrollando los gobiernos de las comunidades
autónomas, y es voluntad del Gobierno de España
cooperar con las comunidades autónomas para alcanzar
estos objetivos.
La señora Pérez Domínguez señalaba el Centro
Español del Subtitulado. Señorías, el Centro Español
del Subtitulado es uno de los ejes estratégicos que pondrá en marcha el Real Patronato de la Discapacidad. En
nuestro país la población sorda demanda unánimemente el subtitulado de los productos audiovisuales, películas, televisión, en televisión no sólo películas y documentales sino todos los productos audiovisuales, puede
ser también la amplísima gama vinculada a las nuevas
tecnologías. Ello es posible y ya lo hacen algunos países; lo hacen, por ejemplo, Gran Bretaña, Estados Unidos o Canadá, por cierto, en el área del idioma inglés.
Tenemos aquí, por lo tanto, que dar respuesta a las
necesidades de comunicación de la población sorda en
España, y, quiero subrayarlo, fuera de España. Cuatrocientos millones de personas utilizan la lengua española, y este año 2004 es el Año Iberoamericano de la
Discapacidad. Queremos aprovechar esto para dar un
importante paso adelante porque hay un gran consenso
en el sector audiovisual, que lo demanda, y es muy
importante para el impulso de nuestra industria audiovisual. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues si nosotros vemos una película subtitulada en
Televisión Española y pasado un mes la vemos en
Antena 3, en Telecinco, en Canal Plus, en Localia o
en TV 3, donde sea, tendrá otro subtitulado distinto, es
decir, que falta una subtitulación común, homogénea y
de calidad, pero sobre todo no encontrarán ustedes subtitulado, por ejemplo, en la retransmisión de un partido
de fútbol o en los telediarios, donde es casi inexistente.
Nosotros queremos que la integración y comunicación
de la sociedad sorda pueda hacerse, que sea un impulso
también a la industria audiovisual, y lo queremos hacer
desde el impulso al Centro Español del Subtitulado.
Este centro se orienta a la comunidad de los 400 millones de personas que hablan nuestra lengua común, pero
indudablemente nosotros estudiamos que este Centro
Español del Subtitulado incorpore las lenguas del Estado, como no puede ser de otra manera, pero también
comprenderán que ello comporta muchas dificultades,
y nos encontrarán dispuestos a resolverlas. Si somos
capaces de hacer el esfuerzo para que nuestro país esté
a la cabeza en producto audiovisual para la integración
de la comunidad sorda, pueden tener también la seguridad de que haremos ese esfuerzo para que todas las
lenguas propias de España estén reconocidas e incorporadas.
Respecto al plan ola de calor que planteaba la señora
Pérez Domínguez, quiero señalarles que el Gobierno ha
establecido una comisión interministerial para coordinar las acciones en materia de temperaturas extremas
que puedan afectar negativamente a la salud de las personas. La atención es una competencia de los ayuntamientos, las corporaciones locales y las comunidades
autónomas. Lo que hace el Gobierno es establecer una
comisión de coordinación en la que están presentes el
Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, pero está también, lógicamente, el
Ministerio de Medio Ambiente, porque de él depende
meteorología y eso es muy importante, y también el
Ministerio del Interior en todo lo que pudiera afectar a
protección civil. Es muy importante también señalar
todas las competencias que están residenciadas en el
Ministerio de Administraciones Públicas. Con ello se
pretende la mejor coordinación de los efectivos para
dar seguridad y confianza a los ciudadanos. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de sus servicios de
meteorología, ofrece, tanto a Sanidad como al Ministerio de Trabajo como al resto de los ministerios que he
señalado, pero sobre todo a comunidades autónomas y
ayuntamientos, una información fiable, con una predicción a cinco días, de las temperaturas que podrían, por
ser extremas, afectar a la salud de los ciudadanos. En el
gráfico que tengo aquí pueden tener ustedes un ejemplo. Se refiere a ayer, 29 de junio, y en él se pueden ver
las zonas en las que las temperaturas están dentro de lo
normal y las que tienen una modificación ligera, lo que
se llama el nivel 1, y en las que se han extremado lo que
llamamos temperaturas de ola de calor. Aquí tienen la
información que se facilita también con todas las temperaturas por provincias. Esta información es la que
permite tomar las decisiones a los ayuntamientos, a las
comunidades autónomas y a la comisión interministerial para la prevención de la ola de calor. ¿Cuáles son
las actuaciones que le corresponden al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales? Estas acciones son a través
del Imserso y con ello se ha comprometido al convenio
de colaboración con Cruz Roja, con Cáritas y con la
Federación Española de Municipios y Provincias. Los
convenios han sido ya firmados tanto con la Federación
Española de Municipios y Provincias como con Cruz
Roja y Cáritas. Se dedica una importante financiación
para apoyar la cooperación de la Federación Española
de Municipios y Provincias, de Cruz Roja y de Cáritas
en las labores a llevar a cabo, y puede ser de enorme
interés saber que fundamentalmente se basan en la
información a los ciudadanos, ya que es muy importante en la prevención la información, y la coordinación de las acciones a través de los servicios sociales
de corporaciones locales y comunidades autónomas, y
que es imprescindible tanto la teleasistencia que ofrece
Cruz Roja como la prevención que realiza Cáritas
entre la población más vulnerable. Utilizar protocolos
comunes para los servicios sociales y para los servicios sanitarios es muy importante, lo mismo que lo es
la información al conjunto de los ciudadanos. En definitiva, esto no es más que un ejemplo de un Gobierno
que quiere transmitir confianza y seguridad a sus ciudadanos, pero también es un ejemplo de la coopera-
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Finalmente, constatamos también las diferencias
sobre el papel que las comunidades autónomas deben
tener en el ejercicio de sus competencias y en el papel
que tiene que tener el Estado central en respeto a las
competencias de las comunidades autónomas. Yo creo
que es difícilmente justificable, sobre la base de los
títulos competenciales en materia de asistencia social,
que el Estado se reserve la gestión del 0,52 por ciento
del IRPF y la gestión de los programas de turismo para
la gente mayor. Ni la unidad de mercado ni los esfuerzos de solidaridad justifican que esa sea una gestión
centralizada, es más, en el caso del 0,52 por ciento
del IRPF, entre el dinero que recauda el Estado en Cataluña sobre la base del 0,52 por ciento del IRPF y aquello que retorna la diferencia es sustancial, con independencia, tal y como pasaba ya con el Gobierno del
Partido Popular, de que los programas que se aprueban
en relación con Cataluña sean el resultado de un acuerdo entre el Gobierno catalán y el Gobierno español. El
problema no es ese; el problema es que entre aquello
que los ciudadanos catalanes marcan en las casillas de
su impuesto de la renta destinado al 0,52 y aquello que
el Estado retorna a Cataluña la diferencia es abismal.
La pena es que no tengo aquí las cifras, pero como
haremos otra próxima comparecencia, no se preocupe
que profundizaremos en ello.
Voy a hacer dos breves comentarios. Nos alegramos
del anuncio que ha hecho el Grupo Socialista de ser
partidario de regular las empresas de inserción y, como
usted después ha reafirmado, espero que esa vieja
demanda de CiU la podamos concretar en esta legislatura. Y recogemos su guante sobre alcanzar consensos
en la articulación de las políticas de dependencia. Ahí
va a encontrar a Convergència i Unió con ganas de
colaborar.
ción entre Administraciones. Este plan fue presentado
en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y,
como digo, a plena satisfacción unánime de todas las
comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora
secretaria de Estado. Tres minutos exactos y finalizamos esta comparecencia porque ya nos estamos alargando. Yo creo que ha habido un debate generoso por
todos los intervinientes y, por tanto, vamos a darlo por
finalizado. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO Y CANADÉS: Muchas
gracias, señora Valcarce, por sus respuestas, aunque
han quedado cosas en el tintero y vamos a intentar aclararlas en esta segunda intervención.
Coincidimos con usted en la ambición de alcanzar la
media del gasto social europeo y en la urgencia que le
han mostrado los consejeros responsables de esta materia en la Conferencia sectorial en el ámbito de los Servicios de Proximidad. Le anuncio que en relación con
el debate sobre cómo podemos financiar la dependencia mi grupo se inclina fundamentalmente por entender
que esa financiación se debe producir vía impuestos
más que vía cotizaciones sociales. Esa es la posición de
Convergència i Unió, me gustaría conocer cuál es la
posición del Gobierno socialista en relación con el
principal debate sobre la financiación de la dependencia, y le recomiendo que no se inspire demasiado en los
documentos del profesor Vicenç Navarro, que son muy
panfletarios, están cargados de errores, y lea también a
otro profesor de la Pompeu Fabra al menos tan digno
como el señor Navarro, que es el profesor Guillén
López Casanovas, que de manera bastante brillante, en
un artículo publicado en El País hace un par de meses
demostró con datos las falacias en las que se fundamenta el viejo profesor Navarro.
Dicho esto, añado que efectivamente tenemos una
discrepancia sobre lo que entendemos por público y
privado, y creo que usted expresa una concepción bastante conservadora de lo que se entiende por público.
Yo creo que lo público no es exclusivamente aquello
que hace la Administración, también puede ser aquello
que hace la sociedad civil organizada, y por tanto en
una defensa avanzada, moderna y progresista de lo que
es público, mi grupo va a defender también que el
Gobierno apoye decididamente como parte de los servicios públicos las actividades que realizan las entidades sin ánimo de lucro. De ahí mi pregunta sobre si
piensa el Gobierno desarrollar la cláusula social a
fondo, pregunta que le he planteado y que no ha merecido su respuesta, o piensa el Gobierno jugar a fondo en
una gestión ágil, eficaz, de declaración de utilidad
pública para que las entidades sin ánimo de lucro puedan beneficiarse de una política activa de donaciones
por parte de las empresas y de los particulares. Creo
que esa concepción moderna y progresista de lo público es lo que conviene que también lidere el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Si no se pide alguna
palabra más, damos la palabra al señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Yo también voy a
ser breve. Decía la secretaria de Estado que me falta
leer, y a ella, además de leer, escuchar, porque de mis
preguntas se han quedado sin respuesta casi todas.
Le preguntaba si era coyuntural o permanente el
hecho de que no tengan la prometida Secretaría de
Estado de la Discapacidad, entiendo que ya es permanente lo relativo al Ministerio de la Juventud prometido
en tres ocasiones distintas por su Presidente, el señor
Zapatero, como lo relativo a la Secretaría de Estado de
la Familia. Sin embargo, me ha reprochado usted que
yo le haya recordado que no existe, porque no existe, y
podría existir, la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género, que efectivamente viene en el
anteproyecto, pero ustedes se comprometieron a ponerlo en el organigrama, donde actualmente no está. Por
tanto, no son tres sino cuatro sus incumplimientos
orgánicos, y yo sí leo y me gustaría que usted, además
de leer, también escuchase, porque si no nos escucha le
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volveremos a preguntar. Ayer le preguntamos sobre el
contrato de inclusión del 9 por ciento, se lo preguntó mi
compañero Paco Baño, hoy se lo he preguntado yo y se
lo vamos a tener que volver a preguntar, porque su programa electoral dice que el PSOE se compromete a
establecer un contrato de inclusión del 9 por ciento en
todos los ámbitos, y usted dice que el ámbito más
importante es el empleo, y yo le pregunto y usted me
dice: No, en el empleo no, y además pregúnteselo a su
compañero, que ustedes están descoordinados. Siendo
usted proveniente del Gobierno del que proviene, me
parece que no debería usted mentar la soga en casa del
ahorcado, y si no, pregúnteselo al señor don Pedro Solbes, que seguramente tendrá una o varias correcciones
que hacer a su intervención de hoy.
Dice que no estamos de acuerdo en política de
empleo juvenil porque somos los peores de Europa.
El 23 por ciento de jóvenes está en situación de desempleo, y eso es mucho, pero juraría que es menos que
el 43 por ciento. Del 43 al 23, es decir, un millón de
jóvenes españoles menores de 35 años han encontrado
empleo con nosotros y nosotros hemos sido los que
eliminamos el contrato basura. El contrato basura —y
supongo que va a molestar a SS.SS.—es aquél por el
cual ustedes negaban protección social a los jóvenes
que encontraban empleo, y la hora de trabajo, con ustedes, los protectores de los jóvenes, les salía a unas 175
pesetas la hora. Nosotros hemos aumentado el empleo
de los jóvenes y su protección social y también ha bajado la temporalidad —ésa que dice usted que hay que
renovar 30 contratos— diez puntos, y cuando usted
diga que yo digo inexactitudes, le rogaría que, además
de pedirme actos de fe y que yo me crea que es inexacto, me dé el dato, porque yo se lo doy. Y respecto a las
ONG le he pedido que me diga la cuantía mínima que
usted quiere dar y si va a ser además de los 32 millones
que el Partido Popular ya daba a organizaciones no
gubernamentales. Le pido que me diga: Sí, esto es además de lo suyo, y además que me diga en qué va a consistir ese suelo.
Respecto a la violencia doméstica le he dado muchos
adjetivos entiendo que hirientes, pero ninguno mío, y lo
que le he dicho, y quizá yo no me haya explicado bien
o usted no lo haya comprendido correctamente, es que
no se distinga en la protección a los niños y a las niñas
cuando la agresión sea ejercida por un hombre o por
una mujer. Además, he dado lectura de un montón de
adjetivos descalificativos sobre su proyecto de ley por
esa discriminación.
También se hace un uso torticero, como ha denunciado el compañero de Convergència i Unió, cuando lo
comparan todo. Alguien que le haya escuchado a usted
podría pensar que ha bajado el gasto social, cuando ha
crecido en un 91 por ciento desde que gobierna el Partido Popular, y concretamente las pensiones en un
77 por ciento. ¿Qué hace usted? Lo compara con el
producto interior bruto. Y si usted compara los días de
la semana, que son siete, con el producto interior bruto
cuando ustedes gobernaban, que era muy pequeñito, y
cuando gobernamos nosotros, se ve que se reduce. ¿Y
qué ha hecho usted? Más todavía, lo ha comparado con
el año 1993, en el que el producto interior bruto fue
negativo, y parecía se gastaba mucho cuando verdaderamente se gastaba un 91 por ciento menos. Me gustaría además responderle al freno que han puesto ustedes
al crecimiento en vacaciones. Con nosotros, que hemos
excluido, según dice usted, de vacaciones a los mayores, había 400.000 beneficiarios hace dos años.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Ahora son 700.000,
y su promesa para una legislatura es aumentar sólo en
100.000. Es frenar el crecimiento, es decir, en tres años
hemos aumentado 300.000 y su promesa es llegar a los
800.000. Eso es frenar el crecimiento.
Me gustaría tener la oportunidad de responderle con
mayor generosidad, que la presidenta ha tenido con
usted en sus largas intervenciones.
La señora PRESIDENTA: Creo que ha tenido su
tiempo y que ha quedado perfectamente claro lo que
usted ha querido transmitir y tendrá otras oportunidades, como todos los parlamentarios de esta Cámara, de
seguir haciéndolo. Creo que de la generosidad de la
presidenta no puede usted alegar ninguna cuestión en
contra.
Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Voy a intentar
ser muy breve. Señor Barrachina, respecto a la ley de
violencia de género (El señor Barrachina Ros: Si me
alude me corresponderá un nuevo turno.) hay cinco
informes, cuatro de ellos positivos y sólo uno de ellos
negativo y por sólo un voto de diferencia de esos juristas de los que usted hablaba, por decirlo todo.
Se refiere usted también a los contratos basura de
seis meses. Pues bien, hemos pasado de los contratos
basura de seis meses, si usted los quiere denominar así,
a la esclavitud perpetua de los contratos de tres días.
Cuando un joven tiene que ir hoy a presentar un currículum prácticamente lleva el Espasa, porque por tantos
contratos de trabajo como acumula en un año tiene que
llevar el carrito de la compra para poder presentar el
currículum en cuestión.
Se lo hemos explicado, se lo he explicado anteriormente y yo creo que si mira usted el organigrama verá
que hay una Secretaría de Estado de Familias, no sólo
de familia, de familias, hay una Secretaría de Estado de
Discapacidad, hay una dirección general y hay dos subdirecciones generales.
Y como aquí nos estamos recomendando hoy todos
lecturas, además de las que nos recomienda el señor
Campuzano y que usted también parece recomendar,
podrían también leer a otros profesores de otras universidades. Yo le recomiendo, por ejemplo, que lean al
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profesor Gregorio Rodríguez Cabrero, que coincide
con el profesor Vicenç Navarro. (El señor Barrachina
Ros pide la palabra.)
gubernamentales asegurarles una financiación mínima
que se fija en los Presupuestos Generales del Estado y a
la cual yo me he referido en mi primera intervención.
Creo que a usted y a mí no nos separa nada en lo que se
refiere a la valoración que las organizaciones no gubernamentales tienen que tener en una sociedad como la
nuestra. En ello coincidimos totalmente, y coincidimos
además en que son indispensables para el mejor funcionamiento de los servicios públicos, pero me permitirá
que yo haga una declaración de principios en favor de
los servicios públicos y también, si se me permite, que
haga un reconocimiento público aquí a don Vicenç
Navarro, a quien admiro, cito y con quien comparto
muchas cosas.
Por último, usted ha adelantado una cuestión que yo
no sé si es la posición final que va a sostener su grupo
parlamentario sobre el modelo de financiación de la
dependencia, porque entonces, señor Campuzano, las
cosas no van a cuadrar. Su grupo parlamentario viene
defendiendo, y nosotros lo vemos con enorme respeto,
que no es conveniente elevar la presión fiscal. Usted
sabe que lo compartimos. Entonces, dígame, si la
dependencia hay que pagarla con impuestos, ¿más
impuestos, más presión fiscal? (El señor Campuzano i
Canadés: O menos cotizaciones y quizá más impuestos.) Le recomiendo una reflexión sobre esta cuestión
porque de ello vamos a hablar mucho, y desde luego
tenga en cuenta que será un diálogo fructífero, que buscaremos puntos de coincidencia, y seguro que los
encontraremos porque al final lo que queremos todos es
desarrollar el sistema de dependencia que las personas
dependientes y sus familias necesitan en este país. (El
señor Barrachica Ros: Señora presidenta, ha habido una contradicción en mis argumentos.)
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señor diputado,
no hay ninguna aclaración. Cierra la intervención la
señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE
SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Muchas gracias por la intervención de la señora Pérez Domínguez.
Debo señalar al señor Barrachina algo que me parece
muy importante. De este Gobierno se dicen muchas
cosas y yo creo que en breve se va a decir que es revolucionario porque ya parece que en este país cumplir
con los compromisos es revolucionario. Le puedo asegurar que en lo que se refiere a los compromisos, todos
y cada uno serán cumplidos, no le quepa la menor
duda, incluido todo lo que se refiere al organigrama de
esta secretaría de Estado.
Señor Barrachina, usted ha hecho un ofrecimiento de
diálogo y búsqueda de acuerdo, pero para dialogar hay
que utilizar el mismo lenguaje y desde luego es muy
importante tener los mismos datos. Usted maneja datos
que no se corresponden con la realidad, lo que le sitúa a
usted fuera de la realidad. Por el diálogo y el consenso
que voy a tener con usted y porque me importa mucho
alcanzar consensos, le voy a remitir todos los datos que
usted necesite para que podamos entendernos, pero
también es muy importante que usted haga una profesión de fe, y por eso le recuerdo que mentir es pecado,
pero sobre todo que cuando a los ciudadanos se les
miente ya sabe usted que le colocan a uno en la oposición. Por lo tanto, vamos a entendernos, vamos a entendernos trabajando con los mismos datos, hablando en el
mismo lenguaje y con una profesión de fe alcanzar
acuerdos, porque lo que aquí está en juego es muy
importante para usted, para el Gobierno, pero sobre
todo para los ciudadanos.
Señor Campuzano, usted dice lo que marcan los ciudadanos en España y en Cataluña en la casilla, y tiene
razón, pero en este momento, debido a la última de las
modificaciones fiscales que ha hecho el anterior
Gobierno, ha sido imprescindible para garantizar la
estabilidad en la financiación de las organizaciones no
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora
secretaria de Estado, por su comparecencia, tiene abierta esta Casa, como siempre, para nuevas comparecencias. (El señor Barrachina Ros: Que conste en acta
mi protesta, señora presidenta.) Recuerdo a los señores diputados que hay reunión de Mesa y Portavoces al
finalizar esta sesión.
Se levanta la sesión a la una y veinte minutos de la
tarde.
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